culpable torturador de iraq
Posible condena a 15 años de reclusión por maltratar a prisioneros iraquíes. La corte declara culpable de tortura al soldado estadounidense Charles Graner. En Bagdad, otro militar de EU fue sentenciado a un año de cárcel por rematar a un joven.
Fort Hood, Estados Unidos. El soldado estadunidense Charles Graner fue encontrado culpable este viernes de nueve de 10 cargos de abuso contra prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib, Iraq, por una corte marcial, la cual podría condenarlo a 15 años de prisión.
Asimismo, en Bagdad un tribunal militar estadunidense condenó a un año de prisión al sargento Cárdenas Alban, al encontrarlo culpable de rematar con el "tiro de gracia" a un iraquí herido en agosto de 2004 en Ciudad Sadr.
Alban y otros dos soldados, uno de los cuales ya fue condenado por el hecho, se enfrentaron contra un grupo de jóvenes, quienes, supusieron, pretendían colocar minas. En el tiroteo murieron varios iraquíes y otros resultaron heridos. Uno fue rematado por Alban de un tiro en la nuca.
En Tejas, el jurado militar declaró culpable de todos los cargos a Graner, de 36 años, pero optó por reducir uno. Se le acusó de "asalto contra un prisionero" en lugar de "usar fuerza que pudiera causar la muerte o lesiones de gravedad" a un detenido.
Muchas acusaciones fueron documentadas con fotografías que conmocionaron al mundo y fueron divulgadas el año pasado, y otras hasta ahora desconocidas.
La defensa del soldado argumentó que éste siguió órdenes de sus superiores para "golpear suavemente" a los prisioneros antes de los interrogatorios. No todos los testigos de la defensa respaldaron esa postura, pues sus declaraciones fueron contradictorias en cuanto a si hubo órdenes claras de soldados de mayor rango, quienes habrían alentado y tolerado los abusos.
A su vez, la fiscalía acusó al militar de tortura y humillación contra prisioneros para divertirse, así como de instigar los abusos en la prisión de Abu Ghraib.
El jurado también tomó como evidencia correos electrónicos que contienen fotos de torturas acompañadas de textos que Graner envió a familiares, incluídos hijos y amigos. Una muestra a un prisionero sangrando y gritando. Debajo de la imagen Graner escribió: "Otra noche de trabajo aburrido".
También se presentó como prueba contra el acusado una fotografía que lo muestra sonriente junto a otro guardia, posando frente a prisioneros desnudos en humillantes posiciones sexuales.
El capitán Chris Graveline, abogado de la acusación, aseguró que esta imagen demuestra que el acusado usó un "perverso humor sexual" para "humillar a los prisioneros para propio regocijo".
Esto destruyó la defensa del abogado Guy Womack, quien aseguró que es válido atar por el cuello a los prisioneros, pues ello facilita sacar de sus celdas "a los más peligrosos".
Graveline ridiculizó los argumentos de la defensa, de que la captura del derrocado presidente iraquí, Saddam Hussein, se logró gracias a la práctica de los soldados de "ablandar" a los prisioneros, alegando que éstos eran, casi en su totalidad, delincuentes comunes.
Para enfatizar el punto, el abogado mostró la fotografía de una prostituta presa semidesnuda, y preguntó: "¿Pudo haber sido ella la que nos dio a Hussein?"
Los cargos contra Graner incluyen maltrato, conspiración para maltratar, violencia, indecencia y negligencia en el cumplimiento del deber. Por este escándalo cuatro soldados ya fueron sentenciados a penas que van de la expulsión deshonrosa del ejército a ocho años de prisión. Otros dos serán juzgados en los próximos meses.
15 de enero de 2005
©la jornada
Fort Hood, Estados Unidos. El soldado estadunidense Charles Graner fue encontrado culpable este viernes de nueve de 10 cargos de abuso contra prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib, Iraq, por una corte marcial, la cual podría condenarlo a 15 años de prisión. Asimismo, en Bagdad un tribunal militar estadunidense condenó a un año de prisión al sargento Cárdenas Alban, al encontrarlo culpable de rematar con el "tiro de gracia" a un iraquí herido en agosto de 2004 en Ciudad Sadr.
Alban y otros dos soldados, uno de los cuales ya fue condenado por el hecho, se enfrentaron contra un grupo de jóvenes, quienes, supusieron, pretendían colocar minas. En el tiroteo murieron varios iraquíes y otros resultaron heridos. Uno fue rematado por Alban de un tiro en la nuca.
En Tejas, el jurado militar declaró culpable de todos los cargos a Graner, de 36 años, pero optó por reducir uno. Se le acusó de "asalto contra un prisionero" en lugar de "usar fuerza que pudiera causar la muerte o lesiones de gravedad" a un detenido.
Muchas acusaciones fueron documentadas con fotografías que conmocionaron al mundo y fueron divulgadas el año pasado, y otras hasta ahora desconocidas.
La defensa del soldado argumentó que éste siguió órdenes de sus superiores para "golpear suavemente" a los prisioneros antes de los interrogatorios. No todos los testigos de la defensa respaldaron esa postura, pues sus declaraciones fueron contradictorias en cuanto a si hubo órdenes claras de soldados de mayor rango, quienes habrían alentado y tolerado los abusos.
A su vez, la fiscalía acusó al militar de tortura y humillación contra prisioneros para divertirse, así como de instigar los abusos en la prisión de Abu Ghraib.
El jurado también tomó como evidencia correos electrónicos que contienen fotos de torturas acompañadas de textos que Graner envió a familiares, incluídos hijos y amigos. Una muestra a un prisionero sangrando y gritando. Debajo de la imagen Graner escribió: "Otra noche de trabajo aburrido".
También se presentó como prueba contra el acusado una fotografía que lo muestra sonriente junto a otro guardia, posando frente a prisioneros desnudos en humillantes posiciones sexuales.
El capitán Chris Graveline, abogado de la acusación, aseguró que esta imagen demuestra que el acusado usó un "perverso humor sexual" para "humillar a los prisioneros para propio regocijo".
Esto destruyó la defensa del abogado Guy Womack, quien aseguró que es válido atar por el cuello a los prisioneros, pues ello facilita sacar de sus celdas "a los más peligrosos".
Graveline ridiculizó los argumentos de la defensa, de que la captura del derrocado presidente iraquí, Saddam Hussein, se logró gracias a la práctica de los soldados de "ablandar" a los prisioneros, alegando que éstos eran, casi en su totalidad, delincuentes comunes.
Para enfatizar el punto, el abogado mostró la fotografía de una prostituta presa semidesnuda, y preguntó: "¿Pudo haber sido ella la que nos dio a Hussein?"
Los cargos contra Graner incluyen maltrato, conspiración para maltratar, violencia, indecencia y negligencia en el cumplimiento del deber. Por este escándalo cuatro soldados ya fueron sentenciados a penas que van de la expulsión deshonrosa del ejército a ocho años de prisión. Otros dos serán juzgados en los próximos meses.
15 de enero de 2005
©la jornada
venezuela rompe con colombia
La relación entre Colombia y Venezuela quedó fracturada tras la decisión del presidente Hugo Chávez de suspender todo negocio bilateral y retirar a su embajador hasta tanto su homólogo Álvaro Uribe no se disculpe por el caso Granda.
Bogotá, Colombia. El gobierno colombiano reaccionó mediante un comunicado en que señala que no ha violado el territorio venezolano, y en que justifica las acciones que le permitieron la captura del guerrillero de las FARC Rodrigo Granda, oficialmente capturado en Cúcuta el 13 de diciembre, pero que previamente fue secuestrado en Caracas, según señala Venezuela.
Desde hace varios días las declaraciones se fueron escalando, con acusaciones cada vez más fuertes de Venezuela en el sentido de que Colombia violó su soberanía, mientras Bogotá admitió que pagó una recompensa para facilitar la captura de Granda, considerado el canciller de las FARC.
El embajador Carlos Rodolfo Santiago no regresará "hasta que el gobierno colombiano rectifique y pida disculpas. Al mismo tiempo he ordenado paralizar todo negocio con Colombia; lamentablemente se paraliza el gasoducto transcaribeño hasta que no sea reivindicada la soberanía violada de Venezuela, me veo obligado a tomar esta decisión", dijo Chávez.
