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pernías admitió vuelos y torturas


Con eufemismos, el represor reconoció violaciones a los derechos humanos en la ESMA. Ante la Justicia, el ex oficial de Inteligencia Antonio Pernías reconoció haber integrado el grupo de tareas de la ESMA, justificó las torturas como "interrogatorios reforzados" y se refirió a "los traslados" de detenidos.
Argentina. El ex oficial de Inteligencia Antonio Pernías volvió a hablar en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA y reconoció que el grupo de tareas que integró en ese centro clandestino tenía como práctica realizar "interrogatorios reforzados" a los detenidos. El represor justificó las sesiones de tortura –"aún hoy se los sigue aplicando en países como Irlanda o Israel", sostuvo–. También argumentó que las condiciones de detención en Capucha, donde permanecían los secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA, "no se diferenciaban demasiado de las cárceles del pueblo".
La de ayer fue la segunda vez que Pernías, que está siendo juzgado junto a otros dieciocho represores, pide declarar. Subió al estrado con un bolso lleno de libros, que viene usando para desmentir las declaraciones de los sobrevivientes que atestiguan en las audiencias. Así, lee un párrafo de ‘La Voluntad’ o de ‘Mujeres guerrilleras’ a los jueces con la intención de confrontar los dichos de tal o cual testigo con lo publicado. Usa también ‘La Masacre de San Patricio’, de Eduardo Kimmel, y ‘Cuando el poder perdió el juicio’, de Luis Moreno Ocampo.
En tono autojustificatorio, el represor dijo que el país pasó por "una guerra" y adjudicó sus "horrores y errores" a "la obediencia debida" y "la emoción" que le causaron, dijo, "los crímenes cometidos por los jóvenes idealistas/terroristas/guerrilleros". Como si fuera una novela por entregas, prometió "explicar la posición de Perón" en su próxima declaración.
Más allá de la puesta en escena, para los abogados querellantes la declaración aportó algunos puntos útiles. Lo principal es que Pernías reconoció haber sido personal permanente del grupo de tareas de la ESMA y, al mismo tiempo, admitió que la tortura era una práctica del grupo. Por otra parte, blanqueó que el represor Julio César Coronel, que también está siendo juzgado por los crímenes cometidos en ese centro clandestino, utilizaba el apodo de Maco.
Pernías reconoció que Rodolfo Walsh fue llevado a la ESMA, negó haber participado en el secuestro y la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y se refirió de manera indirecta a los vuelos de la muerte, al sostener que ni los oficiales ni los suboficiales decidían "los traslados" de detenidos. "Todo estaba decidido en esta guerra. Ningún oficial ni suboficial tenía que tomar decisiones sobre los traslados", declaró, ya que se trataba de "una guerra cruel".
Al aludir a sus funciones como interrogador mediante la aplicación de tormentos, usó el eufemismo de "interrogatorios reforzados" que, apuntó, "todavía son legales" en países como Israel e Irlanda, argumentó. "Pero no había ensañamiento, porque nosotros éramos personas de bien", sostuvo en otro tramo de su declaración, lo que levantó murmullos de indignación entre los asistentes, en su mayoría familiares de las víctimas o sobrevivientes del terrorismo de Estado. En el mismo sentido, sostuvo que "lo que hacía el grupo era sacar información, no había ensañamiento" y que los interrogatorios "eran por quince minutos, y si no se sacaba información después de ese tiempo, ya no servía".
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5. En la audiencia de ayer, después de estar varias jornadas ausente, reapareció el ex jefe del grupo de tareas Jorge ‘el Tigre’ Acosta; también estuvo Ricardo Miguel Cavallo.
Las audiencias se iniciaron el 14 de diciembre del año pasado; fueron escuchados ya más de un centenar de testigos, algunos por vía de teleconferencia dado que viven exiliados desde que fueron liberados de la ESMA. Los hechos que se juzgan son 85 casos de delitos de lesa humanidad, incluidos el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Duquet y Domon, y del grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo que integraban Azucena Villaflor, Mary Bianco y María Esther de Careaga.
Junto con Pernías, los imputados en este tramo de la causa son Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Óscar Montes, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.
27 de agosto de 2010
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compraron clarín con torturas


Osvaldo Papaleo: "A Clarín y La Nación los condenan los documentos que le hicieron firmar a mi hermana". Antiguos dueños fueron acusados de ser montoneros. Obligados a vender bajo amenazas.
