gobierno y afep se reunirán

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Gobierno y AFEP acuerdan nueva cita por querellas de derechos humanos. Hinzpeter, ante crítica de dirigentas que tomaron Programa de Derechos Humanos, dijo que "Interior está cumpliendo". Al término de reunión con el grupo, Ubilla aseguró que tema "es altamente sensible para el gobierno".

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Santiago, Chile. La próxima semana se efectuará una nueva reunión entre dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y representantes del gobierno para ahondar en una salida a la demanda de esta organización que hoy ocupó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Así quedó establecido en el encuentro de más de una hora que la directiva de la AFEP sostuvo desde el mediodía con el ministro (s) de esa cartera, Rodrigo Ubilla, en La Moneda, luego de acceder a abandonar las oficinas ocupadas frente a la Plaza de la Constitución.
La toma se efectuó para denunciar lo que definen como "desidia" oficial para entablar querellas en casos de ejecutados en la dictadura, tal como se establece en la ley que mandata al Programa para seguir esos casos, y apuntar por esto al ministro Rodrigo Hinzpeter quien, de paso, se habría negado a recibirlas de manera reiterada.
Alicia Lira, presidenta de la entidad, aseguró que desde hace más de 7 meses no se ha presentado ninguna querella por ejecutados políticos por parte del Programa y que cuentan al menos 5 frustradas solicitudes de entrevistas al Vicepresidente.
El jefe de Gabinete, consultado por estos cuestionamientos, respondió: "La verdad es que no tengo mucho que opinar. El Ministerio del Interior está cumpliendo como corresponde en el Programa de Derechos Humanos".
"El camino de la violencia, el camino de las tomas, nunca conduce a buenas soluciones. Es por eso que, no sólo en ese caso, en todos los casos yo llamo a los chilenos siempre a dialogar como hermanos que somos de un mismo pueblo y no a estar efectuando tomas que en nada ayudan", agregó.
El subsecretario Ubilla desestimó también las afirmaciones de ausencia de recursos judiciales en favor de estas víctimas señalando que recién la semana pasada puso la firma a querellas. "Yo presenté personalmente las querellas en nombre de 11 ejecutados políticos", indicó y aseguró que "este tema es altamente sensible para el gobierno".
En un comunicado entregado por la AFEP se señala que el Ejecutivo "no cumple con la ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos que a través de un veto aditivo mandata al programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a presentar querellas por detenidos desaparecidos y ejecutados políticos".
Aseguran que en este contexto, luego de la visa a que se presenten acciones no sólo por detenidos desaparecidos, hay 70 querellas por ejecuciones durante la dictadura de Augusto Pinochet que no han podido ser presentadas en los tribunales porque Interior no las ha firmado.
19 de noviembre de 2010
18 de noviembre de 2010
 ©la nación

protesta por programa de ddhh

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En La Moneda grupo que tomó Programa de Derechos Humanos.

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Santiago, Chile. El ministro de Interior (S), Rodrigo Ubilla, aceptó dialogar con las dirigentas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFDE) que ocuparon las oficinas del Programa de Derechos Humanos de esa cartera frente a La Moneda.
Un grupo de esta organización tomó las dependencias de calle Agustinas para denunciar la ausencia de querellas por casos de violaciones a los derechos humanos que por ley debe cursar esa repartición del gobierno, además de lo que estiman como una negativa recurrente a recibirlas del jege de gabinete, Rodrigo Hinzpeter.
En un comunicado entregado por la AFDE se señala que el Ejecutivo "no cumple con la ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos que a través de un veto aditivo mandata al programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a presentar querellas por detenidos desaparecidos y ejecutados políticos".
"Denunciamos la gravedad del hecho ya que existen 1120 querellas por las víctimas calificadas en el informe Rettig, pero el gobierno en forma soterrada está desmantelando el programa", agregan.
Apuntando al titular de Interior, señalan: "hemos solicitado más de 5 entrevistas al ministro Rodrigo Hinzpeter para entregar nuestras peticiones y propuestas, pero se nos ha ignorado".
Una emisaria del gobierno dialogó con la presidenta de la Agrupación, Alicia Lira, y pasadas las 11:30 horas las convenció de acudir al Palacio de Gobierno a la conversación con Ubilla por lo que las ocupantes quitaron las cadenas que instalaron en las puertas y se dirigieron al Palacio en donde cerca del mediodía eran recibidas por la autoridad.
19 de noviembre de 2010
18 de noviembre de 2010
©la nación

gobierno debe ser parte en caso tohá

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Senado pide al gobierno ser parte en proceso por muerte de José Tohá.    Conclusiones del SML ya están en manos del juez.