El gasoducto de 177 km es un proyecto binacional ya acordado por ambos gobiernos.
"Le invito a rectificar, le invito a que su gobierno rectifique", le dice Chávez a Uribe, en la declaración divulgada en Caracas.
"Han cometido en Colombia un grave error y deben rectificar en vez de estar buscando argucias que peor hacen quedar a su gobierno. No puede ser, es injustificable desde todo punto de vista que altos funcionarios del gobierno colombiano estén instigando a funcionarios venezolanos al delito".
El gobierno de Bogotá contestó con un comunicado de 9 puntos, que no puede ser considerado como una disculpa o una rectificación, en que señala que "la Policía de Colombia ha explicado de manera clara y contundente que no ha violado la soberanía de Venezuela".
Colombia justifica la política de recompensas como "un instrumento legítimo" e indicó que las "Naciones Unidas prohíben a los países miembros albergar terroristas de manera 'activa o pasiva'", en una tácita alusión al hecho de que Granda vivía en Venezuela de tiempo atrás.
En el comunicado el gobierno "reitera su propósito de tener constructivas relaciones con el gobierno y el pueblo de Venezuela".
"También propondremos nuevamente al gobierno de Venezuela la creación o activación de un mecanismo binacional para examinar los hechos que los gobiernos estimen conveniente", señala.
En Colombia, dirigentes políticos y económicos, además de analistas, consideraron la situación como preocupante, aunque algunos de ellos calificaron de exagerada la reacción de Chávez.
El analista independiente Alejo Vargas señaló que "dudo mucho que el gobierno venezolano quede satisfecho con esta respuesta" aunque consideró que con ella se le baja a la confrontación.
El analista independiente Alfredo Rangel, experto en temas de seguridad, indicó a la AFP que "este es el peor momento de las relaciones entre Colombia y Venezuela en los últimos años".
También señaló que la reacción de Chávez "es absolutamente consistente con la valoración que hicieron en Venezuela de este caso: que fue una violación de la soberanía".
El analista independiente Pedro Medellín dijo que "uno entiende la reacción de Chávez porque el gobierno colombiano quería pasar de agache frente al hecho. Colombia debió proceder a pedir excusas".
Para el congresista Manuel Ramiro Velásquez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, "este es el momento propicio para que el gobierno Chávez le explique a la comunidad internacional por qué sigue permitiendo que alzados en armas en Colombia sigan deambulando por su territorio".
Para el senador de izquierda Antonio Navarro, lo que ocurre "es gravísimo. Me parece muy desafortunada la postura del gobierno venezolano, que nos debe una explicación sobre la presencia de guerrilleros en su país".
Navarro consideró que la posición del "gobierno colombiano también es muy desafortunada porque invita a infringir la ley pues ambas constituciones prohíben recibir recompensas de gobierno extranjeros".
No se sabe aún cuál es el alcance de la declaración de Chávez, sin embargo, la situación en las fronteras y aduanas es normal.
15 de enero de 2005
©univisión
Bogotá, Colombia. El gobierno colombiano reaccionó mediante un comunicado en que señala que no ha violado el territorio venezolano, y en que justifica las acciones que le permitieron la captura del guerrillero de las FARC Rodrigo Granda, oficialmente capturado en Cúcuta el 13 de diciembre, pero que previamente fue secuestrado en Caracas, según señala Venezuela.Desde hace varios días las declaraciones se fueron escalando, con acusaciones cada vez más fuertes de Venezuela en el sentido de que Colombia violó su soberanía, mientras Bogotá admitió que pagó una recompensa para facilitar la captura de Granda, considerado el canciller de las FARC.
El embajador Carlos Rodolfo Santiago no regresará "hasta que el gobierno colombiano rectifique y pida disculpas. Al mismo tiempo he ordenado paralizar todo negocio con Colombia; lamentablemente se paraliza el gasoducto transcaribeño hasta que no sea reivindicada la soberanía violada de Venezuela, me veo obligado a tomar esta decisión", dijo Chávez.
El gasoducto de 177 km es un proyecto binacional ya acordado por ambos gobiernos.
"Le invito a rectificar, le invito a que su gobierno rectifique", le dice Chávez a Uribe, en la declaración divulgada en Caracas.
"Han cometido en Colombia un grave error y deben rectificar en vez de estar buscando argucias que peor hacen quedar a su gobierno. No puede ser, es injustificable desde todo punto de vista que altos funcionarios del gobierno colombiano estén instigando a funcionarios venezolanos al delito".
El gobierno de Bogotá contestó con un comunicado de 9 puntos, que no puede ser considerado como una disculpa o una rectificación, en que señala que "la Policía de Colombia ha explicado de manera clara y contundente que no ha violado la soberanía de Venezuela".
Colombia justifica la política de recompensas como "un instrumento legítimo" e indicó que las "Naciones Unidas prohíben a los países miembros albergar terroristas de manera 'activa o pasiva'", en una tácita alusión al hecho de que Granda vivía en Venezuela de tiempo atrás.
En el comunicado el gobierno "reitera su propósito de tener constructivas relaciones con el gobierno y el pueblo de Venezuela".
"También propondremos nuevamente al gobierno de Venezuela la creación o activación de un mecanismo binacional para examinar los hechos que los gobiernos estimen conveniente", señala.
En Colombia, dirigentes políticos y económicos, además de analistas, consideraron la situación como preocupante, aunque algunos de ellos calificaron de exagerada la reacción de Chávez.
El analista independiente Alejo Vargas señaló que "dudo mucho que el gobierno venezolano quede satisfecho con esta respuesta" aunque consideró que con ella se le baja a la confrontación.
El analista independiente Alfredo Rangel, experto en temas de seguridad, indicó a la AFP que "este es el peor momento de las relaciones entre Colombia y Venezuela en los últimos años".
También señaló que la reacción de Chávez "es absolutamente consistente con la valoración que hicieron en Venezuela de este caso: que fue una violación de la soberanía".
El analista independiente Pedro Medellín dijo que "uno entiende la reacción de Chávez porque el gobierno colombiano quería pasar de agache frente al hecho. Colombia debió proceder a pedir excusas".
Para el congresista Manuel Ramiro Velásquez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, "este es el momento propicio para que el gobierno Chávez le explique a la comunidad internacional por qué sigue permitiendo que alzados en armas en Colombia sigan deambulando por su territorio".
Para el senador de izquierda Antonio Navarro, lo que ocurre "es gravísimo. Me parece muy desafortunada la postura del gobierno venezolano, que nos debe una explicación sobre la presencia de guerrilleros en su país".
Navarro consideró que la posición del "gobierno colombiano también es muy desafortunada porque invita a infringir la ley pues ambas constituciones prohíben recibir recompensas de gobierno extranjeros".
No se sabe aún cuál es el alcance de la declaración de Chávez, sin embargo, la situación en las fronteras y aduanas es normal.
15 de enero de 2005
©univisión
buena vida de ex dictadores
[Mary Jordan] Ex dictadores latinoamericanos viven confinados, pero bien. A pesar de sus crímenes y robos, ninguno está en prisión.
Antigua, Guatemala. Efraín Ríos Montt, el ex dictador que presidió una de las épocas más sangrientas de la historia de Guatemala, ha estado bajo arresto domiciliario en la capital desde principios del año pasado. Está acusado de incitar a la rebelión y está siendo investigado por genocidio por el asesinato de miles de personas durante una campaña militar en los años ochenta contra rebeldes marxistas.
Pero hace varias semanas el general retirado dio una grandiosa fiesta en su mansión para celebrar las bodas de su hija en esta colonial ciudad a los pies de unos volcanes de tarjeta postal. Fluyó el whisky y la lista de invitados incluía al embajador norteamericano y a un miembro del Congreso estadounidense, que era también el novio.
Ríos Montt es uno más de la docena de ex dictadores latinoamericanos que están bajo investigación de cargos criminales que van desde el asesinato hasta el desfalco, y sin embargo continúan gozando de las comodidades de casa e incluso llevando una vida social en gran estilo, despertando la ira de los ciudadanos de a pie y de los grupos de derechos humanos en todo el país.
