nuevo juicio oral por el vesubio

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El fiscal federal Federico Delgado pidió la elevación a juicio oral para cuatro represores que actuaban durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención El Vesubio acusados de secuestrar y torturar a 200 personas.

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Argentina. El juez federal Daniel Rafecas deberá decidir si envía al banquillo a los represores Néstor Norberto Cendón, Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y a Faustino José Svencionis. Por crímenes de lesa humanidad cometidos en este centro de detención ya fueron sentenciados el 14 de julio pasado siete represores.

Los cuatro eran responsables de ese centro, donde permanecieron prisioneros y fueron sometidos a torturas el escritor y periodista Haroldo Conti, secuestrado el 4 de mayo de 1976, y el historietista Héctor Oesterheld, creador de ‘El Eternauta’, quien fue privado de su libertad el 27 de abril de 1977, y aún permanecen desaparecidos.
El Vesubio estaba ubicado en la intersección de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, en el partido bonearense de La Matanza, y funcionó entre abril de 1976 y noviembre de 1978. El centro clandestino fue demolido antes de la visita que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.
El fiscal, en su dictamen, aseguró que "la práctica de aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror" y añadió que "al apelar a diversos métodos que no se reducían al uso de instrumentos emblemáticos de suplicios, los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas".
"En la cultura de la crueldad, el fuerte ignora la dignidad del débil; le impone no sólo sin razón, sino también haciéndole advertir que no hay razón, que se trata de un hecho caprichoso porque esta es la forma más eficaz de suprimir al otro", sostuvo Delgado.
Tras enumerar las circunstancias que rodearon cada caso y la víctima, el fiscal concluyó que "la norma material fue el desarrollo de una ordenada, jerárquica e ilegal maquinaria debidamente aceitada para cumplir acabadamente con el cometido fijado: el aniquilamiento del oponente a un precio conocido de antemano por todos los integrantes de la estructura".
Por crímenes de lesa humanidad cometidos en "El Vesubio", ya fueron sentenciados el 14 de julio pasado siete represores. El Tribunal Federal 4 de esta Capital sentenció a prisión perpetua a Héctor Gamen y Hugo Pascarelli.
En tanto, José Néstor Maidana fue condenado a 22 años y medio de prisión; Diego Salvador Chemes, a 21 años y medio; Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán, a 20 años y medio y Roberto Carlos Zeolitti, a 18 años.
29 de octubre de 2011
28 de octubre de 2011
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brasil crea comisión de la verdad

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Brasil creó una comisión para crímenes de lesa humanidad. El cuerpo investigará las 400 desapariciones y asesinatos de la dictadura, pero una ley de amnistía protege a los culpables. La ley de la Comisión de la Verdad fue propulsada por la presidenta Dilma Rousseff.

