reprochan situación en cárceles

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Organismos internacionales califican el sistema carcelario como "cruel, inhumano y degradante". La ONU, la CIDH y la FLACSO emplazaron al gobierno a permitir observadores y a cambiar las recriminaciones políticas por acciones concretas. Organismos internacionales vienen denunciando situación en cárceles desde hace al menos cinco años.

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Chile. La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reclamó al gobierno chileno que permita a los observadores visitar las prisiones.
"Luego de esta tragedia nuestra prioridad es asegurarnos que el Gobierno investigue no sólo esa sino todas las prisiones en Chile", dijo la representante de la ONU.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que "el hacinamiento, además de constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano y degradante, es un factor de riesgo para la vida e integridad de las personas privadas de libertad".
Por su parte, Lucía Dammert, directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de FLACSO, hizo un llamado a no olvidar el problema de fondo en el debate sobre la situación carcelaria en Chile y a dejar de lado el debate netamente político que se generó en los días inmediatamente posteriores.
"A los dos, tres días después de la tragedia de la cárcel hubo un resurgimiento de un debate político innecesario, que es el debate de la culpa, también levantado por los medios. Ahora lo único que se sabe es que estamos en una crisis, las responsabilidades la Historia las escribirá, pero hoy hay que resolver el problema. Hay que esperar que la Alianza y la Concertación se pongan de acuerdo para pasar con rapidez mecanismos para descongestionar las cárceles y además disminuir el flujo de ingreso", dijo en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile.
La coautora del informe "La prisión: problemas y desafíos para las Américas" del año 2008, advirtió que si bien le sorprendió la magnitud de la tragedia de la cárcel de San Miguel, ya se conocían ampliamente situaciones como las riñas entre los reos, la ingesta de alcohol, la baja dotación de gendarmes y la posesión de celulares, entre otros aspectos.
Si no hubiese sido por el siniestro, añadió la investigadora, lo más probable es que la transformación del sistema penal en Chile, que es urgente,  habría sido más lento, invisible y polarizado políticamente.
Respecto a los dichos del ministro de Justicia, Felipe Bulnes, sobre el hecho de que los delitos contra la propiedad están sobrevalorados en nuestro Código Penal, la especialista de FLACSO afirmó que es cierto, pero que se contrapone con medidas planteadas desde su propia coalición.
"Es interesante que el ministro Bulnes diga eso, porque sin duda es cierto, pero su coalición ha estado en la oposición sólo proponiendo leyes más duras, castigos más fuertes, metáforas de tercera es la vencida, candados a la puerta giratoria, que es no es tan giratoria como hemos visto. Me gustaría ver los votos que va a tener el ministro en la Cámara para empezar a bajar los castigos. Hay una serie de delitos que están sobre castigados principalmente porque el sistema de medidas alternativas no existe", señaló la experta.
Lucía Dammert manifestó su interés por conocer cómo se traducirá la actual preocupación de las autoridades en la discusión presupuestaria, puesto que en años anteriores una serie de reformas quedaron estancadas por este problema.
La investigadora recalcó que las principales medidas a corto plazo para resolver la crítica situación de los centros penales chilenos es fortalecer los mecanismos de medidas alternativas, reformar profundamente a Gendarmería y un sustantivo mejoramiento de la labor del Servicio Nacional de Menores.
17 de diciembre de 2010
15 de diciembre de 2010
©radio u. de chile

mil 400 reos en huelga de hambre

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Gendarmería admite que mil 400 reclusos están en huelga de hambre y niega situación de motín en las cárceles.

