demandan a chile por discriminación

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En caso Atala. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oficializó demanda por discriminación sexual contra el Estado chileno. Por ser lesbiana se le quitó la custodia de las hijas a Karen Atala en 2003.

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Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó hoy que demandó a Chile ante la Corte Interamericana por el caso de la ex jueza Karen Atala, a quien se le retiró la custodia de sus hijas por ser lesbiana.
Esta es la primera vez que la CIDH decide en un caso de discriminación sexual, señaló a través de un comunicado.
La CIDH demandó ante la corte con sede en Costa Rica al Estado chileno por no haber cumplido con sus recomendaciones, que pedían reparar el daño hecho a Karen Atala, cuando en 2003 un juez le quitó la custodia de sus tres hijas debido a su orientación sexual.
"La Comisión concluyó que el Estado de Chile era responsable por la discriminación contra Karen Atala en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas", indicó el comunicado.
El ex esposo y padre de las niñas introdujo la demanda para retirar la custodia a Atala, alegando que su orientación sexual afectaba el desarrollo de las niñas
La custodia de las niñas fue determinada por el juez en "violación de sus derechos", agregó la CIDH.
20 de septiembre de 2010
©la nación

¿van a volver los dictadores?

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"¿Sabías que en la dictadura no dejaban a los varones usar el pelo largo, ni barba, ni dejaban escuchar cierta música, ni hacer arte?"

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[Irina Hauser] Una mañana de 1979 mi hermano entró en mi habitación con los ojos desorbitados: "¡Mamá está durmiendo con el tío Oscar!", gritó. Yo tendría ocho años. El, siete. Juntos fuimos en puntitas de pie y espiamos desde la puerta. Mamá no estaba durmiendo con el tío. Era papá, que se había afeitado la barba. Esa barba tupida con la que siempre lo conocimos. "Qué extraño", pensamos.
Gracias a que existe el feriado del 24 de marzo, hoy en las escuelas se habla de la última dictadura, incluso en los jardines de infantes. Así fue como mi hija de cinco años llegó a casa muy orgullosa de lo que había aprendido y me dijo: "¿Sabías que en la dictadura no dejaban a los varones usar el pelo largo, ni barba, ni dejaban escuchar cierta música, ni hacer arte?" Me quedé pasmada escuchándola y, como mencionó la cuestión de la barba, le conté la anécdota sobre mi viejo. Le divirtió, pero enseguida puso las cosas en su lugar: "Mamá, los dictadores eran muy malos, trataban muy mal a los que no tenían las mismas ideas que ellos". Después se quedó pensativa. "¿Los dictadores van a volver? ¿Existen todavía?", me preguntó. El otro día una amiga me contó que su hija de cuatro años le había dicho lo mismo. La misma duda, el mismo temor. Con el agregado de una sensación de peligro quizá más palpable, ya que mi amiga es hija de desaparecidos. Mis cicatrices son otras, pero también están. Tardé años en entender el cambio de apariencia de mi papá, por qué me ponía a llorar cada vez que veía un militar, por qué en mi casa quemaban los libros, por qué me daba taquicardia pasar por el Regimiento Patricios. Más allá de las historias personales, mi amiga y yo compartimos una sensación de alivio: por suerte, comentamos, les pudimos decir a nuestras hijas que la mayoría de los represores están presos. Y cientos están siendo enjuiciados, al fin. Qué bueno tener una respuesta tranquilizadora.
La semana pasada Angela Urondo, hija del escritor Francisco 'Paco' Urondo y Alicia Raboy, me hizo notar que hay grietas que persisten. Una muy profunda está en Mendoza, donde en 1976 mataron a su papá y desaparecieron a su mamá. En esa provincia los represores andan sueltos, los liberaron. Porque todavía hay jueces cómplices, que lo fueron durante el terrorismo de Estado y ahora intentan beneficiar a sus antiguos aliados. "Yo no me puedo ir de vacaciones a Mar del Plata pensando que en la sombrilla de al lado puede estar el hombre que torturó y secuestró a mi madre", dijo Angela. Me estremeció. Me quedé pensando en todos los juicios que faltan. Y en cuánta gente repite últimamente que está harta de oír hablar de la dictadura.
"Quiero transmitirles seguridad a mis hijos, ¿cómo hago?", planteó Angela en el Consejo de la Magistratura, que investiga a tres camaristas mendocinos por apañar crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos, Luis Miret, dejó el cargo para evitar que lo destituyeran. Pero como la Presidenta todavía no decidió si acepta su renuncia, el jueves último lo suspendieron igual y lo mandaron a juicio político. Angela presenció la votación. Cuando volvió a su casa escribió en su blog: "La sensación es confusa. Parece felicidad, pero no es, es un poco menos de amargura". Su blog se llama ‘Pedacitos’.
Ella, mi hija, mi amiga. Con sus palabras, me confirmaron la importancia de poder decirles a nuestros hijos (y a nosotras mismas) que ya está, ya pasó, ya pasó. Qué necesario es poder mostrarles que hay un cierre para esta historia. Todavía falta, y tal vez no estemos tan lejos.
20 de septiembre de 2010
©página 12

