ex das confesó espionaje ilegal

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Ex jefe de operaciones del DAS será testigo en investigación sobre chuzadas. Martha Leal pasó de ser acusada a ser una de las principales delatoras del plan que desde este organismo se hizo para seguir ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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Colombia. Tras un acuerdo con la Fiscalía del que todavía no se conocen detalles, la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, una de las principales testigos de las chuzadas que desde este organismo de seguridad adscrito al Estado se hicieron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, será ahora testigo y no acusada con el fin de acelerar las investigaciones que tiene en aprietos a varios ex funcionarios de la Casa de Nariño que trabajaron con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Leal, detenida e investigada por interceptaciones ilegales principalmente, fue una de las personas más cercanas a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, y ha sido protagonista de primera línea de tres graves hechos entre el gobierno del ex presidente Uribe y la Corte Suprema.
Hace tres años fue la funcionaria que recogió en la cárcel de Itagüí y llevó al DAS una supuesta carta del paramilitar ’Tasmania’, que terminó en la Presidencia de la República y fue usada en su momento para hacer un montaje (como fue probado por la justicia) en contra del investigador principal de la parapolítica, el magistrado auxiliar Iván Velásquez.
En abril de 2008, Leal fue la funcionaria que estuvo en la reunión en la Casa de Nariño a la cual asistieron funcionarios de Palacio y delegados del paramilitar ’Don Berna’, entre ellos alias ’Job’, quienes fueron a entregar supuesta información para enlodar a miembros de la Corte. Y finalmente, está involucrada desde el año pasado en las investigaciones por las ’chuzadas’, caso por el que está siendo procesada.
En el caso específico de las interceptaciones, seguimientos y búsqueda de información privada y personal sobre magistrados de la Corte, tanto Leal como la ex directora Hurtado, así como los ex jefes de inteligencia y contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos, trataron de justificar esas acciones cuando dijeron que "el blanco" nunca fueron los magistrados. Todos aseguraron que la información que recolectó durante meses el DAS sobre magistrados fue producto de otra investigación contra el abogado Ascencio Reyes, quien según el DAS estaría relacionado con la mafia, y se trataba de verificar si éste estaba intentando infiltrar a la Corte. Con ese argumento también se ha tratado de justificar la entrega de información confidencial a funcionarios de la Casa de Nariño, la cual posteriormente fue filtrada a la prensa.
El caso de Leal, que para ser efectivo tendrá que ser avalado por un juez, se suma al de Jorge Lagos, ex subdirector de contrainteligencia del DAS, del que se confirmó el pasado viernes que había logrado un acuerdo con la Fiscalía en el que se compromete a pedir perdón por los seguimientos e interceptaciones ilegales, con lo que obtuvo una pena de ocho años de prisión.
Lagos aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones en el caso de las ‘chuzadas’. Queda pendiente el caso de Fernando Tabares, ex jefe de Inteligencia, quien busca acogerse al principio de oportunidad para entregar más información a los investigadores y recibir beneficios al momento de la sentencia.
24 de agosto de 2010
23 de agosto de 2010
©semana

qué comen las mascotas

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columna de lísperguer

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¿Qué comen las mascotas antes de ser mascotas?

Me ha impresionado que, según Knight, en Estados Unidos las fábricas de alimento seco para mascotas (pellet) compran los cadáveres de perros y gatos sometidos a eutanasia en refugios animales. En la preparación del alimento se han encontrado restos de jeringa y substancias y químicos utilizados en la preparación de la solución eutanásica. Asimismo, las fábricas adquieren los desechos de mataderos y utilizan la carne de peor calidad, incluyendo la de animales que llegan enfermos o muertos, para la preparación del pellet.
Por otro lado, comparto la desconfianza sobre el alcance o profundidad de ciertas determinaciones y no entiendo en qué se basan aseveraciones como que, por ejemplo, los gatos comen pescado y que si carecieran de este alimento, enfermarían. Ciertamente, los gatos no cazan atún ni salmón. Lo que comen o dejan de comer depende en realidad de los humanos. Y hoy una dieta balanceada no tiene por qué incluir elementos cárnicos.
24 de agosto de 2010
cc lisperguer

barbarie paramilitar en aguazul

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El ex jefe de sicarios de las Autodefensas en Aguazul, alias ‘Coplero’, narró cómo desaparecían a personas que ellos creían eran auxiliadores de la guerrilla y del Bloque Centauros. Aceptó que asesinaron personas sin motivo.

