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por deshumanizar a sus víctimas


El juez Rafecas ordenó la detención de quince represores por la causa del Primer Cuerpo de Ejército. Están acusados de al menos 30 homicidios.
[Irina Hauser] Argentina. En el marco de la investigación por la represión ilegal en el centro clandestino conocido como Protobanco, la Justicia dispuso la detención de ex comisarios de la Bonaerense. Se identificaron 120 víctimas, de las cuales 30 siguen desaparecidas.

En la zona que rodea el cruce del Camino de Cintura y la autopista Ricchieri había un conglomerado de centros clandestinos de detención que manejaba la Policía Bonaerense aún antes de la última dictadura. A uno de ellos, que funcionaba en 1974 con la Triple A, se lo conoce como Protobanco o Puente 12. Según una resolución del juez Daniel Rafecas, el salvajismo desplegado por sus responsables se evidenció en las "condiciones infrahumanas de existencia" a la que eran sometidas las personas allí detenidas y en la muerte de algunas de ellas en medio de sesiones de picana y golpizas. Por el secuestro y la aplicación de torturas a 120 víctimas, de las cuales unas 30 permanecen desaparecidas o fueron asesinadas, Rafecas ordenó la detención de 15 represores. Algunos ya estaban presos, pero varios aún estaban en libertad, igual que los que dispuso arrestar por crímenes cometidos en la Comisaría de Monte Grande.
Entre los nuevos detenidos figuran los ex comisarios de la bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein y los suboficiales José Sánchez, Angel Salerno y Carlos Tarantino, alojados en el penal de Marcos Paz. El 5 de noviembre de 1975 desplegaron un operativo ilegal en Palermo donde mataron a María Teresa Barvich, de 22 años, molieron a golpes a una embarazada de siete meses, Noemí Moreno, y lo mismo hicieron con Norberto Rey hasta quebrarle las costillas y con Blanca Becher, hasta dejarla inconsciente, mientras que balearon a Washington Mogorodoy. Los cuatro fueron detenidos junto con Juan Carlos Mogorodoy y Griselda Lazarte y siguieron siendo torturados en la División Cuatrerismo de La Matanza, donde funcionaba Protobanco y aun alberga dependencias policiales. El jefe era el comisario Juan Modesto Carabajal, quien murió en 1977.
Protobanco –que luego sería El Banco– estaba enfrente de El Vesubio e integra la megainvestigación sobre todo lo ocurrido en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Empezó como una suerte de cueva ilegal de la policía donde operaba la banda de agentes de inteligencia liderada por Aníbal Gordon. De hecho, el pedido de detenciones abarca también a dos iconos de ese grupo: Eduardo Ruffo y Raúl Antonio Guglielminetti, ya condenados por los crímenes cometidos en Automotores Orletti. El juez Rafecas llama la atención en su resolución sobre la ferocidad con que actuaban en Protobanco los represores. Señala "condiciones infrahumanas de existencia constitutivas de tormentos, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento, la frecuente prohibición de ir al baño, la exposición a desnudez, la amenaza constante con ser torturados físicamente, interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas".
Por lo menos tres detenidos murieron a causa de los tormentos, señala el juez. Uno de ellos, Jorge Marcelo Scelso, de 26 años, padre de dos niños, detenido el 6 de septiembre de 1976, falleció cinco días después de la tortura. Le habían perforado los pulmones, además de quebrarle las costillas. Murieron en circunstancias similares los hermanos Rubén Gerardo y Jorge Luis Salinas, alojados en Protobanco la primera semana de enero de 1977. Fueron sacados de allí durante algunas horas y al volver no pudieron sobreponerse. Fallecieron con una diferencia de media hora. Los guardias se llevaron los cuerpos.
El juez incluyó las historias de 20 víctimas que estuvieron recluidas en la comisaría de Monte Grande, donde entre 1976 y 1978 se usaron modalidades "equiparables al delito de torturas". Por estos hechos fue detenido el ex comisario Guillermo Néstor Díaz, jefe de la seccional donde "las víctimas fueron sometidas a un régimen brutal de inanición, en absoluta oscuridad, abstraídos del conocimiento de sus familiares y sin poder mantener contacto con el exterior y con la amenaza de la tortura o de la desaparición". También fueron responsabilizados los ex suboficiales de la Bonaerense Nildo Delgado, Daniel Mancuso, Alberto Faustino Bulacio y Jorge Gauna.
Por aquella comisaría pasaron tres funcionarios del gobierno bonaerense: Ramón Miralles, Pedro Goin y Alberto Liberman. En el mismo grupo estuvo Juan Ramón Nazar, director de La Opinión, de Trenque Lauquen. Otro grupo, conformado por Jorge Watts, Faustino Fernández, Darío Machado y Ricardo Wejchenberg, llegó allí después de haber estado en El Vesubio.
8 de noviembre de 2011
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a la cárcel ex de represor