recuperan a nieto número 102

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Identidad recuperada. Las Abuelas presentaron al nieto número 102.

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Argentina. Se trata de un abogado de 32 años nacido en la ESMA. Es hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desaparecidos en 1977. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hizo el anuncio junto a integrantes del organismo y familiares del joven que recobró su identidad. El último nieto recuperado había sido Francisco Madariaga Quintela, en febrero.
Carlotto, en conferencia de prensa, explicó que el joven está al tanto de su verdadera identidad, pero aún permanece anónimo porque "está procesando la noticia de la desaparición de sus padres", ocurrida el 15 de mayo de 1977.
El nieto recuperado es hijo de María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, quienes militaban en Montoneros. El joven se negó a realizarse los exámenes genéticos, pero fue identificado gracias a que el juez federal que lleva adelante la causa, Rodolfo Canicoba Corral, dispuso que se le extrajera una muestra de ADN por medio de una requisa de ropa "imprevista", precisó Abuelas en un comunicado.
Canicoba adoptó esa medida de "último recurso" después de que fueran "fraguadas" unas muestras genéticas del joven que se habían obtenido en un allanamiento ordenado por el juez, se indicó.
Los padres del joven se habían conocido cuando ambos militaban políticamente en el ámbito estudiantil y se habían casado en Buenos Aires en enero de 1976, un año antes de ser secuestrados en la localidad bonaerense de Hurlingham, cuando la mujer estaba embarazada de cuatro meses y medio.
"Las Abuelas deseamos por sobre todas las cosas que nuestros nietos recuperen su identidad, pero también que este proceso sea lo menos traumático posible", señaló la nota de la organización.
20 de septiembre de 2010
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batalla por la memoria

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En este informe especial usted entenderá por qué Colombia no debe olvidar los horrores de su pasado.

