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joseph son condenado a perpetua


El actor esbirro de Austin Powers fue sentenciado a reclusión perpetua por secuestro, violación y torturas.
Para millones de cinéfilos, era el esbirro Random Task del Doctor Evil.
Pero ahora el actor de cuarenta años del condado de Orange,
famoso por su aparición en la película ‘El agente internacional del misterio’ [Austin Powers: International Man of Mystery] pasará el resto de su vida en prisión tras ser condenado por la violación colectiva y tortura, en vísperas de la Navidad de 1990, de una mujer que había salido de casa para ver las luces de Navidad.
El 25 de agosto pasado Joseph Hyungmin Son fue declarado culpable de torturas, un delito penado con reclusión perpetua sin posibilidad de salir con libertad condicional. El actor fue originalmente acusado hace tres años de numerosos delitos sexuales, pero debido a la prescripción de los delitos, la fiscalía finalmente sólo consiguió una condena por torturas.
El delito fue cometido hace siete años, antes de la película ‘El agente internacional del misterio’, de 1997.
Según la fiscalía, una mujer que volvía a su departamento sola con su perro después de mirar las luces de Navidad con un familiar y un amigo fue interrumpida por Son a eso de las doce y media de la noche en vísperas de la Navidad de 1990. Son le pidió ayuda con unas direcciones y luego, con otro hombre, la arrastró hasta su coche, la arrojó al asiento trasero y se marchó.
Son y su cómplice le dijeron que se dirigían a Compton, la golpearon con un revólver y la amenazaron repetidas veces con asesinarla. La fiscalía dijo que después Son la violó varias veces, la sodomizó y la obligó a tener sexo oral con él en el asiento trasero del coche. También la torturó con un revólver. El cómplice de Son, Santiago López Gaitán, 40, de San Antonio, también violó a la mujer.
Después Son amenazó con matar a la víctima y contó las balas en voz alta mientras ella suplicaba por su vida. Son y Gaitán finalmente dejaron marcharse a la mujer, identificada sólo como Jane Doe, desnuda y con sus bragas amarradas sobre los ojos. La víctima estaba en Huntington Beach y llamó en una casa cercana donde los dueños llamaron a la policía.
Mientras se recogían evidencias físicas en el caso de agresión sexual, el caso fue archivado. Son, sin embargo, fue condenado en mayo de 2008 por vandalismo en otro caso no relacionado y fue obligado a entregar una muestra de ADN. Esa muestra fue entonces cotejada con el ADN recogido en el caso de 1990, declaró la fiscalía.
En enero, Gaitán se declaró culpable de secuestro, sodomía, violación y violación oral con el agravante de violación bajo amenazas con un revólver. Fue sentenciado a diecisiete años y cuatro meses en una prisión del estado.
La víctima contó al juez antes de la sentencia el viernes que todavía sufre de trastorno de estrés postraumático.
"Siento un miedo que me paraliza y siento que una mano volverá a atacarme por detrás", dijo ante la corte. "Mis cicatrices emocionales son intensas. Perdí mis veinte años mientras aprendía a caminar, mirar, oír y aceptar de nuevo al mundo exterior. Joseph Son me quitó no solamente mi trabajo en mi salón, sino también mis ahorros para la universidad... para no decir nada del impacto emocional que significa para mí celebrar Navidad todos los años."
10 de septiembre de 2011
9 de septiembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

ordenan captura de ex juez romano


El fiscal general de Mendoza le pidió al juez que considere al ex camarista Romano en rebeldía. Procesado como partícipe necesario en un centenar de delitos de lesa humanidad, Romano se fue a Chile, donde pretende que se lo considere un refugiado político. Según el texto de la ley, sus posibilidades son pocas.