La Justicia confirmó el procesamiento de la exesposa de un represor.
Argentina. La Cámara Federal ratificó el enjuiciamiento, sin prisión preventiva, de Inés Graciela Lugones, exesposa del fallecido represor Guillermo Minicucci, que está acusada de haber entregado un bebé nacido en el centro clandestino de detención que funcionaba la ESMA al matrimonio integrado por Jorge Ernesto Bacca y Cristina Mariñelarena.

En una resolución de seis carillas, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah concluyeron: "Se encuentra probado en autos que el nacimiento se produjo en la Escuela Mecánica de la Armada cuando la madre del menor -Liliana Carmen Pereyra- se encontraba privada de su libertad, como así también la presencia del ex esposo de Lugones -teniente coronel Guillermo Minicucci- en ese lugar para la época de los acontecimientos".
Los magistrados explicaron que el represor Minicucci "se presenta como el nexo existente entre el menor y el matrimonio Bacca-Mariñelarena, lo cual fortalece, con el grado de provisionalidad inherente a la etapa que se transita, la hipótesis de que Lugones fue quien se lo entregara y desvirtúa su alegado desconocimiento".
"Cobra fuerza el relato de Mariñelarena cuando señala que ‘Inés [Lugones]… sabiendo de mis grandes ganas de formar una familia más amplia, me llamó… y me dijo que ella tenía un bebé para adopción y me preguntó si yo lo quería’ agregando ‘que ella no podía decirme nada, que si lo tomaba o no’ para finalizar sosteniendo que ‘por cortesía tuvimos que esperar a que llegara el marido’ y ‘sólo se habló de la alegría de recibirlo’", explicaron los camaristas.
El 14 de septiembre último los mismos jueces confirmaron el procesamiento de Bacca y Mariñelarena por la apropiación del hijo biológico del matrimonio de desaparecidos Eduardo Cagnola y Liliana Carmen Pereyra, inscripto como Hilario Bacca, quien recuperó su identidad tras someterse al estudio de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del Hospital Durand.
"Sus responsabilidades se encuentran demostradas con las pruebas recabadas en la causa en tanto denotan conocimiento y voluntad de los imputados" ya que "luego de la recepción del menor se generó una sucesión de ilicitudes en vez de optar por el procedimiento legal de adopción, que acentúan la procedencia ilícita del menor", detallaron los camaristas en el escrito al que accedió Télam.
Los magistrados recrearon que "el derrotero que da cuenta de las falsas circunstancias de tiempo y lugar en que consignaron que se produjo el nacimiento del menor que identificaron como Hilario Bacca y de una relación parental inexistente, toda vez que el nombrado inscripto con ese nombre, no es hijo biológico del matrimonio conformado" pues "se ha comprobado con una probabilidad de parentalidad del 99,92 por ciento que es hijo del matrimonio desaparecido de Eduardo Cagnola y Liliana Carmen Pereyra".
Para confirmar ahora el procesamiento de Lugones, los jueces recordaron que fue la mujer quien les entregó la criatura en el departamento que compartía con el represor Minicucci "en el domicilio que ésta tenía en la calle Luis María Campos" de esta ciudad, según reveló Mariñelarena, quien contó: "Cuando llegué con mi marido José Ernesto Bacca…mi amiga me hace pasar…y en su dormitorio había un moisés con un bebé que era Hilario".
El procesamiento de Lugones había sido apelado por el defensor oficial Gustavo Kollmann, que argumentó que su asistida ignoraba la procedencia del bebé; y por el fiscal Guillermo Marijuan, que reclamó que se le dictase la prisión preventiva.
8 de noviembre de 2011
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rechazan excarcelación de bianco


