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destituyen a hugo aguilar


Hugo Aguilar destituido e inhabilitado por nexos con paramilitares. El coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos, porque según la Procuraduría tuvo nexos con los paramilitares de Santander y Puerto Boyacá.
Colombia. La Procuraduría inhabilitó por 20 años al coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo para ejercer cargos públicos, después de considerar que existen pruebas de que se alió con los paramilitares de Santander y Puerto Boyacá para ser elegido Gobernador de Santander para el período 2004-2007.
Según el Ministerio Público, Aguilar Naranjo contó con el apoyo del Bloque Central Bolívar (BCB), a cargo de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’ e Iván Roberto Duque Escobar alias ‘Ernesto Báez’, así como de las Autodefensas de Puerto Boyacá, de Arnubio Triana Mahecha alias ‘Botalón’, para obtener los 301.288 votos que lo llevaron a la Gobernación.
La Procuraduría consideró que Aguilar Naranjo hizo un pacto con ‘Ernesto Báez’, ex jefe político del BCB, y que se vio reflejado en el nombramiento de Bonel Patiño Noreña como Secretario de Educación Departamental.
Al ganar las elecciones, en consideración del Ministerio Público, Aguilar le prometió a ‘Báez’ un puesto en su gabinete. Uno de los testimonios que pesan en contra del ex Gobernador fue precisamente el de Patiño Noreña: "A mí Iván Roberto, alias ’Ernesto Báez’, me dijo: "A nosotros nos van a dar una Secretaría, yo voy a pedir la de Educación para que usted vaya allá", le dijo el Secretario de Educación a la Fiscalía.
La decisión de la Procuraduría se conoce ocho meses después de abrirle pliego de cargos al ex Gobernador. En mayo de 2010, el Ministerio Público señaló que Aguilar Naranjo y otros dos políticos santandereanos promovieron a los paramilitares y por eso habían accedido a cargos públicos. En la investigación, los señalaron también de haber tenido vínculos con Jairo Ignacio Orozco González alias ‘Jairo Tarazá’, jefe político del BCB en Santander, con Álvaro Sepúlveda Quintero alias ‘César’, segundo de alias ‘Botalón’, así como con Ramón Isaza alias ‘El Viejo’, jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm).
Desde 2004, Aguilar además había sido llamado a indagatoria por la Corte por los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector y cohecho impropio, después de que varios paramilitares lo salpicaran. Según Juan Fernando Morales Ballesteros y Orlando Murillo Morales, ex paramilitares del BCB, el ex Gobernador asistió a varias reuniones con los jefes paramilitares de ese bloque, entre ellos, alias ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’. Por esta misma razón, en la actualidad el ex senador Luis Alberto Gil Quintero y el ex representante Alfonso Riaño son investigados por ‘parapolítica’ por la Corte Suprema.
"El sancionado(Hugo Aguilar) intervino (sic) desde su posición como primer mandatario del departamento de Santander en el desarrollo del proyecto paramilitar, toda vez que al ser impulsada su candidatura por el comandante Iván Roberto Duque, entre otros, dejó incondicionalmente su investidura a disposición de las autodefensas", señaló la Procuraduría.

La ‘Caída’ de Aguilar y de Convergencia
Nacido en Suaita, Santander, Hugo Aguilar Naranjo cobró protagonismo el 2 de diciembre de 1993, cuando las cámaras de televisión lo enfocaron exhibiendo el cadáver de Pablo Escobar sobre el techo de una casa en Medellín. Aguilar, entonces mayor de la Policía e integrante del Bloque de Búsqueda, se jactaba de haberle dado el tiro de gracia al jefe del Cartel de Medellín.
Con esa popularidad y estando en retiro como coronel, Aguilar conoció a Luis Alberto Gil Castillo, un maestro del Sindicato de Educadores que había militado en el Eme, y lo apoyó en la creación del movimiento Convergencia Ciudadana. Después de que Gil llegó dos veces a la Asamblea de Santander y de que su esposa Doris lo sucedió en la duma, el movimiento acordó apostarle a las elecciones de Congreso de 2002 y a las regionales de 2003.