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Colombia. Quienes vivían en Aguazul entre 2002 y 2004 estaban expuestos a ser asesinados. A cualquier hora, integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare -Acc- llegaban a billares, estaderos, plazas de mercado e incluso asaltaban vehículos para raptar a sus víctimas. Todas eran señaladas de colaborar presuntamente con la guerrilla o con el Bloque Centauros de las Autodefensas, con quien tenían una pelea casada por el territorio.
Así lo contó el que fue jefe de sicarios de las Autodefensas Campesinas del Casanare, José Reinaldo Cárdenas Vargas, alias Coplero, en una versión libre de Justicia y Paz, en la que relató cómo sus hombres asesinaron a cientos de personas inocentes, sin saber si eran o no guerrilleros o informantes del Bloque Centauros.
"No tenía certeza de esos señalamientos. Yo sólo cumplía órdenes", dijo alias ‘Coplero’, en la versión en la que aceptó 16 crímenes.
Las dos personas que le ordenaban asesinar a personas en esa población del Casanare eran Luis Eduardo Linares Vargas, alias ‘HK’, segundo al mando de las Acc después de ‘Martín Llanos’ y señalado por ‘Coplero’ de elaborar los listados de las víctimas. "Él sabía hasta cuando uno se tomaba una cerveza. Tenía informantes entre los ganaderos, taxistas y arroceros". Y Josué Darío Orjuela, alias ‘Solín’, el jefe de las urbanas de las Acc y quien tenía más contacto con ‘Coplero’.
Los asesinatos y desapariciones en Aguazul cumplían un patrón: ‘HK’ o ‘Solín’ elaboraban las listas de víctimas, se la entregaban a ‘Coplero’ y este, a su vez, ordenaba las retenciones a sus subalternos: alias ‘Chocolate’, ‘Toro’, ‘Malasombra’, ‘Camargo’, ‘Tribilín’, ‘Chíspiro’, ‘Menudencias’, ‘Polocho’, ‘Pintado’, ‘Gavilán’ o ‘Candela’. Las víctimas eran llevadas a fincas, interrogadas por varios días, y luego asesinadas y enterradas en fosas.
Así fueron asesinadas las hermanas Aura Denis y Liria Johana Mendivelso, de 18 y 21 años de edad; de Diomedes Camargo Franco, de 56 años; y de Polan Mora Morales, de 26 años. Entre junio y agosto de 2002, estas personas fueron sacadas de su sitio de trabajo, vivienda o vehículo y llevadas a una escuela conocida como ‘Escuela Vieja’ en la vereda Llano Bonito.
"Ese era un sitio abandonado. Ahí las sometíamos a método de interrogación. Les preguntábamos si eran auxiliadoras de la guerrilla o del Bloque Centauros. Había tortura. Las teníamos como unos 15 días en la escuela hasta cuando ‘HK’ o ‘Solín’ daban la orden de ultimarlas. En la mayoría de casos usábamos arma blanca. Las metíamos en fosas en un finca que quedaba como a 15 minutos de la escuela, llamada La Graciela", dijo alias ‘Coplero’.