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Brasil. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los regímenes castrenses de Brasil serán investigados, aunque no juzgados, de acuerdo con la Comisión de la Verdad creada ayer por el Congreso. Si bien el logro fue festejado por el gobierno como un importante paso en el proceso de Verdad y Justicia, algunas organizaciones de derechos humanos se quedaron con sabor a poco, pese a que el Senado votó anoche casi en su totalidad la media sanción de Diputados. Los represores cuentan con el aval de la Ley de Amnistía de 1979 del dictador Joao Baptista Figueiredo, que fuera ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal, lo que les garantiza la impunidad.
La ley de la Comisión de la Verdad fue propulsada por la presidente Dilma Rousseff y servirá para conocer el destino de los más de 400 muertos y desaparecidos de la dictadura. En un mensaje a su Partido de los Trabajadores en septiembre pasado, Rousseff dijo que sería firme en el área de derechos humanos. "Haremos la Comisión de la Verdad. No hay la menor duda de eso", había dicho en aquella oportunidad.
La comisión tendrá dos años para dar a conocer a los responsables y las víctimas de las dictaduras entre 1946 y 1988. El miembro informante del proyecto de ley, el senador opositor Aloysio Nunes, también declaró en ese sentido. "La comisión sólo se va a legitimar si mantiene su foco en los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el período de la dictadura de 1964", declaró Nunes, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ex militante comunista e integrante de la resistencia armada a la dictadura. "En ese período de facto, la acción experimental de un grupo de energúmenos violentos acabó asumiendo una escalada hasta transformarse en una política de Estado de exterminio de adversarios", dijo.
La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, festejó la votación en el Senado y habló de victoria histórica. "Esta comisión representa el compromiso del Estado brasileño de nunca más utilizar métodos de coerción y violencia como instrumento de política en nuestro país", comentó la ministra. La comisión fue propuesta el año pasado como parte de un plan de derechos humanos, pero el alto mando castrense sólo apoyó la creación de la comisión después de recibir garantías de que investigará los abusos cometidos tanto por los agentes del Estado como por las guerrillas de izquierda, pero que no alterará la ley de amnistía.
Por esa razón algunos militantes de los derechos humanos quedaron disconformes. "Nosotros ya sabíamos que esta aprobación sucedería. Pero lo lamentamos profundamente, porque el proyecto que fue votado en el Senado es el mismo que se aprobara en la Cámara, sin mayores modificaciones", dijo Cecilia Cohimbra a Página/12. La ex presa política, perteneciente a la ONG Tortura Nunca Más, se refirió a la media sanción que Diputados le dio en septiembre. "Tenemos una posición muy crítica con este proyecto presentado por el gobierno. La infraestructura y los plazos de la comisión son pocos. Son sólo siete miembros para investigar un período muy amplio. Se desfigura el tiempo de la dictadura", acusó Cohimbra. Integrantes de organizaciones de derechos humanos quieren que la investigación se circunscriba más específicamente al período del golpe de Estado militar entre 1964 y 1985, año en que se creó el primer gobierno civil de la dictadura.
"La prueba de que esta comisión no funcionará es que los militares la apoyan. Esta comisión no esclarecerá ni siquiera la verdad", dijo recientemente Elizabet Silveira, dirigente de Tortura Nunca Más.
Un reciente estudio del gobierno brasileño indicó que 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas por agentes del régimen militar. Además de Rousseff, varios altos dirigentes políticos sufrieron persecución durante la dictadura, incluyendo a los ex presidentes Luiz In-ácio Lula da Silva (2003-2010) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura y declaró sin efectos jurídicos la amnistía de 1979.
[Informe de Juan Nicenboim.]
29 de octubre de 2011
28 de octubre de 2011
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congreso no puede hacer la vista gorda

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columna de lísperguer

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Corte Suprema rechaza amenazas del gobierno de entorpecer carrera funcionaria de jueces si no acatan recomendaciones de La Moneda.

Las declaraciones del ministro Ribera, y las del presidente Piñera posteriormente, constituyen una de las más graves amenazas del gobierno contra el estado de derecho. La exigencia de que los jueces, en casos de detenidos por desórdenes públicos, deben aplicar la mano dura que exige el gobierno, pasando por el alto los procedimientos judiciales, es completa y derechamente intolerable y así se lo ha hecho saber la Corte Suprema al gobierno. El gobierno ha amenazado con frustrar o entorpecer la carrera de los jueces que no acaten sus recomendaciones.
Es precisamente por esta razón que el Congreso no puede hacer la vista gorda ni desentenderse del asunto ni lavarse las manos. Pretender que no ha pasado nada y que el entuerto se puede solucionar con un almuerzo, enviaría a los jueces, y a la ciudadanía la ominosa señal de la clase política finalmente también comparte la visión del gobierno y que en el futuro los jueces serán ascendidos o no dependiendo de si han acatado o no las recomendaciones del gobierno de aplicar mano dura. Si los jueces se sienten amenazados y aceptan estas recomendaciones del gobierno, estaremos ad portas de una tiranía.
Hemos conocido una situación similar durante la dictadura, cuando los jueces aceptaron colaborar con la represión rechazando sistemáticamente los recursos de amparo de prisioneros políticos, lo que le costó la vida a innumerables compatriotas. Los jueces que colaboraron con el régimen dictatorial, dicho sea de paso, todavía no han sido juzgados.
Lo que pretende el gobierno es que los jueces acepten sin más las evidencias que entregue el ministerio sobre los detenidos, pese a que es de conocimiento público que la gran mayoría de los detenidos en manifestaciones no son ni han sido los manifestantes violentos o los vándalos que aprovechan la ocasión para saquear el comercio, sino maestros, jóvenes y niños que no han cometido otro delito que ejercer su derecho a manifestarse.
Al mismo tiempo, el gobierno insiste en la ordenar a fuerzas especiales la represión de los manifestantes, que está alcanzado niveles de una brutalidad impresionante: las torturas a que son sometidos niños en los buses de carabineros, incluyendo la tortura llamado el submarino -simulacro de asfixia-, y las tocaciones y abusos sexuales a que son sometidas las niñas detenidas en esos mismos buses. Sobre esto el gobierno hace la vista gorda.
Por todo esto es urgente que el Congreso inicie una acusación constitucional contra el ministro y exija su destitución. Debe quedar claro para toda la ciudadanía que esta interferencia con el trabajo de los jueces es intolerable y un peligro para el frágil estado de derecho que tenemos. De no hacerlo, el Congreso perdería todavía más su menguada legitimidad. Este Congreso que nadie eligió sólo puede redimirse poniéndose del lado de la ciudadanía y protegiéndola contra los abusos del gobierno.
lísperguer

