detenidos sufren salvajes torturas

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Audiencia en CIDH: Abogados pedirán que Chile derogue decreto de Pinochet.

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[Nancy Arancibia] Santiago, Chile. Los abogados Ítalo Jaque, Branislav Marelic y Héctor Valladares exponen a las 15:30 horas (de Chile) en la Comisión Interamericana de DD.HH. en Washington, para denunciar la "sistemática violencia contra el movimiento estudiantil". Vea la respuesta preliminar del Gobierno y un adelanto de lo que Asesoría Ciudadana pedirá al organismo de la OEA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) órgano dependiente de la OEA que sesiona en Washington DC, escuchará la tarde de este viernes a los abogados chilenos Ítalo Jaque, Branislav Marelic y Héctor Valladares, coordinador general del programa Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad, quienes denunciarán lo que califican como una sistemática represión en las movilizaciones del movimiento estudiantil.
En más de 130 entrevistas, 170 videos clasificados y acciones judiciales emprendidas en tribunales del país, los profesionales constatan que hay problemas en el entendimiento del derecho a manifestación pública, "prácticas reprochables en el tratamiento de detenidos y reacciones del poder estatal que se arrastran desde los peores años de dictadura militar", sostiene el documento al que tuvo acceso Nación.cl y que será presentado a los 7 integrantes de CIDH.

117 Casos
Ante el organismo encargado de promover la observancia de los derechos humanos en la región, los profesionales sostendrán su exposición en una muestra de 117 casos, registrados durante 5 meses de marchas del movimiento estudiantil en Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco, donde se observa una "represión policial abusiva y violatoria a los derechos humanos".
Según el informe de Asesoría Ciudadana, de estos 117 casos, en 77 de ellos la detención fue ilegal, en 90 se usó violencia desproporcionada por parte de la policía y se constató que 66 arrestados recibieron tratos vejatorios y amenazas.
Lo más grave: 40 personas dieron testimonio  de haber recibido por parte de Carabineros durante la detención "apremios ilegítimos" o "tormentos", según la tipificación de la legislación chilena, pero que los instrumentos legales internacionales llaman tortura.
Así lo revela este extracto del relato de Sebastián Bravo Piña, estudiante de 18 años al contar lo sucedido en un bus  de Fuerzas Especiales de Carabineros: "En un momento me acuestan de espalda en el pasillo de la micro, siempre esposado por la espalda. Me cubrieron la cara con la polera que tenía en el cuello y me empezaron a tirar agua en la cara. Me desesperé. Me ponía para el lado para poder respirar y ellos me volvían a agarrar para ponerme de espalda. Tosía y tosía y cuando me volvía a desesperar me dejaban de tirar agua. Me hacían descansar como 5 segundos y me volvían a tirar agua. Creo que fueron varias botellas. Fueron como 15 chorros en un lapso de 7 a10 minutos".

Peticiones
Nicolás Facuse, secretario general del programa Asesoría Ciudadana resume las peticiones que harán este viernes a la CIDH:  "Solicitaremos una investigación efectiva de los hechos denunciados por las distintas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos. Que las investigaciones sean abordadas desde el punto de vista sistémico, porque no son hechos aislados, sino recurrentes a lo largo de todo Chile. En concreto, el Estado de Chile debería nombrar un fiscal especial  del Ministerio Público para que investigue estos hechos de violencia. Y que el Poder Ejecutivo se haga parte de las investigaciones de los abusos como querellante, a través de sus órganos administrativos o el Consejo de Defensa del Estado, órgano que representa judicialmente los intereses del Estado".
En definitiva, explica Facuse, "que el Estado pase de respaldar el accionar de Carabineros porque tienen un concepto anquilosado, muy severo de orden público, a uno que investiga los abusos y se hace parte de las querellas contra los responsables".

Decreto Supremo Nº 1086
Los abogados también describirán uno de los instrumentos legales que viola el derecho a manifestarse libremente sin pedir autorización. Se trata de la vigencia y utilización del Decreto Supremo Nº 1086, promulgado en 1983 durante la dictadura de Augusto Pinochet, con Sergio Onofre Jarpa  como ministro del Interior.
Asesoría Ciudadana explica que el DS 1086 limita un derecho resguardado en la Constitución Política de Chile (art. 19 N° 13), que es la libertad de reunión pública. No sólo eso: también vulnera el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por nuestro país.
Los abogados chilenos explicarán al organismo interamericano que el DS no es una ley, y no persigue un fin legítimo ya que dar aviso a la autoridad no es a priori defensa de ninguno de los fines explicitados, aseguran. "Se trata de una acción desproporcionada, porque la mera falta de aviso no es título legítimo (desde la Convención) para disolver una marcha pacífica y sin armas", explicarán.
Los profesionales señalan que "aunque una marcha no sea "visada" por la autoridad, ni comunicada siquiera, es plenamente legítima. Sin embargo, es atendible que como en las manifestaciones públicas pueden verse afectados derechos de otras personas, "se podrían establecer normas de coordinación previa ante órganos competentes, de esta forma el Estado puede establecer regulaciones de la misma forma que regula los otros derechos fundamentales".