Argentina. El hermano de Lidia, la viuda de David Graiver, ratificó que tanto ella como Rafael Ianover estaban en libertad cuando firmaron la venta de las acciones, y aclaró que "Cristina nunca dijo que mi hermana estuviera presa cuando vendió las acciones de Papel Prensa".
"Claro que estaban en libertad, querían asegurarse que entregaran las acciones", sostuvo Papaleo al referirse a la heredera de Papel Prensa y al ex vicepresidente de la compañía, Rafael Ianover, quienes el 2 de noviembre de 1976 firmaron la venta de las acciones a Clarín, La Nación y La Razón.
Papaleo, quien ayer presenció la declaración de su hermana ante la fiscalía de La Plata, auguró un "horizonte de Marcos Paz" (el penal bonaerense) para el CEO de Clarín, Héctor Magnetto.
En La Plata se encuentra la causa judicial que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, donde Lidia Papaleo fue torturada en 1977.
Por otra parte, Papaleo anticipó que tanto él como su hermana iniciarán acciones penales contra la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien en declaraciones periodísticas había afirmado que ambos fueron "pagados por la SIDE". "Le vamos a explicar que se equivocó, que no somos Mario Pontaquarto", el ex secretario parlamentario que confesó recibir dinero de la SIDE durante el gobierno de la Alianza para el pago de sobornos para aprobar la ley de flexibilización laboral.
"Lidia tiene una autoridad moral que ella no tiene", afirmó Osvaldo Papaleo sobre Carrió, y añadió: "Ella fue funcionaria judicial en Chaco durante la dictadura mientras mi hermana era violada y perdía sus órganos, víctima de las torturas".
Además, señaló que "Clarín montó el operativo valija" con respecto a Isidoro Graiver -hermano de David Graiver-, luego de las solicitadas aparecidas con su firma en los matutinos del miércoles, en donde contradecía el testimonio de Lidia Papaleo. "Esto no se arregla con plata, ni con zócalos en la pantalla de la TV, esto se arregla con justicia porque es un delito de lesa humanidad", concluyó Papaleo.
27 de agosto de 2010
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la joven sin nombre era luci gómez


Cuatro jóvenes fueron ejecutadas en febrero de 1976 a mil metros de la autopista. Tres de ellas ya habían sido identificadas. Ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó al juez Rodríguez las pruebas genéticas de la cuarta víctima.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La llaman la masacre del camino de Las Moras por el lugar en cercanías de Coronda donde cuatro mujeres jóvenes fueron ejecutadas y sepultadas en una fosa común, en febrero de 1976. Una investigación del juez federal Reinaldo Rodríguez, ya le había devuelto el nombre a tres de ellas en una causa que se inició hace once años. Esta semana, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a la cuarta víctima: Gladys Lucía Gómez (‘Luci’), una militante de la Juventud Peronista de 24 años, oriunda de Formosa, que estudiaba Ciencias Exactas en Resistencia y se había refugiado en Santa Fe, a fines de 1975, perseguida por el terrorismo de estado. No pudo escapar. Ella y otras tres compañeras de militancia en la JP: Olga Teresita Sánchez, María Cristina Mattioli y Graciela Cristina Siryi, fueron secuestradas entre el 27 y 28 de febrero de 1976, asesinadas con disparos en la cabeza y las manos atadas a la espalda y enterradas en una fosa común, a mil metros de la autopista a Rosario. Estuvieron como NN más de 30 años, hasta que la justicia comenzó a devolverles la identidad, recuperó las pruebas del crimen y ahora avanza en el juzgamiento de los ejecutores. En diciembre de 2009, el juez Rodríguez procesó al ex jefe del Area 212, coronel José María González, y al ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Roberto José Diab, a quienes imputó 22 y 46 homicidios, respectivamente, entre ellos los de Sánchez, Siryi y Mattioli, a los que deberá agregar el de ‘Luci’ Gómez.