querían que otan se quedara

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Nuevo presidente interino libio pide a la OTAN que se queda hasta fines de 2011.

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[David D. Kirckpatrick y Rick Gladstone] Trípoli, Libia. El presidente interino libio declaró el miércoles que había pedido a la OTAN que prolongue el patrullaje aéreo en diciembre y envíe más asesores militares, pese a su declaración oficial el domingo de que tras el asesinato del coronel Muamar al-Gadafi el país había sido liberado.
Mustafa Abdel-Jalil, presidente del Consejo Nacional de Transición de Libia, hizo estas declaraciones en la reunión del grupo ‘Amigos de Libia’ el miércoles, que contó con la presencia del príncipe heredero de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani.
"Hemos pedido a la OTAN que se quede hasta fin de año, y ciertamente cuenta con la legitimidad internacional para permanecer en Libia para proteger a los civiles contra los partidarios de Gadafi", dijo en una entrevista con el canal de televisión pan-árabe Al Yazira el presidente interino, Mustafa Abdel-Jalil, que encabeza el Consejo Nacional de Transición.
"Gadafi todavía tiene partidarios en los países vecinos y tememos que sus seguidores pueden lanzar ataques contra nosotros e infiltrar nuestras fronteras", dijo. "Necesitamos apoyo técnico y adiestramiento para nuestras tropas en el terreno. También necesitamos equipos de comunicaciones y inteligencia aérea para vigilar nuestras fronteras".
Abdel-Jalil fue entrevistado mientras asistía a una conferencia sobre ayuda a Libia en Doha, Qatar. Sus declaraciones se producen en momentos en que la OTAN se prepara para poner un fin formal, en unos días, a sus operaciones en Libia y el país entra en una peligrosa nueva fase tras el derrocamiento de Gadafi.
Los bombardeos aéreos de la OTAN permitieron una disparatada alianza de milicias paramilitares indisciplinadas y apenas organizadas derrotara a las fuerzas de gobierno libio en una sangrienta guerra civil que duró ocho meses. Pero los líderes civiles de los ex rebeldes todavía no han unificado sus heterogéneas milicias bajo un mando único, y la petición de Abdel-Jalil de que la OTAN envíe asesores militares puede tener como objetivo hacer frente a ese reto.
La credibilidad del Consejo Nacional de Transición se ha visto debilitada por sus inverosímiles explicaciones por el aparente asesinato del coronel Gadafi después de su captura la semana pasada. Y las facciones ideológicas y geográficas entre los rebeldes todavía tienen que ponerse de acuerdo en la formación de un nuevo gabinete interino, incluso mientras el primer ministro Mahmoud Jibril se prepara para dimitir en un mes.
"Debo decir que será difícil para todos los libios ponernos de acuerdo en una persona para el cargo de primer ministro", reconoció Abdel-Jalil en la entrevista, aunque agregó que el consejo de transición disponía de "varias opciones".
"Espero que podamos dar con alguien que cuente con el respaldo de la mayoría de los libios", dijo.
La semana pasada los ministros de la OTAN fijaron tentativamente el lunes como el fin de sus operaciones militares en Libia, que fueron ejecutadas bajo los auspicios de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para proteger a los civiles libios de las represalias de las fuerzas militares del coronel Gadafi durante el conflicto.
Los ministros de la OTAN habían programado encontrarse el miércoles en Bruselas para fijar la fecha final, pero pospusieron abruptamente esa reunión hasta el viernes, presumiblemente para considerar la petición de Abdel-Jalil.
Qatar, uno de los primeros países árabes en reconocer a la coalición de los paramilitares anti-gubernamentales, también revelaron por primera vez el miércoles que habían desplegado cientos de sus propios soldados en Libia para ayudarlos.
En una entrevista durante la conferencia sobre la ayuda en Doga, el jefe del estado mayor de Qatar, el general Hamad bin Ali al-Atiya, dijo que Qatar había "dirigido el adiestramiento y operaciones de comunicación" de los paramilitares anti-Gadafi en Libia, informó la Agence France-Presse.
Anteriormente, Qatar había declarado que sólo estaba proporcionando apoyo aéreo, agua, armas y cientos de millones de dólares en otro tipo de ayuda para los milicianos. La disposición de Qatar a jugar un rol agresivo en el conflicto interno libio constituye una inusual desviación de la política exterior qatarí.
Muchos rebeldes mostraron una especial gratitud a Qatar, incluso ondeando banderas qataríes junto con su propia bandera rebelde en algunas ciudades en las montañas de Nafusah al occidente del país. Algunos liberales libios, sin embargo, han albergado sospechas, sugiriendo que los conservadores en el gobierno qatarí pueden haber orientado su adiestramiento y recursos hacia los fundamentalistas entre los rebeldes, como Abdel Hakim Belhaj, un combatiente rebelde adiestrado en Qatar que emergió como el jefe del consejo militar en Trípoli.
Entretanto, el gobierno interino libio continuó el miércoles la persecución de Seif al-Islam el-Qaddafi, uno de los hijos del coronel y heredero aparente que ahora es el último miembro de la ex familia gobernante todavía prófugo. Entre los otros hijos del coronel Gadafi, Mohammed, Saadi y Aisha han huido a países africanos vecinos. Dos de sus hijos, que dirigían milicias del gobierno, Khamis y Muatassim, fueron asesinados.
Circularon el miércoles informaciones no confirmadas de un funcionario del gobierno interino libio de que Seif al-Islam podría entregarse a la Corte Penal Internacional, que lo ha acusado de crímenes de guerra. Pero otros funcionarios y la corte dijeron que no disponían de esa información.
Hablando a condición de permanecer en el anonimato por temor a represalias de las fuerzas anti-gadafistas, una persona próxima a la familia de Gadafi dijo que era muy improbable que Seif al-Islam se entregara en estos momentos.
[David D. Kirkpatrick informó desde Trípoli; Rick Gladstone desde Nueva York. Adam Nossiter contribuyó desde Trípoli.]
29 de octubre de 2011
26 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

entregan cuerpo de médico francés

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Entregan cuerpo de médico francés detenido en La Moneda en el golpe militar. Vanessa Klein recibió los restos de su padre Georges Klein Pipper, detenido el 11 de septiembre de 1973 en el palacio de Gobierno junto a los guardias de Salvador Allende, y que fue asesinado dos días después a balazos.