El tribunal de apelaciones negó la excarcelación de Bianco.|
Argentina. La Cámara Federal denegó la concesión de libertad al represor Norberto Bianco -extraditado recientemente desde Paraguay-, a quien se lo acusa de haber asistido en sus partos a prisioneras que estaban ilegítimamente en cautiverio, mientras se desempeñó como médico del Hospital Militar de Campo de Mayo, durante la última dictadura militar.

Bianco se encuentra procesado con prisión preventiva por "privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional y sustracción, retención y ocultación de menores de edad y supresión del estado civil, en perjuicio de cuatro personas detenidas y alojadas" en ese hospital, "donde habría prestado funciones como médico".
En una resolución de cinco carillas, los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero recordaron que Bianco se había fugado al Paraguay "donde se instaló sin intenciones de regresar a esta Nación" y de donde fue traído en el mes de julio último "en virtud del traslado internacional logrado a partir de una solicitud de captura y extradición".
Para denegarle el beneficio, Oyarbide "consideró la gravedad de los hechos imputados así como el riesgo de fuga y de entorpecimiento de las investigaciones por parte del imputado, en caso de recuperar su libertad", circunstancia que fue negada por la defensa del represor pero avalada por los magistrados.
Los jueces aseguraron que "en relación con los hechos que se le atribuyen a Bianco, no se ha establecido aún el destino de las personas desaparecidas ni de los bebés que nacieron en cautiverio" lo que "hace presumir que podría entorpecer la investigación en todo lo concerniente a la producción de las pruebas faltantes, principalmente a la suerte corrida por las personas que aún se encuentran desaparecidas".
8 de noviembre de 2011
7 de noviembre de 2011
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orden de captura contra 15 represores


La Justicia ordenó la detención de 15 represores.
Argentina. El juez federal, Daniel Rafecas, ordenó detener a 15 represores acusados de secuestrar y torturar a más de 120 víctimas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención "Puente 12" o "Protobanco", que funcionó desde 1974 hasta 1977. Entre los represores detenidos se encuentran los excomisarios de la Policía Bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, y los suboficiales José Sánchez, Angel Salerno y Carlos Tarantino, todos actualmente detenidos en la cárcel de Marcos Paz.

A los expolicías Rafecas los responsabilizó por llevar a cabo un operativo ilegal en una casa del barrio de Palermo, el 5 de noviembre de 1975, donde fue asesinada María Teresa Barvich, de 24 años y fueron "brutalmente secuestrados" Noemí Moreno -embarazada de siete meses-, Norberto Rey, los hermanos Washington y Juan Carlos Mogorodoy, Blanca Becher y Griselda Lazarte, quienes fueron conducidos a "Protobanco" donde fueron torturados.
El juez también dispuso la detención e indagatoria de los ya apresados Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Antonio Guglielminetti, ambos condenados por su actuación en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", ya que en "Protobanco" actuaba también la banda del fallecido Aníbal Gordon.
Además, Rafecas ordenó detener al exjefe de Área, Hugo Idelbrando Pascarelli, y a los responsables militares en la zona, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis; todos como "autores mediatos" de delitos de lesa humanidad.
8 de noviembre de 2011
7 de noviembre de 2011
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videla otra vez al banquillo


