efectos de la dictadura

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Pablo Yotich, director y actor de ‘El Abismo... todavía estamos’. La película concentra en una familia de los ’70 todas las posturas ideológicas respecto del gobierno de facto: los que no sabían, los religiosos, los represores y los militantes. Se estrena mañana, en coincidencia con los 35 años del golpe.

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[Óscar Ranzani] Argentina. No tiene familiares desaparecidos pero, en su infancia, sus padres le inculcaron el valor de la militancia. Pablo Yotich nació en 1981, en plena dictadura, y viene de una familia de artistas: su abuelo interpretaba personajes de radioteatros y su padre también fue actor. Tal vez por esas dos razones decidió unir la política con el arte. Y el resultado es su ópera prima, ‘El abismo... todavía estamos’, largometraje también protagonizado por Yotich que, en clave de ficción, pone el acento en los efectos de la dictadura, básicamente en una familia. La fecha de su estreno es también muy simbólica: se exhibirá por primera vez este jueves 24 de marzo en el Espacio Incaa Km 0 (Rivadavia 1635), justo cuando se cumplan 35 años del golpe de Estado.
La idea de hacer esta película nació del compromiso que Yotich tiene con la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. "Desde chico, me sentí identificado con su causa", afirma. No es casual: tiene la edad de algunos nietos apropiados. Hace unos años, Yotich comenzó a esbozar un guión que abordara la temática "dictadura y derechos humanos". Para concretarlo, sumó a sus colegas Alejandro Reinhold y Rodrigo Peralta. Pero al tener sus primeros encuentros con las Abuelas, aquello que el trío había escrito en un comienzo fue borrado de un plumazo. "La historia que ellas nos contaban era ampliamente superadora", reconoce Yotich. "Aquel primer guión fue una causa muy noble, pero la visión que nosotros teníamos de lo que queríamos contar era algo muy redundante. Consistía en mostrar dos puntos ideológicos distintos: el centro clandestino, una tortura y ahí se terminaba la historia". Luego del relato de las Abuelas, el trío encontró otros aspectos que valían la pena relatar en el nuevo guión, en relación a los efectos colaterales de la dictadura. Por ejemplo, cómo irrumpía la ideología en una familia, cómo un amigo traicionaba a otro, cómo se producía el desmembramiento de una familia por distintas posturas políticas. "Y tratamos de hacer mucho hincapié en cómo seguimos pagando hoy las causas y los efectos de la dictadura", explica Yotich.
‘El abismo...’ cuenta con un elenco más que interesante, encabezado por Juan Palomino, Alejandro Fiore y Raúl Rizzo, entre otros. Y la dirección musical quedó en manos de Víctor Heredia. La historia se sitúa temporalmente, en principio, en 1978. Ernesto (Yotich) está contento porque falta poco para que nazca su primera hija y entonces planea irse a vivir con su novia, Paloma (Belén Santos). Ernesto es militante. Y las cosas no son sencillas en su familia, sobre todo porque su hermano Felipe (Fiore) es un militar del riñón de los represores. El tercer hermano, Alejandro (Palomino), es sacerdote. Todo indica que esta familia es de una diversidad ideológica que sintetiza, de algún modo, las distintas posturas sobre el tema que había en la sociedad argentina en los años de plomo. En la historia, Ernesto y su novia son secuestrados por un grupo de tareas y recluidos en un centro clandestino de detención. Y para certificar que la perversidad de los represores no tenía límites, el teniente coronel Felipe le entrega el bebé recién nacido de su hermano Ernesto y de Paloma a un general del Ejército (Raúl Rizzo), cuya sobrina no puede tener hijos. Narrada en dos tiempos, la historia muestra en la actualidad al cura Alejandro, quien parece ver la cara de Natalia, la hija de su hermano Ernesto y Paloma, en una joven (Agustina Posse). A su vez, esta chica deberá enfrentarse a la realidad tormentosa de su apropiación y a su decisión de saber la verdad. Y, en consecuencia, ante la disyuntiva de recuperar su derecho a la identidad.

En el film están concentrados prácticamente todos los casos en una misma familia: los que no sabían, los religiosos, el represor y el militante. ¿Por qué lo decidió así?
Es un poco el juego que busca la película, porque creo que en muchas familias argentinas se ve reflejado eso. Hablo políticamente. Y lo saco de 1978. Hoy en día, en las familias argentinas sigue pasando lo mismo. Esa juventud de los ’70 proponía el debate y la militancia. Y en la Argentina hoy se les ha devuelto la militancia a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que se están animando a cuestionar a sus padres o a sus hermanos mayores porque conocen lo que es ir a la Plaza y lo que es la militancia. Gracias a Dios no tenemos una dictadura militar para que las consecuencias vuelvan a ser las mismas. Pero es parte del aprendizaje.

¿Cómo analiza el abordaje cinematográfico de la temática "dictadura y derechos humanos" y qué cree que le aporta su película al tema?
Cuando contamos de qué se trata la película, hay un comentario frecuente que es: "Otra vez una película sobre la dictadura". Se escuchan mucho esas palabras. Y yo digo que hasta que no encontremos el último nieto que estamos buscando hay que seguir haciendo estas películas. Y después de que se encuentre el último nieto, si es que se logra, hay que seguir haciéndolas para que no vuelvan a pasar los hechos del pasado. Traté de buscarle otro enfoque a la peli, más dentro de las relaciones humanas. No me interesaba tanto mostrar lo que pasaba en un centro clandestino con las torturas.

¿Fue una manera de evitar caer en golpes bajos?
Totalmente. Es algo que nos dijeron las Abuelas cuando ellas nos avalaron el proyecto. Dijeron que la película no está abordada ni con morbosidad ni con golpes bajos. Antes que mostrar a Ernesto y a Paloma siendo torturados en el centro, preferí mostrarlos cuando se juntan y cuando quizá son conscientes de que es el último momento en que se van a ver, y qué se dicen, o cómo expresan por última vez su amor. Tratamos de enfocarlo por ahí. Y después, uno ya sabe lo que pasaba en el centro clandestino. Entonces, mostramos qué le pasaba al cura cuando estaba afuera, qué les pasaba a los padres y cómo buscaban a sus hijos. Ese es el otro enfoque que ojalá logremos que llegue a la gente.

