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otros testigos de la dina


Testigos clave para develar los asesinatos de Carmelo Soria, Bernardo Leighton y Orlando Letelier, se encuentran viviendo al tres y al cuatro con una pensión de exonerado político que ni siquiera llega al sueldo mínimo, acusan aún sufrir de persecución y nunca haber recibido algún tipo de ayuda por parte de las familias de los afectados.
[Jeniffer Vega] Santiago, Chile. Un balazo que rompió el vidrio de la ventana de su comedor hace seis meses fue la última señal que recibió José Lagos de que aún lo estaban vigilando. Encerrado en su departamento en la comuna de San Bernardo, el cual ha enrejado hasta transformarlo en una verdadera cárcel, ha creado un operativo de vigilancia para protegerse de los extraños atentados que lo acechan hace casi 30 años y que lo han llevado, incluso, a crear vías alternativas que lo conduzcan a los negocios cercanos a su edificio para no comprar en el mismo lugar ni a la misma hora dos veces.
Don José (66 años) fue testigo clave en el juicio de los asesinatos del diplomático español Carmelo Soria, el ex vicepresidente Bernardo Leighton, el ex ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier y del ex químico militar Eugenio Berríos. Por cosas del destino, él y su esposa, Delia Santander, trabajaron entre 1974 y 1978 como jardinero y cocinera, respectivamente, en la casa de Lo Curro del matrimonio de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Michael Townley y Mariana Callejas, acusados de coordinar los operativos que terminaron con la vida de los amigos del Presidente Salvador Allende.
Una experiencia que cambió el rumbo de su vida como minero de Lota y que marcó a fuego en su memoria las imágenes de tortura y conspiración que presenció en la mansión de Vía Naranja. Tanto así, que junto a su esposa siguen tomando pastillas para conciliar el sueño y tranquilizantes para controlar la angustia que les genera ver a un carabinero o militar cerca de su domicilio. También para lidiar con los recuerdos. "No estoy arrepentido de haber sido el jardinero de Michael Townley, al contrario, le doy gracias a Dios por haber podido trabajar en ese lugar y ver lo que vi, para denunciar y ayudar a los familiares de esa gente. Porque si no hubiera estado ahí, quizás nunca se habría descubierto nada", confiesa con las lágrimas inundando sus penetrantes ojos claros, quien actualmente sobrevive con una pensión de exonerado político que no llega al sueldo mínimo y que poco le sirve para adquirir los medicamentos que necesita su esposa, quien sufre de demencia senil y Parkinson.
El matrimonio decidió contar cada detalle de su experiencia como sirvientes de los agentes de la DINA, sin ningún tipo de retribución por parte del Estado o de las familias de los afectados, poniendo en riesgo su seguridad. Gracias a su testimonio se pudo descubrir las celdas de tortura y el laboratorio clandestino donde se producía el gas sarín que Michael Townley había construido en la casa. Incluso, José viajó a Roma el año 1995 para aportar antecedentes en el caso del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno. Por primera vez, el ex minero se subía a un avión y conocía los dólares. Asegura haber recibido una suculenta retribución por su testimonio en Italia, pero al llegar a Chile nunca vio el dinero, como tampoco volvió a ver a los abogados que lo acompañaron en la causa, Héctor Salazar y Nelson Caucoto.
Lo único que siguió viendo fueron los autos con patente diplomática que los seguían de noche, los accidentes automovilísticos que sufría sin explicación, las amenazantes llamadas telefónicas que recibía en su casa y las constantes persecuciones que vivían sus hijos afuera del colegio. "Fui nombrado testigo clave en casos emblemáticos de derechos humanos poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia, y nunca nadie me llamó ni siquiera para darme las gracias. Hoy necesito el reconocimiento y la ayuda, sobre todo porque la pensión no me alcanza, sufro de reumatismo que me tiene destrozadas las manos y mi esposa empeora cada día más", reclama José, quien enviará una petición de ayuda a La Moneda y, si esto no funciona, está decidido a demandar al Estado por daños y perjuicios.

Comunista Sirviendo a la DINA
José Lagos y Delia Santander se conocieron en Coronel donde el hombre trabajaba en la mina de carbón de Lota Schwager. Tenía un puesto en la dirección del sindicato de la faena y militaba en las juventudes comunistas. "Como la mayoría de los chilenos quedé cesante en 1973 porque cerraron la mina, como mi familia era de izquierda comenzaron una persecución contra nosotros y con Delia decidimos arrancar a Santiago. Instalados en la capital, pusimos un aviso en el diario donde nos ofrecimos como un matrimonio con una niña de cuatro años para hacer las labores de jardinero y cocinera puertas adentro. Al otro día llegaron ocho parejas pidiendo nuestros servicios, pero los más insistentes fueron Mariana Callejas y Andrés Wilson, como se hacia llamar Townley. Ahí comenzó mi historia", recuerda José, quien se deslumbró con la enorme casa y los lujos de la residencia de los agentes de inteligencia.

