cruzando la frontera una y otra vez
Los refugios para inmigrantes a lo largo de la frontera mexicana están llenos de curtidos ilegales: hombres y mujeres mayores, a menudo deportados, arriesgándose cada vez más para volver a sus familias en Estados Unidos, el país que consideran su casa.
[Damien Cave] Agua Prieta, México. "Mi esposa, mi hijo... tengo que volver con ellos", se repite a sí mismo Daniel, desde el momento en que fue detenido en Seattle por conducir con una licencia vencida, pasando por todas las fases del procedimiento de deportación que lo llevó a México en junio.
Nada lo disuadirá de volver a cruzar la frontera. Dejó su pueblo natal a los veinticuatro, dijo. Doce años después, habla inglés casi fluidamente y tiene un hijo estadounidense, una esposa y tres hermanos en Estados Unidos. "Seguiré tratando", dijo, "hasta que llegue allá."
Este es cada vez más el perfil de la inmigración ilegal hoy. Los refugios para inmigrantes a lo largo de la frontera mexicana están llenos, no de recién llegados que buscan una vida mejor, sino de ilegales curtidos: hombres y mujeres mayores, a menudo deportados, arriesgándose cada vez más para volver con sus familias en Estados Unidos, el país que consideran su casa.
Presentan un enorme reto a la administración estadounidense porque siguen marchándose hacia el norte pese a los obstáculos -los más severos en la historia reciente. No se trata solamente de que la economía estadounidense tiene poco que ofrecer; la frontera misma es mucho más amenazante. Por un lado han aparecido vallas y se han multiplicado los guardias; por otro, los delincuentes acechan a lo largo de todo el camino.
Y sin embargo, mientras estos factores y mejores oportunidades de trabajo en casa ha reducido la inmigración ilegal desde México a su nivel más bajo en las últimas décadas, no han sido suficientes para ahuyentar a un cuadro considerable y decidido.
"Somos los más duros", dijo Christopher Sabatini, director de políticas del Consejo de las Américas.
En realidad, el 56 por ciento de las detenciones en la frontera mexicana implicó en 2010 a gente que había sido capturada previamente -era el 44 por ciento en 2005. En los últimos años un creciente porcentaje de deportados han sido también deportados antes, de acuerdo a cifras del ministerio de Seguridad Interior.
Para el gobierno de Obama, estos reincidentes se han convertido en una prioridad. Los juicios por ingreso ilegal han subido en más de dos tercios desde 2008. Los funcionarios dicen que ahora es el delito federal más perseguido.
El presidente Obama ya ha deportado a cerca de 1.1 millones de inmigrantes -más que cualquier presidente desde Dwight D. Eisenhower- y los funcionarios dicen que las cifras no menguarán. Pero en una época en que la dinámica de la inmigración está cambiando, expertos y participantes de todos los lados se están preguntando crecientemente si la estrategia, que ha definido la política de inmigración desde el 11 de septiembre de 2001, todavía tiene sentido.
La deportación es cara. Le cuesta al gobierno al menos 12 mil 500 dólares por persona y a menudo no funciona: entre octubre de 2008 y 22 de julio este año, el Servicio de Inmigración y Aduanas gastó 2.25 billones de dólares en la deportación de 180 mil 229 personas que habían sido deportadas antes y habían vuelto de alguna manera. Muchas más han retornado y permanecido en la clandestinidad.
Algunas organizaciones que favorecen una inmigración reducida dicen que hacer la vida más difícil para los inmigrantes ilegales en este país sería mucho más eficiente. Alegan que junto con eliminar las oportunidades de trabajo exigiendo que los empleadores verifiquen el estatus de inmigración de las nuevas contrataciones, el Congreso también debería prohibir que los inmigrantes puedan abrir cuentas bancarias o incluso una tarjeta para la biblioteca.