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Chile. El director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, afirmó que en ningún penal del país se ha corrido el riesgo de perder el control por parte de los funcionarios a cargo del resguardo de los recintos.
Eso luego de hacer un balance después de una reunión que se extendió por más de dos horas con voceros en la ex Penitenciaría de Santiago, donde la noche del miércoles y la madrugada del jueves se registraron intentos de motín por parte de los reos.
"El concepto de motín basado en el diccionario de la Real Academia va a señalar cualquier acto en contra de la autoridad. Dentro de la lógica penitenciaria el concepto de motín queda más bien reducido a cualquier espacio que la población gana no permitiendo el control de los funcionarios de Gendarmería, que tiene incluso en su parte extrema a una eventual fuga del recinto penal. Eso no ha ocurrido y se descarta plenamente",
Son 7 mil 122 internos en la ex Penitenciaría de Santiago, de los cuales mil 400 están en huelga de hambre según reconoció el propio director de Gendarmería.
Cabe recordar que el centenario recinto penal tiene capacidad para solo mil 900 personas privadas de libertad. Y hay 7 mil 122 internos
Por eso uno de los temas que discutieron los voceros de los reos con las autoridades de Gendarmería y el fiscal judicial Daniel Calvo, fue el tema del hacinamiento, además de mejorar el régimen de visitas, como también acelerar los trámites administrativos para la entrega de beneficios.
Masferrer indicó que hubo algunos puntos en los que estuvieron de acuerdo en que se pueden hacer mejoras en el corto plazo.
"Revisión de los beneficios, apurar los procedimientos administrativos en cuanto a otorgamiento o no de beneficios. No hubo promesas de que estos se iban a dar por sí solos y la población está muy consciente y quedó claro aquello. También respecto de los tiempos, es el 30 de diciembre que se reúne el consejo técnico y el tribunal de conducta en la unidad penal, no se va a adelantar esa actividad",
El director nacional de Gendarmería informó que luego de la reunión con los representantes de los reos la situación se normalizó al interior de la Penitenciaría de Santiago.
Sin embargo en otros recintos del país también se informa de distintas manifestaciones, como en la Cárcel de Alta Seguridad y el penal de Quillota, donde al menos unos 354 internos están en huelga de hambre, sin que se conozca sobre su estado de salud.
17 de diciembre de 2010
©radio u. de chile

hinzpeter, el poli bueno

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columna de lísperguer

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Hinzpeter asistió a reunión con Aznar, Quiroga, Uribe, Piñera y Vargas Llosa.

Qué decepción causa ver a Hinzpeter (no en esta foto) junto a Aznar y Uribe, dos de los personajes más execrables del mundo político hispano. El primero declaró una guerra ilegal contra Iraq a cambio de la promesa estadounidense de entregar a España contratos de reconstrucción del país y acusó falsamente a la ETA por el atentado de Atocha para sacar provecho electoral. Uribe fundó las milicias paramilitares, formó una propia (los 12 Apóstoles) con su hermano Santiago (mataron a 50 campesinos, cuyas tierras fueron anexadas a la hacienda de los Uribe), ordenó el asesinato de varios activistas de ddhh (al jefe del DAS, Noguera, hoy preso), espió a jueces de la CS y reformó la Constitución con cohechos y sobornos para hacerse reelegir. Si la nueva derecha tiene los ddhh y la democracia como valores centrales, no se entiende qué hace Hinzpeter con estos personajes. Me sugieren que el papel de Hinzpeter es el del poli bueno. Qué desilusión.
lísperguer

ley de impunidad en colombia

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Nueva ley evita que revelaciones de desmovilizados sean prueba en procesos judiciales. A sanción presidencial pasó el proyecto con el que el gobierno resolvería la situación jurídica de cerca de 30 mil desmovilizados de las autodefensas y las guerrillas. El Polo Democrático la definió como una ley de "perdón y olvido".

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[Jaime Pérez Munévar] Colombia. En tiempo record -apenas 15 días- el Congreso le entregó al gobierno la fórmula para resolver el limbo jurídico de exparas y exguerrilleros rasos a los que, por decisión de la Corte Constitucional, no los podía cobijar con la figura del principio de oportunidad.
La nueva ley, que pretende cumplir con los compromisos pactados para desmovilizaciones colectivas o individuales, establece un nuevo pacto entre gobierno y excombatientes.
Estos últimos, si no han incurrido en delitos de lesa humanidad, deberán suscribir un nuevo acuerdo con el gobierno para cumplir los derechos que las víctimas tienen a conocer la verdad.´
Para que no sean juzgados por concierto para delinquir agravado, los desmovilizados deberán contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica, mediante el esclarecimiento del contexto en el que cada uno participó, la conformación del grupo organizado al margen de la ley al que perteneció y en general sobre todos los hechos o actuaciones de que tenga conocimiento en relación con su participación en el grupo.
Eso para cumplir con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en reciente fallo había advertido que el principio de oportunidad para los desmovilizados violaba los derechos de las víctimas.
Sin embargo, los desmovilizados deberán entregar esa información ante un organismo no judicial. Según la nueva ley, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación será la encargada de recibirla.
Pero lo que un sector del Congreso cuestionó con preocupación fue una especie de letra menuda de esta ley, que establece que la información de los desmovilizados no podrá servir como prueba para procesos judiciales contra terceros.
Por eso la bancada del Polo Democrático, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, se opuso al proyecto, y dijo que si la información de exparas y exguerrilleros no sirve como prueba sería lo mismo que decir que el Estado renunciará a investigar posibles delitos de aquellos particulares o servidores públicos que promovieron o tuvieron connivencia con los grupos ilegales.
"Esto es una ley de perdón y olvido" –dijo el representante Germán Navas Talero–. "El gobierno dice que busca la paz y la justicia, pero esta ley lo que dice es que si el Estado se entera de quiénes cometieron delitos tendrá que quedarse callado".
La representante del Polo Alba Luz Pinilla fue más allá. "Esto es una ley de impunidad".
El ponente del proyecto en la Cámara de representantes, donde se surtió el último debate de la iniciativa, Carlos Edwar Osorio (La U), dijo que el motivo de esta especie de cláusula es que se trata de mecanismos no judiciales "que no pretende otra cosa que hacer efectivos los procesos de reconciliación nacional, los cuales no son obstáculo para la recepción de la verdad dentro de los procesos judiciales".
 