¿Cuáles eran las labores específicas que realizaba en la casa?
Era un buen trabajo y nosotros queríamos empezar una nueva vida, entonces el departamentito que nos pasaron para vivir era perfecto y a nuestra hija María, en ese entonces de cuatro años, le gustó la piscina y lo amable que era Mariana Callejas con nosotros. Mi labor específica era hacer el jardín, cuidar los hermosos rosales que rodeaba la casa y, de vez en cuando, servirle a las visitas, en su mayoría militares, que tenían reuniones bien secretas, donde todos hablaban en inglés y me tenían confianza porque pensaban que era un militar más por mi pelo corto. La Delia estaba encargada de la cocina, ella era una excelente ama de casa y cocinaba muy rico.

¿Cuál fue el primer hecho extraño que vio en la casa de Lo Curro?
Los primeros seis meses no vimos nada, todo estaba de lo más tranquilo, pero después nos dimos cuenta que los choferes tenían nombres falsos, que transportaban pequeñas maletas con armas en los automóviles y que cada día se juntaba más gente en las reuniones. También comenzaron a traer personas en la noche que encerraban en una especie de celdas que tenían en el garage. Una vez encerraron ahí a dos mujeres y un curita, y casi me mata Townley cuando me pilló dándoles comida y conversando con ellos a escondidas. Otra vez que me tocó hacer aseo en una pequeña pieza de la casa donde entraban ratones y conejos, quise sacar los cadáveres de los animales y limpiar la mugre del lugar, cuando llegaron los patrones se enojaron mucho conmigo porque ahí experimentaban con gas sarín y yo les boté a la basura los conejillos de indias.

¿Cuándo decidió arrancar del lugar?
Apenas me di cuenta que ahí pasaban cosas muy malas me quise ir, pero desde el comienzo nos pusieron vigilancia. Cada domingo libre que salíamos a dar vueltas, un auto nos seguía. Entonces tenía miedo que nos mataran, sobre todo después de que una noche escuché ruidos y bajé a ver qué pasaba y me encontré con un enorme charco de sangre. Fui de inmediato a contarle a don Andrés Wilson y me dijo que uno de los choferes había cazado un animal y por eso había manchas de sangre. Seguí preocupado, así que busqué en el auto los restos del animal para limpiar, pero no había nada, me puse a investigar y vi que habían huellas de sangre que llegaban hasta un barranco, ahí habían tirado el supuesto animal, que era nada menos que el cuerpo de Carmelo Soria. En ese momento decidí que debíamos escapar y, sin sacar ni una cosa de nuestra pieza, tomamos una micro hasta el centro, nos bajamos y tomamos otra hasta San Bernardo, donde nos subimos a un tren hasta Yumbel, así logré perder a los guardias que nos seguían.

¿Cuándo se atrevió a declarar todo lo que sabía?
Después de desaparecer en Yumbel por dos años, decidimos volver a Santiago. Hicimos una nueva vida y me puse a trabajar como cuidador de autos, cerca de un centro médico. Ahí veía cómo diariamente llegaban jovencitos completamente destrozados y decidí contarle mi pasado a una doctora amiga. Tenía miedo de la reacción que tuviera conmigo, que me tratara como un traidor por no haber hablado antes, pero mi historia se expandió rápido y al otro día llegó la familia de Soria a pedirme que los ayudara contando todo lo que había vivido. Esa misma semana comenzaron nuevamente a seguirme los automóviles. En más de tres oportunidades me tiraron el auto encima para matarme y cuantas otras quisieron raptarme, pero siempre pasaba algo que me ayudaba a escapar.

¿Cómo cambió su vida después de haber sido el mozo de la DINA?
No quisiera cambiar nada de mi vida, ni las experiencias con la DINA, ni siquiera la enfermedad de mi esposa. Es obvio que todo esto cambió mi manera de vivir, sobre todo porque una persona con mis creencias de vida y sociales terminara metida en medio de masacres y torturas, pero nos enseñó a unirnos más como familia y crear herramientas de sobrevivencia que utilizamos hasta hoy. Nuestra casa está toda enrejada; los vecinos saben nuestra historia y están pendientes de cada persona que llega a visitarnos. Incluso para llevar a Delia al consultorio, que está a una cuadra, tenemos todo un operativo con mi hijo, intentamos llevarla en auto, o darnos una vuelta antes de entrar, si hasta para tomar la micro me cambio de paradero. Digan lo que me digan, yo estoy seguro que los perros todavía andan sueltos y no se quedarán tranquilos hasta que logren un pedazo de esta presa.