Otros Asesinatos
El paramilitar también relató cómo las Acc asesinaron a otras personas, utilizando métodos de ’muerte silenciosa’ y tiros de gracia. Fue el caso de Juan Polo Bautista, un taxista que desapareció en junio de 2002 y cuyo cuerpo, según ’Coplero’, estaría en la misma fosa donde fueron arrojados los cuerpos de las hermanas Mendivelso, en la finca La Graciela.
’Coplero’ aseguró que el nombre de Juan Polo estaba en una Orden de Batalla del Ejército, junto a otras personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla, y que los militares le entregaron a su jefe alias ‘HK’.
Polo fue secuestrado de un taxi, en la vía entre Aguazul (Casanare) y Sogamoso (Boyacá), lo torturaron durante varios días y después lo asesinaron. Para no hacer ruido alias ‘Solín’ le inyectó cianuro en el cuello y pensó desmembrarlo, pero al ver que sus órganos se habían disuelto por el efecto del ácido, enterraron su cuerpo junto al de las dos muchachas.
Otro caso donde quedó expuesta la barbarie ‘para’ en Aguazul fue la desaparición de Hipólito Martínez, profesor de la escuela de Bellavista. ‘Coplero’ recordó que unos meses antes del crimen, su jefe ‘HK’ lo vio con pelo largo y descalzo, y le preguntó que de qué región venía. "‘HK’ no confiaba en él, dijo que no tenía cara de profesor y le ordenó irse de la región", señaló ‘Coplero’.
En febrero de 2002, ‘Coplero’ y sus hombres irrumpieron en la escuela y en plena reunión de padres de familia secuestraron al profesor. Lo llevaron a una vereda cercana, lo torturaron e interrogaron sobre sus presuntos vínculos con el Eln. El profesor negó hasta el final estos señalamientos hasta que fue asesinado a tiros.
Otro caso que contó el paramilitar ocurrió el 4 de abril de 2002, cuando cuatro ‘paras’ sacaron de un estadero al campesino José Pier Avella quien se encontraba con su pequeño hijo. El ‘Coplero’ explicó que se lo llevaron en una camioneta taxi hasta la vereda La Esmeralda, y allí lo amarraron, lo pusieron boca abajo y le dispararon, señalándolo de ser un presunto guerrillero.
A Édgar Saúl Caballero y a Carlos Ferney Urbano los asesinaron también a quemarropa en septiembre de 2004. Al parecer, ambos fueron señalados de ser colaboradores del Bloque Centauros, en una lista presuntamente suministrada por el entonces alcalde de Aguazul, Leonel Roberto Torres Arias. En varias de sus versiones, ‘Coplero’ ha señalado que el ex alcalde colaboraba para las Acc. Por su parte, Torres ha sostenido que como no quiso acceder a las presiones de los paramilitares y puso una demanda, lo persiguieron y ahora quieren involucrarlo.
En todos los casos, los familiares de las víctimas negaron que sus hijos, esposos o hermanas estuvieran involucradas en el conflicto, y pidieron que su nombre quedara limpio ante la opinión pública. Aclarando que no justificaba sus actos, alias ‘Coplero’ dijo que sólo cumplía órdenes.
"Esa era una organización con códigos de ley. De pronto nos pasaban una, pero si uno no cumplía de ahí en adelante, terminaba fusilado. Esta no era una organización de derechos, sino de hechos. Así no tuviera certeza de los señalamientos, yo sólo cumplía órdenes", indicó alias ‘Coplero’.
El ex jefe sicarios le contó estas historias a la Fiscalía en compañía de otros cuatros ex integrantes de las Acc, que no se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, y que tras ser capturados, son procesados por la justicia ordinaria. Después de esta etapa de versiones libres, un magistrado le formulará cargos a alias ‘Coplero’ para poder llegar a la etapa de juicio.
24 de agosto de 2010
20 de agosto de 2010
©verdad abierta

carteles amenazan a periodistas

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Amenazados por los carteles de la droga mexicanos, los periodistas se callan. Saben que los narcotraficantes los pueden secuestrar o asesinar fácilmente, y salirse con la suya.

