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identificación que derrotó a genocidas


Acto en la UNR en homenaje del militante Óscar Bouvier.
[Sonia Tessa] Argentina. El acto empezó con el himno nacional en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. Mientras, de pie, la sala repleta vibraba con la visión en una pantalla de fotos de Óscar Bouvier, desaparecido el 27 de septiembre de 1976, cuyos restos fueron identificados el 5 de noviembre pasado. Las imágenes del militante de la Juventud Peronista con sus amigos, sus compañeros, con su esposa Marita Prieto, así como sus dibujos, distintos documentos le dieron otra carnadura al conmovedor texto que leyó su hijo, Pedro. "Las palabras del dictador Videla sobre la falta de entidad del ’desaparecido, no está muerto ni vivo, está desaparecido’, se derrumban con la aparición de cada uno de los restos de nuestros seres queridos que son encontrados y con ellos su identidad. Apareció Oscar y creo que es un momento histórico clave para que aparezca, hemos conseguido borrar las palabras del dictador, del genocida, del asesino, Oscar ha vuelto", dijo Pedro, militante de Hijos, que recibió una ovación del público.
El acto fue encabezado por Pedro, por su madre, el vicerrector de la UNR, Eduardo Seminara, que fue compañero de militancia del Gusano, como le decían, y de Enrique Barés, secretario académico de la UNR y primo de Oscar. Antes del acto, Marita relató lo difícil que le resultó recuperar los recuerdos durante todos estos años. "La desaparición es mucho peor que la muerte", dijo la compañera de Oscar. Una de las fotos que se vieron ayer la mostraban, sonriente, con su flamante esposo, en la puerta del Registro Civil. Una imagen luminosa, con los colores saturados típicos de las fotografías tomadas en los años 70. "Muchos de los que tenemos más años participamos de la alegría que tenía el Gusano para encarar la vida", recordó ayer Seminara. Oscar Bouvier hubiera cumplido 55 años el mismo día que se identificaron sus restos, el 5 de noviembre pasado.
Por eso, su hijo dijo ayer que "la noticia de la identificación de Oscar fue muy fuerte para nosotros, es una mezcla de alegría, tristeza, angustia, y otros sentimientos que provocan una situación como ésta, pero sobre todo lo sentimos como una victoria de los que luchamos contra la impunidad, el silencio, la mentira, la ignorancia, la indiferencia, los prejuicios, el individualismo y la complicidad de tantos que apoyaron, encubrieron y justificaron tantos crímenes atroces".
Pedro recordó también a sus abuelos Alfredo y María Aurelia, que murieron sin vivir lo que calificó como un "reencuentro". El joven dijo también: "Es una nueva etapa en la que debemos reconstruir lo sucedido, armar el rompecabezas de esta historia, transitar nuevas búsquedas de verdad y justicia. Oscar ha dejado su huella por donde nosotros caminamos".
Al mismo tiempo que reconoció la política de derechos humanos inaugurada por Néstor Kirchner en 2003, que permitió llegar a los juicios que se realizan en todo el país, Pedro reclamó que "los asesinos también estén presos durante el transcurso de los juicios y cumplan sus condenas en cárceles comunes y sin privilegios".
12 de diciembre de 2010
10 de diciembre de 2010
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otra querella en causa feced


Diputada Alicia Gutiérrez interpondrá querella por el asesinato de su hermana Ana María Mónica durante la dictadura.
Argentina. La diputada provincial del partido SI Alicia Gutiérrez se presentará hoy, a las 9, como querellante en la causa Feced, con un pedido al titular del juzgado federal número 4, Marcelo Bailaque. En ese expediente hay pruebas de que Ana María Mónica Gutiérrez -hermana de Alicia-, estuvo en el Servicio de Informaciones y fue sacada del centro clandestino de detención para ser asesinada, el 23 de octubre de 1976. El cuerpo de Ana María apareció acribillado.
Ana María Gutiérrez (la Negra) era maestra en el barrio Casiano Casas, tenía 24 años. Estudió odontología en la Universidad Nacional de Rosario, aunque no pudo terminar de rendir, producto de la persecución política. Militaba en la Juventud Peronista, al igual que su compañero Eduardo Pérez, desaparecido. El 20 de octubre de 1976, Ana María fue secuestrada en la calle. El 21 de octubre fue vista por una sobreviviente dentro del SI. Alicia Gutiérrez es patrocinada por los abogados de Hijos Rosario.
12 de diciembre de 2010
10 de diciembre de 2010
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deber de escuchar a las víctimas


