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luciano, desaparecido en democracia


Entrevista a Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, desaparecido en democracia. Sostiene que la Justicia ampara a la Bonaerense, que nunca se avanzó un paso. Los testigos están amenazados y no son protegidos por el gobierno bonaerense. El relato de Vanesa a dos años de la desaparición de su hermano.
[Adriana Meyer] Argentina. Si Luciano Arruga se transformó en bandera del reclamo contra la represión policial e institucional, su hermana Vanesa Orieta es, sin duda, su abanderada. Dos años pasaron desde que apareció en la redacción de Página/12 con la denuncia desesperada de la desaparición de este joven de 16 años, que había sido visto por última vez moribundo en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa lleva ahora el pelo muy corto y ya no viste el trajecito-uniforme de la empresa en la que trabajaba. Por estas horas su teléfono no para de sonar, protagoniza entrevistas, homenajes y actos varios por Luciano, donde habla del gatillo fácil y del reclutamiento policial de menores para delinquir. Sigue estudiando sociología y espera recibirse, aunque dice sentirse "desencantada y agotada del discurso armado de la universidad". En diálogo con este diario afirmó que los testigos clave del caso están amenazados y que los policías implicados están libres, sin imputación. Y describió cómo transformó el dolor en acción, la solidaridad que recibe, el trabajo barrial que armaron en la casa donde vivía Arruga para proteger a los pibes de la policía y las permanentes amenazas a su entorno.

¿Nunca apareció el cuerpo de Luciano? ¿Ni siquiera rastros?
Hubo peritajes con perros que dieron positivo. Hay dos testigos que lo vieron en la comisaría octava, el día que desaparece, que cuentan cómo fue golpeado toda la noche. Dejó huellas y por eso seguimos el camino de la sospecha que involucra a la policía del destacamento de Lomas del Mirador. No estábamos errados, la Justicia sigue la misma línea, pero aun así no encontró el cuerpo de Lu y continúa como un desaparecido en democracia.

En el segundo aniversario de su desaparición, el caso de su hermano parece haberse transformado en un símbolo.
Hay una problemática, un chico de un barrio pobre muere víctima del gatillo fácil, no es algo aislado, un policía loco, una manzana podrida. Nos acercamos a quienes también sufrieron desidia social, política y judicial, lo que nos ubica como grupo social. Somos personas pobres que tenemos que pelearla todos los días, y vamos perdiendo a nuestros familiares de las formas más violentas. Nos unimos desde el dolor para transformar eso en esperanza y seguir luchando. La actividad del 29 (recitales y actos en Lomas del Mirador) fue un espacio donde diferentes expresiones artísticas denunciaron lo mismo que nosotros, con referentes de derechos humanos, de partidos de izquierda, de familiares. Cuando no hay respuesta del poder político o judicial tenés que ganar la calle.

¿Qué los une?
Somos víctimas de la represión policial e institucional. Hoy la imagen de Luciano está en muchos lugares de denuncia y de lucha. El caso de Luciano tiene el agravante de que se trata de una desaparición forzada, pero lo que le pasó a mi hermano les pasa a un montón de jóvenes pobres de la villa, discriminados y criminalizados por dónde viven, cómo visten y su color de piel, que terminan siendo víctimas de la violencia policial. Con Luciano la policía perfeccionó su método: mató dentro de una comisaría a un chico de 16 años a los golpes y ocultó su cuerpo. Y la Justicia ampara esto, la causa estuvo paralizada los primeros 45 días, se perdieron pruebas que quizá nos hubieran permitido encontrar su cuerpo.

¿En la causa no hay ningún resultado?
No logramos que sean procesados los ocho policías implicados, siguen en funciones y están como testigos en la causa, que aún sigue caratulada como averiguación de paradero. Es grosero lo que ocurre, la Justicia busca apagarte, que no tengas fuerzas. Y esto sólo va a cambiar con la movilización. La sociedad sólo mira y los familiares quedan desamparados, enfermos y tristes peleando contra algo enorme como el aparato judicial.

¿Así quedó su familia?
No, encontramos mucho apoyo y gente solidaria, estamos rodeados de amigos y de hermanos. Y para transformar el dolor armamos una actividad en el barrio, en la casa de mi mamá empezamos a dar apoyo escolar, un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela. Es en homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, por eso vamos casa por casa para decirles que hay que hacer algo para que lo que le pasó a Luciano no les pase a sus hijos. Los chicos me cargan de otra energía, son muy alegres. Es solidaridad mutua, ellos nos hacen sentir menos tristes y nosotros les entregamos lo que podemos. Mucha gente se acercó conmovida y se desprendió de cosas. Una banda de rock de nuestra zona nos ayudó a transformar la casilla de mi mamá de una casa de material, con el baño que no tenía.