CIDH Avala Derecho de Manifestación
La CIDH es clara en señalar que el derecho a reunión es primordial para las personas y las instituciones democráticas. Así lo recordó la entidad el 6 de agosto de este año a través de un comunicado oficial al considerar los primeros antecedentes proporcionados por los abogados de Asesoría Ciudadana.
"La Comisión recuerda que el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados la Convención  (...) Dada la importancia de estos derechos para la consolidación de sociedades democráticas, la Comisión ha sostenido que cualquier restricción de los mismos debe estar justificada en un interés social imperativo. (...) El accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de reunión, manifestación y libre expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. Los operativos de seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales involucrados. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos".
Sin embargo, en Chile rige un sistema de autorización previa para el ejercicio del derecho, sostiene Asesoría Ciudadana, dado que el DS 1086 contraviene la Convención  Americana de Derechos Humanos al establecer en el artículo 2° su letra c explícitamente que la autoridad competente "puede no autorizar" ciertas reuniones o desfiles en lugares públicos como parques, plazas o paseos.
El aspecto más grave, destaca Nicolás Facuse, radica en la letra "e" del mismo artículo que autoriza la disolución de cualquier manifestación por Carabineros que no cumpla con los requisitos de autorización previa, y no sólo a las manifestaciones que se tornan violentas.
Para los abogados, este DS 1086 representa un"enclave autoritario que ve al derecho a la manifestación como una amenaza, y que pone de la vereda de la ilegalidad a todos los ciudadanos partícipes de una manifestación.
En concreto, Asesoría Ciudadana pedirán a la Comisión recomiende al Estado de Chile la derogación de este decreto,  que no ha sido modificado en 22 años de sistema democrático, y una legislación que regule democráticamente el derecho de reunión.

La Respuesta del Estado de Chile
Antes de conceder la audiencia, la CIDH solicitó informes al Estado de Chile. En el documento al que tuvo acceso Nación.cl, enviado el 22 de agosto de este año por el Gobierno, éste argumentó el contexto de movilización social que vive el país a raíz de las demandas estudiantiles en las que se producen "serios desórdenes y disturbios (fundamentalmente bloqueos de vías y paseos públicos mediante barricadas incendiarias, uso de bombas incendiarias "molotov", apedreos, saqueos de locales comerciales y tomas de establecimientos educacionales, entre otros) con un número no menor de ciudadanos y funcionarios de policía lesionados y cuantiosos daños a bienes nacionales de uso público y propiedad privada".
El documento detalla las acciones de control y el costo de las movilizaciones: cifra los daños en mobiliario público en el centro de Santiago entre el 12 de mayo y el 14 de julio en  $150.000.000 y en los establecimientos  educacionales, por concepto de equipamiento de los mismos, hasta el 3 de agosto, en $617.000.000.
Explica, por ejemplo, que en la movilización no autorizada del 4 de agosto, los desmanes derivaron en 407 arrestos en Santiago. "Del total, sólo 35 fueron sometidas al procedimiento de control de detención, quedando el resto de ellas en libertad con citación al Ministerio Público. Del total de personas aprehendidas, 1 tuvo lesiones leves, no existiendo constancia de hospitalización por las mismas", señala el documento gubernamental.
28 de octubre de 2011
©la nación

acusan a carabineros por torturas

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Denuncian tortura tipo Guantánamo contra estudiante de 18 años. Asesoría Ciudadana acusa a Carabineros de emplear contra un manifestante método waterboarding o ahogamiento a bordo de un micro policial estacionado en las afueras de la Usach.

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[Manuel Torres] Santiago, Chile. "En un momento me acuestan de espalda en el pasillo de la micro, siempre esposado por la espalda. Me cubrieron la cara con la polera que tenía en el cuello y me empezaron a tirar agua en la cara. Me desesperé. Me ponía para el lado para poder respirar y ellos me volvían a agarrar para ponerme de espalda. Tosía y tosía y cuando me volvía a desesperar me dejaban de tirar agua. Me hacían descansar como 5 segundos y me volvían a tirar agua. Creo que fueron varias botellas. Fueron como 15 chorros en un lapso de 7 a10 minutos".
Así recuerda Sebastian Bravo Piña, estudiante de 18 años de edad, la especial forma de maltrato que recibió en un micro de Carabineros por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales de la institución. El joven cuenta que fue detenido en las afueras de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), en la comuna de Estación Central, el 24 de agosto de este año, mientras participaba en una de las manifestaciones estudiantiles en favor de la educación pública, gratuita y de calidad.