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[Marta Ruiz] Colombia. Siempre se ha dicho que Colombia es un país amnésico. Quizá porque a cada ciclo de guerra le ha seguido un pacto de paz que ha enterrado el pasado con la idea de que para seguir adelante no se puede recordar el horror, pues sería como echarles sal a las heridas. Las víctimas de la Violencia de los años 50 pudieron quedar en el olvido, en aras de que el Frente Nacional fuera viable, a no ser porque un grupo de intelectuales -monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna- exhumaron archivos y recogieron testimonios en campos y veredas, para luego interpretar lo que había ocurrido en ese aciago periodo. Sin ese estudio, llamado ‘La violencia en Colombia’, quizá nunca se hubiera sabido que fueron 300.000 quienes murieron en esos años, que hubo todo tipo de métodos de horror y de los vínculos profundos de sectores políticos urbanos con las matanzas. Este fue, si se quiere, un antecedente pionero de las comisiones de la verdad que hoy pululan en varios continentes.
En el mundo entero hay una explosión de la memoria. Prácticamente a todo conflicto lo ha seguido una comisión de la verdad, un tribunal de guerra o una racha de testimonios difundidos por todos los medios disponibles en el mundo moderno. En Sudáfrica se televisaron los actos de verdad y reconciliación donde los victimarios pedían perdón a sus víctimas, en un modelo cuestionado por la ausencia de justicia que representó. En países como Argentina y Perú, que tuvieron comisiones de la verdad, hoy viven procesos de justicia tardía. La imagen del anciano general Videla sentado y dormitando en su silla ante un tribunal argentino que lo acusaba de crímenes atroces no puede ser más paradigmático de aquel viejo adagio de que el pasado no perdona. España, que había optado por el silencio y el olvido, hoy está reabriendo su pasado con todo el debate político que ello implica.
En Colombia, a partir de las declaraciones de los victimarios en los tribunales de Justicia y Paz, y con los testimonios de las víctimas, se está configurando una especie de retrato hablado de las últimas dos décadas. El cuadro es pavoroso: violaciones a mujeres, matanzas hechas con la complicidad de la fuerza pública, destierros como política sistemática para apropiarse de las tierras, reclutamiento de menores que pasaron de ser víctimas a victimarios. Venganza, retaliación, resentimiento por parte de unos e indiferencia por parte de la mayoría.
En ese contexto, y como lo ordenó la Ley de Justicia y Paz, se creó el Grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que participa un selecto conjunto de intelectuales. Este grupo, en cabeza del historiador Gonzalo Sánchez, ha elegido el camino de investigar casos emblemáticos como botones de muestra de un monstruo de mil cabezas. La semana próxima presenta cuatro nuevos informes sobre las masacres de La Rochela, Bojayá, Bahía Portete, y sobre la lucha por la tierra en la costa atlántica. Estos se suman a los de las matanzas de Trujillo y El Salado, presentados en años anteriores. Estos libros son al mismo tiempo un espejo del pasado y una ventana para mirar hacia el futuro. Con motivo de la publicación de los informes, SEMANA publica este especial periodístico.
Pero la tarea de este grupo de intelectuales, encomiable por cierto, es apenas la primera piedra para edificar un programa político de mayor alcance: la memoria como escenario para fortalecer la democracia. La memoria es un campo de batalla donde cada persona o grupo narra la violencia, de acuerdo a su propia experiencia. De la fuerza que tenga cada una de ellas dependerá, en buena medida, el rostro que tome la Nación en su futuro. La memoria es un lugar para la inclusión, para el reconocimiento del otro, para cerrar heridas y saldar cuentas pendientes. La memoria puede, si se hace con espíritu democrático, ser un hito político, una manera de transitar de un estado de guerra a uno de reconciliación. Puede ser el primer paso para una agenda de paz.
Las organizaciones de derechos humanos han apostado desde hace años por una memoria que contrarreste la impunidad. El sacerdote jesuita Javier Giraldo ha dedicado su vida a documentar minuciosamente los asesinatos y masacres que han ocurrido en Urabá, Trujillo y otras regiones, en un banco de datos que será quizá la base de partida para cualquier proceso de verdad en el país. Pero la memoria no se agota en las demandas de justicia, porque esta, al fin y al cabo, juzga a las personas y sus actos. "Todo castigo es memoria", dice Iván Orozco, uno de los miembros del Grupo de Memoria Histórica. Así mismo, la impunidad es el más brutal acto de desdén y olvido. Pero es del ámbito de la política entender los contextos y explicarlos. Por eso, la batalla por la memoria es un debate político y no solo jurídico o académico.
Por esa razón, en esta creciente corriente de reivindicación de la memoria se está construyendo de facto una ética del testigo y el sobreviviente. Es necesario que esta se convierta en un programa político, para que sea realmente una memoria ejemplarizante que no solo se ancle en el sufrimiento pasado. La iniciativa ya la han tomado algunas alcaldías, como las de Bogotá y Medellín, que están construyendo sendos centros de memoria del conflicto, de gran envergadura e impacto social.
Convertir la memoria en política implica, por ejemplo, que el campo educativo se aboque a la tarea de que las nuevas generaciones comprendan el pasado reciente. Que se abran y conozcan los archivos secretos pero cruciales de los diferentes organismos de inteligencia y que se desclasifiquen, como se ha venido debatiendo en los últimos días. Que el Estado reconozca que normas como las que legalizaron las autodefensas en el pasado fueron nefastas e incentivaron la violencia. Y que los diferentes actores de la política que estuvieron en la guerra reciban sanciones sociales ejemplarizantes, para desterrar la práctica de obtener poder o territorio a través de la violencia. La memoria implica afrontar las reformas que sean necesarias para resarcir los desastres de la guerra. La restitución de tierras es un ejemplo de cómo la memoria se convierte en un hecho concreto para cambiar la vida de la gente que ha vivido en el conflicto y empezar a construir un país más civilizado.
También es definitivo que las víctimas encuentren en el espacio público el reconocimiento que durante tanto tiempo les ha sido negado. Hace casi 30 años, el general Fernando Landazábal Reyes dijo que el país tenía que aprender a escuchar a sus generales. Y en realidad, lo ha hecho. Ahora, Colombia tiene que aprender a escuchar a sus víctimas y a otorgarles como reparación el reconocimiento a la injusticia que ha significado su sufrimiento. En ese sentido, el periodismo y el arte son vitales.
Porque así como miles de victimarios hicieron y deshicieron por años, la indiferencia de la mayoría contribuyó a que la escala de maldad que ha habido en la guerra nos haya convertido en lo que somos hoy: un país desangrado. Un país que en menos de medio siglo, quizá por no conocerla, ha repetido su historia.
20 de septiembre de 2010
18 de septiembre de 2010
©semana