¿Hubo testigos amenazados?
Las amenazas son constantes. Una amiga sufrió la más grave, se la llevaron detenida mientras estaba volanteando con info de Luciano. Tocó mi puerta de madrugada, a mediados del año pasado, con un ataque de nervios, las muñecas lastimadas y golpes en el cuerpo. Quisieron obligarla a sacarse la ropa con varios policías alrededor, le pidieron plata para dejarla ir, le ofrecieron seguridad a cambio de estar con uno de ellos. Se denunció, pero es perder el tiempo ver un fiscal. A nosotros nos siguen en forma constante, un día quisieron entrar a casa de mi mamá y mis hermanos estaban sosteniendo la puerta. No entraron pero quieren generar miedo. Pretenden sacarte de tu eje, su odio es que seguimos en pie y denunciando.

¿Y los testigos clave?
Eran presos que siguen detenidos, han sufrido amenazas y la están pasando muy mal porque no tienen protección. Si realmente al ministro de Justicia y de Seguridad le interesara el caso los habrían protegido.

¿Policías habían intentado reclutar a Luciano para cometer delitos?
Nos contó que un grupo de policías que cometía delitos con jóvenes en el barrio intentó sumarlo diciéndole que iba a poder llevar plata a su casa. Luciano dijo que no y comenzaron a pararlo, le decían "vas a terminar en un zanjón" o "negro de mierda, tenés los días contados". Lo detuvieron varias veces cuando estaba con su carrito de cartones o con los amigos. Las tres comisarías de la zona tuvieron roces con mi hermano. Ese 31 de enero lo empezamos a buscar y la sospecha surgió de inmediato. Luciano no tenía adicciones ni problemas con la familia. Las primeras palabras de los vecinos fueron "vimos cómo la policía paraba a un chico parecido a tu hermano cerca de la plaza", a dos cuadras de la casa de mi mamá. Cuando fuimos al destacamento con cara de nada nos dijeron que no estaba ahí.

¿Cuándo tuvieron la información contraria?
A los 45 días se acercó una persona del barrio y me dijo que a Luciano lo habían detenido y golpeado, y que esta persona por la que él hablaba lo había visto casi muerto en el destacamento. Recién ahí se empezó a investigar a la policía, pero los implicados nunca estuvieron procesados.

A veces las víctimas son ensuciadas. Se dijo que Luciano vendía droga para el padre o con él. ¿Quiere responder algo?
Luciano fue abandonado desde muy chiquito por el padre, que vive en Córdoba y nunca se hizo cargo. Lu ni vendía ni tomaba droga. Pero el que dice eso avala que a un chico se lo haga desaparecer por vender droga en un barrio. Es muy grave.

¿En estos dos años fueron recibidos por las autoridades?
Me encantaría que nos reciba la Presidenta, y lo pedimos. Pero antes queremos que nos reciba el gobernador, que nos hizo esperar tres horas y luego nos derivó al ministro (Ricardo) Casal y a (el ex ministro de Seguridad Carlos) Stornelli. Y encima tuvimos que soportar que Stornelli nos gritara porque se sentía muy ofendido de que nosotros dijéramos que la policía manda a robar a los chicos del conurbano, que no iba a soportar esas mentiras. La reunión se tuvo que levantar, le gritó también a uno de nuestros abogados. Casal trató de relajar, pero todo fue patético. No están interesados en resolver esta problemática, los ves pidiendo más policía o bajar la edad de imputabilidad. La gente tiene sus derechos básicos violentados desde que nace, y encima la persigue la policía.

El caso de Luciano visibilizó el reclutamiento de menores por parte de la policía para delinquir. ¿Hubo algún cambio?
No, porque hay un profundo temor a meterse con la Bonaerense, nadie quiere tocarla, es una mafia con poder propio. Nos podemos cansar de enumerar delitos en los que participa la policía y todo eso se fue naturalizando. Nos reímos al decir que el gordo de la poli le pide plata al de la pizzería, y eso no es ni liviano ni simpático, así empezó todo. Acá no hay loquitos sueltos que cometen errores, son grupos organizados al servicio del delito, y un poder político que mira para otro lado.