"Otra gente paga por sus crímenes en la cárcel, así qué ¿cómo es que Ríos Montt está en su casa y ofreciendo banquetes?", dice José Luis Quintanilla, 37, un vendedor ambulante que vende ropa usada en las calles de Ciudad de Guatemala. "La gente está indignada".
Desde México a Chile, antiguos presidentes hacen frente a investigaciones criminales -pero ninguno está tras las rejas. La mayoría de ellos no pueden salir de sus países, y cuatro de ellos, incluyendo a Ríos Montt, se encuentran bajo arresto domiciliario. Pero en la mayoría de los casos, acusan los críticos, son tratados con guante de terciopelo, un tratamiento que no recibiría ningún ciudadano corriente acusado de los mismos crímenes.
El ex presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, que fue condenado en diciembre de 2003 y sentenciado a 20 años por corrupción y el desfalco de 100 millones de dólares de las arcas públicas, está cumpliendo la sentencia en su propio rancho en las afueras de la capital. Alemán, que dirigió Nicaragua desde 1997 a 2002, pasó unos meses en prisión antes de volver a casa, pero fue en una sección especial con comodidades extras que incluían aire acondicionado, televisión de cable y masajes.
"Es escandaloso", dice Alberto Novoa, el fiscal general de Nicaragua. "Por supuesto es injusto".
Muchos fiscales y activistas de derechos humanos dicen que el cómodo confinamiento de que gozan los antiguos presidentes demuestra cómo la influencia política a menudo supera a los débiles sistemas judiciales en gran parte de América Latina. Jueces individuales, antes que jurados, presiden normalmente casos criminales, y los críticos dicen que muchos son dominados por personajes poderosos en regiones que todavía deben luchar contra un legado de autoritarismo.
Sin embargo, activistas de derechos humanos y otros dicen que el número récord de juicios criminales contra antiguos dictadores es en sí mismo un avance que habría sido impensable hace algunos años.
"Creo personalmente que esos políticos deberían estar en una cárcel normal", dice Frank LaRue, un abogado que encabeza la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en Guatemala. "Pero estamos avanzando en la dirección correcta. Hace algunos años los ex presidentes no podían ser enjuiciados de ninguna manera".
LaRue ha ayudado a presentar la acusación contra Ríos Montt, cuyo mandato de 1982 a 1983 coincidió con una de las más terribles masacres en la guerra civil de 36 años de Guatemala. Murieron más de 200.000 personas en ese conflicto, la gran mayoría de ellas a manos de los militares.
La mayoría de los ex presidentes están también implicados en el robo de fondos del estado o en sobornos.
En Costa Rica el antiguo presidente Miguel Ángel Rodríguez, que dejó el cargo en 2002, fue puesto bajo arresto domiciliario en octubre por acusaciones de haberse metido al bolsillo una parte de un soborno de 2.4 millones de dólares pagados por la compañía francesa de telecomunicaciones, Alcatel. Rodríguez fue obligado a renunciar como secretario general de la Organización de Estados Americanos poco después de haber sido jurado en el cargo a causa del escándalo. Todavía no ha sido acusado formalmente.
En Panamá la antiguo presidente Mireya Moscoso, cuyo mandato terminó el año pasado, hace frente a pesquisas sobre unos 70 millones de dólares de fondos del estado que se esfumaron durante su gobierno. Tampoco ha sido acusada formalmente.
Alemán, de Nicaragua, se ha transformado en un elocuente símbolo del abuso de poder. Su fortuna personal se infló cuando dirigía un país donde mucha gente gana menos de 2 dólares al día. Los fiscales han mostrado documentos que demuestran que él y su esposa gastaron enormes cantidades de dinero usando tarjetas de crédito del gobierno, incluyendo una cuenta de 13.755 dólares del Hotel Ritz Carlton, en Bali, y una de 68.506 dólares por gastos de hotel y artesanías en India.
Alemán, 58, sufre de varias afecciones, muchas de ellas relacionadas con su obesidad, dicen sus abogados. Fue sobre bases médicas que el juez le permitió el año pasado volver a su frondosa hacienda, donde puede recibir libremente a visitas y usar su teléfono móvil.
En Chile, el más notorio de los antiguos dictadores latinoamericanos también está bajo arresto domiciliario en una casa de campo en las afueras de Santiago. El general Augusto Pinochet fue acusado el año pasado del secuestro y asesinato de opositores en el exilio cuando encabezaba el gobierno militar de 1973 a 1990.
Al menos 1.200 personas que fueron detenidas por las fuerzas armadas y la policía secreta durante esa era desaparecieron y se presume que fueron asesinadas. Entre los cargos contra Pinochet está el asesinato con bomba el 21 de septiembre de 1976 contra el ex ministro de Asuntos Exteriores, Orlando Letelier, y su ayudante, Ronni Moffitt, en la Rotonda de Sheridan en el noroeste de Washington.
En México el antiguo presidente Luis Echeverría es el blanco de una pesquisa especial de los fiscales por el asesinato de estudiantes y otros activistas anti-gubernamentales durante su mandato de 1970 a 1976. El verano pasado, el fiscal pidió al juez que emitiera una orden de arresto acusando a Echeverría de genocidio. El juez se negó.
Mientras el fiscal ha jurado seguir presentando cargos criminales, Echeverría, 82, vive en su cómoda casa de Cuernavaca, un lujoso balneario al sur de Ciudad de México.
Otro ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, también está bajo investigación criminal y ha huido hacia México. Las autoridades guatemaltecas han pedido ayuda a Estados Unidos para trazar las operaciones financieras de Portillo. Entretanto, su vice-presidente, ministro de finanzas y otros importantes personeros de su gobierno están en la cárcel por cargos de corrupción.
Aquí en Antigua, famosa por sus calles empedradas e impresionantes vistas de altos volcanes, las noticias de que Ríos Montt estaba ofreciendo una fiesta de bodas mientras cumple arresto domiciliario fue particularmente irritante.
La hija de Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, una senadora guatemalteca, se casó en noviembre con el republicano Gerald C. Weller (Illinois) y Ríos Montt ofreció un banquete en su enorme casa de fin de semana. John Hamilton, el embajador norteamericano, se encontraba entre los invitados.
"La gente con poder puede comprar la ley", dice Miguel Ángel López, 49, estaba ante la mansión del ex dictador, que es protegida por una muralla de piedra de 750 metros de largo con una doble hilera de alambres de púa. Cuando se abren las puertas se divisa una extenso prado.
No había nada ilegal en el hecho de que Ríos Montt ofrezca un banquete. Víctor Hugo Herrera, el juez del caso, dijo en una entrevista que Ríos Montt pidió permiso para viajar las 50 kilómetros desde su casa en Ciudad de Guatemala hasta su mansión en Antigua por "razones políticas". Dijo que leyó más tarde en un diario que Ríos Montt había asistido a las bodas de su hija.
Herrera dijo que había autorizado la petición de Ríos Montt porque "cumplía con las reglas" de su confinamiento. Dijo que las normas le permitían dejar su casa provisto que permaneciera en Ciudad de Guatemala, pero que viajar fuera de la capital requería un permiso.
Está bajo arresto domiciliario, dijo el juez, tras ser acusado de organizar una revuelta de miles de sus partidarios en Ciudad de Guatemala en julio de 2003 en la que murió un periodista guatemalteco.
Activistas de derechos humanos aquí dijeron que acusar a Ríos Montt de ese Jueves Negro' de la revuelta era como acusar a Al Capone de evasión de impuestos. "Él es el símbolo del genocidio", dijo LaRue, el funcionario de derechos humanos.
Pero el equipo de tres miembros del fiscal general, que está investigando lo que muchos llaman la campaña de tierra arrasada' de Ríos Montt para eliminar a rebeldes anti-gubernamentales, hace enfrenta a una ardua tarea.
Una de las fiscales, Sandra Sosa Stewart, dijo que el equipo está trabajando con documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos y analizando huesos desenterrados en la exhumación de fosas comunes encontradas en todo el país. "No tenemos suficiente gente", dijo. "Incluso no tenemos acceso a internet".
A pesar de las dificultades, Juan Luis Pons, otro activista de derechos humanos, dijo que las investigaciones criminales de ex dictadores latinoamericanos, incluyendo a Ríos Montt, constituyen una "pequeña esperanza para la gente" de que los presidentes no se encuentran por encima de la ley.
