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víctimas de puerto boyacá


Problemas técnicos, desconocimiento y confusión en las fechas y los hechos fueron algunas de las razones por las que exparas de Puerto Boyacá no confesaran crímenes que esperaban las víctimas.
Colombia. Familiares de víctimas de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá quedaron con más dudas que certezas luego de asistir por tres días consecutivos a las versiones libres rendidas por varios exintegrantes de esta estructura criminal y no encontrar en sus versiones la verdad que andan buscando desde hace varios años sobre sus seres queridos, muchos de ellos asesinados y desaparecidos.
Las versiones libres fueron rendidas por Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, excomandante de esa estructura paramilitar, su segundo al mando, Gerardo Zuluaga Clavijo, alias ‘Ponzoña’, el comandante militar Álvaro Sepúlveda Quintero, alias ‘Cesar’, y ocho expatrulleros, quienes intentaron aclarar diversos casos planteados por las personas que asistieron a las salas de víctimas ubicadas en Medellín y Puerto Boyacá.
Uno de los casos que generaron dudas entre víctimas y victimarios fue el de José Ismael Fuentes Jaramillo, un ganadero de la región del Magdalena Medio asesinado por los paramilitares en el año 2003 y cuyo crimen fue reconocido por alias ‘Botalón’ y sus hombres, pero la justificación fue rechazada por su familia.
Al respecto, el exparamilitar Jesús Medrano alias, ‘Aníbal’, confesó haber ordenado ese asesinato argumentando que Fuentes Jaramillo "le hacía mucho daño a la comunidad". Según su versión, el ganadero le robaba a sus vecinos gallinas y vacas, además, corría los alambrados para ampliar su predio. El postulado dijo que se le dieron "tres oportunidades para que cambiara" y ante las reiteradas quejas de la gente, decidió matarlo y desaparecer su cuerpo, enterrándolo en una fosa.
Los familiares de la víctima presentes en la versión negaron que todo lo dicho por el exparamilitar fuera cierto. Una de las hijas del ganadero le contó a Verdadabierta.com que "el día que desaparecieron a mi papá él llevada mucha plata en efectivo. Nosotros creemos que lo mataron por robarle la plata, porque él nunca le hizo daño a nadie".
Esa versión se la hizo saber al postulado, quien afirmó no saber nada sobre el dinero que llevaba Fuentes Jaramillo y que lo único que conocía del caso era que alias ‘Aguja’ y alias ‘Anderson’ habían ejecutado la orden. Sobre la ubicación del cuerpo, alias ‘Aníbal’ admitió que sabía dónde lo enterraron, pero que hace un año lo fueron a buscar y no lo hallaron: "la topografía ha cambiado mucho, donde lo dejamos era una montañita, ahora lo que hay es una zanja y no está el cuerpo".
Para la hija del ganadero y su madre esta versión les dejó un gran sinsabor: "ellos están diciendo mentiras sobre mi papá, fuera de eso no hemos encontrado el cuerpo. Llevamos casi 10 años esperando que nos digan la verdad".
Este no fue el único caso que a pesar de haber sido confesado y aceptado por los autores intelectuales, dejó más dudas que tranquilidad en las familias de las víctimas. Otro de los hechos relaciona a un joven conocido como ‘El Paisa’, quien fue asesinado por hombres de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. En el relato de la acción armada se evidenciaron contradicciones entre la madre del joven y los postulados.
La madre aseveró que a su hijo "lo mataron cuando tenía apenas 15 años y estudiaba en una escuela de agrícola". Pero alias ‘Botalón’ dijo que el joven tenía entre 24 y 26 años, y luego de asesinarlo, hecho perpetrado por Celestino Mantilla, alias ‘Colorado’, lo arrojaron al río Magdalena.