En lo personal, ¿cómo la cambió todo esto?
Me aferro menos a las cosas materiales, quiero que la educación llegue adonde no está. Tengo ganas de dar vuelta todo, me siento con mucha fuerza. Estoy acompañada por gente que siente esta misma locura. Antes iba si había una causa justa pero no militaba. Hoy me convoca la causa de mi hermano y la de todos los chicos de los barrios que sufren la violencia de la policía. La causa de Luciano tiene que convertirse en una lucha simbólica.
6 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
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primera querella por allende


Presentan primera querella por muerte del ex presidente Allende. El abogado Eduardo Gutiérrez explicó que aún siendo cierta la hipótesis del suicidio, el ex Mandatario estuvo cercado en La Moneda que fue bombardeada, por lo que hubo "una inducción, un intento de asesinato y un crimen de lesa humanidad".
Santiago, Chile. Una veintena de militantes del movimiento de Acción Socialista Allendista presentaron este mediodía una querella en contra de todos quienes resulten responsables, para aclarar la muerte del ex presidente Salvador Allende Gossens ocurrida el 11 de septiembre de 1973.
Los recurrentes plantean incluso la tesis de que el presunto suicidio del Mandatario se trataría de un crimen de lesa humanidad. El abogado Eduardo Gutiérrez explicó que "aún en la hipótesis de que el presidente Allende se hubiera suicidado, lo que hizo fue que cercado, posterior a un bombardeo, bajo fuego de metralla, no se entregó vivo. Por lo tanto aquí hay una inducción, un intento de asesinato y un crimen de lesa humanidad contra un presidente de la República".
La acción fue presentada ante la jueza Gloria Ana Chevesich, quien reemplaza durante el período de vacaciones al juez titular que instruye esta investigación Mario Carroza, quien deberá retomar sus funciones durante la segunda quincena de febrero.
Esta es la primera acción penal que se presenta por este caso y convierte al movimiento socialista allendista en parte del proceso, que se inició a fines del mes de enero a través de requerimientos de la fiscal judicial Beatriz Pedrals, tras una investigación encargada por la Corte Suprema de casos de muertes durante el golpe militar, que no han sido investigadas por los tribunales.
6 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
©la nación
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enfadados con fascista


Sindicato uruguayo organiza movilización contra dichos de ex represor. Gilberto Vázquez, quien se encuentra preso por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, consideró "útil" el uso de la tortura y dijo que no se entregaron los cuerpos de los detenidos muertos "por razones económicas".
Uruguay. La central obrera uruguaya PIT-CNT convocará a una movilización en rechazo de declaraciones del ex represor de la dictadura (1973-1985) Gilberto Vázquez, en las que justificó la tortura y señaló que el ocultamiento de cuerpos de detenidos muertos fue por "razones económicas".
La organización gremial buscará coordinar "una respuesta organizada de rechazo a todas las expresiones que no contribuyan a la construcción de una sociedad democrática".
En la movilización se dará "lectura a una proclama reafirmando el compromiso de los trabajadores y el pueblo uruguayo en defensa de la democracia, la verdad y la justicia", señaló el PIT-CNT en un comunicado.
La central sindical expresó su "repudio al contenido de las declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez quien admite e intenta justificar la utilización de métodos inadmisibles y execrables como la tortura".
Vázquez, un ex oficial de Inteligencia, dijo el lunes en una entrevista con el diario Últimas Noticias que la tortura "era útil" para obtener información de los detenidos, al tiempo que consideró que los casos de desapariciones "fueron mínimos" y que los cuerpos de quienes morían en la tortura no se entregaban por "razones económicas".
"El problema económico era tremendo y el país se salvaba por el turismo y se necesitaba dar una sensación de tranquilidad para favorecer la inversión", por lo que había órdenes de no entregar los cuerpos, explicó el ex oficial, en prisión desde 2006.

Se Retoman Juicios
Esto ocurre en momentos en que más de una veintena de militares retirados que habrían violaron los derechos humanos durante la dictadura enfrentan a la justicia a partir de esta semana, al reiniciarse los procesos en su contra.
La reanudación de las actividades judiciales se realiza en medio del impacto de una carta de un grupo llamado Foro Libertad y Concordia, formado por uniformados en retiro y en actividad, en la que denuncia los sumarios que serán reiniciados por episodios de más de tres décadas atrás.
En esa carta al comandante del Ejército, general Jorge Rosales, el grupo manifiesta que "el tema derechos humanos en el Uruguay no sólo no ha logrado ser superada, sino que, se advierte, ha pasado a etapas superiores de profundización en el hostigamiento a integrantes de las fuerzas armadas y policiales".
Los firmantes advierten "gritarán muy fuerte", ante lo que consideran un acoso a los uniformados.
Más de una decena de uniformados retirados están presos desde 2006, algunos aún preventivamente y otros condenados, por violaciones a los derechos humanos. Entre ellos está Gilberto Vázquez.
5 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
©la nación
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quién financió a los paramilitares