¿Cómo ha logrado superar todas estas experiencias?
No las he superado, ni mi esposa ni mis hijos. Estoy seguro que el desgaste físico de mi mujer, lo rápido que la ha afectado su enfermedad, es por culpa de todo lo que hemos vivido. Delia actualmente es un bebé, yo debo bañarla, vestirla y llevarla al baño, ella antes era una mujer activa y su cuerpo no ha podido asumir todas estas experiencias. Pero mi familia es fuerte, mi sueño es volver a vivir a Coronel y para eso necesito la ayuda del Presidente, de las familias que ayudé o de los mismos abogados que alguna vez se acercaron pidiendo mi colaboración. No creo que mi valentía y fuerza por denunciar los asesinatos no valgan nada, si los jueces me nombraron testigo clave por algo fue y espero ahora me devuelvan la mano.

Abogados de Ddhh Ofrecen Ayuda
El abogado que llevó el caso del diplomático Carmelo Soria, Héctor Salazar, recuerda vagamente a don José Lagos, pero su mente se aclara al escuchar que se trata del jardinero de Michael Townley. "Era un caballero muy amable, que viajó incluso a Roma a testificar en el caso Soria con todo pagado por el Estado italiano", asegura Salazar. Es más, reconoce que el dinero que le entregaron al testigo en Europa era sólo por concepto de pasajes y estadía. "Nunca he conocido un caso donde a la persona que cuenta la verdad para esclarecer un caso reciba algún tipo de pago por su testimonio, no sería ético", explica el abogado.
Para Nelson Caucoto, reconocido abogado de derechos humanos, el mozo de la casa de la DINA es una persona que ha perdurado en su memoria, aunque no recuerda bien como llegó hasta su oficina. "Lo recibí en la Corporación de Asistencia Judicial, era un hombre modesto, sincero, con ganas de aportar a la verdad con todo lo que había visto y nosotros decidimos respaldarlo moralmente, sobre todo para que no tuviera miedo de hablar", explica Caucoto.

¿Por qué cree que después de tantos años José Lagos pida ayuda por haber dado su testimonio?
Son las vueltas de la vida, él sabrá por qué lo hace, pero cuando testificó estoy seguro que lo hizo por amor y no esperaba nada a cambio. Quizás con el tiempo las persecuciones que vivió le han impedido encontrar trabajo y llevar una buena vida.

¿Le recomienda demandar al Estado, como son los planes del jardinero?
Lo invito a que se acerque a nosotros para orientarlo en lo que necesite y, de esta manera, no crear falsas expectativas de los beneficios que puede obtener. Pero sí me parece justo que el Estado pueda entregarlesión d una ayuda humanitaria con alguna pensión solidaria como un gesto a su contribución en el pasado.
21 de noviembre de 2010
©la nación
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en cana represor carlos sfulcini