En Puerto Boyacá le contaron a la mujer que su hijo se había emborrachado y matado al señor Luis Aguilar, supuestamente porque se quería quedar con su esposa. Hasta ahí la versión coincide con la entregada por alias ‘Botalón’. Pero difiere no sólo en la edad, sino en lo que hacía el muchacho.
El exparamilitar dijo que el joven hacía parte de su estructura armada, a la cual había ingresado en el año 1996 o 1997, y explicó que lo ajusticiaron luego de un consejo de guerra en el que participaron los comandantes del bloque porque un patrullero no podía matar a un civil sin autorización de sus jefes superiores. "Lo matamos porque se había metido con la señora de Aguilar, a quien mató él mismo".
La madre del joven le contó a Verdadabierta.com que "cómo es posible que un niño de 15 años sea amante de una señora y fuera de eso que sea capaz de matar al esposo. Mi hijo no pertenecía a las autodefensas y mucho menos tenía 24 años cuando lo desaparecieron".
La política de la organización era muy clara, según lo que confesó alias ‘Botalón’: Los comandantes de los frentes no tenían que pedir permiso para ejecutar a una persona, pero sus subalternos sí. "Los comandantes no eran los que mataban", complementó alias ‘Aníbal’, quien aseveró que el conocimiento de esas normas hacía parte de la formación política de los nuevos integrantes. "Ni los civiles ni los miembros de la organización podían hacer algo en contra de las políticas establecidas por la misma organización, quien lo hiciera tendría que atenerse a los estatutos disciplinarios".
Además de las incongruencias entre los hechos confesados y las versiones de las familias de las víctimas, los postulados no pudieron responder algunas preguntas hechas desde Medellín, pues las fechas en que fueron cometidos los asesinatos y las desapariciones eran anteriores a 1994, cuando, según los exparamilitares, ese bloque no existía.
La decepción fue evidente en Medellín: "ellos dicen que no saben quiénes fueron ni cómo fueron las cosas. Entonces, ¿quién sabe? Nos dicen que vayamos a la versión de Jhon Freddy Gallo Bedoya, alias ‘El Pájaro’, que de pronto él sí sabe. Nos tienen de aquí para allá", comentó una de las mujeres a la salida de las audiencias.
El problema es que las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá comenzaron a operar en 1994 cuando alias ‘Botalón’ asumió la dirección de un grupo de por lo menos 742 hombres que hacían presencia en los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá) y en municipios de Santander como Cimitarra, Puerto Parra, Landazuri, Bolívar, El Peñón, El Carmen y San Vicente de Chucurí, con la pretensión de estar combatiendo a la guerrilla.
Según este exjefe paramilitar, los hechos ocurridos antes de ese año fueron cometidos por el denominado Frente Puerto Boyacá, comandado por Henry y Gonzalo de Jesús Pérez, creadores de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, quienes fueron asesinados posteriormente, al igual que muchos de los hombres que hicieron parte de esa estructura criminal.
Este tipo de circunstancias han impedido que decenas de asesinatos y desapariciones no hayan podido ser aclaradas, pues, según ellos, no tienen el conocimiento o no se han documentado al respecto; además, dicen desconocer a los hombres que integraban el Frente Puerto Boyacá.
Después de tres días de versiones libres de los exparamilitares y ante la falta de claridad sobre algunos hechos, los postulados se comprometieron a recoger más información y a presentarla en una próxima versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz.
Pese a la promesa, las familias de víctimas de los paramilitares en el Magdalena Medio, que llegaron a esas audiencias con la esperanza de oír la verdad sobre sus seres queridos, regresaron a sus casas sin respuestas claras.
9 de noviembre de 2011
31 de octubre de 2011
cc verdad abierta