"Tenemos la obligación de hablar por los que ya no están y tenemos la obligación de escuchar a víctimas y testigos que volvieron del infierno".
[Griselda Tessio] Ante los genocidios del siglo XX que sacudieron la racionalidad humana, ya no puede seguir hablándose en los términos del optimismo iluminista, y nace la exigencia de identificar pensamiento y crítica. Aquel optimismo prometía la emancipación de la Razón de toda tutela y toda censura, para lograr la felicidad de los hombres. Pero esa idea se hace añicos en el siglo XX porque sabemos que a veces, la "razón engendra monstruos".
Desde 1983 hasta la fecha, los juristas, historiadores y cientistas sociales, han comenzado a analizar el tristísimo proceso de la dictadura y represión vivido en la Argentina, "y también en otros países de la región, en mérito al modelo de disciplinamiento de la llamada ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’.
Se ha dicho que el derecho era poder legitimado por los poderosos que creaba su razón en la fuerza y el sometimiento de los otros. Puede argumentarse, sin embargo y luego de lo que Ihering llamara "la larga lucha por el Derecho" que a partir de la modernidad -en su proyecto aún no cumplido las naciones y sociedades han legitimado sus corpus jurídicos por la vía de la racionalidad legal y de la ética social, y no sólo la fuerza.
Sabemos que a partir del 24 de marzo de 1976 -y antes de manera solapada y no confesa se quebraron los valores sustentables que cohesionaban mínimamente una sociedad moderna y un Estado racional, sufriendo nuestro país una instancia de terror y arbitrariedad propia de sistemas dictatoriales de los conocidos en el siglo XX.
En este asalto de la Razón fueron conculcados los derechos públicos y privados de los ciudadanos, desapareció la persona como sujeto de derechos, se arrasó el orden jurídico y vivimos todos bajo sospecha. La violación de los derechos humanos por las fuerzas armadas con omisión, aquiescencia o complicidad de vastos sectores de la Sociedad, fue práctica cotidiana. Durante la dictadura se estableció una perversa metodología de desaparición forzada de personas, caracterizada por el secuestro, internación en centros clandestinos, torturas, condiciones de vida infrahumanas y eliminación física de ellas en la mayoría de los casos.
Sus familiares clamaron por sus vidas, clamaron por sus restos y hoy reclaman por el conocimiento de la verdad y el resguardo de la memoria.
Por tales motivos se hace necesaria "una reconstrucción independiente del hecho histórico que permita obtener información sobre el destino de las víctimas de hechos tan atroces".
A más de 30 años de aquellos días que devastaron el entramado social, que destruyeron vidas y esperanzas, podemos decir que hemos recuperado la democracia y la memoria, ya que no hay construcción de vida digna sin ambas.
En 1983 muchos dijeron que no era posible, pero muchos más dijeron sí a la idea del Juicio al Mal Absoluto, a las Juntas de Comandantes.
Por eso estamos convencidos que la causa 13 fue un parteaguas en la historia contemporánea argentina y en la historia del derecho penal nacional. Hay una secuencia encadenada de hitos y procesos.
Hoy es posible la agenda de los derechos humanos instalada en la sociedad, porque antes hubo Conadep, Causa 13 y Nunca más. Hoy sabemos que tenemos la obligación de hablar por los que ya no están y tenemos la obligación de escuchar a víctimas y testigos que volvieron del infierno.
Como dice Saramago: "Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin la memoria no existiríamos, sin la responsabilidad, no mereceríamos existir".
[La imagen viene de este blog.]
[La autora es Vicegobernadora de la provincia.]
11 de diciembre de 2010
10 de diciembre de 2010
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derecho a la verdad y a la justicia


El caso Gelman. Terminar con la impunidad es uno de nuestros desafíos pendientes como democracia.
[Santiago A. Canton] Recientemente se celebró una audiencia pública en el primer caso sobre Uruguay que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana. Conocido como el ‘Caso Gelman’, trata sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, el nacimiento en cautiverio de su hija, María Macarena, la separación involuntaria de madre e hija; las violaciones que produjo la supresión de identidad y nacionalidad de María Macarena; la búsqueda incesante del paradero de María Claudia y María Macarena por Juan Gelman y sus familiares; y la búsqueda infructuosa de verdad y justicia por parte de las víctimas y sus familiares. Estos hechos ocurrieron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los países de la región, efectuadas en el marco del llamado ‘Plan Cóndor’ y que se caracterizó por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y apropiación de niños, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.
Frente a estas graves violaciones, tanto Uruguay como otros países de la región respondieron de la misma manera: garantizaron la impunidad para los asesinos y torturadores mediante la sanción de leyes de amnistía. Así fue en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Perú y El Salvador, entre otros.
La Comisión y la Corte Interamericana ya han tenido la oportunidad de referirse a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente, la Corte lo ha hecho en los casos Barrios Altos contra Perú y Almonacid contra Chile. No hay motivo para pensar que la decisión en el Caso Gelman no estará en consonancia con la jurisprudencia del sistema interamericano. Muy posiblemente, la Corte vuelva a ratificar esa jurisprudencia y le pida al Estado de Uruguay que deje sin efecto la Ley de Caducidad.
El concepto central que resume esta jurisprudencia de la Corte se encuentra en el caso Barrios Altos de Perú: "Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Este párrafo puede ser copiado en forma textual en el caso Gelman.