La caída de un tal ‘Carlitos Bianchi’. Detuvieron a Sfulcini, inteligencia del ejército, por la desaparición de Tito Messiez. La detención se conoció ayer pero la llevó adelante personal de Gendarmería en su domicilio de Rosario. Permanecía con prisión preventiva desde diciembre del año pasado por decisión de la Cámara de Casación Penal.
[José Maggi] El represor Carlos Sfulcini, alias ‘Carlitos Bianchi’, miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura fue detenido esta semana por orden de la justicia federal, imputado por la desaparición del militante comunista Rubén ‘Tito’ Messiez. Sfulcini permanecía con prisión preventiva desde diciembre del año pasado por decisión de la Cámara de Casación Penal, que también debía resolver el procesamiento que había dictado sobre el imputado la Cámara Federal de Rosario. "Casación rechazó la apelación que había realizado la defensa de Sfulcini acerca del procesamiento de la Cámara Federal y confirmó la presión efectiva", explicó Alicia Bernal, hija de la víctima desaparecida. Si bien la noticia de la detención se conoció ayer, la misma se produjo el último jueves en su domicilio particular de España al 300 en Rosario. Quedó alojado en el Destacamento 2 de Gendarmería, aunque se espera que sea trasladado al penal de Marcos Paz, tal como lo hicieron con la mayoría de sus pares. También están imputados por ese hecho los integrantes de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura Juan Andrés Cabrera, alias ‘El Barba’; Ariel Zenón Porra, alias ‘El Puma’; y Gustavo Bueno, quien permanece en Brasil.
La causa por la desaparición de Messiez fue iniciada hace cinco años en los tribunales federales de Rosario y se tramitó en forma independiente del resto de los expedientes por violaciones a los derechos humanos que se instruyen en esta ciudad. Pero "desde hace un mes la fiscal Mabel Colalongo, de la Unidad de Asistencia de las Causas por Derechos Humanos, pidió que se anexara a la causa Guerrieri que investiga los hechos del centro clandestino de detención La Calamita", precisó Bernal. Rubén Francisco Óscar Messiez, conocido por sus amigos como Tito, fue secuestrado el 22 de agosto de 1977 en el local imprenta La Manija, ubicada en Entre Ríos y Córdoba, frente a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La foto que ilustra este nota y que han utilizado desde entonces los organismos de derechos humanos para difundir su rostro , fue lograda por el fotógrafo de Rosario/12 Alberto Gentilcore, en la primera semana de setiembre de 2004 en el local de Salta y Dorrego, donde funciona la Asociación Sanmartiniana de Rosario. "Carlitos inició esto hace muchos años pero ya no está con nosotros. Está inactivo", con esta frase se atajó ese día el presidente de la Asociación Sanmartiniana de Rosario, el coronel Victor "Chuly" Rodríguez, quien segundos después confesó que el represor estaba en el interior de la sala en la presentación de un libro. Bien al fondo del auditorio, como para pasar inadvertido, Carlos Sfulcini sigue la charla. El sitio web de la asociación Cruce de los Andes, lo definía como vicepresidente sanmartiniano.
La Asociación Sanmartiana de Rosario había sido escenario de la presentación de un libro cuyo autor es el general Diego Alejandro Soria. El militar es a su vez presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano y el creador de la Asociación local junto a Sfulcini, quien gozaba por entonces de libertad gracias a la decisión de la Cámara Federal de Rosario, después de haber sido procesado por 15 privaciones de libertad seguidas de torturas.
Sfulcini se encontraba en el local de Dorrego y Salta, donde funciona además la Mutual Cristiana de Ayuda Familiar, dirigida entre otros por Jorge Ferroggiario, ex delegado de la Region VI del ministerio de Educación durante el gobierno de Carlos Reutemann.
Para reafirmar los aires castrenses que se respiraban en el local de Dorrego y Salta, cabe destacar que la Asociación Sanmartianana es a su vez la entidad que organiza el llamado Cruce de los Andes, una experiencia que intenta rescatar el espíritu épico de la gesta libertadora. Justamente en su sitio web www.crucedelosandes.com.ar se señala que el Consejo Directivo de esta entidad que depende directamente de los sanmartianianos rosarinos está presidida por el coronel Víctor Hugo Rodríguez, mientra su vicepresidente era Carlos Sfulcini.
Rodríguez era por entonces la mano derecha sin ironía alguna de Norberto Nicotra, quien lo había llevado al Concejo Municipal. Antes obviamente también había desembarcado junto a Nicotra en la Defensoría del Pueblo.
Cuando este cronista le pidió a Rodríguez que le presentara a Sfulcini, este se acerca entonces a un señor de unos 60 años, de un metro sesenta, canoso, de pequeño bigote y barba candado. Es un persona diminuta, que ríe con desconfianza y se muestra nervioso ante la charla.

¿Es usted Carlos Sfulcini?
Sí, pero no voy a hacer declaraciones. No quiero que prenda el grabador, advierte a Rosario/12.

¿Qué piensa de lo que ha ocurrido con usted en la justicia federal?
Que es una barbaridad, una injusticia. Me confunden con otra persona.

¿Pero hay otros Sfulcini en Rosario?
No, yo soy el único.

¿Y entonces por qué lo confunden?
Porque hay muchos Carlitos. Y a mí me detienen por ser un tal Carlitos. (Se refiere al apodo Carlitos Bianchi con que era conocido en el Servicio de Inteligencia del Ejército).

¿Pero usted niega haber trabajado en el Servicio de Inteligencia del Ejército?
Eso no se lo voy a contestar. Ustedes me han pegado mucho.
21 de noviembre de 2010
©rosario 12
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fusilados por la patota de feced


