derogarán ley del cobre

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Piñera anuncia fin de la Ley Reservada del Cobre para FFAA. Tras cita con el ministro Allamand, el presidente comunicó el cambio al cuestionado marco legal de financiamiento de las FFAA. Antes del 21 de mayo, el proyecto respectivo y la creación de un fondo de contingencia para Defensa serán enviados al Congreso.

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[Constanza Hernández Narbona] Santiago, Chile. Un proyecto para reemplazar la Ley Reservada del Cobre por un mecanismo de financiamiento plurianual para las Fuerzas Armadas fue la determinación adoptada por el presidente Sebastián Piñera en la cita con el ministro de Defensa Andrés Allamand en La Moneda.
En esta primera cita del Mandatario a su retorno de vacaciones, el gobierno explicitó su intención de poner fin a un marco legal fuertemente cuestionado por varios sectores, dado su carácter secreto y la obligatoriedad que impone a Codelco de traspasar el 10% de sus ventas a las FFAA.
Piñera fijó como objetivo enviar antes del 21 de mayo al Congreso los proyectos de ley ad hoc, para lo cual apeló a todas las fuerzas políticas a dar sus votos para sacar adelante la nueva legislación.
"Vamos a convocar a todas las fuerzas políticas para buscar y encontrar un acuerdo nacional que le de estabilidad y viabilidad a esta importante reforma", comentó, insistiendo en que ésta es una "política de Estado".
El cambio a la Ley Reservada del Cobre irá complementado con la creación de un Fondo de Contingencia en Defensa, el cual permitirá, según el gobernante, "suplementar los presupuestos aprobados cuando las circunstancias futuras así lo exijan".
El presidente destacó que con este anuncio se cumple el compromiso del gobierno "modernizar y perfeccionar el sistema de financiamiento de nuestras FFAA".
El nuevo proyecto de financiamiento tiene por objetivo principal otorgar "un horizonte de estabilidad" a las FFAA, lo que "permitirá planificar su acción de acuerdo a sus necesidades y a sus importantes misiones en la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio", puntualizó el mandatario.
En este contexto, el fin de la Ley Reservada del Cobre para las FFAA chilenas es "coherente con la política de Defensa Nacional y con las necesidades y compromisos que Chile adquiere en esta materia", agregó. Además, implica ligar estos recursos al Presupuesto nacional, pero con un carácter plurianual de 12 años.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
©la nación

insisten en remoción de general rata

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Un llamado al gobierno a "terminar con la impunidad" hizo la AFDD junto al miembro de la Comisión Política del PC, Juan Andrés Lagos. "Aquí no estamos hablando del Hogar de Cristo, estamos hablando de aparatos represivos y terroristas", dijo Lorena Pizarro.

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[José Antonio Torres] Santiago, Chile. Hasta el ministerio de Defensa llegaron agrupaciones de Derechos Humanos para entregar una carta al ministro de Defensa, Andrés Allamand, en la que se le solicita la destitución a la brevedad del actual jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, por su vinculación con la CNI durante la dictadura.
"El gobierno de Piñera avanza en la impunidad. Las palabras de buena crianza las venimos escuchando hace 20 años, por lo tanto le decimos al Presidente que empiece de una vez por toda a cumplir con lo que lo obliga el derecho internacional. Aquí no estamos hablando del Hogar de Cristo, estamos hablando de aparatos represivos y terroristas como fueron la DINA y la CNI", señaló Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, sostuvo que esto es una reiteración que han mantenido las agrupaciones de DDHH, en el sentido de que el único camino para establecer la verdad y justicia en Chile es no seguir ocultando ni seguir manteniendo una política que permita a militares con pasado en organismos represores vayan haciendo carrera al interior de las Fuerzas Armadas.
"Nos preocupa que el ministro Rodrigo Hinzpeter trate de justificar el respaldo al general Castro sobre la base de algo que no se hizo antes, refiriéndose a gobiernos de la Concertación. El ministro olvida que la derecha ha sido parte de los consensos que se han realizado en nuestro país, especialmente en relación a los derechos humanos", afirmó Juan Andrés Lagos.
Lorena Pizarro dijo que la imagen del país queda en entredicho ante la comunidad internacional al tener como segundo hombre del Ejército de Chile, a "un terrorista de Estado y a un criminal".
"Aquí lo que se está transmitiendo, es que el Estado de Chile ampara a genocidas y violadores de derechos humanos. Estamos convirtiéndonos en un Estado que da señales claras de legitimar el exterminio a personas que piensan distinto. Eso se condice con la  decisión de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en Magallanes", dijo la dirigenta.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
©la nación

gobierno respalda a general homicida

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En medio de fuertes cuestionamientos por su pasado CNI. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro, es el segundo hombre en la línea de mando de la institución.