Videla y Díaz Bessone otra vez al banquillo por el fusilamiento de 27 militantes del ERP.
Argentina. La justicia federal de Rosario procesó a diez miembros del Ejército, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, y a dos policías federales por la desaparición y muerte de 27 militantes del ERP, y el secuestro de una niña, ocurridos en agosto de 1976. Rosario/12 había dado cuenta del trabajo de sistematización de los casos realizado por la fiscal Mabel Colalongo, que permitió reunir las pruebas para que el juez Marcelo Bailaque procese a la decena de jefes militares, entre ellos, el general Ramón Genaro Díaz Bessone.
La resolución del pasado viernes dispuso el procesamiento y la prisión preventiva -además de Videla y Díaz Bessone- de:

* Julio Ezequiel Franciulli, era coronel, y jefe del departamento Personal e integrante del Estado Mayor del Segundo Cuerpo, a cuyo cargo se encontraba el control operacional de la zona Dos.

* Eitel Aramis Ferreira, era coronel, jefe del departamento de Logística, del estado mayor del Segundo Cuerpo de Ejército, a cuyo cargo se encontraba la misma zona.

* José Javier De La Torre, era capitán, y jefe de la sección Comando y Servicio del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo de Ejército.

* Los expertos en inteligencia militar Alfredo Sotera y Jorge Alberto Fariña, además de Heriberto Lavallén, Marino Héctor Gonzalez, Jorge Alfredo López, y los policías federales Federico Almeder y Rubén Oscar Jaime.

De igual modo Bailaque dispuso la falta de mérito de otros cinco imputados: Horacio Guillermo Canestro, el otrora capitán Edgardo Antonio Faur, Roberto Óscar Galuppo, Roberto Fossa y Enrique Benito Laurenti.
Los jefes militares pertenecían al Centro de Operaciones Tácticas (COT), del Segundo Cuerpo de Ejército, un órgano integrado por jefes de distintas áreas como Operaciones, Inteligencia, Recursos Humanos o Logística, entre otras, que conformaban el estado mayor del Segundo Cuerpo. El COT diseñaba las operaciones, se las proponía al comandante y éste era el que decidía cuál se ponía en marcha. Finalmente, la ejecución y el control de la misma quedaban en manos de este grupo de militares.
Bailaque informó que dentro del expediente caratulado "Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros S/ Privacion Ilegal de la libertad, violencia, amenazas, torturas y desaparición física (caso: Klotzman, Ricardo H. y otros)", expte. n 21/06 y acumulados números 588/03 y 260/09, "se resolvió la situación de todos los imputados que habían prestado oportunamente declaración indagatoria".
En las causas referidas se investiga la privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos por Fernando Brarda, aquellas que luego concluyeron en las posteriores muertes o desapariciones físicas según el caso de las siguientes personas: 1) Ricardo Horacio Klotzman, 2) Cecilia Beatriz Barral, 3) Juan Alberto Tumbetta, 4) María Laura González, 5) Ricardo Machado, 6) Elvira Márquez, 7) Héctor Alberto González, 8) Osvaldo A. Matosky Szeverin, 9) José Angel Albá, 10) Daniel Emilio Garrera, 11) Liliana Girardi, 12) Julio Curtolo, 13) María Teresa Vidal Martínez Bayo, 14) María Teresa Latino, 15) Alejandro Ramón Pastorini, 16) Herminia Nilda Inchaurraga, 17) José Rolando Maciel, 18) Elena Cristina Márquez, 19) Dante Rubén Vidali, 20) Isabel Angela Carlucci, 21) Víctor Hugo Fina, 22) María Teresa Serra, 23) Juan Carlos Lieby, 24) Elvio Ignacio Castañeda, 25) Oscar Alberto Medina, 26) María Victoria Gazzano Bertos y 27) Edgardo Silva; y también la sustracción de la niña hija de la pareja Klotzman-Barral reconocida como la nieta Nº 103.
Según la resolución "las personas que fueron muertas o se encuentran a la fecha desaparecidas eran integrantes del E.R.P. o eran sospechadas de pertenecer a esa organización o de tener algún tipo de vinculación. Los hechos habrían sido llevados a cabo por fuerzas conjuntas a cargo del Ejército durante el último gobierno de facto y de la Policía Federal.
La mayoría de ellos se produjeron durante la primera quincena del mes de agosto de 1976, y se sospecha que algunas de las víctimas habrían estado privados de la libertad en la llamada "Quinta Operacional de Fisherton", de la ciudad de Rosario.
8 de noviembre de 2011
7 de noviembre de 2011
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otro juicio para menéndez


