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cómo hizo la gata su fortuna


Enilce López, ’la Gata’, la poderosa empresaria del chance de la Costa, y en Sucre y Bolívar, fue condenada a nueve años de prisión por aliarse con paramilitares, pero por estar enferma pagará la condena en su domicilio. Perfil.
Colombia. La última vez que Enilce López Romero apareció en público fue en septiembre de 2008, cuando comenzó el juicio por presunto lavado de activos contra ella y su hermano Arquímedes Romero, por unos negocios con el municipio de Montecristo, Bolívar. Por este caso, la polémica empresaria del chance había sido detenida el 12 de febrero de 2006 en su casa en Magangué en un operativo de madrugada con gran despliegue de fuerza pública.
Ese día López Romero o ’la Gata’, como es conocida en el mundo del chance, fue trasladada en una ambulancia desde la Clínica de la Asunción en Barranquilla hasta Cartagena para comparecer en la etapa pública del juicio. La bajaron en camilla con una sonda, no era ni sombra de la mujer arrogante detenida 30 meses antes que reclamaba el respeto de sus derechos y denunciaba una persecución en su contra.
Desde entonces nadie la ha vuelto a ver públicamente. La orden de detención carcelaria fue cambiada por domiciliaria, pues su estado de salud era delicado. Personas allegadas a su familia dicen que hoy pesa menos de 40 kilos, y que durante el tiempo que estuvo presa en la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá (entre 2006 y 2007, antes de ser trasladada a la cárcel de Santa Marta y después  a una clínica en Barranquilla por problemas de salud), la envenenaron. Otros testimonios dicen que la depresión la llevó a no comer más y su organismo se debilitó, ante lo que la alimentaban con una sonda y permanecía todo el tiempo dormida.
Aunque había sido absuelta por el caso de lavado de activos, la fiscalía, con base en otra denuncia, por el homicidio del vigilante del peaje de El Carmen de Bolívar, Amaury Fabián Ochoa Torres, el 12 de junio de 2000, por miembros del Bloque Héroes de los Montes de María al mando de alias ’Amaury’, le dictaron una nueva medida de aseguramiento.
Esta semana, el Juzgado Séptimo Especializado del Circuito Judicial de Bogotá, la condenó a nueve años de cárcel por el delito de concierto para delinquir, por sus nexos con los grupos paramilitares que operaban en Bolívar y Sucre, sobre los cuales, según aseguró el juez, la empresaria ejerció influencia.

Quién Es La Gata
A mediados de los noventa, López  Romero era una desconocida que recorría Bolívar y Sucre presentando a su sobrina Wendy Vanessa López Romero, como concursante a Niña Colombia. En las apariciones públicas, la niña, elegantemente vestida y con una corona sobre su cabeza, entregaba aguinaldos a niños pobres. A fuerza de la promoción que hiciera su tía, que la presentaba como su hija, fue elegida como Niña Colombia.
Enilce López Romero, nació en la vereda El Naranjo, de Sucre (Sucre), en La Mojana, y  amasó una fortuna en el negocio de apuestas permanentes conocido como el chance. Su negocio arrancó en Magangué con el nombre de Apuestas El Gato, por un gatico que merodeaba por el local donde tenía una heladería, una venta de discos y de apuestas. El negocio se extendió rápidamente por las sábanas de Sucre y Bolívar, en especial en la región de Los Montes de María, Sincelejo y Magangué.
Desde finales de los ochenta se comenzaban a escuchar historias sobre ella. En Magangué se hablaba con temor y reverencia porque se movía con habilidad en negocios propios de hombres a orillas de este puerto bolivarense, que vivía una difícil época de inseguridad por el secuestro y la extorsión que ejercía la guerrilla desde Los Montes de María.
Se casó con el oficial retirado de la policía Héctor Julio Alfonso Pastrana con el que tuvo tres hijos: Juan Carlos, Jorge Luis y Héctor Julio Alfonso López, éste último actual senador de la república.
En Magangué comenzó el negocio del chance de la mano de su compadre Jesús María Villalobos Luna, alias ‘El Perro’, conocido en Cartagena porque manejaba las apuestas desde el mercado público de la ciudad. Pero López cogió vuelo rápidamente.
El negocio de apuestas El Gato creció tan rápido, que en Magangué y Bolívar comenzó el mito de que Gilberto Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, había sido amigo y socio de La Gata y en su desesperada huida antes de caer muerto en una persecución del Bloque de Búsqueda en el Golfo de Morrosquillo, entre Sincelejo y Tolú, le había dejado unas canecas llenas de dólares; algo que ella ha negado en varias entrevistas.
En Magangué y Cartagena, cuando la capturaron, la gente de los barrios pobres y centenares de vendedores de chance y gentes del mercado, marcharon y protestaron durante varios días por su captura.
Una vez legalizado el negocio del chance sus ventas superaban a las loterías departamentales, manejadas entonces por los partidos políticos tradicionales como feudos. Las loterías públicas, en manos de representantes de liberales y conservadores, se arruinaron, a tal punto que  la lotería de Sucre, La Sabanera,  ha sido liquidada dos veces en menos de cinco años, Bolívar, Córdoba, Atlántico y Libertador en el Magdalena, desaparecieron  agobiadas por sus deudas y pasivos laborales.
Tras varias décadas de ilegalidad, a finales de 1990, el Congreso de la República aprobó una ley que obligaba a entregar el negocio del chance a través de licitación pública, previos estudios de mercado para determinar el volumen de ventas, gastos y saber qué utilidades dejaba para fijarle a las empresas concesionarias del chance un impuesto fijo para otorgarles los contratos por cinco años.
Fue así como en 1999, en todos los departamentos comenzaron a aglutinarse las distintas empresas que vendían apuestas. En Atlántico, el departamento de mayor volumen de ventas, existían en ese año 28 casas de apuestas permanentes. Cada una tenía autorización para sacar talonarios y la fuerza de ventas la daba el mayor número de promotores. Meses antes de que se definieran los términos de la licitación, las distintas casas de apuestas se declararon la guerra vendiendo por debajo del precio aprobado, prometiendo mayores premios a los apostadores y comisiones más altas a los vendedores.
La promotora de esta competencia desleal, dijeron en ese entonces los apostadores en el Atlántico, fue López Romero, que en ese entonces sólo tenía negocio en Bolívar y Sucre.  Pero ante la legalización del negocio y con su poderío económico, entró en Barranquilla pisando fuerte.
El paso siguiente fue presionar a una unión y conformar una unión temporal, en la que entraron veinticinco casas de apuestas que hoy tienen un total de 70 socios. La Unión Temporal Uniapuestas ganó la licitación durante la gobernación de Rodolfo Espinosa Meola, oriundo de Magangué, paisano de doña Enilce.
En Bolívar, la convocatoria a una licitación también fue traumática, porque ella había hecho un pacto con su compadre Jesús María Villalobos, ’El Perro’, el vendedor de apuestas más viejo de la costa, para repartirse el mercado: ella de los Montes de María hacia el sur y él hacía el norte hasta Cartagena. Pero La Gata no estaba conforme y quería más, quería el control total. Y se metió en los terrenos de ’El Perro’ financiando campañas políticas para después cobrar el favor.