Sin embargo, agregó, la vista de un ex dictador bajo investigación criminal y arresto domiciliario ofreciendo una boda para 300 personas, incluyendo entre los invitados a la elite guatemalteca, "muestra que la justicia en América Latina todavía depende de la política".
8 de enero de 2005
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Antigua, Guatemala. Efraín Ríos Montt, el ex dictador que presidió una de las épocas más sangrientas de la historia de Guatemala, ha estado bajo arresto domiciliario en la capital desde principios del año pasado. Está acusado de incitar a la rebelión y está siendo investigado por genocidio por el asesinato de miles de personas durante una campaña militar en los años ochenta contra rebeldes marxistas.Pero hace varias semanas el general retirado dio una grandiosa fiesta en su mansión para celebrar las bodas de su hija en esta colonial ciudad a los pies de unos volcanes de tarjeta postal. Fluyó el whisky y la lista de invitados incluía al embajador norteamericano y a un miembro del Congreso estadounidense, que era también el novio.
Ríos Montt es uno más de la docena de ex dictadores latinoamericanos que están bajo investigación de cargos criminales que van desde el asesinato hasta el desfalco, y sin embargo continúan gozando de las comodidades de casa e incluso llevando una vida social en gran estilo, despertando la ira de los ciudadanos de a pie y de los grupos de derechos humanos en todo el país.
"Otra gente paga por sus crímenes en la cárcel, así qué ¿cómo es que Ríos Montt está en su casa y ofreciendo banquetes?", dice José Luis Quintanilla, 37, un vendedor ambulante que vende ropa usada en las calles de Ciudad de Guatemala. "La gente está indignada".
Desde México a Chile, antiguos presidentes hacen frente a investigaciones criminales -pero ninguno está tras las rejas. La mayoría de ellos no pueden salir de sus países, y cuatro de ellos, incluyendo a Ríos Montt, se encuentran bajo arresto domiciliario. Pero en la mayoría de los casos, acusan los críticos, son tratados con guante de terciopelo, un tratamiento que no recibiría ningún ciudadano corriente acusado de los mismos crímenes.
El ex presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, que fue condenado en diciembre de 2003 y sentenciado a 20 años por corrupción y el desfalco de 100 millones de dólares de las arcas públicas, está cumpliendo la sentencia en su propio rancho en las afueras de la capital. Alemán, que dirigió Nicaragua desde 1997 a 2002, pasó unos meses en prisión antes de volver a casa, pero fue en una sección especial con comodidades extras que incluían aire acondicionado, televisión de cable y masajes.
"Es escandaloso", dice Alberto Novoa, el fiscal general de Nicaragua. "Por supuesto es injusto".
Muchos fiscales y activistas de derechos humanos dicen que el cómodo confinamiento de que gozan los antiguos presidentes demuestra cómo la influencia política a menudo supera a los débiles sistemas judiciales en gran parte de América Latina. Jueces individuales, antes que jurados, presiden normalmente casos criminales, y los críticos dicen que muchos son dominados por personajes poderosos en regiones que todavía deben luchar contra un legado de autoritarismo.
Sin embargo, activistas de derechos humanos y otros dicen que el número récord de juicios criminales contra antiguos dictadores es en sí mismo un avance que habría sido impensable hace algunos años.
"Creo personalmente que esos políticos deberían estar en una cárcel normal", dice Frank LaRue, un abogado que encabeza la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en Guatemala. "Pero estamos avanzando en la dirección correcta. Hace algunos años los ex presidentes no podían ser enjuiciados de ninguna manera".
LaRue ha ayudado a presentar la acusación contra Ríos Montt, cuyo mandato de 1982 a 1983 coincidió con una de las más terribles masacres en la guerra civil de 36 años de Guatemala. Murieron más de 200.000 personas en ese conflicto, la gran mayoría de ellas a manos de los militares.
La mayoría de los ex presidentes están también implicados en el robo de fondos del estado o en sobornos.
En Costa Rica el antiguo presidente Miguel Ángel Rodríguez, que dejó el cargo en 2002, fue puesto bajo arresto domiciliario en octubre por acusaciones de haberse metido al bolsillo una parte de un soborno de 2.4 millones de dólares pagados por la compañía francesa de telecomunicaciones, Alcatel. Rodríguez fue obligado a renunciar como secretario general de la Organización de Estados Americanos poco después de haber sido jurado en el cargo a causa del escándalo. Todavía no ha sido acusado formalmente.
En Panamá la antiguo presidente Mireya Moscoso, cuyo mandato terminó el año pasado, hace frente a pesquisas sobre unos 70 millones de dólares de fondos del estado que se esfumaron durante su gobierno. Tampoco ha sido acusada formalmente.
Alemán, de Nicaragua, se ha transformado en un elocuente símbolo del abuso de poder. Su fortuna personal se infló cuando dirigía un país donde mucha gente gana menos de 2 dólares al día. Los fiscales han mostrado documentos que demuestran que él y su esposa gastaron enormes cantidades de dinero usando tarjetas de crédito del gobierno, incluyendo una cuenta de 13.755 dólares del Hotel Ritz Carlton, en Bali, y una de 68.506 dólares por gastos de hotel y artesanías en India.
Alemán, 58, sufre de varias afecciones, muchas de ellas relacionadas con su obesidad, dicen sus abogados. Fue sobre bases médicas que el juez le permitió el año pasado volver a su frondosa hacienda, donde puede recibir libremente a visitas y usar su teléfono móvil.
En Chile, el más notorio de los antiguos dictadores latinoamericanos también está bajo arresto domiciliario en una casa de campo en las afueras de Santiago. El general Augusto Pinochet fue acusado el año pasado del secuestro y asesinato de opositores en el exilio cuando encabezaba el gobierno militar de 1973 a 1990.
Al menos 1.200 personas que fueron detenidas por las fuerzas armadas y la policía secreta durante esa era desaparecieron y se presume que fueron asesinadas. Entre los cargos contra Pinochet está el asesinato con bomba el 21 de septiembre de 1976 contra el ex ministro de Asuntos Exteriores, Orlando Letelier, y su ayudante, Ronni Moffitt, en la Rotonda de Sheridan en el noroeste de Washington.
En México el antiguo presidente Luis Echeverría es el blanco de una pesquisa especial de los fiscales por el asesinato de estudiantes y otros activistas anti-gubernamentales durante su mandato de 1970 a 1976. El verano pasado, el fiscal pidió al juez que emitiera una orden de arresto acusando a Echeverría de genocidio. El juez se negó.
Mientras el fiscal ha jurado seguir presentando cargos criminales, Echeverría, 82, vive en su cómoda casa de Cuernavaca, un lujoso balneario al sur de Ciudad de México.
Otro ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, también está bajo investigación criminal y ha huido hacia México. Las autoridades guatemaltecas han pedido ayuda a Estados Unidos para trazar las operaciones financieras de Portillo. Entretanto, su vice-presidente, ministro de finanzas y otros importantes personeros de su gobierno están en la cárcel por cargos de corrupción.
Aquí en Antigua, famosa por sus calles empedradas e impresionantes vistas de altos volcanes, las noticias de que Ríos Montt estaba ofreciendo una fiesta de bodas mientras cumple arresto domiciliario fue particularmente irritante.
La hija de Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, una senadora guatemalteca, se casó en noviembre con el republicano Gerald C. Weller (Illinois) y Ríos Montt ofreció un banquete en su enorme casa de fin de semana. John Hamilton, el embajador norteamericano, se encontraba entre los invitados.
"La gente con poder puede comprar la ley", dice Miguel Ángel López, 49, estaba ante la mansión del ex dictador, que es protegida por una muralla de piedra de 750 metros de largo con una doble hilera de alambres de púa. Cuando se abren las puertas se divisa una extenso prado.
No había nada ilegal en el hecho de que Ríos Montt ofrezca un banquete. Víctor Hugo Herrera, el juez del caso, dijo en una entrevista que Ríos Montt pidió permiso para viajar las 50 kilómetros desde su casa en Ciudad de Guatemala hasta su mansión en Antigua por "razones políticas". Dijo que leyó más tarde en un diario que Ríos Montt había asistido a las bodas de su hija.