[Diego Martínez] Argentina. Mientras la dirigencia chilena comienza a tomar partido sobre el pedido de refugio del ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que huyó del país ante su inminente desafuero, el fiscal general Omar Palermo le pidió ayer al juez federal Walter Bento que declare en rebeldía y ordene la captura internacional del fugitivo, quien a juzgar por la ley sobre protección de refugiados de Chile tendría pocas chances de obtener el asilo político. Más allá de los ocho meses de visado temporario que concede automáticamente a cualquier solicitante, la norma que refrendó en abril del año pasado el propio presidente Sebastián Piñera excluye del régimen de protección a toda persona sobre quien existan "fundados motivos" sobre su participación en "delitos contra la humanidad" como Romano, procesado como partícipe necesario en un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones.
La intención del gobierno chileno, según fuentes del entorno de Piñera citadas ayer por el diario La Nación, sería expulsar a Romano del país. La decisión, de ser cierta, demorará no menos de un mes. Según la ley 20.430 sobre protección de refugiados, la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiados (CRCR) no tiene un plazo perentorio para pronunciarse, aunque en caso de decidir la expulsión debe conceder treinta días al interesado para que gestione su admisión en un país más generoso.
El secretario general de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, propuso ayer canjear a Romano por el ex guerrillero Sergio Galvarino Apablaza, asilado político en la Argentina. Como si fueran bandas que intercambian rehenes, el dirigente de los ultraderechistas que integran el gabinete de Piñera planteó abiertamente que "si la Justicia argentina quiere al juez Romano, debe entregar (sic) a Galvarino Apablaza a la Justicia chilena". El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, descartó la hipótesis. "No es posible, sería violar la ley", respondió. El diputado Hugo Gutiérrez, ex miembro de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, le pidió al Ministerio del Interior que expulse al ex juez de su país. "No se le puede dar asilo político a un acusado de lesa humanidad", remarcó el diputado del Partido Comunista.
La ley sobre refugiados chilena concede el derecho a quienes tengan "fundados temores de ser perseguidos", pero excluye en su artículo 16 a los imputados en "delitos contra la paz, de guerra o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional ratificado por Chile". El artículo 31 ordena a la comisión recopilar información del país de origen, donde Romano tiene procesamiento confirmado en segunda instancia; el 33 obliga al solicitante a "decir la verdad" y el 34 encomienda a la Comisión Interministerial a apreciar las pruebas "conforme a la sana crítica". Si bien no se conocen los argumentos presentados por Romano, no le resultará fácil convencer a los funcionarios chilenos de ser un "perseguido político" cuando hasta hace 17 días presidía uno de los tribunales más cuestionados del país por entorpecer causas sobre represores.
El fiscal Palermo, en tanto, le pidió al juez Bento que ordene la captura de Romano. El coordinador de la Oficina de Asistencia en causas de lesa humanidad de Mendoza, que el 12 de agosto pidió la elevación a juicio de la causa que tiene al ex juez como imputado, destacó la "clara y manifiesta voluntad contraria al sometimiento a proceso" por parte de Romano, que huyó del país sin informar al tribunal que lo procesó y no se presentó ante la citación por medio de sus abogados. Palermo resaltó que la inmunidad de arresto protege "la ‘función’ judicial" que Romano abandonó al fugarse, pero no puede "blindar de impunidad a la persona del funcionario".
10 de septiembre de 2011
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cara de pobre


La madre del joven muerto: "Fue una ejecución".
Argentina. A cuadras de donde Bruno Germán Pappa cayó muerto de un tiro en la cabeza, sus familiares y amigos en Villa Fraga no guardan insultos contra la Policía Metropolitana. La madre de crianza de Bruno reclamó justicia por los casos de gatillo fácil. De todas maneras, no cree que los policías rematen a cualquiera; la mujer tiene la hipótesis de que el destino de su hijo lo selló su "cara de pobre".
El joven de 26 años vivía en la villa que creció en los terrenos ganados a los predios ferroviarios de Chacarita. Allí tenía su casa con Cecilia, su mujer, que está embarazada de seis meses. En la puerta de entrada al barrio, la madre de Bruno, Claudia Beatriz Resina, recibe a Página/12. Casi sin mediar palabra, Bea, como la conocen en la villa, aclara que "los vecinos (de Lemos al 200) vieron cómo (el efectivo) lo ejecutó".