Siendo Santander una región liberal, Convergencia derrotó a los rojos en ambas elecciones. Gil llegó al Senado en 2002 junto a los representantes José Manuel Herrera Cely y Jaime Durán Barrera, y en 2003 Hugo Aguilar lo hizo en la Gobernación, derrotando con 301.288 votos a su contrincante, el liberal Luis Francisco Bohórquez, que obtuvo 274.135 votos.
La popularidad de Convergencia iba en aumento. En 2006 Gil repitió curul en el Senado y consigo llevó a Alfonso Riaño, José Manuel Herrera Cely y Édgar Alfonso Gómez Román a la Cámara. En 2007, querían repetir en la Gobernación pero Didier Tavera, ex Secretario de Gobierno y candidato de Hugo Aguilar, no pudo superar a Horacio Serpa.
A partir de 2007 la fama de Aguilar y Convergencia se vino al piso. Al ex gobernador empezaron a airearle presuntos malos manejos administrativos relacionados con la adjudicación irregular de contratos en la industria Licorera de Santander y en la apuesta del chance; la construcción de una ostentosa mansión en un lugar exclusivo de la ciudad y de una hacienda similar a su proyecto insignia: el Parque Nacional Chicamocha (Panachi). También lo señalaron de presuntos pagos de nóminas paralelas entre amigos y familiares de políticos que apoyaron su campaña. Todas, denuncias que no prosperaron.
En medio de esas denuncias, él y varios de sus amigos terminaron enredados en medio del escándalo de la ‘parapolítica’. Tres de sus principales congresistas, Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera Cely, terminaron en La Picota mientras se les investiga por presuntos nexos con los paramilitares. Debido a esta mala imagen, a finales de 2009 Convergencia decidió cambiar de nombre y logo, y para ello se fusionó con otros partidos cuestionados como Colombia Democrática, Colombia Viva, Alianza Democrática Nacional y Apertura Liberal, llamándose Partido de Integración Nacional, PIN.
En las elecciones para Congreso de 2010, los caciques de Convergencia quisieron heredarles los votos a sus familiares. Gil, ya preso, postuló a su esposa Doris Vega al Senado y a Didier Alberto Tavera, ex Secretario de Gobierno, a la Cámara. Su esposa se quemó pero su pupilo es actual representante. En cambio, Aguilar ganó los dos escaños: su hijo Nerthink Mauricio Aguilar, sin haber sido edil, llegó al Senado junto a su fórmula Hólger Díaz, que fue secretario de Desarrollo Social y Gobernador encargado de Santander durante la administración de Aguilar Naranjo.
Con estos dos escaños asegurados en el Congreso, Hugo Aguilar le dijo a Caracol Radio en enero de 2011 que esperaba postular su nombre a la Gobernación de Santander paras las elecciones de octubre. En la entrevista, dijo que ya no lo haría por el PIN sino que se reuniría con el ex presidente Álvaro Uribe para pedirle el aval del partido de la ‘U’.
2 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
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crímenes de alias pirata


La violencia que dejó ’Pirata’ a su paso por los Llanos. ‘Pirata’ reconocerá más de 200 crímenes, entre asesinatos, desapariciones, robos y desplazamiento en Meta, Cundinamarca y Casanare.
Colombia. Después de la última versión libre del ex jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, ante el despacho 5 de Justicia y Paz, no cabe duda que el paso del Bloque Centauros en los Llanos volvió la muerte banal.
En dos sesiones de versión libre, ‘Pirata’, quien fue jefe militar del grupo ilegal, se tiene que responsabilizar por más de 200 crímenes violentos, una larga lista de asesinatos, desapariciones, masacres y desplazamientos que sus hombres cometieron en Meta, Cundinamarca y Casanare.
Entre las víctimas hay campesinos, concejales, tenderos, presuntos guerrilleros, ganaderos, desempleados, líderes locales, amas de casa y también muchos ex paramilitares.