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Santiago, Chile. El Senado aprobó en forma unánime (21 votos a favor) el proyecto de acuerdo que solicita al gobierno del presidente Sebastián Piñera "colaborar con la acción de la justicia, haciéndose parte del proceso para esclarecer los hechos que rodearon y terminaron con la vida del ex ministro del Interior y de Defensa y vicepresidente de la República, José Tohá González".
La iniciativa fue presentada por los senadores Isabel Allende y Jaime Quintana, a nombre de los comités de Senadores PS y PPD, respectivamente.
El lunes la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió la reapertura del caso y dio orden de exhumar su cuerpo, pues un informe forense arrojó que hubo acción de terceros en su deceso.
Según los antecedentes entregados a la investigación, el ex secretario de Estado no se quitó la vida -como informó el régimen militar en la época- sino que falleció por "asfixia manual de naturaleza homicida".
La causa está a cargo del ministro en visita Jorge Zepeda, quien solicitó al Servicio Médico Legal (SML) hacer un análisis de los protocolos de autopsia de Tohá para determinar si es necesaria la exhumación, como también la realización de una reconstitución de escena para aclarar las circunstancias de su muerte.
El proyecto de acuerdo expresa que "para el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace mas de 36 años (15 de marzo de 1974) resulta necesario y fundamental la colaboración de todas las personas e instituciones que cuenten con información, o bien pueden, con sus recursos, colaborar con la acción de la justicia" .
En tal sentido, expresa que "la colaboración del Gobierno resulta necesaria ya que tal como lo ha concluido el Informe de la Comisión Rettig la muerte del ex ministro Tohá se debió a la participación de agentes del Estado, lo que como país comprometido ante el concierto internacional con la causa de los Derechos Humanos nos obliga a dar señales claras y decididas en orden a esclarecer estos hechos y castigar a los responsables de tan deleznables actos".
La senadora Allende agradeció el respaldó unánime de la Sala a este importante proyecto de acuerdo, señalando que es imprescindible que el gobierno se haga parte en este caso. Además logró acuerdo de la Sala para enviar una copia del mismo a la viuda del ex ministro de Allende, Moy de Tohá.
19 de noviembre de 2010
17 de noviembre de 2010
©la nación

leves penas por ejecutados de endesa

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Jefe del Departamento II de Inteligencia del Regimiento de Los Ángeles fue condenado a 6 años de cárcel, mientras un coronel ® fue absuelto por la eximente de obediencia debida.

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Santiago, Chile. El ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia dictó sentencia definitiva en la investigación por homicidios y secuestros durante la dictadura de 23 empleados y trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico, en el marco del llamado caso Endesa.
Los homicidios fueron cometidos en los últimos días de 1973 y comienzos de 1974, en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. Los opositores fueron detenidos tras el golpe militar y los restos de varios de ellos fueron hallados en 1990 al interior del fundo La Mona, que en la actualidad es de propiedad de la forestal Mininco.
Entre los condenados figuran el general (r) Patricio Martínez Moena, jefe del Departamento II de Inteligencia del Regimiento de Los Ángeles, quien recibió una pena de 6 años de cárcel; Asimismo, sentenció a Ismael Espinosa Silva a 5 años por el secuestro de Manuel Arias Zúñiga. En este caso se concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Además, aplicó por primera vez en Chile lo reglamentado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al absolver a l coronel (r) Walter Klug Rivera por la eximente de obediencia debida.
La sentencia considera también un sobreseimiento por fallecimiento en el caso del comandante del Regimiento, Alfredo Rehren Pulido.
El juez Zepeda además acogió las demandas de indemnización por perjuicio en contra del Fisco. Este deberá pagar 50 millones de pesos a cada uno de 9 familiares de las víctimas que presentaron acción judicial.
18 de noviembre de 2010
©la nación

corte rechaza ley de inteligencia

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Corte Constitucional rechazó la Ley de Inteligencia por el escándalo de las chuzadas. La Ley 1288 de 2009 fue demanda por la Comisión Nacional de Juristas, que señaló que esa norma violaba los derechos humanos y fundamentales de las personas debido a los excesos que se presentaron con el escándalo de las chuzadas.