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Santiago, Chile. En el Ejecutivo se señaló que la situación del Jefe del Estado Mayor del Ejército es distinta a la de los tres ex asesores -también vinculados con los servicios de inteligencia del Régimen Militar- despedidos del Ministerio de Defensa. "Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones", dijo el ministro Rodrigo Hinzpeter.
A las investigaciones por supuestas irregularidades que por estas horas afectan a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se suman ahora los vínculos que integrantes del Ejército tuvieron con los servicios de seguridad del Régimen Militar.
Tras la desvinculación el lunes de cinco ex oficiales de la institución que prestaban asesorías para el Ministerio de Defensa por este tema, ayer se abrió una nueva polémica tras la revelación de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro Muñoz, fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1979 a 1982.
Así lo confirmó el propio Castro en una declaración judicial que prestó ante el juez Héctor Solís, que investiga el asesinato de 22 campesinos en Paine en octubre de 1973, caso en que el general prestó testimonio en calidad de inculpado en 2008.
Tras conocerse estos antecedentes, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, analizó detalladamente con los principales asesores del ministerio el caso del Jefe del Estado Mayor, segundo en la línea de mando del Ejército.
En el estudio de este escenario se llegó a la conclusión de que la situación de Castro es distinta a la de los ex asesores despedidos, principalmente por tratarse de un militar en servicio activo al cual jamás se le puso una objeción a su continuidad ni a los asensos que obtuvo al interior de la institución.
"Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien fue el encargado de entregar la versión oficial del hecho. "La decisión del ministro Allamand, que nosotros compartimos, es que, tratándose de asesores a honorarios, hay ciertas conductas que están reñidas con el espíritu de nuestro gobierno", agregó.
Por esto es que el Ejecutivo puso énfasis en la trayectoria de Castro durante los gobiernos de la Concertación, que siempre tuvo conocimiento de los antecedentes que vinculaban al oficial con la CNI: Comandante del Regimiento Maipo (durante la era Frei Ruiz-Tagle); agregado militar en Argentina (con Lagos) y ascendido a general en 2003 (nuevamente con Lagos y con Michelle Bachelet como ministra de Defensa).
"La posición que ocupa hoy dentro del Ejército es una posición a la que llegó con una trayectoria militar dentro de los gobiernos de la Concertación, no producto de decisiones de este gobierno", explicó Hinzpeter.
Esta versión fue reconocida por el ex ministro de defensa concertacionista, Francisco Vidal, quien sostuvo haber conocido el historial de Castro.
"La política de nuestro gobierno fue: en la medida que ese oficial sea procesado y acusado, se le pide la renuncia. Mientras no haya una acusación, no se le pide la renuncia (...) En el caso del general Castro, obviamente había prestado declaraciones ante el juez que lleva el Caso Paine. Pero ese juez lo declaró fuera de responsabilidad", explicó.
En esa línea Vidal sostuvo que en su época de ministro, el 20% de los oficiales del Ejército pasaron por la CNI (es decir 1 de cada 5 oficiales).

Petitorio de Renuncia
Ante estas informaciones, parlamentarios de la oposición y representantes de organizaciones de DD.HH solicitaron la salida del general Castro del Ejército.
"Quien perteneció a la Dina o la CNI, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes. A Castro además de darlo de baja hay que quitarle todos los honores", sostuvo Lorena Pizarro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
A su turno el presidente del PS, Osvaldo Andrade expresó que "sería un gesto de mínima dignidad que no prestara servicio como militar activo del Ejército".
El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, dijo a su vez que "ninguna persona que haya integrado la DINA o la CNI en organismos de seguridad de la dictadura militar tiene la probidad necesaria para ocupar un cargo público".
3 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
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plazo para las perpetuas

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La CIDH da plazo al estado para resolver los casos de adolescentes con prisión perpetua. Un informe de la Comisión Interamericana de DD.HH. analiza los cinco casos y determina que el Estado violó los tratados internacionales de protección a la niñez y adolescencia. Debe revisar sus condenas, indemnizarlos y sacar una ley que evite nuevas aberraciones.