La plata que financió a los paramilitares en Meta y Vichada. La Fiscalía mostró cómo las autodefensas boletearon a narcotraficantes, petroleras, ganaderos, finqueros y transportadores para pagar la guerra en los Llanos.
Colombia. En la audiencia de control de legalidad ante magistrados de Justicia y Paz de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, José Delfín Villalobos, alias ‘Alfa Uno’, Miguel Achury y de Rafael Salgado, alias ‘El Águila’, la Fiscalía 59 de Justicia y Paz contó a la Justicia y a las víctimas de estos grupos paramilitares como las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (Acmv) financiaron su guerra en Meta y Vichada.
Según el fiscal de Justicia y Paz, entre los que tuvieron que pagarle "impuestos" a los ‘paras’ estaban los lancheros, camioneros, petroleros, pilotos de aviones de fumigación, narcotraficantes, palmeros, arroceros.
Las riquezas petroleras de los Llanos fueron aprovechadas por los hombres de ‘Guillermo Torres’ para financiar el grupo. En versiones libres, los ex ‘paras’ hablaron de Campo Rubiales, unos pozos petroleros a 167 kilómetros de Puerto Gaitán, Meta.
En 1995, los desmovilizados contactaron por primera vez los ingenieros del pozo. Estos se quejaban de que el frente 39 de las Farc les pedían víveres, dinero y nombraban trabajadores a su antojo. En 1998, según El Tiempo, la presión guerrillera se hizo demasiado fuerte, secuestraron a varios ingenieros y la empresa australiana Coplex, que tenía el pozo, abandonó la explotación.
Para poder recuperar maquinaria de alto valor como las perforadoras, ‘Guillermo Torres’ dijo que los ingenieros le pidieron ayuda y sus hombres los acompañaron al campo petrolero.
Dos o tres años después, el ex jefe paramilitar contó que varios empresarios fueron a verlo y le pidieron seguridad para regresar al pozo. "Colaboraron con la comida, después con remesas", señaló ‘Torres’.
Los ‘paras’ además cobraban entre 80.000 y 150.000 pesos por cada camión de crudo que salía de Campo Rubiales. A cambio, los chóferes recibían vales con los que podían circular por la región. Hasta 2009 no existía un oleoducto que sacara el petróleo y todo el crudo salía en tractomulas.
Así la Fiscalía tuvo conocimiento de seis retenes de las autodefensas sobre la vía entre Puerto Gaitán y la explotación petrolera.
Campo Rubiales fue descubierto por Ecopetrol, pero en 1998, por los ataques de la guerrilla y la baja producción, cerró el pozo. En 2002 el empresario brasileño Germán Efremovich, actual dueño de Avianca, adquirió los derechos del campo y reinició la operación en 2003.
Año tras año la producción ha ido creciendo y hoy salen más de 145.000 barriles de petróleo diarios, convirtiéndolo en uno de los campos con más reservas en el país. El campo, donde hay cientos de pozos, pertenece ahora a la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energy.

El Aporte de los ‘Narcos’
Los "impuestos" a los narcotraficantes también fueron otra forma de las Acmv para financiarse. Según demostró la Fiscalía, a partir de 1999, Edgar René Acosta Rodríguez, alias ‘El Flaco o ‘101’, los asesoró para organizar el cobro por kilo que transitaba por su territorio.
René Acosta, según un artículo de El Tiempo, fue teniente de la Policía Antinarcóticas en Guaviare, hizo cursos de operaciones especiales en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos y estuvo en los comandos Jungla, después de recibir clases de instructores ingleses.
"Se retiró de la Policía, siempre iba a Puerto Gaitán a pescar y hablábamos. Me dijo que nos quería colaborar, entró en 1999. Me dijo que por acá pasaban camiones llenos de droga, que nos estaban haciendo goles", dijo ‘Guillermo Torres’ en una versión.
En un principio las Acmv cobraban entre 80.000 y 180.000 pesos por cada kilo de cocaína, y por los químicos necesarios para la transformación de las hojas de coca en pasta base, que venían del interior del país. Cuando empezó la guerra entre los Buitrago y Miguel Arroyave, el transporte se volvió más difícil y ‘Guillermo Torres’ acordó con los narcotraficantes un pago mensual de 300 millones pesos, sin importar qué cantidad transportaban.
La Fiscalía presentó un documento de las Acmv, decomisado por la Policía cuando aún delinquían, donde precisan cuánto se cobra por la coca que viene de zonas guerrilleras (500.000), que sale en avión (20 millones) y que va a otras zonas controladas por las autodefensas (100.000).
La zona de las Acmv era clave para el transporte de cocaína, pues dominaban el Alto de Neblinas, el único paso por carretera hacia el oriente de Meta y Vichada, uno de los departamentos con más laboratorios en el país según cifras de la ONU.
El dinero del narcotráfico le permitió a las Acmv crecer con rapidez. Según ‘Guillermo Torres’ en 1994 eran apenas 27 hombres. "De 2000 en adelante ya el grupo crece, en el sentido que logramos tener 350 hombres, porque llega el señor ‘101’, o René Acosta", dijo en una versión libre.
René Acosta fue asesinado en septiembre de 2002 por los Castaño, que lo acusaron de planear el secuestro del empresario venezolano Richard Boulton.