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Colombia. La Corte Constitucional decidió tumbar la Ley de Inteligencia, la cual regulaba la actividad de las agencias de seguridad, al aceptar una demanda que consideraba que la misma violaba algunos derechos fundamentales por el uso desmedido de espionaje telefónico y seguimientos ilegales.
La Ley 1288 de 2009, o de inteligencia, fue demanda por la Comisión Nacional de Juristas, que señaló que esa norma violaba los derechos humanos y fundamentales de las personas debido a los excesos que se presentaron con el escándalo de las chuzadas.
La sala plena de la Corte Constitucional consideró que la ley requería un trámite especial en el Congreso para ser aprobada y por eso deberá empezar un nuevo estudio en el Legislativo como ley estatutaria y, de ser aprobada, revisada de nuevo por ese tribunal.
La Ley de Inteligencia fue sancionada en marzo de 2009 por el entonces presidente, Álvaro Uribe, y con ella buscaba fortalecer las actividades de inteligencia y contrainteligencia, a pesar del escándalo desatado en el DAS.
Además creaba la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), compuesta por el cuestionado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ministerio de Defensa, los departamento de inteligencia de las Fuerzas Militares y de Policía.
La JIC se reuniría una vez al mes para analizar asuntos relacionados con la seguridad y defensa del Estado.
Los demandantes de la Comisión Nacional de Juristas consideraron además que de aprobarse la ley se crearía una base de datos de las personas sin que existiera un soporte legal claro sobre su manejo.
18 de noviembre de 2010
17 de noviembre de 2010
©semana

documentos desclasificados en museo

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Museo de la Memoria recibe documentos desclasificados de la dictadura.

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Santiago, Chile. Más de 20.000 documentos desclasificados en Estados Unidos, que confirman que este país instó y apoyó el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973, llegaron este miércoles a Santiago, donde se incorporarán a la base de datos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Los documentos, que fueron entregados al museo por el director del Chile Documentation Project del National Archive de la Universidad George Washington, Peter Kornbluh, recogen "de forma muy clara" la intervención de Estados Unidos en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y su apoyo al régimen militar.
Entre otros archivos, la documentación recoge una conversación que mantuvieron en junio de 1976 en Santiago el general Pinochet y el consejero de Seguridad Nacional y posterior Secretario de Estado durante la presidencia de Richard Nixon (1964-1974), Henry Kissinger, en la que éste le traslada su apoyo.
"Deseamos que el suyo sea un gobierno próspero. Queremos ayudarle y no obstruir su labor", dijo Kissinger a Pinochet, minutos antes de pronunciar un discurso sobre derechos humanos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Está siendo víctima de todos los grupos de izquierda del mundo y su mayor pecado no ha sido otro que el de derrocar un gobierno que se convierte al comunismo", añadió.
Según Kornbluh, Kissinger "era el arquitecto del programa que intentó derrocar a Allende entre 1970 y 1973". "Él era la persona más responsable de ayudar económica y militarmente a Pinochet a consolidar su régimen", aseguró.
Kornbluh, que es autor de varios libros sobre la dictadura chilena, el más reciente "The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability", ha ejercido un papel importante en la campaña que ha permitido desclasificar los archivos secretos del gobierno de Estados Unidos.
De los casi 24.000 documentos entregados a Chile, 2.000 son de la Central de Inteligencia Americana (CIA) que, según rezan los escritos, ya desde el año 1971, dos años antes del golpe, presionó a favor de un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende.
El material entregado, ordenado en 4 colecciones, incluye transcripciones de algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvo Kissinger, y que posteriormente robó, así como información de cómo Pinochet y el ex jefe de la policía secreta (DINA), Manuel Contreras, intentaron encubrir el atentado al ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en septiembre de 1976.
Según Kornbluh, estos documentos podrían ayudar en los procesos judiciales abiertos actualmente sobre crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, además de contribuir al "veredicto de la Historia" y a educar a la próxima generación.
"Estos documentos deben contribuir a darnos poder y a ayudar a hacer avanzar la justicia y la dignidad en Chile", indicó.
18 de noviembre de 2010
©la nación

objetivo común: recuperar la democracia

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columna de lísperguer

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Derecha e izquierda chilenas deberían compartir compromiso para recuperar la democracia.
Dotarnos de una Constitución de origen democrático ha sido desde siempre una tarea urgente. Lo mismo que abolir el régimen electoral binominal, que es un enorme escollo para la recuperación de la democracia. El país se encuentra en una situación tan bizarra después de 40 años de autoritarismo, que recuperar la democracia representativa debiese ser ahora un objetivo compartido por derechas e izquierdas. Aunque la derecha tiende a enfatizar los intereses más que los principios, en un asunto tan fundamental, y después de comprobar que los votantes todavía pueden elegirla a pesar de todo, esta vez sus representantes podrían dar un paso más en su rompimiento con el pasado y contribuir a hacer de Chile un país moderno. La derecha se acerca a la ciudadanía cuando se reinventa para hacer propios la defensa de los ddhh, la democracia y la libertad. Ahora tiene que demostrar que habla en serio.
lísperguer

políticos se aliaron con bloque centauros

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Militares y políticos se aliaron con el Bloque Centauros: ’El Primo’. Diego Alberto Ruiz Arroyave respondió que sabía de los nexos de los militares y políticos con los paramilitares, pero no dio nombres. Según Ruiz, su función en las Auc no se lo permitió.