Entre sus víctimas el gobernador José Luis Gioja y la francesa María Anne Erize
Argentina. Seis exmilitares, entre ellos el represor y exjefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, serán juzgados por desaparición, torturas y asesinato en perjuicio de 50 víctimas, entre los que figuran el gobernador José Luis Gioja; la actual jueza de Ejecución Penal Margarita Camus, hija del exgobernador justicialista de San Juan Eloy Camus; y la joven francesa María Anne Erize, quien permanece desaparecida.

Además de Menéndez -que presenció la audiencia mediante videoconferencia desde el penal de Córdoba donde cumple ya seis condenas a cadena perpetua- se encuentran imputados Jorge Antonio Olivera, Osvaldo Benito Martel, Rolando Daniel Gómez, Horacio Julio Nieto y Alejandro Víctor Lazo, quienes asistieron a la sala en San Juan.
El juicio, cuya primera jornada comenzó con la lectura de las causas, lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal que fue conformado por los jueces Héctor Cortéz, de San Juan, Alejandro Piña, de la provincia de Mendoza, y el puntano Raúl Fourcade.
Los delitos que se les imputan a los seis implicados son asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte y homicidios. Cerca de 300 testigos fueron citados a declarar durante el proceso oral y público.
[Foto viene del blog Pelota Afuera].
8 de noviembre de 2011
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renunció juez investigado


El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del juez de la Cámara de Casación Penal Gustavo Mitchell, investigado en la causa por el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra y por su presunta vinculación a la apropiación de niños cuando era juez de menores durante la dictadura.
Argentina. La renuncia de Mitchell fue presentada a fines de septiembre, de la mano con la de otros cuatro jueces.
La aceptación de la renuncia fue publicada hoy en el Boletín Oficial, en el que sin argumentación alguna, se consideró que "es necesario proceder a la aceptación" de la dimisión.
Ante el Consejo de la Magistratura, Mitchell está acusado, junto con el juez de Tribunal Oral José Martínez Sobrino, de haber intervenido en la entrega del niño Simón Riquelo al subcomisario Osvaldo Parodi, uno de los que integraba la patota que secuestró a la uruguaya Sara Méndez.
La mujer sobrevivió y se reencontró con su hijo tres décadas más tarde de aquel episodio. En ese expediente, la semana pasada declaró ante el Consejo de la Magistratura Isabel Chorobick de Mariani, "Chicha", una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Por otra parte, Mitchell, junto con sus colegas Eduardo Riggi y Mariano González Palazzo, es investigado por una supuesta maniobra urdida por el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, con intervención de un agente de inteligencia y el ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid, para obtener las excarcelaciones de los primeros siete detenidos por el crimen de Ferreyra.
Esa causa está a cargo del juez de instrucción Luis Rodríguez, quien quedó bien posicionado para pasar a ser juez de primera instancia del fuero penal federal, por lo que podría abandonar la investigación.
[Foto viene del blog Prontuarios].
8 de noviembre de 2011
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alabama se lo tiene merecido