Uno de los casos que ‘Pirata’ aceptó es el asesinato de María Lucero Henao, líder de la vereda Puerto Esperanza de El Castillo, Meta y la de su hijo Yamid Daniel de sólo 16 años. La orden vino directamente de Miguel Arroyave, alias ‘Arcángel’, el jefe del Bloque Centauros, pues en repetidas ocasiones María Lucero envió cartas a la Vicepresidencia reclamando presencia institucional y denunciando el control de los ‘paras’ en su pueblo, donde habían instalado una base.
La ayuda del gobierno nunca llegó, pero los ‘paras’ se enteraron de las quejas. El 6 de febrero de 2004 varios hombres armados la sacaron de la casa. Su hijo se puso a gritar, la abrazó y no quiso soltarla, así que se lo llevaron con ella y los mataron cerca de la casa.
La familia de María Lucero Henao era una de las pocas que se quedó en el caserío a pesar de la presencia de los ‘paras’.  La mujer, como presidente de la Junta de Acción Comunal, era la única autoridad, le tocaba hacer levantamiento de cadáveres de  algunos vecinos, hablar con los ‘paras’ para que respetaran los pobladores y tratar de tocar las puertas de embajadas, Onu y Defensoría del Pueblo.
En marzo de 2008 otro de sus hijos, José Wilfredo, denunció que los paramilitares lo tenían amenazado y que había un precio sobre su cabeza.
El Castillo fue uno de los municipios más golpeados por la violencia paramilitar. Desde los años ochenta, cientos de políticos fueron asesinados o amenazados. Uno de ellos fue José Alirio Bernal, presidente del concejo municipal por el movimiento Convergencia Ciudadana, cuyo asesinato también fue aceptado por ‘Pirata’.
Según lo documentó la Fiscalía, el 30 de mayo de 2004, Javier Domingo Romero, alias ‘Rufo’, entró al mini súper mercado de Bernal y le disparó nueve veces, antes de huir a pie sin mayor problema.
La muerte en los Llanos no sólo golpeó al político o al que denunciaba a los ‘paras’. También asesinaron gente sólo por tener miedo, por contestarles o por sostenerles la mirada. El campesino Antonio Mauricio Méndez Jiménez de Medina, Cundinamarca, estaba pasando cerca de dos paramilitares, que no lo dejaron pasar porque más allá habían puesto un retén. El señor se asustó, pidió explicaciones y los ‘paras’ lo golpearon. Trató de salir corriendo, pero lo cogieron y lo asesinaron en un potrero.
‘Pirata’ también aceptó varios casos de paramilitares o de auxiliadores que fueron asesinados por las mismas autodefensas. Uno de ellos, que era informante, no quiso asesinar a alguien y desertó. Cuando lo volvieron a encontrar, lo llevaron a una finca en Santa Cecilia, una vereda de Paratebueno, Cundinamarca, y lo mataron.
‘Pirata’ además se hizo responsable por la masacre de Caño Jabón, donde el 4 de mayo de 1998 las autodefensas asesinaron a por lo menos 20 campesinos. Según dijo el ex jefe ‘para’ en una versión del año pasado, la orden  de tomarse esta población provino de Vicente Castaño a través de alias ‘Raúl’, y para ello reunieron a 150 paramilitares en Cachama, Meta, y los transportaron en varias volquetas, carros y camionetas hasta Caño Jabón.
‘Pirata’, quien mandaba sobre los Llanos desde hacía una década, contó que en el recorrido las autodefensas asesinaron a por lo menos seis campesinos, señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. Ya en Caño Jabón, su grupo secuestró a varias personas, las llevó a la bomba de gasolina donde las acribilló y luego le prendieron fuego al combustible almacenado.
Mientras tanto otro grupo, entre los que estaba Dúmar de Jesús Guerrero, alias ‘Carecuchillo’, ocupó el puerto fluvial y dispararon indiscriminadamente sobre los pobladores que estaban huyendo de la arremetida. Las autodefensas también dinamitaron una avioneta, destruyeron el puerto y la pista del aeropuerto, para estar seguros de que nadie pudiera salir de ahí. ??Después de cuatro horas de muerte, los ‘paras’ abandonaron el pueblo. Aún no se sabe a cuantos asesinaron.