"Rostro Parecía un Saco de Papas"
Francisco Gómez y Amaro Oróstica, estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile e integrantes de Asesoría Ciudadana (www.asesoriaciudadana.cl), un programa del Instituto Igualdad, descubrieron este caso en la Tercera Comisaría de Carabineros, durante su paralela labor como observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
"Su rostro parecía un saco de papas. La ropa toda rota. Cuando los policías nos vieron, lo dieron vuelta y empezaron a sacar. Nosotros le pedimos sus datos para ayudarlo, porque eran evidentes los malos tratos", rememora Francisco Gómez, quien junto a varios voluntarios recorren las comisarías en busca de casos de abusos policiales contra manifestantes.
Días después de la detención, los integrantes de Asesoría Ciudadana contactaron al joven, quien les narró los pormenores de su aprehensión. Tras analizar su relato, determinaron que el joven de 18 años había sido víctima de un método de tortura usado, por ejemplo, en Guantánamo: Waterboarding o ahogamiento.
"Nos parece muy grave que la policía utilice esta forma de tortura contra manifestantes y, en especial, contra un joven de sólo 18 años. Perfectamente podría haber sido aplicada a un menor de edad. Ello habla de una instrucción específica que poseen algunos funcionarios. No habíamos conocido un caso parecido", afirma tajante Amaro Oróstica.
Debido a la seriedad de los hechos, el abogado Eduardo Chía Ramírez interpuso el pasado 21 de octubre una querella ante el 6º Juzgado de Garantía por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves  y amenazas. La juez titular, Vania Boutaud Mejías, declaró admisible la querella 3 días después.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ese será uno de los casos emblemáticos que este viernes 28 de octubre presentará Asesoría Ciudadana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington. Allí expondrán los abogados Italo Jaque, Branislav Marelic y Hugo Valladares, coordinador del programa. La presentación busca que el organismo internacional condene a Chile por violación a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones estudiantiles y ciudadanas. Por su lado, el Estado chileno será representado por Miguel González Morales, director del programa de DD. HH. de la Cancillería.
La presentación programada para las 15 horas chilenas, será exhibida vía streaming en el Museo de la Memoria.
Según el testimonio del estudiante, los abusos policiales se efectuaron a bordo de un micro estacionado por la Alameda, a un costado de la Usach. Y comenzaron a eso de las 16 horas.
"Apenas me subieron a la micro me esposaron por la espalda y me empezaron a pegar y tirar escupos. Me pegaron patadas y rodillazos. Me dieron muchas cachetadas y combos. Me decían ‘habla ahora si tú nos odiai’. Yo no decía nada. Me pegaban y me escupían. Me golpeaban como entre 6 y se iban rotando. Me deben haber golpeado sin parar como 2 minutos. Para finalizar, un paco gigante me pegó un rodillazo en la frente. Quedé mareado", recuerda Sebastian Bravo, quien asegura que fue el único detenido a bordo del vehículo policial.
Como a los 10 minutos de la golpiza, afirma que conoció el apodo de uno de sus captores por un diálogo que se produjo entre los funcionarios. "¿Quién lo agarró?", preguntó un carabinero y otro respondió: "El Chino lo pescó al la’o del quiosco".
Cuenta que su calvario continuó con pisadas en los tobillos y que posteriormente, con la cabeza  completamente cubierta por sus aprehensores, fue víctima del waterboarding.
"Yo creo que me tiraban agua de una botella, porque sentía el borboteo y porque después, cuando se les acabó el agua, me metieron el gollete de la botella en mi boca, por encima de la polera que tenía en la cara", explica el joven.
"las pirañas de los DD.HH".
Pero el maltrato no terminó ahí. Luego de una pausa, asevera que de manera individual, un funcionario lo humilló brutalmente. "Me pegó una patá y me dijo ‘levántate’. Me intenté levantar y esposado me tomó del pecho y me abría la boca y me escupía adentro de la boca. Eran pollos carraspeados. Me pegó mucho. No me pegó combos. Puras cachetadas. Era un paco gigante. Yo creo que ese fue el que me dejó la cara más marcada. Quedé con el rostro caliente, hinchado. Me pegó entre 20 a 30 cachetadas. Me decía ‘ahora te vai a arrepentir perro culiao’", evoca el estudiante.
Luego fue trasladado a un furgón policial y enseguida a otra micro. En este último vehículo llegó hasta la Tercera Comisaría de Santiago.
"Yo estaba en la micro y una paca dijo al ver a la gente de Asesoría Ciudadana ‘ahí están esas pirañas culiás’. ‘¿Quiénes?’, preguntó un paco. ‘Esas pirañas culiás de los DD.HH. Andan buscando pega’", fue el dialogo que escuchó Sebastián antes de que lo bajaran en el cuartel.
Ya en el recinto, cuenta que lo pusieron en una fila que iba a un galpón y calcula que habían como 80 personas detenidas.
"Mucha gente me preguntó que me había pasado, porque quedaban pa’ adentro al verme. En eso un paco me tomó del brazo y me adelantó en la fila. Me dijo ‘pónete aquí adelante pa’ que nos vamos más rápido’. Había alguien, como en una oficina chica, con delantal blanco, y yo le pasé un papel. No sé si era médico o qué. Me miró y preguntó ‘¿lesiones?’. Yo pensé: ‘putas, no sabís mirar’. Y le dije: ‘sí, la cara, los labios. Ni me miró. Anotó y me pasó el papel. El paco me sacó de ahí", detalla Sebastián sobre su paso por la comisaría.
Finalmente, ya de noche, relata que fue trasladado a la 21 Comisaría de Estación Central, donde se le acusó de desordenes leves.
Francisco Gómez, de Asesoría Ciudadana, realizó gestiones para que lo liberaran. "Allí no lo pasaron por desórdenes graves. A mi juicio, no lo quisieron pasar al control de identidad, porque era tan serio el estado en que se encontraba su cara y cuerpo, que el juez de garantía habría preguntado qué le pasó a este cabro. Lo peor de todo es que Carabineros nunca ni siquiera le consultó su edad. Podría haber sido perfectamente un menor".
La dura jornada de Sebastian Bravo finalizó en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Aníbal Ariztía de la comuna de Las Condes. Allí, junto a su familia, constató lesiones, en su mayoría, contusiones de mediana gravedad. Después, estamparon una denuncia en la 47º Comisaría de Las Condes.