Con la entrada en vigor de la severa ley anti-inmigración, Alabama se ha ganado el infame prestigio de ser la capital de la xenofobia. Editorial NYT.
La nueva ley anti-inmigrantes de Alabama, la más dura del país, entró en vigor el mes pasado (con algunas disposiciones bloqueadas provisionalmente por un tribunal federal) y ya está cosechando una amarga cosecha de dislocación y temor. Los hispanos se están marchando, los negocios están cerrando sus puertas y los empleadores se preguntan dónde están sus trabajadores. Los padres que todavía no deciden dónde marcharse tratan de no llamar la atención y no envían a sus hijo a la escuela.
Para los arquitectos y partidarios de la ley, esta es una noticia excelente. "Estás alentando a la gente a acatar la ley por su propia cuenta", dijo Kris Kobach, secretario de estado de Kansas, que también hace carrera redactando leyes extremistas contra la inmigración para estados y ciudades, notoriamente en Arizona y ahora en Alabama.
La ley de Alabama es hasta el momento la mayor prueba de la "implementación a través del desgaste", una estrategia adoptada por Kobach y otros para ahuyentar a grandes contingentes de inmigrantes ilegales sin las dificultades legales y gastos de un estado policial. Todo lo que tienes que hacer, dicen, es hacerles la vida lo más difícil que puedas y los inmigrantes se marcharán por propia voluntad. En un plan semejante, el pánico y el miedo son un punto a favor; el punto es hacerles sufrir.
El dolor no lo sienten sólo los indocumentados. Los inmigrantes legales y los nativos de Alabama que tienen aspecto hispánico son ahora mucho más vulnerables al hostigamiento aprobado oficialmente. Muchos de esos niños que se quedan en casa y no van a la escuela, son hijos de padres asustados que nacieron aquí y se criaron como estadounidenses.
Los problemas no se limitan a los mencionados. Los granjeros están inquietos porque con el éxodo, los cultivos no serán cosechados. Como el resto del país, Alabama necesita a los inmigrantes, porque no hay muchos ciudadanos nativos con la habilidad, resistencia y disposición a trabajar en los sembradíos de los inmigrantes, incluso en momentos de altos índices de desempleo.
La nueva ley también ha agregado frustrantes capas de trámites para los alabameños que deben demostrar su estatus legal cuando inscriben a sus hijos en las escuelas, firman contratos de alquiler o solicitan algún servicio público. Después de que la ley entrara en vigor, las colas en el Departamento de Vehículos Motorizados de Birmingham crecieron tanto que los funcionarios tuvieron que instalar baños portátiles.
La reputación de Alabama también ha sufrido un duro golpe justo en momentos en que está tratando de atraer inversiones internacionales. Hagan lo que hagan los funcionarios para tratar de atraer a, digamos, fabricantes de coches extranjeros con bajos impuestos y salarios, el estado ya se hizo nombre como la capital regional de la xenofobia.
Si Alabama logra ahuyentar a todos sus inmigrantes no-autorizados, que se calculan en 120 mil, los restriccionistas seguramente lo celebrarán. Sólo les quedarán 49 estados más y once millones de personas.
Hay otra ruta más humana y realista para que los inmigrantes se pueden ganar el derecho a quedarse, si el Congreso aceptara su responsabilidad y avanzara con una reforma más seria de la inmigración. La historia de Estados Unidos muestra que la asimilación funciona mucho mejor que la deportación, para todo el mundo. Si los inmigrantes de primera generación no aprenden todos inglés, sus hijos y nietos lo hacen invariablemente. Pueden ser pobres, pero sus hijos se convierten en ciudadanos que contribuyen y producen. A menos que, por supuesto, los asustes y oprimas y les prohíbas trabajar, vivir y asistir a la escuela.
Otros estados tentados en seguir el ejemplo deberían considerar lo que está pasando en Alabama. Allá no está ganando nadie.
[La foto viene de Azstarnet.]
8 de noviembre de 2011
19 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer