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occidente pasa la cuenta a libia


Compañías occidentales preparan negocios en Libia. Tras la guerra y derrota del gobierno del coronel Gadafi, potencias occidentales exigen parte del botín de guerra: el petróleo libio y los contratos de reconstrucción de un país reducido a escombros por los bombardeos de la OTAN.
[Scott Shane] Washington, Estados Unidos. Apenas se han callado las armas en Libia y la intervención militar de la OTAN a favor de los paramilitares rebeldes que derrocó al coronel Moamar al-Gadafi no terminará sino el lunes. Pero una nueva fuerza invasora ya está conspirando para desembarcar en las playas de Trípoli. Compañías occidentales de seguridad, construcción e infraestructura que buscaban oportunidades de negocios en Iraq y Afganistán han puesto sus ojos en Libia, ahora sin la dictadura que la gobernó durante cuatro décadas. Los empresarios se frotan las manos sobre los negocios potenciales de un país con enormes necesidades y el petróleo que puede pagarlas, más las ventajas competitivas de la gratitud libia hacia Estados Unidos y sus socios de la OTAN.
Una semana antes del asesinato del coronel Gadafi el 20 de octubre, una delegación de ochenta compañías francesas llegaron a Trípoli para reunirse con funcionarios del Consejo Nacional de Transición, el gobierno interino. La semana pasada, el nuevo ministro británico de Defensa, Philip Hammond, instó a las compañías británicas a "hacer las maletas" y dirigirse a Trípoli.
Mientras el cuerpo del coronel Gadafi era todavía exhibido públicamente, una compañía británica, Trango Special Projects, ofreció sus servicios de asistencia a las compañías que quieren introducirse en Libia. "Mientras continúan las especulaciones sobre el asesinato de Gadafi", se lee en la página web de Trango, "¿están usted y su empresa preparados para volver a Libia?"
La compañía ofrece habitaciones en su mansión en Trípoli y transporte "a cargo de nuestro discreto equipo de seguridad formado por británicos y libios". Su discreción no es barata. El precio por el trayecto de diez minutos desde el aeropuerto, por el que los taxis corrientes cobran una tarifa de cerca de cinco dólares, cuesta quinientas libras esterlinas, casi ochocientos dólares.
"En estos momentos hay una suerte de fiebre del oro aquí", dijo David Hamod, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Árabe-Estadounidense. "Y los europeos y asiáticos nos llevan la delantera. Recibo todos los días llamadas de miembros de nuestra comunidad empresarial en Libia. Nos dicen que volvamos, que "no queremos que los estadounidenses salgan perdiendo".
Sin embargo, existen dudas a los dos lados, y de momento las declaraciones superan a los hechos. El Consejo Nacional de Transición, que espera no repetir la extendida corrupción de la era de Gadafi, dijo que no se firmarán contratos de largo plazo mientras no se elija al nuevo gobierno. Y con las ciudades todavía plagadas de jóvenes armados y sin empleo, Libia no ofrece nada que se parezca a un ambiente seguro para hacer negocios -de ahí los ofrecimientos de las compañías de seguridad.
Como Francia y Gran Bretaña, Estados Unidos puede aprovechar la gratitud de las nuevas autoridades libias por el crucial apoyo aéreo de la OTAN durante la rebelión. Cualquiera sea el rigor de las nuevas leyes que regirán esos contratos, las compañías occidentales esperan tener alguna ventaja sobre países como China, que hasta julio pasado ofrecían armas al coronel Gadafi.
"Venganza puede ser una palabra muy dura", dijo Phil Dwyer, director de SCN Resources Group, un contratista de Virginia que abrió una oficina en Trípoli hace dos semanas para ofrecer asesoría en "control de riesgos" y servicios a una compañía que no quiso identificar. "Pero mi sensación es que los que gocen de la preferencia" del consejo de transición "recibirán luz verde, en lo que a negocios se refiere".
La Security Contracting Network, una agencia de empleo de la compañía de Dwyer, publicó en su blog dos días después del asesinato del coronel Gadafi que habría muchas oportunidades en la nueva Libia.
"Habrá un aumento de las actividades a medidas que las compañías petroleras extranjeras vuelvan a Libia", declaró la empresa, junto con la necesidad de personal de logística y seguridad a medida que el Departamento de Estado y las organizaciones sin fines de lucro aumenten sus operaciones. "No pierda de vista quién gana contratos relacionados, siga la pista del dinero y encontrará su nuevo trabajo", aconsejaba el blog.
En Trípoli se vive en compás de espera. El viernes, mientras desayunaba en un hotel en el centro de la ciudad, un contratista de seguridad británico apuntó a las mesas ocupadas por hombres fornidos -mercenarios como él mismo. "Mira", dijo. "Están en todas partes".
Muchos de ellos todavía protegen a periodistas extranjeros, pero otros esperan recibir contratos de adiestramiento del nuevo gobierno que está tratando de domar a sus indisciplinadas fuerzas paramilitares. Funcionarios de la industria de seguridad dicen que el trabajo aquí no se parecerá nunca a la colosal escala de gastos en Iraq y Afganistán, pero con los recortes del gasto público en Europa y Estados Unidos, es de todos modos todo un botín.
Las oportunidades de las compañías occidentales empezaron en Libia en 2004 cuando el coronel Gadafi decidió renunciar a su programa de armas nucleares y puso fin a su condición de país paria. Hamod dirigió a cuatro delegaciones de empresas norteamericanas en Libia entre 2004 y 2010 y observó "el gradual deshielo de las relaciones comerciales", dijo.
La inversión extranjera total en Libia creció de 145 millones de dólares en 2002 a 3.8 billones de dólares en 2010, de acuerdo al Banco Mundial. Pero muchos acuerdos fueron torcidos por las descaradas demandas de los hijos del coronel Gadafi que exigían una parte de los beneficios, y la situación del país era desalentadora después de años de sanciones económicas y deterioro.
Libia "necesitaba de todo", dijo Hamod: servicios bancarios y financieros, hospitales y clínicas médicas, carreteras y puentes, y infraestructura para las industrias de la energía y del petróleo.
Ahora, después de meses de lucha, y con la situación de seguridad todavía frágil, hay gigantescas y nuevas necesidades, como la reconstrucción de los edificios de departamentos que fueron reducidos a escombros por los bombardeos, la protección de las instalaciones petroleras mientras reanudan o aumentan la producción, y el adiestramiento y equipamiento de las nuevas fuerzas armadas.
Hamod dijo que las compañías estadounidenses a menudo titubean más que las chinas o algunas compañías europeas en cuanto a iniciar operaciones en un ambiente convulsionado como en Libia después de Gadafi. "Hay reluctancia a cargar de frente en Libia", dijo. "Históricamente, las compañías estadounidenses están interesadas en el orden y qué podría significar esa situación para inversiones de varios millones de dólares".
En una reunión del Grupo de los 8 en Marsella, Francia, en septiembre, los ministros de hacienda prometieron a países árabes 38 billones de dólares en nuevos financiamientos, en gran parte préstamos, entre 2011 y 2013. Aunque Libia ahora está produciendo menos del tercio de su producción de petróleo antes del conflicto de 1.7 millones de barriles al día, posee las mayores reservas de petróleo de África, lo que podría eventualmente significar un flujo continuo de dinero.
La confusión y excitación simultáneas de personas que exploran oportunidades en Libia son evidentes en la proliferación de grupos temáticos sobre Libia en LinkedIn, la red social online orientada hacia las empresas.
"Puede decirme alguien en el grupo si hay vuelos hacia Trípoli", escribió Peter Murphy, un agrimensor irlandés que trabaja ahora en un proyecto eólico marítimo, en una página de discusión llamada Anglo Libya Business Group en LinkedIn. "También, ¿cuál es la situación de los visados de negocios para empresarios?"
Una respuesta provino de Mabruk Swayah, que se identificó a sí mismo -en LinkedIn- como un libio que trabaja en el desarrollo de empresas. "Hola amigos, son todos bienvenidos en Libia", escribió Swayah. "Sólo asegúrense de recorrer los canales apropiados para conseguir contratos de trabajo y no ofrezcan sobornos, incentivos o mordidas a los funcionarios".
Agregó: "Recuerden que ahora tenemos prensa libre".
[Adam Nossiter y David D. Kirkpatrick contribuyeron al reportaje desde Trípoli, Libia.]
30 de octubre de 2011
28 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