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[Tracy Wilkinson] Reynosa, México. Se ha escrito una nueva palabra en el léxico de la guerra de México contra las drogas: la narco-censura.
Es cuando periodistas y editores, por temor o cautela, se ven obligados a escribir lo que los traficantes quieren que escriban, o simplemente a no publicar toda la verdad en un país donde los miembros de la prensa han sido intimidados, secuestrados y asesinados.
¿Esa terrible balacera el otro día cerca de un centro comercial en Reynosa? Caravanas de hombres armados pasaron zumbando por las calles, disparándose unos a otros durante horas, paralizando la ciudad. Pero en el diario de esta ciudad fronteriza, el tiroteo ni siquiera se menciona.
¿Y esos recientes enfrentamientos entre el ejército y los pistoleros del cartel en Ciudad Juárez? Los soldados respondieron a "civiles armados", dicen los diarios a sus lectores.
Mientras la guerra contra las drogas sube a nuevos niveles de barbarie, uno de los devastadores productos secundarios de la carnicería es la escalofriante capacidad de los narcotraficantes de cooptar a los mal pagados y desdeñados periodistas, que son acosados por el conocimiento de que no están a la altura de su misión periodística de informar a la sociedad.
"Amas al periodismo, amas la búsqueda de la verdad, amas cumplir un servicio cívico e informar a tu comunidad. Pero amas tu vida todavía más", dijo un editor aquí en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, que, como la mayoría de los periodistas entrevistados, no quiso dar su nombre por temor a sufrir represalias de los carteles.
"No nos gusta el silencio. Pero se trata de sobrevivir".
Se estima que treinta periodistas han sido asesinados o han desaparecido desde que el presidente Felipe Calderón iniciara en diciembre de 2006 la ofensiva militar contra los poderosos carteles de la droga, convirtiendo a México en uno de los países del mundo más peligrosos para periodistas.
Pero un afiebrado aumento en la violencia, incluyendo el secuestro el 26 de julio de cuatro periodistas, empujó al gremio hacia una crisis sin precedentes, atrajo la atención internacional y provocó un renovado activismo de parte de hombres y mujeres periodistas de México.
Naciones Unidas envió una primera misión a México la semana pasada, para estudiar las amenazas a la libertad de expresión. El 7 de agosto, en un despliegue de unidad sin precedentes de un grupo normalmente pendenciero y competitivo, cientos de periodistas mexicanos se manifestaron en todo el país para exigir el fin de los asesinatos de sus colegas, y condiciones de trabajo más seguras.
Sólo se investigan algunos crímenes, si acaso, y el clima de impunidad provoca más derramamiento de sangre, dice un informe todavía inédito del Comité para la Protección de Periodistas, de Nueva York.
"No es falta de valor de parte de los periodistas. Es falta de respaldo", dijo el locutor Jaime Aguirre. "Si me matan, no pasa nada".
En el popular programa de radio que presenta en Reynosa, Aguirre escoge sus palabras cuidadosamente. A menudo advierte a la gente sobre las áreas de la ciudad que deben evitar. No es necesario decir por qué.
Es en los estados más remotos de México donde la censura narco es más severa.
Sobre los estados fronterizos Tamaulipas y Chihuahua y en los estados centrales y sureños de Durango y Guerrero, los periodistas dicen que están muy conscientes de que los traficantes no quieren que la prensa local ‘caliente la plaza’, llamar la atención sobre la producción de drogas y el contrabando y los intentos de subyugar a la población. Esa atención invitaría al gobierno a enviar tropas y perseguir sus negocios.
Y así los periodistas se guardan de decir nada.
Cuando caravanas de pistoleros de los traficantes volvieron sus armas contra guarniciones del ejército en Reynosa, atrapando a los soldados dentro, la noticia fue primera página de Los Angeles Times, en abril. En Reynosa nadie dijo nada.
Después de que dos de sus periodistas fueran detenidos brevemente por paramilitares zetas más tarde ese mes en la misma región, Ciro Gómez Leyva, presidente de televisión Milenio, anunció que estaba decretando un apagón sobre noticias de Tamaulipas. "El periodista ha muerto" en la región, escribió. El cuerpo estrangulado y magullado del periodista de Durango, Bladimir Antuna, fue recobrado a fines del año pasado con una nota garrapateada que decía: "Esto me pasó... por escribir demasiado".
Contactar a periodistas de la región es como una escena de ‘El tercer hombre’ [The Third Man], con encuentros en discretas locaciones y discusiones en código: a los zetas se refiere como a "la última letra" (del alfabeto), mientras que el cartel del Golfo es las "tres letras" (CDG, Cartel del Golfo).
Periodistas y editores de Tamaulipas y Durango dicen que ellos normalmente reciben amenazas telefónicas cuando publican algo que los traficantes no quieren ver impreso. Más a menudo, sabiendo que sus publicaciones están siendo escudriñadas y que sus redacciones están infiltradas, evitan publicar nada que corra el riesgo de caer en una categoría cuestionable.
O se aferran a los boletines oficiales apenas mencionando los hechos, que pueden confirmar un incidente, pero sin ofrecer detalles.
"Si no es oficial, no lo imprimimos", dijo un editor de un diario norteño. "Me hace enfurecer. ¿Cómo puedo ceder a las exigencias de esa gente? Pero tengo que calcular el riesgo".
Los periodistas también están pendientes de lo que algunas páginas web conocidas por su asociación con los carteles de la droga: si ven que balacera o un ataque con granada está siendo reportado, entonces saben que está bien si publican la misma información.
Es por eso que la balacera en Reynosa hace dos semanas no fue reportada. Pero un coche bomba en el cuartel general de la policía en Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas dos días después llegó a primera plana porque, dicen los editores, el cartel dominante, el del Golfo, quería hacer quedar mal a paramilitares zeta rivales (los presuntos autores del atentado).
No es que los diarios regionales mexicanos sean melindrosos. Publicarán cualquier cantidad de fotografías de cabezas cercenadas y cuerpos maltratados colgando desde puentes. Pero no publicará ninguna información que ofenda al cartel del que se trate.
Las redes sociales de medios, como Twitter, han llenado parte de la brecha, y los vecinos han enviado frenéticamente señales de alerta. Y un misterioso ‘blog narco’ ha empezado a subir numerosos videos de los pistoleros y sus víctimas, sin importar las espeluznantes escenas. Pero, dicen los vecinos, los medios sociales también han sido usurpados por traficantes, que utilizan el sistema para difundir rumores y provocar pánico.
En Durango, donde en 2009 murieron más periodistas que en cualquier otro estado, el locutor Rubén Cárdenas dijo que los periodistas ya no pueden realizar su trabajo. "Es desinformación. No se está prestando un servicio a la sociedad", dijo Cárdenas al Times a fines del año pasado.
Unas semanas después, cuando Times se aventuró en la ciudad de Gómez Palacio, en Durango, para informar sobre el secuestro y asesinato del líder cívico de Los Ángeles, Bobby Salcedo, periodistas mexicanos locales inicialmente compartieron el entusiasmo por el reportaje. Pero después de un par de días de publicar informes, los empleados de un diario recibieron la orden, presumiblemente de los asesinos de Salcedo, de dejar de hacerlo. La noticia, que llamó la atención de Los Ángeles y Washington, estaba "calentando la plaza".
Durango también fue el escenario de los secuestros del 26 de julio. Cuatro periodistas estaban cubriendo los disturbios en la cárcel de Gómez Palacio donde  se acababa de revelar que la alcaide permitía que los presos salieran de noche a cometer asesinatos.
Los empleadores de los periodistas recibieron instrucciones de transmitir videos caseros de un cartel que denunciaba los nexos de un cartel rival con policías corruptos. Los videos mostraban a un agente que había sido secuestrado y estaba "confesando" a punta de pistola.
Los periodistas en México se movilizaron como nunca antes, difundiendo la noticia, exigiendo acción de parte de las autoridades y montando manifestaciones. Finalmente, los periodistas fueron dejados en libertad. Con la sangre todavía chorreando de su cabeza, un magullado Alejandro Hernández dijo sobre el secuestro que habían sido cinco días de torturas, golpizas con una tabla, y amenazas de una horrenda muerta.
¿Final feliz? Los hombres fueron rescatados o liberados sólo después de que la prensa accediera a transmitir los videos del cartel, que era una exigencia de los traficantes. Fue parte del desenlace que la libertad de los periodistas se pagara con la cobertura periodística.
23 de agosto de 2010
16 de agosto de 2010
©los angeles times