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Colombia. Durante la segunda jornada de versión libre desde Estados Unidos, Diego Alberto Ruiz Arroyave alias ‘El Primo’ respondió a la Fiscal de Justicia y Paz que supo de las relaciones de militares y políticos con los paramilitares del Bloque Centauros, pero no sabía los nombres porque su rol no fue militar sino administrativo. "Yo supe pero no vi. Tampoco estuve en reuniones", dijo en varias oportunidades el extraditado.
La información que aporte Ruiz Arroyave a Justicia y Paz es clave, porque fue cercano a Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, desde que su primo estuvo preso a mediados de 1999 en la cárcel Modelo hasta cuando fue asesinado en 2004, siendo jefe del Bloque Centauros que delinquió en los Llanos.
Cuando la Fiscal  le preguntó a alias ‘El Primo’ sobre si los nexos entre los paramilitares y la fuerza pública, el exparamilitar dijo que existieron pero quienes se encargaban de esos contactos eran los comandantes de cada bloque. "Esa relación fue estrecha en las áreas donde se delinquía. Ese fue el modus operandi de los paramilitares, pues tenían un enemigo común (la guerrilla)", dijo.
Sobre acuerdos con políticos de la región, la respuesta fue similar. "Sé que el dinero que se dio para la política desbordó las finanzas del bloque. Yo sólo iba donde Miguel a rendirle informes, iba a lo puntual. Nunca escuché de programas políticos que él planteara".
Respecto a las finanzas del Bloque Centauros, indicó "que no corresponde a la realidad que se diga que el narcotráfico financió a todo el bloque", sin dar más explicaciones. En relación con las finanzas personales del ex jefe paramilitar, alias ‘El Primo’ dijo que  Miguel Arroyave contaba con dinero producto de sus actividades comerciales, entre ellas, la explotación de la mina Las Margaritas y la Comercializadora Arroyave, una empresa dedicada  la compra y venta de inmuebles en Bogotá, negocios que él le ayudaba a administrar.
Por eso, la Fiscal luego le preguntó si conocía los 48 bienes que tiene reportados Justicia y Paz como propiedades de Miguel Arroyave, a nombre de familiares. Después de que  la Fiscalía le describiera inmuebles ubicados en Bogotá, los Llanos, San Andrés Islas y Cartagena, además de un microbús, un campero y dos carros, alias ‘El Primo’ sólo identificó un par de ellos.
Según Ruiz Arroyave, alias ‘El Arcángel’ no tenía haciendas sino apartamentos, y negó que las tierras donde se realizaban proyectos extensivos, como la siembra de la palma, fueran robadas. También dijo que desconoció los detalles sobre las reglas de los paramilitares y que supo de la existencia de escuelas de formación o entrenamiento dentro del Bloque, "pero yo no estuve".
La explicación reiterada de alias ‘El Primo’ para no dar detalles ni nombres frente a las preguntas, fue que él no delinquió en la parte militar del Bloque Centauros, sino que fue un hombre de confianza, de enlace, de su primo en la administración de los negocios.
Para la continuación de la versión que se realizará desde Estados Unidos el 22, 23 y 24 de noviembre de 2010, la Fiscalía espera que alias ‘El Primo’ cuente sobre la relación del narcotráfico con los paramilitares y la compra de armas.
Sobre este último tema, alias ‘El Primo’ ha hecho referencia a dos situaciones en las que él estuvo involucrado. "Para finales de 1999, Miguel me mandó a hablar con un señor Carlos, porque ‘Pirata’ tenía un contacto para traer 220 fusiles. La ruta de las armas fue Centroamérica, Urabá, Medellín y Bogotá. En San Martín alias ‘Tauramena’ y ‘Churro’ eran los encargados de manejar el transporte para traer los fusiles. Eso se coordinó con ‘Pirata’".
Durante la primera versión, que se realizó el 18 de octubre de 2010, alias ‘El Primo’ recordó que en 2002, Miguel Arroyave le dijo que recibiera en Bogotá a un hombre que le traía una información en un disquete, relacionada con la compra de un cargamento d fusiles y granadas. "La propuesta era cambiar armas por droga. Yo le llevé  la información a Miguel, él la analizó y dijo que sí, pero que no se podía hacer el cambio por droga, porque no había posibilidad de hacerla llegar a Centroamérica", dijo. Según alias ‘El Primo’, el ‘negocio’ se pactó por 150 mil dólares.
Diego Alberto Ruiz Arroyave alias ‘El Primo’ fue extraditado a Estados en mayo de 2008. Por haber participado en el tráfico de armas, la justicia de ese país ya lo condenó a 90 meses de prisión "por apoyar un grupo terrorista internacional".
18 de noviembre de 2010
17 de noviembre de 2010
©verdad abierta