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[Horacio Cecchi] Mientras la polémica desatada por el caso de Tolosa estaciona un nuevo debate sobre la edad de aplicación de la ley penal a adolescentes, un duro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echa luz sobre los resultados de aplicar linealmente respuestas urgentes a esos reclamos espasmódicos. El informe, al que tuvo acceso Página/12, durísimo en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones, recorre la historia de cinco casos de adolescentes condenados a perpetua en el país que llegaron con su reclamo a la CIDH y da un plazo para que el Estado argentino resuelva esas situaciones.
Igual que una condena a muerte, uno de los casos podrá tener solución sólo formal, ya que el adolescente Ricardo David Videla murió ahorcado en junio de 2005, mientras lo mantenían alojado en un penal de adultos en Mendoza, en condiciones deplorables para su edad y su estado psíquico. De los cinco casos, dos (Videla y Saúl Roldán Cajal) fueron condenados en Mendoza en 2002, y los otros tres (César Mendoza, Claudio Núñez y Lucas Mendoza) por tribunales porteños en 1999. La Justicia tiene esos bemoles: los cinco fueron condenados a perpetua durante el menemismo y la debacle del 1 a 1 que provocaron en conjunto en diciembre de 2001 casi 40 homicidios policiales y ninguna perpetua. La CIDH dio un plazo de dos meses, vencido hace una semana, para que el Estado informe cómo solucionará la situación de los cuatro jóvenes. Si no hay solución Argentina recibirá sanciones.
Los cinco casos fueron analizados por los jueces desde la perspectiva de la Justicia de adultos. Claudio Núñez y Lucas Mendoza, detenidos en el ’97, fueron condenados en abril de 1999, por los jueces del Tribunal Oral de Menores 1 porteño, Eduardo Albano, Marcelo Arias, y el juez subrogante Claudio Gutiérrez de la Cárcova, que ni siquiera era especialista del fuero (pertenecía al penal económico). Cuatro meses más tarde, los mismos jueces aplicaban la misma condena a César Mendoza, detenido en 1996.
Entre marzo y noviembre de 2002, los jueces Eduardo Brandi, Carlos Parma y Oscar León, del Tribunal en lo Penal de Menores de la 1ª Circunscripción Judicial de Mendoza, aún en funciones, condenaron a perpetua a Saúl Roldán Cajal y luego a Ricardo David Videla.
El plazo de dos meses se inició el 19 de noviembre pasado, con la recepción del Informe de Fondo sobre el caso 12.651, que reúne las cinco denuncias, y recomienda que los cuatro jóvenes puedan interponer recursos judiciales, que les fueron negados en su momento, con el fin de obtener una revisión amplia de las sentencias. Que dicha revisión aplique los estándares internacionales de Justicia juvenil, tal como ahora se presenta en el dictamen favorable de Diputados. Se llega al absurdo de recomendar que mientras continúen presos cuenten con atención médica. También se dirige al Legislativo, recomendando sancionar leyes que apliquen los estándares internacionales (es el caso del proyecto con dictamen en Diputados). También avanza sobre una investigación acerca de las responsabilidades por la muerte de Videla (no se menciona pero esto incluye tanto penitenciarios como funcionarios judiciales). También, investigar las denuncias de torturas de Lucas Mendoza y Claudio Núñez, en cárceles federales. Además recomendó indemnizar las violaciones a los DD.HH. declaradas en el informe.
La situación de los cuatro adolescentes condenados puede resolverse por vía de la conmutación de penas, un resorte del Poder Ejecutivo mendocino o nacional según los tribunales actuantes. Sería el mecanismo más directo e inmediato. Es uno de los resortes del Ejecutivo, que ya reconoció la errónea situación en los cinco casos. Una ley de fondo, como la que aguarda en Diputados, dará una solución en adelante, pero mantendrá injustamente a los cuatro condenados hasta que se vote. Si se aprueba la ley, automáticamente tendrán cumplida la pena.
3 de febrero de 2011
27 de enero de 2011
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más pobreza en chile

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Medio millón de chilenos pasaron a ser pobres tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, según los resultados de una encuesta realizada entre mayo y junio pasados. Los ministros de Planificación, Felipe Kast y de Vivienda, Magdalena Matte, precisaron que la cifra supone un aumento de tres puntos porcentuales en el índice de pobreza, que de este modo abarca al 20 por ciento de la población.