‘Carecuchillo’ dijo en versión que fue un promedio de 27 muertos; ‘Pirata’ señaló que podían ser 31. En registros de la época, se habló de 18.  ‘Ratón’ había dicho que las autodefensas cometieron estos hechos señalando a Caño Jabón de ser un pueblo guerrillero.
El dominio de Caño Jabón era estratégico para controlar la salida de la pasta de coca, y lo que estaba en disputa era quién controlaba ese corredor.
La versión libre de Manuel de Jesús Pirabán continuará hasta el primero de febrero.
2 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
©verdad abierta
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condenan a la gata a 9 años


Un jueza de Bogotá sentenció a la empreseria del chance Enilse López por sus nexos con los paramilitares en Sucre y Bolívar. No pudieron probar su participación en el asesinato del vigilante Amaury Fabián Ochoa Torres, pero sí sus nexos.
Boogotá, Colombia. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a nueve años de prisión a Enilse López, alias ‘La Gata’, empresaria del chance en Sucre y Bolívar, por concierto para delinquir agravado.
Según la conclusión de la jueza: "No existe duda alguna de la militancia de Enilse de Rosario López Romero, alias La Gata, en el grupo ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia para los años 2000 y siguientes, y se ha podido demostrar su trato cercano con los jefes máximos de la agrupación paramilitar, colaborando con sus pretensiones ilícitas".
‘La Gata’ fue juzgada por el asesinato el 12 de junio de 2000 del vigilante Amaury Fabián Ochoa Torres, en un peaje entre Carmen de Bolívar, Bolívar, y Ovejas, Sucre. Según el ex paramilitar Luis Fernando Caro, alias ‘Magencio’, Ochoa fue abaleado por varios hombres armados por ser un presunto colaborador de la guerrilla.
Aunque la justicia no logró demostrar relaciones entre ‘La Gata’ y el asesinato, sí estimó que habían suficientes pruebas de los nexos entre la empresaria y las Auc. ‘Magnencio’ por su parte fue condenado a 21 años de prisión por el homicidio.
‘La Gata’ fue capturada en febrero de 2006, pero hoy está amparada por la figura de la reclusión hospitalaria en Barranquilla por enfermedad grave, beneficio que fue aceptado en la sentencia.
‘La Gata’ también ha sido mencionada por el ex paramilitar Jairo Antonio Castillo Peralta, alias ’Pitirri’.
2 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
©verdad abierta
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documental sobre ex presos políticos


‘37 años después’: documental sobre ex presos políticos de la dictadura. El documental del director español Miguel Herberg buscará indagar sobre el destino de los protagonistas.
Chile. El film del español Miguel Herberg narrara la vida de los supervivientes de los campos de concentración chilenos durante los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet. El documental nace 37 años después de hacer una película clandestina que descubrió al mundo su existencia.
El cineasta explicó a EFE que lo que le interesa es poner a los antiguos presos políticos de nuevo ante las cámaras, "desde un punto de vista puramente humano". Agregó que "tienen que hablar libremente y contar lo que en su día no pudieron hacer: sus penas, dolores y todo eso, pues yo me tenía que limitar a preguntarles exclusivamente por sus nombres".
Herberg expresó que ha seguido "muy de cerca los acontecimientos en Chile, filmando la preparación del golpe de Estado contra el entonces presidente Salvador Allende entre los años 1972 y 1974". Rodaje que culminó en los campos de concentración de Chacabuco y Pisagua.
El director de "37 años después", titulo del documental, dijo que "después del rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, ha llegado la hora de desenterrar también a los otros enterrados en ese lugar".
"Hace 37 años la finalidad era filmarlos para que no se pudiera decir que estaban desaparecidos, pero ahora me interesa saber qué ha sido de ellos, de sus familiares, de los que no se pudieron salvar y siguen enterrados en el desierto", recalcó.
El presupuesto del documental es de 169 millones de pesos y hasta la fecha llevan recaudado sólo 19 millones. Es por eso que Herberg ha solicitado a distintas televisiones públicas la financiación necesaria para llevar a cabo el documental, que pretende comenzar a rodar el próximo mes de julio.
