corrupción en cárceles de méxico
La corrupción y la impunidad conviven en las cárceles de máxima seguridad de México: en ellas es posible encontrar drogas, teléfonos móviles, alcohol y hasta prostitutas, además de que recientemente han empezado a convertirse en un escenario más de la guerra entre bandas de narcotraficantes.
Ciudad de México, México. El reciente asesinato de un capo del cártel de Sinaloa en el penal de máxima seguridad de La Palma', en el central estado de México, destapó una caja de Pandora de la que sobresalen peligrosos privilegios para los reos que incluyen la posibilidad de escaparse comprando a las autoridades, señalan expertos.
"La corrupción y la impunidad están en todos lados, la corrupción no es ninguna novedad" en las cárceles mexicanas, incluyendo las de máxima seguridad, "donde entran drogas, prostitutas, y en este último caso armas", dijo a la AFP el criminólogo Rafael Ruiz.
El pasado fin de semana, Arturo Guzmán Loera, hermano del prófugo Joaquín el Chapo' Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue asesinado a balazos por otro interno en el área de locutorios de La Palma', una de las tres cárceles de máxima seguridad que, según las autoridades, carecían de los problemas que corroen al resto de los reclusorios de México.
El crimen se registró a menos de una semana de una operación de registro, durante la que se encontraron en poder de los reclusos teléfonos móviles, diferentes tipos de bebidas alcohólicas, fuertes sumas de dinero y otros objetos prohibidos, que disminuyen la seguridad de este tipo de penales, según la secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
"Estamos frente a un hecho de alta traición, esa es la única forma de explicar" el asesinato de Arturo Guzmán, alias el Pollo', dijo a la prensa Carlos Tornero, comisionado de Prevención y Readaptación Social de la SSP.
El hermano del reo asesinado, Joaquín el Chapo' Guzmán, se escapó de otro penal de máxima seguridad en el estado de Jalisco (oeste) el 19 de enero de 2001, un hecho que determinó la detención del director de esa cárcel.
En México se calcula que hay cerca de 190.000 reclusos, de los cuales 560 se encuentran en La Palma', que tiene una capacidad para 724 internos.
Según datos de la SSP ofrecidos en noviembre de 2004 por el presidente Vicente Fox, en los últimos cuatro años se detuvo a 35.466 personas implicadas en el narcotráfico.
Desde 2003, la oficina del Ombudsman de México ha tenido conocimiento de que en el penal de La Palma' han ingresado "objetos y sustancias prohibidas, como teléfonos celulares y algunas drogas, lo cual indica que desde entonces se encuentra vulnerada la seguridad" del reclusorio, dijo por su parte en una entrevista radial José Antonio Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mientras se supone que "en este tipo de penales, los presos están completamente aislados, al grado de que pierden todo deseo de vivir", según aclara el criminólogo Rafael Ruiz, la CNDH asegura que los delincuentes siguen manejando sus actividades ilícitas desde la cárcel.
"Siguen operando, desde 2003 está documentado que ha sido vulnerada la seguridad y últimamente lo seguía siendo", reiteró José Antonio Bernal.
El asesinato de Guzmán se suma a la muerte -también a balazos y en el mismo penal de máxima seguridad- del capo Miguel Ángel Beltrán, alias el Ceja Güera', en octubre de 2004, y a un plan de fuga que fue detectado por las autoridades en agosto pasado.
Entre todos estos hechos destaca la presencia del líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, enemigo de los asesinados, quien desde prisión "con billetes y amenazas logró corromper a las autoridades, (...) y manda en La Palma'", según el periodista Jesús Blancornelas, quien ha sufrido varios atentados por sus investigaciones sobre el narcotráfico.
6 de enero de 2005
©mi punto
Ciudad de México, México. El reciente asesinato de un capo del cártel de Sinaloa en el penal de máxima seguridad de La Palma', en el central estado de México, destapó una caja de Pandora de la que sobresalen peligrosos privilegios para los reos que incluyen la posibilidad de escaparse comprando a las autoridades, señalan expertos. "La corrupción y la impunidad están en todos lados, la corrupción no es ninguna novedad" en las cárceles mexicanas, incluyendo las de máxima seguridad, "donde entran drogas, prostitutas, y en este último caso armas", dijo a la AFP el criminólogo Rafael Ruiz.
El pasado fin de semana, Arturo Guzmán Loera, hermano del prófugo Joaquín el Chapo' Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue asesinado a balazos por otro interno en el área de locutorios de La Palma', una de las tres cárceles de máxima seguridad que, según las autoridades, carecían de los problemas que corroen al resto de los reclusorios de México.
El crimen se registró a menos de una semana de una operación de registro, durante la que se encontraron en poder de los reclusos teléfonos móviles, diferentes tipos de bebidas alcohólicas, fuertes sumas de dinero y otros objetos prohibidos, que disminuyen la seguridad de este tipo de penales, según la secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
"Estamos frente a un hecho de alta traición, esa es la única forma de explicar" el asesinato de Arturo Guzmán, alias el Pollo', dijo a la prensa Carlos Tornero, comisionado de Prevención y Readaptación Social de la SSP.
El hermano del reo asesinado, Joaquín el Chapo' Guzmán, se escapó de otro penal de máxima seguridad en el estado de Jalisco (oeste) el 19 de enero de 2001, un hecho que determinó la detención del director de esa cárcel.
En México se calcula que hay cerca de 190.000 reclusos, de los cuales 560 se encuentran en La Palma', que tiene una capacidad para 724 internos.
Según datos de la SSP ofrecidos en noviembre de 2004 por el presidente Vicente Fox, en los últimos cuatro años se detuvo a 35.466 personas implicadas en el narcotráfico.
Desde 2003, la oficina del Ombudsman de México ha tenido conocimiento de que en el penal de La Palma' han ingresado "objetos y sustancias prohibidas, como teléfonos celulares y algunas drogas, lo cual indica que desde entonces se encuentra vulnerada la seguridad" del reclusorio, dijo por su parte en una entrevista radial José Antonio Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mientras se supone que "en este tipo de penales, los presos están completamente aislados, al grado de que pierden todo deseo de vivir", según aclara el criminólogo Rafael Ruiz, la CNDH asegura que los delincuentes siguen manejando sus actividades ilícitas desde la cárcel.
"Siguen operando, desde 2003 está documentado que ha sido vulnerada la seguridad y últimamente lo seguía siendo", reiteró José Antonio Bernal.
El asesinato de Guzmán se suma a la muerte -también a balazos y en el mismo penal de máxima seguridad- del capo Miguel Ángel Beltrán, alias el Ceja Güera', en octubre de 2004, y a un plan de fuga que fue detectado por las autoridades en agosto pasado.
Entre todos estos hechos destaca la presencia del líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, enemigo de los asesinados, quien desde prisión "con billetes y amenazas logró corromper a las autoridades, (...) y manda en La Palma'", según el periodista Jesús Blancornelas, quien ha sufrido varios atentados por sus investigaciones sobre el narcotráfico.
6 de enero de 2005
©mi punto
investigarán destino de desaparecidos en uruguay
El futuro gobierno de izquierda que asumirá el 1 de marzo en Uruguay contará con una secretaría de Derechos Humanos que dependerá directamente de la Presidencia para investigar el destino de los desaparecidos, según fuentes de la futura administración citadas por la prensa local.
Montevideo, Uruguay. El designado subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi, confirmó parcialmente la información en declaraciones a radio Diamante FM.
Bayardi afirmó que se puede seguir recopilando información para eventualmente construir la verdad de lo que ocurrió con los desaparecidos, al tiempo que se mostró partidario de que la investigación haga públicos los nombres y apellidos de los implicados.
La designada ministra de Defensa, Azucena Berruti, había dicho a comienzos de diciembre que el futuro gobierno intentará "llegar al mayor resultado posible de verdad y justicia, que es lo que se ha estado reclamando", por parte de víctimas y familiares de desaparecidos durante la dictadura militar.
El artículo 4 de la Ley de Caducidad, promulgada en diciembre de 1996 y refrendada por voto popular en mayo de 1999, que amnistió en los hechos las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985), permite no obstante la búsqueda de los desaparecidos.
La Comisión para la Paz, equipo de notables convocado por el presidente saliente Jorge Batlle, que actuó de agosto de 2000 a abril de 2003, concluyó que los desaparecidos fueron asesinados por la fuerzas represivas del Estado, muchas veces a través de torturas.
El informe señaló que 26 desaparecidos fueron asesinados en el país por agentes de la dictadura. En total la Comisión recibió 38 denuncias de desapariciones en Uruguay durante la dictadura militar, 182 de uruguayos desaparecidos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil.
6 de enero de 2005
©mi punto
Montevideo, Uruguay. El designado subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi, confirmó parcialmente la información en declaraciones a radio Diamante FM. Bayardi afirmó que se puede seguir recopilando información para eventualmente construir la verdad de lo que ocurrió con los desaparecidos, al tiempo que se mostró partidario de que la investigación haga públicos los nombres y apellidos de los implicados.
La designada ministra de Defensa, Azucena Berruti, había dicho a comienzos de diciembre que el futuro gobierno intentará "llegar al mayor resultado posible de verdad y justicia, que es lo que se ha estado reclamando", por parte de víctimas y familiares de desaparecidos durante la dictadura militar.
El artículo 4 de la Ley de Caducidad, promulgada en diciembre de 1996 y refrendada por voto popular en mayo de 1999, que amnistió en los hechos las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985), permite no obstante la búsqueda de los desaparecidos.
La Comisión para la Paz, equipo de notables convocado por el presidente saliente Jorge Batlle, que actuó de agosto de 2000 a abril de 2003, concluyó que los desaparecidos fueron asesinados por la fuerzas represivas del Estado, muchas veces a través de torturas.
El informe señaló que 26 desaparecidos fueron asesinados en el país por agentes de la dictadura. En total la Comisión recibió 38 denuncias de desapariciones en Uruguay durante la dictadura militar, 182 de uruguayos desaparecidos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil.
6 de enero de 2005
©mi punto
amables con el vicio - richard marosi
Tijuana, que hace esfuerzos para almidonar su imagen, quería sacar a las putas de la calle. Pero las paraditas se pusieron firmes, y el ayuntamiento accedió a hacer compromisos.
Tijuana, México. Frente al Bar El Burro, Mónica y Juana observaron cómo el sórdido paisaje de este barrio rojo de la ciudad fronteriza adquiría poco a poco una nueva imagen con ondulantes palmas, hoteles color pastel y elegantes farolas públicas.
Luego los inspectores de la ciudad echaron a Mónica y Juana y a todas las otras prostitutas de la calle y las empujaron hacia los bares y hoteles llenos de humo. Las nuevas aceras, dijeron los inspectores, eran para los turistas, no para las decenas de prostitutas que se apiñan en las puertas y aceras del Callejón de Coahuila.
Las mujeres -llamadas las paraditas'- se rebelaron, provocando una clásica guerra cívica típica de Tijuana, que opuso a las autoridades contra la testaruda y celebrada tradición viciosa de la ciudad.
En septiembre, con las caras cubiertas con pañuelos azules, unas 200 prostitutas se reunieron en La Coahuila, como se conoce al barrio rojo, y cruzaron dos veces la ciudad en una demostración de desobediencia civil que culminó con una amenaza de desnudarse en las escalinatas del ayuntamiento. Los funcionarios del ayuntamiento retrocedieron y propusieron un compromiso.
Fue un empate convenientemente estridente para una ciudad que quiere imponer orden en un área que ha ayudado a dar origen a su reputación de ingobernable. Haga lo que haga, los esfuerzos de Tijuana por crear una nueva imagen que refleje su transformación en un floreciente centro cultural y en la región de las oportunidades de México chocaron inevitablemente con su pasado colorido y a menudo sórdido.