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Santiago, Chile. El Servicio Médico Legal entregó este viernes a Vanessa Klein el cuerpo de su padre, el médico francés Georges Klein Pipper, detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda junto a los miembros de la guardia presidencial de Salvador Allende.
La hija del doctor Klein se enteró de la identificación de los restos de su padre pocos días antes de que esta semana viniera a Chile acompañando a un equipo de abogados de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Esta misión notificó ayer jueves de forma simbólica a 12 militares chilenos y un civil la condena dictada en su contra por los tribunales franceses por su responsabilidad en la desaparición de cuatro ciudadanos francochilenos, entre ellos, Georges Klein.
Los restos del médico francés fueron entregados a la familia en la mañana de este viernes en el SML, y posteriormente la familia realizó un funeral en el Memorial del Detenido Desaparecido, situado en el Cementerio General.

Operación ‘Retiro de Televisores’
El juez que investiga esta causa, Alejandro Madrid, y el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, se reunieron el pasado martes con los familiares de Georges Klein para informarles de los resultados objetivos en el proceso de identificación.
La identificación de los restos de Klein Pipper se suma a otras once llevadas a cabo anteriormente a raíz del hallazgo de restos humanos en 2001 en el Fuerte Arteaga, un recinto militar situado en el norte de Santiago, adonde fueron trasladados los detenidos del Palacio La Moneda.
Las osamentas y piezas dentales recuperadas corresponden a restos humanos que no alcanzaron a ser removidos por los militares en la operación conocida como "retiro de televisores", el traslado de cadáveres de detenidos desaparecidos llevado a cabo para evitar que fueran encontrados alguna vez.

Muerto en el Fuerte Arteaga
En el proceso de identificación, el equipo del SML realizó pericias de medicina, antropología y odontología forense, además de las pruebas genéticas hechas en un laboratorio de Innsbruck (Austria).
El resultado de estos procedimientos y las pesquisas efectuadas por el juez Madrid determinaron que las muertes ocurrieron el 13 de septiembre de 1973 en el Fuerte Arteaga y la causa de las muertes fueron las heridas causadas por proyectiles de bala.
George Klein Pipper, de nacionalidad francesa y militante del Partido Comunista, tenía 27 años cuando fue detenido por los militares y se desempeñaba como asesor de la Presidencia y de la Subsecretaría de Gobierno.
Por este caso y el de otros tres ciudadanos francochilenos detenidos desaparecidos, la Corte Penal de París condenó recientemente a cadena perpetua a la cúpula de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
28 de octubre de 2011
©la nación

en áfrica lloran muerte de gadafi

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Mientras Occidente celebra el brutal fin de Gadafi, en África sub-sahariana lloran su muerte.