Más calma, la mujer explica que se acercó al lugar adonde fue rematado Bruno Pappa. Según dice, pudo charlar con varias personas que estaban presentes cuando el agente Enzo Alvarez le disparó a su hijo. "El policía lo detuvo, y después lo ejecutó de un tiro en la cara", asegura en base a los relatos recogidos. Bea está agradecida de que los testigos "se acercaron solos" a contar lo que había ocurrido en verdad.
Bea se toma un respiro y arranca de nuevo, ahora contra la fuerza de seguridad de la Ciudad y su máximo jefe político: "La Metropolitana está hace muy poco y ya tiene casos de gatillo fácil. ¿Qué van a hacer más adelante? A estos tipos, Macri les dio licencia para matar". En el caso particular de Bruno, la mujer cree que lo ultimaron porque "le vieron la cara de pobre". En síntesis, refuerza: "Te ven la cara de pobre y te matan".
10 de septiembre de 2011
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lo mató después de reducirlo


Un metropolitano mató, según testigos despuús de reducirlo, a un joven asaltante y los amigos apedrearon la seccional. Otro episodio de la policía que mete bala.
[Emilio Ruchansky] Argentina. En menos de un mes, la Metropolitana protagonizó otro caso de gatillo fácil. Un joven alcoholizado intentó asaltar a un agente que iba de civil en Chacarita. Los testigos aseguran que le disparó cuando el muchacho ya estaba en el piso.
Por segunda vez en menos de un mes, un oficial de la Policía Metropolitana protagonizó un caso de gatillo fácil estando fuera de servicio. Enzo Fabián Alvarez, de 25 años, le disparó a corta distancia y en la cara a Bruno Germán Pappa, de su misma edad. Según informaron ayer fuentes de la investigación, dos testigos directos aseguraron que antes de oír la detonación fatal "sólo había una persona en pie", es decir, que Pappa habría sido reducido previamente por el oficial. El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando dos jóvenes con una réplica de plástico de una pistola asaltaron a Alvarez en el barrio de Chacarita. Por la noche, sus vecinos de la villa Fraga, ubicada en el mismo barrio, apedrearon una sede de la Metropolitana en Guzmán y Jorge Newbery, y fueron repelidos por los efectivos con balas de goma, en una batalla que duró hasta la madrugada de ayer.
Pappa asaltó primero la tienda de ropa Narciso, en la avenida Corrientes 6411. Cuando el vendedor le explicó que no había plata en la caja, el joven respondió: "Es una jodita para Tinelli". Estaba borracho. Eran las 12 y se llevó remeras, camperas y calzoncillos. Luego escapó en su bicicleta; a tres cuadras, en Lemos al 200, él y otro joven, que al parecer lo venía acompañando, intentaron asaltar a Alvarez, que iba de civil. Hubo una discusión, un primer disparo de advertencia salido de la Beretta 9 milímetros reglamentaria del agente de la Metropolitana que, según pudo saber este diario, ahuyentó al acompañante de Pappa.
El siguiente disparo mató al joven que vivía a cuadras, en la Villa Fraga, cerca del cruce de esa calle y Conesa, al costado de las vías del ferrocarril Urquiza. Un agente de la comisaría 29ª de la Policía Federal llegó en el momento de la segunda detonación, aunque vio todo de lejos. Alvarez fue detenido y alojado en esa comisaría hasta que se lo trasladó a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal. Dos testigos directos dieron a entender que Pappa no representaba peligro alguno para Alvarez, quien habría estado en el piso en el momento de recibir el disparo.
Por la noche, varios vecinos se acercaron a protestar a la sede barrial de la Metropolitana. Quemaron gomas y cuando llegaron las cámaras de tevé atacaron a pedradas la seccional. Desde adentro les dispararon balas de goma y luego gas pimienta. Hubo tres efectivos heridos de la Metropolitana y dos manifestantes. Y uno más: un policía federal de calle, que se acercó para calmar los ánimos y terminó con un balazo de goma en el tobillo. La furia duró casi hasta las dos de la madrugada de ayer. Según los voceros del gobierno porteño, fueron destruidas varias computadoras y una moto.