El drama "tenía todos los ingredientes: sexo, prostitutas, policías, La Coahuila, puteros", dijo Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, de Tijuana.
Hoy, las paraditas siguen frente al Bar El Burro, el Hotel Eduardo y el Bar Miami, continuando con la tradición de hacer la calle que ha atraído a hombres del otro lado de la frontera durante generaciones.
"Quiero seguir parándome donde siempre", dijo la pelirroja Mónica, 44, fumando un cigarrillo frente a El Burro, "porque así puedo mantener a mis hijos".
Mónica, que prefiere los escotes profundos y los tacos altos acordonados que enmallan sus pantorrillas en rojo, está consciente de su lugar en la sociedad.
"Yo soy una mujer pecadora," dice.
Pero sus beneficios de cientos de sesiones a 20 dólares en el Hotel Najera, la ayudaron a construir su casa: una choza de puertas de garaje desechadas de casas suburbanas norteamericanas.
Guarda sus ahorros en un estuche de joyas debajo de su cama.
La enérgica defensa de Mónica de su modo de vida la ayudó a emerger como una de las líderes de la insurrección, y se transformó en una voz familiar en los programas radiales.
La prostitución es legal en Tijuana, pero está confinada en gran parte al barrio rojo de tres calles que los habitantes de la localidad llaman la "zona de tolerancia".
La prostitución es permitida en gran parte de México, aunque alguno estados han aprobado leyes contra su ejercicio, de acuerdo al profesor de leyes Jorge Vargas, de la Universidad de San Diego. (Las trabajadoras sexuales de México deben chequearse médicamente una vez al mes. Si no lo hacen, pueden ser multadas).
Unas 1.200 prostitutas de todo México trabajan en La Coahuila, transformándola en una destinación turística sexual que es tan popular como Ámsterdam y Bangkok, dice Melissa Farley, una investigadora de Investigación y Educación sobre la Prostitución, una organización sin fines de lucro de San Francisco.
Masajistas, bailarinas y caras striptiseras trabajan en decenas de clubes. Afuera, las paraditas se apoyan contra las mugrientas paredes de azulejos de bares y restaurantes. El Callejón de Coahuila es la central de las paraditas, el pulso de esta pecaminosa ciudad mexicana.
El tramo de unos 150 metros de clubes de striptease, tenderetes de tacos y salones de belleza es un bazar al aire libre atiborrado de ruidosos taberneros, silbantes vendedores de drogas y los campaneos de los vendedores de helado. Las prostitutas van vestidas como colegialas, destellantes minifaldas, bañadores transparentes. Una guiñada y una conversación susurrada con un posible cliente cierra un trato.
La mayoría de las paraditas son madres solteras que dicen que no pueden sostener a sus familias con trabajos de fábrica que, aunque en la bullente Tijuana son abundantes, sólo pagan 1 dólar con 50 la hora.
Frente al Bar El Burro, Juana, 42, con el pelo azabache brillante, dice que llegó aquí hace ocho años después de tratar sin éxito de entrar a Estados Unidos con sus tres hijos.
Marta, 42, una alta y castaña madre de seis hijos, empieza a trabajar a las cinco de la mañana. Dice que los negocios marchan bien a esa hora, porque los borrachos salen a tropezones de los bares buscando sexo.
Susana, 26, una antigua asistente de una funeraria, lleva a los hombres a través de una estrecha escalera hasta una ordenada habitación arriba de El Burro, donde muestra con orgullo una colección de muñecas de peluche apiladas en una silla.
Son regalos de su hijo de 5 años. No sabe que su madre es una prostituta que recibe a seis hombres cada día en este cuarto, donde una sábana azul cubre pulcramente la cama.
Susana también estuvo entre las que marcharon protestando por la calle, junto con Juana, Marta y cientos de otras.
La historia del vicio aquí se remonta al cambio del siglo pasado, cuando Tijuana todavía era una polvorienta avanzada de ranchos y cantinas. Más tarde, durante los años de 1940, el barrio rojo se trasladó de la Avenida de la Revolución, ahora la principal destinación turística, hacia su sitio actual unas calles más al oeste.
La concentración de tropas después de la Segunda Guerra Mundial en San Diego aseguró un suministro estable de clientes, que ahora incluye a estudiantes universitarios, hombres de negocios que fuman puros, jóvenes con tatuajes de pandillas, y jubilados de pantalones cortos. La Coahuila también ha sido durante muchos años un popular barrio nocturno para los vecinos de la localidad.
Pero las multitudes menguaron durante un tiempo a fines de los años setenta, cuando el área decayó y se transformó en un laberinto de hediondas y peligrosas aceras y callejones obscuros.
El proyecto de desarrollo urbano de la ciudad, que empezó en 1990 pero se puso en camino hace poco, es el último y más ambicioso intento de redefinir el área como un emporio sexual saneado, siguiendo el modelo de Las Vegas o Ámsterdam.
"Sabemos que la prostitución no va a desaparecer probablemente nunca..., pero estamos tratando, poco a poco, de cambiar la imagen del área, y también en Tijuana", dijo el antiguo alcalde Luis Alonso Morlett.
Todo marchaba de acuerdo a los planes hasta que los inspectores de la ciudad se aparecieran un buen día y dijeran a las paraditas que ya no convenían a la nueva imagen del paisaje urbano. Mónica y las otras recuerdan haber quedado consternadas cuando les dijeron que tendrían que pagar una multa de 100 dólares si se paraban frente al Bar El Burro.
Las mujeres no saben prácticamente nada de política. La mayoría tiene educación básica. Pero Mónica y Marta, ambas abuelas, dijeron que tienen toda una vida de experiencia en negociaciones con hombres empecinados.
"No nos íbamos a quedar calladas", dijo Marta.
Su primer esfuerzo para obtener ayuda fracasó cuando las prostitutas cruzaron la ciudad para reunirse con unos abogados. Resultaron ser chulos, dijeron.
Más tarde, un verdadero abogado, Ricardo Montoya Obeso, las ayudó a organizarse y a fijar un plan de acción. Propuso a las mujeres que se llamaran las "Marilyn Monroes".
"Era la puta más guapa del mundo", dijo Montoya. "Y lo digo con el debido respeto".
A Susana le gustó la idea: "Ella simboliza la belleza sexual, como nosotras".
Cada jefa adoptó un nombre de guerra -poniéndose a sí mismas los nombres de famosas actrices mexicanas. Una se llamó Niurka, una popular estrella de telenovelas. Mónica escogió un nombre más amenazador; se llamó La Tigresa.
Recibieron ayuda de las María Madgalenas -un grupo de prostitutas de una calle vecina que habían organizado años antes una protesta contra el acoso policial.
Las Magdalenas también tuvieron éxito a la hora de negociar con el ayuntamiento. Hace unos años, cuando la policía las quiso sacar de la calle, las mujeres amenazaron con publicar una lista con líderes de la comunidad que frecuentaban el barrio. Las autoridades retrocedieron.
Las Magdalenas y las Marilyn Monroes marcharon desde el barrio rojo y cruzaron los tres kilómetros que las separan del ayuntamiento."Me sentí como si estuviera en España, excepto que en lugar de ver correr a los toros', vi correr a las prostitutas", escribió en una página web un hombre que presenció la protesta. "No es algo que se vea muy a menudo: una manifestación callejera de trabajadoras sexuales".
Al día siguiente, las mujeres se cogieron de los brazos y formaron una cadena humana, bloqueando las dos entradas del Callejón de Coahuila. No dejaron pasar a nadie.
Las protestas escalaron dos días más tarde cuando las mujeres volvieron a cruzar la ciudad para hablar con el alcalde. Tras su rechazo a recibirlas, amenazaron con desnudarse en las escalinatas del ayuntamiento.
"Que suban, no queremos un escándalo", dijo entonces el alcalde Jesús González Reyes a la policía, de acuerdo a la recepcionistas Imelda Echevarría.
Las protestas les ganaron la simpatía de gran parte de Tijuana.
La Tigresa y otras aparecieron en programas de radio. Algunos transeúntes las aplaudieron durante sus marchas. Los taxistas tocaron sus bocinas en señal de apoyo. Y muchos clientes y parranderos se negaron a romper su bloqueo.
Incluso expresando su indignación, las mujeres respetaron la actitud de tolerancia-hasta-cierto-punto del ayuntamiento hacia la prostitución. En lugar de desfilar en minifalda y blusas apretadas, llevaron vaqueros y camisas abotonadas. La amenaza de desnudarse, dice Mónica ahora, era bluff.
Después de eso, las autoridades reconocieron su error en asumir que las mujeres preferían trabajar dentro, en un intento de "dignificar" sus condiciones laborales.
Aunque sacar a las prostitutas de la calle sigue siendo el objetivo, los dueños de bares y líderes políticos han ideado un nuevo plan: crear zonas de espera en los vestíbulos de los hoteles donde las mujeres puedan reunirse cómodamente con sus clientes. Habrá sofás confortables, televisores, y se servirá té y café.
La persona que personifica el nuevo y elegante enfoque es Antonio Escobedo, el dueño de un cabaret que encabeza el plan de remodelación.
Un hombre chico de voz suave, llamado Papi' por las striptiseras de su bar, Escobedo dice que nadie puede obligar a las paraditas a meterse a trabajar en hoteles, y las que sigan en la calle no serán multadas.
"Para las paraditas estar en la calle es parte de la historia de Tijuana", dice Escobedo. "Sacarlas de la calle fue una falta de taco. Cuando los hoteles estén listos", dice Escobedo, con un cortés gesto con su brazo, "las invitaremos a entrar".
Si el plan funciona o no, la batalla por el Callejón de Coahuila ha sido una importante lección para las autoridades de la ciudad, dice Clark, el activista de derechos humanos que organizó un encuentro entre funcionarios y las paraditas.
"Fue un modo de mostrar a las autoridades quiénes son realmente esas mujeres", dice Clark. "Que tienen sus problemas, que ven la prostitución de otra manera que los funcionarios".
5 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Tijuana, México. Frente al Bar El Burro, Mónica y Juana observaron cómo el sórdido paisaje de este barrio rojo de la ciudad fronteriza adquiría poco a poco una nueva imagen con ondulantes palmas, hoteles color pastel y elegantes farolas públicas.Luego los inspectores de la ciudad echaron a Mónica y Juana y a todas las otras prostitutas de la calle y las empujaron hacia los bares y hoteles llenos de humo. Las nuevas aceras, dijeron los inspectores, eran para los turistas, no para las decenas de prostitutas que se apiñan en las puertas y aceras del Callejón de Coahuila.
Las mujeres -llamadas las paraditas'- se rebelaron, provocando una clásica guerra cívica típica de Tijuana, que opuso a las autoridades contra la testaruda y celebrada tradición viciosa de la ciudad.
En septiembre, con las caras cubiertas con pañuelos azules, unas 200 prostitutas se reunieron en La Coahuila, como se conoce al barrio rojo, y cruzaron dos veces la ciudad en una demostración de desobediencia civil que culminó con una amenaza de desnudarse en las escalinatas del ayuntamiento. Los funcionarios del ayuntamiento retrocedieron y propusieron un compromiso.
Fue un empate convenientemente estridente para una ciudad que quiere imponer orden en un área que ha ayudado a dar origen a su reputación de ingobernable. Haga lo que haga, los esfuerzos de Tijuana por crear una nueva imagen que refleje su transformación en un floreciente centro cultural y en la región de las oportunidades de México chocaron inevitablemente con su pasado colorido y a menudo sórdido.