"Así se reduciría el número de personas que vuelven una y otra vez", dijo Bob Dane, portavoz de la Federación por una Reforma de la Inmigración en Estados Unidos. La alternativa, dice Doris Meissner, la más alta autoridad de inmigración del país a mediados de los años noventa, es aceptar que los inmigrantes ilegales como Daniel "son personas con vínculos fundamentales con Estados Unidos, no de dónde vienen."
"Nuestras sociedades están profundamente interconectadas", dijo Meissner, refiriéndose fundamentalmente a Estados Unidos y México, la principal fuente de inmigrantes ilegales. "Y eso no se refleja en la política de inmigración en absoluto."
El gobierno reconoce que los inmigrantes como Daniel están enraizados en Estados Unidos y tienen normalmente antecedentes penales limpios. Pero debajo de su nuevo plan introducido en agosto -suspender las deportaciones de casos pendientes de baja prioridad, incluyendo inmigrantes que llegaron a Estados Unidos como niños-, los ilegales reincidentes son apartados para su deportación junto con "delincuentes peligrosos", "conocidos pandilleros" e "individuos que representan un claro peligro para la seguridad nacional."
Funcionarios de la administración dicen que están tratando de romper el "efecto yo-yo" de gente que rebota, como ordenó el Congreso cuando endureció las leyes relativas al reingreso ilegal en los años noventa.
Pero algunos expertos alegan que es este barullo el que en realidad socava la seguridad. Después de una década de deportaciones récord, dicen los críticos, se ha hecho incluso más difícil separar a los dos grupos que definen ahora la frontera: los delincuentes profesionales y los inmigrantes experimentados motivados por sus lazos familiares con Estados Unidos.
"Si crees que los narcotraficantes y los terroristas son mucho más peligrosos que las criadas y los jardineros, entonces deberíamos entregarles visas a todas esas personas para poder concentrarnos en la verdadera amenaza", dijo David Shirk, director del Transborder Institute de la Universidad de San Diego. "Ensanchar la puerta podría fortalecer las murallas."
Crimen en la Frontera
Los inmigrantes que cruzaban la frontera hacia Arizona hace diez o veinte años eran más numerosos, pero menos amenazadores. David Jimarez, un agente de la Patrulla Fronteriza con años de experiencia al sur de Tucson, recordó que incluso cuando los inmigrantes superaban a las autoridades estadounidenses por 25 a 1, no resistían. "Simplemente se sentaban a esperarnos", dijo.
En los últimos años, la composición ha cambiado, y ahora hay más narcotraficantes y otros delincuentes entre las filas menguantes, pero aún substantivas, de inmigrantes.
El impacto es de gran alcance. En el norte de México menos inmigración significa menos negocios. Las ciudades fronterizas como Agua Prieta, conocida como un punto de partida, han pasado de ser centros urbanos ajetreados a pueblos azotadas por el viento. Los taxis que transportaban a turistas a las montañas ahora acumulan polvo. Restaurantes y hoteles como el Girasol en el centro de la ciudad, están prácticamente vacíos. Una tarde hace poco, sólo tres de los cincuenta salones estaban ocupados.
"En 2000, estábamos llenos todos los días", dijo Alejandro Rocha, gerente del hotel.
Nuevas investigaciones de la Universidad de California en San Diego muestran que la delincuencia es ahora la principal preocupación de los mexicanos que piensan en marcharse hacia el norte. Como el miedo mantiene a muchos emigrantes en casa, muchos experimentados guías fronterizos, o coyotes, han abandonado el trabajo en la inmigración ilegal.
En Tijuana, al otro lado de la frontera en San Diego, un conocido coyote está ahora vendiendo llantas. En Nogales, la ciudad mexicana fronteriza con Arizona más grande, el poder ha pasado a los jóvenes tatuados con binoculares caros a lo largo de la valla fronteriza, mientras aquí en Agua Prieta -donde los funcionarios mexicanos dicen que el tráfico se ha reducido a un tercio de lo que era- el único modo de pasar es hablando con pandillas que veces obligan a los emigrantes a llevar drogas.