Ayer, el superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, Ricardo Pedace, trató de justificar a Alvarez. Dijo que el oficial "se defendió", aunque después aclaró que eso debe determinarlo la Justicia. Confirmó que Pappa tenía una réplica, plateada, que él mismo vio y arguyó: "Para saberlo había que tener un conocimiento muy acabado de la parte balística y de armamentismo. No sólo el personal policial presente sino también los testigos quedaron sorprendidos cuando tomaron conocimiento de que no se trataba de un arma real sino de una réplica muy importante".
El caso fue calificado como "homicidio" por la jueza Alicia Iermini y tiene un antecedente inmediato, ocurrido el 15 de agosto pasado cuando otro agente, también de civil, mató en un colectivo a dos presuntos asaltantes que iban sin armas. Antes, otro oficial de la misma fuerza, y también con su arma reglamentaria, mató a su vecino en la zona sur del Gran Buenos Aires, en medio de una pelea. "Es indispensable que policías y fuerzas de seguridad federales, y también locales, sean formadas en el más estricto respeto de los derechos humanos", fue la reflexión que hizo ayer Nilda Garré, ministra de Seguridad nacional.
Dos legisladores porteños, el kirchnerista Francisco Nenna y Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, retomaron una discusión planteada cuando se votó el estatuto de la Metropolitana, en 2008. "En ese momento, por ser una fuerza nueva, pedimos que no lleven el arma reglamentaria cuando están fuera de servicio porque, a veces, al verse obligados a actuar por el mismo estatuto, intervienen en condiciones desventajosas y ponen en peligro su vida y la de los demás. Pero el PRO se negó", señaló Ruanova. Ayer, Nenna y Ruanova presentaron un proyecto de ley para revertir la situación.
Además de los testimonios adversos a la situación procesal de Alvarez, faltan los resultados de los distintos peritajes. Los vecinos de Chacarita ya dieron su veredicto: "Estaba en el piso, ya lo había reducido", repetían.
10 de septiembre de 2011
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denuncia penal contra zorreguieta


El padre de la Princesa Máxima fue acusado por una desaparición. El ex funcionario de la dictadura Jorge Zorreguieta fue denunciado penalmente ante la Justicia de los Países Bajos por los familiares del médico Samuel Leonardo Slutzky, secuestrado y desaparecido en 1977.
Argentina /Holanda. El pasado de su papá parece volver a complicar a la argentina Máxima Zorreguieta, princesa de Holanda. El ex presidente de la Sociedad Rural y ex presidente de la Cámara de la Industria Azucarera Jorge Zorreguieta, de 83 años, fue denunciado penalmente en la Justicia de los Países Bajos por el secuestro y la desaparición de un médico sanitarista en 1977, cuando se desempeñaba como un alto funcionario de la dictadura. La querella fue presentada por los familiares de la víctima en ese país porque Zorreguieta se encuentra regularmente allí. En la Argentina está acusado por otro caso, pero el expediente judicial no tuvo avances.
El vocero de la fiscalía holandesa, Ernst Koelman, confirmó que "fue presentada una demanda contra Jorge Zorreguieta y estamos examinándola", a la vez que anticipó que "el examen de la demanda durará varias semanas". Quienes decidieron acusar al ex funcionario de la dictadura y padre de la princesa Máxima son los familiares del médico Samuel Leonardo Slutzky, quien fue coordinador de las Unidades Sanitarias de la Municipalidad de La Plata, secuestrado en su casa la noche del 21 de junio de 1977 por una "patota" de quince personas vestidas de civil. Tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos. Trabajó en leprosarios y militó en el peronismo revolucionario durante los ’60. En 1968 participó como auxilio sanitario del foco de guerrilla peronista Taco Ralo, en la provincia de Tucumán, por lo cual estuvo preso entre 1968 y 1973.
En 1977, la revista Somos divulgó su nombre en un artículo sobre Taco Ralo y poco días después fue secuestrado, aunque en ese momento no tenía militancia política y sólo se dedicaba a su tarea profesional, según relatan los familiares y organismos de derechos humanos. Los sobrevivientes del campo de concentración La Cacha Silvia Bucci y Héctor Javier Quintero sostuvieron que Slutzky estuvo prisionero en ese centro clandestino y que no sobrevivió a los tormentos a los que fue sometido por los torturadores identificados por los apodos de ‘el Oso’ –era un agente penitenciario– y ‘el Pelado’.