otan termina campaña contra libia


Naciones Unidas pone fin a intervención de potencias occidentales en guerra civil libia.
[Rick Gladstone] Libia. El jueves, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó unánimemente poner fin el lunes a su autorización para la intervención militar extranjera en Libia, la justificación legal de los bombardeos de la OTAN contra fuerzas gubernamentales libias durante la guerra civil de ocho meses que terminó con el derrocamiento del coronel Gadafi. La decisión del consejo, una semana después del asesinato del coronel cuando trataba de escapar de su último refugio en Sirte, su ciudad natal, no era inesperada. Pero se produce pese a las preocupaciones en Libia de que las fuerzas del coronel Gadafi que aún resisten puedan no ser derrotadas en el campo de batalla y que puedan reagruparse fuera de Libia para provocar nuevos conflictos en los meses por venir.
Mustafa Abdel-Jalil, presidente del gobierno interino libio, dijo el miércoles que había pedido a la OTAN que extendiera sus operaciones hasta fin de año, parcialmente debido a temores sobre las fuerzas gadafistas que aún resisten.
Pero se espera que los ministros de la OTAN, que deben reunirse el viernes en el cuartel general de la alianza en Bruselas, declaren oficialmente el lunes como el último día de sus operaciones en Libia, en conformidad con la decisión del Consejo de Seguridad.
"Mañana confirmaremos y formalizaremos la decisión", dijo a periodistas el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, en Berlín, después de una visita a la canciller Ángela Merkel, de Alemania. Definió la operación "probablemente como una de las misiones más exitosas en la historia de la OTAN".
Rasmussen no excluyó que la OTAN pueda volver a Libia. "Si nos lo piden, podemos ayudar al nuevo gobierno libio en la transición hacia la democracia, por ejemplo en defensa y en la reforma del sector de seguridad", dijo. "Pero más allá de eso, no esperaría nuevas misiones".
La votación en el Consejo de Seguridad, transmitida en página web de Naciones Unidas, se realizó rápidamente y sin debate, reflejando la opinión de que después del asesinato del coronel Gadafi y la proclamación de victoria de Abdel-Jalil en una celebración nacional el domingo, no era necesario seguir interviniendo.
El consejo había autorizado una zona de exclusión aérea y acciones militares para proteger a civiles libios en una resolución que fue aprobada el 17 de marzo. En esos momentos, las fuerzas del coronel Gadafi amenazaban con aniquilar a los libios que rechazaban su permanencia en el poder después de 42 años, inspirados por las revueltas que derrocaron a los autócratas árabes en Túnez y Egipto.
La OTAN utilizó la resolución como una justificación para bombardear a las fuerzas armadas libias, lo que algunos miembros del Consejo de Seguridad, especialmente Rusia, consideró más allá del alcance de la decisión del consejo. Los bombardeos de la OTAN fueron cruciales para que los paramilitares libios pudieran derrocar al coronel Gadafi.
William Hague, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, que junto con Francia y Estados Unidos fueron los participantes claves en la operación de la OTAN en Libia, dijo en una declaración que la decisión del Consejo de Seguridad el jueves era "otro hito histórico hacia un futuro democrático y pacífico para Libia". Agregó: "Levantar la zona de exclusión aérea y las disposiciones para proteger a civiles demuestra que Libia ha entrado en una nueva era".
Pese a la euforia post-Gadafi, el gobierno interino ha sido criticado por la manera en que murieron el coronel Gadafi, su hijo Muatassim y su ex ministro de Defensa. Todos fueron asesinados, aparentemente tras ser detenidos por paramilitares que habían sitiado Sirte. Imágenes de video de celulares del coronel Gadafi y su hijo cuando se encontraban detenidos, que han circulado por la red, sugieren convincentemente que los hombres fueron torturados salvajemente y ejecutados.
El gobierno interino, el Consejo Nacional de Transición, declaró que investigará las circunstancias de la muerte del coronel Gadafi. El jueves, el vicepresidente y portavoz del consejo, Abdel Hafez Ghoga, dijo en Bengasi, Libia, donde empezó la revuelta contra Gadafi, que "los que sean responsables serán juzgados y tendrán un juicio justo", según informó el canal de televisión Al Arabiya.
Pero Ghoga no dijo si se habían realizado detenciones, y existe un amplio escepticismo de que el gobierno interino cumpla su promesa. Los paramilitares de la ciudad portuaria de Misurata, Libia, que arrestaron al coronel Gadafi y otros en Sirte y exhibieron sus cuerpos públicamente como trofeos de guerra, han ridiculizado la idea de que alguien vaya a ser procesado por esos asesinatos.
No ha habido informaciones oficiales sobre el paradero de Seif al-Islam el-Qaddafi, aparente heredero del coronel Gadafi y el único hijo de Gadafi todavía libre. Se ha convertido en un foco de rumores y especulaciones.
Informes de prensa no confirmados desde Libia y Nigeria dijeron que ambos, Seif al-Islam y el ministro de Inteligencia libio y cuñado del coronel Gadafi, han buscado refugio en la vecina Mali y se encuentran bajo la protección de la tribu tuareg, que tenía buenas relaciones con la familia Gadafi.
Otra versión no corroborada en Beeld, un diario sudafricano, dijo que Seif al-Islam podría estar bajo la protección de mercenarios sudafricanos, informó la Agence France-Presse.
Una tercera versión, de Reuters, tampoco confirmada, afirmó que Seif al-Islam, que teme por su vida, estaba tratando de contratar un avión que lo rescate de su escondite en el desierto y lo entregue a la Corte Penal Internacional de La Haya. La corte emitió en mayo órdenes de detención contra él, su padre y Sanousi en relación con la acusación de organizar ataques sistemáticos contra civiles.
[Victor Homola contribuyó al reportaje desde Berlín.]
29 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