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Chile. Las cifras corresponden a la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que mide las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país y que se realiza periódicamente.
Al comentar los resultados, en un acto celebrado en el sector obrero de Cerro Navia, en el área oeste de Santiago, Kast lamentó que más de medio millón de chilenos se hayan sumado "a la triste realidad de la pobreza, producto del terremoto", precisó.
En cuanto al número de indigentes, la cifra aumentó en 80.000 personas, pasando de 620.000, según la encuesta CASEN 2009, a 700.000 en mayo pasado.
Kast advirtió que había que ser cautos con la interpretación de los resultados, puesto que el sondeo se realizó en mayo y no en diciembre como es lo habitual, por tanto, no cabe comparar la situación, por razones estacionales.
Por otra parte, la medición estableció que un 17,3 por ciento de las viviendas del país resultaron con algún tipo de daños o completamente destruidas a causa del terremoto.
Frente a esta realidad, la ministra Matte defendió la estrategia de reconstrucción del gobierno, que consideró "una de las más eficientes que se han conocido en Chile y en muchos lugares del mundo".
En diciembre de este año está prevista una nueva encuesta para analizar si se han reducido los índices de pobreza, considerando las políticas que implementará el gobierno en temáticas como el Ingreso Único Familiar y las modificaciones que se harán en un programa contra la pobreza conocido como Chile Solidario.
Esta vez la medición no solo contabiliza la pobreza, sino también el estrés postraumático con que quedaron los chilenos que se encontraban en las zonas afectadas por el terremoto, registrándose un 6,4 por ciento de hombres afectados y un 14,8 por ciento en el caso de las mujeres.
2 de febrero de 2011
25 de enero de 2011
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nuevo paradigma sobre drogas

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Cómo impacta en Argentina la declaración de Ginebra.

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[Emilio Ruchansky] Argentina. Para el sociólogo Alberto Calabrese, vicepresidente de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas sobre Drogas del gobierno nacional, las declaraciones surgidas en Suiza ayer, tras la reunión de distintas personalidades políticas, configuran un gran avance. "Les dan más credibilidad y peso a muchas cosas que decimos los técnicos, que a veces nos acusan de ‘zarpados’ o de ‘transgresores’ para descalificarnos", le dijo ayer a este diario el especialista, para quien sólo "los idiotas" pueden apoyar la llamada guerra contra las drogas.
"Hace años que pedimos un cambio de paradigma con el tema drogas y planteamos la despenalización de la tenencia para consumo personal, sabiendo que es lo que se puede hacer, pero que este cambio debe terminar en la legalización de todas las sustancias", comentó Calabrese. Este sociólogo trabaja en la comisión junto a la jueza Patricia Llerena, integrante argentina –también formaba parte el fallecido escritor Tomás Eloy Martínez– de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia encabezada por los tres ex presidentes que hablaron ayer.
Calabrese aseguró que hay un punto "que se les escapa a todos" dentro de la discusión sobre la prohibición absoluta de las drogas, que rige en casi todo el planeta: "Cuando el vulgo, la gente común, empieza a aceptar un tema como usual, este caso la droga, se terminó la prohibición, básicamente, por falta de cumplimiento. Hace 25 años, el 99 por ciento de la población creía que el uso drogas estaba mal y debía ser combatido, pero hoy hay un sector enorme, gente de menos de 30 años, que en su mayoría entiende que no es tan grave".
Reprimir es una forma cómoda de no dar el debate, dijo el especialista, quien entiende que una buena parte de la sociedad y de los gobiernos latinoamericanos siguen apostando a la solución violenta del conflicto. "Yo creo que Lula (Da Silva) pudo tener la mejor de las intenciones al aprobar que se entre militarmente a tres favelas para perseguir a los narcos, pero son mil las favelas en Río de Janeiro. El tema es más complejo de lo que se piensa", aseguró. La otra parte del problema sigue siendo económica: "La guerra siempre es un negocio".
2 de febrero de 2011
26 de enero de 2011
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fracasa guerra contra las drogas

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Ex presidentes latinoamericanos por la despenalizacion del consumo de sustancias ilícitas. El brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo se unieron para impulsar la "regularización" de las drogas.