El drama "tenía todos los ingredientes: sexo, prostitutas, policías, La Coahuila, puteros", dijo Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, de Tijuana.
Hoy, las paraditas siguen frente al Bar El Burro, el Hotel Eduardo y el Bar Miami, continuando con la tradición de hacer la calle que ha atraído a hombres del otro lado de la frontera durante generaciones.
"Quiero seguir parándome donde siempre", dijo la pelirroja Mónica, 44, fumando un cigarrillo frente a El Burro, "porque así puedo mantener a mis hijos".
Mónica, que prefiere los escotes profundos y los tacos altos acordonados que enmallan sus pantorrillas en rojo, está consciente de su lugar en la sociedad.
"Yo soy una mujer pecadora," dice.
Pero sus beneficios de cientos de sesiones a 20 dólares en el Hotel Najera, la ayudaron a construir su casa: una choza de puertas de garaje desechadas de casas suburbanas norteamericanas.
Guarda sus ahorros en un estuche de joyas debajo de su cama.
La enérgica defensa de Mónica de su modo de vida la ayudó a emerger como una de las líderes de la insurrección, y se transformó en una voz familiar en los programas radiales.
La prostitución es legal en Tijuana, pero está confinada en gran parte al barrio rojo de tres calles que los habitantes de la localidad llaman la "zona de tolerancia".
La prostitución es permitida en gran parte de México, aunque alguno estados han aprobado leyes contra su ejercicio, de acuerdo al profesor de leyes Jorge Vargas, de la Universidad de San Diego. (Las trabajadoras sexuales de México deben chequearse médicamente una vez al mes. Si no lo hacen, pueden ser multadas).
Unas 1.200 prostitutas de todo México trabajan en La Coahuila, transformándola en una destinación turística sexual que es tan popular como Ámsterdam y Bangkok, dice Melissa Farley, una investigadora de Investigación y Educación sobre la Prostitución, una organización sin fines de lucro de San Francisco.
Masajistas, bailarinas y caras striptiseras trabajan en decenas de clubes. Afuera, las paraditas se apoyan contra las mugrientas paredes de azulejos de bares y restaurantes. El Callejón de Coahuila es la central de las paraditas, el pulso de esta pecaminosa ciudad mexicana.
El tramo de unos 150 metros de clubes de striptease, tenderetes de tacos y salones de belleza es un bazar al aire libre atiborrado de ruidosos taberneros, silbantes vendedores de drogas y los campaneos de los vendedores de helado. Las prostitutas van vestidas como colegialas, destellantes minifaldas, bañadores transparentes. Una guiñada y una conversación susurrada con un posible cliente cierra un trato.
La mayoría de las paraditas son madres solteras que dicen que no pueden sostener a sus familias con trabajos de fábrica que, aunque en la bullente Tijuana son abundantes, sólo pagan 1 dólar con 50 la hora.
Frente al Bar El Burro, Juana, 42, con el pelo azabache brillante, dice que llegó aquí hace ocho años después de tratar sin éxito de entrar a Estados Unidos con sus tres hijos.
Marta, 42, una alta y castaña madre de seis hijos, empieza a trabajar a las cinco de la mañana. Dice que los negocios marchan bien a esa hora, porque los borrachos salen a tropezones de los bares buscando sexo.
Susana, 26, una antigua asistente de una funeraria, lleva a los hombres a través de una estrecha escalera hasta una ordenada habitación arriba de El Burro, donde muestra con orgullo una colección de muñecas de peluche apiladas en una silla.
Son regalos de su hijo de 5 años. No sabe que su madre es una prostituta que recibe a seis hombres cada día en este cuarto, donde una sábana azul cubre pulcramente la cama.
Susana también estuvo entre las que marcharon protestando por la calle, junto con Juana, Marta y cientos de otras.
La historia del vicio aquí se remonta al cambio del siglo pasado, cuando Tijuana todavía era una polvorienta avanzada de ranchos y cantinas. Más tarde, durante los años de 1940, el barrio rojo se trasladó de la Avenida de la Revolución, ahora la principal destinación turística, hacia su sitio actual unas calles más al oeste.
La concentración de tropas después de la Segunda Guerra Mundial en San Diego aseguró un suministro estable de clientes, que ahora incluye a estudiantes universitarios, hombres de negocios que fuman puros, jóvenes con tatuajes de pandillas, y jubilados de pantalones cortos. La Coahuila también ha sido durante muchos años un popular barrio nocturno para los vecinos de la localidad.
Pero las multitudes menguaron durante un tiempo a fines de los años setenta, cuando el área decayó y se transformó en un laberinto de hediondas y peligrosas aceras y callejones obscuros.
El proyecto de desarrollo urbano de la ciudad, que empezó en 1990 pero se puso en camino hace poco, es el último y más ambicioso intento de redefinir el área como un emporio sexual saneado, siguiendo el modelo de Las Vegas o Ámsterdam.
"Sabemos que la prostitución no va a desaparecer probablemente nunca..., pero estamos tratando, poco a poco, de cambiar la imagen del área, y también en Tijuana", dijo el antiguo alcalde Luis Alonso Morlett.
Todo marchaba de acuerdo a los planes hasta que los inspectores de la ciudad se aparecieran un buen día y dijeran a las paraditas que ya no convenían a la nueva imagen del paisaje urbano. Mónica y las otras recuerdan haber quedado consternadas cuando les dijeron que tendrían que pagar una multa de 100 dólares si se paraban frente al Bar El Burro.
Las mujeres no saben prácticamente nada de política. La mayoría tiene educación básica. Pero Mónica y Marta, ambas abuelas, dijeron que tienen toda una vida de experiencia en negociaciones con hombres empecinados.
"No nos íbamos a quedar calladas", dijo Marta.
Su primer esfuerzo para obtener ayuda fracasó cuando las prostitutas cruzaron la ciudad para reunirse con unos abogados. Resultaron ser chulos, dijeron.
Más tarde, un verdadero abogado, Ricardo Montoya Obeso, las ayudó a organizarse y a fijar un plan de acción. Propuso a las mujeres que se llamaran las "Marilyn Monroes".
"Era la puta más guapa del mundo", dijo Montoya. "Y lo digo con el debido respeto".
A Susana le gustó la idea: "Ella simboliza la belleza sexual, como nosotras".
Cada jefa adoptó un nombre de guerra -poniéndose a sí mismas los nombres de famosas actrices mexicanas. Una se llamó Niurka, una popular estrella de telenovelas. Mónica escogió un nombre más amenazador; se llamó La Tigresa.
Recibieron ayuda de las María Madgalenas -un grupo de prostitutas de una calle vecina que habían organizado años antes una protesta contra el acoso policial.
Las Magdalenas también tuvieron éxito a la hora de negociar con el ayuntamiento. Hace unos años, cuando la policía las quiso sacar de la calle, las mujeres amenazaron con publicar una lista con líderes de la comunidad que frecuentaban el barrio. Las autoridades retrocedieron.
Las Magdalenas y las Marilyn Monroes marcharon desde el barrio rojo y cruzaron los tres kilómetros que las separan del ayuntamiento."Me sentí como si estuviera en España, excepto que en lugar de ver correr a los toros', vi correr a las prostitutas", escribió en una página web un hombre que presenció la protesta. "No es algo que se vea muy a menudo: una manifestación callejera de trabajadoras sexuales".
Al día siguiente, las mujeres se cogieron de los brazos y formaron una cadena humana, bloqueando las dos entradas del Callejón de Coahuila. No dejaron pasar a nadie.
Las protestas escalaron dos días más tarde cuando las mujeres volvieron a cruzar la ciudad para hablar con el alcalde. Tras su rechazo a recibirlas, amenazaron con desnudarse en las escalinatas del ayuntamiento.
"Que suban, no queremos un escándalo", dijo entonces el alcalde Jesús González Reyes a la policía, de acuerdo a la recepcionistas Imelda Echevarría.
Las protestas les ganaron la simpatía de gran parte de Tijuana.
La Tigresa y otras aparecieron en programas de radio. Algunos transeúntes las aplaudieron durante sus marchas. Los taxistas tocaron sus bocinas en señal de apoyo. Y muchos clientes y parranderos se negaron a romper su bloqueo.
Incluso expresando su indignación, las mujeres respetaron la actitud de tolerancia-hasta-cierto-punto del ayuntamiento hacia la prostitución. En lugar de desfilar en minifalda y blusas apretadas, llevaron vaqueros y camisas abotonadas. La amenaza de desnudarse, dice Mónica ahora, era bluff.
Después de eso, las autoridades reconocieron su error en asumir que las mujeres preferían trabajar dentro, en un intento de "dignificar" sus condiciones laborales.
Aunque sacar a las prostitutas de la calle sigue siendo el objetivo, los dueños de bares y líderes políticos han ideado un nuevo plan: crear zonas de espera en los vestíbulos de los hoteles donde las mujeres puedan reunirse cómodamente con sus clientes. Habrá sofás confortables, televisores, y se servirá té y café.
La persona que personifica el nuevo y elegante enfoque es Antonio Escobedo, el dueño de un cabaret que encabeza el plan de remodelación.
Un hombre chico de voz suave, llamado Papi' por las striptiseras de su bar, Escobedo dice que nadie puede obligar a las paraditas a meterse a trabajar en hoteles, y las que sigan en la calle no serán multadas.
"Para las paraditas estar en la calle es parte de la historia de Tijuana", dice Escobedo. "Sacarlas de la calle fue una falta de taco. Cuando los hoteles estén listos", dice Escobedo, con un cortés gesto con su brazo, "las invitaremos a entrar".
Si el plan funciona o no, la batalla por el Callejón de Coahuila ha sido una importante lección para las autoridades de la ciudad, dice Clark, el activista de derechos humanos que organizó un encuentro entre funcionarios y las paraditas.
"Fue un modo de mostrar a las autoridades quiénes son realmente esas mujeres", dice Clark. "Que tienen sus problemas, que ven la prostitución de otra manera que los funcionarios".
5 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
lista de esclavistas en brasil
La llamada lista "sucia", de infractores que mantienen trabajadores en situación de esclavitud en Brasil, llegó a los 65 nombres, entre políticos, empresarios y hacendados, según un último relevamiento elaborado por el Ministerio de Trabajo divulgado este lunes.
Río de Janeiro, Brasil. La lista, la tercera preparada por el ministerio, presenta un aumento en relación a los 49 infractores registrados a julio del año pasado y es la más grande desde el inicio del gobierno izquierdista de Luiz Inacio Lula da Silva, en enero de 2003.
En noviembre de 2003 habían sido registrados 52 casos de trabajo esclavo.
La lista "sucia" contempla los casos de aquellos trabajadores mantenidos en condiciones semejantes a la esclavitud, sin recibir salario, sin poder dejar la hacienda donde trabajan y viviendo en condiciones degradantes de salud, alimentación e higiene.
En la lista de 65 infractores (55 hacendados y 10 empresas) figura una empresa propiedad del presidente de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro, Jorge Picciani (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) que fue incluida en junio de 2003 tras verificarse que mantenía a 39 trabajadores en condiciones insalubres y vigilados por hombres armados.
También aparecen los hermanos de Paulo César Farias, ex tesorero de la campaña electoral del ex presidente Fernando Collor de Mello; la familia Mutra (una rica familia de hacendados del estado de Pará, en el nordeste brasileño), y un empresario que controla uno de los mayores grupos de transporte urbano en Brasil.
La lista es elaborada por un grupo integrado por fiscales y policías federales. En 2003 y 2004 se realizaron 65 operaciones, que resultaron en la liberación de 4.059 trabajadores que estaban siendo explotados, según datos recogidos por la prensa.