Política y Paramilitarismo
Aunque a finales de los 90, ’la Gata’ tenía influencia política en varios municipios, fue en el comienzo de este siglo cuando su nombre cobró fuerza financiando la campaña del  liberal Luis Daniel Vargas en 2000 y la de Libardo Simancas en 2003. El compromiso era que le otorgaran la licitación del chance a su empresa Unicat. No sin antes pelear con ’El Perro’.
Después de denuncias y disputas, se repartieron el negocio entre los dos, Unicat e Inverapuestas. En Sucre no tuvo opositores y desde hace nueve años Aposucre y en Magdalena Aposmar, ambas de López Romero, tienen la concesión de las apuestas.
Es decir, que en cuatro departamentos sus empresas, unas en sociedad y otras como única socia, tienen el control de uno de los negocios más lucrativos del país.
Su poder económico llegó a ser tal que se convirtió en un factor político que financiaba candidatos a corporaciones públicas, alcaldías y gobernación. Pero los políticos volteándosele cuando decidió postular a su hijo Jorge Luis a la alcaldía de Magangué en 2003 y a Héctor Julio Alfonso López a la Cámara de representantes en 2006, obteniendo la mayor votación de la región y eligiendo dos representantes a la Cámara.
El paso por la alcaldía de su hijo Héctor Julio fue desafortunado, el mal gobierno y la corrupción, le valió varias investigaciones disciplinarias y penales e incluso llegó a tener orden de captura pero no estuvo preso. Los procesos fueron precluídos.
Pero el dolor de cabeza comenzó en el año 2006, cuando anunció la postulación de su hijo Héctor Julio con el aval del Partido Conservador, que presidía entonces el exministro Carlos Holguín Sardi, quien lo apoyó al principio, pero le retiró el aval faltando un mes. Finalmente, horas antes del cierre de las inscripciones de candidaturas, Apertura Democrática le dio el aval y se convirtió en el fenómeno de las elecciones de marzo del 2006.
Un mes antes de las elecciones de ese año, ’la Gata’ fue detenida por una investigación de lavados de activos que se le inició a ella, a su hermano Arquímedes y al entonces alcalde de Montecristo. Los dos hermanos fueron absueltos pero el político fue condenado.  
Los directivos del Partido Conservador en Bolívar, Dayro Bustillo y Fernando Tafur, inconformes con la decisión de Holguín, se fueron con el hijo de La Gata, que logró en un mes de campaña sacar la mayor votación entre todos los partidos, derrotando al liberalismo, al partido de la U y a Cambio Radical.
López Ganó porque tenía su propia fuerza: los empleados del chance.