quiénes son los condenados


Los 16 condenados y los dos absueltos.
[Argentina] Jorge Eduardo Acosta. Prisión perpetua. Alias Tigre, Aníbal, Santiago o Capitán Arriaga. 70 años. Capitán de corbeta retirado de la Armada. Fue jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3 con base en la ESMA entre abril de 1976 y febrero de 1979. El Tigre Acosta, como lo conocían los secuestrados, pasó a la historia por su sadismo, que le permitía torturar en cautiverio y luego obligar a una secuestrada a salir a cenar a un restaurante o a bailar a un boliche. Se ufanaba de ser "Jesucito" por su capacidad para "mandar para arriba" a las víctimas.

Alfredo Ignacio Astiz
Prisión perpetua. Alias Cuervo, Ángel, Rubio, Gonzalo, Gustavo Niño y Alberto Escudero. 59 años. Integró el sector de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Se hizo pasar por hermano de un desaparecido para infiltrarse en el grupo de Madres y familiares de víctimas secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz y asesinados en vuelos de la muerte. Volvió a infiltrarse entre familiares y exiliados en Francia. Fue identificado cuando se rindió sin pelear en la guerra de Malvinas. Dado de baja de la Armada por ufanarse de su capacidad para asesinar políticos y periodistas.

Ricardo Miguel Cavallo
Prisión perpetua. Alias Sérpico, Miguel Angel y Marcelo Carrasco. 60 años. Capitán de corbeta retirado. Integró los sectores de operaciones e inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Fue identificado por sobrevivientes de la ESMA en México, donde se desempeñaba como director del Registro Nacional de Vehículos. Fue detenido en agosto de 2000 mientras intentaba huir a la Argentina, donde regían las leyes de impunidad. Fue extraditado a España por orden del juez Baltasar Garzón y en marzo de 2008 fue extraditado a la Argentina.

Julio César Coronel
Prisión perpetua. Alias Maco. 75 años. Mayor retirado del Ejército Argentino. Entre 1977 y 1978 integró el sector de operaciones del Grupo de Tareas 3.3, enviado en comisión por el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Ofició de enlace entre la Armada y el Ejército. "Qué cagada que Walsh se nos murió, no respetó la voz de alto y tuvimos que tirarle", le confió a un secuestrado. Según su legajo fue herido ese mismo 25 de marzo de 1977, pero no por el escritor, sino durante un operativo en San Fernando.

Adolfo Miguel Donda
Prisión perpetua. Alias Gerónimo, Palito o Chiche. 65 años. Capitán de fragata retirado de la Armada. Fue jefe del sector operaciones del Grupo de Tareas 3.3 entre noviembre de 1978 y 1980. Luego fue segundo jefe de inteligencia. Su hermano y su cuñada estuvieron en cautiverio en la ESMA. Durante su indagatoria admitió que participó en secuestros, destacó que "fue una actuación institucional, de toda la Armada" y lamentó que sólo lleguen a juicio el puñado de represores identificados por sobrevivientes.

Alberto Eduardo González
Prisión perpetua. Alias Gato o Luis, también usó el sosia Oscar Paz Alara. Cumplió ayer 60 años. Capitán de corbeta retirado de la Armada. Entre 1976 y 1979 integró el sector de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Varios sobrevivientes lo identificaron en secuestros y sesiones de tortura. En 1978 cumplió funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fueron obligados a trabajar varios secuestrados. En 1980 fue asignado por la Armada a la embajada argentina en Londres.

Óscar Antonio Montes
Prisión perpetua. Almirante retirado de la Armada. 77 años. Fue jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada y comandante de las Fuerzas de Tareas 3, de la que dependían los grupos de tareas de la ESMA. Cuando las Fuerzas Armadas se dividieron los ministerios y la Armada ocupó el de Relaciones Exteriores, fue nombrado canciller. Al comienzo del juicio negó todos los cargos pero se negó a declarar "porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales". Gracias a sus problemas de salud goza de arresto domiciliario.