homenaje a letelier, con embajador

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Embajador en EEUU participa en homenaje a Letelier.

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Estados Unidos / Chile. El embajador de Chile en Estados Unidos, Arturo Fermandois, participó ayer en el acto conmemorativo de la muerte del canciller Orlando Letelier, organizado por el IPS (Institute for Policy Studies) con motivo del 34º aniversario del atentado ocurrido en Washington.
La participación de Fermandois generó expectación en el mundo diplomático y de derechos humanos, por ser el primer diplomático que no es representante de la Concertación.
En su alocución, el diplomático recordó que "estaba en educación básica cuando ocurrió este atentado y formó parte de una generación joven, que por sus ideas, pudo haber hecho más para entender mejor lo que este crimen significó".
Tras destacar la perseverancia de los familiares y cercanos de Letelier, Fermandois subrayó el compromiso de La Moneda con la promoción de los derechos humanos, al recordar las "valientes decisiones tomadas por el Presidente Piñera en el plano interno, como clara señal de su criterio en estas materias", en alusión a la determinación de no aplicar un indulto general con motivo del bicentenario y de no entregar beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, destacó la reapertura de la investigación por el asesinato de Jaime Guzmán.
20 de septiembre de 2010
©la nación

lópez, graiver y la memoria

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"Que Tito (así lo llamaban ellos) no se convierta en el primer desaparecido/olvidado de la democracia".

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[Adriana Meyer] Jorge Julio López está donde los represores querían que estuviera, y para eso lo sacaron de su casa de Los Hornos, lo privaron de ver la sentencia contra su verdugo y lo transformaron en un desaparecido. Sabían muy bien que sus compañeros sobrevivientes de la dictadura no permitirían que su nombre, su historia, su valiente testimonio pasaran al olvido. Así se aseguraron de que sus víctimas completarían su propósito: reinstalar la noción de que en Argentina se puede volver a desaparecer como cuando ellos tenían el poder. Así demostraron que no lo perdieron del todo.
López desapareció primero en 1976, cuando la patota de Miguel Etchecolatz lo secuestró, y hace cuatro años lo volvieron a desaparecer cuando ya se había convertido en una pieza clave del enjuiciamiento a los represores bonaerenses. Ahora casi desapareció de los medios.
Con López sucede lo mismo que con el atentado a la AMIA: vuelve a ser noticia en los aniversarios. El Estado que fracasa, involuntariamente o no, en los esclarecimientos de estas tragedias genera algún anuncio para mostrar que estos casos siguen en la agenda, cuando en realidad nunca estuvieron con la magnitud que las víctimas hubieran pretendido. Para estos cuatro años el poder político recibió a la familia de López, hizo declaraciones previsibles y elevó el monto de la recompensa a cambio de información. Más legítimas suenan las iniciativas por la memoria producidas por organismos de derechos humanos: marchas, murales, y otras expresiones artísticas inspiradas en el repetido e insatisfecho reclamo de "aparición con vida y castigo a los culpables", al que este año se suma el de esclarecimiento del asesinato de la testigo Silvia Suppo y el rechazo a la criminalización de la protesta social.
López está en Wikipedia y en Facebook, aunque esta red social haya bloqueado la página que llegó a conseguir 27 mil adhesiones.
López tenía memoria, una memoria que ayudó con anotaciones volcadas en cuanto papel caía en sus manos. Por eso el 14 julio 1999 declaró en el Juicio por la Verdad de La Plata y relató que compartió celda con Juan e Isidoro Graiver, cuando estuvo detenido en la Unidad 9 de La Plata durante la dictadura. "Y fue un militar y le dijo: ‘Mirá Graiver, te vamos a sacar y te vamos a fusilar, porque vos fuiste el que les dio plata a los guerrilleros para que maten a nuestros soldados’, le dijo, esa noche", contó el albañil.
López es un expediente judicial que se fue deshilachando hasta quedar en la nada, a pesar de la insistencia de los querellantes que nunca pudieron remontar en juzgados y fiscalías la negativa inicial de la policía para buscar en serio al testigo desaparecido. Es una causa producto de "una mezcla explosiva de inoperancia, complicidad y encubrimiento", como la definió Adriana Calvo. No hay imputados, mucho menos detenidos. No fue prioridad cuando debió serlo, y ahora menos, ya que en el mismo juzgado todos los recursos están destinados al caso Papel Prensa.
López nos recuerda que el aparato represivo no fue desmantelado y que los juicios avanzan pero sus testigos siguen en peligro.
"López es la noticia que nadie quiere escuchar", decía Eduardo Aliverti en diciembre de 2006. Y vaticinaba la batalla contra el olvido. Pasados apenas tres meses, el locutor y periodista advertía que "la dirigencia partidaria, los medios de comunicación, los sindicatos, las organizaciones profesionales: se diría que todos, excepto algunos espacios, partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y luchadores sueltos o agrupados, se han olvidado de López". Por entonces la familia de López le había enviado una carta al Presidente en la que también quiso conjurar el advenimiento de la amnesia colectiva. Su mujer y sus hijos habían implorado "que Tito (así lo llamaban ellos) no se convierta en el primer desaparecido/olvidado de la democracia".
20 de septiembre de 2010
©página 12