Fueron siete militantes políticos de Rosario a los que trasladaron hasta Los Surgentes en Córdoba para asesinarlos el 17 de octubre de 1976. Un trabajo de alumnos secundarios rescató el hecho y los familiares destacan que "los responsables están siendo enjuiciados hoy en Rosario".
[Leo Ricciardino] Argentina. "Yo siempre me imaginé ese momento donde los trasladaban a todos, donde iban quizás en la parte de atrás de una chata. Es el último instante en el que estuvieron con vida, el último momento que compartieron juntos". A esa imagen se aferró todos estos años Marcelo Márquez para retener en la memoria a su hermana María Cristina que junto a Cristina Costanzo, Ana Lía Murgiondo, Sergio Jalil, Eduardo Laus, Daniel Barjacoba y José Oyarzábal; fueron fusilados la noche del 17 de octubre de 1976 en Los Surgentes, provincia de Córdoba. Los siete eran militantes políticos que habían estado detenidos en El Pozo, en la ex Jefatura de Policía de Rosario. Treinta cuatro años después de ese hecho, un grupo de alumnos del tercer año del Instituto "Emilio Castoldi" de Los Surgentes encaró un proyecto pedagógico al que llamaron "Lazos de Identidad" con el objetivo de conocer la verdad sobre la "Masacre de Los Surgentes" y aportar para esclarecer "una de las épocas más oscuras de nuestra historia nacional, convencidos de que tenemos que seguir trabajando por la memoria, la verdad y la justicia". Con esos fundamentos también el Concejo de la localidad y su intendente Eduardo Buttarelli, declararon de interés municipal el trabajo de los alumnos.
Desde el pasado domingo, una placa y siete árboles plantados a la vera de la ruta 6, frente a los silos de la Cooperativa Agrícola de Cruz Alta; recuerdan a los siete militantes asesinados. Los familiares participaron de la ceremonia y coincidieron en destacar que "ahora tenemos un lugar concreto para recordar a nuestros familiares. Sabemos que aquí en este pueblo hay jóvenes dispuestos a no olvidar y a honrar la memoria".
El trabajo de los chicos coordinado por la profesora Nancy Marino, los llevó a entrevistar al doctor Alberto Minella, el ex oficial de policía Oscar Saldaña, el ex comisionista José Ulla y el señor Dionisio Tesán, que fue el primero que encontró a los jóvenes fusilados a la mañana siguiente. Todos narraron cuál fue su rol en aquel día posterior a la "Masacre de Los Surgentes".
Marcelo Jalil, hermano de Sergio, contó a Rosario/12 que "cuando la profesora del colegio pasó por Rosario y vio la placa en la ex Jefatura de Policía ahí profundizó el trabajo que venían haciendo con los chicos. Coincidió también con el 24 de marzo (en un nuevo aniversario del golpe) y los chicos empezaron a ver películas y trabajar el proyecto `Lazos de Identidad`". Jalil señala que a partir de este trabajo "confirmé más o menos todo lo que conocía sobre las últimas horas de mi hermano, pero al tener la posibilidad de hablar con personas que estuvieron en el momento posterior al asesinato como el médico que reconoció los cadáveres, el hombre que llevó los cuerpos de Los Surgentes a Córdoba, contratado por el Ejército; se pudo reconstruir más fielmente esos momentos".
Por su parte, Marcelo Márquez aseguró que en su caso "confirmé una sospecha que yo tenía y era la posibilidad de que mi hermana María Cristina estuviese embarazada en el momento del fusilamiento; y esto se confirmó a través del médico que la revisó que pudo certificar que efectivamente cursaba un embarazo de cuatro meses. También pudimos recabar más detalles de la forma en cómo los mataron: Claramente fue un fusilamiento ahí en ese camino rural".
Márquez destaca que "fueron fusilados por la patota de Feced, hace 34 años y hoy esas personas están siendo enjuiciadas en Rosario pero permanecen en libertad. No debemos olvidar eso para seguir luchando para que llegue la justicia".
Una de las cosas que más conmovió a los familiares fue "el hecho de que hayan sido chicos tan jóvenes los que encararon este trabajo, a mí en particular, fue lo que más me movilizó. Porque esto es algo que se viene palpando hace tiempo y que se hizo más evidente con el fallecimiento de (Néstor) Kirchner, donde se volvió a ver claramente a los jóvenes vinculados a la política. Bueno, lo que nosotros encontramos en Los Surgentes fue eso, jóvenes comprometidos con el pasado, queriendo saber, movilizando a los padres, pidiendo que les expliquen lo que había pasado", apuntó Márquez. Y agregó que "me gusta mucho el título que eligieron para el trabajo -Lazos de Identidad , y también es muy importante destacar que nunca cayeron en detalles como el dolor de la tortura, la venganza, sino que el interés estuvo centrado siempre en saber la verdad. Y la historia de vida de esos militantes asesinados, que fue lo que más le atrapó. Saber que eran jóvenes con ideales, con proyecto y que luchaban por un país más justo y digno para todos".
Para Jalil, "ahora nosotros sentimos que tenemos un lugar donde poder llevarle una flor, donde ir para recordar a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Estos jóvenes demostraron que no querían quedarse con la anécdota de que en su localidad, mucho antes de que ellos hubieran nacido, una noche asesinaron a siete jóvenes. Quisieron saber la verdad, quisieron saber quiénes eran y por qué los habían matado. Quisieron salir de la anécdota para entrar en historia verdadera".
21 de noviembre de 2010
©rosario 12
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la marihuana es buena


columna de lísperguer
En su columna en La Nación, Raúl Sohr sostiene que marihuana es tóxica.