La Mordida a las Fincas
Los finqueros también le entregaban dinero a las Acmv. Según un libro de contabilidad entregado por los desmovilizados a la Fiscalía, en Puerto López 230 fincas arroceras, palmeras, de maíz y de sorgo les pagaban. Así, en 2003, lograron recaudar unos 450 millones de pesos. En Puerto Gaitán 107 predios fueron afectados por las extorsiones.
Los ganaderos por su parte pagaban 1000 pesos anuales por hectárea de sabana y 2000 por hectárea de pastos.
Sin embargo, la Fiscalía ha tenido dificultades para verificar el delito, pues no han recibido quejas por extorsión. Según el fiscal, los ‘paras’ llegaron a Puerto López a pedido de algunos ganaderos, y es probable que por eso no quieran salir a la luz.
Los camiones y las lanchas también eran boleteados. La Fiscalía presentó en la audiencia una lista de más de 150 placas de camiones que pagaban hasta 150.000 pesos por viaje.
‘Guillermo Torres’ también le dijo a los magistrados de Justicia y Paz que en algunas ocasiones le cobró hasta cinco por ciento de los contratos a empresas que pavimentaron o instalaron alcantarillado. Sin embargo aclaró que no fue algo sistemático, como se ha documentado en Casanare o en el Caribe.
La justicia tendrá que aclarar si los dineros que estas empresas dieron a las autodefensas fueron voluntarias o producto de extorsiones.
5 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
©verdad abierta
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proceso contra multinacional drumond


¿Vía libre a juicio contra la Drummond en EE.UU? La Corte de Apelaciones de Alabama aceptó que los hijos de los sindicalistas de Drummond, Valmore Locarno, Víctor Hugo Oscarsita y Gustavo Soler, asesinados por paramilitares, inicien un juicio contra la carbonera por la muerte de sus padres.
Colombia. El tribunal reversó la decisión que tomara una Corte Distrital de Alabama que había negado las pretensiones de varias víctimas de los paramilitares, por considerar que carecían del derecho a reclamar una compensación.
La decisión de primera instancia argumentaba que no se había probado que los sindicalistas hubieran sido asesinados por paramilitares en complicidad con la Drummond.
Según informó El Tiempo, la Corte de Distrito rechazó el caso pues, a su juicio, las leyes de EE. UU. permiten pedir compensación solo a nombre de la persona asesinada y no por daños a terceros.
Los hijos alegaban que la muerte de sus padres les había ocasionado no solo daño emocional sino dificultades financieras.
El caso volverá a la Corte Distrital en donde se decidirá si se abre o no un juicio contra la multinacional carbonera.
La Drummond fue fundada en 1935 por Herman Drummond en Alabama donde controlaba minas. En Colombia la compañía minera llegó en 1995 a las minas de La Loma, en 1997 adquirió El Descanso y en 2003 se hicieron con las minas de Rincón Hondo y Similoa. Estas reservas han hecho de la Drummond una de las principales empresas del mercado del carbón en el mundo, con una reserva de más de dos billones de toneladas de carbón. El actual dueño y presidente de la multinacional de Alabama es Gary Drummond. Hijo del fundador de la empresa, Gary Drummond ingresó a la Drummond en 1961 después de graduarse en ingeniería civil en la Universidad de Alabama. Gary Drummond fue el que internacionalizó la empresa y que la volvió una de las principales firmas del mercado mundial de carbón.
Un juez especializado de Bogotá envió copias del expediente para que se investigue la presunta responsabilidad de cinco directivos de la multinacional en el caso, entre ellos Gary Drummond (presidente de la multinacional), Jean Jakim, Augusto Jiménez (presidente en Colombia), Alfredo Araújo (gerente de relaciones con la comunidad) y el coronel Luis Carlos Rodríguez (jefe de seguridad).
En Colombia la firma es dirigida desde 1991 por Augusto Jiménez Neira, abogado de la Universidad Externado de Colombia con una maestría en Harvard. Antes de unirse a la Drummond, Jiménez hacía parte de la firma Jiménez Neira y Asociados, corredores de bolsa y representantes de multinacionales en Colombia.
Alfredo Araujo Castro, primo del ex senador Álvaro Araujo investigado por parapolítica, es el Jefe de Relaciones con la Comunidad de la Drummond.
Luis Carlos Rodríguez fu jefe de seguridad de las minas en La Loma. Antes de ocupar ese puesto Rodríguez era Coronel del Ejército. Dirigió el Batallón de Artillería No 8 San Mateo.
Locarno y Orcasita fueron asesinados por paramilitares al mando de ’Tolemaida’ el 12 de marzo de 2001 cuando se desplazaban en un bus de la Drummond de la mina La Loma a Valledupar donde residían. Mientras que Soler fue asesinado el seis de octubre de 2001.
’El Viejo Miguel’, miembro del grupo paramilitar que ejecutó el crimen, era el jefe de seguridad de la empresa Industrial de Servicios y Alimentos ISA de propiedad de Jaime Blanco Maya, una empresa que tuvo el contrato de suministro de alimentos al casino de los empleados de mina de carbón de la Drummond hasta 2001 y con quien los sindicalistas tuvieron conflictos por la calidad de la comida.
En Colombia, un juez ordenó que se investigara a Jaime Blanco Maya, propietario de la firma Industrial de Servicios y Alimentación, ISA, contratista de la multinacional, por haber sido uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de los dos sindicalistas. Blanco fue detenido el 7 de septiembre de 2010, es medio hermano del ex procurador general, Edgardo Maya, y tiene un proceso por concierto para delinquir y homicidio agravado.
Por este caso han sido condenados los paramilitares Óscar Ospino alias ’Tolemaida’ a 30 años de prisión, y a Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ’Samario’ y Jairo de Jesús Charris Castro, alias ’El Viejo Miguel’ o ’Miguel’. El primero a nueve años de cárcel, y el segundo, a 30 años de prisión.
5 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
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querellas por violencia sexual