2 de febrero de 2011
30 de enero de 2011
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deploran presencia cni en ejército


Diputado Gutiérrez critica presencia de ex CNI en el Ejército. El parlamentario comunista se refirió a la información de que el jefe del Estado Mayor de la institución castrense, general Guillermo Castro Muñoz, perteneció a la CNI. "Es preocupante porque es engañar a la ciudadanía", dijo.
Valparaíso, Chile. El diputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, manifestó su preocupación ante la permanencia del general Guillermo Castro Muñoz en el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, luego de que éste reconociera en una declaración judicial haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
El parlamentario y abogado especialista en materia de derechos humanos estimó que quienes han estado a la cabeza del Ejército deberían desmentir sus dichos respecto a que en los altos mandos no hay ex integrantes de la CNI.
"Como (Óscar) Izurieta y como (Juan Miguel) Fuente-Alba han sostenido de que en el alto mando del Ejército no hay integrantes de la DINA o de la CNI, se debiera desmentir con el caso de Castro que sin duda él ha confesado en un proceso judicial que integró las filas de la CNI", dijo el diputado PC.
En este sentido, Gutiérrez hizo un llamado para que no se engañe a la ciudadanía. "Cuando uno lee el currículum de Castro en la página web del Ejército de Chile, uno se encuentra con los cursos de inteligencia que hizo en la Escuela de las Américas en Panamá y no se encuentra que él perteneció a la CNI, en consecuencia es una página que oculta parte de la carrera militar de Castro (…) sin duda es preocupante porque es engañar a la ciudadanía", agregó.
Respecto al ex brigadier (r) Pablo Belmar Labbé, quien declaró como inculpado en el crimen de Carmelo Soria y que fue contratado como jefe de seguridad del Parque Metropolitano de Santiago por el Ministerio de Vivienda, Gutiérrez sugirió que debiese ser destituido.
"Ninguna persona que haya integrado la DINA o la CNI en organismos de seguridad de la dictadura militar tiene la probidad necesaria para ocupar un cargo público (…) deben ser destituidas de sus cargos", sostuvo el parlamentario.
1 de febrero de 2011
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cesan a ex agentes cni en defensa


La limpieza de Allamand continúa: Ex DINA y ex CNI fuera de Defensa. El subsecretario de Defensa, general (r) Oscar Izurieta, fue el responsable de la contratación de los ex agentes de las desaparecidas DINA y CNI.
Santiago, Chile. Ayer fueron desvinculados tres ex agentes de los servicios de inteligencia del régimen militar que asesoraban a la subsecretaría de Defensa. Esto, cuando el secretario de Estado debe enfrentar una nueva denuncia por irregularidades al interior las FF.AA, esta vez en el Comando de Aviación del Ejército: "Muchas veces esto se produce porque hay ciertas prácticas que no son las adecuadas", dijo.
Ayer a mediodía y a través de un escueto comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó que los ex agentes de la CNI Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y el general (r) Orlando Carter Cuadra, yerno del ex director de la DINA Manuel Contreras, fueron cesados de sus cargos en la subsecretaría de Defensa donde cumplían labores de asesoría.
La medida, que se hizo efectiva ayer mismo, si bien fue comunicada a los involucrados el 17 de enero último, fue decidida por el propio titular de Defensa, Andrés Allamand, tras los duros cuestionamientos que surgieron desde las agrupaciones de DD.HH. y parlamentarios de oposición por estas contrataciones, realizadas por el subsecretario Óscar Izurieta al inicio de su gestión. Esto, a pesar que oficialmente los despidos fueron explicados como parte de una "nueva política de personal".
Al interior de La Moneda la permanencia de ex agentes de los organismos de inteligencia del régimen militar era mirada por incomodidad, por los flancos de críticas que el asunto podía abrir en un tema sensible para el gobierno dadas las relaciones existentes con las organizaciones de defensa de los DD.HH. De hecho, el Segundo de Piso de palacio ya había advertido que esas personas debían ser desvinculadas de la cartera.
Por esto es que al interior del gobierno se comenta que parte importante de la mala evaluación que existe del trabajo de Izurieta, que según se comentaba hasta la semana pasada saldría del gabinete en el recambio de subsecretarios que se realizará durante los próximos días, es debido a este tema.