Dudo de la fiabilidad de sus cifras. La inmensísima mayoría de los accidentes laborales se deben al consumo de alcohol. Se considera que cerca del 15% de la fuerza laboral tiene problemas de alcoholismo. Es igualmente el consumo de alcohol el responsable de parte considerable del presupuesto médico público. El alcohol es también responsable de la mayoría de los accidentes carreteros con resultado de muerte. El alcohol ha sido considerado recientemente por una investigación difundida por The Lancet como la peor droga, dos veces más peligrosa que la heroína. De la marihuana, en cambio, es difícil encontrar algo malo que decir: es una hierba medicinal de múltiples usos médicos y tiene también usos analgésicos directos. No conoce ninguna secuela permanente y su problema más grave -la pérdida de memoria- es recuperable, cosa que no ocurre con los barbitúricos. No está en el origen de ninguna enfermedad conocida y nadie se ha muerto nunca por sobredosis. Y es, por lo demás, recetada en muchos países del mundo. La marihuana es una droga buena.
lísperguer


expulsiones en el pj


El justicialismo expulsó a Facino y Ramos. La decisión fue adoptada por unanimidad, ad referéndum del congreso partidario. "Estamos orgullosos de lo que hicimos. Los partidos de la democracia no pueden tener en sus filas a quienes cometieron delitos atroces", dijo el presidente del PJ.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El consejo ejecutivo provincial del Partido Justicialista expulsó ayer a dos represores reciclados en democracia y hoy presos por delitos de lesa humanidad: Mario Facino, el ex jefe del centro clandestino que operó en la comisaría 4ª y llegó a ser presidente de la comuna de San José del Rincón y Eduardo Ramos, el ex oficial de Inteligencia de la Policía que se infiltró en la Universidad del Litoral y después de la dictadura fue candidato a concejal y a diputado nacional y hasta logró una chapa de asesor en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la provincia. La decisión fue adoptada por unanimidad, ad referéndum del congreso partidario y cerrada con un aplauso. "Estamos orgullosos de lo que hicimos. Los partidos de la democracia no pueden tener en sus filas a quienes cometieron delitos atroces como los que padecieron miles de compañeros justicialistas. Esperamos que otras fuerzas políticas hagan lo mismo", dijo el presidente del PJ, Ricardo Spinozzi.
Facino cumple dos condenas: una, a 20 años de prisión por secuestros y torturas a detenidos políticos y otra, a 23 años por el homicidio de una militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, en 1976, mientras que Ramos fue sentenciado a 23 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y tormentos. Los dos están detenidos, Facino en su casa por ahora y Ramos, en la cárcel de Las Flores.
El proceso de expulsión de los represores comenzó a principios de julio con un pedido del vicepresidente del PJ, Jorge Fernández, quien reflotó un planteo hecho trece años atrás, en abril de 1997, por una de las víctimas de Ramos, Anatilde Bugna, ex detenida política y querellante en el juicio al ex juez Víctor Brusa. "Hay razones políticas, éticas y jurídicas que justifican esta medida", sostuvo Fernández.
Cuatro meses después, el dictamen del Tribunal de Disciplina del PJ llegó ayer a la mesa del consejo ejecutivo con una recomendación: que se cancelen las fichas de afiliación de Facino y Ramos ad referéndum del congreso partidario. "Leímos el informe del Tribunal de Disciplina y lo aprobamos por unanimidad. Así que ahora lo elevaremos al congreso", explicó Spinozzi.
El presidente del PJ dijo que la purga no tiene antecedentes en el país. "El justicialismo es el primer partido político de Argentina, y tal vez de Latinoamérica, que expulsa de sus filas a dos personas condenadas por delitos atroces de lesa humanidad, como los que padecieron miles y miles de compañeros. Así que mirando hacia adentro, tomamos esa decisión. Y estamos orgullosos de lo que hicimos. Sabemos que también existen represores enquistados en otras fuerzas políticas que probablemente puedan seguir el camino de nuestro partido y fortalecer de esa manera la democracia misma", agregó.
En la misma sintonía se pronunció el vicepresidente del PJ, que promovió la expulsión de los represores. "Es un avance en la calidad democrática que en un partido como el peronismo, donde incluso hay sectores que tienen posiciones encontradas respecto a la política de derechos humanos, hayamos decidido expulsar dos condenados por crímenes aberrantes. Y que esa decisión fuera adoptada por unanimidad", comentó Fernández a Rosario/12.
"No sé si hay otros antecedentes en América Latina, pero sí es valioso señalar la autocrítica que esto significa. Y esperamos que se repita en otros partidos políticos. Porque así como estas personas que actuaron en el marco del terrorismo de estado estaban en el peronismo, es probable que también estén en otras fuerzas políticas", agregó.
Fernández ponderó también la templanza de Anatilde Bugna, quien solicitó la expulsión de Ramos en 1997 con "resultado infructuoso", dijo. "Hace trece años comentó Bugna yo pedí la expulsión de Ramos del justicialismo para que se haga justicia y que la sociedad sepa quién es quién. Pasó el tiempo. El juicio demostró eso. Pero también es importante que no participen más en la vida política cuando salgan en libertad".
Anatilde recibió la noticia de las expulsiones sin alegría. "No estoy contenta. Ha llegado otro momento en que las cosas se logran, con el apoyo de mucha gente. Es la utopía que se hace realidad, hay que buscar el momento y las personas adecuadas para lograrlo. Esto se podría haber logrado hace muchos años, pasaron un montón de dirigentes, entre ellos algunos que fueron compañeros nuestros, y esta decisión se podía haber tomado antes. Se tomó ahora. Y está bien, igual. Lo fundamental es que va a sentar un precedente de acá en más. Es empezar a refundar los derechos de todos. Lo bueno es que si hay una situación similar en otros partidos, se pueda plantear, no es una caza de brujas, sino que se pueda discutir en otros espacios políticos porque debe haber represores enquistado en otros lugares", concluyó Bugna.
20 de noviembre de 2010
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podlech seguirá preso en italia