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Varios ex presidentes latinoamericanos y europeos junto a otros funcionarios y especialistas crearon ayer la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, tras dos días de reuniones en Ginebra, Suiza. Primó la postura de reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas y reclamar la descriminalización de los usuarios de todas las sustancias ilegales. "La plata de esa guerra está mal usada porque no tiene resultado efectivo; si se utilizara para salud, tratamiento médico, educación, para campañas de publicidad, sería mucho mejor", dijo el ex mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso al criticar abiertamente la política represiva impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. La comisión propone una regularización de las drogas, como se hizo con el tabaco y el alcohol.
"Los consumos siguen iguales en los últimos 20 años, la violencia y los prisioneros crecieron, se ha vuelto un gigantesco negocio criminal y eso está generando una enorme cantidad de violencia, no sólo en Estados Unidos sino en México, en Colombia, y en general toda Latinoamérica, y es hora de repensar esa política", expuso otro ex presidente, César Gaviria, quien gobernó Colombia entre 1990 y 1994 y luego fue, durante diez años, secretario general de la Organización de Estados Americanos. "Hay que abandonar esa idea de que los consumidores de drogas son criminales", agregó.
Entre los participantes también estuvo Ernesto Zedillo, ex mandatario de México, donde hubo más de treinta mil muertos desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico, en diciembre de 2006. El negocio de las drogas ilegales en México mueve, según el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, 60.000 millones de dólares al año. Y esto sin contar el dinero de las armas que los capos narcos de los distintos carteles compran legalmente en Estados Unidos y contrabandean luego a su país.
Las personalidades europeas que asistieron a Ginebra fueron la ex presidenta suiza Ruth Dreifuss, el noruego Thorvald Stoltenberg, ex alto comisionado de la ONU para los Refugiados, y el español Javier Solana, ex alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. Richard Bransen, dueño de la multinacional Virgin, también fue de la partida. Aunque no participaron de las reuniones el último Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, y el escritor mexicano Carlos Fuentes forman parte de esta nueva comisión.
"Estados Unidos ha tenido una misma política por muchas décadas y esta etapa de la guerra contra las drogas ya lleva casi 40 años de total prohibición y de llevar a la cárcel a todos los consumidores y los traficantes. Es una política que no está mostrando resultados", afirmó Gaviria ayer en conferencia de prensa. Cardoso puso los números de esta política: "En Estados Unidos hay quinientas mil personas presas por delitos de drogas, la mayoría son pobres y negros, lo que también demuestra los prejuicios asociados".
El ex mandatario brasileño reclamó más información y educación "de forma que la gente disponga de elementos para usar su libertad y para saber que la droga hace daño". En este sentido, insistió en que el usuario problemático de drogas debe ser tratado como "un enfermo al que hay que ofrecerle salud". Y en este diagnóstico coinciden todos los integrantes de esta nueva comisión, quienes sostienen que las evidencias empíricas y las pruebas científicas aconsejan dar mayor importancia a la prevención y a la reducción de los daños derivos del uso de drogas.
Los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo encabezan desde abril de 2008 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Desde entonces insisten en lo que la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas admitió recién el año pasado: el fracaso de la guerra contra las drogas. "El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado", dice una de las evaluaciones de esta comisión latinoamericana.
El lunes pasado, antes de la primera reunión en Ginebra, los organizadores comentaron que entre los temas por analizar estaba la eliminación de "las sanciones penales por la posesión de marihuana para uso personal". También se buscaba resolver "la polarización" que divide "los bloques de la legalización y la prohibición", en torno de "una discusión esclarecedora". Otro punto fue el debate sobre los riesgos y las ventajas de distinguir entre el tráfico y el comercio en pequeña escala.
En Brasil, este último punto motivó la semana pasada la salida del funcionario designado por Dilma Rousseff para conducir la Secretaría Nacional de Políticas Sobre Drogas, Pedro Abramovay. Como ocurrió en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa liberó a miles de "mulitas", Abramovay también propuso excarcelar a pequeños traficantes de drogas. Sólo que a él le costó el cargo.
"En muchos países el daño causado por la prohibición de las drogas en términos de corrupción, de violencia y de violación de los derechos humanos supera con creces el daño causado por las drogas", consideraron los organizadores de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas el mismo lunes. También se instaron a revisar "el sistema de control de drogas de la ONU" y "las diferentes respuestas nacionales", teniendo en cuenta los "desafíos de la Justicia penal" si asume que "erradicar la producción y criminalizar el consumo no reducen el tráfico y el consumo".
Otro de los objetivos de la reunión en Ginebra fue recabar datos sobre los cambios en los últimos 50 años en la producción, transporte y venta de drogas ilegales, a partir del enfoque meramente represivo, y los delitos asociados: "El blanqueo de dinero, el tráfico de armas, la corrupción y el riesgo de socavar instituciones democráticas". Mientras se debatía en Suiza, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, viajó a México para apoyar económica e ideológicamente al gobierno local en su guerra contra las drogas.
2 de febrero de 2011
26 de enero de 2011
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procesarían a ex congresista pérez