A estas salidas se suman las del coronel (r) Italo Seccatore Gómez, ex agente de la DINA y la CNI y de Pedro Fernández Neira ex CNI, también contratdos por Izurieta y que trabajaron en la secretaría de Estado hasta el 31 de diciembre.

Malas Prácticas
En este contexto, ayer Allamand volvió a enfrentar una nueva investigación por irregularidades al interior de la FF.AA, tras la petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de un ministro en visita para investigar supuestas anomalías en ciertos contratos ("millonarios") del Comando Aéreo del Ejército, para compra y mantención de aeronaves.
A pesar que el fin de semana el secretario de Estado había realizado algunos gestos para normalizar las relaciones con las FF.AA (el sábado en Lolol –Región de O’Higgins- reconoció la labor de las tres ramas en los trabajos post-terremoto), Allamand sostuvo que "muchas veces esto se produce porque hay ciertas prácticas que no son las adecuadas".
Junto con reconocer que su equipo ya está revisando el caso, el ministro aseguró que la denuncia será investigada al interior del Ejército. "Cuando se produce una situación que amerita ser investigada, la norma es la total proactividad de todas las instituciones", subrayó.
1 de febrero de 2011
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afdd pide baja de general castro


AFDD pide dar de baja al general Guillermo Castro Muñoz. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, no puede entender como ex agentes de la CNI ostenten todavía altos cargos en el Ejército.
Santiago, Chile. Con indignación han recibido en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) el hecho de que ex agentes de servicios represores de la dictadura de Augusto Pinochet, como la DINA y la CNI, siguen teniendo importantes cargos en reparticiones públicas y en las Fuerzas Armadas.
Es el caso del general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, y del ex brigadier Pablo Belmar Labbé, quien fue contratado por el Ministerio de Vivienda para ser el jefe de seguridad del Parque Metropolitano.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, expresó a Radio Cooperativa con respecto al general Castro que "no lo puedo entender, no lo puedo aceptar. No sé si la gente dimensiona la barbaridad de lo que estamos hablando. Estamos hablando del segundo hombre al interior del Ejército de Chile, estamos hablando de un criminal, estamos hablando de un sujeto que participa en la masacre" de 22 campesinos de Paine, caso por el cual el representante de la institución castrense declaró en calidad de inculpado y en donde haber sido agente de la CNI.
"Al parecer eso no significó nada durante todos estos años al interior del Ejército, más que hacerlos ascender y hacerlo llevar una carrera brillante al interior de la institución que en teoría nos venden la idea de que es de todos los chilenos", agregó.
Pizarro declaró que tenía antecedentes al respecto. "Nosotros hemos señalado muchas veces situaciones gravísimas vinculadas a violadores de derechos humanos y en muchas ocasiones se relativiza esta situación. En el caso de Castro y de muchos otros casos, hemos dicho que quien perteneció a los aparatos represivos de la dictadura jamás puede ser tratado con el criterio de la presunción de inocencia. No estoy cometiendo una aberración jurídica, lo que estoy diciendo es que quien perteneció a la DINA o la CNI, a aparatos represivos de un Estado terrorista, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes", aseveró.
Solicitó que "a Castro, además de darlo de baja, hay que quitarle todos los honores. Todos éstos son asesinos y criminales. Hoy día tenemos al segundo hombre del Ejército de Chile vinculados a crímenes de lesa humanidad".
En relación al brigadier Belmar, inculpado en el crimen de Carmelo Soria, manifestó que "lo del Parque Metropolitano es gravísimo, estamos hablando de sujetos que cumplen funciones donde se relacionan con la gente. Además de la impunidad y de lo grosero, es grave porque son personas que debieran estar en la cárcel. A esta gente se le vuelve a asignar cargos de control, de protección, sujetos que son criminales y asesinos. ¡Qué barbaridad, qué brutalidad, qué falta de ética, qué falta de responsabilidad lo que está pasando en Chile y que está pasando hace años!".
"Si las Fuerzas Armadas fueran instituciones depuradas y que toman distancia de lo que fue la dictadura militar, jamás permitirían que hubiesen hecho carrera sujetos como estos", añadió.