La ‘Aplanadora Santista’
En la jornada del miércoles, este proyecto surtió los dos debates que le restaban tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En ambas corporaciones la bancada de la ‘Unidad Nacional’ fue más aplanadora que nunca.
Incluso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió a los representantes a la Cámara que aprobaran el proyecto sin tener en cuenta las proposiciones que se le habían incluido, tres en total, y todas ellas de autoría del Polo Democrático.
Eso motivó el malestar de la bancada de este partido, que consiguió que se debatieran estas observaciones pero fueron derrotados de forma implacable. La aprobación de esta ley contó con el respaldo de 100 parlamentarios en contra de los ocho del Polo.
La llamada ley que resolverá el limbo jurídico de exparas y exguerrilleros rasos pasará a sanción del presidente Juan Manuel Santos. Y cuando lo haga quedarán suspendidas las órdenes de captura que había por concierto para delinquir agravado contra casi un millar de desmovilizados.
El único artículo incluido a última hora es el que le da facultades al Gobierno para determinar qué desmovilizados serían excluidos de los beneficios de esta ley, en caso de que incumplan los compromisos adquiridos al momento de su desmovilización, como son no volver a delinquir y cumplir con los programas de reintegración a la sociedad civil.
17 de diciembre de 2010
16 de diciembre de 2010
©semana

anulan confesiones de desmovilizados

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¿El fin del limbo? La nueva ley que resuelve el limbo jurídico a 30 mil desmovilizados, crea una especie de comisión de la verdad, cuya información no podrá ser usada contra nadie pero que algunos consideran como un imposible jurídico. La oposición la ve como una ley de perdón y olvido.