Simulacro en el Puente Indus Lever
Los voluntarios de Asesoría Ciudadana también han detectado otros casos graves en que ellos estiman se han violan los derechos humanos.
Uno de ellos se produjo en contra del estudiante universitario Jaime Navarrete Quezada, de 20 años. El joven fue detenido por Carabineros la tarde del jueves 25 de agosto de 2011 en calle Romero al llegar a Chacabuco, en la comuna de Estación Central. Asegura que tipo 19 horas caminaba tranquilamente por la vereda junto a su hermano y un amigo, cuando siente un alboroto a sus espaldas.
"De repente, siento gente correr detrás mío. Me doy vuelta y veo que venía Carabineros con lumas en las manos. Me golpearon en la cabeza y me tiraron al suelo. Eran como 14 policías. Los que me golpearon a mí y a mi amigo eran como 8. Eran golpes de puño, pies y con objetos contundentes. Después que nos golpearon por un par de minutos, nos subieron a un furgón. Estábamos semi inconscientes", rememora el estudiante.
Posteriormente, calcula que viajaron como 15 minutos a bordo de un furgón policial. Afirma que los bajaron a golpes y con agresiones verbales en un lugar que en ese momento desconocían. El sitio era baldío y oscuro. "Nos bajaron a golpes debajo del puente de la IndusLever. Nos amenazaron con armas de fuego. Eran UZI. Nos gritaron ‘corran conchesumadres, los vamos a matar’. Eran como 4 ó 5 carabineros. Me volteé en un momento para tratar de ver algo, el rostro de algún carabinero o la patente del vehículo, pero me gritaron ‘date vuelta, te voy a matar culiao’. Corrimos y corrimos, tuvimos que subir el puente y ahí empezamos a pedir ayuda", detalla Jaime sobre la dura experiencia.
El universitario confiesa que "pensamos que de verdad nos iban a matar, porque no hicieron ningún procedimiento legal desde que nos detuvieron. Se iban a sacar al tiro el cacho de encima".
Esa misma noche, fue atendido y constató lesiones en el Consultorio Adalberto Steeger de la comuna de Cerro Navia. Lo más grave: Un corte en el pómulo derecho de 4 cms. de largo y que se tradujo en 3 puntos.
Se interpuso una querella ante el 7º Juzgado de Garantía por los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves  y amenazas.
28 de octubre de 2011
©la nación

la mentira como derecho

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¿Hacerse pasar por un condecorado veterano de guerra debería ser un delito? Por más desagradable que sea, la respuesta es no. Editorial de Los Angeles Times

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La Corte Suprema ha aceptado pronunciarse sobre si hacerse pasar por un condecorado veterano de guerra puede ser considerado un delito. Si la Primera Enmienda debe ser tomada en serio, la respuesta es no -por desagradable que sea una personificación semejante. Un juez de una corte de apelaciones federal que falló contra el gobierno, dijo: "El triste hecho es que la mayoría de la gente miente a menudo sobre algunos aspectos de su vida. Dado nuestro histórico escepticismo a la hora de permitir que el gobierno controle la línea entre la verdad y la falsedad, y entre expresiones valiosas y estupideces, nosotros protegemos todas las expresiones, incluyendo las declaraciones falsas".
Sabemos que son palabras difíciles para los que han recibido honores militares, y para sus familias. Tienen toda la razón para despreciar a Xavier Álvarez, que se fanfarroneó, después de su elección al Three Valleys Municipal Water District, en Claremont, que era un marine que había sido condecorado con la Medalla de Honor que otorga el Congreso. Álvarez, que también reclama haber trabajado como agente de policía y que jugó para los Detroit Red Wings, fue condenado por la Stolen Valor Act de 2005, que convirtió en delito afirmar falsamente haber recibido condecoraciones o medallas militares.
Pero que la Corte Suprema mantenga el castigo por declarar falsamente -fuera del contexto del fraude financiero- socava la Primera Enmienda. Si la Constitución permite que el Congreso criminalice las fanfarronadas falsas sobre una medalla, entonces las otras faltas a la verdad podrían también ser declaradas ilegales, incluyendo las otras mentiras de Álvarez.
Al estudiar las limitaciones a los derechos fundamentales, la Corte Suprema pregunta si se encuentran justificadas por un interés oficial urgente. La Stolen Valor Act identifica ese interés como la prevención del "daño a la reputación y al significado de esas medallas". Pero nadie cree seriamente que la gente mirará en menos la Medalla de Honor porque alguien haya pretendido falsamente que posee una. Al contrario, la indignación ante un fraude semejante refuerza la estima en que se tiene a la medalla.
En su petición a la corte, el gobierno de Obama menciona otros contextos en los que las declaraciones falsas no son protegidas, entre ellas el fraude y la difamación -acciones dañosas dirigidas contra individuos, que no son comparables con las falsedades de Álvarez. La corte ha sido inconsistente sobre cuándo y si las declaraciones falsas gozan de las garantías constitucionales, pero en esta caso debería resolver a favor de la libertad de expresión. En cuanto a los veteranos condecorados, nadie puede robarles el honor.
28 de octubre de 2011
19 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

derecha no es ni católica ni nacionalista

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columna de lísperguer

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Columnista de La Nación llama a la derecha a formular un proyecto país.

Hay premisas erróneas y ausencias en esta columna. Creo que es fantasmagórico definir a la derecha conservadora como nacionalista. Si Pinochet fue conservador, ciertamente no fue nacionalista, o su nacionalismo fue sólo un paripé. Él mismo, y su jefe de la policía política, fueron ambos agentes del servicio de inteligencia norteamericano y estuvieron en su planilla de pago -vale decir, no fueron solamente aliados de Estados Unidos ni buscaron su apoyo para un golpe de estado y acciones terroristas que ese país ciertamente apoyaría, sino que fueron funcionarios pagados y ejecutaron órdenes de autoridades políticas de ese país (en particular, Nixon y Kissinger). El asesinato del general Schneider, en octubre de 1970 (un mes antes de que Allende asumiera la presidencia), y el del edecán Araya para esas mismas fechas, obedecieron a órdenes directas de la embajada norteamericana y fueron ejecutadas por el grupo, entonces neo-nazi, Patria y Libertad, hoy UDI y presuntamente católico. Tanto el nacionalismo como el catolicismo son posturas enteramente falsas. La derecha chilena de las últimas décadas adoptó un lenguaje católico y nacionalista sólo para encubrir su verdadera naturaleza antipatriota y anticatólica (recuérdese que fue Pinochet quien facilitó la introducción del protestantismo en Chile y lo hizo presumiblemente para vengarse de la iglesia católica que lo rechazó desde el principio).
En Chile no existe una derecha liberal, que se supone ciertamente que no toleraría nada parecido, por ejemplo, al sistema binominal, ni aceptaría que el poder judicial y la clase política encubran y protejan a criminales pinochetistas -el liberalismo tiene entre sus principios fundamentales la defensa de los derechos humanos- ni permitiría la asfixia permanente de las libertades personales y públicas que caracterizan al Chile de hoy. Hoy, un verdadero liberal no podría formar parte del gobierno de Piñera.
Quedaron en el tintero los liberales de izquierda, que hasta 1973 formaron parte de llamado Partido Nacional. Muchos ignoran que esta tendencia del liberalismo, encabezada por ideólogos como el historiador Feliú Cruz, se oponía fuertemente a la derecha reaccionaria, psicótica y neofascista de esos años y apoyaba al gobierno del presidente Allende. Alguno de sus miembros corrieron el mismo destino que muchos dirigentes de izquierda durante la dictadura.
lísperguer