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[Josh Kron] Nairobi, Kenia. Para ellos, su violento fin fue otro triste capítulo en la prolongada historia de la intervención de las potencias occidentales en asuntos africanos.
"Somos el uno por ciento que no está celebrando", dijo Salim Abdul, que ayuda en la administración de una importante mezquita en la capital de Uganda bautizada en honor del ex líder libio, que proporcionó el dinero para construirla.
"Él adoraba a Uganda", dijo Abdul en una entrevista en la mezquita, en Kampala. Observó que el coronel Gadafi se había comprometido a pagar los salarios de los veinte empleados durante los próximos veinte años. "Su muerte significa que todo esto acabó", dijo Abdul.
El viernes alrededor de treinta mil personas se agolparon en la mezquita para rendir tributo al líder asesinado, de acuerdo a medios locales en Uganda.
El diario Daily Monitor, un importante periódico independiente de Uganda, informó que el jeque Amir Mutyaba, ex embajador ante Libia, lloró mientras contaba a seguidores que el coronel Gadafi había "muerto como héroe". Agregó que "Alá lo bendecirá" y "los excavadores de petróleo extranjeros serán castigados", una probable alusión a la extendida idea de que las potencias occidentales intervinieron en Libia debido principalmente a sus recursos petrolíferos.
En Nigeria, el país más poblado de África y con la mitad de su población musulmana, un senador declaró en medios locales que el coronel Gadafi "fue uno de los más brillantes líderes africanos que hemos tenido". Y un ex líder de una milicia nigeriana, que dijo que en el pasado había sido financiado por el coronel Gadafi, dijo a la Agence France-Presse que la muerte del ex líder libio "será vengada".
El corone "derramó su sangre como un mártir para volver a encender el fuego de la revolución en todo el mundo", dijo Mujahid Dokubo-Asari, el jefe miliciano. "Todo el planeta se levantará contra esto".
El coronel Gadafi asumió el poder en 1969 como un ideólogo de veintisiete años, que emuló al presidente Gamal Abdel Nasser, de Egipto, y concentró su energía en dirigir el renacimiento del pan-arabismo. Para el cambio de siglo, sintiéndose rechazado por sus colegas árabes, volcó su atención hacia el África sub-sahariana en el sur. Usó su propio dinero, así como el de financieras estatales, para construir mezquitas, hoteles y compañías de telecomunicaciones.
También intervino en la política de otros países africanos -al menos una docena de golpes o de intentos de golpe en el continente se atribuyen a su apoyo.
Uno de los numerosos y presuntuosos títulos que se otorgó a sí mismo fue el "rey de reyes de África".
Con el tiempo, sus esfuerzos le ganaron muchos aliados africanos, y cuando estalló la rebelión contra él este año, la Unión Africana demoró meses en reconocer al consejo rebelde como la autoridad política del país.
Hubo informes al principio de la rebelión de que el coronel Gadafi había introducido a combatientes de países africanos [en el conflicto] y los había utilizado como mercenarios, pero los periodistas encontraron pocas evidencias de que hubiera mercenarios en la revuelta.
Mientras los enemigos del coronel Gadafi empiezan sus esfuerzos por reconstruir el país [arrasado por los bombardeos de la OTAN], muchos en el continente siguen enfurecidos por el traspaso de poder, en gran parte debido al apoyo militar que prestó la OTAN a los ex paramilitares.
En Zimbabue, donde el presidente Robert Mugabe digirió una guerra de liberación contra el régimen de la minoría blanca que terminó en 1980, un portavoz de la presidencia dijo que el coronel Gadafi sería recordado allá por su apoyo a la lucha por la independencia de Zimbabue y despotricó contra la intervención extranjera en asuntos africanos.
"El gobierno no puede aceptar el derramamiento de sangre como modelo para el cambio político en el continente", dijo George Charamba, el portavoz. "Más todavía cuando esa sangre se derrama por instigación de potencias extranjeras".
Zimbabue, por supuesto, ha tenido sus propios enfrentamientos con Occidente, debiendo soportar intensas críticas por las sangrientas y desacreditadas elecciones de 2008. "Como una cuestión de principios", dijo Charamba, "Zimbabue no cree que sea el deber de Occidente decirnos quiénes son nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos, quiénes los guapos y quiénes los feos".
Incluso algunos africanos que dijeron que no apoyaban necesariamente al coronel Gadafi mostraron su consternación por el modo en que fue asesinado y dijeron que había dejado un importante legado.
"Nunca fui partidario de Gadafi, pero me emociona el modo en que murió", dijo Manny Ansar, director de un popular festival musical anual en Mali. "Lo queramos o no, tenemos que reconocer que fue uno de los más grandes líderes africanos que influyeron en varias generaciones, incluyendo la mía, y que encontraron en la constancia y coraje de sus posiciones lo que buscamos en un héroe: orgullo".
28 de octubre de 2011
22 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

paramilitares cometen masacre en libia

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Encuentran cientos de prisioneros de guerra y civiles ejecutados sumariamente por fuerzas del nuevo gobierno libio.