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Colombia. En esencia, la ley que aprobó el Congreso la noche del 15 de diciembre, resuelve la situación jurídica de miles de desmovilizados de los grupos paramilitares y las guerrillas que no fueron cobijados por la ley de Justicia y Paz.
El punto más polémico de esta ley es que lo que digan o confiesen los desmovilizados de los grupos armados ilegales no podrá ser usado como prueba en ningún proceso judicial en su contra o de terceros.
Sin embargo, para la organización Derecho Justo esto no es posible jurídicamente, porque no se puede obligar a las víctimas a que renuncien a su derecho a la justicia y a la verdad, ni a los organismos judiciales a que no cumplan con su deber de investigar crímenes. Lo que en teoría podría desembocar en que las víctimas vayan a los tribunales internacionales a reclamar justicia.
"El Congreso no puede facultar a la Fiscalía y a la Rama Judicial a renunciar a su obligación de investigar y juzgar a los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley por crímenes respecto de los cuales existe un imperativo internacional de hacerlo, y en donde la impunidad resulta inadmisible, sin establecer elementos de justicia, verdad y reparación a las víctimas."
Esta ley, aprobada el miércoles en la noche antes de que el Congreso se fuera de vacaciones, fue criticada por la bancada del Polo Democrático Alternativo porque consideraba que era una forma de perdón y olvido a los crímenes cometidos por los paramilitares y sus cómplices, entre ellos políticos, funcionarios, empresarios y miembros de la Fuerza Pública, que no podrán ser procesados por lo dicho por los paramilitares.
"Esto es una ley de perdón y olvido" –dijo el representante Germán Navas Talero–. "El gobierno dice que busca la paz y la justicia, pero esta ley lo que dice es que si el Estado se entera de quiénes cometieron delitos tendrá que quedarse callado".
La representante del Polo Alba Luz Pinilla fue más allá. "Esto es una ley de impunidad".
El ponente del proyecto en la Cámara de representantes, donde se hizo el último debate, Carlos Edwar Osorio (La U), dijo que el motivo de esta cláusula es que son mecanismos no judiciales "que no pretende otra cosa que hacer efectivos los procesos de reconciliación nacional, los cuales no son obstáculo para la recepción de la verdad dentro de los procesos judiciales".
Estos desmovilizados, después de que el presidente Juan Manuel Santos la sancione, se beneficiarán de la suspensión de órdenes de captura y condenas por la justicia ordinaria, por delitos que no sean de lesa humanidad.
Los paramilitares tendrán que presentarse, por ahora y mientras el gobierno reglamenta la ley, ante la Comisión Nacional de Reparación y firmar un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación.
Los desmovilizados que pueden ser beneficiarios de esta ley son aquellos que cometieron los delitos de "concierto para delinquir simple o agravado, utilización de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad."
Para que no sean juzgados por concierto para delinquir agravado, los desmovilizados deberán contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica, mediante el esclarecimiento del contexto en el que cada uno participó, la conformación del grupo organizado al margen de la ley al que perteneció y en general sobre todos los hechos o actuaciones que tenga conocimiento en relación con su participación en el grupo.
Los paramilitares además de contar lo que saben, deben pagar los daños causados y prestar un servicio social a las comunidades en donde se hayan reincorporado a la vida civil.
El proyecto del gobierno logra suspender las órdenes de captura para los desmovilizados de los grupos armados, guerrilla o paramilitares, así como la ejecución de la pena de éstos por un "período equivalente a la mitad de la condena".
Para la suspensión de la pena impone varios requisitos: Estar en un proceso de reintegración o haberlo cumplido satisfactoriamente; reparar los daños ocasionados a las víctimas por los cuales fue condenado por la ley; no haber cometido delitos después de desmovilizado y tener buena conducta.
El Congreso facultó al gobierno para crear y/o modificar el "operador" que pondrá en marcha el mecanismo de contribución a la verdad y la memoria histórica, así como para regular lo atinente a su funcionamiento y adoptar el presupuesto para echarla a andar.
Mientras se crea o establece qué entidad hará las veces de este "operador", la ley establece que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación asumirá las funciones de este mecanismo no judicial de contribución a la verdad, la memoria histórica y la reparación.
El gobierno también podrá modificar la planta de personal y la estructura de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República y la Alta Consejería para la Reintegración, para adaptarlas a las nuevas necesidades de la ley.
Este proyecto fue presentado por el gobierno Santos luego de que el 23 de noviembre pasado, la Corte Constitucional tumbara el principio de oportunidad para 19 mil desmovilizados de las Auc, por considerar que este beneficio va en contra de los presupuestos de verdad, justicia y reparación. La Corte Constitucional le cerró la puerta a que los desmovilizados se acojan a esta figura para que cese la acción jurídica contra ellos.
El 19 de junio de 2009, el Congreso había aprobado una ley que permitía el sometimiento a la justicia de más de 19 mil paramilitares rasos que se desmovilizaron mientras era aprobada la Ley de Justicia y Paz, y que quedaron en un limbo jurídico porque no se les podía aplicar los beneficios de la ley pues la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 11 de julio de 2007) y la Corte Constitucional argumentaron que estos paras no se podía procesar por delitos políticos y debían ser juzgados por el delito de concierto para delinquir.
La Corte decidió tumbar el principio de oportunidad consagrado en esta ley porque no respetaba los derechos de las víctimas. Según informaron fuentes del alto tribunal, este principio no se permite para la justicia transicional, porque concedía un grado muy amplio de discrecionalidad al fiscal, entre otrospuntos. La decisión pone en una situación critica el proceso con estos desmovilizados porque todos tendrán que ser juzgados por la justicia ordinaria y pueden recibir condenas mayores a las que recibirán los jefes paramilitares por estar en Justicia y Paz (8 años como pena alternativa).
Esta ley fue presentada por el gobierno Uribe al Congreso, y en ella introducía una modificación al Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), permitiendo que el ’principio de oportunidad’ fuera aplicado a desmovilizados de grupos armados ilegales bajo ciertas condiciones, incluyendo a los paramilitares que se desmovilizaron después de julio de 2005.
Lo que buscaba esa reforma era que si un delincuente o un integrante de un grupo armado ilegal se entrega a las autoridades pudiera recibir un beneficio al confesar sus delitos, pero quedaban exentos quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad.
Si bien, por ser una ley orgánica no pasa a control de la Corte Constitucional, cualquier ciudadano puede demandarla. Mientras el gobierno podrá aplicarla hasta tanto no sea declarada inconstitucional.
17 de diciembre de 2010
15 de diciembre de 2010
©verdad abierta

desmovilizados siguen delinquiendo

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Gobierno reconoce que 6.000 desmovilizados reincidieron en delitos. El rearme, además de las AUC, incluye desmovilizados de las Farc y del ELN, entre el 2008 y el 2009. La CNNR llama "combatientes" a los asesinos a sueldo de las milicias de extrema derecha.