Los Paras y ’la Gata’
Los antecedentes de la familia de Enilse López con grupos paramilitares comenzaron cuando en marzo 11 de 1996, el gobierno nacional le autorizó a Álvaro Botero Maya, de una familia con haciendas en Magangué recibir armas de dotación militar.  
Botero creó la Convivir ‘Esperanza Futura’ en sociedad con Héctor Julio Alfonso Pastrana, de ‘La Gata’. Desde antes de la creación de esta Convivir, ya había denuncias de la población civil de abusos por partes de hombres que aparentemente trabajaban para los Botero Maya. Es de notar que Botero y su socio, que tenían sus propiedades muy lejos de Palmito y Coveñas, donde Piedrahita tenía las suyas, crearon la Convivir en la misma fecha exacta  del Nuevo Amanecer. Este detalle hace pensar que la estrategia de arropar de legalidad a los grupos paramilitares que ya venían dejando víctimas fue tal vez, orquestada más arriba.
Piedrahita fue capturado en mayo de 1999 por orden de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, investigado por homicidio y conformación de grupos de justicia privada.  
Al tiempo que López incursionaba en política, en unas ocasiones apoyando candidatos al Senado, a la Cámara, alcaldías y gobernaciones, en 2000, Bolívar y Sucre ya eran controlados por los grupos paramilitares.
A comienzos de 1997 Carlos Castaño ordenó a Salvatore Mancuso conformar un grupo para enfrentar a la guerrilla en la subregión de Los Montes de María, en donde el Frente 37 de las Farc delinquía sin que nadie se los impidiera. Los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Córdoba y Zambrano en Bolívar, y Ovejas, San Onofre, Tolu Viejo, Tolú y Coveñas, estaban en la ruina, muchos de sus pobladores secuestrados, extorsionados y arruinados y una gran cantidad de poblaciones aisladas.
Un grupo entró a Los Montes de María encabezado por Edwin Tirado, alias ‘El Chuzo’, un hombre de confianza de Mancuso y por el Golfo de Morrosquillo, Tolú, San Onofre ingresaron Cadena y Juancho Dique. En la región de Magangué ya se había conformado otro grupo encabezado por el ganadero antioqueño Joaquín Botero, quien había constituido una convivir con el oficial retirado de la policía Héctor Julio Alfonso Pastrana, esposo de Enilce López.
Cuando desaparecieron las Convivir, esa misma estructura se transformó en un grupo armado irregular que patrullaba la zona, controlaba una ruta del narcotráfico con droga proveniente de La Gabarra y el sur del Cesar, y también se dedicaban al hurto de gasolina chuzando el tubo de Ecopetrol. Las autodefensas comandadas por Castaño y Mancuso establecieron una alianza con el grupo de Magangué y fortalecieron la estructura con comandante con conocido con el alias de ‘Amaury’.
Durante más de tres años, entre 1997 y 2000, hubo centenares de muertos.
Los grupos paramilitares entraban a los pueblos de noche o en las madrugadas, buscando auxiliadores da la guerrilla se los llevaban y después aparecían muertos o simplemente desaparecían en las aguas del Magdalena. A finales de 1997 alias ‘El Chuzo’, fue capturado y en su remplazo fue enviado Sergio Manuel Ávila, conocido con el alias de 120, ¿el Gordo’ o ‘Caracortada’,  quien se desempeñaba como capataz de varias fincas que Mancuso tenía en el municipio de El Guamo. Muchos desaparecidos, confesó ‘120’ ante Justicia y paz, fueron arrojados al río.
En el 2000 fue enviado como comandante del grupo Héroes de los Montes de María Eduar Cobo Tellez, alias Diego Vecino, quedando como comandante militar alias ‘Cadena’ y a Juancho Dique lo enviaron a la zona norte del departamento de Bolívar, cubriendo los municipios de Maríalabaja, Arjona, Turbaco, Turbana, los municipios ubicados a orillas del Canal del Dique, donde se constituyó un frente incluida Cartagena.
Los dos grupos, el encabezado por 120 y el de Cadena y Juancho Dique, se apoderaron del territorio, llegando a controlar con su poder militar 18 municipios de Bolívar y todos los municipios de Sucre en el Golfo de Morrosquillo y en la región de las sabanas. Ese control militar territorial, lo ejercían cobrando impuesto a los ganaderos, a los negocios y apoderándose de las finanzas territoriales.
En el informe de ‘Memoria Histórica sobre la masacre de El Salado’, una de las hipótesis sobre este crimen dice que las autodefensas incursionaron a ese corregimiento de Carmen de Bolívar en febrero del año 2000, fue para recuperar 400 reses que la guerrilla había robado en una de las fincas de López, de acuerdo con versiones de varios desmovilizados.
Otro aspecto que se ha investigado en la región tiene que ver con la reunión que se realizó en agosto de 2003, en Barranco de Loba, Bolívar, con el jefe paramilitar de esa zona Ernesto Báez, a la que asistieron exalcaldes, alcaldes, candidatos a alcaldes, exconcejales, concejales y aspirantes a concejales, así como algunos aspirantes a la Asamblea departamental, delegados de los comandantes de las autodefensas, miembros de movimientos como No al Despeje y Asocipaz, quienes acordaron con el jefe paramilitar votar a para la gobernación de Bolívar por Alfonso López Cossio.
A esa reunión fueron 800 personas, y fue toda una fiesta. Algunos asistentes le contaron a VerdadAbierta.com que los organizadores sacrificaron cinco vacas y sancocharon 800 kilos de yuca con jugo de mango. Llegaron gentes de todos los rincones del sur: Morales, Arenal, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, Regidor, Río Viejo, El Peñón, San Martín de Loba, San Antonio, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Boca de Honda y Magangué.
El propósito era el de notificar a los asistentes que de parte de los movimientos de autodefensa existía la voluntad de apoyar candidatos únicos a las alcaldías y a la gobernación. Los descalificados debían desaparecer.
Esto fue contado por Eugenio Reyes Regino, alias ‘Geño’ y Emiro Correa Viveros, alias ‘Convivir’, quienes vieron que Enilce López habló con Mancuso. ’Geño’ en su versión, dijo que él personalmente, escoltó la entrega de los dineros a todos los candidatos a concejos y líderes en los pueblos para que votaran por el candidato de La Gata, quien finalmente resultó ganador y su administración, desde el comienzo hasta el final, estuvo controlada por recomendados de La Gata.  Cuando ocurrió el cambio de candidato, el gobernador Luis Daniel Vargas dio unas declaraciones a los medios diciendo que el gobierno nacional debería intervenir y suspender las elecciones, pues los paramilitares estaban interviniendo en política.