Herrera dijo que había autorizado la petición de Ríos Montt porque "cumplía con las reglas" de su confinamiento. Dijo que las normas le permitían dejar su casa provisto que permaneciera en Ciudad de Guatemala, pero que viajar fuera de la capital requería un permiso.
Está bajo arresto domiciliario, dijo el juez, tras ser acusado de organizar una revuelta de miles de sus partidarios en Ciudad de Guatemala en julio de 2003 en la que murió un periodista guatemalteco.
Activistas de derechos humanos aquí dijeron que acusar a Ríos Montt de ese Jueves Negro' de la revuelta era como acusar a Al Capone de evasión de impuestos. "Él es el símbolo del genocidio", dijo LaRue, el funcionario de derechos humanos.
Pero el equipo de tres miembros del fiscal general, que está investigando lo que muchos llaman la campaña de tierra arrasada' de Ríos Montt para eliminar a rebeldes anti-gubernamentales, hace enfrenta a una ardua tarea.
Una de las fiscales, Sandra Sosa Stewart, dijo que el equipo está trabajando con documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos y analizando huesos desenterrados en la exhumación de fosas comunes encontradas en todo el país. "No tenemos suficiente gente", dijo. "Incluso no tenemos acceso a internet".
A pesar de las dificultades, Juan Luis Pons, otro activista de derechos humanos, dijo que las investigaciones criminales de ex dictadores latinoamericanos, incluyendo a Ríos Montt, constituyen una "pequeña esperanza para la gente" de que los presidentes no se encuentran por encima de la ley.
Sin embargo, agregó, la vista de un ex dictador bajo investigación criminal y arresto domiciliario ofreciendo una boda para 300 personas, incluyendo entre los invitados a la elite guatemalteca, "muestra que la justicia en América Latina todavía depende de la política".
8 de enero de 2005
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
niños de la guerra sucia de méxico
[Mary Beth Sheridan y Mary Jordan] Una mujer cree que ha reencontrado a su hermano.
Washington, Estados Unidos. Aleida Gallangos ha estado buscando a su hermano durante años. Desapareció cuando su familia fue destruida hace 30 años durante la guerra en México contra las guerrillas de izquierdas. El mes pasado, una pista la condujo hasta un obrero en una fábrica en un lugar improbable: Washington.
Gallangos, 31, llegó aquí con una tentadora pista: Su hermano había sido adoptado de niño por una familia mexicana y algunos miembros de esa familia habían emigrado a Columbia Heights. Recorrió los barrios del noroeste de Washington y la guía telefónica de Washington D.C., preguntando a todo el mundo informaciones sobre su hermano, conocido como Juan Carlos Hernández.
El 24 de diciembre de las 9:30 horas, sonó el teléfono en el céntrico apartamento donde alojaba Gallangos. "¿Qué es lo quiere saber?", preguntó un hombre.
"Estoy buscando a mi hermano... Sólo quiero hablar con él, y verlo", contestó Gallangos. Tenía un presentimiento al oír la voz del hombre, su rápido español mexicano. Finalmente dijo: "¿Quién es usted?"
"Soy Juan Carlos", dijo el hombre.
Aunque los análisis de DNA aún no se realizan, el gobierno mexicano declaró ayer que Hernández es casi con toda seguridad Lucio Antonio Gallangos, que desapareció en 1975 cuando tenía casi cuatro años. Aleida Gallangos, que no descubrió su propia identidad sino en 2001, abrazó a su hermano en una emotiva reunión el 29 de diciembre. Son las primeras personas que han reemergido de una lista oficial de 532 mexicanos que desaparecieron durante la guerra sucia' llevada a cabo por la policía y el ejército mexicanos en los años setenta y principios de los ochenta, dijeron funcionarios de gobierno.
El despacho del fiscal general, que dio ayer una rueda de prensa, calificó el hallazgo de una señal de cómo el gobierno esta cerrando las cortinas de uno de los episodios más siniestros de la historia de México. Las autoridades han abierto archivos secretos y comenzado a investigar los casos de los desaparecidos.
Pero la historia de los hermanos Gallangos es mucho más que un cambio democrático. Es la saga de un resuelta joven mujer que ha luchado contra los burócratas durante años. Y es la historia de un hombre que no sabía nada sobre su torturado pasado -y sólo lo está descubriendo reluctantemente. "Mi vida cambió de un día para otro. Ha cambiado todo lo que yo creía", dijo Hernández, 33, un obrero de la construcción que vive en la ciudad desde hace nueve años. "No sé si lo puedo asimilar"
A diferencia de su hermano, Gallangos sospechaba hacía tiempo que ella era adoptada. Creció en las afueras de Ciudad de México bajo el nombre de Luz Elba Gorostiola, una niña baja de piel oscura y rasgos indígenas. Los otros hijos de Alejandro y María Gorostiola eran altos y de piel blanca.
Gallangos tenía 16 años cuando su familia adoptiva le contó la verdad. En junio de 1975, el hermano de Alejandro Gorostiola, Carlos, un guerrillero de izquierda, la llevó a la familia cuando tenía 2 años, envuelta en un suéter. "Quería que nos ocupáramos de ella", dijo Alejandro. Carlos dijo que los padres de Gallangos, miembros de la clandestina Liga Comunista 23 de Septiembre, habían desaparecido y habían sido probablemente asesinados por tropas del gobierno. El hermanito de la niña estaba en el hospital con una herida de bala, dijo.
El tío no reveló el apellido de la niña. Simplemente era demasiado peligroso, pensaron los Gorostiola. Un año más tarde, Carlos Gorostiola mismo fue matado por la policía. Con él desapareció la llave para descubrir la identidad de la niña.
Gallangos quedó consternada cuando sus padres adoptivos le contaron su historia y su verdadero nombre: Aleida. "Les pregunté un montón de cosas sobre lo que había ocurrido", recuerda. "Me dijeron: No lo sabemos'". Estuvo durante años sin saber más.
Pero los tiempos cambian. Con el término del gobierno de un solo partido en México en 2000, académicos, periodistas y grupos de derechos humanos han empezado a exigir más información sobre los desaparecidos. Un domingo de septiembre de 2001, la revista del diario Día Siete publicó una conmovedora historia sobre la atormentada lucha de una abuela de su familia desaparecida, concentrándose en sus dos nietos: Lucio Antonio y Aleida Gallangos. "¿Dónde Están?", preguntaba el titular en primera plana.
Al sentarse en su sillón para leer el diario, Alejandro Gorostiola quedó pasmado. Las fechas, las fotos -todo sugería que Aleida era su hija adoptiva, que ahora trabajaba en la fronteriza ciudad de Juárez.
"Me levanté de un salto y cogí el teléfono", recordó en una entrevista. A los días, Aleida Gallangos abordó un avión hacia Ciudad de México y tuvo una serie de dolorosas reuniones con su familia biológica.
Su abuela, que había buscado durante años en hospitales, morgues e incluso examinando las caras de los niños en la calle, la abrazó. "Tus padres no están muertos", le susurró ardientemente.
Aleida Gallangos dudaba que sus padres hubieran sobrevivido. Pero su familia perdida se transformó en su causa. Colgó sus fotos en su dormitorio y en la oficina de su fábrica. Sufría sin cesar. ¿Habían sido torturados? ¿Dónde estaba su hermano?
Poco a poco empezó a reunir información de familiares y de los amigos de sus padres. Así, en junio de 2002 se transformó en el primer familiar de desaparecidos en entrar a la durante largo tiempo secreta Galería Uno, parte del Archivo Nacional de México. En los amarillentos documentos del gobierno, encontró detalles sobre las actividades revolucionarias de sus padres y los nombres de sus hijos.
Pero la pista hacia su hermano se había enfriado. Gallangos fue al hospital donde pensaba que le habían tratado la herida en la pierna, pero resultó estar equivocada. Finalmente, uno de los viejos compañeros de su padre le contó que Lucio Antonio había sido llevado a un orfelinato en Tlalpan, en Ciudad de México, tras ser dado de alta en el hospital.
Durante dos años Gallangos trató de obtener acceso a los archivos de la adopción. Incluso aunque el gobierno nombró a un fiscal especial en enero de 2002 para investigar las desapariciones de la guerra sucia', inicialmente las autoridades no la ayudaron, dijo Gallangos.