El abogado holandés Goran Sluiter, representante de la familia Slutzky, declaró que Zorreguieta "estaba al tanto de todos esos crímenes, pero pese a ello siguió aportando una contribución política al régimen" y, agregó, "tampoco abrió ninguna investigación en su ministerio". Lo mismo piensa Jan Thielen, el periodista holandés que logró entrevistar a Zorreguieta en 2001. "El propio Zorreguieta cuenta casos concretos de familiares que acudieron a él y él sabía dónde encontrar exactamente a los desaparecidos", afirmó Thielen en una nota publicada por Página/12 en enero de 2002, en momentos en que la boda de Máxima provocaba una invasión de merchandising en las calles de Amsterdam.
Ya hace once años la Justicia holandesa había rechazado encausar a Zorreguieta por los mismos hechos, cuando se declaró incompetente para juzgarlos, pero según Sluiter una reciente modificación de la ley penal haría posible tal proceso judicial. "Para crímenes graves como los señalados aquí, el lugar donde fueron cometidos o la nacionalidad del autor no tienen importancia: si el autor se encuentra en el territorio de un país, ese país puede juzgarlo", sostuvo el letrado. "Según nuestras informaciones (Jorge Zorreguieta) se encuentra regularmente en Holanda", agregó. Según pudo saber este diario, la nueva denuncia es impulsada también por un grupo holandés que se opone a la monarquía.
La complicidad de civiles como Zorreguieta en los crímenes de la dictadura era un tema conocido en Holanda cuando, en 2002, se preparaba la boda de Máxima con el príncipe heredero Guillermo de Orange. Fue así que la Casa Real de Holanda se hizo eco de la opinión mayoritaria de la clase política del país y le impidió asistir a la ceremonia.
En 2005, en Argentina, Zorreguieta fue denunciado por el secuestro y desaparición de la bióloga Marta Sierra, una empleada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que dependía de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, conducida durante la dictadura por el padre de la ahora princesa. Pero no llegó a ser imputado porque la Justicia federal consideró que no tuvo responsabilidad en ese hecho, que se produjo el 30 de marzo de 1976, cuando él aún no había asumido como funcionario. Ricardo Monner Sans, quien fue abogado del caso, recordó que "a pesar de los esfuerzos que hicimos no daban las fechas"; de todos modos, destacó que "cuando asumió no promovió ninguna investigación para determinar qué había sucedido con una de sus empleadas".
10 de septiembre de 2011
9 de septiembre de 2011
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nuevo asesinato policial


Otro caso de gatillo fácil de la Metropolitana desata la furia de los vecinos del joven asesinado.
Argentina. Un grupo de más de 50 habitantes de la villa miseria de la calle Fraga y las vías del Ferrocarril Urquiza atacaron anoche el frente de la seccional de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Guzmán y Jorge Newbery, en represalia porque un agente de la fuerza mató de un balazo en la cabeza a un joven que lo intentó asaltar con una réplica de una pistola.

Según la versión policial, ayer a las 13, en Concepción Arenal y Lemos, del barrio de Chacarita, dos ladrones, que se movilizaban en bicicleta y que momentos antes habían asaltado un local de ropa interior en la avenida Corrientes al 6300, sorprendieron a un efectivo de la Metropolitana, vestido de civil, a quien amenazaron con la réplica de una pistola calibre 9 milímetros y le exigieron sus pertenencias. El oficial, ahora detenido en la Comisaría 29 de la Federal, tras entregar su mochila y su billetera, se trabó en lucha con los delincuentes y mató a uno de ellos de un balazo en la cabeza, mientras el segundo escapó.
El superintendente de Seguridad Comunitaria de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, por su parte, admitió que la Justicia debe determinar si el agente actuó en defensa propia o no. Pedace reconoció, sin embargo, que tanto el personal de la fuerza que trabajó en el caso como los testigos "quedaron sorprendidos cuando tomaron conocimiento de que el arma usada por los delincuentes no era real".