santos también debe cumplir condiciones

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columna de lísperguer

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Gobierno de Santos rechaza negociar con guerrillas si no cumplen con algunas condiciones.

La guerrilla no es la única que debiese cumplir con condiciones -como no secuestrar, que es algo que no hacen desde hace meses. Todos estamos esperando que el gobierno colombiano investigue y juzgue, por ejemplo, el asesinato de esas 2.200 víctimas civiles encontradas en la fosa común de La Macarena, una de cuyas denunciantes, la dirigente Norma Irene Pérez, fue asesinada a balazos antes de ayer en una zona militarizada de ese municipio. Las ffaa armadas no niegan esa fosa; reclaman inverosímilmente que se trata de guerrilleros caídos en combate, pese a que la mayoría de los cadáveres, incluyendo los de 200 niños, lleva las manos atadas a la espalda. A razón de 2 mil dólares por cadáver, las ffaa ganaron con esa fosa 4.4 millones de dólares. En el gobierno de Uribe las ffaa mataron a más de 5 mil personas, como falsos positivos. La inmensa mayoría de esos crímenes sigue impune. Y la ley que fija el pago de recompensas sigue siendo secreta. El TPI debe intervenir.
24 de agosto de 2010
cc lisperguer

cerremos los zoológicos

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Cientos de animales mueren en zoológico de Indonesia.