"Después de dos años, insistiendo e insistiendo e insistiendo, pude ver los archivos", dijo. Su hermano, descubrió, había llegado al orfelinato en 1975 y fue adoptado al año siguiente por la familia Hernández de Hidalgo, un estado al norte de la capital. El apodo del niño era Tony' -por Lucio Antonio. Pero pronto chocó contra otro obstáculo.
Los padres adoptivos de su hermano le dijeron que no querían que él supiera sobre su trágico pasado, dijo. Incluso sugirieron que estaba en California, para despistarla, dijo.
Gallangos no arrojó el guante. Acosó al despacho del fiscal especial de México, que accedió a entregarle el registro de las llamadas telefónicas de la familia Hernández, dijo. Buscando en guías telefónicas en internet, encontró el número de teléfono de Miriam, una hija de los Hernández, que vivía en Washington. A mediados de diciembre, con un billete pagado por el despacho del procurador mexicano, Gallangos llegó al distrito.
Juan Carlos Hernández no tenía idea de que ella iría a visitarlo.
Durante nueve años había vivido en Washington, integrando una creciente población mexicana que superó las 1.900 personas en el censo de 2000. Había crecido en un hogar cariñoso en México y los únicos padres que recordaba eran los Hernández.
Aleida Gallangos había tomado contacto con sus dos hermanas en Washington, pero ellas se negaron a ayudarla, dijo. Desesperada, pidió informaciones en una serie de entrevistas con medios de comunicación hispano-hablantes en Washington. Sus hermanas de él aquí vieron una de las entrevistas en televisión y le contaron a sus padres, dijo Gallangos.
Juan Carlos Hernandez escuchó la verdad por sus padres poco antes de Navidad. Todavía está tratando de comprenderlo.
"Siempre pensé que era hijo de ellos. No crecí con esto. Entonces, a los 33, alguien vino y me dijo: Eres de otra familia'", dijo en una entrevista telefónica, rompiendo a llorar de vez en vez. "Hay mucho dolor en mi familia".
Para Aleida Gallangos, el reencuentro con su hermano ha puesto fin a años de angustia. Se ha reunido dos veces con él con Washington antes de volver a México el día de Noche Vieja. Los dos hablaron durante horas, dijo, descubriendo que tenían intereses similares en la música de protesta y marcas de nacimiento parecidas, en sus espaldas. Hablando con ella, Hernández comenzó a recordar fragmentos de recuerdos de sus primeros años -la blusa blanca de una mujer, monjas que lo cuidaban, dijo ella.
"Encontré a la persona que quería encontrar -un hombre trabajador y sensible", dijo Gallangos en una entrevista, y agregó: "No nos merecíamos esto". Se puso a sollozar. "Quizás algún día sepamos qué pasó con nuestros padres".
Ayer, el gobierno mexicano dio a conocer el más completo informe hasta la fecha sobre qué pasó con los niños Gallangos y sus padres, Roberto y Carmen.
Uno de funcionarios del despacho del procurador especial, Juan Carlos Sánchez Ponton, dijo en una rueda de prensa que Lucio fue sacado de una casa de seguridad de los rebeldes por la policía en las afueras de Ciudad de México, en junio de 1975, hacia la fecha en que sus padres fueron vistos por última vez. Había informes no confirmados de que el niño había sido herido en la casa, dijo. "Hubo un enfrentamiento, pero no sabemos si los padres de los menores estuvieron presentes en esa confrontación", dijo. Después de recibir ayuda médica, el niño fue llevado a un orfelinato, donde fue inscrito como abandonado, dijo Sánchez Ponton.
Su despacho está investigando ahora a cuatro antiguos agentes de policía implicados en la desaparición de los padres. Sánchez Ponton se negó a dar los nombres de los antiguos agentes, pero dijo que al menos tres de los cuatro se encontraban con vida y que uno tiene una orden de arresto pendiente en un caso no relacionado.
"De momento estamos agotando todas las líneas de investigación para descubrir el paradero de sus padres", dijo.
Bobbye Pratt contribuyó a este reportaje.
5 de enero de 2005
8 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Washington, Estados Unidos. Aleida Gallangos ha estado buscando a su hermano durante años. Desapareció cuando su familia fue destruida hace 30 años durante la guerra en México contra las guerrillas de izquierdas. El mes pasado, una pista la condujo hasta un obrero en una fábrica en un lugar improbable: Washington.Gallangos, 31, llegó aquí con una tentadora pista: Su hermano había sido adoptado de niño por una familia mexicana y algunos miembros de esa familia habían emigrado a Columbia Heights. Recorrió los barrios del noroeste de Washington y la guía telefónica de Washington D.C., preguntando a todo el mundo informaciones sobre su hermano, conocido como Juan Carlos Hernández.
El 24 de diciembre de las 9:30 horas, sonó el teléfono en el céntrico apartamento donde alojaba Gallangos. "¿Qué es lo quiere saber?", preguntó un hombre.
"Estoy buscando a mi hermano... Sólo quiero hablar con él, y verlo", contestó Gallangos. Tenía un presentimiento al oír la voz del hombre, su rápido español mexicano. Finalmente dijo: "¿Quién es usted?"
"Soy Juan Carlos", dijo el hombre.
Aunque los análisis de DNA aún no se realizan, el gobierno mexicano declaró ayer que Hernández es casi con toda seguridad Lucio Antonio Gallangos, que desapareció en 1975 cuando tenía casi cuatro años. Aleida Gallangos, que no descubrió su propia identidad sino en 2001, abrazó a su hermano en una emotiva reunión el 29 de diciembre. Son las primeras personas que han reemergido de una lista oficial de 532 mexicanos que desaparecieron durante la guerra sucia' llevada a cabo por la policía y el ejército mexicanos en los años setenta y principios de los ochenta, dijeron funcionarios de gobierno.
El despacho del fiscal general, que dio ayer una rueda de prensa, calificó el hallazgo de una señal de cómo el gobierno esta cerrando las cortinas de uno de los episodios más siniestros de la historia de México. Las autoridades han abierto archivos secretos y comenzado a investigar los casos de los desaparecidos.
Pero la historia de los hermanos Gallangos es mucho más que un cambio democrático. Es la saga de un resuelta joven mujer que ha luchado contra los burócratas durante años. Y es la historia de un hombre que no sabía nada sobre su torturado pasado -y sólo lo está descubriendo reluctantemente. "Mi vida cambió de un día para otro. Ha cambiado todo lo que yo creía", dijo Hernández, 33, un obrero de la construcción que vive en la ciudad desde hace nueve años. "No sé si lo puedo asimilar"
A diferencia de su hermano, Gallangos sospechaba hacía tiempo que ella era adoptada. Creció en las afueras de Ciudad de México bajo el nombre de Luz Elba Gorostiola, una niña baja de piel oscura y rasgos indígenas. Los otros hijos de Alejandro y María Gorostiola eran altos y de piel blanca.
Gallangos tenía 16 años cuando su familia adoptiva le contó la verdad. En junio de 1975, el hermano de Alejandro Gorostiola, Carlos, un guerrillero de izquierda, la llevó a la familia cuando tenía 2 años, envuelta en un suéter. "Quería que nos ocupáramos de ella", dijo Alejandro. Carlos dijo que los padres de Gallangos, miembros de la clandestina Liga Comunista 23 de Septiembre, habían desaparecido y habían sido probablemente asesinados por tropas del gobierno. El hermanito de la niña estaba en el hospital con una herida de bala, dijo.
El tío no reveló el apellido de la niña. Simplemente era demasiado peligroso, pensaron los Gorostiola. Un año más tarde, Carlos Gorostiola mismo fue matado por la policía. Con él desapareció la llave para descubrir la identidad de la niña.
Gallangos quedó consternada cuando sus padres adoptivos le contaron su historia y su verdadero nombre: Aleida. "Les pregunté un montón de cosas sobre lo que había ocurrido", recuerda. "Me dijeron: No lo sabemos'". Estuvo durante años sin saber más.
Pero los tiempos cambian. Con el término del gobierno de un solo partido en México en 2000, académicos, periodistas y grupos de derechos humanos han empezado a exigir más información sobre los desaparecidos. Un domingo de septiembre de 2001, la revista del diario Día Siete publicó una conmovedora historia sobre la atormentada lucha de una abuela de su familia desaparecida, concentrándose en sus dos nietos: Lucio Antonio y Aleida Gallangos. "¿Dónde Están?", preguntaba el titular en primera plana.