jaque a la ley de caducidad

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Luego de un largo debate, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la norma que declara que los delitos cometidos durante la dictadura militar son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

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Uruguay. Su sanción es el primer paso para suprimir la ley uruguaya que amnistiaba a los militares y policías acusados por crímenes durante la dictadura de 1973 a 1985, puesto que restablece la pretensión punitiva del Estado, permite que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos y responde a la sentencia de la CIDH contra el Estado uruguayo en el caso de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

La iniciativa había sido aprobada anteanoche en el Senado, también tras un arduo debate. La Cámara de Diputados la convirtió en ley anoche por 50 votos a favor, sobre un total de 91 legisladores presentes, y la envió al Poder Ejecutivo, para su promulgación. En los hechos, significa el primer paso para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y cuya derogación fue impulsada sin éxito en dos consultas populares: en 1989 y 2009.
Con esta ley sustitutiva, el gobierno uruguayo busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo, en el caso Gelman, la obligación del Estado uruguayo de juzgar a los responsables de la desaparición de María Claudia Iruretagoyena García, nuera de Gelman.
La sesión se condujo por carriles normales de argumentos y réplicas, tal como los coordinadores del debate habían acordado para evitar confrontaciones. No obstante hubo encontronazos entre el Partido Nacional y el gobernante Frente Amplio, no por el contenido del proyecto, sino por los contactos con los militares en los meses de 1983 previos a la apertura democrática, en lo que se conoce como pacto del Club Naval.
En uno de esos momentos, el nacionalista Jorge Gandini sostuvo que en esas conversaciones, a la que asistieron todos los partidos menos el suyo, "se pactó la impunidad". Su colega nacionalista Pablo Iturralde añadió que la ley de Caducidad "es producto" del pacto del Club Naval, lo que irritó al oficialismo. Por su parte, el diputado frenteamplista José Bayardi advirtió al Partido Nacional que no ingresaría en una revisión histórica para evitar discusiones mayores.
"Eso es tergiversar la historia", dijo. Luego, y antes de que tomara la palabra Gustavo Borsari para leer un editorial de 1973 del diario El Popular, el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, decidió suspender la sesión por cinco minutos para "calmar los ánimos". Minutos más tarde, el debate volvió pero se dirigió directamente a la votación y sanción de la imprescriptibilidad de los delios de lesa humanidad.
[Foto viene de este blog.]
28 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
©página 12

frente amplio contra la impunidad

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El oficialismo uruguayo se disponía a aprobar una ley que establece que los delitos de la dictadura son imprescriptibles. La coalición de centroizquierda contaba con los votos necesarios para dar luz verde a una ley a la que rechazaban los diputados de la oposición.