Desde 2003 un total de 166 productores y empresas rurales están incluidas en el registro, lo que significa que tienen más dificultades para acceder a recursos públicos. Para salir de la lista "sucia" el Ministerio de Trabajo estipula un plazo de dos años, en que debe comprobarse que las prácticas semejantes a la esclavitud fueron abandonadas.
Se calcula que entre 20.000 y 50.000 trabajadores rurales están sometidos en Brasil a condiciones asimilables a la esclavitud, según datos al año 2004 de la Pastoral de la Tierra de la iglesia Católica y el Movimiento de los Sin Tierra (MST).
Los estados brasileños que ostentan un récord de este tipo de trabajo son los amazónicos Pará y Mato Grosso, que emplean a los trabajadores en la deforestación y en la producción de carbón vegetal, pero también en el agronegocio y en las plantaciones de caña de azúcar en otras regiones del país.
5 de enero de 2005
©mi punto
Río de Janeiro, Brasil. La lista, la tercera preparada por el ministerio, presenta un aumento en relación a los 49 infractores registrados a julio del año pasado y es la más grande desde el inicio del gobierno izquierdista de Luiz Inacio Lula da Silva, en enero de 2003. En noviembre de 2003 habían sido registrados 52 casos de trabajo esclavo.
La lista "sucia" contempla los casos de aquellos trabajadores mantenidos en condiciones semejantes a la esclavitud, sin recibir salario, sin poder dejar la hacienda donde trabajan y viviendo en condiciones degradantes de salud, alimentación e higiene.
En la lista de 65 infractores (55 hacendados y 10 empresas) figura una empresa propiedad del presidente de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro, Jorge Picciani (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) que fue incluida en junio de 2003 tras verificarse que mantenía a 39 trabajadores en condiciones insalubres y vigilados por hombres armados.
También aparecen los hermanos de Paulo César Farias, ex tesorero de la campaña electoral del ex presidente Fernando Collor de Mello; la familia Mutra (una rica familia de hacendados del estado de Pará, en el nordeste brasileño), y un empresario que controla uno de los mayores grupos de transporte urbano en Brasil.
La lista es elaborada por un grupo integrado por fiscales y policías federales. En 2003 y 2004 se realizaron 65 operaciones, que resultaron en la liberación de 4.059 trabajadores que estaban siendo explotados, según datos recogidos por la prensa.
Desde 2003 un total de 166 productores y empresas rurales están incluidas en el registro, lo que significa que tienen más dificultades para acceder a recursos públicos. Para salir de la lista "sucia" el Ministerio de Trabajo estipula un plazo de dos años, en que debe comprobarse que las prácticas semejantes a la esclavitud fueron abandonadas.
Se calcula que entre 20.000 y 50.000 trabajadores rurales están sometidos en Brasil a condiciones asimilables a la esclavitud, según datos al año 2004 de la Pastoral de la Tierra de la iglesia Católica y el Movimiento de los Sin Tierra (MST).
Los estados brasileños que ostentan un récord de este tipo de trabajo son los amazónicos Pará y Mato Grosso, que emplean a los trabajadores en la deforestación y en la producción de carbón vegetal, pero también en el agronegocio y en las plantaciones de caña de azúcar en otras regiones del país.
5 de enero de 2005
©mi punto
pinochet será procesado por asesinato y secuestro
Tras la ratificación de parte de la Corte Suprema de la orden de arresto ordenada por el juez Juan Guzmán Tapia, el ex dictador chileno Augusto Pinochet aguardaba en su finca costera de Los Boldos' la notificación judicial que da curso a su aprehensión.
Santiago, Chile. El tribunal, por un estrecho fallo de tres votos contra dos, rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de Pinochet, para paralizar la orden de arresto que dictó el pasado 13 de diciembre el juez Guzmán Tapia por su responsabilidad en los crímenes de la Operación Cóndor'.
El magistrado inculpó a Pinochet por su responsabilidad en un asesinato y nueve secuestros atribuidos a ese plan secreto que coordinó en los setenta a las dictaduras del Cono Sur para el exterminio de opositores.
El ex general, de 89 años, fue autorizado el jueves pasado por su equipo médico a trasladarse hasta su residencia de descanso ubicada en la costa central chilena, en el sector de Bucalemu, 110 km al oeste de Santiago.
En este lugar, Pinochet esperaba la tarde del jueves ser notificado de la resolución de la Corte Suprema que dio curso a su arresto domiciliario.
Luego debería llevarse a cabo la filiación o el fichaje de Pinochet, que incluye tomas de fotografías de su rostro y sus huellas digitales, en un trámite que deben cumplir todos los procesados en Chile.
La defensa del ex dictador anunció que acatará el arresto, aunque no adelantó la estrategia legal que seguirá para revocar el dictamen de Guzmán Tapia.
"La orden de detención evidentemente que se va a cumplir", dijo el abogado Pablo Rodríguez, jefe del equipo de juristas que defiende a Pinochet.
Fuentes judiciales aseguraron, no obstante, que en los próximos días el equipo jurídico que defiende a Pinochet solicitará su libertad condicional y que pedirá su sobreseimiento definitivo en base a su imposibilidad mental de enfrentar un proceso judicial.
Los abogados querellantes, por su parte, se encuentran a la espera de los pasos que seguirá la defensa del ex dictador, aunque se muestran confiados en que finalmente Pinochet será condenado.
La residencia de descanso de Los Boldos es una de las cerca de 11 propiedades que poseen en Chile el general Pinochet y su esposa.
La amplia finca, según fuentes de su entorno, es lugar favorito del ex dictador para pasar el verano austral.
En este lugar, Pinochet ya cumplió una vez un arresto de seis semanas, entre enero y marzo de 2001, que decretó el mismo juez Guzmán Tapia por las 75 ejecuciones atribuidas a la Caravana de la muerte'.
Ese primer juicio abierto en Chile quedó, sin embargo, archivado en septiembre de 2002, después de que la Corte Suprema sobreseyera a Pinochet al considerar que una demencia moderada le impedía defenderse ante los tribunales
4 de enero de 2005
©univisión
pinochet recibe orden de arresto
Santiago, Chile. El tribunal, por un estrecho fallo de tres votos contra dos, rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de Pinochet, para paralizar la orden de arresto que dictó el pasado 13 de diciembre el juez Guzmán Tapia por su responsabilidad en los crímenes de la Operación Cóndor'.El magistrado inculpó a Pinochet por su responsabilidad en un asesinato y nueve secuestros atribuidos a ese plan secreto que coordinó en los setenta a las dictaduras del Cono Sur para el exterminio de opositores.
El ex general, de 89 años, fue autorizado el jueves pasado por su equipo médico a trasladarse hasta su residencia de descanso ubicada en la costa central chilena, en el sector de Bucalemu, 110 km al oeste de Santiago.
En este lugar, Pinochet esperaba la tarde del jueves ser notificado de la resolución de la Corte Suprema que dio curso a su arresto domiciliario.
Luego debería llevarse a cabo la filiación o el fichaje de Pinochet, que incluye tomas de fotografías de su rostro y sus huellas digitales, en un trámite que deben cumplir todos los procesados en Chile.
La defensa del ex dictador anunció que acatará el arresto, aunque no adelantó la estrategia legal que seguirá para revocar el dictamen de Guzmán Tapia.
"La orden de detención evidentemente que se va a cumplir", dijo el abogado Pablo Rodríguez, jefe del equipo de juristas que defiende a Pinochet.
Fuentes judiciales aseguraron, no obstante, que en los próximos días el equipo jurídico que defiende a Pinochet solicitará su libertad condicional y que pedirá su sobreseimiento definitivo en base a su imposibilidad mental de enfrentar un proceso judicial.
Los abogados querellantes, por su parte, se encuentran a la espera de los pasos que seguirá la defensa del ex dictador, aunque se muestran confiados en que finalmente Pinochet será condenado.
La residencia de descanso de Los Boldos es una de las cerca de 11 propiedades que poseen en Chile el general Pinochet y su esposa.
La amplia finca, según fuentes de su entorno, es lugar favorito del ex dictador para pasar el verano austral.
En este lugar, Pinochet ya cumplió una vez un arresto de seis semanas, entre enero y marzo de 2001, que decretó el mismo juez Guzmán Tapia por las 75 ejecuciones atribuidas a la Caravana de la muerte'.
Ese primer juicio abierto en Chile quedó, sin embargo, archivado en septiembre de 2002, después de que la Corte Suprema sobreseyera a Pinochet al considerar que una demencia moderada le impedía defenderse ante los tribunales
4 de enero de 2005
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pinochet recibe orden de arresto
Tras varios días de espera, el máximo tribunal de justicia de Chile ratificó la orden de arresto domiciliario del ex dictador Augusto Pinochet, procesado por el asesinato de un izquierdista y el secuestro de otros nueve en el marco de la Operación Cóndor, una alianza represiva entre las dictaduras del Cono Sur, informó el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses.
Santiago, Chile. La Sala Penal de la Corte Suprema ratificó por tres votos a dos la decisión del juez Juan Guzmán, que el 13 de diciembre ordenó el enjuiciamiento y el arresto domiciliario de Pinochet.
El proceso y detención de Pinochet fueron paralizados con un recurso de amparo presentado por sus abogados defensores, que cuestionaba la legalidad del enjuiciamiento. Los supremos estimaron que el dictamen de Guzmán cumple los requisitos del Código Penal.
La decisión es inapelable. Ahora sus abogados pueden intentar anular el dictamen de Guzmán con una sucesión de apelaciones o pidiendo su sobreseimiento por la demencia vascular que aqueja a su defendido, producto de sucesivos micro infartos cerebrales.
El general Pinochet, tras este veredicto, deberá permanecer detenido en su finca costera de Los Boldos, 110 km al oeste de Santiago, donde celebró la llegada del Año Nuevo junto a sus familiares.
Mientras Meneses leía el dictamen, mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos estallaron en aplausos y ¡vivas!. Lorena Pizarro, su presidenta, dijo que "estamos felices, el mundo esta feliz. Todos sabemos que Pinochet no puede seguir viviendo en la impunidad".
"El ex dictador está arrestado", proclamaron en coro los familiares de las víctimas que aguardaban desde temprano la resolución de los jueces en los pasillos de la Corte Suprema.
Algunos de ellos incluso debieron ser desalojados por personal de gendarmería que custodia el tribunal, cuando intentaron abalanzarse sobre el secretario que leyó el fallo.
Pinochet, de 89 años, recuperado de la crisis que lo mantuvo en el hospital durante cinco días en diciembre, viajó a su finca costera de Los Boldos, 110 km al oeste de Santiago, donde celebró el Año Nuevo junto a sus familiares.
La Operación Cóndor' fue un plan secreto que aplicaron las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 para eliminar a sus opositores, cientos de los cuales permanecen desaparecidos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El veredicto dio luz verde a la apertura de un segundo juicio en Chile contra el general Pinochet, por violaciones a los derechos humanos durante su régimen.
El ex presidente de facto (1973-1990) fue liberado de un primer proceso en Chile en julio de 2002, cuando la Corte Suprema aceptó informes médicos que le diagnosticaron una demencia moderada que le impedía responder frente a las denuncias por los más de 3 mil muertos y desaparecidos que dejó su régimen.
Esta es la segunda vez que Guzmán abre un proceso a Pinochet. El primero fue en enero del 2001 por el secuestro y asesinato de 75 prisioneros políticos, en 1973. La Corte Suprema lo sobreseyó el 2002 por su demencia.
El ex dictador sigue afectado por la misma demencia, avanzada en un grado, según un par de siquiatras que lo examinaron, pero la justicia debe pronunciarse cada vez en los distintos juicios que se le sigan. Guzmán dice que, pese a la vejez y a la demencia, Pinochet distingue perfectamente entre el bien y el mal.