Pizarro afirmó que esta situación se puede repetir. "Con (general Juan Miguel) Fuente-Alba a lo mejor puede pasar lo mismo y con (Juan Emilio) Cheyre también se ha hablado de posible participación en delitos. Antes de ascender a la gente, antes de que lleguen a las responsabilidades que llegó, por ejemplo Juan Emilio Cheyre, hay que asegurarse y garantizar su no vinculación en crímenes", sostuvo.
Con respecto a la desvinculación de ex agentes de la CNI que estaban trabajando en la subsecretaría de Defensa, la dirigente manifestó que "lo que hizo Andrés Allamand (ministro) en Defensa esperamos que no sea solamente una muestra de algo" y agregó que esto "es solamente la punta de un iceberg gigante".
Pizarro denunció una falta de voluntad política de este gobierno como también de los gobiernos de la Concertación, a los que pidió explicar porque no fueron capaces de tomar una decisión como la que tuvo Allamand en Defensa.
"Conversamos con todos los ministros de Defensa de los gobiernos anteriores, sin excepción, y les señalamos estas denuncias y les demandamos el cese de funciones de los subjefes vinculados a causas de violaciones de los derechos humanos", informó.
1 de febrero de 2011
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número 2 del ejército era rata


Actual número 2 del Ejército habría sido ex agente de la CNI. Así lo afirmó el propio general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor, en una declaración judicial a la que tuvo acceso la agencia EFE.
Santiago, Chile. El general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, reconoció haber sido un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), durante la dictadura de Augusto Pinochet, según una declaración judicial a la que tuvo acceso la agencia EFE.
El general, un especialista en el área de inteligencia y el segundo militar con más antigüedad en la institución castrense, reconoció su pertenencia a la CNI en una declaración judicial que prestó en la investigación por la masacre de 22 campesinos en Paine ocurrida en octubre de 1973.
En la declaración, del 19 de junio de 2003 y en la que participó en calidad de testigo, el actual "número dos" del Ejército relata que estuvo en la Escuela de Infantería de San Bernardo, cerca de Santiago, hasta fines de diciembre de 1973, y a principios de 1974 hizo un curso en Panamá.
"En marzo 1974 se me destinó al regimiento de Infantería N°16 de Talca, y en 1979 se me envía a la Comandancia en Jefe, a la Central Nacional de Informaciones", señaló el uniformado.
Castro añadió que permaneció en ese organismo represor hasta 1982, cuando se fue "a la Cuarta Comisión Legislativa (de la Junta Militar) y en 1985 ingreso a la Academia de Guerra".
Hasta el momento se desconocen las labores que cumplió el general en la CNI, organismo que a fines de 1977 reemplazó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
En el proceso judicial por la muerte de los 22 campesinos, el juez Héctor Solís aún trata de identificar a un oficial del Ejército que en 1973 servía en la Escuela de Infantería de San Bernardo con el grado de subteniente, y que participó en la matanza junto al coronel retirado Andrés Magaña, que se encuentra procesado.
El 14 de enero de 2008, el general Castro prestó una segunda declaración en la investigación del mismo caso, aunque esta vez en calidad de inculpado.
En esa declaración, a la que tuvo acceso EFE, el uniformado admitió que después del golpe militar también formó parte de una compañía de fusileros en el llamado "Cuartel Dos", de la Escuela de Infantería de San Bernardo, recinto conocido como el centro de detención "Cerro Chena".
Sin embargo, Castro dijo al magistrado que "en el ‘Cuartel Dos’ nunca vi detenidos y sólo me enteré después por la prensa que los hubo".
El general Castro es en la actualidad el "número dos" del Ejército, y se encarga, entre otras funciones, de firmar los informes y documentos que la institución envía a los jueces que investigan la participación de uniformados en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-1990).
Tanto el anterior comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, general Óscar Izurieta, como el actual jefe de esa rama castrense, general Juan Miguel Fuente-Alba, han manifestado que en el cuerpo de generales de la institución no queda ningún ex agente de la DINA o la CNI que permanezca en servicio activo.
1 de febrero de 2011
©la nación
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