Antonio Pernías
Prisión perpetua. Alias Martín, Rata o Trueno. 64 años. Capitán de fragata retirado. Varios secuestrados lo recordaron entre sus torturadores. Tuvo a su cargo la Pecera, donde los cautivos hacían trabajo esclavo, y luego fue enviado al Centro Piloto de París. Su padre, oficial superior de la Fuerza Aérea, facilitó su casaquinta de Del Viso como "casa operativa" de los represores de la ESMA. Fue quien le anticipó a una secuestrada el "traslado" de las monjas francesas y los familiares de desaparecidos.

Jorge Carlos Radice
Prisión perpetua. Alias Gabriel, Ruger o Juan Héctor Ríos. 59 años. Teniente de fragata retirado de la Armada. Entre 1976 y 1978 integró el sector de inteligencia y luego de logística del Grupo de Tareas 3.3. Desde fines de 1978 fue secretario del almirante Emilio Massera en sus oficinas de Cerrito 1136. Supo ufanarse de ser "el mejor francotirador" del grupo de tareas. En una casa de su familia en Zapiola y Jaramillo fueron obligados a trabajar varios secuestrados de la ESMA.

Néstor Omar Savio
Prisión perpetua. Alias Halcón o Norberto. 65 años. Capitán de fragata retirado de la Armada. Integró los sectores de operaciones y de logística del Grupo de Tareas 3.3. Durante su declaración indagatoria en la instrucción admitió que "la Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón", en lo que denominó "lucha contra la subversión". En el juicio oral no negó su paso por la ESMA pero sí su participación en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz.

Raúl Enrique Scheller
Prisión perpetua. Alias Mariano, Pingüino, Miranda y Schelling. 65 años. Capitán de navío retirado de la Armada. Integró el sector operaciones del Grupo de Tareas 3.3 y luego el Copece, un centro de documentación de la Armada. En sus declaraciones en instrucción admitió haber participado en interrogatorios pero negó haber torturado. Eran "procedimientos doctrinarios previstos para la circunstancia de enemigo capturado", dijo. En el juicio aseguró que su actuación en la Unidad de Tareas 3.3.2 fue "un destino más" de su carrera naval.

Ernesto Frimon Weber
Prisión perpetua. Alias 220 o Boero. 80 años. Oficial retirado de la Policía Federal. Fue sindicado por sobrevivientes como quien les enseñó a usar la picana eléctrica. También sería el autor del asesinato de Rodolfo Walsh. "Lo bajamos en una cita en la calle", le contó a un secuestrado. "El hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía", contó. Durante sus declaraciones indagatorias negó los hechos, dijo que se limitaba a pedir zonas liberadas a la Policía Federal.

Juan Carlos Fotea Dineri
25 años de prisión. Alias Lobo o Fernando. 61 años. Sargento retirado de la Policía Federal. Integró el sector de operaciones del Grupo de Tareas 3.3 entre 1977 y 1978 cuando era cabo primero. Participaba en secuestros y se ufanaba de su capacidad para conducir vehículos a alta velocidad. Su nombre trascendió en 1985 luego de su detención como miembro de una banda que encabezaba Raúl Guglielminetti. Alguna vez confesó que era "rayante" ver el desfile de condenados. "Estamos tirando una generación al mar", admitió.

Manuel J. García Tallada
25 años de prisión. Contraalmirante retirado de la Armada. 76 años. Fue jefe de Prefectura Naval en 1975. Después del golpe de Estado fue jefe del estado mayor del Comando de Operaciones Navales y en 1977 fue comandante de la Fuerza de Tareas 3, de la que dependían los grupos de tareas de la ESMA. Durante su declaración indagatoria dijo desconocer que durante la dictadura se aplicaran tormentos a los detenidos. Gracias a su edad y a sus problemas de salud, cumplirá su condena con arresto domiciliario.

Carlos Capdevila
20 años de prisión. Alias Tommy. 65 años. Médico y capitán de fragata retirado de la Armada. Entre 1979 y 1981 integró el departamento de sanidad de la ESMA. Atendió a secuestradas embarazadas que tuvieron a sus hijos en cautiverio. Colaboró con la Justicia al entregar los alias de oficiales y suboficiales de la Armada y una resolución del almirante Emilio Massera de 1978 por la que se condecoró a 81 miembros y colaboradores del Grupo de Tareas 3.3 por su participación en "operaciones reales de combate" durante la dictadura.

Juan Antonio Azic
18 años de prisión. Alias Piraña, Freddy y Claudio. 70 años. Suboficial principal retirado de Prefectura Naval. Integró el sector operaciones del Grupo de Tareas 3.3. Se apropió de Victoria Donda y Carla Silvana Ruiz Dameri, nacidas durante el cautiverio de sus padres en la ESMA. Cuando se enteró del pedido de captura del juez español Baltasar Garzón, Azic caminó hasta una clínica, se sentó en un banco frente a la imagen de la Virgen Stella Maris, patrona de la Armada, y se disparó en la boca con su nueve milímetros.

Pablo E. García Velazco
Absuelto. Alias Dante. 64 años. Capitán de corbeta retirado de la Armada. Participó de la represión ilegal junto a su hermano mellizo Miguel Angel García Velazco. Varios sobrevivientes aseguraron que Pablo era Dante, integrante del Grupo de Tares 3.3 que participaba en secuestros e interrogatorios. Durante sus declaraciones indagatorias negó haber formado parte del GT 3.3, dijo que integraba el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y sugirió una confusión con su hermano, que ya había fallecido.