El asesinato del que se acusa a Pinochet ocurrió en mayo de 1977 en Chile, siete de los secuestros se registraron en Argentina, uno en Bolivia y uno en Paraguay, entre 1975 y 1977.
Guzmán concluyó que las policías represivas de esos países detuvieron a los izquierdistas y los entregaron a su homóloga chilena, que los envió a una cárcel secreta. Después pasaron a engrosar la lista de 1,200 detenidos desaparecidos del régimen militar.
Cuando Pinochet fue interrogado por Guzmán, el 25 de septiembre, dijo no recordar la Operación Cóndor. "Yo era presidente y después estaban los servicios de inteligencia. Eso era cosa, me imagino, de mandos medios. Ni Cóndor ni nada de eso era problema mío", respondió el ex dictador.
Ahora la Corte de Apelaciones se reunirá para determinar si acoge o no la solicitud de la jueza federal argentina María Servini de Cubría para que sea desaforado e indagado por el asesinato en Buenos Aires del ex jefe del ejército chileno, general Carlos Prats, en octubre de 1974.
El caso de Prats es investigado también en Chile desde hace un par de años y la Corte de Apelaciones ya aprobó el desafuero de Pinochet. Falta el pronunciamiento del máximo tribunal.
Además, otro juez investiga el origen de la fortuna secreta de 16 millones de dólares que Pinochet mantuvo oculta en un banco de Washington.
El fisco acusó a Pinochet de fraude por 3.6 millones de dólares, situación investigada por el juez Sergio Muñoz, que también indaga el origen de esa fortuna, explicada por sus allegados por ahorros, donaciones particulares y utilidades de hasta un 30 por ciento.
Nacido el 25 de noviembre de 1905 en el puerto de Valparaíso (costa central de Chile) Pinochet irrumpió cruentamente en la historia de su país al encabezar el golpe militar que culminó con el suicidio del presidente socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
Tras clausurar el Parlamento y suprimir las libertades públicas, el general se convirtió para sus seguidores en un líder que "salvó al país del comunismo" y sentó las bases del actual crecimiento económico, mediante la apertura comercial y la implantación de un modelo de libre mercado.
Para sus detractores simboliza en cambio las peores violaciones a los derechos humanos, con más de 3 mil muertos y desaparecidos como consecuencia de la represión contra "la subversión" y "el terrorismo"."En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa", fue una de sus más célebres sentencias mientras gobernó con mano de hierro y sin permitir oposición alguna.
No vislumbraba entonces que su ocaso y las humillaciones comenzarían en Londres, el 16 de octubre de 1998, cuando fue detenido a pedido del juez español Baltasar Garzón para quedar expuesto durante 503 días ante la comunidad internacional como la encarnación de los peores atropellos a los derechos humanos.
4 de enero de 2005
©univisión
Santiago, Chile. La Sala Penal de la Corte Suprema ratificó por tres votos a dos la decisión del juez Juan Guzmán, que el 13 de diciembre ordenó el enjuiciamiento y el arresto domiciliario de Pinochet.
El proceso y detención de Pinochet fueron paralizados con un recurso de amparo presentado por sus abogados defensores, que cuestionaba la legalidad del enjuiciamiento. Los supremos estimaron que el dictamen de Guzmán cumple los requisitos del Código Penal.
La decisión es inapelable. Ahora sus abogados pueden intentar anular el dictamen de Guzmán con una sucesión de apelaciones o pidiendo su sobreseimiento por la demencia vascular que aqueja a su defendido, producto de sucesivos micro infartos cerebrales.
El general Pinochet, tras este veredicto, deberá permanecer detenido en su finca costera de Los Boldos, 110 km al oeste de Santiago, donde celebró la llegada del Año Nuevo junto a sus familiares.
Mientras Meneses leía el dictamen, mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos estallaron en aplausos y ¡vivas!. Lorena Pizarro, su presidenta, dijo que "estamos felices, el mundo esta feliz. Todos sabemos que Pinochet no puede seguir viviendo en la impunidad".
"El ex dictador está arrestado", proclamaron en coro los familiares de las víctimas que aguardaban desde temprano la resolución de los jueces en los pasillos de la Corte Suprema.
Algunos de ellos incluso debieron ser desalojados por personal de gendarmería que custodia el tribunal, cuando intentaron abalanzarse sobre el secretario que leyó el fallo.
Pinochet, de 89 años, recuperado de la crisis que lo mantuvo en el hospital durante cinco días en diciembre, viajó a su finca costera de Los Boldos, 110 km al oeste de Santiago, donde celebró el Año Nuevo junto a sus familiares.
La Operación Cóndor' fue un plan secreto que aplicaron las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 para eliminar a sus opositores, cientos de los cuales permanecen desaparecidos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El veredicto dio luz verde a la apertura de un segundo juicio en Chile contra el general Pinochet, por violaciones a los derechos humanos durante su régimen.
El ex presidente de facto (1973-1990) fue liberado de un primer proceso en Chile en julio de 2002, cuando la Corte Suprema aceptó informes médicos que le diagnosticaron una demencia moderada que le impedía responder frente a las denuncias por los más de 3 mil muertos y desaparecidos que dejó su régimen.
Esta es la segunda vez que Guzmán abre un proceso a Pinochet. El primero fue en enero del 2001 por el secuestro y asesinato de 75 prisioneros políticos, en 1973. La Corte Suprema lo sobreseyó el 2002 por su demencia.
El ex dictador sigue afectado por la misma demencia, avanzada en un grado, según un par de siquiatras que lo examinaron, pero la justicia debe pronunciarse cada vez en los distintos juicios que se le sigan. Guzmán dice que, pese a la vejez y a la demencia, Pinochet distingue perfectamente entre el bien y el mal.
El asesinato del que se acusa a Pinochet ocurrió en mayo de 1977 en Chile, siete de los secuestros se registraron en Argentina, uno en Bolivia y uno en Paraguay, entre 1975 y 1977.
Guzmán concluyó que las policías represivas de esos países detuvieron a los izquierdistas y los entregaron a su homóloga chilena, que los envió a una cárcel secreta. Después pasaron a engrosar la lista de 1,200 detenidos desaparecidos del régimen militar.
Cuando Pinochet fue interrogado por Guzmán, el 25 de septiembre, dijo no recordar la Operación Cóndor. "Yo era presidente y después estaban los servicios de inteligencia. Eso era cosa, me imagino, de mandos medios. Ni Cóndor ni nada de eso era problema mío", respondió el ex dictador.
Ahora la Corte de Apelaciones se reunirá para determinar si acoge o no la solicitud de la jueza federal argentina María Servini de Cubría para que sea desaforado e indagado por el asesinato en Buenos Aires del ex jefe del ejército chileno, general Carlos Prats, en octubre de 1974.
El caso de Prats es investigado también en Chile desde hace un par de años y la Corte de Apelaciones ya aprobó el desafuero de Pinochet. Falta el pronunciamiento del máximo tribunal.
Además, otro juez investiga el origen de la fortuna secreta de 16 millones de dólares que Pinochet mantuvo oculta en un banco de Washington.
El fisco acusó a Pinochet de fraude por 3.6 millones de dólares, situación investigada por el juez Sergio Muñoz, que también indaga el origen de esa fortuna, explicada por sus allegados por ahorros, donaciones particulares y utilidades de hasta un 30 por ciento.
Nacido el 25 de noviembre de 1905 en el puerto de Valparaíso (costa central de Chile) Pinochet irrumpió cruentamente en la historia de su país al encabezar el golpe militar que culminó con el suicidio del presidente socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
Tras clausurar el Parlamento y suprimir las libertades públicas, el general se convirtió para sus seguidores en un líder que "salvó al país del comunismo" y sentó las bases del actual crecimiento económico, mediante la apertura comercial y la implantación de un modelo de libre mercado.
Para sus detractores simboliza en cambio las peores violaciones a los derechos humanos, con más de 3 mil muertos y desaparecidos como consecuencia de la represión contra "la subversión" y "el terrorismo"."En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa", fue una de sus más célebres sentencias mientras gobernó con mano de hierro y sin permitir oposición alguna.
No vislumbraba entonces que su ocaso y las humillaciones comenzarían en Londres, el 16 de octubre de 1998, cuando fue detenido a pedido del juez español Baltasar Garzón para quedar expuesto durante 503 días ante la comunidad internacional como la encarnación de los peores atropellos a los derechos humanos.
4 de enero de 2005
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CHILE CEDERÁ FRANJA DE MAR A BOLIVIA
Bolivia esperaba este viernes una comunicación oficial de la decisión de Chile de otorgarle un "pleno acceso" al mar, anunciada la víspera por el ministro de Interior chileno Miguel Insulza, informó una fuente del gobierno.
La Paz, Bolivia. En medio de una evidente cautela, el ministro de la Presidencia de Bolivia, José Galindo, anunció un pronunciamiento para la tarde de este viernes al cabo de un gabinete ministerial.
El canciller Juan Ignacio Siles expresará la posición boliviana en base a una comunicación oficial de La Moneda, pues "todo lo que nosotros conocemos es por notas de prensa", afirmó Galindo.
Tras entrevistarse con el presidente argentino Néstor Kirchner, Insulza dijo el jueves en Buenos Aires, en declaraciones recogidas por la prensa boliviana: "nosotros mismos estamos en disposición de garantizar, con una absoluta amplitud, el pleno acceso de Bolivia al océano Pacífico. Esa es parte fundamental de nuestra política".
Esta declaración pareció consolidar un reciente acercamiento entre La Paz y Santiago tras casi diez meses de encrispamiento de la relación bilateral, secularmente trabada por el infatigable reclamo boliviano de la salida al Pacífico perdida a manos de Chile en la guerra que enfrentó a ambas naciones en 1879, coincidieron analistas locales.
La pregunta ahora es si Chile está en condiciones de ceder soberanía sobre una franja costera de 20 km de largo que reclama Bolivia, pedido que ha sido recurrente y tradicionalmente rechazado por las autoridades de Santiago.
Las afirmaciones del ministro chileno se registraron dos días después que La Moneda confirmara su decisión de pagar por el uso de las aguas manantiales del Silala -nacidas en territorio boliviano- que abastecen gratuitamente varias ciudades del norte de Chile y el enorme yacimiento cuprífero andino de Chuquicamata.
Chile también se dijo dispuesto a facilitar el libre tránsito de la carga boliviana por el puerto de Iquique, en reemplazo del de Arica, que servía el grueso del comercio exterior de Bolivia hasta setiembre último, cuando fue privatizado, pese a los reclamos de La Paz.
El ex canciller boliviano Javier Murillo recomendó tomar con cautela las afirmaciones de Insulza quien afirmó, además, que el reclamo marítimo boliviano es un asunto de preocupación multilateral.
"Todos los países de la región, incluido el nuestro, tienen mucho interés en que los problemas entre todos los países puedan ser resueltos y Chile no es una excepción", apuntó.
Bolivia y Chile carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, cuando fracasó un nuevo intento boliviano por obtener una salida soberana al mar.
13 de noviembre de 2004
©mi punto
La Paz, Bolivia. En medio de una evidente cautela, el ministro de la Presidencia de Bolivia, José Galindo, anunció un pronunciamiento para la tarde de este viernes al cabo de un gabinete ministerial. El canciller Juan Ignacio Siles expresará la posición boliviana en base a una comunicación oficial de La Moneda, pues "todo lo que nosotros conocemos es por notas de prensa", afirmó Galindo.
Tras entrevistarse con el presidente argentino Néstor Kirchner, Insulza dijo el jueves en Buenos Aires, en declaraciones recogidas por la prensa boliviana: "nosotros mismos estamos en disposición de garantizar, con una absoluta amplitud, el pleno acceso de Bolivia al océano Pacífico. Esa es parte fundamental de nuestra política".