La Maldición de la Política
Pero para Enilce López y sus hijos, ingresar a la política se convirtió en su mayor desgracia y en una tragedia familiar. Su vida comenzó a declinar desde febrero de 2006, cuando en medio de un fuerte operativo coordinado desde Bogotá por la Fiscalía y el CTI, llegaron en la madrugada a su casa en Magangué y se la llevaron detenida a ella y a su hermano Arquímedes, por presunto lavado. La trasladaron a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Estando en el penal, una reclusa se le acercó con el fin de brindarle protección y atención. Era su sombra. Esta mujer se encargaba de suministrarle alimentos y cumplir con todos sus caprichos. Pero sus allegados aseguran que la envenenó con una sustancia que le afectó el hígado y los riñones.
En 2008, su deterioro físico comenzó a ser evidente cuando comenzó el juicio en Cartagena por lavado de activos, tenía la cara hinchada, estaba delgada y su voz se había apagado. Por lo que el Inpec ante una petición de la familia y de la defensa, la trasladó al Buen Pastor de Santa Marta, donde permaneció unos meses y donde era visitada regularmente por dirigentes políticos regionales buscando su apoyo para las regionales de 2007. Su estado de salud se deterioró y fue traslada a una clínica en Barranquilla y después a su casa en el barrio Golf, donde actualmente vive.
Personas que la han visto o que han escuchado a sus familiares y amigos, dicen que está muy enferma. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel se alimentaba con sondas y un grupo de especialistas le diagnosticó trastornos hepáticos y cardíacos, y una depresión severa.
Enilce López y sus hijos dijeron que la política había sido la fuente de su tragedia y su desgracia, por eso su hijo Héctor se retiró de la Cámara y Jorge Luis de la alcaldía de Magangué.
Actualmente es socia de Uniapuestas en Barranquilla y Aposmar en Santa Marta, y propietaria de Unicat en Bolívar donde comparte el negocio con Inverapuestas y es dueña de Aposucre. La historia del chance alrededor de ella está llena de historias de traición y muerte. En el año 2004, uno de los socios de Uniapuestas en Barranquilla, Renato Fabián Pardo, fue asesinado en el interior de la empresa luego de haber sido citado para una reunión de socios. Pero antes de que se apoderara del negocio en Atlántico, hubo una guerra que cobró 19 muertos en menos de tres años.
Enilce López, dice un abogado, aunque sea la socia mayoritaria, no es Uniapuestas. Sostiene que hay que separar la persona natural de la jurídica y si la popular Gata tiene cuentas pendientes con la justicia, pues la justicia se encargará de cobrársela, pero dice que no tiene por ello que pagar una empresa que ha cumplido su compromiso a pesar de la sombra que la cubre.
El negocio del chance no es de grandes y sofisticados empresarios, es de gente que hace muy poco dejó atrás una larga vida en la clandestinidad, la trampa, la ilegalidad y el crimen. Es un negocio de aproximadamente dos billones de pesos anuales en los cuatros departamentos y, que en sólo Atlántico ha pagado premios en  cinco años por trescientos mil millones de pesos a los apostadores y pagará en los próximos cinco años setenta y tres mil millones de pesos a la salud.

La Muerte en Su Familia
La Gata ha amasado una fortuna incalculable, pero en veinticinco años de ascenso y poder, también ha conocido el lado oscuro de la tragedia: su padre José López fue secuestrado y pagó por su rescate doscientos millones de pesos, pero murió veinte días después que lo devolvieron; su esposo Héctor también fue secuestrado y por él pago trescientos millones, y sus hermanos José Domingo, Exiquio y Eligio fueron asesinados.
A José Domingo las Farc le aplastaron la cabeza pasándole un carro por encima y a los otros los asesinaron a tiros y remataron con granadas. Su hermano medio hermano Arquímedes estuvo preso y ella agoniza en su casa viendo como su imperio se derrumba por haberse metido en la política.
Con su poder económico ha apoyado la elección de William Montes al senado en 2002 y de Nicolás Curi en 2005 a la alcaldía de Cartagena; a Libardo Simancas (condenado por la parapolítica), a la gobernación en 2004; a Alfonso López Cossio en 2007.  
En 2007, su hijo Héctor Julio, exalcalde de Magangué, anunció que no participarían más en política.  Pero en el 2010 su hijo Héctor Julio y Antonio Correa fueron elegidos al Senado, éste último había sido secretario de salud de Magangué cuando Jorge Luis fue alcalde.
En Cartagena se dice abiertamente que este año La Gata, a pesar de estar detenida y condenada, seguirá siendo un factor determinante en la política con candidatos financiados por ella a la gobernación del departamento y a la alcaldía de Cartagena.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
©verdad abierta
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indios awá después de la masacre