¿Sentía que debía haber una coincidencia ideológica de los actores con la mirada que tiene la película? ¿Era imprescindible un compromiso que trascendiera lo artístico?
Sí, era fundamental. Este es un elenco militante. Es un elenco que tiene la militancia a flor de piel y tomó el proyecto como si fuese propio, como un desafío. Fue una producción muy rara porque, generalmente, a uno lo llaman para hacer un personaje, actúa, se va a su casa y vuelve el día del estreno. En este caso no fue así. Primero, fue un proyecto muy largo, porque tardamos más de cinco años en poder concretarlo. Pero nadie se desmotivó. Y si yo me desmotivaba, los mismos actores me empujaban para seguir adelante, o viceversa. Un día vino a casa Raúl Ri-zzo para hablar del personaje y terminamos hablando tres horas de la política nacional. Era eso: militancia, militancia y militancia. Y desde ahí, empezamos a construir todos los personajes, teniendo claro todos en qué modelo de país queremos vivir y comparando la política nacional actual con la de los ’70. Todo eso nos ayudó a enriquecer el laburo.
23 de marzo de 2011
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historia de las madres

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"Ellas encarnan el vínculo entre derechos humanos y rebelión". En el Día Nacional de la Memoria se lanzará ‘La rebelión de las Madres’ (1976-1983), el primer tomo de la monumental investigación histórica de Ulises Gorini, con prólogo de Osvaldo Bayer. El segundo volumen, ‘La otra lucha’ (1983-1986), aparecerá el domingo 3 de abril.

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[Silvina Friera]  Argentina. Qué coraje tuvieron esas queridísimas "Locas". Sí, con mayúsculas. El apelativo –descalificación moral y psíquica del poder militar– lo adoptaron como "nombre de guerra". Qué coraje infinito tienen. Conviene plantar banderas verbales en presente; el pretérito fermenta mal. Le quita a la lucha ese lubricante político-emocional ineludible a la hora de captar lo que representan las Madres desde hace más de tres décadas –para precisar, desde el 30 de abril de 1977–. Ni los secuestros de su principal impulsora, Azucena Villaflor de De Vicenti, y de otras dos mujeres, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga –gestoras decisivas–, ni los sucesivos ataques de la dictadura lograron amedrentarlas ni correrlas de la Plaza de Mayo.
Ese emblemático espacio público que eligieron para escapar del laberinto que implicaba peregrinar inútilmente por despachos oficiales, cuarteles, iglesias y juzgados, donde sistemáticamente todas las puertas se cerraban. Los esfuerzos individuales por buscar información sobre sus seres queridos desaparecidos se agotaban al mismo tiempo que chocaban con la férrea estructura del Estado terrorista. No querían ni podían quedarse quietas. A fuerza de poner el cuerpo juntas –todos los jueves a las 15.30–, esas mujeres que desafiaron el terror se transformarían pronto en "un nuevo hecho maldito" para los sectores dominantes del país. Fueron, son y serán protagonistas principales de la política nacional. A 35 años del golpe militar, Página/12 reedita dos libros monumentales –por la extensión, el aporte y el enfoque– que indagan en el surgimiento de este movimiento social de mujeres, uno de los más singulares del país y del mundo. Se trata de la excepcional ‘Historia de las Madres de Plaza de Mayo’, escrita por el abogado y periodista Ulises Gorini. Mañana, en el Día Nacional de la Memoria, se lanzará el primer tomo, La rebelión de las Madres, 600 páginas que abarcan de 1976 a 1983, prologado por Osvaldo Bayer. El segundo, ‘La otra lucha’ (1983-1986), aparecerá el domingo 3 de abril.
Como plantea Gorini en la introducción de ‘La rebelión...’, primer ladrillo fundamental que los lectores podrán comprar a 34 pesos, el conflicto esencial acuñado en el mito de Antígona parece reencarnar en los primeros pasos de ese puñado de mujeres indómitas. "El enfrentamiento entre Creonte, el rey de Tebas que ordena que el cadáver de Polinices, hermano de Antígona, permanezca insepulto en castigo por su ataque al poder, y Antígona, que intentará enterrarlo en cumplimiento de un mandato familiar, ‘cuya vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre’, representa la colisión entre la razón de Estado, que requiere una condena ejemplificadora, y la razón fundada en el lazo de sangre, que se justifica como una ley que se remonta a los orígenes de la humanidad. La dialéctica entre lo público y lo privado, entre la política y la familia, entre la vida y la muerte que se manifiesta en aquel mito, se repite de otra forma –pero sustancialmente igual– en el surgimiento de este movimiento de mujeres, en la segunda mitad de los años ’70, a fines del siglo XX, como respuesta a la desaparición forzada de sus hijos, perpetrada por el terrorismo de Estado."
Exhaustiva y brillante resulta la faena de Gorini. Durante más de una década investigó sin dejar ningún cabo suelto. Consultó numerosas fuentes, examinó documentos secretos de la dictadura, revisó con lupa los diarios y revistas de la época, acopió material fotográfico y fílmico, contó con el valioso archivo de las Madres, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas (Conadep) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Pero también revolvió archivos personales y sumó el trascendental testimonio de las protagonistas, como Hebe de Bonafini, Nora de Cortiñas, María Adela Antokoletz y María del Rosario Cerrutti, entre tantas otras. El abogado, docente y periodista especializado en derechos humanos no se conformó con volcar el cúmulo de información obtenida a través de una prosa amena y fluida. ‘La rebelión...’, publicado por primera vez en 2006, dista de ser un relato histórico pasteurizado por las buenas intenciones. Hay, en la arquitectura del libro, en la razón de ser de esa escritura, un andamiaje teórico complejo que abreva en la antropología, la psicología, la sociología y la economía. Desde el intento de componer una narrativa hasta entonces no escrita, Gorini ensaya, articula hipótesis, encara la cuestión a partir de una dimensión integral. El primer tomo –el segundo también– navega mejor en las aguas del ensayo que en el río de la mera historia. De entrada deja sentado que las Madres son un movimiento social de resistencia, una fuerza política. Aunque al principio ellas no se concibieran a sí mismas como un nuevo sujeto político, como un movimiento.

¿Qué significado tiene la reedición de su libro a 35 años del golpe?
La reedición está en relación con lo que representan las Madres en la escena política, de la cual nunca han estado ausentes, como verdaderas protagonistas de primer orden de la política nacional. Un simple repaso de los diarios de estos últimos 34 años nos demuestra que esto es así. Las Madres nos aportan, además de su dignidad y su modelo de rebelión, su extraordinaria originalidad política. El pasaje de la búsqueda individual del hijo propio hacia la lucha colectiva contra el aniquilamiento de la oposición política, en especial de los sectores más indóciles y radicalizados, es un recorrido que no tiene precedentes en la historia argentina y mundial. El sentido transformador de la maternidad, que rompe con las formas individualistas, patriarcales y burguesas, para proyectarse en un nuevo tipo de maternidad socializada y altamente politizada tiene un valor de enorme creatividad.

En la presencia constante de las Madres, además de otros organismos, está la cifra de este presente en el que se llevan a cabo numerosos juicios por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Las Madres simbolizan no sólo la demanda de justicia sino un concepto amplio de los derechos humanos: el derecho a la vida y la libertad, como principio, el despliegue de todos los derechos que hacen a la dignidad de los seres humanos como horizonte. El tema del procesamiento del genocidio no es un camino ya acabado o pronto a finalizar. El avance en los juicios contra un importante grupo de genocidas es un gran paso en esa dirección, que debe continuar con, por ejemplo, el enjuiciamiento de los personeros de los grupos económicos y sociales que fueron parte del soporte mismo del genocidio. Igual responsabilidad criminal que a los ejecutores directos del exterminio les cabe a quienes concertaron con ellos el plan económico de la dictadura. Deben ser juzgados, tal como lo postuló el abogado Carlos Slepoy. Pensar que la política económica de Martínez de Hoz no tiene que ver con el genocidio y que Martínez de Hoz y los integrantes de los grupos económicos que lo apoyaron y se beneficiaron con sus políticas no tienen una responsabilidad penal no es sólo una ingenuidad sino una distorsión histórica. Pensar que Videla es responsable y no lo son los titulares de los grupos económicos y las empresas que lo avalaron y que las políticas económicas de Martínez de Hoz no han sido parte del genocidio sería un grave error: sería dejar intacto el huevo de la serpiente. El camino de la justicia todavía tiene un largo trecho que recorrer y no es un camino sin riesgos, como lo demuestra tanto la desaparición de Julio López cuanto la existencia de sectores políticos indiferentes o directamente opuestos a la necesidad de hacer justicia.

¿Por qué desde el título del libro pone el énfasis en la palabra rebelión?
Las Madres simbolizan un concepto amplio de los derechos humanos, que involucra el derecho a la vida y la libertad, pero también el derecho en general a una sociedad más justa, e incluso a la resistencia, a la rebelión, para alcanzarla. La idea de la rebelión vinculada con los derechos humanos es algo que casi no se menciona en relación con las Madres o con la teoría de los derechos humanos. Existe una idea positivista y liberal de los derechos humanos que, en el mejor de los casos, los concibe como una declaración, una serie de artículos en la Constitución, o cosas por el estilo, y no dice una sola palabra sobre la forma de hacer efectivos esos derechos. El capitalismo deja librada la programática de los derechos a la libre empresa y la libertad de mercado. En consecuencia, se transforman, en el mejor de los casos, en derechos meramente declarativos. Frente a esa hipocresía, las Madres, al igual que lo hicieron frente al terrorismo de Estado, vinculan la defensa de los derechos humanos con el derecho a la rebelión. Las Madres son la encarnación misma de ese vínculo fundamental entre derechos humanos y rebelión.

En sus libros aborda la lucha de las Madres bajo la dictadura y durante los primeros años de la posdictadura. ¿Qué opina de lo que ocurre con las Madres a partir de 2003?
Estábamos acostumbrados a ver a las Madres permanentemente en la oposición y en la crítica al poder desde las posiciones más duras. Pero a partir de 2003 hay un cambio fundamental en relación con el poder, o cuanto menos con el nuevo gobierno, representado por Néstor Kirchner. Este cambio se explica por procesos internos del movimiento de las Madres, pero también por posiciones políticas del gobierno de Kirchner. Es innegable que con la anulación de las leyes de amnistía, entre muchos otros hechos, Kirchner apuntó directamente al corazón de las Madres y ellas respondieron positivamente frente a este giro. Hay que tener en cuenta tanto de dónde veníamos –impunidad y neoliberalismo a rajatabla y luego crisis del 2001–, cuanto las diversas perspectivas que se abrían para el país en relación con los diversos proyectos políticos que se enfrentaban. En esa encrucijada, las Madres representaban un factor clave. No podemos soslayar el enorme valor simbólico que tienen para la política argentina. Desde su surgimiento este grupo de mujeres adquirió un enorme significado ético y político, primero al constituirse en el punto de partida de una resistencia que permitió cambiar las previsiones que los genocidas tenían para la Argentina y enfrentar luego las claudicaciones de la etapa posdictatorial. Es decir, el valor simbólico reside en ser el punto inicial de otra política y de otro país, basado en la dignidad que había sido mancillada por los golpistas y abandonada por sucesivos gobiernos constitucionales. Después de la crisis del 2001 –que es la crisis de la política, la economía y la sociedad en su conjunto, tal como había sido modelada desde mediados de los setenta, pasando por la dictadura, hasta la llamada etapa de transición–, se pone en evidencia con mayor claridad el valor simbólico que las Madres tienen para una reformulación profunda de la sociedad y, si se quiere, para una relegitimación de la política.
Las Madres –lo han demostrado– jamás permitirán que el huevo de la serpiente permanezca intacto. "Desconocer la importancia de los juicios, sosteniendo que es una cuestión del pasado o algo meramente oportunista, o establecer una diferencia entre los juicios y los ‘derechos humanos de hoy’, como si se pudieran separar ambas cuestiones, es desconocer la relación dialéctica que hay entre el pasado y el presente, y entre genocidio y estructura económica, social y política –subraya Gorini–. Los juicios a los responsables del genocidio no sólo son un problema de justicia retroactiva, sino que tienen que ver con modelar el presente y el futuro de los argentinos. La vigencia plena de los derechos humanos implica transformar a fondo la estructura del país y acabar con aquel huevo de serpiente. Esta es la lección que surge de toda la historia de las Madres de Plaza de Mayo."
23 de marzo de 2011
©rosario 12

acusan a paras por desapariciones

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Acusados dos paramilitares por asesinatos y desapariciones en Casanare.

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Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH acusó a dos paramilitares como presuntos responsables de la desaparición forzada y de los homicidios de pobladores de zonas rurales de los municipios de Recetor y Chámeza (Casanare).
La decisión judicial cobija a Héctor Enrique Buitrago Soler, alias ‘Tripas’, y Dairo Ederlan Leguizamón Pulido, alias ‘Coyote’, miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare, quienes supuestamente incurrieron en los delitos de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desaparición forzada agravada, desplazamiento forzado, y concierto para delinquir agravado en calidad de autores.
Según lo establecido, entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003 integrantes de ese grupo armado ilegal asesinaron a no menos de 25 personas que habitaban en las veredas de los citados municipios. Las víctimas eran citadas a determinados lugares por los atacantes quienes las torturan y posteriormente las asesinaban.
El fiscal instructor reiteró las órdenes de captura en contra de Buitrago Soler y Leguizamón Pulido.
23 de marzo de 2011
22 de marzo de 2011
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por parapolítica procesan a ex alcaldes

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Exalcaldes de Riosucio, Chocó, a juicio por ‘parapolítica’. Un fiscal confirmó la acusación que ya existía contra dos exalcaldes de este municipio de Chocó, por sus presuntos vínculos con los paramilitares.