Esta declaración pareció consolidar un reciente acercamiento entre La Paz y Santiago tras casi diez meses de encrispamiento de la relación bilateral, secularmente trabada por el infatigable reclamo boliviano de la salida al Pacífico perdida a manos de Chile en la guerra que enfrentó a ambas naciones en 1879, coincidieron analistas locales.
La pregunta ahora es si Chile está en condiciones de ceder soberanía sobre una franja costera de 20 km de largo que reclama Bolivia, pedido que ha sido recurrente y tradicionalmente rechazado por las autoridades de Santiago.
Las afirmaciones del ministro chileno se registraron dos días después que La Moneda confirmara su decisión de pagar por el uso de las aguas manantiales del Silala -nacidas en territorio boliviano- que abastecen gratuitamente varias ciudades del norte de Chile y el enorme yacimiento cuprífero andino de Chuquicamata.
Chile también se dijo dispuesto a facilitar el libre tránsito de la carga boliviana por el puerto de Iquique, en reemplazo del de Arica, que servía el grueso del comercio exterior de Bolivia hasta setiembre último, cuando fue privatizado, pese a los reclamos de La Paz.
El ex canciller boliviano Javier Murillo recomendó tomar con cautela las afirmaciones de Insulza quien afirmó, además, que el reclamo marítimo boliviano es un asunto de preocupación multilateral.
"Todos los países de la región, incluido el nuestro, tienen mucho interés en que los problemas entre todos los países puedan ser resueltos y Chile no es una excepción", apuntó.
Bolivia y Chile carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, cuando fracasó un nuevo intento boliviano por obtener una salida soberana al mar.
13 de noviembre de 2004
©mi punto
GUATEMALA: NUEVA RUTA PARA LA COCAÍNA - mary jordan
Guatemala se transforma en ruta favorita para las drogas que van a Estados Unidos.
Ciudad de Guatemala, Guatemala. La llaman el cementerio de los aviones. Cientos de aviones calcinados reposan en la selva tropical de Laguna del Tigre, un gema ecológica que bulle de jaguares y tucanes. Los aviones transportaban cocaína desde Colombia y fueron luego desechados como latas de refrescos viejas, un coste incidental del millonario negocio de la droga que ahora está abrumando a Guatemala.
En los años 90, toneladas de cocaína colombiana fueron introducidas por aire en el norte de México y luego trasladadas por tierra a través de la frontera de Estados Unidos. Pero ahora pilotos mexicanos mejor equipados se esfuerzan en interceptar aviones sospechosos. Así, los traficantes prefieren Guatemala, donde el radar funciona mal y el gobierno se muestra incapaz de poner fin a los vuelos, de acuerdo a funcionarios policiales de Guatemala y Estados Unidos.
Como resultado, Guatemala es ahora en América Central el destino preferido de la cocaína colombiana en ruta hacia Estados Unidos. Los funcionarios dicen que toneladas de cocaína son llevadas por avión hacia pistas de aterrizaje apresuradamente habilitadas en lugares remotos tales como la Laguna del Tigre o embarcadas en lanchas pesqueras o cargueros y luego cargadas en camiones para un viaje a través de este país del tamaño de Tennessee. Las drogas son luego transportadas a través de México e introducidas en Estados Unidos, ocultas en casi todo, desde bidones de pintura para casas hasta cajas de queso fresco.
"El problema se hace cada día más y más grande", dijo Juan Luis Florido, el fiscal general de Guatemala. "Para nosotros y Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional".
El incremento en el tráfico de cocaína ha dejado una odiosa huella: asesinatos sensacionales al estilo de la mafia que el embajador norteamericano John Hamilton ha descrito como "sacados de El padrino'". Recordó como unos pistoleros entraron recientemente a un hospital y mataron a las enfermeras, así como al traficante que estaba en la cama. También ha habido un alarmante aumento en el uso local de crack.
Los problemas se ha tornado tan serios que algunos ciudadanos echan de menos los antiguos gobiernos militares que según ellos sabían cómo controlarlos, mejor en cualquier caso que los actuales presidentes democráticos.
Funcionarios norteamericanos aquí dicen que están cada vez más preocupados sobre el tráfico de drogas. Guatemala, que todavía se está recuperando de décadas de guerra civil, tiene la economía más grande de América Central. Los funcionarios dicen que el tráfico de cocaína -y en grado creciente, de heroína- está ocasionando más violencia e inestabilidad, que ha llevado cientos de miles de ciudadanos a emigrar ilegalmente a Estados Unidos en los últimos años.
Funcionarios guatemaltecos dicen que un 10 por ciento de las estimadas 150 a 200 toneladas de cocaína que pasan por Guatemala al año es vendido a usuarios locales, gran parte de ella distribuida por las bandas callejeras conocidas como maras. Decenas de miles de pandilleros con tatuajes que controlan muchos de los barrios pobres constituyen el más grande problema para la seguridad pública de América Central. Sus contrapartes en Estados Unidos, desde Los Angeles hasta Virginia del Norte, causan alarma entre funcionarios policiales norteamericanos.
La policía guatemalteca dice que el crack se ha transformado en la mayor fuente de ingresos de las pandillas locales y que debido a que muchos de ellos la están ahora fumando, la violencia se ha hecho más brutal.
"Los traficantes de drogas usan a las maras como asesinos y como sus vendedores locales", dijo Fernando Mendizábal, el fiscal instructor guatemalteco para delitos relacionados con las drogas. "Son las herramientas del crimen organizado".
Florido, el fiscal general, dijo que el problema aumentó dramáticamente durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, cuyo mandato de cuatro años terminó en enero. Portillo está siendo ahora investigado por supuesto lavado de dinero en Estados Unidos y Guatemala. El vice-presidente de Portillo, Juan Francisco Reyes López, está en prisión acusado de varios delitos de fraude; al menos una docena de otros importantes personeros del gobierno están encarcelados o bajo investigación.
Florido dijo que el nuevo gobierno del presidente Oscar Berger heredó un enorme problema con el tráfico de drogas y casi nada de recursos para combatirlo. Dijo que si la policía anti-narcóticos guatemalteca detectara un avión de drogas ahora, tendrían que pedir al ejército que enviara un helicóptero a darle caza. La policía tiene sólo un helicóptero del ejército a su disposición, dijo, y está en mal estado. Un segundo helicóptero se estrelló recientemente, dejando heridos a varios agentes de anti-narcóticos, y no ha sido remplazado.
Florido dijo que ha sido casi imposible atrapar a los traficantes, que descargan la cocaína en cuestión de minutos y luego incendian o abandonan sus aviones. Dijo que los traficantes con lanchas sofisticadas también superan a las fuerzas navales guatemaltecas, que tienen equipos de navegación y comunicaciones limitados.
Funcionarios norteamericanos dicen que su capacidad para ayudar se ve limitada por una prohibición del Congreso, aprobada en 1990, sobre los tipos de ayuda militar que se puede prestar a Guatemala. La prohibición fue impuesta en respuesta a un historial de décadas de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil del país, cuando los militares se hicieron culpables de torturas y ejecuciones sumarias a gran escala. Grupos de derechos humanos desconfían de la ayuda norteamericana a los servicios de seguridad de Guatemala, mencionando el apoyo en el pasado que dio la CIA a los violadores de los derechos humanos.
No hay aviones del gobierno norteamericano estacionados permanentemente en Guatemala, aunque funcionarios de anti-narcóticos norteamericanos dijeron que ocasionalmente podían prestar aviones o helicópteros militares norteamericanos en una base en la vecina Honduras.
Hamilton, el embajador, dijo que un signo de la limitaciones a las que deben hacer frente los servicios de anti-narcóticos de Guatemala son aviones con ventanillas tan viejas que es difícil ver a través de ellas. "Creo que nos convendría destinar una modesta suma de dinero para comprar repuestos y mejorar el mantenimiento de sus aviones de interceptación", dijo Hamilton.
"Creo que Washington está analizando nuevamente esa posibilidad", agregó Hamilton. "Es una combinación de nuestros propios intereses y el hecho de que tenemos la obligación moral de ayudar a un gobierno que realmente está haciendo grandes esfuerzos".
Florido dijo que Guatemala necesita mucho más de Estados Unidos que repuestos. Un caso que ha concentrado la atención sobre el problema del tráfico aquí es el de Otto Herrera, un ciudadano guatemalteco acusado de ser un vínculo clave en América Central entre los carteles colombianos de la droga y distribuidores en Estados Unidos. Herrera, 39, casado con una norteamericana, fue detenido en el aeropuerto de Ciudad de México en abril, un año después de que agentes allanaran su casa en un afluente barrio de Ciudad de Guatemala y encontraran 14 millones de dólares y dos lanzadores de granadas. Está actualmente en una cárcel de México acusado de tráfico de drogas. Estados Unidos había ofrecido 2 millones de dólares de recompensa por su captura, y el fiscal general mexicano calificó su detención como "una gran noticia para el hemisferio".
Las condiciones sociales aquí también han ayudado a los traficantes de drogas. La gran mayoría de los 12 millones de guatemaltecos viven la pobreza, y un 30 por ciento no sabe leer ni escribir. Hugo Beteta, un académico que es ahora un importante funcionario de planificación del gobierno, dijo que la mitad de la población guatemalteca tiene menos de 18 años y que la mayoría de esa gente no tiene esperanzas de encontrar un trabajo. Dijo que los jóvenes pobres y sin nada que hacer tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o meterse en el negocio de las drogas.
"Y si ustedes se ponen duros con la inmigración, ¿qué opción les queda?", dijo.
Funcionarios aquí dicen que débil sistema judicial guatemalteco es otro atractivo para los traficantes internacionales. En el raro caso de que los traficantes sean capturados en Guatemala, se sabe que sobornan a los funcionarios para salir de la cárcel. Funcionarios norteamericanos se indignaron y sospecharon que había sobornos de por medio, cuando un conocido colega de Herrera fue repentinamente dejado en libertad.
Expertos en el tráfico de drogas dicen que los carteles colombianos parecen haber encontrado el mismo terreno fértil en Guatemala que el que hallaron en México hace una década. Antes de morir de 1997, Amado Carrillo Fuentes, uno de los más notorios traficantes de México, fue pionero del uso de aviones Boeing 727 para transportar gigantescos cargamentos de cocaína desde Colombia a México. Ahora es el turno de Guatemala, dijo el experto.
"Han cambiado su estrategia, y es una mala noticia para todo el mundo", dijo Florido.
6 de octubre de 2004
11 de noviembre de 2004
©washington post
©traducción mQh
Ciudad de Guatemala, Guatemala. La llaman el cementerio de los aviones. Cientos de aviones calcinados reposan en la selva tropical de Laguna del Tigre, un gema ecológica que bulle de jaguares y tucanes. Los aviones transportaban cocaína desde Colombia y fueron luego desechados como latas de refrescos viejas, un coste incidental del millonario negocio de la droga que ahora está abrumando a Guatemala.En los años 90, toneladas de cocaína colombiana fueron introducidas por aire en el norte de México y luego trasladadas por tierra a través de la frontera de Estados Unidos. Pero ahora pilotos mexicanos mejor equipados se esfuerzan en interceptar aviones sospechosos. Así, los traficantes prefieren Guatemala, donde el radar funciona mal y el gobierno se muestra incapaz de poner fin a los vuelos, de acuerdo a funcionarios policiales de Guatemala y Estados Unidos.