Violencia sexual en dictadura: presentan nuevas querellas.Las detenidas sufrieron violaciones y vejámenes sistemáticos.

[Carolina Miranda C.] Santiago, Chile. Cuatro acciones judiciales interpondrá hoy, en la Corte de Apelaciones de Santiago, la ONG Corporación Humanas con el fin de poner sobre el tapete la violencia sexual como método de tortura y obligar al Estado a investigar estos hechos a la luz del derecho internacional, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas.
Hoy, a las 11 horas en la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corporación Humanas, a través de la abogada Paulina Maturana, dará un paso más en el esfuerzo de la ONG para que se investigue la violencia sexual aplicada, como método de tortura, a víctimas de la dictadura.
La presentación de cuatro nuevas querellas será realizada en el marco de la investigación sobre violaciones de DDHH que realiza el juez Mario Carroza y que contempla 725 casos de ejecutados políticos y las causas de la muerte del presidente Salvador Allende.
En la práctica, Corporación Humanas considera sustancial visibilizar la violencia sexual como método de tortura y por ende, obligar al Estado chileno a investigar estos hechos a la luz del derecho internacional, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas.
Las acciones judiciales serán por delitos de asociación ilícita para secuestrar, torturar y aplicar tratos crueles, inhumanos y degradantes en los casos de Elizabeth Rubio, Catalina Palma, Ximena Zavala y Carmen Gloria Díaz, que sufrieron violencia sexual durante el régimen militar.
Un aspecto relevante es que -en estas nuevas querellas- se presentan casos de mujeres chilenas que fueron torturadas en Argentina, en el marco de la Operación Cóndor, lo que presenta un antecedente que permite no sólo concluir que la tortura fue una práctica sistemática en Chile, sino que también investigar la conexión entre las dictaduras de cono sur.
Este hecho, asegura la abogada Maturana, "permitirá a la Justicia Chilena investigar y establecer la existencia de una asociación ilícita entre las dictaduras de Chile y Argentina para la tortura de mujeres chilenas".
Hasta antes de la presentación de querellas por parte de Corporación Humanas, no existían procesos judiciales que apuntaran a la dimensión de género de la tortura. En definitiva, explica la jurista, "no se ha considerado la especial situación de las mujeres víctimas de la dictadura, cuya forma de tortura fue el abuso sexual".
En diciembre, la Corporación Humanas interpuso la primera querella por violencia sexual como forma de tortura aplicada a Patricia Herrera, militante del Partido Socialista que fue detenida en 1974 y víctima de vejaciones.
Herrera tenía 19 años y era estudiante universitaria. Fue detenida en la noche del 27 de junio de 1974 y llevada a un centro de detención y tortura que había en la época bajo la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, donde, mientras la tenían encañonada con una pistola, la violaron sistemáticamente durante 11 días.
Tras pasar por otros centros de tortura, un pabellón secreto en el que se convirtió en una "desaparecida" y por un campo de concentración, el 2 de septiembre de 1975 fue puesta en libertad y empezó su exilio en París.
"Es una querella simbólica, porque es la primera vez que estamos diciendo con todas sus letras: las mujeres fueron torturadas durante el gobierno militar y la forma de tortura que sufrieron fue la violencia sexual", dijo -en esa ocasión- Maturana.
La abogada ha señalado que durante el régimen militar miles de mujeres fueron violadas de forma "sistemática y generalizada".