los políticos del bloque bananero


Políticos involucrados en crímenes del Bloque Bananero en Urabá. Paramilitares aseguraron que varios políticos estuvieron involucrados en algunos asesinatos cometidos por las Auc en Apartadó, Antioquia.
Colombia. Un líder político, un concejal activo y el actual representante de una junta de acción comunal fueron salpicados en varios asesinatos cometidospor paramilitares que hicieron parte del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño.
Los nombres de estas tres personas, cuyos nombres se omiten para no entorpecer las investigaciones, fueron referenciados en una audiencia de versión libre realizada en Medellín ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz por los exmiembros del los grupos de autodefensa urbana del Frente Alex Hurtado y adscritos al Bloque Bananero.
A esa cita judicial comparecieron Darío Enrique Vélez Trujillo, alias ‘El tío’, Carlos Alberto Arango Betancur alias, ‘Llanero’ o ‘Daniel’, Pablo Antonio Peinado Padilla, alias ‘Repollo’, Alejandro Ortega Herrera, alias ‘El flaco’, Mario de Jesús Granja Herrera, alias ‘El flaco’, Ovidio Pascual Nuñez Cabrales, alias ‘El indio’ y Luis Arley Acosta Escudero, alias ‘Chichi’.
Una de las personas involucradas con estos delitos solo fue identificada como alias ‘El profe’, a quien le atribuyeron decenas de homicidios cometidos en los barrios de Policarpa y El Obrero y sobre el que se dijo que era un político del corregimiento Currulao, de Turbo, muy cercano a los Grupos de Autodefensa Urbana del Frente Alex Hurtado comandado por Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’.
Por su parte, alias ‘Llanero’, bajo juramento, afirmó que el actual presidente de la Junta de acción comunal de un barrio de Apartadó, en una ocasión le había descrito una persona que él buscaba para matar y le había señalado la casa en la que vivía: "él sabía que nosotros íbamos a matar a ese señor y por eso nos dijo que el que estaba parado de camiseta amarilla era el que estábamos buscando", narró Arango.
Alias ‘Llanero’ juró que uno de los actuales concejales de Apartadó le informó en repetidas ocasiones sobre algunas personas que, supuestamente, hacían inteligencia para la guerrilla, informándole quiénes eran paramilitares en el barrio. Muchas de ellas fueron asesinadas.
Las víctimas presentes en las salas dispuestas para ellas en los municipios de Apartadó y Medellín se pronunciaron durante la versión libre, no sólo para rectificar las versiones entregadas por los exparamilitares, sino también para señalar que en muchos casos después de matar a las personas les habían robado lo que tenían. Sobre este tema la Fiscal 17 de la Unidad de Justicia y Paz, Nubia Stela Chávez Niño, quien conducía la versión colectiva, resaltó que "esta práctica es considerada un delito o crimen de guerra pues están despojando materialmente a la víctima, además, es una muestra más de la degradación del conflicto".
Al respecto, Pablo Antonio Peinado Padilla, alias ‘Repollo,’ narró el caso de su prima, conocida como ‘La Gorda’, quien fue asesinada el 10 de junio de 2001. Esta mujer era una guarda de tránsito a quién le habían llamado la atención en repetidas ocasiones. Luego de un problema personal con alias ‘Cepillo’, este le dio la orden a alias ‘El tío’ para que la matara.
En este caso estuvieron involucrados Carlos Alberto Arango Betancur alias ‘Llanero’ y Esneider Gónzalez López alias ‘Guacaray’, quienes por orden de alias ‘El tío’ se desplazaron hasta Chigorodó para buscar y matar a la señora. Después de dispararle, alias ‘Llanero’ cogió una cadena, 5.000 pesos y una boleta para una rifa que tenía ‘La Gorda’; asimismo, alias ‘Guacaray’ le sacó los anillos.
Según los familiares de la víctima, nunca les entregaron las alhajas que le robaron. Alias ‘Repollo’ comentó que "muchos miembros de las autodefensas hacían esto y por eso a muchos los tuvimos que matar, por no cumplir la orden. Luego hicieron una reunión para decirnos que la organización no permitía los robos, pero de todos modos muchos lo siguieron haciendo al escondido".
Sin embargo, uno de los que se beneficio de los objetos robados luego de los crímenes fue el político conocido como ‘El profe’, pues casi siempre que se cumplía una orden en la que él había dado la información, los objetos robados eran para él.
A Luis Hernando Usuga lo mataron el 17 de junio de 2001. La información la dio alias ‘El profe’ del que sólo se conoce su nombre Robinson, quien le había dicho a alias ‘El tío’ que Usuga era un vendedor de droga. A él le robaron la moto, los papeles, la plata que tenía en el bolsillo de la camisa, los anillos y un bolso. El botín de guerra fue para alias ‘Cepillo’ quien, según lo confesado por alias ‘El tío’, recibió el bolso, la plata y los anillos.
El grupo de los urbanos de Apartado fue manejado entre 1998 y 2001 por Daniel Vélez Trujillo, alias ‘El tío,’ quien estuvo al frente de la logística y coordinación de los urbanos de la estructura armada ilegales. Bajo la dirección de Carlos Vásquez, alias ’Cepillo’, dio órdenes para que los comandantes de los barrios mataran, bajo la lógica criminal, a las personas que supuestamente eran colaboradoras o milicianas de la guerrilla.
Los Grupos de autodefensa urbana (Grau) estaban compuestos por pocos hombres, sin embargo cada barrio tenía un encargado. Mario de Jesús Granja Herrera, alias ‘El Flaco’, confesó que los que hacían parte del grupo era porque querían y que nadie estaba obligado. "Urabá se convirtió en un fortín de guerra, la gente estaba preparada para la guerra", afirmó.
Esa es la explicación que dieron los postulados al hecho de que diferentes bloques de las Auc fueran a Urabá a reclutar personas. "Muchas veces ni alcanzaba la plata para llevarse a tantas personas. Una vez a alias ‘Peter’ lo autorizaron para que reclutara 11 pelaos y llegó con 50", afirmó alias ‘Repollo’. La mayoría de personas que reclutaban iban para el Bloque Sur Putumayo y para el Bloque Montes de María. El postulado confesó también que, antes de la desmovilización, el Bloque Norte reclutó muchas personas en La Guajira para que se desmovilizaran sin ser parte de las Auc.
La Fiscal 17 de la Unidad de Justicia y Paz ordenó la compulsa de copias para investigar tanto a los políticos involucrados con los crímenes cometidos por los postulados como los hechos confesados por Pablo Antonio Peinado Padilla, alias ‘Repollo’, respecto a las falsas desmovilizaciones del Bloque Norte.
9 de noviembre de 2011
3 de noviembre de 2011
cc verdad abierta