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Colombia. Jorge Isaac Mosquera Caicedo y Eulalio Lemos Moreno irán a juicio por sus presuntos nexos con los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, de Fredy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’.
Según la Fiscalía, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la acusación que ya existía en primera instancia en contra de Mosquera Caicedo, alcalde de Riosucio capturado en marzo de 2006, y de Lemos Moreno, exalcalde del mismo municipio.
Ambos funcionarios son investigados por un fiscal antiterrorismo, que recopiló pruebas sobre las presuntas relaciones de estos políticos con paramilitares para beneficiarse electoralmente.  Mosquera Caicedo fue elegido como Alcalde de Riosucio en 2007 con 2.982 votos por el partido Cambio Radical, mientras Lemos Moreno en 2003 con 1.060 votos por el movimiento Fuerza Colombia. Los ex alcaldes están detenidos en La Picota.
El Bloque Élmer Cárdenas delinquió en el Urabá chocoano financiándose del narcotráfico. Según lo contado por desmovilizados en versiones libres, este bloque utilizó una cooperativa Convivir para cobrar extorsiones a los bananeros y convirtió al río Atrato en un cementerio para arrojar los cuerpos de sus víctimas.
23 de marzo de 2011
22 de marzo de 2011
©fiscalía
©verdadabierta

entrevista con michael reed

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Director del ICTJ. Aduce que las falsas desmovilizaciones torpedean la búsqueda de justicia, verdad y reparación. En su criterio, aún falta mucho para una transición hacia la paz.

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[César Paredes] Colombia. Para Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la ley de víctimas que se discute en el Congreso no es la primera ni la última en el intento de resarcir a la población vulnerada por el conflicto armado.
En entrevista con Semana.com, Reed señaló los ajustes que en su criterio requiere la iniciativa. El especialista sostuvo que la falta de claridad en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares no es una denuncia nueva e indicó que aún estamos lejos de un verdadero proceso de justicia transicional (la que se aplica después de las dictaduras o en los procesos de paz).
 
Semana.com: ¿Qué significa la ley de víctimas en nuestro contexto?
Michael Reed: No es la primera ley de las víctimas ni tampoco será la última. Es importante entender eso. En Colombia se han creado varias leyes, por ejemplo, la Ley de Desaparición forzada de 1989, la Ley 387 para las personas desplazadas por la violencia. Lo nuevo es que después del proceso de Justicia y Paz se empezó a hablar de justicia y reparación y la ley de víctimas contempla unas medidas en ese sentido. Es una propuesta ambiciosa para Colombia, pero también es una iniciativa que se queda corta.
 
Usted ha resaltado varias de esas debilidades, ¿cuáles son?
La iniciativa ha tenido mucha concertación, debate público y debate no público también (se han negociado algunas cosas). El proyecto, como está redactado, recoge problemas viejos como la definición de víctimas. La última propuesta amplió el universo hasta 1986, La U ha contemplado la posibilidad de que se amplíe hasta 1985, pero inmediatamente surge la pregunta: ¿qué pasa con las víctimas de 1983 y 1984?
 Por otro lado, el proyecto excluyó de la reparación administrativa a los miembros de grupos armados ilegales que sufrieron violaciones. Y por último, hay un intento de unos sectores por excluir personas que son víctimas de las acciones de agentes estatales.
 
Además…
El proyecto sigue haciendo una fusión indebida de lo que es asistencia, atención, protección, servicios básicos, con reparación. El Estado podría decirle a la comunidad internacional, a las víctimas y a la sociedad: ‘Yo soy un Estado responsable porque estoy tratando de socorrer y ayudar a las víctimas del conflicto’. Pero eso hay llamarlo como es: asistencia. Infortunadamente, el proyecto como está confunde esos conceptos y presenta debates viejos.
 
El ICTJ también ha hecho reparos a los mecanismos de restitución de tierras. ¿En qué consisten?
Hay que reconocer que en la agenda pública nunca se había puesto el tema, pero también encontramos algunos problemas. Por ejemplo, solo cobija a las víctimas de hechos que ocurrieron después de 1991. ¿Por qué el 91 y no antes? En política pública hay que justificar las decisiones con argumentos que todo el mundo entienda. Porque así, zonas que fueron golpeadas por el paramilitarismo, como San Vicente de Chucurí, donde el paramilitarismo existió antes del 91, y la gente fue desplazada y despojada de su tierra, no podrán reclamar su derecho.
Los legisladores deberían revisar la propuesta, de lo contrario, estarían desconociendo los derechos de los poseedores o propietarios al darles títulos a los que de buena o mala fe se aprovecharon de la situación.
Además, la restitución sólo se puede dar con garantías de seguridad y de protección. Las personas que están en zonas afectadas por la violencia coercitiva, presencia de grupos o de personas que representan poderes fácticos de tiempo atrás, tienen mucho miedo. La violencia ha logrado lo que pretende y es que la gente se comporte de una manera o de otra, porque teme morir.
 
El ICTJ ha dicho que la entrega de tierras no es suficiente. ¿Por qué?
No es suficiente si no hay garantías para que se pueda ejercer el derecho de hacer lo que le dé la gana con la tierra. También consideramos la necesidad de prever un mecanismo ágil de revisión a la decisión de primera instancia para el reclamo de la tierra, que, según el proyecto, quedará a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Las acciones penales en contra de quienes entreguen tierras deben ser estratégicas y no limitar la justicia a entregarles el beneficio del principio de oportunidad, sino buscar que se persiga la información relacionada con la usurpación y llegar hasta los responsables. Tampoco estamos de acuerdo con el derecho real de superficie, que establece que en algunos terrenos hay intereses agroforestales o de materias públicas, y que por tanto el campesino despojado podría recibir una renta. Eso no es una restitución de facto porque no permite el disfrute de la tierra por el campesino y se avala lo que se busca deshacer.
 
Otro tema que el ICTJ está estudiando es la ley para facilitar el proceso de de los paramilitares que quedaron por fuera de Justicia y paz. ¿Cuál es su opinión de esa iniciativa que está en proceso de desarrollarse en el Congreso?
Es una ley compleja que se expide alegando una crisis. No entendemos el porqué de la crisis, si la situación jurídica fue generada en el 2007 cuando la Corte Suprema de Justicia expidió un fallo que dice que los paramilitares no se pueden juzgar por el delito de sedición.
Entendemos la necesidad de resolver problemas jurídicos, pero eso no se debe hacer de manera rápida y ciega. Lo que hemos sugerido es que se depuren las listas, de quién se desmovilizó, quiénes son estos 30.000 que entraron en las listas de desmovilizados, para que el Estado no otorgue beneficios de manera irresponsable a personas que podrían tener información valiosa para desmontar estructuras importantes. Hay por lo menos 1.500 individuos que han salido de Justicia y Paz, porque dicen es que fue un error. Que no nos sorprenda alguien que dice ser un soldado raso y resulte que fue un comandante.
 
¿No le parece que es necesaria para garantizar la desmovilización de los combatientes rasos?
La ley se está vendiendo como un complemento de Justicia y Paz, porque el desmovilizado firma un acuerdo con el presidente de la República que lo compromete a dar una declaración con una delegación —que no sabemos quién es porque no se ha definido—. Pero lo más grave es que se le está dando un cheque en blanco, porque se dice lo que usted confiesa no va a tener un efecto judicial. Eso es grave, ¿qué tipo de verdad es esa? ¿Qué pasa si un paramilitar confiesa vínculos con élites políticas y militares?
Por otro lado, curiosamente, la ley es para que se garantice justicia, verdad y reparación de las víctimas, pero no sabemos qué papel desempeñan las víctimas en los procesos judiciales. En Sudáfrica el proceso de paz tenía un componente esencial: la garantía de la transparencia en la confesión y de la participación de las víctimas. Además, el Comité rector podía decir: "Usted no cuenta con el aval porque no me está diciendo toda la verdad.
Lo que no queremos es que se pierda una vez más la oportunidad de identificar quién se desmovilizó y qué información tienen sobre los aparatos de poder en Colombia.
 
¿De qué manera las falsas desmovilizaciones podrían afectar el proceso de justicia transicional?
Desde el proceso de desmovilización, en el 2003, había mucha confusión sobre quién estaba negociando y quién no. El Bloque Élmer Cárdenas, por ejemplo, se retiró al comienzo del proceso y después volvió a la mesa de negociación. Grupos como los del Casanare se retiraron del todo. Hubo falta de transparencia sobre quién participaba.
Si uno ve los documentos oficiales, el objetivo era que se desmovilizaran entre 15.000 y 20.000 combatientes. Pero ¡oh sorpresa! son algo más de 30.000. Eso tenía el propósito de confundir, de cubrir retaguardias que quedaron armadas y grupos que nunca se desmovilizaron. Tenemos información muy precisa, documentada por el ente oficial que estaba vigilando el proceso, de que días después de la desmovilización se encontraron con la misma estructura armada en el mismo sitio, el Bloque Héroes de Tolová.
En el 2006, cuando el gobierno hizo traslado de la lista construida con los desmovilizados a la Fiscalía, (2.695 postulados), el fiscal Mario Iguarán, con cara de frustración, dijo que esa lista no ayudaba, que solo se habían individualizado los procesos de un 10 por ciento. Si eso era sobre la lista más depurada, imagínese el caos.
A eso agréguele las desmovilizaciones de personas que lo hicieron por fuera de Justicia y Paz (entre el 2003 y el 2005), súmele el reclutamiento rápido de personas que no tienen nada qué ver con la estructura, por ejemplo del bloque Cacique Nutibara. También hay denuncias sin investigar de entre el 2004 y el 2006 de muchachos que fueron reclutados a la fuerza para desmovilizarse en grupos a los que nunca pertenecieron, y de muchachos que dijeron que les ofrecieron incentivos para desmovilizarse. Lo que pasa es que ahora las denuncias se ratifican.
 
¿Usted considera que el surgimiento de lo que el Ejecutivo llama las Bandas Criminales obedece a un proceso de desmovilización mal hecho?
Obedece a muchas cosas: a las dinámicas de violencia que siguen activas donde hubo desmovilizaciones; a la dificultad en Colombia de encontrar un antes y un después; a que el tema del narcotráfico no se abordó de manera explícita, sino de manera implícita y hasta soterrada; a la falta del ejercicio de la soberanía del Estado en todo el territorio nacional… No podemos asumir que la desmovilización de las AUC era la desmovilización de todas las estructuras de grupos ilegales del país.
Ahora se habla de los Rastrojos y de los Machos y se presentan como bandas emergentes. Esos grupos existen desde hace muchos años en el norte del Valle tenían una pretensión militar, dedicación al narcotráfico, control de territorios y de rutas, desde mucho antes. Esos fueron grupos que no entraron en el proceso de desmovilización, que vieron la posibilidad de ampliar su influencia, y lo hicieron.
 
¿Qué opina de la propuesta de promover un nuevo marco legal para futuras desmovilizaciones?
Creo que hay que respetar los ciclos de las políticas públicas. Diría lo mismo para la ley de víctimas. Hay una extraña tendencia en Colombia a pensar que a punta de leyes uno puede superar los problemas. Yo creo que es bien importante diagnosticar los problemas que enfrentamos, antes de hablar de un nuevo marco legal. Hay que hacer mucha conciencia, con estudios técnicos, sobre qué pasó con los paramilitares desmovilizados, en qué se ha fallado, cuáles son los vacíos, qué es lo que se quiere.
 
¿Cuáles son los elementos ineludibles para la aplicación de la justicia transicional?
La justicia transicional no es un proceso declarativo, como se ha sugerido. No se hace a la fuerza, ni se impone. Es un proceso donde participa todo el mundo. La idea es que exista un ambiente político propicio donde todos tengan garantías. Ofrecer justicia transicional cuando a uno lo matan por denunciar es bastante equívoco. Sin embargo, los procesos de transición no son en blanco y negro. No hay un día en el que uno dice "hoy vamos a hacer la paz, pues ayer no la había". Pero los actores sí deben tener una intención explícita de buscar cambios. Eso implica pensar en una cosa importante: ¿qué va a pasar con los integrantes de la fuerza pública que son casi medio millón de hombres en armas?
 
En un eventual proceso de paz con las FARC, ¿qué es imprescindible?
Hoy día es claro que la amnistía no es permitida en casos de delitos graves. Hace 20 años se pensaba lo mismo. Pero a las víctimas en Chile, en Argentina, les tocó dar la pelea política para que quedara claro. Esas son peleas que hoy día no han terminado. Pero es claro que las amnistías ni los indultos son viables, en la comisión de delitos atroces. Después de procesos como el de Sudáfrica creo que no hay procesos perfectos. Lo que se busca es que existan condiciones políticas favorables para que la sociedad dé pasos cualitativos, que permitan el reconocimiento de las víctimas. Lo que está en juego con los grupos ilegales es la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
 
¿Estamos lejos de un proceso así?
Ojalá no tanto, pero la historia, que es el mejor predictor del futuro, nos indica que el proceso colombiano es complejo. Cada paso que se dé para llevar el escenario hacia una discusión política sobre la solución al conflicto colombiano es un paso positivo. Cuando se cayeron los diálogos de paz entramos en un proceso en el que no era posible discutir una salida negociada al conflicto. Hoy, hay voces polarizantes que plantean que quien defienda esa idea está bordeando la criminalidad. Mientras existan esas expresiones, sí, estamos lejos. Pero no quiere decir que sea demasiado lejos para que no podamos avizorar una meta posible.
23 de marzo de 2011
16 de marzo de 2011
©semana

ocaso de la corporación democracia

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La guerra entre facciones de la ’Oficina de Envigado’ acabaron con la existencia de esta entidad, creada en Medellín como producto de los acuerdos de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Auc.

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Colombia. La Corporación Democracia, una organización no gubernamental, que alcanzó a tener durante su vida institucional cerca de 4.500 desmovilizados del paramilitarismo registrados como asociados, sólo existe hoy en el papel. Su origen está ligado a los acuerdos entre los jefes paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),  la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Alcaldía de Medellín.
En el momento de su creación, en diciembre de 2003, se dijo que la Corporación Democracia era la entidad que ayudaría a los desmovilizados a hacer el tránsito a la vida civil, y a sustituir el terror que ejercían los integrantes del Cacique Nutibara en los barrios de Medellín, por una acción cívica coordinada y una representación política legal de estos mismos hombres ahora desmovilizados.
Pero este propósito loable quedó bajo sospecha, luego de las denuncias sobre las relaciones entre el Bloque Cacique Nutibara con la llamada ’Oficina de Envigado’ (un siniestro aparato de extorsión, asesinatos por encargo y cobro de deudas del narcotráfico) presentadas por jefes paramilitares recluidos en cárceles de Colombia y Estados Unidos.
Quedó en evidencia cómo el vínculo entre la Corporación y la ’Oficina’ se mantuvo vigente después de la desmovilización paramilitar, pues la guerra intestina que ha librado la ‘Oficina’ desde hace tres años, terminó creando  pugnas entre los directivos de la Corporación y varios de sus dirigentes o integrantes han sido capturados ejerciendo actividades ilegales, y algunos de ellos han sido asesinatos, dentro de estos pleitos mafiosos.
Es decir, como lo han anotado varios investigadores sociales, entre ellos Max Yuri Gil, en la práctica la Corporación Democracia tenía una estructura legal que contrataba con el municipio de Medellín y aparecía como interlocutor válido ante diversas entidades, y otra ilegal, clandestina, en la que sus dirigentes se dedicaban a delinquir.

El Origen de la Corporación
"La creación de la Corporación Democracia surgió de la necesidad que tenía el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, de tener un solo vocero de ese proceso. La idea tuvo su origen en recomendaciones de ex guerrilleros que aplicaron el mismo modelo en anteriores desmovilizaciones y es una estrategia aplicada en diversos países donde se ha tratado de salir de conflictos armados", asegura una fuente de la Alcaldía de Medellín cercana a ese proceso y que pidió mantener su nombre en reserva.
Días después de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, el 25 de noviembre de 2003, fueron recluidos por tres semanas los 868 miembros de esa estructura armada e ilegal, en el Centro de Reclusión Especial para Justicia y Paz del municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño.  Luego, el 10 de diciembre de ese año con la firma del documento Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y los reincorporados del Bloque Cacique de las Autodefensas Unidas de Colombia, se concretó la desmovilización y el nacimiento de la Corporación Democracia.
Ese acuerdo fue firmado por Fabio Acevedo Monsalve y Giovanni Marín, como miembros representantes de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara; por el Gobierno Nacional, el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo; y como testigos, Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín; Sergio Fajardo, alcalde electo; y Jaime Oviedo Ávila, vocero de los reinsertados.
Según estableció este documento, "el Gobierno Nacional reconoce a la organización no gubernamental denominada Corporación Democracia como la organización representante de los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara, con quien se mantendrá una interlocución permanente para el seguimiento, desarrollo y apoyo del proceso de reincorporación".
Además, se determinó que "el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia diseñarán los programas de seguimiento, desarrollo y apoyo al proceso de reinserción. De la misma manera, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín apoyarán -de considerar pertinente-, el desarrollo de iniciativas de paz, convivencia y reconciliación que lleve a cabo esta organización no gubernamental". Igualmente, se estableció que los ex integrantes de la estructura paramilitar se comprometían a "cesar todas las acciones hostiles, violentas y armadas" y a "abandonar cualquier fuente de financiación ilegal".
La Corporación Democracia cobró vida jurídica el 27 de febrero de 2004, cuando fue registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín como entidad sin ánimo de lucro, dirigida por una junta de asociados, conformada por un gerente y once miembros, y se constituyó con un patrimonio de 2 millones 100 mil pesos.
"En el año 2004 se empieza a trabajar con la Corporación Democracia", dice la fuente consultada. "Se tenían como interlocutor directo a Antonio López, alias ‘Job’, y como vocero de los desmovilizados a Giovani Marín".
Según el funcionario, no fue fácil la relación desde el comienzo entre la Alcaldía de Medellín, a través del Programa de Paz y Reconciliación, y esta organización no gubernamental. "Todo el tiempo hubo tensiones", reconoce el consultado. Y señala a alias ‘Job’, como la persona que más obstaculizaba el proceso de reinserción.  (’Job’ fue conocido por todo el país, luego de que se conocieran sus ingresos clandestinos al Palacio de Nariño a brindarle al Ejecutivo información que le interesaba sobre los magistrados de la Corte)
Otros funcionarios de la administración municipal calificaron las actitudes de alias ‘Job’ como "arrogantes" y "agresivas", y fue tal su presión para entorpecer el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín que llegó a decir que la Alcaldía de Medellín le "robaba sus muchachos".
El asunto fue conocido por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. En un informe enviado al entonces vice-fiscal general de la Nación, Jorge Armando Otálora, fechado el 8 de febrero de 2006, se advirtió que alias ‘Job’ se había convertido en "un verdadero obstáculo para la resocialización de los jóvenes en las comunas ya que mientras estudian y son atendidos durante el día para un cambio de vida para ellos y sus familias, en las noches vuelven a ser bandidos y sicarios". Para ese año, ’Job’ se había convertido en el vocero nacional de los desmovilizados.
En el informe presentado al vice-fiscal Otálora los investigadores señalaron que "alias ‘Job’ "tenía controlados el centro de la ciudad, las comunas centro-oriental, nor-oriental, sur-occidental, lo que en resumidas cuentas le otorga un control casi total de la ciudad, lo que lo convierte en un hombre muy poderoso dentro de la estructura de las Auc". Al respecto, funcionarios de la Alcaldía de Medellín que conocían del proceso dicen hoy al respecto que "fue todo un misterio, por qué no se judicializó a este paramilitar".
Bajo el liderazgo de la Corporación Democracia, y con financiación de la Alcaldía de Medellín, se realizaron diversas actividades culturales, lúdicas y sociales en distintos barrios de la ciudad, con el fin de mostrar las bondades del proceso de desmovilización y afianzar sus logros entre las comunidades, las mismas que en el pasado fueron azotadas por sus acciones armadas.
Por ello, cada vez que las organizaciones defensoras de derechos humanos, de carácter local, nacional e internacional, cuestionaban a los desmovilizados por los controles sociales y económicos que habían impuesto en los barrios y comunas de la ciudad, los voceros de la Corporación Democracia salían a cuestionar públicamente los señalamientos y los calificaban como "enemigos del proceso".
El crecimiento de la Corporación Democracia alcanzó un punto máximo cuando se desmovilizó el Bloque Héroes de Granada, el 1 de agosto de 2005. En esa ocasión dejaron supuestamente sus armas y toda actividad ilegal otras 2.036 personas. Todas ellas se integraron a la Corporación. Con éstos, y otros más de diversos bloques y frentes de las Auc desmovilizados, alcanzó a registrar como socios a por lo menos 4.500 reinsertados, posicionándola como una organización legítima en la interlocución con el Estado.
Pero no todo era transparente. "La presencia de la ‘Oficina de Envigado’ (en la Corporación) se sintió cuando se desmovilizó el Bloque Héroes de Granada", dicen una fuente de la Alcaldía de Medellín. De esa estructura criminal surgieron Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, comandante militar de ese bloque y Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’, quienes en el año 2006 hicieron parte del consejo directivo de la Corporación.
De hecho, algunos funcionarios de la Alcaldía de Medellín tenían claro en esa época que los recursos que lograba la Corporación, a través de algunos contratos con diversas entidades públicas, no eran suficientes para sostener esta organización que no parecía sufrir por financiación.
"La Corporación Democracia no vivía de los recursos de la Alcaldía, pues realmente eran muy pocos, y no les daba para su sostenimiento. La Corporación se sostenía con dineros de la ‘Oficina de Envigado’, pues era un apéndice de ella", afirma uno de los funcionarios. "Esta situación comenzó a denunciarse en privado ante todas las autoridades sin que se dieran resultados concretos".
La situación de ilegalidad comenzó a evidenciarse públicamente en septiembre de 2007, cuando el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, conminó a alias ‘Rogelio’ a presentarse ante las autoridades para que respondiera por su posible participación en diversos crímenes en Medellín y el área metropolitana. También aseguró el jefe policial que ’Rogelio’  había sido delegado por alias ’don Berna’, en ese momento preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), como jefe de la ‘Oficina de Envigado.
Era tal el poder que sentían los voceros desmovilizados de la Corporación Democracia que en esa ocasión anunciaron una demanda por injuria y calumnia contra el general Naranjo por los señalamientos contra alias ‘Rogelio’ y aseveraron que el alto oficial estaba siendo asaltado en su buena fe con información malintencionada.
Pero los señalamientos del Director de la Policía estaban dirigidos en la dirección correcta. A mediados del 2008, trascendió que alias ‘Rogelio’ se había entregado a la DEA para responder por cargos asociados al tráfico de narcóticos a Estados Unidos.
El entorno de la Corporación Democracia se enrareció aún más con el asesinato, el 28 de junio de ese año, de Antonio López, alias ‘Job’, en un exclusivo restaurante de Medellín, y del director de la organización Ubaldo Antonio Ayala Arenas, y la abogada Ruby Liliana Suaza, ocurridos el 13 de diciembre en el centro de la ciudad.
Al año siguiente, los vínculos entre la Corporación Democracia y la ‘Oficina de Envigado’ serían reseñados por  la Fiscalía General de la Nación el 16 de abril de 2009 ante un juez de garantías durante la legalización de la captura de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, quien al parecer estaba al frente de la ’Oficina’. Durante la diligencia judicial, la Fiscal 14 Especializada de Bogotá, Berta Cecilia Díaz Neira, señaló directamente a Giovani Marín y a Fabio Acevedo, como los representes de la Corporación Democracia que "representaban en Medellín los intereses de la banda ‘Los Paisas’, una estructura rural de la ‘Oficina’.
De inmediato, la Corporación Democracia advirtió a través de un comunicado a la opinión pública que tal acusación evidenciaba un "complot" de cierto sector de la Fiscalía Seccional de judicializar a cualquier costo a los directivos y miembros que conformaban esta organización no gubernamental; además, dijo que "no ha prestado su apoyo ni lo hará,  a ningún grupo o individuo al margen de la Ley (…) como lo pueden constatar diferentes organismos de control del Estado tanto a nivel municipal, departamental y Nacional".
No obstante esa aclaración por parte de la Corporación Democracia, meses más tarde, el 19 de junio de ese año, Fabio Acevedo, directivo de la Corporación Democracia y quien firmó el acta de creación de la organización no gubernamental, fue capturado y condenado por los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Para el 2009, se había recrudecido la guerra entre diversas facciones de la ‘Oficina de Envigado’ y en medio de las estructuras criminales de Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, y Eric Vargas, alias ‘Sebastián’, quedó la Corporación Democracia.
"Esa guerra es la que realmente acaba con la Corporación Democracia, pues la fractura de la llamada ‘Oficina de Envigado’ ocasiona la pérdida de recursos para su sostenimiento", afirman funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Y en ese año comenzó a desmantelarse.
Según un certificado de existencia y representación de entidades sin ánimo de lucro expedido por la Cámara de Comercio de Medellín el pasado 11 de marzo, Giovani Marín oficializó su renuncia como gerente de la Corporación Democracia el 18 de enero de 2009 y desde esa época no se sabe nada de él. El documento también evidencia que de los once cargos que estructuran el consejo directivo, seis están vacantes. No obstante esa situación irregular, la entidad no ha sido disuelta, liquidada, reformada ni se han hecho nuevos nombramientos.
"Con la guerra que libran las facciones de la ’Oficina de Envigado’ todo lo que había a su alrededor fue atomizándose, incluida la Corporación Democracia, de la cual hoy no queda nada, sólo el registro de la Cámara de Comercio", asevera un ex funcionario de la Alcaldía, quien pidió la reserva del nombre.
Así quedó en el papel la Corporación Democracia, que como su nombre lo indicaba había sido creada con el propósito formal de abrirles a los desmovilizados una puerta de entrada al sistema político legal, pero terminó sirviendo de fachada del narcotráfico.
23 de marzo de 2011
22 de marzo de 2011
©verdadabierta

murió eddie brandt

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Era la persona indicada a la hora de hablar de la historia del cine y sus recuerdos.