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[Kareen Fahim y Adam Nossiter] Sirte, Libia. El lunes, en el reseco jardín del Hotel Mahari, los voluntarios se afanaban borrando los signos de una masacre reciente. Recogieron decenas de cadáveres, aparentemente de personas ejecutadas en los terrenos del hotel hace algunos días, pero dejaron de lado otras evidencias -como las ataduras de plástico que fueron usadas para amarrar las manos de las víctimas y casquillos de balas, dispersos en la hierba seca en medio de charcos de sangre.
Los voluntarios dijeron que entre las víctimas había al menos dos ex funcionarios del gobierno de Gadafi, soldados libios y probablemente civiles. Creen que los asesinos fueron ex paramilitares rebeldes de unidades anti-gadafistas que utilizaron el hotel como base en las últimas semanas. Parece ser una de las peores masacres en los ocho meses de conflicto, pero días después de haber ocurrido ningún representante del nuevo gobierno libio se había acercado a investigar.
Los líderes interinos, que declararon que habían liberado al país el lunes, pueden simplemente tener demasiado que hacer como nuevas autoridades del estado. Pero durante todo el conflicto también se han demostrado reacios o incapaces de investigar las acusaciones de atrocidades cometidas por sus fuerzas paramilitares, pese a repetidas promesas de que no tolerarían los abusos.
La falta de control quedó fuertemente en evidencia la semana pasada cuando ex combatientes rebeldes arrestaron al coronel Muamar al-Gadafi. En videos de su captura el jueves en la mañana, combatientes victoriosos fueron vistos maltratando al coronel Gadafi, que parecía estar sangrando y afligido, pero consciente. Esto fue momentos después de ser sacado de un enorme tubo de drenaje donde se había ocultado después de un ataque aéreo de la OTAN que destruyó parte de su convoy. Videos posteriores muestran su cuerpo magullado, con al menos una herida de bala en la cabeza.
El lunes, Mustafa Abdel-Jalil, presidente del Consejo Nacional de Transición, como se conoce al gobierno interino, anunció la formación de una comisión de investigación sobre la muerte del coronel Gadafi.
En su anuncio, Abdel-Jalil reconoció la presión de potencias extranjeras y organizaciones de derechos humanos -incluyendo países y grupos que apoyaron la rebelión- había precipitado la decisión de investigar cómo terminó el coronel Gadafi con una bala en la cabeza. Abdel-Jalil se refirió a las "demandas de la comunidad internacional" para realizar esa investigación.
Pero en sus comentarios no quedó claro cuánta autoridad tendrá la comisión para realizar la investigación y si los autores pueden ser juzgados. También sugirió que los combatientes anti-Gadafi pueden no haber sido quienes le asesinaron, insinuando que las balas fatales pueden haber provenido incluso de partidarios del coronel Gadafi. Esa insinuación contrasta agudamente con lo que se ve en el video que circuló después del asesinato de Gadafi.
Como en varios casos previos, durante la rebelión, cuando los paramilitares anti-gadafistas fueron acusados de cometer abusos y ejecuciones extrajudiciales, los líderes libios de la rebelión se enfrentan al delicado dilema de conciliar su propia legitimidad con el cortejo de los poderosos líderes de las milicias. Los líderes interinos también han fracasado a la hora de establecer una cadena de mando entre las fuerzas paramilitares, pese a repetidos intentos de formar un ejército nacional.