Los Límites de la Soberanía Popular
Pero este caso puede, además, enriquecer aún más esta jurisprudencia del sistema interamericano. En la defensa de este caso y los otros casos en trámite ante la Comisión relacionados con la ley de ‘Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado’, el Estado uruguayo argumentó, entre otras cosas, la imposibilidad de derogar dicha ley debido a que la población rechazó la derogación en un referéndum en 1989 y rechazó la anulación en un plebiscito en 2009. Este argumento es insostenible. Existe una limitación general que prohíbe iniciativas populares contrarias a normas internacionales inderogables. Es decir, hay ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, que se encuentran fuera del ámbito de la democracia directa, porque ningún Estado de Derecho puede sustraerse de dichas normas. El mismo Estado uruguayo reconoció este principio en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Sabalsagaray, que reconoce claramente que la tutela de los derechos fundamentales como la vida y libertad personal caen fuera de los límites de los asuntos a ser decididos a través de consultas populares: "No hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados" los derechos fundamentales.
El hecho de que la Ley de Caducidad no haya sido aplicada por la Justicia uruguaya en algunos casos es un avance, pero es claramente insuficiente. El derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe estar garantizado con un procedimiento de aplicación general, no solamente para un caso individual; debe tener efectos retroactivos, debe permitir la reapertura de los casos archivados, no debe depender de la voluntad política de un gobierno y debe garantizar la permanencia en el tiempo independientemente de los cambios regulares del sistema democrático. Sólo de esta manera quedarán satisfechos los requisitos de la Convención Americana, ratificada por Uruguay 25 días después de la asunción del primer presidente electo tras el fin de la dictadura militar uruguaya.
A fin de cumplir con sus obligaciones internacionales, Uruguay debe investigar las atrocidades perpetradas y sancionar a los responsables. Las víctimas de este caso y de todas las violaciones ocurridas tienen derecho a la verdad y a la justicia. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a la verdad y a la justicia.
Es indudable que este caso trasciende a las víctimas del mismo. Miles de personas fueron víctimas directas de las atrocidades que cometieron aquellos que creyeron tener el derecho sobre la vida y la muerte. Y millones fueron víctimas por la destrucción del sistema democrático, garantía principal para la vigencia y defensa de los derechos humanos. Terminar con la impunidad por esos hechos es uno de los principales desafíos pendientes de nuestras democracias.
La incansable búsqueda de justicia de Juan y Macarena es la búsqueda de miles de latinoamericanos que fueron víctimas de las peores atrocidades que pueda realizar el ser humano. Gracias a ellos, la verdad y la justicia están lentamente avanzando. Dependerá de nosotros y de las generaciones futuras mantener viva la memoria para evitar que el horror vuelva a reinar.
[El autor es Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).]
11 de diciembre de 2010
10 de diciembre de 2010
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uribe, el nazi colombiano


columna de lísperguer
Según cables revelados, ex presidente Uribe tachaba de Hitler al presidente Chávez.

¿Por qué justificaría el ex presidente estos asesinatos? Según el general Suárez, con el abultamiento de las bajas en el conflicto se creaba una falsa impresión de éxito en la campaña militar contra las guerrillas. El pago de recompensas por guerrillero muerto (que se debía demostrar con la cabeza cercenada o las manos de las víctimas) -unos 2 mil dólares- pareciera explicar muchos de esos asesinatos, cuya investigación y castigo de los culpables era entorpecida por militares, políticos y el propio Uribe. En el Cesar, algunas de las víctimas no fueron civiles inocentes, como la mayoría, sino mercenarios rasos que fueron asesinados por sus superiores para cobrar las recompensas. Las ejecuciones de civiles forman parte de una campaña de intimidación y limpieza social. Los militares consideran a las víctimas (vendedores ambulantes, delincuentes de poca monta, homosexuales, discapacitados) como personas desechables. Así pensaban también los nazis.
lísperguer

uribe encubría ejecuciones de civiles


columna de lísperguer
Según cables revelados, ex presidente Uribe tachaba de Hitler al presidente Chávez.