lógica del horror

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"Debemos aclarar algo más: cada noche, cada vez que alguien fue llevado a un Centro Clandestino, esa noche ingresamos todos".

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[Fabiana Rousseaux] En las últimas semanas volvió a ser noticia el caso de un ex militante de la UES y su mujer, quienes fueron secuestrados y llevados a un Centro Clandestino de Detención (CCD), como miles de personas que pasaron por ese infierno, pero hoy él está siendo juzgado junto a Ramón Genaro Díaz Bessone, imputado por haber cometido delitos a la par de sus verdugos, dentro del campo de exterminio.
Tanto él, su mujer y tres ex militantes más; fueron acusados por varios sobrevivientes de haber sido crueles con otros compañeros, dentro del campo, una vez que comenzaron a colaborar con sus propios captores y torturadores.
En estas dos frases, se concentra el nodo de lo que realmente significa la lógica de un Centro Clandestino de Detención, tortura y exterminio. Cuando hablamos de exterminio y de tortura, y por ende de las condiciones de clandestinidad que rodean estos crímenes, no nos podemos referir sólo a la tortura de los cuerpos ni de su asesinato o desaparición; nos referimos muy especialmente al exterminio y tortura de la condición humana, donde el sentido mismo de esa condición, puede quedar suspendido dentro del dispositivo de horror creado precisamente para pulverizar la esencia de la dignidad de los hombres y mujeres obligados a soportar esa experiencia que de tan extrema se nos hace irrepresentable, es decir ajena a nuestra capacidad de ser comprendida.
Que esto puede suceder, no significa decir que esto sucedió en quienes estuvieron secuestrados, sino que en algunos casos la eficacia de la máquina de tortura y exterminio fue máxima. Pero esto ¿De qué depende?
¿De la resistencia de cada quien? ¿De los tipos de tortura? ¿De lo que se puso en juego en cada mesa de tortura, los hijos, los compañeros? Y las preguntas siguen sin saber a dónde nos conducen...
En un libro de reciente aparición, ‘Ensayo sobre la crueldad’, su autora Ana Berezin, dice: "El mal nunca es banal, produce consecuencias destructivas irreparables, por lo tanto cabe preguntarse: ¿Qué tiene de banalidad el mal? En la valiosa y profusa información histórica que Hannah Arendt despliega en su libro sobre el Holocausto se va pergeñando una igualación entre víctimas y victimarios. ¿Por qué no? Todos podemos hacer cosas malas, muy malas, en especial en condiciones de esclavitud, desamparo y crueldad, en una lucha perdida de antemano por la supervivencia. Pero sólo los victimarios son los responsables de una política de la crueldad, aunque en alguna ocasión, disculpen la ironía, hayan sido buenos (salvando un niño gitano o a un amigo judío...)".
No es lo mismo quien ingresa a un CCD siendo una víctima y a partir de la crueldad aplicada sobre sí, y en condiciones de absoluta indefensión termina formando parte de un dispositivo de la crueldad, donde si traspasa esa valla ya nada podrá volver a ser como antes; que quien asumiendo la decisión de formar parte de un engranaje clandestino y asociado a esa política de administración del horror, crueldad y espanto decide formar parte de ese proyecto.
La "decisión" no es un tema menor en este ámbito, nadie podrá decir seriamente que un secuestrado en un CCD tiene alguna injerencia sobre su propia vida. Ni aún cuando podría parecer que sí la tiene para poder salvarla.
Años de análisis lleva aún la experiencia incomprensible de la Shoá, miles de páginas escritas para tratar de comprender los comportamientos humanos en el reino de lo inhumano, pero precisamente lo inhumano es parte esencial de lo humano.