Al sentarse en su sillón para leer el diario, Alejandro Gorostiola quedó pasmado. Las fechas, las fotos -todo sugería que Aleida era su hija adoptiva, que ahora trabajaba en la fronteriza ciudad de Juárez.
"Me levanté de un salto y cogí el teléfono", recordó en una entrevista. A los días, Aleida Gallangos abordó un avión hacia Ciudad de México y tuvo una serie de dolorosas reuniones con su familia biológica.
Su abuela, que había buscado durante años en hospitales, morgues e incluso examinando las caras de los niños en la calle, la abrazó. "Tus padres no están muertos", le susurró ardientemente.
Aleida Gallangos dudaba que sus padres hubieran sobrevivido. Pero su familia perdida se transformó en su causa. Colgó sus fotos en su dormitorio y en la oficina de su fábrica. Sufría sin cesar. ¿Habían sido torturados? ¿Dónde estaba su hermano?
Poco a poco empezó a reunir información de familiares y de los amigos de sus padres. Así, en junio de 2002 se transformó en el primer familiar de desaparecidos en entrar a la durante largo tiempo secreta Galería Uno, parte del Archivo Nacional de México. En los amarillentos documentos del gobierno, encontró detalles sobre las actividades revolucionarias de sus padres y los nombres de sus hijos.
Pero la pista hacia su hermano se había enfriado. Gallangos fue al hospital donde pensaba que le habían tratado la herida en la pierna, pero resultó estar equivocada. Finalmente, uno de los viejos compañeros de su padre le contó que Lucio Antonio había sido llevado a un orfelinato en Tlalpan, en Ciudad de México, tras ser dado de alta en el hospital.
Durante dos años Gallangos trató de obtener acceso a los archivos de la adopción. Incluso aunque el gobierno nombró a un fiscal especial en enero de 2002 para investigar las desapariciones de la guerra sucia', inicialmente las autoridades no la ayudaron, dijo Gallangos.
"Después de dos años, insistiendo e insistiendo e insistiendo, pude ver los archivos", dijo. Su hermano, descubrió, había llegado al orfelinato en 1975 y fue adoptado al año siguiente por la familia Hernández de Hidalgo, un estado al norte de la capital. El apodo del niño era Tony' -por Lucio Antonio. Pero pronto chocó contra otro obstáculo.
Los padres adoptivos de su hermano le dijeron que no querían que él supiera sobre su trágico pasado, dijo. Incluso sugirieron que estaba en California, para despistarla, dijo.
Gallangos no arrojó el guante. Acosó al despacho del fiscal especial de México, que accedió a entregarle el registro de las llamadas telefónicas de la familia Hernández, dijo. Buscando en guías telefónicas en internet, encontró el número de teléfono de Miriam, una hija de los Hernández, que vivía en Washington. A mediados de diciembre, con un billete pagado por el despacho del procurador mexicano, Gallangos llegó al distrito.
Juan Carlos Hernández no tenía idea de que ella iría a visitarlo.
Durante nueve años había vivido en Washington, integrando una creciente población mexicana que superó las 1.900 personas en el censo de 2000. Había crecido en un hogar cariñoso en México y los únicos padres que recordaba eran los Hernández.
Aleida Gallangos había tomado contacto con sus dos hermanas en Washington, pero ellas se negaron a ayudarla, dijo. Desesperada, pidió informaciones en una serie de entrevistas con medios de comunicación hispano-hablantes en Washington. Sus hermanas de él aquí vieron una de las entrevistas en televisión y le contaron a sus padres, dijo Gallangos.
Juan Carlos Hernandez escuchó la verdad por sus padres poco antes de Navidad. Todavía está tratando de comprenderlo.
"Siempre pensé que era hijo de ellos. No crecí con esto. Entonces, a los 33, alguien vino y me dijo: Eres de otra familia'", dijo en una entrevista telefónica, rompiendo a llorar de vez en vez. "Hay mucho dolor en mi familia".
Para Aleida Gallangos, el reencuentro con su hermano ha puesto fin a años de angustia. Se ha reunido dos veces con él con Washington antes de volver a México el día de Noche Vieja. Los dos hablaron durante horas, dijo, descubriendo que tenían intereses similares en la música de protesta y marcas de nacimiento parecidas, en sus espaldas. Hablando con ella, Hernández comenzó a recordar fragmentos de recuerdos de sus primeros años -la blusa blanca de una mujer, monjas que lo cuidaban, dijo ella.
"Encontré a la persona que quería encontrar -un hombre trabajador y sensible", dijo Gallangos en una entrevista, y agregó: "No nos merecíamos esto". Se puso a sollozar. "Quizás algún día sepamos qué pasó con nuestros padres".
Ayer, el gobierno mexicano dio a conocer el más completo informe hasta la fecha sobre qué pasó con los niños Gallangos y sus padres, Roberto y Carmen.
Uno de funcionarios del despacho del procurador especial, Juan Carlos Sánchez Ponton, dijo en una rueda de prensa que Lucio fue sacado de una casa de seguridad de los rebeldes por la policía en las afueras de Ciudad de México, en junio de 1975, hacia la fecha en que sus padres fueron vistos por última vez. Había informes no confirmados de que el niño había sido herido en la casa, dijo. "Hubo un enfrentamiento, pero no sabemos si los padres de los menores estuvieron presentes en esa confrontación", dijo. Después de recibir ayuda médica, el niño fue llevado a un orfelinato, donde fue inscrito como abandonado, dijo Sánchez Ponton.
Su despacho está investigando ahora a cuatro antiguos agentes de policía implicados en la desaparición de los padres. Sánchez Ponton se negó a dar los nombres de los antiguos agentes, pero dijo que al menos tres de los cuatro se encontraban con vida y que uno tiene una orden de arresto pendiente en un caso no relacionado.
"De momento estamos agotando todas las líneas de investigación para descubrir el paradero de sus padres", dijo.
Bobbye Pratt contribuyó a este reportaje.
5 de enero de 2005
8 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
pistoleras colombianas
[Henry Chu] La represión del crimen ha logrado grandes triunfos en Colombia, con una importante excepción: más mujeres, a menudo desesperadas, se están volcando a la violencia.
Bogotá, Colombia. Sus aptitudes para un concurso de belleza eran perfectas. Luisa María Mateus tenía 21 años, tenía una bien formada figura, una sonrisa deslumbradora, y una acusación de asesinato en su contra.
La policía dice que Mateus es una asesina a sueldo que había cometido recién un asesinato cuando la capturaron el año pasado. Apenas horas antes de su detención, dicen las autoridades, Mateus y otra mujer entraron a un restaurante de Bogotá, dispararon contra dos hombres de negocios sentados a una mesa y luego se marcharon tranquilamente.
Mateus, que espera ahora su juicio en la prisión El Buen Pastor, el más grande centro de detención de mujeres en Colombia. Fue primera plana en septiembre cuando su patio la eligió como finalista para el torneo de belleza de la prisión. (Lo ganó una ladrona condenada).
Más que proveer de materia prima sobre chicas tras las rejas para la prensa sensacionalista, Mateus, la femme fatale, le da literalmente otra cara al nuevo problema al que se enfrentan la policía y la sociedad colombianas: el aumento de la delincuencia femenina contra el trasfondo de un dramático descenso de la tasa general de criminalidad.
La represión oficial que empezó hace dos años contra la delincuencia en este país asolado por la violencia ha vivido impresionantes triunfos. La tasa de homicidios, aunque todavía muy alta, ha disminuido fuertemente. Los secuestros también han descendido. El presidente Álvaro Uribe, que ha hecho de la restauración de la ley y el orden una prioridad, goza de puntajes de aprobación que causarían la envidia de cualquier político estadounidense.
Sin embargo, oculto entre las buenas noticias hay un alarmante aumento del número de delitos cometidos por mujeres, un incremento que preocupa a sociólogos y a criminalistas. Al mismo tiempo que muchas mujeres colombianas están incursionando en profesiones tradicionalmente dominadas por los hombres, desde la enseñanza hasta las leyes y la política, algunas de sus hermanas están derruyendo la barrera de los géneros en el crimen transformándose en asesinas, ladronas y traficantes de drogas.