Algunos de los paramilitares anti-gadafistas han sido acusados de detenciones arbitrarias y torturas, y otros han sido implicados en asesinatos. Cuando en agosto, el general Abdul Fattah Younes, el más alto mando de las fuerzas paramilitares, fue asesinado en Bengasi junto con dos de sus edecanes, Abdel-Jalil también dijo que el caso sería investigado, afirmando que nadie, ni siquiera los oficiales del alto mando, quedarían impunes.
En esos momentos, Abdel-Jalil sugirió que los partidarios del coronel Gadafi pueden haber sido los responsables, pese a que sus colegas concedieron que los combatientes rebeldes eran los principales sospechosos de los asesinatos. Pero nadie ha sido imputado por el asesinato.
El lunes, al ofrecer una nueva teoría sobre cómo puede haber muerto el coronel Gadafi a manos de sus propios seguidores, Abdel-Jalil sugirió que [los seguidores] pueden haber temido que Gadafi los implicara en atrocidades si sobrevivía y era llevado a juicio.
"Veamos quiénes tenían interés en que Gadafi no fuera llevado a juicio", dijo. "Los libios quieren juzgarlo por lo que hizo, por las ejecuciones, las cárceles y la corrupción. Los libios libres querían meter a Gadafi en la cárcel y humillarlo lo más posible. Aquellos que querían matarlo son sus propios seguidores o los que fueron sus subordinados. Su muerte les convenía a ellos".
Esta teoría parece ser un intento de desviar las fuertes críticas internacionales sobre la manera en que el gobierno trató a Gadafi en sus últimos momentos. El cuerpo, que -desde el jueves- fue exhibido públicamente en Misurata, una ciudad al occidente del país, será sepultado el martes en un lugar secreto en el desierto, de acuerdo a un funcionario del Consejo Nacional de Transición -informó Reuters. Diciendo que "el cuerpo no dura más", el funcionario dijo que clérigos musulmanes se encargarían de la sepultura.
Con la muerte del coronel ha terminado de momento el conflicto, pero los abusos cometidos por las fuerzas paramilitares continúan: en Sirte los milicianos fueron vistos el lunes saqueando la ciudad y robando generadores, coches y una bicicleta fija.
El Hotel Mahari, con vista al mar, estaba lleno de sospechosos indicios sobre los asesinos, pero nada definitivo. Los nombres de las brigadas anti-gubernamentales estaban garrapateados en una pizarra blanca en el vestíbulo, incluyendo unas brigadas llamadas Tigre, León, Pantera y Arena. Varias de las brigadas mencionadas son de Misurata.
En un camposanto cerca del hotel, un médico local escudriñaba a las víctimas de la masacre, fotografiaba los cuerpos y extraía un diente de cada una de ellas, recogiendo evidencias para las familias de los hombres y para un juicio criminal, si acaso llegaba a realizarse uno. Ordenó a un asistente a asperjar con agua y rociar con insecticida los cuerpos en descomposición que aún no habían sido sepultados.
Varias de las víctimas vestían uniforme militar. Las manos de uno de ellos, que parecía ser un veinteañero, estaban amarradas a la espalda. Varias víctimas llevaban vendas, llevando a los voluntarios a especular que se trataba de pacientes del principal hospital de la ciudad que fueron detenidos cuando los ex rebeldes lo ocuparon.
Otro doctor sacudió la cabeza: "Qué clase de democracia justifica toda esta sangre?", dijo.
El doctor, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias a manos de los paramilitares, dijo que si los asesinatos no eran investigados, la impunidad engendraría peligrosos resentimientos. "En Libia no habrá paz durante años", dijo.
[Kareem Fahim informó desde Sirte; Adam Nossiter, desde Bengasi, Libia. Rick Gladstone contribuyó desde Nueva York.]
28 de octubre de 2011
25 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