No podemos erigirnos en exculpadores de nadie, eso lo hará la justicia, pero lo que debemos debatir a fondo para no convertirnos en escarmentadores modernos con disfraz de defensores de derechos humanos es si podemos leer las consecuencias irreversibles de los campos de exterminio, pero no solamente sobre los secuestrados y secuestradas, sino sobre toda la sociedad, ya que nunca volveremos a ser como antes, luego de lo sucedido.
Tampoco podemos confundir las leyes del Estado con la aplicación de leyes morales, de índole social, que arrastran a una lectura equívoca o al menos parcializada de la verdadera e incomprensible dimensión que adquirieron estos crímenes y cuál debería ser nuestra lectura de ello.
Pero lo cierto es que reducir el problema a quien cometió crímenes y quien no puede resultar un aplastamiento del problema de la lógica concentracionaria.
A su vez perder de vista quienes han sido ingresados a los campos como secuestrados y torturados y quienes han ingresado a los campos como verdugos que formaban parte de un sistema de exterminio, es un error que no podemos permitirnos a esta altura de los acontecimientos, porque estamos reconstruyendo una historia colectiva, con un impresionante esfuerzo de memoria social, y es necesario dirimir las aguas para no perder el norte de lo que esta sociedad debe y quiere enjuiciar. Los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado no son lo mismo que los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, ya que los agentes del Estado que formaron parte de los dispositivos del horror planificado debían ejercer una función: precisamente la de ser quienes llevaban adelante una política de Estado, y encarnando la figura de la ley dieron paso al terror más irrepresentable. Las víctimas entonces no tuvieron sitio de apelación posible, ya que a quienes podían apelar eran precisamente quienes implementaban con una sistematicidad aberrante el dolor y el exterminio.
Esto no significa hacer alarde de las impunidad, por el contrario, es hacer lugar a la verdadera dimensión que lo que vivimos como sociedad tuvo y tendrá.
Porque la degradación social ha sido un efecto también de la que llevará años poder revertir. ¿O acaso todavía no escuchamos la terrible fórmula del "yo no sabía", o "con los militares estábamos mejor" en alusión a los múltiples discursos de la mano dura como garante de la "seguridad" que grandes sectores de la sociedad añoran?
La sociedad en su conjunto está atravesada por esa degradación, obscena sin dudas, nadie quiere verla, produce espanto, nadie quiere identificarse con esa obscenidad; y es verdad que no toleramos saber cómo un ex militante aplicó medidas crueles sobre otros secuestrados. Pero clamar por el enjuiciamiento que iguala a víctimas y victimarios significa que aún no hemos entendido qué es un campo.
Pero es necesario precisar algo más. Es claro que el haber atravesado por la experiencia de la tortura crea una autorización innegable en quienes lo han vivido. Eso está fuera de discusión, pero también debemos decir que eso en nada autoriza a que se exija a la sociedad en su conjunto o a las organizaciones del Estado a cambiar la lectura de los acontecimientos.
En ‘El furgón de los locos’, Carlos Liscano, ex detenido uruguayo, relata: "Antes de caer preso no sabía que este descenso al abismo, era posible. Aterra mirarse en ese espejo. Eso habré aprendido en estos calabozos". Pero debemos aclarar algo más: cada noche, cada vez que alguien fue llevado a un Centro Clandestino, esa noche ingresamos todos.