También gracias a Wikileaks sabemos ahora el mayor obstáculo para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes (falsos positivos), era el presidente Uribe mismo, según informó el embajador Brownfield. Eso le comunicó el general Carlos Suárez, que se quejó de que Uribe "consideraba el éxito militar en términos de muertes". También denuncia al general Óscar González y al actual presidente Santos, en 2009 ministro de Defensa, que destituyó a solo 11 de los 28 oficiales identificados como autores de ejecuciones en el Cesar. En este caso se descubrió también que las ffaa compraban víctimas a los paramilitares, que llegaron a ejecutar a mercenarios rasos para cobrar las recompensas. Todos los altos mandos uribistas estuvieron implicados en esos asesinatos y/o en su encubrimiento, incluyendo a los generales Montoya y del Río. Se trata de más de 5 mil víctimas. El sobrenombre de Hitler le cae mucho mejor al propio ex presidente Uribe.
lísperguer

visita al centro del infierno


Referentes internacionales de derechos humanos visitaron la ex ESMA. El juez español Baltasar Garzón, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba y algunos de los integrantes de la CIDH que vinieron al país en 1979 conocieron el Casino de Oficiales, donde funcionó el centro clandestino de detención.
Argentina. El chileno Edmundo Vargas Carreño y el norteamericano Tom Farer integraron la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 1979 documentó en la Argentina las denuncias de organizaciones de derechos humanos. Ayer, cuando bajaron al sótano del Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, Vargas Carreño quiso saber cuántas personas se encontraban detenidas cuando llegó en 1979. "Siento mucha frustración por no haber podido encontrar nada", agregó, compungido. Era difícil que lo hiciera: para la visita de la CIDH, el grupo de tareas escondió a los detenidos en una isla de Tigre que pertenecía a la Iglesia Católica, la famosa isla El Silencio. "No estaban tan lejos de aquí", reflexionó Farer.
Vargas Carreño y Farer fueron parte, junto al juez español Baltasar Garzón y la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, de una comitiva de lujo que recorrió ayer el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, en coincidencia con el aniversario del Juicio a las Juntas Militares y en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos. Recorrieron el Casino de Oficiales, donde cientos de personas fueron torturadas y asesinadas durante la última dictadura.
La visita de las personalidades internacionales arrancó pasadas las 10, cuando una combi oficial los acercó al predio que da a la Avenida del Libertador. Allí, junto a funcionarios de Cancillería, estaban Farer y Vargas Carreño. También se acercaron la diputada guatemalteca Otilia Lux –quien denunció en su país y en el extranjero el genocidio contra el pueblo maya– y la vicepresidenta de la ONG Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Sarudzayi Naomi Njere, quien hoy recibirá de manos de la presidenta Cristina Kirchner el Premio Emilio Mignone por fomentar la cultura de los derechos humanos.
Luego de una breve recepción a cargo de Judith Said, coordinadora general del Archivo Nacional de la Memoria, Garzón recordó el juicio a las juntas como "un ejemplo de cómo se debe responder a la represión desde la Justicia" y elogió el modelo de búsqueda de la verdad encarado por el gobierno argentino. "Desde el gobierno de Néstor Kirchner se está enfrentando de una forma muy firme ese pasado, con todas las garantías que un estado de derecho exige. Es un proceso que admiro y envidio", afirmó. En el mismo sentido, Vargas Carreño sostuvo que "lo que ha hecho Argentina es ejemplar para que nunca más se pueda repetir".
Durante la siguiente hora y media, los juristas y políticos recorrieron las instalaciones del mayor centro clandestino de la Armada en compañía de una de las guías del Espacio para la Memoria. La visita comenzó frente al edificio central de la ESMA, conocido como "Cuatro columnas", donde estaban las aulas de instrucción de los militares. El mayor interés de los presentes, sin embargo, fue el Casino de Oficiales.
En septiembre de 1979, como consecuencia de la presión de la administración de James Carter sobre la dictadura argentina, Vargas Carreño encabezó una misión –también integrada por Farer– que llegó al país para recopilar las denuncias de los familiares de secuestrados. Durante dos semanas, la comisión estuvo en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario y visitó numerosos centros clandestinos. Su lapidaria conclusión fue que "por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron (...) numerosas y graves violaciones a los derechos humanos". Fue un golpe certero a la imagen de la junta en el exterior y el comienzo del fin de la dictadura.
En ese contexto, una de las acciones más resistidas por los militares fue la inspección ocular de la ESMA, que los testimonios habían señalado como centro de tortura. Para confundirlos, la Marina hizo varias reformas al casino: eliminaron un ascensor que daba al hall –cuya existencia habían confirmado distintos testimonios– y la escalera que conducía al sótano donde se interrogaba a los detenidos, camuflándola con una insignia de la fuerza. Todo esto en el ambiente contiguo al salón Dorado, donde la inteligencia naval analizaba la información arrancada bajo tortura. De esta manera, la CIDH se encontró con un edificio que funcionaba con aparente normalidad.
Al llegar al altillo, el silencio de los presentes fue total. El lugar, conocido como "Capucha", alojó en situaciones inhumanas a varias de las casi cinco mil personas que se calcula que pasaron por el centro. A unos metros estaba el cuarto que ofició de maternidad, donde más de treinta mujeres dieron a luz en cautiverio. Sus bebés fueron apropiados por los represores y repartidos entre sus amigos, aunque a la fecha once de los nacidos en la ESMA ya recuperaron su identidad.
Así concluyó la recorrida. Lux agradeció las explicaciones y compartió su experiencia personal. "Cosas así sucedieron en el mismo Palacio Nacional, que sirvió como centro de detención y tortura", detalló la diputada, quien trabajó en la comisión guatemalteca para la paz luego de la guerra civil que vivió el país hasta 1996. "La humanidad no puede volver a resolver sus problemas a través de la fuerza y el crimen. Aún quedan secuelas en nuestros países. Quizá no vivamos la guerra, pero sí sus efectos", concluyó.
[Informe de Federico Poore.]
11 de diciembre de 2010
10 de diciembre de 2010
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cristina rinde homenaje a madres