Es incluso peor en Matamoros, al otro lado de Brownsville, Texas. Sólo con pararte al lado de la valla hace surgir a reclutas de los carteles que exigen trescientos dólares por el derecho a pasar al otro lado. Los inmigrantes y las organizaciones que los ayudan, dicen que los capos de los carteles recorren los refugios buscando a deportados dispuestos a trabajar como vigías -cuatrocientos dólares al mes hasta que reúnan suficiente dinero para pagar su pasaje al norte.
"Estuve pensando en hacerlo", dijo Daniel, cabizbajo. "Pero luego pensé en mi familia."
Funcionarios policiales estadounidenses dicen que la matriz de drogas, inmigración y violencia se ha hecho más visible en la frontera y a lo largo de los rieles y caminos hacia el norte, donde más inmigrantes son detenidos por tráfico de drogas o armas, haciendo más probable que huyan, resistan la detención o cometan otros delitos.
"Hay menos tráfico, pero el que hay es más peligroso", dijo Jimarez, el agente fronterizo.
Larry Dever, sheriff del condado de Cochise, Arizona, al norte de Agua Prieta, accedió: "Los tipos que transportan gente y narcóticos ahora son más siniestros."
Su condado, dieciséis mil kilómetros cuadrados de matorrales, ranchos y pequeños pueblos en el rincón sudeste del estado, se ha convertido en un corredor reconocido desde mediados de los años noventa. Desde 2008, la policía ha vinculado todo delitos a los inmigrantes ilegales, en parte debido a que funcionarios estaduales y federales pedían frecuentemente datos, tratando al condado como un barómetro de la seguridad en la frontera.
En realidad, cuando un ranchero de Cochise llamado Robert Krentz fue asesinado en marzo de 2010 después de haberse comunicado por radio con su hermano para decirle que iba a ayudar a un inmigrante ilegal, el condado se convirtió rápidamente en un punto de ignición de un debate más amplio que finalmente condujo al proyecto de ley 1070, el polémico proyecto de ley de Arizona que da a la policía más responsabilidad en la represión de los inmigrantes ilegales.
Sin embargo, los delitos que implican a inmigrantes ilegales son relativamente escasos (cinco por ciento de todos los delitos locales, dijo el sheriff Dever). Se trata en su mayor parte de hurto de alimento. Y, según muestran archivos públicos, en once de dieciocho delitos violentos relacionados con inmigrantes ilegales en los últimos dieciocho meses, los inmigrantes fueron tanto víctimas como victimarios.
Este no es el retrato pintado por los gobernadores fronterizos republicanos, entre ellos Rick Perry, de Texas, candidato presidencial que hace poco dijo que "la frontera no es segura." Pero mientras los carteles de la droga mexicanos han intensificado su presencia desde Tucson a Nueva York -cometiendo a veces, después de entrar al país, brutales actos de violencia-, los estadounidenses que viven cerca de la frontera están generalmente seguros.
Un análisis de USA Today de Texas, Arizona, Nuevo México y California en julio constató que los delitos hasta 160 kilómetros de la frontera está por debajo tanto del promedio nacional como del promedio de cada uno de esos estados- y ha estado declinando en los últimos años. Varias otras investigaciones independientes han llegado a las mismas conclusiones.
Pero la frontera no es segura para personas que la cruzan o la patrullan. El número de inmigrantes hallados muertos en el desierto de Arizona, incluyendo todo tipo de causas, no se reducido tan rápidamente como la inmigración ilegal, mientras que las agresiones contra agentes de la Patrulla Fronteriza creció en un 41 por ciento entre 2006 y 2010, casi enteramente debido a un aumento en ataques con piedras. Los mayores riesgos han estimulado un debate: ¿La estrategia más agresiva -vallas más altas, más agentes y deportaciones- ha contribuido a aumentar o a disminuir el peligro?