Los cuerpos de las personas que murieron no han podido ser recuperados, el pueblo sigue siendo amenazado. Sus líderes dicen sentirse solos. En el 2010, 15 de ellos fueron asesinados y dos desaparecidos. Se sienten amenazados por paramilitares, ejército y guerrilla.
Colombia. Esta semana, el 4 de febrero, se cumplen dos años de la masacre de indígenas awá. "De una de las masacres", aclara Alex Guango, presidente de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, UNIPA.
Y es que no solo ha sido una la masacre que ha vivido este pueblo. Aunque la que más se recuerde sea la de once indígenas -entre los que había dos embarazadas-, que acusados de ser colaboradores del ejército fueron asesinados con machete y cuchillo por las Farc en el resguardo Tortugaña-Telembí, en Nariño, han ocurrido otras.
En agosto de ese mismo año fueron asesinados doce awá, entre los que había cuatro niños y tres adolescentes. Esta vez en el resguardo Gran Rosario. Dos meses después, el 27 de octubre, hombres armados mataron a otros tres indígenas de la misma comunidad en un sitio conocido como La Guayacana, también en Nariño.
El 2010 tampoco fue un año seguro para este pueblo. Alex Guango dice que 15 personas fueron asesinadas y dos desaparecidas. El 2011 empezó con amenazas y el peligro de tener que transitar por senderos minados. Terminaba enero cuando un joven, de 14 años, fue víctima de una mina. Murió.
"Estamos amenazados por los actores armados, legales e ilegales, que se mueven en la zona", asegura el líder indígena, quien además lamenta, que hoy dos años después de la masacre que visibilizó su situación, no hayan podido recuperar los cuerpos de los indígenas, que el 4 de febrero de 2009 perdieron la vida.
"No hemos podido cumplir con los rituales de despedida. A los familiares de quienes murieron los han sometido a pruebas para lograr su identificación, pero esta es la hora y no hay resultados. Han dicho que ya tienen identificados a tres, pero nosotros necesitamos que nos devuelvan los cuerpos de todos", asegura Juan Edgardo Pai, líder de UNIPA, quien reconoce que en este momento ni siquiera sabe con exactitud en dónde podrían estar los cuerpos. "Creo que en Tumaco", dice.
En Tumaco o en Cali, donde dice Alex Guango también pueden estar algunos de los cuerpos, lo cierto es que ya no le podrán dar la despedida, como el pueblo awá acostumbra a hacerlo. Es una ceremonia que se hace a un año de que la persona muera.
"Durante los primeros doce meses después de que fallece se guarda luto. No se baila, no se toma licor. Pero una vez se cumple el tiempo, el día del primer aniversario se realiza un evento donde se pone al muerto en una mesa, cubierto con una sábana, rodeado de sus objetos personales más preciados y comida", cuenta el presidente de UNIPA.
Por eso, la idea de despedirse como es costumbre y de la forma como sienten que sus muertos podrán descansar en paz, ya no podrá hacerse. "No vimos voluntad del gobierno en ayudarnos a recuperar los cuerpos. Estamos solos", dice el líder indígena, quien asegura además que pese a los llamados que en repetidas ocasiones han hecho en busca de protección, poco atención han recibido. "Así como en un principio, en el caso particular de la masacre del 4 de febrero de 2009, pusieron en tela de juicio nuestras versiones, ahora vemos que sucede lo mismo", dice.
Para Pai, el otro líder, la amenaza es latente. "La situación es grave para los más de 20 resguardos que conforman nuestro pueblo", sostiene.
Pero, ¿cuál es la principal amenaza? "FARC, ejército, paramilitares. Todos por igual han sido una amenaza para nuestro pueblo, por eso nos sentimos así, solos. Estamos olvidados por el gobierno", dice Pai.
La situación no es fácil. Territorios minados, ser acusados de un lado de ser colaboradores del ejército y del otro de serlo, pero de la guerrilla, ponen en riesgo a este pueblo, que según sus líderes a pesar de "que se han sostenido reuniones, foros y audiencias con diferentes instancias en las que hemos manifestado nuestras inquietudes, no hemos encontrado respuesta, a veces parece que no se tiene en cuenta el Auto 004/09, en el queda claro que el conflicto armado amenaza con el exterminio cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país".
Por eso hoy, dos años después de la masacre de los awá, el pueblo se siente solo, sus indígenas desprotegidos, además cuestionan cómo han sido tratados por el gobierno.
"Lo que tiene que ver con la Ley de víctimas y restitución de tierras no ha sido muy claro para todos", dice. Y es que aunque el gobierno y la Mesa de Concertación Nacional de los Pueblos Indígenas acordaron incluir en el proyecto de ley de víctimas un parágrafo para que el presidente sea quien decrete la ley de reparación y restitución de las minorías étnicas, para algunos líderes no es suficiente.
"Son cosas que quedan en el papel", dice Pai, mientras Alex Guango reitera: "no estamos de ningún lado. No somos aliados ni del ejército ni de la guerrilla. Somos un pueblo que ha mantenido la imparcialidad. Lo único que queremos es proteger nuestro territorio, la vida de nuestras familias, poder estar en paz en nuestras tierras".
Cerca de 40 mil indígenas, de tres organizaciones, conforman el pueblo awá. Muchos han ido emigrando hacia Ecuador. Aún no está clara la cifra, pero sí la razón. "El conflicto armado nos está sacando", dice Guango, quien a sus 21 años ha tenido que asumir el liderazgo de la Unidad Indígena del Pueblo Awá y para quien lo más importante es lograr que el gobierno garantice la protección colectiva de sus derechos, a través del Plan de Salvaguarda, ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de enero de 2009 para la protección de 34 pueblos indígenas afectados o en riesgo de desplazamiento forzado.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
©semana
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exsenador martínez a barranquilla