Juan Carlos Rolón
Absuelto. Alias Juan o Niño. 62 años. Capitán de fragata retirado de la Armada. Durante la dictadura prestó funciones en la base naval de Puerto Belgrano e integró el sector de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Algunos sobrevivientes lo reconocieron entre sus secuestradores, otros como torturador. A un secuestrado le contó que su abuelo había despilfarrado una fortuna y apenas había quedado su apellido en una avenida por la que estaban circulando, dato que años después permitió identificarlo.
29 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
©página 12


ya no prescriben delitos de ddhh


El Congreso de Uruguay aprobó una ley que asfixia la amnistía para los militares de la dictadura. El presidente José Mujica aseguró que promulgará la norma antes del próximo martes, fecha en la que prescribirían los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), según lo había determinado la Corte Suprema.
[Mercedes López San Miguel] Uruguay. Expectativa, alivio, pero también cautela. Los familiares de desaparecidos y ex detenidos durante la dictadura uruguaya expresaron su satisfacción luego de que ayer el gobernante Frente Amplio sancionara una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. La nueva norma asfixia la llamada Ley de Caducidad, que amnistió a los militares y policías del último régimen militar. El propio presidente José Mujica dijo que promulgará la nueva ley antes del 1º de noviembre y que la Corte Suprema tendrá la última palabra en los casos que se denuncien a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
El oficialismo votó unido el proyecto en la madrugada de ayer, haciendo uso de su mayoría parlamentaria. Un frente que no evidenció fisuras. El presidente evitó opinar sobre la vigencia de la Ley de Caducidad. Y como era de esperar, la oposición blanca y colorada sacó a relucir los dos plebiscitos que ratificaron la amnistía en 1989 y 2009 para dejar todo como está con el pasado. Este paso de baile de los frenteamplistas se lució, muy distinto al torpe movimiento de mayo. Entonces, Mujica había expresado su discrepancia con los legisladores. "Votar el proyecto es aparecer ante el pueblo como pasándole por arriba a dos plebiscitos", había dicho. Y un par de legisladores oficialistas díscolos terminó por votar en contra.
Pero ayer el mandatario aseguró al diario local El País que promulgará la norma antes del próximo martes, fecha en la que prescribirían los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), según lo había determinado la Corte Suprema, ya que para la Ley de Caducidad se trataría de delitos comunes y, por lo tanto, prescriptibles. "Si a usted le interesa mi opinión, usted sabe que reiteradamente yo he dicho que soy contrario al veto como instrumento. Lo vuelvo a afirmar", dijo Mujica. En cuanto a cómo observaba la solución legislativa al tema, el mandatario señaló que "los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas" y que esta materia no era su "especialidad".
En la opinión de juristas calificados y de los propios legisladores frenteamplistas, la nueva ley responde en gran medida al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le solicitó al Estado uruguayo que investigue y juzgue a los responsables de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman. Y en ese sentido, que la Ley de Caducidad no sea un obstáculo.
La norma aprobada ayer brinda un mayor respaldo jurídico a los denunciantes para hacer sus planteos. La primera denuncia por torturas fue presentada en diciembre de 2010 por la organización Crysol a la jueza Mariana Mota por un grupo de ex presos de la base aérea de Boiso Lanza. En ese caso, los denunciantes son actualmente más de 40 personas, entre ellas Waldemar Tarocco, ex preso e integrante de Crysol. Antiguo militante de la guerrilla MLN-Tupamaros, Tarocco conversó con Página/12 sobre los alcances de la nueva ley. "Todo lo que sea avanzar para tratar de anular la Ley de Caducidad es bienvenido. El problema es los integrantes de la Corte Suprema se recibieron y trabajaron durante la dictadura. El sistema judicial nunca se tocó en Uruguay. Sólo el juez Leslie van Rompaey plantea juzgar a los delitos como de lesa humanidad, y encima a fin de año pasa a retiro. Las organizaciones de derechos humanos estamos expectantes para ver qué actitud tomarán los jueces y los fiscales."
Tarocco contó que días atrás sus compañeros presentaron una nueva acción por torturas en el Batallón Nº 6 de Caballería, y que los próximos días también acercarán una denuncia por ese delito en el establecimiento de reclusión de La Tablada y otra por la "Operación Morgan", que implicó la persecución a dirigentes comunistas en 1985.
A su vez, un grupo de 28 ex presas políticas presentarán una denuncia por las torturas y violencia sexual que sufrieron estando detenidas. La acusación apunta a oficiales, personal subalterno y médicos y enfermeros del Hospital Militar. Asimismo pondrán en conocimiento de la Justicia los ataques sexuales sufridos en al menos otros seis centros de reclusión.
La coalición de centroizquierda en el poder logró aprobar a contrarreloj su proyecto una semana después del hallazgo de restos óseos en el Batallón Nº 14, en el marco de la causa Gelman. Tarocco lo recordó: "Pensar que hace cinco años los antropólogos habían estado trabajando allí y no habían encontrado nada. En ese batallón se realizó la famosa "Operación Zanahoria", donde los militares desenterraron cuerpos cuando volvía la democracia".
Martina Callaba, hija de desaparecidos, dijo del otro lado de la línea telefónica que mientras arma la causa de su padre, no deja de tener sentimientos encontrados. "El sábado pasado, los familiares estábamos viendo el hallazgo de un cuerpo en el Batallón 14. Allí se enterraron desaparecidos. Ya no hay peros ni argumentos para negar lo evidente: que la ‘Operación Zanahoria’ existió. Imposible evitar la ansiedad", se sinceró. "Ahora resta esperar a que identifiquen a la persona. No queda otra que esperar." Y en esa mezcla de sensaciones llegó el alivio. Palabra que usó para describir cómo recibió la noticia de la nueva ley. "Peor es llegar al 1º de noviembre con la amenaza de que los delitos prescriban."
29 de octubre de 2011
29 de octubre de 2011
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matar y morir a la edad de jugar