Italia: Rechazan arresto domiciliario a ex fiscal Podlech. La justicia romana negó la solicitud presentada por la defensa del ex militar chileno, acusado en la capital italiana de la desaparición del sacerdote Omar Venturelli tras el golpe de 1973.
Santiago, Chile. La justicia italiana rechazó autorizar la detención domiciliaria al ex fiscal militar chileno Alfonso Podlech, detenido en Roma por la desaparición y muerte del sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, informaron este viernes fuentes judiciales.
La primera corte del tribunal de Roma rechazó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la defensa de Podlech, que adujo problemas médicos, precisó la misma fuente.
Podlech, de 74 años, detenido el año pasado en España, de donde fue extraditado a Italia, se encuentra en la cárcel romana de Rebibbia y está siendo juzgado por su presunta implicación en la desaparición de Venturelli, ex religioso de origen italiano, detenido en Temuco poco después del golpe de Estado de 1973.
La próxima audiencia del juicio, iniciado el 13 de octubre del 2009, fue fijada para el 1 de diciembre.
Podlech es acusado de homicidio voluntario y masacre, dos delitos que no prescriben para la justicia italiana, precisó a la AFP el abogado de la familia Venturelli, Giancarlo Maniga.
Venturelli, quien perteneció al movimiento Cristianos por el Socialismo y fue profesor en la Universidad Católica de Temuco, figura entre las víctimas contempladas en la investigación que la justicia italiana abrió en 1998 para esclarecer la desaparición de 4 ciudadanos ítalo-chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
20 de noviembre de 2010
19 de noviembre de 2010
©la nación

otra canallada del juez zepeda


columna de lísperguer
Juez condena a militar a 6 años por asesinato de 23 personas. Impudicia de jueces pinochetistas.

Esta es una pena ridícula, una evidente denegación de justicia y una interpretación torcida de preceptos legales. El juez Zepeda recurre al derecho humanitario internacional para minimizar los crímenes de los agentes pinochetistas encausados, utilizando la debida obediencia. Sin embargo, esta figura no se puede aplicar en el caso chileno, porque la Corte Suprema ha resuelto que en la época en que se asesinó a esos 23 chilenos (todos trabajadores de Endesa) en el país se encontraba suspendido el estado de derecho y era dirigido por los miembros de una asociación ilícita, de la que eran miembros Pinochet y Contreras. Tampoco ha juzgado a los dueños del fundo que cedieron su propiedad para la comisión de esos crímenes o para enterrar los cadáveres. Este es un fallo aberrante, donde el juez forma parte del grupo de criminales. Deja en manos de la ciudadanía la necesidad de hacer justicia.
lísperguer