Lo Que Dice el Derecho Internacional
Distintas normas internacionales prohíben la tortura. Chile ha suscrito:

· Convenios de Ginebra, relativos al Derecho Internacional Humanitario o derecho de los conflictos armados. En ellos, se define la aplicación de tortura como una infracción grave y se le califica como crimen de guerra. Se establece un régimen especial respecto a la prescripción, amnistía y punición por toda la Comunidad Internacional.

· La Declaración Sobre Protección a Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, adoptada en Resolución 3452 del 9 de Diciembre de 1975, que es el precedente de la Convención contra la Tortura.

· La Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, que define tortura como "todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sea físico o mental, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores sean ocasionados por funcionarios públicos u otras personas en ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a éstas".

Garantías de No Repetición
En Chile, a pesar de que 3.399 mujeres prestaron su testimonio ante la Comisión Valech, existe un déficit de relatos de mujeres que se expresa en la ausencia de un análisis global de lo ocurrido con ellas en dictadura. Hasta antes de la presentación de querellas por parte de Corporación Humanas, no existían procesos judiciales que revelaran la dimensión de género de la tortura. En definitiva, no se ha considerado la especial situación de las mujeres víctimas de la dictadura, cuya forma de tortura fue el abuso sexual.
5 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
©la nación
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peones reducidos a servidumbre


En varios operativos de la AFIP, en campamentos de Paraje Monte del Rosario, en Córdoba, fueron detectados 140 jornaleros rurales en condiciones de trabajo deplorables. Dormían en cuchetas no más anchas que sus cuerpos. El caso lo lleva el polémico juez Bustos Fierro.
Argentina. En un campo de Córdoba, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 140 trabajadores rurales que realizaban tareas manuales de desflore de maíz en condiciones de extrema insalubridad y precariedad en tres campamentos dentro de un establecimiento agropecuario ubicado en el Paraje Monte del Rosario. Los jornaleros llegaron desde Santiago del Estero para trabajar en el establecimiento de la firma cerealera Pioneer Argentina SRL. Sin embargo, no estaban registrados a nombre de esa empresa, sino que fueron empleados por Adecco Specialities SA, prestadora de servicio eventual. "Nos encontramos con empleadores que planifican nocivamente la relación laboral", subrayó el director general de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, en diálogo con Página/12. Los resultados del allanamiento ya están a disposición del Juzgado Federal Nº 3 para avanzar en la investigación. A su vez, la AFIP presentará una denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en sede judicial.
El organismo, a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, realizó un allanamiento en el campo El Espinillo, ubicado en el Paraje Monte del Rosario, y que explota la empresa Pioneer Argentina, dedicada a la producción y comercialización de semillas de altísima calidad. "El trabajo prestado en las condiciones que detectamos es ilegal; pero si el trabajo es prestado en condiciones infrahumanas, como las que detectamos en este campo, estamos hablando de esclavitud, que en el siglo XXI no podemos permitir que ocurra", afirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien además enfatizó que "en este caso se descubrió una planificación laboral nociva de un grupo económico multinacional".
Los agentes detectaron condiciones de extrema insalubridad y precaridad en tres campamentos del establecimiento, donde relevaron 158 trabajadores: 140 hacían tareas manuales de desflore de maíz y el resto se dedicaba al mantenimiento de los cultivos y la preparación de la tierra. Los jornaleros estaban alojados en ajustados nichos distribuidos en casillas de chapa, como si se tratara de la estructura de un palomar, sin ningún tipo de aislante térmico ni contra insectos. Esas cabañas eran de 2,20 metros de altura por 1,50 aproximadamente de ancho, y no tenían luz eléctrica. En los controles se detectó que el agua para consumo de los trabajadores estaba en tanques de PVC apoyados sobre la tierra y expuestos al sol durante todo el día. El líquido allí depositado se extrae de los mismos pozos usados para el riego de los campos.
Por otra parte, los baños de los campamentos son una construcción de tres lados que no tienen puerta y con un pozo donde van los residuos, según se informó. También hay sectores de duchas, aunque algunos empleados manifestaron a los agentes que nunca tienen agua. "Todo el campo está señalizado y está indicado dónde está el sector de cocina, por ejemplo", contó Sánchez. Los jornaleros, oriundos de varias localidades de Santiago del Estero, manifestaron que fueron empleados por Adecco Specialities SA, empresa contratada para esa tarea por Pioneer. "La empresa cerealera tercerizó (la contratación) a través de Adecco. Consideramos que es una precarización de la condición laboral", aseguró Sánchez.
Los peones no tienen permitido abandonar el campo, a 40 kilómetros de los servicios esenciales, hasta que terminen el trabajo. Los agentes constataron que cobran 97 pesos por día y que se lo pagan al final del trabajo. A esa suma le descuentan dinero en caso de dañar las plantas, pero ninguno de los trabajadores conocía cómo se medía ese daño, por lo que no sabían cuánto iban a recibir. "Las empresas que tercerizan a sus trabajadores deberían controlar que los empleados que prestan servicios lo hagan en las condiciones establecidas por la ley. De lo contrario, estamos frente a un ardid para eludir las verdaderas responsabilidades como empleadores", dijo Sánchez.
Por su lado, Pioneer informó mediante un comunicado de prensa que "todos los trabajadores se encuentran debidamente registrados, están enmarcados dentro de lo que exige la ley".
El operativo se realizó a partir de investigaciones por trabajo no registrado o en condiciones ilegales y el allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo del cuestionado Ricardo Bustos Fierro, y participó Gendarmería Nacional. "Llegamos allí por trabajo propio de investigación. Estamos con muchas investigaciones en curso en distintos sectores económicos, decididos a cumplir con las instrucciones de abordar la planificación laboral nociva", explicó Sánchez a este diario. El organismo ahora presentará la denuncia por trata de personas y reducción a la servidumbre en el Ministerio de Trabajo de Córdoba y en sede judicial. Las posibles sanciones se encuadran en delitos previstos en la Ley 24.769 por evasión previsional que prevé penas de prisión de 2 hasta 6 años.
[Informe de Soledad Arréguez Manozzo.]
5 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
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comprobados vuelos de la muerte