en eua reducen penas por drogas


Estados Unidos aprueba nueva reducción de la disparidad en sentencias por drogas, lo que implica reducciones de penas para reos condenados por venta de crack.
[John Schwartz] El señor Flood, que ha pasado diez años en prisión por delitos relacionados con el crack de cocaína, podrá salir a la calle en 2013. Sin embargo, según las nuevas normas relativas a las sentencias que entraron en vigor el martes, es uno de los más de mil ochocientos reos que podrían quedar en libertad inmediatamente.
Flood, como miles de otros reos, recibió una sentencia mucho más severa -por un delito relacionado con el crack- que si la droga hubiese estado en polvo -una disparidad de la que se dice que es cien veces mayor para el crack que para el polvo.
La hermana de Flood, Susan Cardwell, dijo en una entrevista que Flood debería salir de la cárcel en Ashland, Kentucky, el martes noche, y abordaría un bus nocturno para reunirse con su familia en Virginia. "Me dijo que le enviara treinta dólares para el billete del bus y para comer algo en el trayecto -le enviaré lo que me pida", dijo. "Después de tanto tiempo de estar comiendo comida de la cárcel", agregó, esperaba que la primera parada fuera en uno de esos restaurantes donde puedes comer todo lo que quieras.
En la época en que se aprobó la ley en los años ochenta, el uso de cocaína y los delitos asociados a esta se habían disparado. Marc Mauer, director ejecutivo del Sentencing Project en Washington, dijo que una gran parte de ese auge tenía que ver con las guerras territoriales de entonces. Miles de delincuentes no violentos terminaron con sentencias que habían sido criticadas como extremas, y la disparidad era vista crecientemente como inspirada racialmente.
El Congreso abordó el tema aprobando la Ley de Sentencias Justas [Fair Sentencing Act] de 2010, que redujo la disparidad en las sentencias de dieciocho a uno. En junio, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos aprobó la aplicación retrospectiva de las nuevas directrices y la nueva política entró en vigor el lunes esta semana.
En el curso del tiempo, cerca de doce mil reos podrían ver reducidas sus sentencias, que en promedio son de trece años, con un promedio de tres años. Mauer observó que esto todavía dejada penas "substantivas" por esos delitos. "Estos no son delitos menores", dijo.
Michael Nachmanoff, defensor público federal para el Distrito Este de Virginia, dijo que su oficina ha estado peleando durante meses para obtener órdenes judiciales para conseguir la libertad de 75 reos que reúnen todos los requisitos para su libertad inmediata. La nueva normativa, dicen, "ahorrará decenas de millones de dólares, y probablemente permitirá que el buró de prisiones use esas camas para albergar a gente más peligrosa", dijo.
Chris Burke, portavoz del Buró de Prisiones federal, dijo: "Diría que estamos teniendo un día ajetreado". Con más de mil ochocientos reos que pueden salir inmediatamente a la calle, las cárceles han estado controlando los archivos para cerciorarse de que ninguno tenga factores que los compliquen, como sentencias múltiples o cargos pendientes, dijo. En el centro de cómputos de sentencia del buró en Grand Prairie, Tejas, dijo, los empleados trabajaron toda una noche para asegurarse de que los documentos relativos a su liberación fueran todos tramitados a tiempo.
No todo el mundo está contento con el cambio. William Otis, ex fiscal federal y asesor especial de la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente George Bush, dijo que debido a que la reincidencia es previsible, las liberaciones conducirán inevitablemente a más delincuencia. "¿Por qué, entonces, cuando oímos los detalles de los supuestos beneficios de las futuras liberaciones, no oímos nada sobre los delitos adicionales que significaran?", dijo.
Otros dicen que las nuevas reglas no reducen lo suficiente la disparidad de sentencias. Douglas A. Berman, experto en sentencias de la facultad de derecho de la Universidad de Ohio, dijo: "La alegría por la nueva reforma debería ser temperada por la realidad de que, cuando mucho, se ha logrado sólo la mitad".
Lawrence Garrison, que pudo restar 36 meses de su sentencia durante una reducción de disparidad previa y fue liberado en 2009, dijo: "Es un gran paso", pero agregó: "La disparidad en las sentencias todavía existe. La disparidad racial todavía existe".
9 de noviembre de 2011
1 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