Día Internacional de los Derechos Humanos. Cristina Kirchner homenajeó a las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo y anunció la creación del Ministerio de Seguridad.
Argentina. La Presidenta entregó el Premio Extraordinario Bicentenario de la Revolución de Mayo a seis familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, entre ellas a Hebe de Bonafini y a Estela Carlotto durante un acto celebrado en la Casa Rosada. Rodeada de militantes de distintos organismos de derechos humanos, Cristina reivindicó la defensa irrestricta de los DH. Luego de destacar la presencia del juez español Baltasar Garzón, consideró que "la Justicia es universal y que los DH no son de izquierda ni de derecha, son patrimonio de todos". Adelantó que la actual ministra de Defensa, Nilda Garré, asumirá la titularidad del nuevo ministerio el próximo miércoles. Afirmó que "la seguridad y los derechos humanos son términos de una misma ecuación". Rechazó la opinión de que "porque nos interesan los DH no nos interesa la seguridad", y advirtió que no estaba dispuesta "a que la Argentina se integre al club de países xenófobos". Pidió disculpas a los países hermanos "si se han visto ofendidos" por los últimos acontecimientos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, y exhortó "a la reflexión y a la prudencia" a todos los dirigentes políticos y sociales".
Cristina Kirchner aseguró que "el orden público debe ser custodiado pero no a partir de vidas de seres humanos porque, entonces, se transforma en algo diferente. Esto no significa desconocer los atributos del Estado y el ejercicio del monopolio de la fuerza sino tomar cuenta de la historia. La paz y el orden están vinculadas con la garantía de los derechos de todos. Nos comprometimos siempre a no reprimir manifestaciones sociales, a pesar de los costos políticos. Esa es la senda. Los últimos hechos confirman que no estábamos equivocados", aseveró.
La Presidenta sostuvo que nada le interesa más que "preservar la vida y el patrimonio de los argentinos", en tanto que sostuvo que nunca va a permitir "que se le quite la vida a alguien por defender algo material". "Nada ni nadie puede reparar la pérdida de un ser querido", afirmó al tiempo que recordó el valor y el coraje de "las Madres y las Abuelas que nunca pidieron violencia o venganza".
"Redoblo mi convicción en ese sentido. Esa es una sociedad civilizada para lograr justicia. Ustedes son el más vivo ejemplo de que la venganza y el odio no sirven. Sólo sirve la justicia. Voy a utilizar todos los instrumentos de la Constitución para que todos tengan los mismos derechos en el país. Todavía falta más igualdad, seguridad, justicia y equidad. Hay que ser responsables", dijo la presidenta.
11 de diciembre de 2010
10 de diciembre de 2010
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