Hasta el hallazgo del enterramiento clandestino en el campo militar San Pedro -en junio último , la masacre del camino de Las Moras era la única fosa común que había sido hallada en la provincia. La descubrió un arriero el 20 de marzo de 1976, en la ruta 64, a mil metros de la autopista, con los cuerpos de cuatro mujeres jóvenes. La dictadura dejó trascender que habían sido "estranguladas" y asoció el caso a una supuesta ‘trata de blancas’, según las crónicas de la época. Falso. Luego los restos fueron inhumados en el cementerio de Coronda como NN, hasta que la justicia comenzó a develar la verdad: eran militantes de la JP ejecutadas con el tiro del final. La primera que se identificó fue Sánchez, el 15 de setiembre de 2004; la segunda, Mattioli, el 6 de setiembre de 2007, y la tercera, Siryi, en abril de 2008.
Faltaba saber quién era la cuarta víctima. Una investigación de la abogada Lucila Puyol y sus compañeros Víctor Salami, Beatriz Pffeifer y Valeria Silva trabajó sobre la hipótesis de que se trataba de otra militante de la JP que se había refugiado en Santa Fe. Lo que en los últimos meses era una reconstrucción histórica en la que colaboraron también otros militantes políticos de Resistencia y de Formosa, se convirtió esta semana en una certeza: los pruebas genéticas revelaron que la joven sin nombre era Gladys Lucía Gómez, de 24 años, según el informe que el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó al juez Rodríguez. El análisis se realizó en Córdoba, en el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (Lidmo EEAF) a cargo del genetista Carlos Bullo, con un resultado del 99,99 por ciento al comparar los perfiles genéticos de los restos de Lucía y con la muestra sanguínea de su madre biológica.
"Esto demuestra la importancia de la memoria", se emocionó Puyol en diálogo con Rosario/12. "Más allá de que se necesita la prueba genética para confirmar la identidad de un desaparecido, es fundamental la reconstrucción histórica con datos y testimonios de los sobrevivientes de la dictadura. Fueron los compañeros de Lucía los que mantuvieron la búsqueda todos estos años y permitieron llegar a este resultado", agregó.
Ayer, Puyol presentó una denuncia para que la fiscal federal Nº 2 Cintia Gómez "inste la acción penal contra quien y/o quienes resulten responsables de la persecución política, secuestro, torturas, desaparición de cadáver y homicidio de Gladys Lucía Gómez".
27 de agosto de 2010
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enterraban a víctimas en cementerio


El debate sobre los NN en los cementerios de Meta y Guaviare. El Polo pide investigar cómo se produjeron las muertes de personas sin identificar, enterradas en cementerios de Meta y Guaviare.
Colombia. El Polo Democrático Alternativo, a través de las senadora Gloria Inés Ramírez y el representante Iván Cepeda, insistió el miércoles pasado, en un debate adelantado en la Cámara de Representantes en la necesidad de que las autoridades competentes investiguen cómo se produjeron las muertes de 1.632 personas no identificadas que yacen en los cuatro cementerios ubicados en los municipios de Granada, Vista Hermosa, La Macarena y San José del Guaviare.
Por su parte el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que ofrecerá todas las garantías necesarias para que se esclarezcan las denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos y que no habrá titubeos en la búsqueda de la verdad. "Ninguna violación a la Ley o a los Derechos Humanos es o puede ser una política de Estado o de Gobierno. Cualquier comportamiento indebido en relación con la Constitución y la Ley en el que incurra un miembro de la Fuerza pública, se tratará de un hecho individual y de ninguna manera es una política de Estado".
Cepeda pidió lograr la plena identificación de esas personas y determinar si existe responsabilidad por parte de efectivos de la fuerza pública en esos hechos. Así mismo solicitó evaluar los controles empleados para la inhumación de los cuerpos e investigar si el Ejército Nacional ha asumido funciones de policía judicial.
"Cuatro cementerios del Meta dan cuenta de un cuadro general de violaciones sistemáticas y generalizadas de los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Son la punta del iceberg, miles de cadáveres sin identificar están en los cementerios municipales o clandestinos", afirmó Cepeda Castro.
"La labor de identificación que adelanta la Unidad de Justicia y paz de la Fiscalía es lenta y con muy limitados recursos. Al ritmo que va, su tarea de exhumación tardaría por lo menos 50 años en concluirse. Por eso sería conveniente buscar una alianza entre la academia, investigadores forenses nacionales e internacionales, asociaciones de víctimas y la institucionalidad del Estado para que apoyen esa labor", afirmó, luego de denunciar la existencia de más cadáveres sin identificar en otros lugares del territorio nacional.