el cura era uno de los torturadores


El ex capellán de la policía de Rosario, Eugenio Zitelli, será indagado por torturas y desapariciones. Era el párroco de Casilda. Constituyó su prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales. En la causa se señaló que "ingresaba a la sala de torturas" del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato represivo.
[José Maggi] Argentina. El ex capellán de la policía de Rosario Eugenio Zitelli, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de esa ciudad, quedó detenido ayer. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes interrogará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del sacerdote. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le siguen el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y Alfredo Sotera –jefe de la inteligencia militar– y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. "Es un paso trascendental para la Justicia, porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de Estado", señalo el fiscal federal Gonzalo Stara, quien había pedido la detención del sacerdote por el caso de Eduardo Bracaccini, entre otros, desaparecido de Casilda.
El juez Bailaque reveló a Página/12 que "Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros espirituales de Zavalla" y designó un defensor particular, Eduardo Romera. Este letrado fue defensor en su momento de Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la Justicia Federal.
La detención e indagatoria del ex capellán de la Unidad Regional II entre los años 1964 y 1983, Eugenio Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la Justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone.
Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y está a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el "apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II", según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty y agregó: "En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga", pedido que se está concretando en estas horas.
Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que "está registrado" que el cura Zitelli "ingresaba a la sala de torturas" del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detención.
Muchos fueron los testimonios que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari, quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaidía de Mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender "que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo".
El listado de los represores con pedido de indagatoria en esta causa se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.
También figuran en la nómina Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, la mano derecha de Agustín Feced.
Ayer, el magistrado les tomó declaración a dos ex policías, Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.
Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre él aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del ’70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos.
9 de noviembre de 2011
©página 12

