lo mataron por eludir control
La policía mató por la espalda a un chico de 19 años sobre su ciclomotor. A un año del asesinato de una pareja, un policía mató de un escopetazo a un chico que se alejaba después de mostrar sus documentos. El agente está preso y hay movilizaciones en la ciudad contra la impunidad.
[Karina Micheletto] Baradero, Argentina. El asesinato de un joven de 19 años por un agente de la Bonaerense, según la reconstrucción de los hechos de un balazo por la espalda, sacude a la ciudad de Baradero. El caso volvió a poner en tela de juicio la actuación de una fuerza cuyo jefe máximo, Juan Carlos Paggi, se hizo presente ayer para prometer investigaciones del caso. Los baraderenses se dividen entre la indiferencia de algunos, las justificaciones veladas con argumentos difusos sobre la inseguridad de otros, y la impotencia y la bronca de muchos que denuncian ésta como "una muerte anunciada". Los familiares y amigos de Lucas Rotela, el joven asesinado, organizaron ayer diversas marchas frente a la municipalidad, el hospital donde fue atendido el chico y la comisaría, donde se registraron algunos incidentes.
Lucas había cumplido el jueves 19 años, trabajaba como peón de albañil y vivía en el barrio Bernabé de San Martín. Ayer a las 4.30 de la mañana se encontraba con dos amigos en la Plaza Colón, cuando un móvil de la policía se acercó y les pidió la documentación de sus motos de pequeña cilindrada. Según los amigos de Lucas, los jóvenes ofrecieron la documentación. El error de Lucas fue subirse inmediatamente a su moto y acelerar. Uno de los agentes, el detenido Gonzalo Kapp, le disparó con una Itaka primero dos balas de goma, luego una de plomo cuyos perdigones dieron en la espalda del chico, a una distancia que según testigos y primeros peritajes no supera los 50 metros. Américo Marzoa, uno de los chicos que estaban en la plaza con Lucas, fue apuntado por otro agente en la cabeza y detenido.
El intendente Aldo Carossi admitió ayer en la conferencia de prensa que dio junto al jefe policial Paggi que no hay explicación posible para "este homicidio increíble", según lo definió. La causa abierta fue caratulada como homicidio calificado.
Las escenas que se viven por estas horas en esta ciudad en el kilómetro 142 de la Ruta Nacional 9 pueden sintetizar una agenda trágica. Las primeras reacciones registradas por Página/12 ayer por la mañana apuntaban a "la inseguridad" como culpable principal del hecho. "Hay que vivir acá para opinar", "Estamos hartos de que nos roben", se escuchó. Resultó que el chico estaba desarmado y no tenía antecedentes policiales. Las marchas de amigos y familiares de Lucas Rotela frente a la plaza central enfrentaron a algunos feriantes, que llegaron para exponer lo suyo en el marco del Festival de Música Popular, que comenzó en esta ciudad el jueves pasado y cuyas jornadas de ayer y de hoy se reprogramaron para el 25 y 26.
Algunos cerraron sus puestos en señal de luto, otros colgaron las fotocopias apuradas de "Justicia por Lucas" que hicieron los amigos del joven asesinado, otros les hicieron saber a los manifestantes que habían pagado por sus puestos y no pensaban cerrarlos. El hecho hace revivir otras dos muertes de jóvenes en moto en esta ciudad, la pareja que el 21 de marzo fue muerta cuando era perseguida por un móvil de la Policía de Tránsito, con el posterior intento de encubrimiento y la represión a quienes se movilizaron exigiendo justicia. El jefe de la policía local, Raúl Franzoia, hacia quien apuntaron todos desde entonces, continúa en su puesto.
13 de febrero de 2011
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[Sonia Tessa] Argentina. Era un hombre mayor, padre de cuatro hijos. Había quedado viudo en un accidente automovilístico y logró superar la depresión con cierto esfuerzo. Su taller gráfico le permitía vivir con holgura, era culto. La noche que comenzó su pesadilla había invitado a su hijo más chico, Gonzalo, de 16 años, al cine. Ese 1º de julio de 1977, le tocaron la puerta, le dijeron que eran policías de Drogas Peligrosas pero apareció gente de civil. Buscaban a Rodolfo, el tercero de sus hijos. Según él mismo, el más mimado. Como no encontraron al joven, militante del Partido Montonero, se lo llevaron de rehén y lo tuvieron secuestrado durante 40 días. José Esteban Fernández Bruera observó azorado cada detalle de su cautiverio. Sabía que el objetivo de la patota era forzar la entrega de su hijo. Cada vez que llegaba algún joven, temía que fuera Rodolfo. Una vez, le dijeron que tenía una visita y se aterrorizó. Estuvo en el Servicio de Informaciones (SI). Primero en un corredor, luego en la Favela, más tarde en el Sótano. Unos años después, escribió 16 páginas con su máquina de escribir, que esta semana fueron incorporadas a la causa como parte del testimonio de Rodolfo Fernández Bruera, su hijo, el que la patota de Feced buscaba para matarlo.
Embajador
[Horacio Cecchi] Argentina. Además de que su imagen dio la vuelta al mundo mientras un grupo de penitenciarios lo torturaba contra una pared, de rodillas, esposado y de espaldas, William Vargas González se transformó en una fotografía de los resultados de la guerra santa contra la droga, perejiles y consumidores. Detenido y acusado por tenencia y comercialización de drogas, que jamás le pudieron probar, pero con pesadas condenas a futuro como si se tratara de un narcotraficante, llegó al juicio abreviado donde logró demostrar que los siete plantines de marihuana que le encontraron no estaban destinados a la venta. Inocente para la Corte Suprema pero culpable para la ley, fue condenado a tres años no por fumar ni por vender ni regalar marihuana, sino sólo por tenerla. La llaman tenencia simple, pero es la más complicada. Como morocho pobre, William conoció la tortura en su resocialización carcelaria, luego de ser condenado por tenencia para nada.
Colombia. El CTI capturó a Jairo Martínez Rincón, ex jefe que delinquió en las Autodefensas del Sur del Cesar y señalado por varios desmovilizados como autor de varios asesinatos y masacres ocurridas en Ocaña y Aguachica, entre 1995 y 2001.
Argentina. El condenado Luciano Menéndez es el único responsable por los secuestros y torturas en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja, el principal centro clandestino provincial durante la dictadura. La cadena de mandos que estaba debajo del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército es inocente, desde los interrogadores hasta el juez federal Roberto Catalán, que recibía declaraciones a personas vendadas y las dejaba en cautiverio, o el médico Carlos Leónidas Moliné, que diagnosticaba cuánto se podía torturar sin matar. El particular criterio, que contraría toda la jurisprudencia aplicada por tribunales argentinos a partir del juicio a los ex comandantes, pertenece al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que acaba de dictar faltas de mérito y sobreseimientos en masa a los represores riojanos y fue denunciado ayer por la Unidad Fiscal abocada a las causas por crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. Las medidas ya fueron apeladas por el fiscal federal Darío Illanes y deberán ser revisadas por la Cámara Federal de Córdoba.