Como resultado, Guatemala es ahora en América Central el destino preferido de la cocaína colombiana en ruta hacia Estados Unidos. Los funcionarios dicen que toneladas de cocaína son llevadas por avión hacia pistas de aterrizaje apresuradamente habilitadas en lugares remotos tales como la Laguna del Tigre o embarcadas en lanchas pesqueras o cargueros y luego cargadas en camiones para un viaje a través de este país del tamaño de Tennessee. Las drogas son luego transportadas a través de México e introducidas en Estados Unidos, ocultas en casi todo, desde bidones de pintura para casas hasta cajas de queso fresco.
"El problema se hace cada día más y más grande", dijo Juan Luis Florido, el fiscal general de Guatemala. "Para nosotros y Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional".
El incremento en el tráfico de cocaína ha dejado una odiosa huella: asesinatos sensacionales al estilo de la mafia que el embajador norteamericano John Hamilton ha descrito como "sacados de El padrino'". Recordó como unos pistoleros entraron recientemente a un hospital y mataron a las enfermeras, así como al traficante que estaba en la cama. También ha habido un alarmante aumento en el uso local de crack.
Los problemas se ha tornado tan serios que algunos ciudadanos echan de menos los antiguos gobiernos militares que según ellos sabían cómo controlarlos, mejor en cualquier caso que los actuales presidentes democráticos.
Funcionarios norteamericanos aquí dicen que están cada vez más preocupados sobre el tráfico de drogas. Guatemala, que todavía se está recuperando de décadas de guerra civil, tiene la economía más grande de América Central. Los funcionarios dicen que el tráfico de cocaína -y en grado creciente, de heroína- está ocasionando más violencia e inestabilidad, que ha llevado cientos de miles de ciudadanos a emigrar ilegalmente a Estados Unidos en los últimos años.
Funcionarios guatemaltecos dicen que un 10 por ciento de las estimadas 150 a 200 toneladas de cocaína que pasan por Guatemala al año es vendido a usuarios locales, gran parte de ella distribuida por las bandas callejeras conocidas como maras. Decenas de miles de pandilleros con tatuajes que controlan muchos de los barrios pobres constituyen el más grande problema para la seguridad pública de América Central. Sus contrapartes en Estados Unidos, desde Los Angeles hasta Virginia del Norte, causan alarma entre funcionarios policiales norteamericanos.
La policía guatemalteca dice que el crack se ha transformado en la mayor fuente de ingresos de las pandillas locales y que debido a que muchos de ellos la están ahora fumando, la violencia se ha hecho más brutal.
"Los traficantes de drogas usan a las maras como asesinos y como sus vendedores locales", dijo Fernando Mendizábal, el fiscal instructor guatemalteco para delitos relacionados con las drogas. "Son las herramientas del crimen organizado".
Florido, el fiscal general, dijo que el problema aumentó dramáticamente durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, cuyo mandato de cuatro años terminó en enero. Portillo está siendo ahora investigado por supuesto lavado de dinero en Estados Unidos y Guatemala. El vice-presidente de Portillo, Juan Francisco Reyes López, está en prisión acusado de varios delitos de fraude; al menos una docena de otros importantes personeros del gobierno están encarcelados o bajo investigación.
Florido dijo que el nuevo gobierno del presidente Oscar Berger heredó un enorme problema con el tráfico de drogas y casi nada de recursos para combatirlo. Dijo que si la policía anti-narcóticos guatemalteca detectara un avión de drogas ahora, tendrían que pedir al ejército que enviara un helicóptero a darle caza. La policía tiene sólo un helicóptero del ejército a su disposición, dijo, y está en mal estado. Un segundo helicóptero se estrelló recientemente, dejando heridos a varios agentes de anti-narcóticos, y no ha sido remplazado.
Florido dijo que ha sido casi imposible atrapar a los traficantes, que descargan la cocaína en cuestión de minutos y luego incendian o abandonan sus aviones. Dijo que los traficantes con lanchas sofisticadas también superan a las fuerzas navales guatemaltecas, que tienen equipos de navegación y comunicaciones limitados.
Funcionarios norteamericanos dicen que su capacidad para ayudar se ve limitada por una prohibición del Congreso, aprobada en 1990, sobre los tipos de ayuda militar que se puede prestar a Guatemala. La prohibición fue impuesta en respuesta a un historial de décadas de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil del país, cuando los militares se hicieron culpables de torturas y ejecuciones sumarias a gran escala. Grupos de derechos humanos desconfían de la ayuda norteamericana a los servicios de seguridad de Guatemala, mencionando el apoyo en el pasado que dio la CIA a los violadores de los derechos humanos.
No hay aviones del gobierno norteamericano estacionados permanentemente en Guatemala, aunque funcionarios de anti-narcóticos norteamericanos dijeron que ocasionalmente podían prestar aviones o helicópteros militares norteamericanos en una base en la vecina Honduras.
Hamilton, el embajador, dijo que un signo de la limitaciones a las que deben hacer frente los servicios de anti-narcóticos de Guatemala son aviones con ventanillas tan viejas que es difícil ver a través de ellas. "Creo que nos convendría destinar una modesta suma de dinero para comprar repuestos y mejorar el mantenimiento de sus aviones de interceptación", dijo Hamilton.
"Creo que Washington está analizando nuevamente esa posibilidad", agregó Hamilton. "Es una combinación de nuestros propios intereses y el hecho de que tenemos la obligación moral de ayudar a un gobierno que realmente está haciendo grandes esfuerzos".
Florido dijo que Guatemala necesita mucho más de Estados Unidos que repuestos. Un caso que ha concentrado la atención sobre el problema del tráfico aquí es el de Otto Herrera, un ciudadano guatemalteco acusado de ser un vínculo clave en América Central entre los carteles colombianos de la droga y distribuidores en Estados Unidos. Herrera, 39, casado con una norteamericana, fue detenido en el aeropuerto de Ciudad de México en abril, un año después de que agentes allanaran su casa en un afluente barrio de Ciudad de Guatemala y encontraran 14 millones de dólares y dos lanzadores de granadas. Está actualmente en una cárcel de México acusado de tráfico de drogas. Estados Unidos había ofrecido 2 millones de dólares de recompensa por su captura, y el fiscal general mexicano calificó su detención como "una gran noticia para el hemisferio".
Las condiciones sociales aquí también han ayudado a los traficantes de drogas. La gran mayoría de los 12 millones de guatemaltecos viven la pobreza, y un 30 por ciento no sabe leer ni escribir. Hugo Beteta, un académico que es ahora un importante funcionario de planificación del gobierno, dijo que la mitad de la población guatemalteca tiene menos de 18 años y que la mayoría de esa gente no tiene esperanzas de encontrar un trabajo. Dijo que los jóvenes pobres y sin nada que hacer tienen dos opciones: emigrar a Estados Unidos o meterse en el negocio de las drogas.
"Y si ustedes se ponen duros con la inmigración, ¿qué opción les queda?", dijo.
Funcionarios aquí dicen que débil sistema judicial guatemalteco es otro atractivo para los traficantes internacionales. En el raro caso de que los traficantes sean capturados en Guatemala, se sabe que sobornan a los funcionarios para salir de la cárcel. Funcionarios norteamericanos se indignaron y sospecharon que había sobornos de por medio, cuando un conocido colega de Herrera fue repentinamente dejado en libertad.
Expertos en el tráfico de drogas dicen que los carteles colombianos parecen haber encontrado el mismo terreno fértil en Guatemala que el que hallaron en México hace una década. Antes de morir de 1997, Amado Carrillo Fuentes, uno de los más notorios traficantes de México, fue pionero del uso de aviones Boeing 727 para transportar gigantescos cargamentos de cocaína desde Colombia a México. Ahora es el turno de Guatemala, dijo el experto.
"Han cambiado su estrategia, y es una mala noticia para todo el mundo", dijo Florido.
6 de octubre de 2004
11 de noviembre de 2004
©washington post
©traducción mQh
PUEBLO MEXICANO REHÚSA ABANDONAR SUEÑO DE HEROÍNA ASESINADA - ginger thompson
Era candidata a alcandesa. El alcalde desafiado la mató a balazos por la espalda.
Estancia Grande de San José, México. No hay dudas sobre quién ejecutó a Guadalupe Ávila Salinas, 39, una madre de cuatro hijos, una apreciada trabajadora de la comunidad y candidata a alcaldesa que fue matada a balazos a plena luz del día justo días antes de las elecciones locales el 3 de octubre en esta aldea de maiceros en el sureño estado de Oaxaca.
El alcalde al que ella esperaba suceder en el cargo la persiguió hasta una clínica de salud y le disparó tres balazos en la espalda. Luego, ante la mirada atónita de una decena de transeúntes, se acercó al cuerpo de Ávila y le pegó otro balazo en la cabeza. La policía local no intentó detenerlo cuando escapó.
Tres días más tarde, ella ganó la elección.
La victoria ilustra un giro importante en la lenta marcha de México hacia la democracia. En un sentido, el asesinato evocó los días en que el Partido Revolucionario Institucional PRI recurría a todos los medios, desde substituir las urnas con papeletas hasta el asesinato, para ganar las elecciones. El hombre que mató a Ávila era miembro de ese partido, que ha gobernado este pueblo en las últimas siete décadas.
Sin embargo, en este caso la gente no se amilanó ante la violencia. Siguieron adelante con la campaña de la señora Ávila, la eligieron póstumamente como alcaldesa, y luego pidieron a su marido que la remplazará en el cargo y mantuviera vivo su sueño.
Los líderes del PRI dijeron que el asesinato era una lamentable aberración, pero que no tenía nada que ver con política. Su afligido marido, Israel Reyes Montes, no está tan seguro.
"Mi mujer pasó los 12 últimos años de su vida trabajando con el cambio en México", dijo Reyes, 35, que tenía miedo incluso de estar junto a la tumba de su esposa porque le preocupaba quién podía estar mirando. "Incluso me hizo creer a mí en su sueño. Mire adónde la llevó".
Cuatro años después de que este país celebrara sus primeras elecciones presidenciales abiertas, no siempre es fácil saber si México está avanzando o retrocediendo con respecto a su pasado autoritario.
Claramente se han hecho progresos reales, incluyendo el surgimiento de una prensa más independiente, enjuiciamientos de funcionarios de gobierno acusados de crímenes contra la humanidad y nuevas libertades con las leyes de información. Pero el fraude y la violencia continúan enturbiando las contiendas políticas a nivel provincial y local -que siguen en las garras del PRI. La impunidad prevalece sistemáticamente sobre la justicia.
Algunos de los peores ejemplos se han dado aquí en Oaxaca, un estado de un conmovedora belleza y catastróficas disputas por tierras y étnicas. Del tamaño de Maine, cuenta unas 17 tribus indígenas y se divide en 570 municipalidades -más que cualquier otro estado mexicano.
En 152 municipalidades la gente elige a sus alcaldes por medio de una papeleta secreta. En todo el resto, los funcionarios son elegidos en asambleas indias tradicionales, donde vota un comité de representantes, habitualmente levantando la mano. Las contiendas están impregnadas de corrupción y conflictos.
En un mitin político en agosto en la ciudad de Huautla, militantes del PRI mataron a golpes a un maestro jubilado ante los ojos de un reportero gráfico. El maestro, Serafín García Contreras, había estado haciendo campaña contra el partido cinco días antes de las elecciones de gobernador. Sus asesinos continúan en libertad.
Luego, el día de las elecciones, un votante de 45 años del pueblo Palo del Agua recibió ocho impactos de bala tras haber votado por la oposición. Los familiares dijeron que el PRI le había ofrecido a Raymundo Martínez, un pobre campesino de verduras, unos 25 dólares por su voto. Pero él los había rechazado.
Sus asesinos aún no han sido arrestados.