Los congresistas de ese partido político aportaron fotografías de tumbas donde yacen cuerpos sin identificar y retomaron testimonios de víctimas que asistieron a la denominada "Audiencia Pública por la crisis humanitaria en los Llanos Orientales" celebrada en julio pasado en La Macarena, en donde se denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Entre los casos citados figura el de dos hermanos ganaderos y el administrador de su finca. Los hermanos Agudelo Velázquez y el señor Javier Enteno les reclamaron a militares de la Brigada Móvil 12 por sacrificar sus reses. Por esa razón habrían sido asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, dijo Cepeda. Sus familiares buscaron sus cuerpos y los encontraron en el cementerio de Granada, los tres cuerpos en una tumba como NN. (Ver video)
También presentaron el testimonio de un ex soldado profesional retoma el caso de los hermanos Agudelo y del señor Enteno. Según el testigo, los tres hombres fueron presentados como guerrilleros sin serlo. (Escuche testimonio).
Según el parlamentario, no existen investigaciones ordinarias por estos hechos y reclama un registro de las operaciones militares y número de personas muertas en esta zona del país. "Entre 2002 y el 2006 en La Macarena no se respetaron las mínimas normas para identificación de cadáveres e inhumación de cuerpos", denunciando que miembros de la Fuerza Pública recibieron beneficios a cambio de estos hechos y que las autoridades militares se "han tomado atribuciones de policía judicial".
Frente a esas afirmaciones, el ministro Rivera recordó que la región de La Macarena perteneció a la zona que el gobierno del presidente Andrés Pastrana despejó para negociar un proceso de paz con la guerrilla de las Farc y sugirió que si allí hay muertos sin identificar, ellos son los autores de los crímenes.
El Ministro de Defensa, hizo una férrea defensa de la institución militar. y aseguró que "nuestras Fuerzas Militares y de Policía son las principales defensoras de los derechos humanos y las libertades públicas de los colombianos".
Rivera fue enfático al afirmar que la verdad que se conozca debe ser la judicial y no "la verdad de los actores políticos interesados en generar efecto partidista".
Rivera criticó a las personas y a los medios de comunicación que dieron eco a la existencia de "la fosa común más grande de América Latina", cuando se habló de la existencia de 2 mil cuerpos en cementerio de La Macarena. Según datos de la Fiscalía, afirma, los cuerpos que están sin identificar serían alrededor de 500.
También resaltó que no es función del Ejército Nacional realizar entierros y que "si lo hiciera violaría la Ley. Mucho menos lanza cuerpos desde helicópteros como se dijo en los medios de comunicación".
"Si en los Llanos Orientales hubo una crisis humanitaria, los culpables fueron las Farc, ELN, Autodefensas y bandas criminales y no las Fuerzas Militares", concluyó.
A su turno el representante Miguel Gómez del Partido de la U, afirmó que medios de comunicación y Organizaciones no Gubernamentales "han emprendido una campaña de desprestigio contra Colombia".
"Quedó demostrado que aquí no hay fosas comunes. Quedó demostrado que es un cementerio público, que hay personas enterradas bajo los procedimientos judiciales legales, que hay un grupo de N.N. algunos de ellos combatientes de las FARC que nunca estuvieron identificados, hay personas del municipio que fueron enterradas por los pobladores probablemente sin llevar  a cabo los procedimientos judiciales previstos por la ley, pero aquí no hay una fosa común del Ejército ni en la Macarena ni en ninguna parte del país. No es una Política de Estado masacrar y enterrar gente en fosas", aseguró Gómez.
El representante Iván Cepeda invitó al ministro de Defensa a los cementerios del Meta para que constate por si mismo las denuncias presentadas.
Igualmente congresistas del Polo Democrático Alternativo rechazaron las voces de quienes quieren minimizar estas denuncias llamándolos "mensajeros del terrorismo", al tiempo que desmintieron haber usado una foto de la antigua Yugoslavia en las denuncias de La Macarena. La imagen ha sido replicada equivocadamente por diferentes medios de comunicación tras haber sido publicada en una página de Internet.
Finalmente Iván Cepeda hizo un llamado a la aprobación de la Ley de Víctimas y pidió pensar en una Ley para el tratamiento de cuerpos no identificados. Dijo que es urgente localizar e investigar cementerios clandestinos y también impulsar bancos de datos de las personas desaparecidas en Colombia.