Megacausa Primer Cuerpo del Ejército. La Fiscalía dio por comprobada la existencia de los vuelos de la muerte.
Argentina. El fiscal federal Federico Delgado dio por "probado" que desde la base aérea de El Palomar partieron vuelos desde los cuales se arrojaron prisioneros a las aguas del Río de la Plata y del mar durante la última dictadura militar y le solicitó al juez Daniel Rafecas que ordene las diligencias que considere pertinentes. En el mismo dictamen, que se basa en la declaración de más de seiscientos ex conscriptos, Delgado reconoce que los testimonios no aportan precisiones sobre los responsables o las víctimas, lo que impide efectuar una imputación concreta contra los responsables militares de los testigos.
A través de un escrito de más de cuarenta carillas, Delgado sostuvo que en el predio comprendido entre las calles Benjamín Matienzo, Capitán Rosales, Derqui José Rodó, el arroyo Morón y las vías del ferrocarril San Martín, operaba "el grupo de tareas denominado G 100 que materializaba la represión ilegal". Tras analizar el resultado de una paciente investigación de más de un año y medio, el fiscal solicitó "formalmente" al juez Rafecas que "declare judicialmente probado la existencia de los denominados ’vuelos de la muerte’ en la Primera Brigada Aérea de El Palomar y que disponga las diligencias que considere necesarias para someter esta investigación parcial y sus conclusiones al escrutinio de la sociedad civil".
Delgado sostuvo que en esa base aérea "los ciudadanos de 18 años eran convocados al servicio militar obligatorio y eran cuidadosamente separados de la sangrienta represión que se estaba llevando a cabo. En ese sitio despegaban aviones en vuelos regulares y de los ’otros’. Algunos aviones partían hacia la Antártida. Otros llevaban por el país a planteles de fútbol que competían en el Mundial de 1978".
"Así como había personas privadas ilegalmente de la libertad, otras disfrutaban de las piletas, de las canchas de tenis e incluso de un frontón en el que otras personas esperaban ser trasladadas en un avión con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado: la muerte", explicó el representante del ministerio público.
En esa base aérea "convivió" un aspecto "legal del Estado con una fase criminal. Allí donde algunos conscriptos cumplían con el servicio militar, también habitaba el temido grupo de tareas G 100 que regenteaba la Mansión Seré". Donde esos mismos jóvenes pasaban sus días, había personas que ingresaban a lo que se denominó la "casita de la muerte", y otros eran torturados.
Precisamente los testimonios de más de seis centenares de ex "conscriptos" que realizaron el servicio militar en esa base durante la última dictadura fueron el andamiaje en el que se basó la investigación, ya que ellos advertían sobre la existencia de "vuelos" aunque ninguno pudo dar precisiones sobre tripulantes de esos aviones o víctimas que hubieran sido arrojadas a las aguas.
Los testimonios son "menciones que carecen de la entidad necesaria como para construir una imputación, siquiera con el escaso grado de sospecha" que exigen las normas legales, "al menos por ahora y carecen de esa mínima certeza porque se trata de nombres derivados de la memoria de los testigos que, a su vez, remiten a versiones que se oían en la época de los hechos y que, para colmo de males, no tienen ningún tipo de referencia espacio temporal y tampoco de alguna víctima", añadió Delgado.
5 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
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