[Foto viene de infanciahoy.com]
10 de septiembre de 2011
9 de septiembre de 2011
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la fuga de punta carretas


Hace cuarenta años lograban escapar en Uruguay 111 presos políticos y cinco comunes. Los ex tupamaros Mauricio Rosencof y Jorge Zabalza rememoran aquel escape mayúsculo. "Cuando le preguntaron a Raúl Sendic cuántos debíamos escapar, él respondió: ‘Todos’", dice Rosencof. "Nos fuimos sin disparar ni un solo tiro", recuerda Zabalza.
[Adrián Pérez] Uruguay. Por sus características épicas y de ribetes cinematográficos, fue considerada la fuga de presos políticos más grande de Uruguay y del mundo, y hasta ocupó un lugar en el Guinness. Mientras se organizaba un levantamiento en la Teja, con el propósito de distraer a las fuerzas de seguridad, en la madrugada del 6 de septiembre de 1971 la "Operación Abuso" ponía fin al encierro de 111 militantes políticos –entre ellos, la cúpula del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros– y cinco presos comunes detenidos en la prisión de Punta Carretas. El gobierno de Jorge Pacheco Areco, que se sobreponía al mal trago provocado por la huida de 38 prisioneras de la cárcel de mujeres, recibía un nuevo golpe. A cuarenta años de aquella jornada, Página/12 habló con dos protagonistas de la masiva fuga.
El penal de Punta Carretas tenía cuatro pisos, con 48 celdas por planta. Alojaba a detenidos por crímenes comunes y a un centenar de presos políticos ubicados entre el segundo y tercer piso. El presidente José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, actual ministro de Defensa de Uruguay, también escaparon de la cárcel. Construida a principios del siglo XX, la prisión se hizo célebre en 1931 cuando un grupo de ocho anarquistas huyó cavando un túnel.
"Aquello fue un orgasmo nacional, una epopeya", recuerda en diálogo telefónico el ex tupamaro Mauricio Rosencof. Para facilitar la huida, el escritor y otros compañeros ocuparon la casa ubicada en Solano García 2535, frente al penal de Punta Carretas. "Por ahí tenía que salir el túnel, a nosotros nos tocaba distribuir a los compañeros y ponerlos a resguardo. Al salir, el Ñato (se refiere a Fernández Huidobro) contaba un montón de anécdotas", señala. En un momento, los presos sintieron un soplo de aire que llegaba desde el túnel utilizado por los anarquistas. Los tupamaros bautizaron "Lenin" a su excavación y llamaron "Kropotkin" al primer túnel, en alusión al pensador ruso creador del anarco-comunismo. Sellaron aquel momento con un cartel que colocaron en el camino, y que rezaba "Dos ideologías y un mismo objetivo: la libertad".
Para que los presos pudieran escapar, perforaron las celdas desde el tercer piso. Al serruchar los barrotes, el polvillo que se desprendía era barrido con yerba mate lavada para que no quedara rastro alguno. "Hubo una cosa formidable, cuando le preguntaron a Raúl Sendic cuántos debíamos escapar, él respondió: ‘Todos’", subraya.
"A poco de salir, el Pepe vuelve a caer. Tiempo después se hace otro operativo llamado El Gallo, donde huyen 22 compañeros. El Pepe también salió, rajó dos veces, y ahora mirá dónde lo tenemos", dice Rosencof y explica que la primera reacción del preso es pensar por dónde va a zafar. "La libertad está en el que busca alcanzarla –afirma el ex director de Cultura de Montevideo–. Fuimos derrotados militarmente, pero la ética, las ideas, la energía de la militancia y el reconocimiento de la gente nos permitió estar donde estamos, integrando una fuerza como el Frente Amplio, donde la sabiduría de los fundadores permite mantener en una dignidad de acción a bolches, demócratas cristianos y viejos tupas; somos gobierno con todos ellos, estamos muy bien acompañados y los acompañamos muy bien."