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[Mac McDaniel] Surabaya, Indonesia. El más grande zoológico de Indonesia es responsable de la muerte de casi mil animales en los últimos tres años, incluyendo a especies en peligro de extinción, como el tigre de Sumatra, que murió el sábado pasado.
Un administrador del zoológico informó que los animales vienen muriendo por ciento debido al abandono de parte de los funcionarios del recinto. Los animales se encuentran hacinados, mal alimentados y sin luz solar, y expuestos a enfermedades fácilmente tratables.
El abandono es el resultado, al menos en parte, de peleas internas entre funcionarios del zoológico sobre quién está a cargo. Sus riñas son evidentemente más importantes para ellos que el cuidado de los animales. La consecuencia: en 2008, el zoológico informó sobre la muerte de 362 animales; en 327, la de 327.
Entre ser responsable de la muerte de animales de especies en peligro de extinción, de privar a los animales de alimento, de mantenerlos en jaulas estrechas que no han sido adaptadas ni reparadas desde 1990, el zoológico de Surabaya ejemplifica lo peor en la industria de los espectáculos animales.
Pero por favor no piense que el zoológico de Surabaya es sólo un zoológico malo y que hay otros que son buenos. Es fácil observar un zoológico en Indonesia y asumir que nosotros ofrecemos mejores condiciones y que debemos tratar mucho mejor a nuestros animales. Una jaula es una jaula, y los animales mueren en zoológicos estadounidenses todos los días. Ningún animal es feliz en un zoológico.
Los portavoces de zoológicos, circos y otras compañías de la diversión animal, siempre aseguran al público que sólo piensan en lo mejor para sus animales cuando toman decisiones. Pero es fácil ver la realidad de la declaración cuando se dan casos como este de Indonesia. La verdad es que, cuando surge otro problema, los animales son los primeros en ser ignorados.
La respuesta a problemas como este es que no hay zoológicos que sean mejores. No se trata de tener jaulas más grandes, o mejor alimentación. Ni de contar con personal más dedicado o con más financiamiento. La respuesta última a problemas como este es poner fin a la industria del espectáculo con animales. Los animales no existen ni para nuestra diversión ni para nuestro consumo. La única solución es cerrar todos los zoológicos y todos los circos, para siempre.
23 de agosto de 2010
20 de agosto de 2010
©care2

recrudecen homicidios en venezuela

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Se cometen más asesinatos en Venezuela que en Iraq. Algunos dicen que Bagdad es más seguro. Los números les dan la razón. Según las cifras, en Caracas mueren asesinadas dos personas por hora.