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Colombia. El gobierno, a través del organismo responsable de reparación de las víctimas del conflicto armado interno, reconoció este jueves que unos 6.000 de 55.000 desmovilizados de grupos armados han reincidido en delitos.
La denuncia está contenida en el II Informe Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), divulgado este jueves en rueda de prensa por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
Según el organismo, "algunas estructuras disidentes de los compromisos en DDR de las AUC han sido el foco, en varias regiones del país, del rearme y de nuevos riesgos para la construcción de paz".
Según el mismo informe, la CNRR "calcula la reincidencia en un 15,5 por ciento del total de los desmovilizados (55.000 personas), mientras que los combatientes en bandas emergentes ascienden a 6.000".
Ese rearme, además de las AUC, incluye desmovilizados de las FARC y del ELN, entre el 2008 y el 2009.
Entre el 2003 y el 2006 se desmovilizaron colectivamente en Colombia algo más de 31.000 miembros de las AUC e, individualmente, entre integrantes de la ultraderecha armada y de las FARC y del ELN, otros 24.000.
El mismo documento insiste en advertir que "estos hechos representan riesgos para las víctimas del conflicto interno y para el acceso pleno a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".
Establece, así mismo, "las relaciones de integración, cooptación, alianzas y disputas entre todos estos grupos armados ilegales y delincuenciales en determinados contextos territoriales" y en torno de "prácticas e intereses asociados a actividades ilegales".
El informe, presentado este jueves, fue elaborado tras un seguimiento y verificación de los procesos de reincorporación de exintegrantes de grupos armados ilegales que realiza la CNRR.
17 de diciembre de 2010
16 de diciembre de 2010
©semana

cae ex jefe del bloque metro

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Capturan a ‘Castañeda’, ex jefe del Bloque Metro. Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, cayó en Magangué, Bolívar. Era buscado por masacres cometidas en el Oriente Antioqueño.

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Colombia. Agentes de la Policía Nacional capturaron en Magangué, Bolívar, a Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, ex jefe del Bloque Metro de las Auc, que es investigado por decenas de asesinatos en Antioquia.
‘Castañeda’ tenía una orden de captura por dos masacres en el Oriente Antioqueño.
Según la Policía, el 21 de marzo de 1998, ‘Castañeda’ mandó asesinar a Fabián de Jesús Colorado y Alcides Antonio Clavijo Jiménez, concejales de San Rafael, Antioquia, cuyos cuerpos fueron abandonados en la vereda El Ingenio.
Tres días después, hombres bajo su mando asesinaron a la profesora María Rosmira Jiménez Alvarez, y a los campesinos Juan Antonio Agudelo Álvarez, José Leonel Ciro, José Darío Castrillón y Alberto González Álvarez, quienes fueron sacados de sus casas y luego acribillados en el El Jordán, un corregimiento de San Carlos, Antioquia.
En abril de 2008 los ‘paras’ asesinaron a Luis Alberto Henao y Reinaldo Gómez Giraldo en las veredas Topacio y El Chico de San Rafael.
16 de diciembre de 2010
©verdad abierta

torturas y vejámenes son sistemáticos

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columna de lísperguer

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Carabineros torturaron a vecino retardado.

Este caso reitera lo que sabemos todos, y que aparentemente las nuevas autoridades políticas ignoran: los vecinos de barrios y poblaciones pobres, en sus entornos o fuera de ellos, son sistemáticamente vejados, humillados, maltratados y torturados por carabineros e incluso detectives. En los allanamientos individuales y colectivos (que no se realizan en los barrios donde viven los grandes traficantes) carabineros y detectives, a veces acompañados por periodistas cómplices, rompen sistemática e innecesariamente los enseres y otros bienes y someten a los moradores a todo tipo de vejámenes. Es difícil creer que las autoridades vivan en la ignorancia de esta situación. El caso de Berríos Urra muestra el carácter clasista de la justicia chilena, y el enseñamiento con que la policía suele tratar a la gente pobre. Y carabineros y detectives lo hacen porque se saben impunes.
lísperguer