Jorge ‘el Tambero’ Zabalza fue uno de los detenidos que escapó de Punta Carretas. Su hermano fue asesinado durante la toma de la cárcel de Pando y es considerado uno de los hombres de confianza de Sendic. A los 68 años sostiene que el deber de un prisionero es escaparse para continuar la lucha. "Desde que fuimos trasladados a Punta Carretas, los proyectos de fuga estuvieron a la orden del día", afirma y recuerda que contaron con el apoyo del resto de la población carcelaria. "Un túnel de 44 metros es algo que no pasa desapercibido en ninguna cárcel; eso tiene que ver con un trabajo político que siempre se hizo, nos fuimos sin disparar ni un solo tiro; buscamos la forma de escaparnos sin poner en riesgo a nadie."
Según Zabalza, en un primer momento la fuga tuvo un significado político muy grande. "La liberación de los 111 tupamaros, entre ellos los principales cuadros, daba la sensación de que en cualquier momento podíamos derrocar al régimen", evalúa. Sin embargo, días después de la Operación Abuso, el gobierno convocó al ejército para que interviniese en la lucha contra los grupos armados. "En cierto modo, ése fue el comienzo del golpe de Estado."
A los 68 años continúa militando. Junto a movimientos sociales, Zabalza entregará hoy un petitorio a Mujica por algunos desalojos. "Queremos ver si se acuerda de sus orígenes y conserva en la memoria el ideario de Raúl Sendic y de los trabajadores cañeros; también saber si en algún rincón del corazón conserva aquellos sentimientos que tuvo cuarenta años atrás", señala. Zabalza considera que la impunidad de los militares que actuaron durante la dictadura se refleja en los excesos de las fuerzas armadas que participan de la Misión de Paz en Haití.
10 de septiembre de 2011
9 de septiembre de 2011
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amenazan a juez rozanski


El juez Rozanski recibió amenazas a días del inicio del juicio por el Circuito Camps.
Argentina. El presidente del Tribunal Oral Criminal Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, denunció haber recibido amenazas de muerte e intimidaciones que recrudecieron en los últimos días, a poco del inicio del juicio a 26 represores que actuaron durante la dictadura cívico militar, en el denominado "Circuito Camps". Rozanski recibió el mismo tipo de amenazas, en 2006, cuando estuvo al frente del juicio que condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz.

Rozanski admitió que fue "víctima de los hechos denunciados", pero aclaró que "por el momento no dará información para no perjudicar las investigaciones" iniciadas para identificar a sus responsables. Las amenazas contra el juez son investigadas por la Justicia federal, pero también despertaron el interés de dos organismos de Naciones Unidas que desde hace un tiempo recolectan información sobre estos hechos.
"Los llamados y actos intimidatorios tendrían el claro fin de desestabilizar el proceso de juicio en marcha y en especial la megacausa del Circuito Camps", afirmó un vocero judicial a Télam.
El Tribunal presidido por Rozanski e integrado por los jueces Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, juzgará desde el lunes a 26 represores de la última dictadura militar, entre ellos un civil, por delitos de lesa humanidad cometidos contra 360 víctimas, en 6 centros clandestinos de detención del Circuito Camps.
Entre los imputados, figuran el ex gobernador de la dictadura en la provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean y su ministro de Gobierno, el civil Jaime Lamont Smart; el ex represor Etchecolatz y su chofer Hugo Alberto Guallama.
En las audiencias, se ventilarán, entre otros, los casos de homicidios de Daniel Mariani y Diana Teruggi y la apropiación de su hija, Clara Anahí, cuando tenía 3 meses de edad, y también la desaparición de los estudiantes secundarios, hecho conocido como "La Noche de los Lápices".
También figuran el secuestro y las torturas a las que fueron sometidas los integrantes del denominado "Grupo Graiver"; el ex director de la Diario la Opinión, Jacobo Timerman; Jorge Julio López y Adriana Calvo, entre otros. Los testimonios de López, desaparecido desde 2006, y de Calvo, fallecida este año, serán tomados como válidos durante el juicio.
10 de septiembre de 2011
8 de septiembre de 2011
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