27 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
©semana
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militares presos por falsos positivos


Asegurados por homicidio un oficial, suboficial y varios soldados. La investigación se originó en los hechos ocurridos el 22 de marzo de 2006 en la vereda La Pipiola, jurisdicción municipal de Tarazá, Antioquia. Pobladores acusan a militares de enterrar ahí a civiles inocents que el ejército disfrazó de guerrilleros y asesinó para cobrar recompensa.
Colombia. Un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuro, en el proceso que por homicidio agravado les sigue un fiscal de Derechos Humanos y DIH.
La investigación se origina en los hechos ocurridos el 22 de marzo de 2006 en la vereda La Pipiola, jurisdicción municipal de Tarazá (Antioquia), donde los lugareños Cristián Esteban Quintero y Rubén Darío Montoya Urán fueron señalados como supuestos extorsionistas muertos en combate por las tropas regulares.
De acuerdo con la providencia del fiscal instructor, las víctimas no hacían parte de ningún grupo delincuencial y también se descartó la ocurrencia de un enfrentamiento armado.
Los uniformados, adscritos al Batallón de Contraguerrilla No.10 de la XI Brigada, son: Giovanny Serrano, capitán; Vladimir Ordóñez Daza, sargento segundo; Andrés Felipe Parra Ospina, Erickson Enrique Sánchez Puentes, Ramiro Antonio Cabarcas Ramírez, Domingo Gil Guzmán Buelvas, y Rigoberto Enrique Suárez Bánquez, soldados profesionales.
Todos los procesados están privados de la libertad.
27 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
©radio santa fe
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miedo en colombia


El miedo ronda a defensores y líderes de víctimas. Organizaciones de derechos humanos advierten que en 15 departamentos, donde están las tierras más ricas del país, líderes de víctimas y defensores de derechos están siendo asesinados.
Colombia. En menos de 20 días, dos defensores de derechos humanos han sido asesinados. Según varias Ongs estos crímenes están asociados a las denuncias que han realizado sobre desplazamiento forzado y reclamaciones de tierras.
"Todo el que habla de derechos humanos y representa a los que no tienen voz, lo mandan callar con la muerte. Nuestra vida está valiendo un tiro. Estamos totalmente desprotegidos".
Con estas palabras, Janeth Mosquera resume lo que los defensores de derechos humanos del país viven en carne propia. Después de resultar ilesa de un atentado el pasado 27 de julio, Mosquera siguió recibiendo amenazas telefónicas, dejó de recibir protección con escoltas y por eso, teme que su vida termine como la de Beto Ufo Pineda. "Lo conocía desde hace 11 años. Trabajamos en la Cruz Roja y nos capacitamos para ayudar a las víctimas del desplazamiento. Beto apareció muerto hace unos días. La situación es crítica", dijo.
En lo que va corrido de agosto, ya suman dos los asesinatos contra defensores de derechos humanos en el país. El pasado 24 de agosto la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) denunció el asesinato de Beto Ufo Pineda Muñoz y la agresión física contra Olga Castillo, ambos líderes de las víctimas del desplazamiento en Popayán, Cauca.
Según Codhes, Pineda Muñoz desapareció el pasado 17 de agosto cuando se disponía a trabajar en la finca El Rosal, una tierra que en 2007 el Gobierno Nacional le había entregado a 10 familias víctimas del desplazamiento. Tres días después, los medios locales reportaron que su cuerpo fue hallado sin vida en la vía a Coconuco, a 15 minutos de Popayán, con heridas provocadas por machete. Pinedo era representante de la organización de víctimas Nueva Floralia, y tenía medidas de protección debido a las múltiples amenazas que había recibido.
"El pasado 24 de agosto Olga Castillo fue agredida físicamente por un sujeto que se movilizaba en una moto. Solicitamos a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, la Defensoría del Pueblo, se garantice el derecho a la vida y a la integridad  física de los líderes de población desplazada que se encuentran amenazados", indicó Codhes en un comunicado.
Esa misma solicitud la realiza el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh), a raíz del asesinato de Norma Irene Pérez. La mujer había desaparecido el 7 de agosto en el municipio La Macarena, y seis días después los medios locales reportaron que su cuerpo fue hallado sin vida con heridas de bala, en la localidad de La Unión.