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[Mercedes López San Miguel] Uruguay. En el Congreso uruguayo algunos oradores se animaban a decir que la sesión era histórica. Tras una tarde y una noche de debate, la coalición gobernante Frente Amplio se aprestaba esta madrugada a sacar una ley que evita la prescripción de los crímenes de la dictadura (1973-1985) y, en los hechos, deja agonizante a la Ley de Caducidad, suerte de amnistía que impide que se juzgue a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante esos años.
El diputado frenteamplista Jorge Orrico rompió el hielo al inicio de una sesión en la que había 62 anotados para hablar. Orrico presentó el proyecto que restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por el aparato estatal hasta el 1º marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia. El diputado explicó que el texto que fuera aprobado el martes en el Senado determina que esos delitos son crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. Asimismo, determina que no podrán prescribir las causas abiertas contra uniformados entre el 22 de diciembre de 1986 (cuando se sancionó la Caducidad) y la vigencia de la nueva ley.
Como en una película que se ve por segunda vez, diputados oficialistas y de la oposición se enfrentaron con similares argumentos que los senadores el día anterior. Fieles a su electorado de derecha, nacionalistas y colorados levantaron la voz para decir que el proyecto violaba la Constitución y la voluntad popular expresada en dos plebiscitos. Así lo expresó uno de ellos, el nacionalista Javier García: "El Frente Amplio ha decidido llevarse por delante la voluntad popular y pisotear la decisión de la gente".
García hacía alusión a los referendos de 1989 y 2009, en los que una mayoría de uruguayos apoyó la vigencia de la Ley de Caducidad. Tan solo cinco meses atrás, el Frente Amplio impulsó un proyecto legislativo que anulaba la Caducidad, pero que generó fisuras al interior del oficialismo. Esta vez, los frenteamplistas se aseguraron de que no emergieran voces disidentes. Les alcanzaba con que voten sus 50 diputados.
Con esta ley sustitutiva, el gobierno uruguayo busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo, en el caso Gelman, la obligación del Estado uruguayo de juzgar a los responsables de la desaparición de María Claudia Iruretagoyena García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
A su turno, el dirigente frenteamplista Luis Puig tomó la palabra. "Aquí se protegieron los actos del terrorismo de Estado, se impidió investigar, se dio la espalda a las víctimas. Todo eso bajo el amparo de una ley aprobada por amenaza militar", dijo. Y agregó: "Tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos catalogaron a la Ley de Caducidad como un ‘obstáculo para el desarrollo de la justicia en el país’. Lo interrumpió la secretaria del diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky, que se encontraba presenciando la sesión. "Justicia para todos, incluso para los que mataron ustedes", dijo la señora al dirigirse a Puig, para luego retirarse del recinto. Mientras hablaba el diputado, la noticia sobre la condena a los represores de la ESMA aparecía en las páginas digitales de los diarios. Puig precisamente elogió los pasos dados por Argentina en materia de derechos humanos.
En la misma línea, el diputado Carlos Varela destacó en diálogo telefónico con Página/12 que el proyecto establece que los delitos cometidos durante la dictadura son imprescriptibles y que queda en el campo de la Justicia avanzar en la investigación. "La ley deja vigentes todos los delitos para que puedan ser sancionados. El Ejecutivo ya no interviene para decidir si se abre o no un caso. Los denunciantes son los mismos afectados."
Tras la sentencia de la CIDH, el actual gobierno de José Mujica desarchivó en forma conjunta unos 88 casos que se habían incluido en la caducidad y sobre los cuales no se podía avanzar en la investigación. Tanto su gobierno como el anterior de Tabaré Vázquez habían excluido casos aislados de homicidios y los "vuelos de la muerte", lo que llevó a prisión a 20 ex militares y policías, entre ellos al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), condenado a 25 años de cárcel.
Se le pregunta a Varela si pudiera haber una reacción del sector militar similar a la que hubo con los jefes de las Fuerzas Armadas en Brasil cuando el gobierno de Lula da Silva propuso crear una Comisión de la Verdad. "Es un sector minoritario. No hay indicios de que vaya a suceder ninguna reacción de la cúpula militar. Pasamos por dos plebiscitos, pasamos por la votación de otra ley que fracasó a último momento. No hubo pronunciamientos ni inquietud de los militares", dijo el diputado. Y agregó un dato no menor. "La Corte Suprema probablemente reciba recursos de inconstitucionalidad. Pero ésa, ésa será otra batalla."
28 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
©página 12

crímenes del frente cacique pipintá

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Las prácticas criminales del Frente Cacique Pipintá. Se hicieron pasar por guerrilleros, reclutaron menores de edad y arrojaron los cuerpos de sus víctimas al río Cauca. Así actuó el Frente Cacique Pipintá en Caldas y Risaralda durante nueve años.

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Colombia. Haciéndose pasar por guerrilleros del Frente 47 de las Farc, los hombres del grupo de contraguerrilla Los Buitres del Frente Cacique Pipintá buscaban "descubrir" a milicianos y colaboradores dentro de la población civil. Bajo esta lógica criminal asesinaron a más de 100 personas en diversos municipios del departamento de Caldas.
Esa dinámica de guerra fue revelada por el exparamilitar Nelson Enrique Toro Arcila, alias ‘Fabio’, a un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz durante diligencia de versión libre realizada en Medellín en la que reconoció por lo menos 20 hechos delictivos como integrante de esta organización paramilitar.
La estrategia que utilizaron fue presentarse ante algunas comunidades campesinas como guerrilleros enviados por Pedro Pablo Montoya, alias ‘Rojas’, comandante del Frente 47 de las Farc. "Les poníamos pruebas como prestarnos la cocina, darnos desayuno y si eran muy queridos era porque eran guerrilleros o colaboradores", explicó el postulado.
Esta estructura paramilitar surgió en 1998 por disposición estratégica de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, máximo líder del Bloque Central Bolívar. Su propósito era hacer presencia en los departamentos de Caldas y Risaralda, su tierra natal, y encomendó su dirección política a Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’.
Entre los años 1998 y 2001 el comandante militar de este frente, que inicialmente fue conocido como Frente Caldas, fue un hombre conocido con el alias de ‘Mi rey’, de quien no se precisó su nombre. Luego, esta facción paramilitar cambió su nombre al de Cacique Pipintá y su comandancia pasó a manos de Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’.
De acuerdo con Toro Arcila, alias ‘Mi rey’ elaboró una lista de personas que habían sido identificadas por el Ejército y la Policía como supuestos guerrilleros y colaboradores del Epl y las Farc. La orden que dio fue matar a todos los que estuvieran en el listado. Con ese propósito, la tropa comandada por alias ‘Fabio’ empezó a recorrer las diferentes zonas rurales de los departamentos de Caldas y Risaralda.
En dos de los casos confesados por el postulado quedó en evidencia la estrategia de hacerse pasar por insurgentes. Sobre el primero de ellos dijo: "llegamos a la finca de este señor con la lista que me dio alias ‘Mi rey’ y yo hago como si fuera de la guerrilla. Él muy amablemente nos colaboró y hasta nos dio desayuno. En ese momento yo comprobé que era colaborador y le di la orden a alias ‘Foca’ para que se lo llevara por la carretera que va del Palo hacia Supia, Caldas. Allá lo mataron", narró Toro Arcila.
En el segundo caso, la víctima murió en circunstancias similares. El exparamilitar contó que llegaron al predio y le dijeron que eran unos subalternos del comandante Rojas, que los había enviado a hablar con él. "Yo le pedí permiso para hacer el almuerzo en el trapiche que tenía y él muy amablemente nos dejó. Pasamos toda la tarde allá y luego yo le di la orden a alias ‘Piraña’ y a alias ‘Samaná’ para que lo ejecutaran".
Asimismo, para poder cumplir la orden de alias ‘Mi rey’, los hombres del Cacique Pipintá paraban buses, colectivos, chivas y otros automóviles para hacerles "unas preguntas" a sus pasajeros; además, se les pedía las cédulas con el fin de verificar si sus nombres estaban en la lista de supuestos colaboradores de la guerrilla.
"Cuando cogíamos a uno lo interrogábamos y le decíamos por qué lo íbamos a matar. Una vez le dije a un señor que bajé de una chiva que yo le daba la oportunidad de vivir si me decía a qué comandante de la guerrilla le daba la información, como no me respondió lo maté", admitió el postulado, quien agregó que las "operaciones de control y registro" también las aplicaron en tiendas, casas de familia y discotecas de aquellos pueblos donde hacían presencia.
Toro Arcila confesó dos incursiones armadas (una en el año 2002 y otra en el 2003) realizadas en el municipio de Arauca, Caldas, en las que, con la ayuda de otro grupo de contraguerrilla del Frente Cacique Pipintá denominado el ‘Grupo Delta’, se tomaron el casco urbano del pueblo para sacar a supuestos milicianos del Epl. En la primera acción armada murió una persona y en la segunda seis, de ellas, tres fueron menores de edad.
El reclamo de las víctimas no fue sólo para que el postulado confesara que uno de ellos había sido asesinado por equivocación, sino para conocer el paradero de los que se aún encuentran desaparecidos. La única respuesta que dio alias ‘Fabio’ es que de esos seis muertos, tres quedaron en el sitio donde fueron asesinados y los otros tres fueron lanzados al río Cauca.
La desaparición de los cuerpos fue otra de las prácticas que admitió el postulado. Uno de los casos por el que preguntaron las víctimas fue por el de dos escoltas de un camión que transportaba pilas y linternas de la marca Varta.
Si bien, alias ‘Fabio’ aseveró que sólo retuvo al conductor y se apropió de la mercancía transportada, en una reunión escuchó a alias ‘Víctor’ y a alias ‘El paisa’, comandantes del grupo de contraguerrilla ‘Las Cobras’, que a los dos escoltas del camión los asesinaron y sus cuerpos fueron arrojados al río Cauca.
Los familiares de los asesinados afirmaron que desde su desaparición los estaban buscando: "nos habían dicho que los habían tirado al río, pero no sabíamos si era verdad. Ahora nos toca esperar la versión de alias ‘Alberto Guerrero’ para que nos diga por qué dio la orden de matarlos".
En el caso de Sandra Margarita Henao, una mujer que había sido identificada por alias ‘Mi rey’ como supuesta miliciana de las Farc fue detenida durante cuatro días hasta que alias ‘Fabio’ la asesinó cerca al río Chamberí en Caldas. En un primer momento, el postulado sólo se refirió al asesinato de la víctima, pero gracias a la intervención de un familiar presente en la audiencia se pudo esclarecer que luego de ser asesinada, alias ‘Sergio’, hermano del postulado, y alias ‘Samaná’ la descuartizaron y la arrojaron al río para que su cuerpo no pudiera ser encontrado.