alias de represor


El alegato del abogado de Mario Marcote. El apodo que el represor niega.
Argentina. En el marco de la causa Díaz Bessone, ayer continuó el alegato del abogado defensor, Germán Artola, analizando la prueba reunida en relación al imputado Mario Alfredo Marcote. El letrado insistió en señalar diferencias entre las fechas de detenciones manifestadas por los sobrevivientes y las que figuran en los partes policiales de la época, a los cuales considera de "absoluta validez".
Artola dijo que "se trataba de detenciones de carácter legítimo dado el estado de sitio y la legislación antisubversiva vigente". Reiteró que "en ningún caso la justicia preguntó de qué juez dependía cada detención porque no era un requisito". "Ni siquiera lo era que las personas se encontraran a disposición del PEN. La policía carecía de autonomía funcional para ordenar detenciones, aun así se ajustaban a derecho", señaló Artola ante el TOF 2
Asimismo, el letrado recordó que "la doctora (Laura) Cosidoy al momento de declarar como testigo de la defensa, manifestó que los habeas corpus se rechazaban porque las detenciones se ajustaban a la legislación de la época".
Cabe recordar que "la fiscalía en cada caso, manifestó que ante cada habeas corpus rechazado porque las fuerzas de seguridad aceptaban tener detenida/o a la persona objeto del mismo, mientras se informaba esto, los detenidos eran salvajemente torturados", apuntó la abogada querellante Daniela Asinari.
El defensor de Marcote refirió a las pautas generales que cree deben ser seguidas para interpretar las testimoniales; recurriendo a la psicología jurídica para diferenciar percepciones y recuerdos. En ese sentido dijo: "Los testigos no mienten, confunden percepciones con verdaderos recuerdos. La confusión de los testigos radica en la confianza que tenían en las fuentes de información que los confundían, sus compañeros de infortunio. Esa fuente de información puede ser olvidada. Se trata de información adquirida de manera post suceso".
Además cuestionó que "el tribunal haya permitido la inclusión por lectura de los testimonios brindados por los sobrevivientes que fallecieron antes de llegar al juicio por no haber podido controlar los testimonios".
En su alegato Artola se refirió a las imputaciones de tormentos. "En el caso de Gustavo Mechetti solo se refirió al ’Cura’ y no a Marcote, apodo que aquel niega". Hizo un recorrido de los relatos de los testigos manifestando que "no es el cura", y que "nadie parece ubicar a aquel en la sala de tormentos y aun cuando lo hacen, no especifican qué hacía él en ese lugar".
9 de noviembre de 2011
©página 12

el otro cura venido del infierno


Otros 17 represores serán indagados en la llamada causa Feced residual. La detención e indagatoria del ex capellán Zitelli, era una de las tantas cuentas pendientes de la justicia tras los reiterados pedidos de las querellas y la fiscalía de la causa Díaz Bessone. Otros 17 represores serán indagados.
[José Maggi] Argentina. El juez federal Marcelo Bailaque ordenó ayer la indagatoria de 17 represores, a quienes indagará en los próximos días. Lo hizo en el marco de la llamada causa Feced residual. El nombre más impactante de la lista es el del ex capellán de la policía de Rosario, Eugenio Zitelli, quien será indagado en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones. La lista la encabeza Jorge Rafael Videla, le sigue el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y Alfredo Sotera -jefe de la inteligencia militar- y llega hasta quien hace unos días era el párroco de Casilda. "Es un paso trascendental para la justicia porque en la región no había ningún miembro de la jerarquía eclesiástica detenido por casos de terrorismo de estado", señaló el fiscal federal Gonzalo Stara quien había pedido la detención del sacerdote, por el caso de Eduardo Bracaccini entre otros, desaparecido de Casilda.
El listado se completa con cuatro de los actuales imputados en la causa Díaz Bessone: Mario Marcote, Rubén Lofiego, Carlos Scortecchini y Ramón Vergara. Los cuatro quedaron detenidos de inmediato al presentarse ayer para comenzar la audiencia oral del juicio.
La nómina concluye con Lucio César Nast; Ramón Telmo Alcides Ibarra; Julio Héctor Fermoselle; Diego Portillo, Ernesto Vallejo, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitia, Eduardo Dugour y Ricardo Corrales, ex secretario privado de Agustín Feced.
El juez Bailaque reveló a Rosario/12 que "Zitelli está detenido y se constituyó en prisión domiciliaria en una casa de retiros esprituales de Zavalla" y designó un defensor particular Eduardo Romera. Este letrado defendió en su momento a Eduardo J. López, el ex presidente de Ñuls que tuvo varios trámites procesales ante la justicia federal.
Ayer el magistrado le tomó declaración a los ex policías Portillo y Vallejos, y hoy hará lo propio con Ibarra, que nombró al mismo defensor particular que Díaz Bessone, el doctor Gonzalo Miño.
Uno de los personajes más oscuros del listado es sin dudas el de Corrales, quien fuera la mano derecha de Feced durante toda su jefatura en la Unidad Regional II. Este es señalado como uno de los principales colaboradores del terrorismo de Estado en la ciudad y sobre quien aún no recayó ningún tipo de imputación. En la década del ’70 trabajó en inteligencia de la policía, y pesan sobre él acusaciones de homicidios, tormentos, privación de la libertad y asociación ilícita. Corrales acompañaba a su jefe en todos los operativos.
Tras los testimonios de los sobrevivientes del Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo en el desarrollo del juicio oral en curso, se había solicitado la indagatoria al sacerdote que hoy vive en Casilda y estaba a cargo de la parroquia de esa ciudad, por considerar que existían pruebas suficientes para demostrar el "apoyo explícito de las autoridades de la Iglesia al golpe genocida en la UR II", según sostuvo en su momento la abogada querellante Gabriela Durruty.
"En esa convicción esta querella solicitó al juez Bailaque que indague a Eugenio Zitelli por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, y esperamos que así lo haga", pedido que se está concretando en estas horas.
Por su parte, en sus alegatos, el fiscal Stara aseguró que "está registrado" que el cura Zitelli "ingresaba a la sala de torturas" del Servicio de Informaciones y que era parte del aparato de represión montado en ese centro clandestino de detenciones.
Muchos fueron los testimonios que señalaron la macabra participación del durante aquellos días negros en Rosario y que complicaron al ex capellán. Uno de ellos fue el de Ana Ferrari quien recordó que cuando la trasladaron a la Alcaldía de mujeres, a metros del SI, Zitelli les habló a las presas y les dijo que tenían que entender "que la tortura era un arma más de la guerra que estamos viviendo".
9 de noviembre de 2011
©página 12