Según la ong, Pérez fue una de las líderes  de derechos humanos que el pasado 22 de julio se movilizó a Bogotá para participar de una audiencia convocada por el Congreso Nacional. Durante el encuentro, Pérez denunció la existencia de una fosa común La Macarena, que al parecer tiene los restos de víctimas de los llamados ‘falsos positivos’.

Aumentan las Víctimas
Frente al panorama, las organizaciones de derechos humanos indican que estos hechos no son aislados y que las agresiones contra líderes aumentaron durante los últimos dos años.
Somos Defensores, el Programa no Gubernamental de Protección de Defensores de Derechos Humanos, advierte con base en estadísticas que los casos de agresiones contra defensores aumentaron de 82 casos en 2008 a 174 casos en 2009. Aunque el balance más actualizado de 2010 será publicado en septiembre, Somos Defensores señala que mayo ha sido el mes más crítico.
"Si bien el año 2009 fue el peor de los últimos cuatro años en cuanto a agresiones se refiere, el año 2010 y en particular el mes de mayo, parece superar todo pronóstico", indica el programa. Ese mes siete defensores fueron asesinados y más de 100 organizaciones de derechos humanos fueron víctimas de amenazas por parte de los actores armados ilegales, a través de panfletos, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas intimidantes.
En relación con los líderes de organizaciones de víctimas, Codhes advierte que, con el asesinato de Beto Ufo Pineda, ya son 38 los líderes asesinados entre el 1 de marzo de 2002 y el agosto de 2010. Somos Defensores y Codhes coinciden en que estas agresiones y crímenes están asociadas a las denuncias que han realizado los defensores y líderes sobre desplazamiento forzado y reclamaciones de tierras.
"Vamos de mal en peor en términos de garantías a los líderes de víctimas. Vemos que los nuevos grupos paramilitares están desarticulando a ese movimiento social que está reclamando tierras. Los lugares donde están ocurriendo los crímenes son particularmente las tierras más ricas del país. Esto es una advertencia al Ministerio de Agricultura y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) sobre cómo van a garantizar la restitución de tierras a las víctimas de la violencia", señaló Jorge Rojas, director ejecutivo de Codhes.
En los reportes de Somos Defensores y de Codhes coincide que los departamentos más afectados son: Antioquia, Putumayo, Caldas, Atlántico, Córdoba, La Guajira, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Chocó, Arauca, Risaralda, Sucre y Cauca. "Los casos más graves están en el Valle, donde los grupos armados ilegales no están dispuestos a que se restituyan las tierras. Han matado a mucha gente. Esta es la nueva geografía del paramilitarismo", agregó Rojas.
En zonas críticas como el suroccidente del país, el número de víctimas de la violencia también habría aumentado. En Popayán, donde se registró el más reciente asesinato de un defensor de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo pasó de atender 94 víctimas durante el primer semestre de 2009 a 1.015 víctimas durante el primer semestre de 2010.
"Desde hace semanas la Defensoría ha solicitado a la Secretaría de Gobierno del Departamento la convocatoria de un comité técnico, para impulsar la Mesa de Garantías. Este mecanismo está congelado y no se ha podido concretar. Es urgente que se reúna el comité para buscar soluciones a estas situaciones que están sucediendo con los defensores y líderes de víctimas de la región", dijo Víctor Meléndez, defensor Regional del Pueblo.
27 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
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reconoció vuelos de la muerte


Causa ESMA. Antonio Pernías, el ex oficial de inteligencia de la ESMA, admitió la existencia de los "traslados" de prisioneros de ese centro clandestino de detención durante la dictadura.
Argentina. Al declarar hoy ante el Tribunal Oral Federal 5, que lo juzga junto a otros 17 represores, Pernías consideró además "un error y un horror" haber secuestrado y hecho desaparecer a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Sindicado como torturador por los sobrevivientes del mayor centro de detención clandestino ubicado centro de la Ciudad de Buenos Aires, el ex marino pidió ampliar su indagatoria y volver a declarar luego de haberse negado a hacerlo tras la lectura de los autos de elevación a juicio oral donde constan las imputaciones. Pernías aprovechó ese derecho para negar enfáticamente haber participado en el secuestro de las religiosas en la Iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977, junto con el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, algo que había sido denunciado por varios testigos del juicio.