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[Valerie J. Nelson] La obsesión de Eddie Brandt con las películas era evidente en su casa de Hollywood Norte, la que transformó en un teatro al aire libre cuando instaló un proyector en una diminuta buhardilla con ventanas que abrían hacia su patio.
Para Brandt, desde principios de los años setenta que el sábado noche era noche de películas. Cinéfilos como él mismo proyectaban películas de 16 milímetros, viéndolas a través de ventanas gigantes o sentados fuera.
Pero desde que su tienda de artículos de segunda mano en Hollywood Norte se convirtiera en una tienda de recuerdos de películas desde que comprara su primera bodega de objetos para coleccionar objetos relacionados con la historia del cine en 1972, para Brandt todos los días eran día de películas.
Transformó su negocio en la Matiné del Sábado de Eddie Brandt, construyendo una colección de videos y de historia del cine tan enorme que funciona como una biblioteca oficiosa sobre Hollywood.
Brandt, que era también compositor y escritor de guiones de dibujos animados, murió el 20 de febrero de cáncer al colon en su casa en Hollywood Norte, informó su hijo Donovan. Tenía 90 años.
Como acomodador de cine durante su adolescencia, Brandt empezó a coleccionar recuerdos de la historia del cine y descubrió lo popular que eran casi por accidente después de que usara carteles de películas para tapar los hoyos de su tienda de gangas.
"Un día llegó un hombre y compró carteles de películas para decorar su bar", contó Brandt al Times en 1986. "Sabía que había un mercado para los recuerdos de películas".
Cuando se dio cuenta de que los clientes codiciaban las películas y series de televisión clásicas, vendió su colección personal de películas de 16 milímetros y empezó a comprar videos en 1976.
Desde entonces, la familia Brandy ha recorrido videotecas en todo el país a la búsqueda de videos agotados, reuniendo una colección que "destaca como el exclusivo refugio de los amantes del cine", escribió Lucas Hinderbrand, profesor de estudios de medios y cine de la Universidad de California en Irvine, en la revista Media Access en 2007.
"En el pueblo se dice que es allí donde van los estudios a buscar tesoros perdidos, donde productores y directores buscan ideas, donde los archivistas buscan copias de referencia, y donde los estudiosos de la televisión encuentran grabaciones de las primeras series", escribió Hilderbrand.
Todos los estudios importantes, las redes y las compañías de producción tienen una cuenta corporativa, dijo Donovan.
La tienda, en Vineland Avenue, "evoca las tiendas de discos de moda en ‘High Fidelity’, con un ambiente que combina los rancios bares de carretera de Texas y un galpón de la Armada", escribió el Times en 2002.
Los visitantes son acogidos por hileras de videos -según la última cuenta, 72 mil- y 27 mil DVDés. Y cerca de dos millones de fotografías y "decenas de miles" de carteles, dijo Donovan.
Steven Spielberg arrendó la película de 1926, ‘El pirata negro’ [The Black Pirate] para investigar un episodio para ‘Regreso al futuro’ [Back to the Future], contaba Brandt a menudo, y en los créditos de ‘Kill Bill Vol. 1’, el director Quentin Tarantino agradeció a Eddie Brandt.

Edward August Brandt nació el 5 de agosto de 1920 en Chicago y creció allá.
Durante la Segunda Guerra Mundial fue un especialista en radar de la Armada asignado a San Francisco. Después de la guerra se mudó a Hollywood.
Gracias a un amigo consiguió empleo escribiendo chistes y música para Spike Jones, conocido por poner en boga canciones populares.
Pianista autodidacta, Brandt tocaba en tríos al principio de los años cincuenta. Uno de ellos incluía a su primera esposa, la cantante Ruthie James. Se divorciaron en 1956.
En los años cincuenta fue también director del Canal 13 de KLAC-TV y guionista y artista del ‘The Spade Cooley Show’, un programa de variedades en el Canal 5 de KTLA-TV.
Brandt empezó a escribir para dibujos animados en los años sesenta para ‘Beany & Cecil’, de Bob Clampett, y luego para el estudio Hanna-Barbera, donde conoció a Claire, una caricaturista con la que se casó en 1968.
Para ganar algún dinero extra, abrió la tienda de gangas llamada Eddie Brandt’s Garage Sale el 1 de enero de 1969.
Hace algunos años sufrió una serie de derrames y se retiró. Su esposa y su hijo continuarán con la tienda.
"La tienda es lo que es porque somos una familia de excéntricos y amamos el cine", dijo Claire a Media Access en 2007.
Brandt adoraba las de vaqueros, seguidas por las películas B de detectives.
Le sobreviven, además de Claire y de su hijo Donovan, de Hollywood Norte, cuatro hijas (Kelly, de Nevada; Tracy, de Sand Canyon; Holiday, de San Francisco; y Heidi, de Palmdale); un hijo de su primer matrimonio, Eric, de Arizona; y cuatro nietos.
23 de marzo de 2011
10 de marzo de 2011
©los angeles times

víctimas de pinochet arrojadas a río

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Cuerpos de 18 opositores a Pinochet habrían sido lanzados al río Allipén. La información fue entregada por un ex conscripto del regimiento Tucapel de Temuco, quien entregó los datos al juez Fernando Carreño, que investiga la desaparición de 6 militantes comunistas en noviembre de 1973.

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Temuco, Chile. Los cadáveres de al menos 18 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet asesinados tras el golpe militar de 1973 fueron arrojados al río Allipén de Temuco, dijo hoy a Efe un ex conscripto que participó en la acción.
El ex recluta entregó datos desconocidos hasta ahora sobre ese episodio de la represión pinochetista al juez especial Fernando Carreño, que investiga la desaparición de 6 militantes comunistas en noviembre de 1973.
Entrevistado por Efe, M.C.S., que pidió reserva de su identidad, señaló que él y otros reclutas que cumplían el servicio militar a fines de 1973 en el regimiento Tucapel, con base en Temuco, recibieron órdenes de arrojar cadáveres a un río cercano en varias ocasiones.
"Yo permanecí dos años en el regimiento Tucapel haciendo mi servicio militar, y siempre recibimos órdenes de los oficiales. Si no las cumplíamos, nos mataban a nosotros", relató.
El ex conscripto, que reside en Freire, dijo que él participó en dos operaciones para deshacerse de cadáveres en el río Allipén, pero le consta que "hubo más", por lo que le comentaron entonces sus compañeros reclutas.
"Me ordenaron subir a un camión junto a otros conscriptos para ir a Isla Cautín (un campo de entrenamiento militar). Ya de noche, al llegar al lugar la primera vez subimos 10 cuerpos y la segunda 8. Los llevamos al puente Allipén donde fueron arrojados al río de ese mismo nombre", rememoró.
M.C.S. señaló que los oficiales de entonces están negando "todo" ante el juez Carreño y quieren que "paguen" los que eran unos "simples conscriptos". "Eso no es justo", dijo a Efe.
En sus declaraciones al juez Carreño, M.C.S. mencionó a un "teniente Espinoza", aparentemente Manuel Espinoza Ponce, ya fallecido, y al entonces teniente Pablo Gran López, hoy general retirado, como los oficiales de los operativos en los que se arrojaron cadáveres al río.
Gran López está inculpado en la única causa que investiga el juez Carreño en relación con los crímenes ocurridos en el regimiento Tucapel después del golpe militar, la de los 6 militantes comunistas que fueron sacados del cuartel y llevados a un campo de entrenamiento donde fueron asesinados.
Las autoridades militares dijeron posteriormente que se trataba de terroristas abatidos al intentar asaltar un polvorín.
En la misma condición de inculpado que Gran López figura en la causa el ex brigadier Jaime García Covarrubias, hoy funcionario del Pentágono de Estados Unidos como profesor del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de Estados Unidos.
Dos antiguos prisioneros, Herman Carrasco y Víctor Maturana, dijeron a Efe que presentarán escritos ante el juez Carreño para que también abra una investigación por los cuerpos arrojados al río Allipén y por las torturas que afirman haber sufrido a manos de García Covarrubias y otros oficiales que cumplían funciones en el cuartel Tucapel.
22 de marzo de 2011
©la nación