profanan tumba de familia gadafi


Gobierno libio enfrenta la furia de la tribu de Gadafi. Paramilitares del nuevo gobierno profanan tumbas, extraen restos de la madre y tíos de Gadafi y los queman.
Sirte, Libia. Dos semanas después de que Muamar Gaddfi fuera asesinado en su localidad natal, su entorno familiar en Sirte, el pueblo que ayudó a transformar en una ciudad, está furioso y temeroso, advirtiendo que el resentimiento envenenará Libia durante los próximos años.
Cuán lejos la retórica de la venganza se traducirá en acción es difícil de evaluar, pero no hay duda del odio hacia los rebeldes que derrocaron a su familiar, amplificado por el abuso que Gadafi sufrió tras su captura y el tratamiento indigno que recibió su cuerpo antes de un entierro secreto, informó Reuters.
"¿Te olvidarías si alguien matara a tu hijo injustamente" No, no lo olvidarías. La gente aquí nunca se olvidará", dijo Hajj Abu Mohammed, miembro de la tribu Gadadfa, de Gadafi, en Wadi Garif, el lugar desértico de nacimiento del ex hombre fuerte de Libia cercano a Sirte.
"Serán feudos sangrientos", agregó, parado sobre el lugar donde los locales dijeron que las tumbas de la madre de Gaddafi y otros tres familiares habían sido vaciadas y profanadas por combatientes enemigos durante la batalla por Sirte que puso fin a ocho meses de guerra.
La gente en Sirte es particularmente hostil hacia los combatientes de Misrata, la siguiente ciudad importante hacia el oeste, a unos 250 kilómetros de allí, a quienes acusan por el vandalismo de las tumbas y gran parte de la destrucción y matanzas en Sirte, incluyendo la de Gadafi.
Un extenso tributo a la madre de Gadafi, Aisha bin Niran, está escrito en la pared detrás de las tumbas. A su lado, graffitis recién pintados dicen "Comité para la Demolición de Estatuas".
Muchos libios, especialmente de Misrata, que resultó gravemente dañada por los bombardeos durante un asedio de las fuerzas de Gadafi, creen que los combatientes de esa ciudad están enfrentados con los habitantes de Sirte por defender a Gaddafi y destruir su ciudad.
Historias de asesinatos y violaciones por parte de los soldados de Gadafi en Misrata están saliendo a la luz y alimentando el rencor. Los leales a Gadafi en Sirte y otras áreas desiertas de los alrededores están amargados por una revuelta que obligó a muchos a dejar sus casas.
9 de noviembre de 2011
5 de noviembre de 2011
©el universal

otro delito de lesa humanidad


Stella Hernández demandará a Mario Marcote por violación agravada en la dictadura. La violación durante una dictadura es un delito de lesa humanidad, junto con la esclavitud sexual, la prostitución, el embarazo y la esterilización forzadas.
[José Maggi] Argentina. El represor del Servicio de Informaciones fue señalado por la víctima como el autor material del ataque. Es la primera vez que se presenta una denuncia en Rosario con esta acusación específica en el marco de la represión ilegal.