Un chico de 11 años mató de un cuchillazo a otro de 12 porque le hacía burlas. Ocurrió en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. El nene recibió una cargada de su amigo y vecino, entró a la casa a buscar un cuchillo y le dio un puntazo.
Argentina. Eran amigos y vivían en Villa Fiorito, medianera de por medio, pero el mayor, de 12 años, solía burlarse del más chico, de 11. El miércoles a la tarde, Sebastián Merlo, el mayor, estaba en la puerta de su casa con otros amigos cuando pasó el menor: y se burló una vez más. El menor entró en su casa, tomó un cuchillo de mesa, salió a la calle y le dio un puntazo. "Me pinchó, me pinchó", alcanzó a decir Sebastián a su padre, que caminaba por la vereda. Luego empalideció. Minutos después moría desangrado en el hospital Evita, de Lanús. El episodio "no tiene precedentes en Lomas de Zamora", señaló a este diario Marisa Marco, fiscal general de Menores del distrito, quien también confirmó que "el chico es demasiado chico como para tener responsabilidad penal", que es posible recién a partir de los 16 años. La funcionaria agregó que, a pesar de que "el caso es no punible", "la ley establece que el fiscal tiene que investigar qué es lo que pasó y cuál fue la responsabilidad del chico". Por ello, el niño, que está en libertad, pasó el jueves en los tribunales sometido a peritajes, acompañado por sus padres. Provisoriamente, la familia se mudó a otro barrio. "No sé cómo va a quedar esto, mi hijo ya está muerto", dijo la madre del chico fallecido.
El episodio sucedió en la calle Conesa al 900, entre Ginebra y Bucarest, alrededor de las cuatro de la tarde del miércoles. "No está acreditado con certeza", explicó la fiscal general Marco, pero la hipótesis sobre la que trabajaba la Justicia sostenía que el chico de 11 años habría sido "objeto de alguna burla o cargada" al pasar ante la puerta de la casa de Sebastián, quien se encontraba en compañía de otros chicos. De acuerdo con un jefe policial, tras eso el niño burlado entró en su propia casa, salió armado con un cuchillo tipo tramontina y atacó a Sebastián de un cuchillazo.
En ese momento, contó Osvaldo, el padre de Sebastián, "yo justo me iba al abogado con mi otra nena", de modo que caminaba por la vereda. "Sentí el grito ‘papá, papá, me pincharon’, me di vuelta y (el nene) venía agarrándose la panza con una remera negra, tenía un tajito chiquitito". Luego, "empezó a ponerse blanco y, como yo tengo un problema para caminar, había otro muchacho amigo que estaba sentado en una casa, y le pedí que lo lleven" a un hospital. En ese momento salió de su casa el padre del chico agresor y llevó al niño herido al hospital Evita, de Lanús. Sebastián murió mientras era atendido. Los resultados de la autopsia, que se realizó ayer, estarán la semana próxima. Sin embargo, fuentes de la investigación explicaron que "el cuchillo afectó el corazón del niño y le provocó la muerte en forma casi instantánea".
Minutos después, el niño de 11 años era llevado por su madre a la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora, que lo puso a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del distrito. La causa se encuentra en etapa de instrucción bajo la responsabilidad de los fiscales Cristina Luzuriaga Vivot y Jorge Venzano.
El niño, cuya identidad no trascendió por disposiciones legales, fue definido por el padre de Sebastián como "un chico normal", con el que su hijo mantenía "una relación normal de chicos comunes, de chicos que se pelean como todos los chicos de 11 o 12 años". "Ellos se conocían, eran amigos, jugaban juntos", señaló Osvaldo Merlo.
Consultada por este diario, la fiscal Marco señaló que el niño agresor no puede ser penalmente responsable y que no recuerda que existan antecedentes similares, "al menos no en Lomas de Zamora". "Pero aunque no sea punible, la ley establece que la fiscalía tiene que investigar qué es lo que pasó y cuál fue la responsabilidad del chico", señaló. Por ello "son importantes los peritajes: mediante peritajes psicológicos, de asistentes sociales, de psiquiatras infanto-juveniles, se establece qué pasó realmente. A eso se suman declaraciones de testigos. Y recién ahí el fiscal está en condiciones de establecer si va a pedir al juez de garantías que tome alguna medida". Entre las disposiciones, la Justicia podría considerar "imponer al chico y a sus padres alguna medida como de tratamiento psicológico o psiquiátrico".
La corta edad del niño agresor es la clave, explicó la fiscal Marco. "Si fuera un chico de 15 años, ante un homicidio el fiscal pediría una medida de seguridad que implique privación de libertad. Pero ante un chico de 11 no puede haber privación de libertad ambulatoria. Por eso el juez dispuso que permanezca en un domicilio preservado. Se lo sacó de su casa para resguardar su integridad física."
El niño "está en manos de la Justicia", recordó el subsecretario de Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, Pablo Navarro. "Por eso, como sistema nos pusimos a disposición con los programas de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y de Responsabilidad Penal Juvenil." Navarro también señaló que se trata de "un caso excepcional", en tanto ambos niños se encontraban escolarizados y en un marco familiar.
"La singularidad es lo que prima y no escuché al chico, pero por la información disponible es posible pensar que algo pasó en la trama social que protege a los chicos", evaluó en diálogo con este diario la psicoanalista del Fuero Penal Juvenil bonaerense Graciela Pini. "Siempre existen cargadas en todos los ámbitos, pero acá podría pensarse que hubo una reacción ante algo ante lo cual el chico no tenía recursos para soportar."
29 de octubre de 2011
28 de octubre de 2011
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bienes entregados fueron invadidos