La autora es coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado ‘Dr. Fernando Ulloa’ de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
20 de septiembre de 2010
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exigen juicio y castigo

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Marcha en La Plata ante un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Reclamaron la aparición con vida del testigo del juicio contra Miguel Etchecolatz y exigieron la condena a los responsables de su secuestro. También pidieron por Luciano Arruga y el esclarecimiento de otros casos de desaparecidos en democracia.

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[María Laura D’Amico] Argentina. "¿Y si todos desaparecemos?" La pregunta quedó impresa con aerosol en la rambla de calle 7 junto a un dibujo de la cara de Jorge Julio López, el testigo que hace cuatro años declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz y desde entonces está desaparecido. A pocos metros, una murga dejaba de hacer sonar sus tambores para realizar una intervención tapándose ojos, oídos y boca, en repudio al silencio en torno de la segunda desaparición del albañil. Estas fueron algunas de las imágenes que dejó la marcha realizada ayer en La Plata para pedir por la aparición con vida del testigo desaparecido el 18 de septiembre de 2006, y por el fin de la impunidad para los autores de su secuestro.
Detrás de una extensa bandera con la insignia "Exigimos al gobierno nacional y provincial juicio y castigo a los culpables", más de dos mil personas se encolumnaron para marchar desde Plaza Moreno hacia la gobernación bonaerense y reclamar para que se investigue y se juzgue a los responsables materiales e intelectuales de la segunda desaparición de López.
Desde la primera fila y sosteniendo la bandera, la abogada querellante en la causa Etchecolatz, Guadalupe Godoy, afirmó que "el eje de la denuncia de este año es la impunidad en al cual ha quedado la causa a partir de la inoperancia del Poder Judicial". En ese sentido, explicó que "la causa no tiene imputados; desde hace un año y medio no hemos podido revertir que siga en manos de la policía bonaerense ni la indiferencia del poder político". A su lado, se encontraba Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y otros referentes de organismos de derechos humanos.
Más atrás, numerosas agrupaciones gremiales, políticas y sociales, centros de estudiantes universitarios y de escuelas secundarias, y movimientos sociales, agitaban coloridas banderas y coreaban, superpuestos, cánticos que giraban en torno de la aparición de López.
Poco antes de comenzar la movilización, otro de los integrantes de la AEDD, Carlos Zaidman, dijo que "un año más de impunidad es un año más en que los que secuestraron y desaparecieron por segunda vez a López siguen impunes y por eso nuestra necesidad de estar hoy acá". Refiriéndose a los juicios por delitos de lesa humanidad que se están realizando actualmente en todo el país, expresó que "el sistema de protección de testigos es otro fiasco. En el juicio de la Unidad 9, en La Plata, ha habido muchas agresiones aisladas. Creemos que la única posibilidad de proteger a los testigos es que la totalidad de los genocidas estén juzgados y en cárceles comunes". Agregó que, sin embargo, "esto nos ha redoblado en nuestra obligación de declarar. No nos amedrentaron haciendo desaparecer a treinta mil compañeros ni haciendo desaparecer a López. No nos van a amedrentar".
Sobre este tema, Godoy afirmó que "el sistema de protección de testigos parte de un error que es pensar que el mensaje fue sólo a los que declaran y no a todo un campo popular que durante muchos años reclamó los juicios y que, en el momento que podíamos empezar a tener justicia, lo que se nos mostró fue un mensaje de impunidad. En ese sentido seguimos reclamando que a quienes se tiene que encerrar y vigilar es a los que pueden hacer desaparecer a los testigos y no pretender que sean los testigos los que tienen que estar vigilados hasta tanto se terminen los juicios".
Al atardecer, los manifestantes se pararon frente a la gobernación bonaerense donde Zaidman y la integrante de la agrupación HIJOS, María Isabel Greco, leyeron un documento en el que rechazaron la "actitud pasiva y silenciosa de los gobiernos nacional y provincial, entendiendo que, en el tiempo transcurrido, es complicidad y encubrimiento". Asimismo, pidieron justicia por otros casos de desapariciones forzadas en democracia, como el de Luciano Arruga, el joven de dieciséis años secuestrado y desaparecido el 31 de enero de 2009 por agentes del destacamento policial de Lomas del Mirador, el de Sandra Ayala Gamboa, Andrés Núñez, Miguel Bru, entre otros, y se despidieron con el grito de "No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos".
20 de septiembre de 2010
19 de septiembre de 2010
©página 12