El sheriff Dever, celebrado como un "guerrero contra la inmigración ilegal" por opositores de la inmigración, dice que la aplicación más activa de la ley ha hecho más seguros a los estadounidenses y debería seguir así hasta que sus vecinos le digan que ya no tienen miedo.
Pero algunos defensores de la inmigración dicen que la estrategia del gobierno es demasiado amplia para ser efectiva. "Realmente tenemos que separar al tipo que viene a ganarse la vida del terrorista o del narcotraficante", dijo Peter Siavelis, editor de ‘Getting Immigration Right: What Every American Needs to Know.’
Hogar Es Donde Están los Hijos
Las deportaciones han enturbiado esa delineación. En una reciente fila de deportados, formados ante un autobús en San Diego al lado de una puerta de metal que lleva a Tijuana, todos eran iguales: el criminal con su uniforme de reo y su tenue barba de chivo; la madre esquiva; y vecinos de toda la vida, como Alberto Álvarez, 36, conserje y padre de cinco hijos que dijo que lo habían elegido para conducir, aunque no tiene licencia.
"Mira, llevo dieciocho años en Estados Unidos", dijo, acomodándose una mochila sobre su camiseta Izod. "Ahora mismo mis hijos están solos, mi esposa está sola cuidando a los niños: nos separaron."
Durante la ola de inmigración que alcanzó su punto álgido hace cerca de una década, las deportaciones significaban a menudo algo diferente: muchos deportados no habían estado en Estados Unidos durante mucho tiempo; se estaban marchando a casa.
Pero ahora que hay menos ingresos, el concepto de hogar está cambiando. De los casi once millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, el 48 por ciento llegó antes de 2000. Para los 6.5 millones de mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos, esa cifra es incluso más alta: el 55 por ciento, de acuerdo al Pew Hispanic Center. Ahora también hay 4.5 millones de hijos de padres ilegales nacidos en Estados Unidos.
Expertos a ambos lados del debate dicen que el gran grupo de inmigrantes con raíces presenta al país con una elección fundamental: Sea hacerles a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos la vida tan difícil que terminen por marcharse por propia cuenta, o permitir que los inmigrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública sigan viviendo con sus familias legalmente, aunque no necesariamente como ciudadanos.
Steven A. Camarota, un demógrafo del Centro para Estudios de Inmigración, dijo que el gobierno debería revocar la ciudadanía automática para niños nacidos de inmigrantes ilegales y confiscar los activos de inmigrantes ilegales deportados de modo que tengan menos incentivos para volver.
El presidente Obama, que no ha podido avanzar en el Congreso con su plan de legalización, en lugar de eso ha estado tratando de que la implementación sea más quirúrgica. Debajo de las nuevas instrucciones, los funcionarios utilizarán su "discrecionalidad de enjuiciamiento" para revisar la lista actual de 300 mil casos de deportación, suspendiendo las expulsiones de una categoría de inmigrantes.
Varios factores merecen "cuidado y consideración especiales" para un indulto, entre ellos si la persona ha vivido en Estados Unidos desde su infancia, si está embarazada, o gravemente enferma, o es miembro de las fuerzas armadas, o es mejor de edad, de acuerdo a un memorándum de junio que inició el cambio.
El problema de "si la persona tiene la ciudadanía estadounidense permanente o es cónyuge de un residente permanente, hijo o padre" aparece en el memorándum en la lista de factores secundarios a considerar. Pero no está claro con cuánta clemencia se aplicará. Inmigrantes ilegales reincidentes reciben un marca negra especial, y el gobierno ya ha deportado a cientos de miles de delincuentes de poca monta, pese a afirmaciones de que se concentran en "lo peor de lo peor."