Avanza el traslado del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra a la cárcel El Bosque de Barranquilla, decisión tomada por el Inpec tras conocer sus actos de indisciplina en La Picota.
Colombia. Ante las denuncias sobre los "relajos" protagonizados por el exsenador Juan Carlos Martínez en el centro penitenciario de La Picota, se determinó su traslado a la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde estará recluido hasta que la Corte Suprema de Justicia defina su situación jurídica.
El exsenador se encuentra en estos momentos en la pista de la Base Antinarcóticos y en cuanto se disipe la nieblina viajará en un avión hacia Barraquilla. El operativo comenzó hacia las 5:30 de la mañana.
Su traslado fue ordenado por el director del INPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte, quien explicó este miércoles que la decisión se tomó con base en los actos de indisciplina protagonizados por el exsenador en la cárcel La Picota.
Luego, la Corte Suprema de Justicia aceptó la petición del general Ricaurte y se determinó trasladar al exsenador a una cárcel de máxima seguridad.
"La decisión se toma con base en los actos de indisciplina causados el sábado pasado cuando se celebraba un cumpleaños al interior del centro carcelario de La Picota", explicó el general.
Pero esta no es la única decisión generada por este escándalo. El martes, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció el traslado de la directora de La Picota, Himelda López, quien según el ministro tendrá presentar explicaciones sobre los excesos registrados en el penal.
El INPEC, por su parte, anunció que se endurecerán algunas medidas dentro del pabellón de la ’parapolítica’ en cuanto a los horarios de visitas y el número de personas que pueden ser recibidas. El Instituto señaló que de ahora en adelante serán los días viernes, sábado, domingo y lunes, y que las visitas serán de solo tres personas. Antes eran cinco y el único día en que no se podía recibir visita era el jueves.
Cabe recordar que este martes el INPEC comenzó la investigación por fiestas que se han celebrado en dicho pabellón y entre los eventos se destaca la celebración del cumpleaños del exsenador Martínez.
"Se han seguido presentando circunstancias desafortunadas. Anuncio que en el día de hoy se van a hacer algunos traslados empezando por la directora de La Picota. No se van a permitir más desórdenes. No es la primera vez que esto ocurre", aseguró el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.
3 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
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brasil creará comisión de la verdad


Brasil reafirma el camino a la verdad.
Brasil. Luego que Humans Watch Rights (HWR) divulgó esta semana un documento en el que cuestionó a Brasil porque "nunca procesó a los responsables de la dictadura" y aún mantiene en vigor la ley de Amnistía, la secretaria brasileña de Derechos Humanos, María del Rosario, aseguró que el gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff, está "empeñado" en la creación de una Comisión de Verdad sobre los delitos cometidos por la dictadura militar.
Los diarios locales Folha y Estado destacaron hoy que en respuesta a lo que expresa el documento de HWR sobre el gobierno militar, la funcionaria mencionó "el empeño del gobierno en la aprobación de la Comisión de la Verdad en el Congreso".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también aprobó una condena a Brasil por la vigencia de la Ley de Amnistía, dictada por el presidente de facto Joao Baptista Figueiredo en 1979, y responsabilizó al Estado brasileño por no haber buscado a más de 50 desaparecidos que habrían sido ejecutados por los militares en los años 70 en la región amazónica.
En tanto el diario Estado de Sao Paulo publicó hoy que Rousseff orientó a la secretaria Maria del Rosario que trabaje coordinadamente con los ministros de Defensa, Nelson Jobim, y Justicia, José Eduardo Cardozo, a favor de la Comisión de la Verdad.
Según el matutino la presidenta no admite que haya polémicas públicas entre la secretaria de Derechos Humanos y el titular de Defensa, quien en el pasado cuestionó, junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas, la Comisión de la Verdad.
3 de febrero de 2011
25 de enero de 2011
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franquistas vendían bebés robados


La Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares presentó una denuncia para conseguir la apertura de investigaciones judiciales sobre el destino de 261 niños recién nacidos robados durante la dictadura de Francisco Franco.
España. "Hemos presentado una denuncia hoy al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido", declaró el abogado Enrique Vila. El objetivo es que las fiscalías regionales abran investigaciones sobre todos los supuestos casos de niños robados, precisó.
La denuncia, presentada por la Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir), habla de 261 bebés, probablemente robados durante la dictadura franquista y hasta finales de los años 80, a madres que acababan de dar a luz. "Hay muchas más familias que se sumarán a la denuncia", aseguró Vila.
"Ocurrió en todas las comunidades autónomas. Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago e inscripción como hijo propio", explicó Vila.
Según Anadir, numerosos niños fueron robados a sus madres, a las que se aseguraba que el niño había muerto poco después de su nacimiento para venderlo a familias que no lograban tener niños. Las identidades de los bebés fueron falsificadas y los niños "comprados" figuraban en los libros de familia como hijo biológico de la familia.
La asociación afirma que el origen de estas tramas es el de una "depuración política". Inicialmente se quitaban los hijos a las mujeres republicanas. Según Vila, ésos serían unos 30.000 casos. Pero ese robo de niños continuó después "como negocio" en el que estarían implicados religiosos y personal sanitario, indicó.
Las décadas de los 60 y 70 son las que más de estos registraron, pero las tramas habrían seguido operando con la democracia incipiente y podrían haberse extendido incluso a los años 90.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, había pedido a principios de diciembre al ministerio de Justicia ayudar a los niños robados en el franquismo a recuperar su auténtica identidad.
En una carta enviada al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, le propuso abrir una oficinal encargada de esas investigaciones. La fiscalía recordaba que las investigaciones sobre los niños robados durante el franquismo no están previstas en la llamada ley de memoria histórica, aprobada en 2007 y que buscaba rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Francisco Franco.
Anadir asegura que existen indicios de tráfico de niños y falsificación de documentos públicos, de simulaciones de partos y de secuestros y detenciones ilegales, delitos todos ellos que no prescriben. Por lo que en caso de que la denuncia no prospere, los afectados acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
3 de febrero de 2011
27 de enero de 2011
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investigarán muerte de allende


Por primera vez, Chile investiga la muerte de Allende, a más de 37 años del golpe de Pinochet.
Chile. La justicia chilena investigará las circunstancias de la muerte del ex presidente, fallecido durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El juez a cargo de coordinar las causas por violaciones a los Derechos Humanos había detectado que existían muchos casos de víctimas que no habían presentado ninguna demanda, entre ellos el de Allende. Una autopsia determinó que el ex presidente se suicidó, aunque los resultados siguen siendo cuestionados por algunos sectores políticos y de derechos humanos.
El caso del ex mandatario se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos hasta ahora desconocidas por la Justicia que fueron presentadas ayer por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Beatriz Pedrals.
La fiscal presentó las querellas ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial, quien ahora deberá indagar las circunstancias de la muerte de Allende, que siempre se ha atribuido a un suicidio en el interior del Palacio de La Moneda.
Las causas presentadas ayer corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) respecto de las cuales no se habían abierto hasta ahora acciones judiciales.
Las querellas se presentan después de que el año pasado el magistrado de la Corte Suprema de Chile, Sergio Muñoz, en su calidad de coordinador para casos de derechos humanos, detectara que existían casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en los que no existían acciones interpuestas por sus representantes. Ante ello se elaboró un catastro para verificar el número total de personas que figuraban en esta calidad y se encomendó a la fiscal Pedrals la redacción de las querellas respectivas.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet murieron unas 2300 personas a manos de agentes del Estado, de las cuales unas 1192 tienen aún la condición de detenidos desaparecidos.
3 de febrero de 2011
27 de enero de 2011
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los últimos días de walsh


"Parecía bombardeada, con sus paredes acribilladas a balazos, todo tirado y hasta el inodoro estaba en el jardín".
Argentina. El periodista Jorge Pinedo, ex pareja de Patricia Walsh, describió así las condiciones en las que encontró, el 26 de marzo de 1977, la casa del periodista desaparecido Rodolfo Walsh. Un día antes, Walsh fue baleado en la esquina de San Juan y Entre Ríos por un grupo de tareas que lo trasladó a la ESMA. Pinedo dio su testimonio hoy ante el tribunal que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionaba en el instituto naval durante la última dictadura.
El ex yerno del periodista fue el único testigo que declaró hoy en el juicio oral y público que el Tribunal Oral en lo Federal 5 (TOF5). En su testimonio recordó que al llegar a la casa de Rodolfo en San Vicente, junto con la última mujer de Walsh, su hija y su nieto recién nacido entendieron que "algo muy grave había sucedido. Ibamos a una reunión muy feliz y volvíamos con una viuda, una huérfana y un nieto que no había conocido a su abuelo".
"La relación era entrañable, era mi suegro y el abuelo de mi hijo", dijo visiblemente molesto el testigo cuando el defensor de uno de los represores le preguntó "si hablaba" con su suegro y cuál era el contacto que ambos tenían ya que el testigo había asegurado que el escritor era un "objetivo militar".
En esa línea el ex compañero de Patricia Walsh, quien hoy presenció la audiencia en los tribunales de Comodoro Py, narró que también fue saqueada la casa que el escritor alquilaba en el Delta del Tigre, "cuyo muelle se llamaba ’Liberación’".
El testigo estimó que "la seguridad de Walsh estaba sumamente comprometida porque estaba escribiendo la carta" a la junta militar que hacía un año había usurpado el poder y por ello se "camuflaba intentando aparecer como un profesor jubilado y envejecía su aspecto".
Pinedo señaló que los "hijos y nietos de los imputados" tienen la posibilidad de decir "dónde están los cuerpos" de los desaparecidos y "la obra de Walsh" saqueada durante los allanamientos posteriores a su secuestro; y los instó a hacerlo.
Para esta jornada también estaba previsto escuchar los testimonios de Roberto Sartori y Rafael Elía, familiares de desaparecidos pero sus declaraciones fueron postergadas para una próxima audiencia, indicaron fuentes allegadas al proceso.
Los represores en este tramo de la "megacausa ESMA" son Jorge "el tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Rolón, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio y Ernesto Weber.
A los ex jefes navales procesados se los acusa por un total de 85 delitos de lesa humanidad, entre ellos, además de la desparición de Walsh y el apropiamiento de sus bienes, los secuestros de las fundadoras de "Madres de Plaza de Mayo" Azucena Villaflor y Esther Careaga, y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
3 de febrero de 2011
27 de enero de 2011
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sobre la punibilidad y las perpetuas


"Conmutar las perpetuas aplicadas a adolescentes por delitos cometidos antes de los 18, a un máximo de diez años, hasta tanto se vote el nuevo Régimen Penal Juvenil."
[Claudia Cesaroni] Argentina. Quienes insisten con bajar la edad de punibilidad –la edad a partir de la cual se introduce en un sistema penal a un adolescente– ponen los 14 años como edad mínima. No explican por qué eligen esa edad ni responden a una sencilla pregunta: si se bajara la edad de punibilidad a los 14, y pasado mañana un niño de 13 cometiera un delito gravísimo... ¿Propondrían bajar la edad de nuevo, esta vez a los 12?
Quienes queremos dejar la edad mínima de punibilidad en los 16 podemos explicar por qué no queremos la baja a los 14. Tenemos motivos jurídicos y de política criminal: es regresivo; el único motivo es imponer más castigo y las penas previstas no son intocables, pueden aumentar frente al primer hecho grave; no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15; no se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen, sobre todo la Constitución nacional y la Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez (26.061); la cantidad de adolescentes de 14 y 15 que comete delitos graves es ínfima; si el Estado no puede controlar las instituciones que hoy tiene, menos podrá controlar las que se crearían para niños de esa edad; el sistema penal es selectivo, discriminatorio y estigmatizante y los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos. Y un motivo político: significaría encerrar a más víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó, hijos de las familias disgregadas por el menemismo.
¿Esto significa que estamos de acuerdo con la vigencia del Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278)? No, no estamos de acuerdo:
Porque es otra de las herencias nefastas de la dictadura: no es posible que lo que sucede con los y las adolescentes que transgreden una norma penal esté regido por una norma creada por los dictadores en 1980. Bajo este régimen, jueces manoduristas, aplicando "condenas ejemplificadoras" pedidas por políticos demagogos, y olvidándose de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, han impuesto más de diez condenas a prisión perpetua a adolescentes en nuestro país. Cinco jóvenes –encerrados desde los 16 y 17 años– llevan catorce años encerrados, y sólo podrán aspirar a acceder a la libertad condicional cuando tengan más de 35. Nuestro país está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estas condenas prohibidas, impuestas entre 1999 y 2002 en la Justicia nacional de menores (tres casos) y la Justicia de menores de la provincia de Mendoza (dos casos, aunque uno de ellos –Ricardo Videla– apareció colgado en una celda de castigo en la Penitenciaría de Mendoza, el 21 de junio de 2005). La CIDH reconoció que estas condenas son violatorias de varios de los derechos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos y la de los Derechos del Niño, y recomendó al Estado que resuelva el caso.

¿Hay solución para el problema de la punibilidad y de las perpetuas? Entendemos que sí:

1) Establecer un nuevo régimen penal juvenil, con las garantías enunciadas por los instrumentos internacionales de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en los 16, como lo establece el proyecto con dictamen de mayoría en Diputados.

2) Aplicar la Ley 26.061 para casos por debajo de los 16 años.

3) Conmutar las perpetuas aplicadas a adolescentes por delitos cometidos antes de los 18, a un máximo de diez años, hasta tanto se vote el nuevo Régimen Penal Juvenil. En nuestro ordenamiento legal, ésa es la pena prevista para la tentativa de homicidio, y el Régimen Penal de la Minoridad establece que, si los jueces quieren condenar a un adolescente por delitos cometidos a los 16 o 17, "podrán" aplicar la pena prevista para la tentativa. Entendemos que, si se interpreta de modo integral con la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a aplicar penas de prisión como "último recurso y por el período más breve que proceda", el "podrán" se transforma en "deberán", deja de ser facultad para constituirse en obligación.

Diez años es el doble del máximo de la pena prevista en el proyecto en Diputados. Si la mayoría que aprobó ese dictamen decidió que ningún adolescente que cometa delitos a los 16 o 17, puede estar más de 5 años preso, no se sostiene que haya jóvenes condenados a perpetua en nuestro país, ni que los fiscales sigan pidiendo penas a perpetua, o a 25, 37 o 40 años. Conmutar a diez años implica una solución de transición, que resuelva el caso de las perpetuas –porque es de toda justicia, y para evitar una condena internacional– hasta que se establezca ese tope de cinco años.
Estas son sólo algunas propuestas. Entendiendo, claro, que el problema de fondo no es de años ni de edades, sino de ejercicio pleno de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
[La autora está asociada al Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos  (Cepoc).]
3 de febrero de 2011
27 de enero de 2011
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