"Hoy parece haber un resurgimiento de expresiones políticas retrógradas, el tipo de cosas que asociamos con el pasado de México, que pensábamos que habíamos dejado atrás, y que aparecen repentinamente con una tremenda fuerza, con una brutal intolerancia", dijo Diodoro Carrasco, un antiguo gobernador del estado de Oaxaca y miembro del PRI, que ha sido amenazado de expulsión por su partido. "Creo que es algo que no sólo debería preocuparnos, sino denunciarlo".
Ávila, miembro del Partido Democrático Revolucionario, fue descrita por sus partidarios como una infatigable luchadora, resuelta a llevar progreso a un pueblo de 800 habitantes donde los únicos negocios son un par de restaurantes de carretera y un servicio de teléfono y fax en un garaje.
"La mayoría de la gente miraba este pueblo y no veía nada, pero Lupita lo miró y vio que se podían hacer grandes cosas", dijo Socorro Morga Salinas, 27, una vecina del pueblo. "Vio en nosotros que podíamos hacer cosas grandes, y nos hizo creer en ese sueño".
Los vecinos de la localidad dijeron que Ávila solía recorrer el pueblo en una bicicleta amarilla, organizando actividades y ayudando a la gente vieja y a los alumnos de la escuela básica. Cuando los vecinos comenzaron a quejarse de que el médico local estaba pidiendo demasiado por sus servicios, ella se fue a buscar a alguien que cobrara menos.
Cuando los padres se quejaron de que sus hijos no estaban aprendiendo a leer y escribir, Ávila organizó una sentada en la escuela básica y se quedó ahí durante dos semanas, hasta que las autoridades accedieron a enviar nuevos maestros.
"Hizo más por la gente que cualquier alcalde", dijo su prima Emelia Salinas Salinas, 61. Refiriéndose a las autoridades locales, Salinas agregó: " Pero lo que era bueno para nosotros, era malo para ellos, así que la mataron".
Líderes del PRI rechazan esas acusaciones. Dijeron que la señora Ávila y el alcalde fugitivo, Cándido Palacios Noyola, habían estado peleando durante años por los derechos sobre un pozo en los límites de sus propiedades. En un momento de rabia, dijeron, el alcalde perdió los estribos.
"Fue un hecho lamentable", dijo Alberto Ramos, que como alcalde adjunto ha sido durante los últimos 30 años parte del mobiliario del gobierno local del PRI. "El responsable debería ser detenido y enviado a la cárcel. El PRI no perdona a los criminales".
Reyes dio vuelta los ojos al decir esto. Como otros muchos del México rural y pobre, se marchó a trabajar a Estados Unidos. Sus ganancias no sólo ayudaron a poner pan en la mesa, sino también a financiar las actividades de Ávila.
Después del asesinato volvió apresuradamente de su trabajo en la construcción en Las Vegas, con la idea de enterrar discretamente a su esposa y volver con sus hijos. No había esperado nunca entrar en el precario mundo de la política mexicana -y todavía no está seguro de si quiere.
Parado en el cementerio donde enterraron a su mujer, Reyes habló de las difíciles decisiones que tendrá que tomar. Dijo que se sentía obligado a aceptar la petición de los votantes por lealtad a su esposa y a su lucha. Si vuelve a Las Vegas, dice, el movimiento iniciado por la muerte de su esposa languidecería y las fuerzas que él cree que están detrás del asesinato volverían al poder.
Pero Reyes quedó aterrorizado por el asesinato. Con el asesino de su esposa aún suelto, teme que él pueda ser la próxima víctima. Le preocupa la seguridad de sus hijos. Incluso si se quedara, se pregunta si un solo hombre, durante un período de tres años como alcalde, puede realmente terminar con 70 años de corrupción oficial.
La dura realidad le hace difícil darle una oportunidad a un sueño.
"Ahora todos están conmigo", dijo. "Pero después de un rato, se olvidarán de todo. Las cosas volverán a ser como siempre y mi esposa desaparecerá en el olvido. ¿Quién me apoyará entonces?"
7 de noviembre de 2004
11 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Estancia Grande de San José, México. No hay dudas sobre quién ejecutó a Guadalupe Ávila Salinas, 39, una madre de cuatro hijos, una apreciada trabajadora de la comunidad y candidata a alcaldesa que fue matada a balazos a plena luz del día justo días antes de las elecciones locales el 3 de octubre en esta aldea de maiceros en el sureño estado de Oaxaca.El alcalde al que ella esperaba suceder en el cargo la persiguió hasta una clínica de salud y le disparó tres balazos en la espalda. Luego, ante la mirada atónita de una decena de transeúntes, se acercó al cuerpo de Ávila y le pegó otro balazo en la cabeza. La policía local no intentó detenerlo cuando escapó.
Tres días más tarde, ella ganó la elección.
La victoria ilustra un giro importante en la lenta marcha de México hacia la democracia. En un sentido, el asesinato evocó los días en que el Partido Revolucionario Institucional PRI recurría a todos los medios, desde substituir las urnas con papeletas hasta el asesinato, para ganar las elecciones. El hombre que mató a Ávila era miembro de ese partido, que ha gobernado este pueblo en las últimas siete décadas.
Sin embargo, en este caso la gente no se amilanó ante la violencia. Siguieron adelante con la campaña de la señora Ávila, la eligieron póstumamente como alcaldesa, y luego pidieron a su marido que la remplazará en el cargo y mantuviera vivo su sueño.
Los líderes del PRI dijeron que el asesinato era una lamentable aberración, pero que no tenía nada que ver con política. Su afligido marido, Israel Reyes Montes, no está tan seguro.
"Mi mujer pasó los 12 últimos años de su vida trabajando con el cambio en México", dijo Reyes, 35, que tenía miedo incluso de estar junto a la tumba de su esposa porque le preocupaba quién podía estar mirando. "Incluso me hizo creer a mí en su sueño. Mire adónde la llevó".
Cuatro años después de que este país celebrara sus primeras elecciones presidenciales abiertas, no siempre es fácil saber si México está avanzando o retrocediendo con respecto a su pasado autoritario.
Claramente se han hecho progresos reales, incluyendo el surgimiento de una prensa más independiente, enjuiciamientos de funcionarios de gobierno acusados de crímenes contra la humanidad y nuevas libertades con las leyes de información. Pero el fraude y la violencia continúan enturbiando las contiendas políticas a nivel provincial y local -que siguen en las garras del PRI. La impunidad prevalece sistemáticamente sobre la justicia.
Algunos de los peores ejemplos se han dado aquí en Oaxaca, un estado de un conmovedora belleza y catastróficas disputas por tierras y étnicas. Del tamaño de Maine, cuenta unas 17 tribus indígenas y se divide en 570 municipalidades -más que cualquier otro estado mexicano.
En 152 municipalidades la gente elige a sus alcaldes por medio de una papeleta secreta. En todo el resto, los funcionarios son elegidos en asambleas indias tradicionales, donde vota un comité de representantes, habitualmente levantando la mano. Las contiendas están impregnadas de corrupción y conflictos.
En un mitin político en agosto en la ciudad de Huautla, militantes del PRI mataron a golpes a un maestro jubilado ante los ojos de un reportero gráfico. El maestro, Serafín García Contreras, había estado haciendo campaña contra el partido cinco días antes de las elecciones de gobernador. Sus asesinos continúan en libertad.
Luego, el día de las elecciones, un votante de 45 años del pueblo Palo del Agua recibió ocho impactos de bala tras haber votado por la oposición. Los familiares dijeron que el PRI le había ofrecido a Raymundo Martínez, un pobre campesino de verduras, unos 25 dólares por su voto. Pero él los había rechazado.
Sus asesinos aún no han sido arrestados.
"Hoy parece haber un resurgimiento de expresiones políticas retrógradas, el tipo de cosas que asociamos con el pasado de México, que pensábamos que habíamos dejado atrás, y que aparecen repentinamente con una tremenda fuerza, con una brutal intolerancia", dijo Diodoro Carrasco, un antiguo gobernador del estado de Oaxaca y miembro del PRI, que ha sido amenazado de expulsión por su partido. "Creo que es algo que no sólo debería preocuparnos, sino denunciarlo".
Ávila, miembro del Partido Democrático Revolucionario, fue descrita por sus partidarios como una infatigable luchadora, resuelta a llevar progreso a un pueblo de 800 habitantes donde los únicos negocios son un par de restaurantes de carretera y un servicio de teléfono y fax en un garaje.
"La mayoría de la gente miraba este pueblo y no veía nada, pero Lupita lo miró y vio que se podían hacer grandes cosas", dijo Socorro Morga Salinas, 27, una vecina del pueblo. "Vio en nosotros que podíamos hacer cosas grandes, y nos hizo creer en ese sueño".
Los vecinos de la localidad dijeron que Ávila solía recorrer el pueblo en una bicicleta amarilla, organizando actividades y ayudando a la gente vieja y a los alumnos de la escuela básica. Cuando los vecinos comenzaron a quejarse de que el médico local estaba pidiendo demasiado por sus servicios, ella se fue a buscar a alguien que cobrara menos.
Cuando los padres se quejaron de que sus hijos no estaban aprendiendo a leer y escribir, Ávila organizó una sentada en la escuela básica y se quedó ahí durante dos semanas, hasta que las autoridades accedieron a enviar nuevos maestros.
"Hizo más por la gente que cualquier alcalde", dijo su prima Emelia Salinas Salinas, 61. Refiriéndose a las autoridades locales, Salinas agregó: " Pero lo que era bueno para nosotros, era malo para ellos, así que la mataron".
Líderes del PRI rechazan esas acusaciones. Dijeron que la señora Ávila y el alcalde fugitivo, Cándido Palacios Noyola, habían estado peleando durante años por los derechos sobre un pozo en los límites de sus propiedades. En un momento de rabia, dijeron, el alcalde perdió los estribos.
"Fue un hecho lamentable", dijo Alberto Ramos, que como alcalde adjunto ha sido durante los últimos 30 años parte del mobiliario del gobierno local del PRI. "El responsable debería ser detenido y enviado a la cárcel. El PRI no perdona a los criminales".
Reyes dio vuelta los ojos al decir esto. Como otros muchos del México rural y pobre, se marchó a trabajar a Estados Unidos. Sus ganancias no sólo ayudaron a poner pan en la mesa, sino también a financiar las actividades de Ávila.
Después del asesinato volvió apresuradamente de su trabajo en la construcción en Las Vegas, con la idea de enterrar discretamente a su esposa y volver con sus hijos. No había esperado nunca entrar en el precario mundo de la política mexicana -y todavía no está seguro de si quiere.
Parado en el cementerio donde enterraron a su mujer, Reyes habló de las difíciles decisiones que tendrá que tomar. Dijo que se sentía obligado a aceptar la petición de los votantes por lealtad a su esposa y a su lucha. Si vuelve a Las Vegas, dice, el movimiento iniciado por la muerte de su esposa languidecería y las fuerzas que él cree que están detrás del asesinato volverían al poder.
Pero Reyes quedó aterrorizado por el asesinato. Con el asesino de su esposa aún suelto, teme que él pueda ser la próxima víctima. Le preocupa la seguridad de sus hijos. Incluso si se quedara, se pregunta si un solo hombre, durante un período de tres años como alcalde, puede realmente terminar con 70 años de corrupción oficial.
La dura realidad le hace difícil darle una oportunidad a un sueño.
"Ahora todos están conmigo", dijo. "Pero después de un rato, se olvidarán de todo. Las cosas volverán a ser como siempre y mi esposa desaparecerá en el olvido. ¿Quién me apoyará entonces?"
7 de noviembre de 2004
11 de noviembre de 2004
©new york times
©traducción mQh