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[Simón Romero] Caracas, Venezuela. En Iraq, un país con casi la misma población que Venezuela, en 2009 hubo 4.644 muertes de civiles por causas violentas, de acuerdo a Iraq Body Count; en Venezuela, ese año, las víctimas de homicidio se elevaron por encima de los 16 mil.
Los venezolanos han absorbido esas lúgubres estadísticas durante años. Aquellos que tienen recursos, han ocultado sus casas detrás de murallas y contratado a expertos en seguridad extranjeros para que les ayuden a evitar secuestros y asesinatos. Y ricos y pobres por igual se han resignado a vivir con una tasa de homicidios que la oposición dice que sigue estando muy abajo en la lista de prioridades del gobierno.
Entonces, una fotografía en la primera plana de un importante diario independiente -y la reacción del gobierno- consternaron al país y volvieron a encender el debate sobre los crímenes violentos.
La foto en el diario El Nacional es incuestionablemente macabra. Deja ver una docena de víctimas de homicidio desparramadas en la morgue más grande de la ciudad, simplemente una muestra de un periodo de dos días inusualmente violento en este lugar de por sí peligroso.
Mientras muchos venezolanos vieron la foto como un sombrío recordatorio de su vulnerabilidad y la posibilidad de cambiar el estado de cosas, el gobierno adoptó una posición diferente.
Un tribunal ordenó que el diario dejara de publicar imágenes violentas, como si eso fuera a reducir las crecientes interrogantes sobre por qué el gobierno -pese a proclamar una revolución de valores socialistas- no ha sido capaz de abreviar la peligrosa brecha entre ricos y pobres ni de hacer más seguras las calles.
"Olvídese de los cientos de niños que mueren a causa de las balas perdidas, o de los niños que sufren el horror de ver a sus padres o hermanos mayores asesinados ante sus ojos", dice Teodoro Petkoff, editor de otro diario aquí, burlándose de la decisión del tribunal en un editorial en primera plana. "Su problema es la fotografía".
Venezuela libra una guerra de décadas contra el homicidio, cuyas víctimas suman 118.541 desde que el presidente Hugo Chávez asumiera la presidencia en 1999, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, una organización que compila cifras basadas en informes policiales. (El gobierno ha dejado de publicar sus propias, detalladas estadísticas de homicidios, pero no ha cuestionado las cifras de la organización, y los informes de prensa que mencionan cifras oficiales no publicadas sugieren que las organizaciones de derechos humanos podrían en realidad estar subestimando los homicidios).
Desde 2007 se han cometido en Venezuela 43.792 homicidios, de acuerdo al observatorio de la violencia, en comparación con las 28 mil muertes relacionadas con la violencia de las drogas en México desde que ese país empezara su asalto contra los carteles de la droga a fines de 2006.
Caracas misma casi no tiene paralelos entre las grandes ciudades de las Américas en lo que se refiere a su tasa de homicidio, que actualmente es de cerca de 200 por cada cien mil habitantes, de acuerdo a Roberto Briceño-León, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, que dirige el observatorio de la violencia.
Las cifras se comparan con recientes mediciones de 22.7 por cada cien mil personas en Bogotá, la capital colombiana, y 14 por cada cien mil en Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil. Como señala a menudo el gobierno de Chávez, el problema de Venezuela con la delincuencia no empezó de un día para otro, y la preocupación por la tasa de homicidios precede su elección como presidente.
Pero los estudiosos aquí describen el recrudecimiento de los homicidios en la última década como sin paralelos en la historia de Venezuela; la cifra de homicidios el año pasado fue tres veces más alta que cuando Chávez fue elegido en 1998.
Las razones que explican el aumento de la criminalidad son complejas y variadas, dicen los expertos. Mientras muchas economías latinoamericanas están creciendo aceleradamente, la de Venezuela continúa encogiéndose. La brecha entre ricos y podres sigue siendo ancha, pese al gasto en programas contra la pobreza, lo que alimenta el resentimiento. En adición a eso, el país está inundado por millones de armas de fuego ilegales.
Los salarios de la policía son bajos, socavando la motivación. Y en un país con la tasa de inflación más alta del hemisferio, de más de treinta por ciento al año, algunos agentes han empezado a complementar sus ingresos con delitos como secuestros.
Pero algunos criminólogos dicen que se debe considerar otro factor: el gobierno de Chávez mismo. El poder judicial está cada vez más politizado, está perdiendo sus jueces independientes y se está alineando más estrechamente con el movimiento político de Chávez. Muchos funcionarios de experiencia han dejado el servicio público, y algunos incluso el país.
Más del noventa por ciento de los homicidios no son resueltos nunca, sin haber detenido a nadie, dice Briceño-León. Pero las acusaciones contra críticos de Chávez -incluyendo jueces, generales disidentes y ejecutivos de medios- son cada vez más comunes.
Henrique Capriles, gobernador de Miranda, un estado que abarca partes de Caracas, dijo a periodistas la semana pasada que Chávez había empeorado el problema con la tasa de homicidios al recortar el presupuesto de los gobiernos municipales y de estados dirigidos por opositores y luego retirando miles de armas de las fuerzas policiales, después de perder las elecciones regionales.
Pero el gobierno dice que está tratando de resolver el problema. Creó hace poco una fuerza de seguridad, la Policía Nacional Boliviariana, y una nueva Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde los reclutas reciben clases de asesores de Cuba y Nicaragua, dos aliados que históricamente han mantenido algunas de las tasas de homicidios más bajas de América Latina.
La principal prioridad de la policía nacional, dijo Víctor Díaz, funcionario de la fuerza y administrador de la nueva universidad, es "el respeto irrestricto de los derechos humanos".
"Eso no quiere decir que seamos débiles", dijo. "La idea es usar el diálogo y la disuasión como métodos de control verbal cuando surgen problemas".
Altos funcionarios del gobierno de Chávez dicen que el despliegue de la policía nacional, cuyas filas cuentan con menos de 2.500 efectivos, ha logrado reducir los homicidios en al menos una zona violenta en Caracas, donde empezaron a patrullar este año.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sugieren que los esfuerzos de la policía han sido demasiado tímidos. Incosec, un centro de estudios que se especializa en problemas de seguridad, contó 5.962 homicidios en apenas diez por los 23 estados de Venezuela en el primer semestre de este año.
Entretanto, el debate sobre la foto de la morgue publicada por El Nacional se está intensificando, evolucionando hacia una discusión más amplia sobre los esfuerzos oficiales por controlar los medios que no controla.
El gobierno dice que la fotografía tenía por objeto apesadumbrar, antes que informar al público. Las autoridades también han amenazado con investigar ‘Rotten Town’, un video de un cantante de reggae venezolano que muestra a un niño que es impactado por una bala perdida. Pese a las protestas del gobierno, el video se difundió rápidamente en la red desde su publicación este mes.
Dada la posición del gobierno en estos casos, mucho aquí temen que se esté concentrando en el mensajero, antes que en el mensaje.
Héctor Olivares, 47, estaba esperando en las afueras de la morgue una mañana este mes para recobrar el cuerpo de su hijo, llamado también Héctor, de 21. Dijo que su hijo estaba en una fiesta en la barriada de El Cercado, en las afueras de Caracas, cuando unos hombres abrieron fuego.
Olivares dijo que Héctor era el segundo hijo que perdía en un absurdo asesinato, después de que otro hijo muriera asesinado hace cuatro años, a los 22. Dijo que no culpaba a Chávez de los asesinatos, pero suplicó al presidente que convirtiera la lucha contra el crimen en una prioridad.
"Lo elegimos para solucionar los problemas que tenemos", dijo. "Pero nadie controla a los delincuentes en la calle, nadie controla nada".
María Eugenia Díaz contribuyó al reportaje.
23 de agosto de 2010
22 de agosto de 2010
©new york times