También aludió a sus funciones como interrogador mediante la aplicación de tormentos, procedimiento al que denominó "interrogatorios reforzados" que, según dijo, eran legales en Israel e Irlanda. "Pero no había ensañamiento, porque nosotros éramos personas de bien", afirmó en otro tramo de su declaración, que levantó murmullos de indignación entre los asistentes.
El juicio se inició el 14 de diciembre del año pasado y, por las audiencias, desfilaron ya más de un centenar de testigos, algunos a través de teleconferencia, dado que viven exiliados desde que fueron liberados de la ESMA.
En el banquillo de los acusados están, entre otros, el jefe de Inteligencia de la ESMA, Jorge ‘Tigre’ Acosta; Alfredo Astiz, quien se infiltró en la Madres para marcarlas en el secuestro; Alfredo Donda Tigel, quien secuestró a su propio hermano, y hasta un ex canciller, el almirante Oscar Montes.
En el juicio oral son juzgados por 85 casos de delitos de lesa humanidad, incluisive el secuestro y la desaparición del escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas y del grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, que integraban Azucena Villaflor, Mary Bianco y María Esther de Careaga.
27 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
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francia continúa deportaciones


Nuevas deportaciones. El gobierno francés procedió a una nueva tanda de expulsiones de gitanos hacia Rumania. Las deportaciones se dieron en el marco de la visita de dos ministros rumanos en París.  
París, Francia. Hacia el mediodía, un avión de la compañía rumana Blue Air partió del aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry para Bucarest. Poco después, en las afueras de París, otro vuelo de la aerolínea Blue Air con destino a Bucarest partió con el resto de expulsados a bordo. Según fuentes gubernamentales, el número total de expulsados este jueves debía ser 283. Cargados de maletas y sacos de tela, los gitanos expulsados desde Roissy-Charles de Gaulle no hicieron ninguna declaración.
Tras dos primeras series de vuelos la semana pasada, el ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, anunció ayer a la AFP una "aceleración de las expulsiones de ciudadanos búlgaros y rumanos", sin decir explícitamente que se trata de gitanos originarios de esos dos países miembros de la Unión Europea. Con los vuelos de este jueves, habrán regresado en lo que va de año a sus países de origen 8313 gitanos rumanos y búlgaros, según el ministro.
Besson calificó a la mayoría de estas repatriaciones de "regresos voluntarios", ya que cada adulto que acepta volver cobra 300 euros y los menores de edad 100 euros cada uno. Besson divulgó las cifras durante la visita a París de dos ministros rumanos, y después de que la Comisión Europea expresó tener "cierta inquietud" en cuanto a la política francesa hacia los gitanos.
Uno de los dos responsables rumanos, Valentin Mocanu, secretario de Estado encargado de la Integración de los gitanos, advirtió de los riesgos de que se derive hacia el racismo y la xenofobia.
"Mucha gente en Rumania está preocupada de que se pueda creer en la posibilidad de resolver el problema con acciones susceptibles de degenerar en racismo y xenofobia", declaró el responsable ante la prensa.
Junto con su colega Dan Valentin Fatuloiu, secretario de Estado de Orden y Seguridad Pública, Mocanu fue recibido ayer por el ministro del Interior Brice Hortefeux, Besson y el secretario francés de Asuntos Europeos Pierre Lellouche.
Tras las primeras conversaciones entre esos responsables, ambos países destacaron "la voluntad de los gobiernos rumano y francés de gestionar mejor los flujos migratorios bilaterales, y apoyar el refuerzo de políticas de integración de poblaciones desfavorecidas".
Por otro lado, 75 gitanos fueron expulsados este jueves al amanecer de un terreno que ocupaban ilegalmente en Villeneuve-d"Ascq. De ellos, 29 adultos fueron detenidos, indicó la prefectura local.
En las últimas semanas, Francia fue criticada por la ONU, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Vaticano por sus medidas contra los gitanos. Los franceses están divididos en cuanto a esta política. El 48 por ciento se dice favorable a las expulsiones a Rumania de gitanos cuyos campamentos fueron desmantelados este verano, según un sondeo del instituto CSA. El 42 por ciento se opone a las expulsiones.
27 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
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