federales secuestraron a remisero


Dos de los policías fueron detenidos y otros dos, uno de ellos un cabo retirado, están prófugos. Pertenecen a tres comisarías diferentes. Habían secuestrado a un remisero. Le exigieron 20 mil pesos. Pagó primero 7 mil y luego de liberado, 3 mil.
[Horacio Cecchi] Argentina. Cuatro federales contribuyeron con su propio cuerpo a revelar los insondables circuitos que alimentan la ola de inseguridad. Los acusan del secuestro extorsivo de un remisero de origen peruano, a quien le exigieron según el denunciante 20 mil pesos para su liberación, suma que luego se redujo a diez mil en dos cómodas cuotas de 7 mil antes y 3 mil después de la devolución a la calle. De los cuatro, dos están prófugos. Los otros dos fueron detenidos por integrantes de la División Antisecuestros y de Asuntos Internos. Ayer, los dos detenidos, el agente Gastón Eduardo Aragón y el subinspector Mariano Comello Potes, declararon ante el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal federal Patricio Evers. Lo que dijeron es previsible aunque no por ello deja de ser posible: se dijeron inocentes, y se mencionaron como "los perejiles".
¿Cómo se desarrolló el caso? En agosto pasado, para más precisión el miércoles 18, Víctor Michael Lázaro Castillo, se presentó en la División Antisecuestros para decir que lo habían secuestrado uniformados de la Federal y le habían exigido un pago por su libertad. Y pasó a relatar cómo ocurrió. Dijo que es peruano y trabaja con un auto para una remisería. Que el día anterior a las 10 de la mañana, cuando subió a su Renault Mégane para dirigirse a la remisería donde trabajaba, fue interceptado por tres patrulleros de los que aseguró que descendieron ocho personas. Le pidieron que presentara los documentos del auto y su licencia. Dijo que todos sus papeles estaban en orden y que pese a todo lo trasladaron detenido a la comisaría 34ª, en Quilmes y Ferreyra, de Pompeya, a la que pertenece uno de los prófugos, el suboficial mayor Juan Manuel Ferragud Marcucci. Desde allí se comunicó con su madre, Zoila Carmen Castillo López, quien inmediatamente se dirigió a la 34ª. Cuando llegó, según el denunciante, a la mujer le hicieron una exigencia suavizada por una recomendación. La primera consistió en un pedido de "veinte mil pesos". La segunda, en que si no pagaba les iban a plantar droga y los iban a "llevar presos a los dos".
Así las cosas, Zoila Castillo salió a reunir el dinero, pero llegó a la cifra de 7 mil. Acordaron entonces efectuar el pago y lo hicieron en una pequeña plazoleta, Homero Manzi, en Del Barco Centenera y avenida Riestra, cercana a la comisaría 34ª. Claro que para que la otra parte, esto es, los uniformados, cumplieran con lo prometido, al menos la mujer tendría que asumir el pago de otros tres mil apenas su hijo pisara la vereda en libertad. De lo contrario, se sabía, colgaba la espada del Damocles drogón sobre sus cabezas. Para evitar lo que legítimamente sentía como amenazas, el remisero Lázaro apenas liberado, al mediodía, reunió otros tres mil y los desembolsó según las indicaciones.
Al día siguiente, el 18 de agosto, sin embargo, Lázaro Castillo decidió dar vuelta los vectores de la historia y se presentó a hacer la denuncia en la División Antisecuestros de la Federal. El caso no trascendió a los medios, lo que permitió seguir la pista y reunir pruebas. Entre ellas, Oyarbide ordenó realizar escuchas y seguimientos.
Entre las comunicaciones, surgía también un cabo retirado de la Federal, Carlos Daniel Maidana. Según los investigadores, en las escuchas, el cabo retirado pedía a los otros que le liberaran zona para algún golpe, pero también se pudo escuchar en algunas otras comunicaciones que le preguntaban al cabo "¿tenés algún laburo?".
También surgieron datos de que los mismos habían cometido al menos un robo en un supermercado de la zona, siguiendo el sistema de los boqueteros, y se investigaba entre los uniformados del lado de los buenos, que el grupo podría haber cometido más robos a comercios, aunque no estaba probado. Pero además de confirmar en los hechos el sistema de las zonas liberadas, el caso revela que cada uno de los sospechados pertenece a una comisaría diferente. Comello Potes a la 23ª, de Gurruchaga y Santa Fe, en Palermo; Aragón, a la 28ª, de Vélez Sarsfield al 100, en Parque Patricios; Ferragud Marcucci, se dijo, a la 34ª, en Pompeya; y Maidana retirado.
Ayer, los dos detenidos fueron trasladados ante Oyarbide y Evers para ser indagados. Ambos prefirieron como argumentación pasar por bobos antes que por delincuentes. Aseguraron que eran "los perejiles del caso" y que habían sido "engañados por Maidana". Dijeron que Maidana les pidió como favor que interceptaran el vehículo de Lázaro porque se trataba de un procedimiento antidrogas. Y que cuando lo detuvieron Maidana se hizo cargo. Pero si Maidana es retirado, la pregunta es por qué hacerle "un favor". Respuesta: por bobos (o Pérez giles). Está por verse si esa hipótesis cuaja. De todos modos, Castillo habló de ocho. La Federal rápidamente salió a advertir que institucionalmente había reunido pruebas y detenido y que "individuos así serán repudiados".
19 de noviembre de 2010
©horacio cecchi
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