Varios gobernadores demócratas y funcionarios policiales están particularmente enfadados con Comunidades Seguras, un programa que recoge las huellas digitales de cualquiera que haya sido detenido por la policía para verificar si ha violado la ley de inmigración federal. Una gran proporción de esos deportados a través de este proceso -el 79 por ciento, de acuerdo a un reciente informe de Benjamin N. Cardozo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Yeshiva- eran infractores de bajo nivel, detenidos a menudo por delitos de tráfico.
Funcionarios de gobierno rechazan la conclusión diciendo que la ratio de criminales peligrosos está aumentando, y que en última instancia ellos deben implementar la ley de inmigración contra todos los infractores. Han ordenado que el programa se implemente a nivel nacional en 2013.
Las ciudades mexicanas fronterizas ofrecen un retrato de lo que eso podría significar. Casi 950 mil inmigrantes mexicanos han sido deportados desde el inicio del año fiscal 2008. Y en Tijuana -un antiguo centro para emigrantes en dirección norte, que ahora recibe más deportados que cualquiera- el pozo de deportados que se prepara para cruzar nuevamente la frontera simplemente sigue creciendo.
María García, 27, llegó aquí después de ser deportada por una infracción de tráfico. Dijo que había vivido seis años en Fresno, California, con sus dos hijos nacidos en México, de once y siete. Fue una de las muchas que dijo que volverían a Estados Unidos.
"No pueden pararnos", dijo.
El constante flujo de deportados se ha convertido en una creciente preocupación de los funcionarios mexicanos que dicen que las nuevas llegadas son fáciles reclutas, y víctimas, de los carteles de la droga.
Un ex deportado fue detenido el año pasado por desempeñar un importante papel en la muerte de cerca de veinte personas encontradas en fosas comunes. En Tijuana, un campamento de indigentes en la frontera se ha hinchado hasta convertirse en un vecindario con la llegada de deportados, muchos de ellos contando historias de robos y secuestros por pandillas que vieron sus conexiones en Estados Unidos como una fuente de rescates.
Minutos después de llegar, Álvarez, el conserje, dijo que estaba preocupado de la supervivencia: "allá estás jugando con tu vida", dijo. Pero sus hijos gemelos cumplen dos años en unas semanas y como muchos otros, dijo que independientemente de cómo le trataran en Estados Unidos, volverá.
"Me siento muy mal de estar aquí", dijo. "Tengo mis hijos allá, mi familia, toda mi vida. Aquí no", dijo, sacudiendo la cabeza al final de su primer día en Tijuana.
14 de octubre de 2011
2 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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[Alejandra Dandan] Argentina. El espacio en los Tribunales de Retiro determina a esta altura territorios políticos. Con el correr de los meses, el hall de entrada al subsuelo donde se llevan a cabo las últimas audiencias del juicio por la ESMA se convirtió en el lugar de encuentro de las mujeres de los represores y de los viejos camaradas a los que ayer se sumó Cecilia Pando. Mientras una sobreviviente de los campos de concentración buscaba la forma de atravesar el pasillo lo más rápidamente posible para llegar al subsuelo, aliviada, los camaradas se prepararon a entrar a la parte superior de la sala, el balcón desde donde las mujeres se paran a aplaudir el ingreso de los marinos detenidos. Ellos entraron a la sala esposados, a días de escuchar la sentencia. Y ayer empezaron a pronunciar las últimas palabras. Como si el tiempo no hubiese pasado, las mujeres levantaron las manos, saludaron e hicieron un gesto de aguante con el pulgar para arriba, como en los desfiles militares de antaño.
[Maua Szalavitz] Esta semana Mark Kinzly salvó dos vidas. Pero no habría estado aquí para ayudar si un amigo no hubiese hecho por él una vez lo que él ahora hace repetidas veces para otros: proporcionar a víctimas de sobredosis el antídoto Naloxone, vital para su recuperación.
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[José Maggi] Argentina. "Quiero que respete mi libertad y mi posición", dijo a Rosario/12 el ex capellán durante la dictadura militar al ser consultado sobre la investigación judicial por su participación en el ex centro clandestino de detención de la policía.