Invadidos bienes entregados por ex jefe ‘para’. Los derechos de las víctimas de Bloque Norte de las Auc podrían verse vulnerados por la mala administración de los lotes urbanos y rurales entregados por ‘Jorge 40’.
Colombia. Uno de los terrenos entregados por Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, ex jefe paramilitar ya extraditado, fue invadido por campesinos desplazados. Al enterarse de esta situación, durante la audiencia de reparación de las víctimas del ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, los magistrados de Justicia y Paz concluyeron que este bien no era apto para reparación por la invasión y aseguraron que la persona negligente frente al problema debe responder por ello. Tanto Tovar como Fierro fueron jefes del  Bloque Norte de las AUC, responsable de graves violaciones a los derechos humanos en casi toda la Costa Caribe, y deben contribuir a la reparación de las miles de víctimas que dejó su organización armada.
Este predio y otros ocho entregados por ‘Jorge 40’ en 2006 han pasado por las manos de la Fiscalía, el Fondo para la Reparación de las Víctimas bajo la tutela de Acción Social y la Sociedad de Activos Especiales. La idea era venderlos  y que el dinero se pudiera entregar a quienes sufrieron las acciones criminales de las autodefensas.
Como se pudo ver durante el incidente de reparación, luego de cinco años ninguno de los predios ha sido vendido y sólo uno se podría vender por el total de su valor comercial. En casi todos los casos de las casas y fincas que el paramilitar entregó para reparación existen acciones jurídicas de personas que reclaman haber sido despojados por ‘Jorge 40’.
Según  dijo durante el incidente Paula Andrea Sánchez, representante del Fondo para la Reparación de Víctimas, estos predios ya son por sí mismos difíciles de vender porque existe la idea de que son un negocio arriesgado y, ahora que tienen nuevos problemas, hace aún más difícil sacarles su verdadero valor en dinero.  
El caso más grave es el de un lote de 4000m2 en zona urbana de Riohacha que fue invadido por más de 300 miembros de la comunidad Wayúu. No pueden ser desalojados pues son población vulnerable y también es un pueblo que ha sido víctima del conflicto armado.
Interrogado por los magistrados durante el incidente de reparación, el abogado representante de ‘Don Antonio’ y ‘Jorge 40’, Camilo Bocanegra, dijo que para el 2006, cuando los bienes fueron entregados a la Fiscalía, en los documentos de matrícula no existían anotaciones que prohibieran el traspaso de los bienes y, que hasta donde él sabía, tampoco existían procesos de restitución.
Así mismo la fiscal Daicy Jaramillo aseguró que es imposible que los bienes entregados por la Fiscalía al Fondo para la Reparación de las Víctimas tuvieran problemas jurídicos, y aun menos que estuvieran invadidos. Como prueba mostró el acta de entrega del lote en Riohacha a Acción Social.
En esta acta del 23 de julio de 2008 aparece claramente la descripción del lote, en la que se señala que este se encuentra desocupado y que tiene una construcción, pero que tanto ésta como el lote se encuentran en estado normal. El documento va acompañado de unas fotografías de la visita de los funcionarios estatales en las que es evidente que no existe nadie viviendo allí.
La representante del Fondo aseguró al tribunal que el predio fue invadido luego de que Acción Social, por orden presidencial, entregara la administración de este y los demás lotes a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en diciembre de 2009.
La representante del Fondo dijo también a la sala tener el acta de entrega que hizo Acción Social de la administración del lote a la SAE, donde demostró, luego de entregar el documento a los magistrados,  que el lote se encontraba desocupado para esa fecha.
La SAE es una entidad especializada para la administración de bienes, a la cual el gobierno encargó en 2009 el manejo de los bienes que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO, y los bienes inmuebles rurales y urbanos entregados, a cualquier título, al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el fin de disminuir el número de interventores que participaban en la administración y comercialización de este tipo de bienes, y así disminuir los problemas de corrupción y administración que se presentaban en la  Dirección Nacional de Estupefacientes.
Según lo que contó la funcionaria a la sala, las 300 personas que ocuparon este lote en Riohacha alegaron ser desplazados víctimas del Bloque Norte. Ante la ocupación, la SAE contactó a las autoridades locales el 10 de octubre de 2010 para expulsarlos a la fuerza, hecho ante el cual Acción Social intervino, considerando que esta acción no era prudente porque la población estaba en riesgo, y que primero se debía estudiar su situación y tratar de encontrar una salida negociada.
Luego de los estudios, Acción Social pudo comprobar que solamente 7 de las 300 personas estaban registradas en sus bases de datos como víctimas de los paramilitares. De las otras 293 dijo no saber mucho más.
Los magistrados de Justicia y Paz pusieron en entredicho la efectividad de la SAE. Según se informó en la audiencia el Estado ha pagado a esta administradora casi  tres mil millones de pesos para el eficaz manejo de  los bienes destinados a reparar a las víctimas. Observaron que era necesario revisar los términos del contrato firmado con esta entidad para poder evaluar su responsabilidad en la pérdida de control estatal de  los bienes.
Una vocera de la SAE dijo a VerdadAbierta.com que el lote fue invadido durante el 2010 por miembros de la comunidad Wayúu, y explicó que es un fenómeno que se está presentando en Riohacha, pues  los indígenas han invadido varios lotes. La representante de la Sociedad dijo que efectivamente, luego de la ocupación ilegal, ellos pidieron apoyo de la Policía y la Alcaldía para hacer la diligencia de lanzamiento, pero que ésta nunca pudo ser realizada, primero por una resistencia constante de las autoridades locales, y posteriormente por que los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, nunca llegaron.
Añadió también que la administración de dicho lote ya no se encuentra en manos de la SAE desde julio o agosto de este año, cuando fue devuelta a Acción Social. Ante la falta de claridad sobre quiénes han sido los responsables de haber permitido que este lote no sirviera para reparar a las víctimas de ‘Jorge 40’, la Procuraduría anunció, durante la audiencia de reparación, que estudiará el caso más en detalle para tomar las decisiones correspondientes.  Aunque queda por aclarar también si los magistrados obligarán al Estado a reparar a las víctimas con sus propios recursos, en vista de que no supo cuidar los bienes destinados a restituir los derechos de las víctimas.
29 de octubre de 2011
24 de octubre de 2011
cc verdad abierta

violencia desproporcionada en chile


CIDH califica como "desproporcionada" la represión en Chile. Como réplica, el representante de la Cancillería dijo en Washington que sólo se actúa contra la violencia y que está "claramente establecido" en los reglamentos que "no puede haber represión de un acto pacífico".
Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este viernes la represión "deplorable" y "desproporcionada" de las protestas estudiantiles en Chile, que desde hace cinco meses reclaman reformas en el sistema educativo.
El relator sobre los derechos de la niñez, Paulo Sergio Coelho, declaró que "la manera con la que esas manifestaciones, en que había niños y adolescentes fueron reprimidas fue deplorables y lamentables", y hubo un "claro uso" de la fuerza "desproporcionada".
Durante una audiencia dedicada a ‘Derechos Humanos y Manifestaciones Públicas en Chile’, dos representantes del Programa Asesoría Ciudadana del Instituto de Igualdad de Chile denunciaron 120 casos de abuso policial durante las manifestaciones.
El relator Coelho enfatizó que "es hora que el Gobierno democrático de Chile piense en reformar una ley que es de la dictadura sobre el decreto que regula las manifestaciones, como fue hecho de manera muy bien desarrollada la ley antiterrorista" e insistió en la reducción de la jurisdicción de los tribunales militares "un mantra que esta comisión repite" para tratar casos que afectan a civiles.