asesinan a activista de la macarena

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Asesinan a defensora de los derechos humanos que participó en la auditoría de la fosa común de La Macarena. La colombiana Norma Irene Pérez desapareció desde el 7 de agosto pasado. Su cuerpo fue hallado en una zona fuertemente militarizada.

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Colombia. Los comités Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de la Audiencia Pública y de la Marcha Patriótica denunciaron en Colombia el asesinato de la activista de los derechos humanos Norma Irene Pérez, quien conformó la delegación que auditó la fosa común más grande de América Latina, ubicada en localidad cercana al fuerte militar de La Macarena. Igualmente, el comité seccional de derechos humanos del Alto Guayabero denunció ante la comunidad internacional el asesinato de la dirigente comunal, quien desapareció el pasado 07 de agosto.
En extrañas circunstancias fue hallado el cadáver de la dirigente, quien conformaba el comité de la Audiencia Pública realizada el día 22 de julio en el municipio de La Macarena, reseñó el sitio Web comitepermanente.org
Pérez era la presidenta del Comité veredal de derechos humanos de La Unión, y a su vez hacia parte de la junta de Acción Comunal con el Comité de Conciliación y era miembro del comité regional de derechos humanos de la región del guayabero del departamento del Meta, donde se instalaría la superbase militar de EEUU en el país andino.
También participó en el comité organizador de la marcha patriótica llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 2010.
El portal informó de "la presunta detención, desaparición y ejecución extrajudicial de la señora Norma Irene Pérez, identificada con c.c 40. 206.080, de quien no se volvió a tener conocimiento desde el día 7 de agosto de 2010 entre 7:00 a.m y 8:00 a.m, cuando se dirigía hacia su casa después de salir de una asamblea con la junta de acción comunal de dicha localidad, posteriormente su cuerpo fue encontrado en extrañas circunstancias el día 13 de agosto de 2010 en jurisdicción de la vereda La Unión, del municipio de La Macarena, departamento del Meta".
Advierte el comité que la zona, antes y después del macabro hallazgo, ya se encontraba fuertemente militarizada por tropas del ejército nacional, especialmente en los municipios de La Macarena, San José del Guaviare y San Vicente del Caguán.
"La comunidad afirma que el ejército se encuentra en la vereda El Oasis, sitio cercano a donde ocurrieron los hechos", resaltó el texto.
El ex presidente Álvaro Uribe había declarado el pasado 25 de julio, desde La Macarena, que "el terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos".
Según el portal esta declaración del mandatario "puso en grave riesgo a las organizaciones convocantes, organizaciones cívicas, y en general a todos los asistentes a la audiencia, en especial a la población campesina que asistió a realizar las denuncias".
Las organizaciones que respaldaron la audiencia expusieron su rechazo a dichas declaraciones del Jefe de Estado y de la Cúpula Militar en la región de la Macarena.
"Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia", reseñó el portal.
"En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia".
Norma Pérez era campesina, agricultora, defensora de derechos humanos y madre de cuatro menores: una niña de 14 años de edad, un niño de nueve, una niña de seis y otra de cuatro años.
23 de agosto de 2010
©la radio del sur