pacos vuelven a agredir a estudiantes

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ACES denuncia agresiones de Carabineros a estudiantes. Alfredo Vielma, el vocero de los estudiantes secundarios que se tomaron la ribera del río Mapocho, catalogó el desalojo como uno de los "más violentos que haya visto".

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Santiago, Chile. El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Alfredo Vielma, denunció agresiones por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros contra los jóvenes que se tomaron la ribera del río Mapocho y que fueron desalojados.
"Es uno de los desalojos públicos más violentos que haya visto", afirmó Vielma y agregó que "hay una compañera que al parecer está embarazada y que fue golpeada, compañeros con lesiones de seriedad, al parecer tienen algunos esguinces. Carabineros se manifestó con total violencia".
El representante de los secundarios explicó a Radio Cooperativa que "estábamos haciendo una ocupación pacífica del río Mapocho y Carabineros, con un despliegue totalmente grotesco, llegó con Fuerzas Especiales, el GOPE y con más de 16 carros policiales, para poder desalojar a cerca de 40 jóvenes que nos estábamos manifestando de manera totalmente pacífica enmarcada por la educación".
Vielma dijo que la razón de esta manifestación fue porque "creemos que el debate se está dando dentro de las fuerzas políticas del Senado y de la Cámara de Diputados, por lo tanto a nosotros nos parece que el protagonismo ciudadano se ha perdido".
"No se supone que debieran desalojar de esta manera, perfectamente podríamos haber conversado. No estábamos entorpeciendo el tránsito vehicular y el peatonal, de hecho estábamos ocupando una vía pública en donde no hay porqué desalojar, no era una zona que pudiese significar ningún riesgo para otro peatón ajeno a la manifestación", añadió.
28 de octubre de 2011
©la nación