Respuesta del Estado
Por su parte, el director de derechos humanos de la Cancillería, Miguel Ángel González, señaló que en su país no existe "absolutamente" ningún impedimento para que la gente se manifieste: "no hay problemas de libertad de expresión, sino de violencia".
González señaló que hay "ciertos grupos violentos" que se infiltran en las protestas, que "ni siquiera comparten sus ideas, que son los mismos que están en las marchas por el medio ambiente o en los partidos de fútbol" que ven en las marchas "un motivo para salir a la calle y producir destrozos".
El representante chileno aseguró que "no existe ninguna posibilidad" de que las Fuerzas Armadas actúen violentamente "por iniciativa propia" ya que está "claramente establecido" en los reglamentos que "no puede haber represión de un acto pacífico" y sólo puede haber intervención cuando se desatan actos de violencia.
El mayor de Carabineros Heriberto Navarro señaló que los Carabineros dan "fiel cumplimiento de la norma legal vigente" y en los casos que se han dado abuso el personal fue sancionado.
En concreto, han recibido 35 denuncias relacionadas con las protestas y según dijo cinco casos ya se han resuelto, 2 fueron baja administrativa, uno sanción disciplinaria y los otros se desestimaron. El resto se encuentra en curso.
29 de octubre de 2011
28 de octubre de 2011
©la nación

cs rechaza amenazas del gobierno


Suprema emite dura declaración en respuesta al Gobierno. El pleno rechazó que el Ejecutivo considere los fallos de los jueces al promover ascensos, defiende independencia del Poder Judicial y advierte "riesgos en las garantías constitucionales".
Santiago, Chile. Defendiendo la independencia del Poder Judicial ante declaraciones de autoridades de gobierno sobre los criterios que se aplicarán a la hora de promover ascensos, el pleno de la Corte Suprema emitió hoy una declaración donde advierte que tales planteamientos podrían afectar  las garantías constitucionales en el país.
El documento señala que "es posible que los magistrados tengan presente, consciente o inconscientemente, la forma cómo repercutirá en su carrera profesional las decisiones que adopten respecto de las peticiones que le formulen los intervinientes. Esta posibilidad afecta objetivamente tanto las garantías constitucionales de ser juzgado por un juez independiente e imparcial, como las de un debido proceso legal".
Ello, considerando que "se ha indicado a los magistrados de la República que el Supremo Gobierno, entre otros antecedentes, considerará la forma en que resuelvan las solicitudes de medidas cautelares personales de los imputados en los procesos penales, con vista a cursar los nombramientos".
La declaración, que fue enviada al Presidente Sebastián Piñera, al ministro de Justicia Teodoro Ribera (quien hoy dijo no estar arrepentido por sus declaraciones) y los jueces,  subraya que "los criterios para la designación del personal judicial deben ser objetivos y transparentes. Nosotros no revisamos el contenido de las resoluciones. Nosotros discrepamos, pero si está dentro del margen de la ley el juez tiene su independencia personal y eso es respetable".
En ese sentido rechaza que el gobierno anuncie que considerará los criterios de los jueces. "No tiene por qué tener influencia en su carrera funcionaria, donde deben primar sus criterios objetivos, no sus opiniones o el contendido de sus resoluciones. No nos parece conveniente para la independencia del Poder Judicial que se utilicen ese tipo de criterios por sectores extraños a la judicatura".
Tras leer la declaración  del pleno, el vocero del máximo tribunal, Jaime Rodríguez Espoz, descartó que con esta declaración se esté haciendo "ninguna advertencia a un poder del Estado, sino que estamos formulando un respeto y apoyo a nuestros jueces".
Durante su discurso de juramento de nuevos abogados, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, manifestó que "nadie aparte de la jurisdicción puede, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones, normativa que es necesario recalcar, sobre todo en esta época en que se observa una devoción política para desbordar este necesario equilibrio"

Estadísticas
En medio de la polémica, la Corte Suprema dio a conocer una estadística del Sistema Procesal Penal elaborado por el Poder Judicial que revela que desde el inicio del nuevo sistema los jueces de garantía han concedido el 89% de las solicitudes de prisión preventiva presentadas por el Ministerio Público.
Según los datos, de las 144.850 peticiones de prisión preventiva solicitadas por las  fiscalías a los distintos tribunales del país -entre el año 2000 y el 30 de junio de 2011-, en 128.441 esta medida fue acogida por los tribunales, y sólo en 16.409 se rechazó. De esta última cifra, el Ministerio Público apeló en 3.419 ocasiones, consiguiendo revertir la decisión del tribunal de garantía en 1.511.

Ribera Mantiene Posición
La declaración de la Suprema fue emitida tras conocerse una entrevista del ministro de Justicia Teodoro Ribera, en donde éste no retrocede ni un milímetro en sus dichos sobre los "jueces garantistas".
"¡Jamás! ¡Nunca! No estoy arrepentido", declaró el secretario de Estado al Diario Financiero, atribuyendo la molestia del Poder Judicial a que "hoy existe un estado de crispación que incrementa la sensibilidad".
En la entrevista, Ribera añadió que "nadie puede sentirse amenazado cuando el ministro de Justicia ejerce las atribuciones que le confiere la ley".
29 de octubre de 2011
28 de octubre de 2011
©la nación