Así Era el Frente Cacique Pipintá
En la audiencia de versión libre, el ex paramilitar explicó cómo estaba estructurado el Frente al que pertenecía el grupo contraguerrilla que él comandó y que era denominado ‘Los Buitres’. Su ingreso a las Auc fue en el año de 1998, meses después de haber dejado el Ejército Nacional, donde se formó como soldado profesional.
Luego de un año como patrullero y escolta en diversos bloques paramilitares, Toro Arcila se presentó al Frente de Caldas comandado por alias ‘Mi rey’. De allí lo enviaron a la Escuela Corazón, un lugar de entrenamiento que pertenecía al Bloque Metro y que estaba ubicada en el corregimiento de Cristales del municipio de San Roque, Antioquia.
Durante dos meses recibió instrucción militar a cargo de un teniente y un cabo retirados del Ejército, que consistía en aprender a ser comandante y a dirigir las fuerzas especiales urbanas, conocidas como Grupos de Autodefensa Urbana (Grau).
Asimismo, recibió instrucción política y financiera, la cual estuvo a cargo de una mujer conocida con el alias de ‘La Chave’, e identificada posteriormente como Isabel Cristina Bolaños Dereix, quien trabajaba en la Escuela La 35 y era muy cercana a los hermanos Castaño Gil y a Salvatore Mancuso. Ella no ha sido judicializada y se sabe que vive en algún lugar de la Costa Atlántica.
Una vez finalizó la etapa de instrucción, Toro Arcila regresó al municipio La Merced, Caldas, y se incorporó al grupo de contraguerrilla conocido como ‘Las Águilas’. Allí empezó a seguir las órdenes de alias ‘Mi rey’ hasta que a finales de junio del año 2000 se retiró del grupo por problemas con el comandante. Durante la segunda mitad del 2000 estuvo al mando del Frente del Oriente, que también pertenecía al Bloque Metro. Su área de influencia eran los municipios de Concepción y Guarne, en Antioquia.
En 2001 decidió regresar a Caldas y encontró que el Frente Caldas había sido reemplazado por el Frente Cacique Pipintá y su comandancia estaba ahora bajo la responsabilidad de alias ‘Alberto Guerrero’, quien tuvo resonancia hace varios meses cuando, en entrevista concedida al Representante a la Cámara Iván Cepeda, relacionó al ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares de Antioquia.
Para ese año el Frente Cacique Pipintá estaba divido en seis grupos de contraguerrilla: ‘Las Águilas’ comandado por Samuel Gallego, alias ‘Fernando’; ‘Las Cobras’, al mando de alias ‘Víctor’, quien fue sancionado y remplazado por alias ‘El paisa’; ‘Los escorpiones’, a quienes dirigía alias ‘Hugo’; ‘Los Halcones’ o ‘Grupo Delta’ comandado por Luis Fernando Marín, alias ‘Franco’; y ‘Los Buitres’, al mando de alias ‘Fabio’, quien operó en los municipios de Manizales, Neira, Chinchiná, Palestina, Arauca e Irra.
Cada uno de esos grupos contraguerrilla tuvo entre 15 y 20 hombres y los uniformes los conseguía alias ‘Fabio’ en las tiendas de la IV Brigada de Medellín y la V Brigada de Bucaramanga presentando el carné que había obtenido cuando hizo parte del Ejército.
Una de las principales fuentes de financiación, según Toro Arcila, fue la extorsión a ganaderos, comerciantes, empresarios y transportadores. "Nosotros le explicábamos nuestro proyecto de seguridad para la región y así algunos nos pagaban voluntariamente y otros sí tocaba a la fuerza. Si no pagaban le quitábamos las vacas o las bestias que equivalían a la deuda", afirmó el postulado.
Por estas actividades les entraban mensualmente entre 15 y 20 millones de pesos, los cuales eran destinados a la compra de armamento, radios de comunicaciones, logística y al pago de los miembros del Frente.
Al ser parte del Bloque Central Bolívar, el Frente Cacique Pipintá heredó los estatutos disciplinarios que regían a todos los miembros de la organización. Cuando alguno no cumplía lo que allí se estipulaba recibían sanciones que podían ser económicas, de esfuerzo físico o, la más alta, la ejecución.
En aplicación de esas normas, alias ‘Fabio’ confesó haber ordenado la muerte y desaparición de un menor de edad que había reclutado en Manizales. "Él sólo duró dos días en la organización porque cuando lo mandé hacer un trabajo lo capturaron. Le dijo a la Fiscalía muchas cosas acerca de nosotros y sobre todo de mí. Hasta ese entonces en la Fiscalía no sabían cómo era yo, pero él me describió".
Un año después, cuando el entonces menor de edad salió del centro de reclusión de menores, Toro Arcila encomendó a alias ‘Valija’, otro menor de edad reclutado por el grupo de Los Buitres, para que matara y desapareciera al joven.
En los tres días de versión libre, Toro Arcila no sólo describió el frente del cual hizo parte, sino que admitió 20 hechos criminales de una lista de por lo menos 95 casos presentados por el postulado a Justicia y Paz, los cuales serán referidos en posteriores audiencias de las cuales aún no se conocen las fechas. Todo lo dicho por el postulado será contrastado por las investigaciones que adelanten los funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz.
28 de octubre de 2011
23 de octubre de 2011
cc verdad abierta