Stella Hernández, sobreviviente del Servicio de Informaciones (SI) se presentará como querellante en la causa Feced, por haber sido víctima de violación a manos de Mario Marcote, uno los represores que la mantuvo en cautiverio, en San Lorenzo y Dorrego. La presentación realizada con el patrocinio del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares, es la primera de este tipo en esta sede judicial.
La querella se dirige contra todos los responsables de los delitos de los que fuera víctima en su tránsito por el SI y las cárceles de la dictadura en general, y en particular contra Mario Alfredo Marcote por el delito de violación agravada.
Las agresiones sexuales no constituyen una modalidad más de tormentos, sino delitos autónomos y deben ser declarados de lesa humanidad para darles el tratamiento judicial correspondiente. "Es una de las deudas de la justicia para con las víctimas del terrorismo de estado y no hay excusas para no saldarla", dijo su abogada patrocinante Gabriela Durruty. Por eso solicita que se indague a Mario Marcote por el delito de violación agravada cometido contra Stella y se ordene su inmediata detención. La letrada aclaro que "en Rosario todavía no se hizo, existe un antecedente en la ciudad de Mar del Plata".
Este pedido ya había sido realizado por el fiscal Gonzalo Stara a los jueces del Tribunal Oral cuando amplió la acusación a los imputados. Cabe recordar que la propia víctima al finalizar su testimonio se lo pidió personalmente y a viva voz a los jueces.
El 7 de junio, el tribunal oral federal manifestó: "en cuanto al delito de instancia privada denunciado en la audiencia de debate por Stella Hernández e imputado a Mario Marcote corresponde remitir al Juzgado Federal de instrucción copia del audio y filmación de la declaración prestada por aquella, a sus efectos".
Mención aparte merece el voto de Otmar Paulucci, quien adhirió al voto de sus colegas agregando: "a lo solicitado por el fiscal relativo a ampliar la base fáctica primigenia al imputado Mario Alfredo Marcote en base a los delitos que damnificaron a Stella Hernández, en relación a la solicitud de ampliación por el delito de violación agravada, lo considero un hecho independiente no constitutivo de la tortura", dándole entidad a que debe ser juzgado como un delito por separado.
La querella solicita que se "indague a Mario Alfredo Marcote por el delito de violación agravada por su condición de funcionario público a cargo de la guarda y con el concurso de dos o más personas".
En la presentación se remarca que "el concepto de la violación sexual adopta una materialidad que repercute indudablemente en la tipicidad de la acción y, en definitiva, en la calificación jurídica del caso". Y agrega que "queda claro que los hechos constitutivos de estos delitos se adecuan a la categoría de crimen de lesa humanidad, porque se cometen como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, y quien perpetra o diere ocasión para que se cometa el crimen tiene el conocimiento del contexto más amplio en el que se inscribe su acción".
De igual modo se recuerda que el 17 de julio de 1998 se promulgó el Estatuto de Roma que codificó como crímenes de guerra y de lesa humanidad a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, y cualquier otra violencia sexual que constituya una infracción grave a los Convenios de Ginebra.
La inclusión de la violación sexual como crimen de lesa humanidad, implica el reconocimiento de su gravedad como conducta que no sólo vulnera el derecho a la libertad sexual sino también otros derechos esenciales de la persona como el derecho a su dignidad, integridad personal, salud, entre otros. "La violación sexual ha sido reconocida como una conducta que implica un grave sufrimiento de la víctima, a la vez que se erige en una forma de denigración y discriminación para quien la sufre, una forma de humillación que no sólo afecta a su integridad física y psicológica sino especialmente a su dignidad", reza la presentación.
8 de noviembre de 2011
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