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Corte Suprema decidirá suerte de ex congresista César Pérez por masacre de Segovia. La Corte Suprema de Justicia decidió cerrar la etapa de recolección de pruebas en el caso que adelanta contra el ex congresista César Pérez por la masacre de Segovia. Ahora el Alto Tribunal deberá decidir si lo llama a juicio o no.

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Colombia. La Sala Penal de Corte Suprema de Justicia cerró la etapa instructiva del caso contra el ex representante antioqueño César Pérez García, procesado por los hechos ocurridos en Segovia el 11 de noviembre de 1988 en los que paramilitares asesinaron a 43 personas de ese municipio.
Concluida esta fase, y tras haber negado los recursos que insistían en ampliar los plazos para la práctica de pruebas, el Alto Tribunal pasará a definir si precluye la actual investigación contra el ex congresista o si profiere resolución de acusación, con lo cual se daría paso a etapa de juicio.
El pasado 22 de julio de 2010, El Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) capturó en Medellín al diputado César Pérez García.
La orden de captura fue emitida por la Corte Suprema de Justicia como parte de la reapertura del caso hecha en mayo de ese año, pues consideró que allí se había cometido un delito de lesa humanidad y decidió vincular a las investigaciones al diputado y ex congresista antioqueño. A Pérez García se le investiga por los presuntos delitos de homicidio múltiple agravado, lesiones personales múltiples agravadas, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.
De acuerdo con los testimonios y los documentos evaluados por la Alta Corte, la masacre hizo parte de las operaciones paramilitares contra los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) que, para esa época le había ganado las elecciones al Partido Liberal, de donde procede Pérez García, y tenía gran aceptación entre los pobladores de Segovia y municipios vecinos como Remedios.
A Pérez García lo incriminan paramilitares como Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ‘el negro Vladimir", quien fue uno de los autores materiales del múltiple asesinato. De acuerdo a versiones entregadas a las autoridades judiciales, Pérez García presuntamente incitó a los paramilitares para que cometieran ese crimen: "él le pidió a Fidel Castaño que sacara a la U.P. de Segovia, Fidel Castaño lo conectó con Henry Pérez y ya ellos en reunión explicaron los motivos para la masacre", dijo ’Vladimir’ a los investigadores que ahora procesan a Pérez.
Inicialmente, el cacique liberal fue procesado y capturado el 8 de agosto de 1995, pero los cargos en su contra fueron retirados por asuntos técnicos. El proceso cesó a su favor el 29 de agosto de 2000, cuando un juez lo absolvió de los cargos.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia, aseguró que esta incursión sangrienta de paramilitares debe ser considerada como uno de los primeros casos de parapolítica en el país, pues a su juicio contempló la articulación de militares, políticos y paramilitares para recuperar el poder político que le arrebató la UP. En las elecciones de 1992 el Partido Liberal recuperó su poder regional en el Nordeste antioqueño.
Pérez García, abogado de profesión y oriundo del municipio de Remedios, se desempeñó por cinco períodos como Representante a la Cámara; además, ha sido Concejal y Diputado, y presidió la Federación Nacional de Diputados. Es fundador del movimiento Convergencia Liberal, un sector del Partido Liberal en Antioquia. En sus actividades en el sector privado se desempeña como Rector y Miembro del Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia a la que se vinculó desde 1976.
Además, su vida política ha estado asociada a prácticas de corrupción y por ello perdió la curul en la Cámara de Representantes en enero de 1994 y su asiento en la Asamblea Departamental de Antioquia en el 2010. Además, fue condenado recientemente a 8 años de detención domiciliaria tras comprobársele malos manejos administrativos cuando se desempeñó como presidente de la Asamblea en 1998.
2 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
©prensa rural