en el cementerio la piedad

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Superti destacó el trabajo del equipo forense. "Es de una enorme trascendencia".

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Argentina. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, junto con autoridades de la Municipalidad de Rosario y de la Justicia federal, visitaron ayer el cementerio La Piedad donde funciona el laboratorio móvil donde trabaja por orden judicial el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Allí se realizan excavaciones en 123 tumbas en busca de restos de desaparecidos durante la última dictadura, "en lo que constituye un trabajo colectivo e histórico, de enorme trascendencia, en el marco de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia", expresó Superti.
De la recorrida participaron además la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; el subsecretario de Derechos Humanos Zona Sur, Angel Ruani; el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Miguel Pedrana; el juez federal Marcelo Bailaque, y la fiscal federal Mabel Colalongo.
Durante la recorrida, Superti subrayó que las tareas de excavación constituyen "un trabajo colectivo e histórico", que se lleva adelante "con la participación conjunta de la provincia, la Municipalidad de Rosario, la justicia federal y el EAAF".
En ese sentido, el ministro explicó que "por un lado, el objetivo es colaborar con la Justicia para que no haya más impunidad, y por otro, devolver los cuerpos de los desaparecidos a sus familias, algo que es muy importante desde una visión reparadora de todo lo que sucedió". Las excavaciones se realizan en 123 tumbas de un sector del cementerio y se extenderán por aproximadamente dos meses.
Superti señaló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de causas de lesa humanidad de la Secretaría de Derechos Humanos, "viene colaborando con la Justicia desde las investigaciones preliminares, con todo lo que nos piden". En este sentido, señaló los aportes tanto documentales como de la logística necesaria para instalar el laboratorio móvil.
El ministro explicó que estas tareas de excavación "se pusieron en marcha a partir de investigaciones previas que llevan a sospechar seriamente que aquí se pueden encontrar cuerpos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar".
El EAAF desarrolla su trabajo en el marco del proceso de identificación y búsqueda de la verdad que se inició con el análisis de documentos y entrecruzamiento de datos. La justicia federal ordenó la exhumación en procura de los restos de militantes desaparecidos durante la última dictadura, enterrados bajo el rótulo NN.
La fiscal federal Colalongo está al frente de la instrucción del expediente, en virtud de haberle sido delegada la instrucción por parte del juez federal Bailaque. El magistrado aclaró que "todo el trabajo del EAAF lo está costeando el Consejo de la Magistratura, es decir que son fondos de la Nación".
Por su parte, Colalongo reconoció que "la Secretaría de Derechos Humanos provincial colaboró con una carpa, y un grupo electrógeno y están por conectar la luz, y acercar un baño químico". "Pero -aclaró- en este caso puntual no hubo aporte de documentación en este caso. Lo que hicimos fue entrecruzar datos del Archivo General de la provincia, que estaba en el Archivo Intermedio, que son informes de hallazgos de cadáveres. Esta documentación la logramos en el 2009 y nos sirvió mucho en estas causas". "Esta causa de La Piedad empezó en 1984, se interrumpió en los años de las leyes del impunidad, y se retomó en el 2005", recordó.
28 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
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