"Desafortunadamente, este es la otra cara de la moneda de la igualdad", dice Florence Thomas, una estudiosa de estudios de la mujer en la Universidad Nacional de Colombia.
Entre enero y mediados de noviembre de 2004, el número de mujeres aprehendidas por casos de homicidio subió en un 27 por ciento en comparación con el mismo período en 2003, de acuerdo a cifras oficiales. Las agresiones aumentaron en un 14 por ciento; los delitos relacionados con el tráfico de drogas, 18; la posesión, manufactura y tráfico de armas y municiones, también 18 por ciento.
Los expertos describen esta tendencia a la persistente pobreza y a los efectos de una guerra civil que ha asolado a Colombia en los últimos cuarenta años, desarraigando a miles de familias, matando a maridos y padres y llevando a las mujeres a tomar decisiones desesperadas.
"Las mujeres han alcanzado un nuevo nivel de estrés", dice Miguel Hernández, abogado y antiguo profesor de criminología que ha estudiado el fenómeno de la creciente delincuencia femenina. "Las mujeres colombianas son inteligentes, trabajan duro, son buenas madres. Pero como cuando alguien se encuentra sin recursos, tienen que encontrar maneras de alimentar a sus hijos".
"Hay cada vez más viudas y más mujeres desplazadas", dice Susie Bermúdez, que enseña historia y antropología en la Universidad de los Andes aquí en la capital. "El desempleo no ha descendido como prometió el presidente, y hay muchos problemas de salud que afectan a las mujeres. La pobreza tiene sobre todo cara de mujer".
Esa pobreza es una desalentadora combinación de hambre, enfermedades y miseria que, de acuerdo a un ránking del Banco Mundial de 2002, pone a Colombia al mismo nivel que algunos países africanos en términos de ingreso per cápita. La agencia informó que los avances contra la miseria económica y social durante los años ochenta habían sido prácticamente neutralizados hacia fines de los noventa, cuando la continuada violencia y una tenaz recesión empujaron a más de la mitad de la población de 44 millones por debajo de la línea de la pobreza.
Hoy, el salario mínimo es de unos 120 dólares al mes -de los afortunados que tienen trabajo. Cientos de miles de mujeres no lo tienen. Muchas de ellas son mujeres de campo que han sido desplazadas de sus tierras por el sangriento conflicto y han huido hacia las ciudades, donde languidecen sin oficios y abandonadas por un estado en bancarrota.
Hernández dice que el alza en la conducta delictiva femenina se remonta a 2000, cuando el número de gente desplazada por la guerra empezó a subir desaforadamente. Alcanzó su cúspide en 2002, cuando 400.000 colombianos fueron obligados a abandonar sus hogares tras el fracaso de las conversaciones de paz entre el gobierno y los rebeldes marxistas y se intensificó la guerra entre las guerrillas y los grupos paramilitares de extrema derecha.
Desde entonces las tropas paramilitares han dado pasos hacia la desmovilización, pero los rebeldes se niegan a reanudar las negociaciones.
En los últimos cuatro años, según estadísticas del gobierno, 1.3 millones de personas han sido desplazadas. Sólo Sudán y el Congo tienen más personas desplazadas, dicen grupos de derechos humanos.
La mayoría de los desplazados de Colombia son mujeres, cuyos maridos e hijos han sido asesinados o se han quedado atrás para luchar, dicen expertos.
A veces las mujeres desplazadas son ellas mismas antiguos miembros de grupos paramilitares o guerrilleros. Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dicen que un 30 por ciento de sus fuerzas son mujeres.
En la prisión El Buen Pastor, la reclusa de peor fama es Nayibe Rojas Valderrama, o Sonia', una importante líder de las FARC, que fue capturada en febrero por comandos colombianos adiestrados en Estados Unidos. Rojas Valderrama está supuestamente relacionada al tráfico de cocaína de la organización y es tan poderosa que los rebeldes han ofrecido una recompensa a cualquiera que la saque de la prisión. Los grupos paramilitares han ofrecido lo mismo a cualquiera que la mate.
Las mujeres desertan de los grupos paramilitares y rebeldes tales como las FARC a una tasa más alta que los hombres. Pero si esas mujeres huyen a las ciudades y se encuentran allí sin trabajo u oficios, pueden creer que no tienen otra alternativa que recurrir a delinquir para sostenerse a sí mismas y sus hijos, dice Hernández.
"Cuando llega, ¿qué es lo que sabe hacer?", se pregunta Hernández. "Matar", dice.
Normalmente, dice, las mujeres entrampadas en círculos delictivos empiezan vendiendo su cuerpo, especialmente las jóvenes. A través de la prostitución forman filas con delincuentes pequeños y luego pasan a robar, a entregar drogas o a servir como vigías o choferes de bandas de atracadores. Los delitos escalan luego en operaciones y atracos armados.
Incluso las mujeres que no han participado en el conflicto civil, la incesante exposición al derramamiento de sangre y a el conflicto las empuja hacia conductas antisociales. Muchas mujeres han sido víctimas de violencia personal y política, incluyendo violación, y algunas son llevadas a imitar o fulminar contra lo que los estudiosos identifican como un creciente machismo y chauvinismo entre los hombres en tiempos de guerra.
"Todavía somos un país de hombres violentos", dice Thomas. Pero ahora algunas mujeres están dominadas por "la idea errónea de que lo mejor para una mujer es actuar como un hombre" -responder a la violencia con violencia.
Stella Juajibioy es una reclusa de cara dulce en El Buen Pastor que pasó casi dos años tramando su venganza contra un marido abusador y fugitivo. Cuando finalmente lo cazó, Juajiboy lo llevó engañado a su casa y lo apuñaló 65 veces.
"Mi venganza fue muy grande", dijo Juajiboy, 29, tranquilamente durante una entrevista en la cárcel. Los dos últimos años que estuvieron juntos, dijo, José la había golpeado, le había robado el dinero para pagar sus drogas y el alcohol y había maltratado a sus hijos.
El último día de 1998, dice Juajiboy, su marido golpeó a su bebé en un ataque de furia y lo mató. José huyó, y Stella -que estaba tan consternada que durante días se negó a enterrar a su bebé- comenzó a perseguirlo metódicamente.
Lo ubicó en un pueblo remoto en mayo de 2000 y viajó dos días por lancha y autobús para llegar hasta allá. Cameló a José para que volviera a casa con el pretexto de que quería volver con él.
Cuatro días más tarde, "cerré la puerta y le dije: Ahora vas a pagar por lo que has hecho'", y luego lo apuñaló mientras él pedía clemencia, dijo Juajiboy.
La policía no capturó a Juajiboy sino en la primavera de 2002. Ahora está cumpliendo una condena de 26 años, y no lamenta lo que hizo.
"Si alguien le hace algo a tu familia, tienes que ocuparte tú misma del asunto", dijo. "La ley no hace nada".Si el estado hará algo para ayudar a aliviar la pobreza y las condiciones sociales que subyacen en el aumento de la delincuencia femenina es otra cuestión.
La campaña del gobierno contra los grupos paramilitares y rebeldes ha desviado millones de dólares de los programas de bienestar social hacia el presupuesto de seguridad, dicen los críticos. Aunque algunas agencias de ayuda y organizaciones sin fines de lucro internacionales tratan de rellenar la brecha, la necesidad es abrumadora. El estado proporciona una magra asistencia a los desplazados, y las mujeres que buscan formación profesional o apoyo institucional se retiran con las manos vacías.
"En las ciudades hay muchas mujeres mendigando, muchas mujeres que son víctimas de violencia, muchas mujeres solas porque sus maridos han sido asesinados, mujeres que son el único sostén de sus familias", dice Vivola Gómez, psicóloga de la Universidad de los Andes. "Las mujeres llevan una gran parte del peso de la guerra en este país".
Toby Muse contribuyó a este reportaje.
7 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. Sus aptitudes para un concurso de belleza eran perfectas. Luisa María Mateus tenía 21 años, tenía una bien formada figura, una sonrisa deslumbradora, y una acusación de asesinato en su contra.La policía dice que Mateus es una asesina a sueldo que había cometido recién un asesinato cuando la capturaron el año pasado. Apenas horas antes de su detención, dicen las autoridades, Mateus y otra mujer entraron a un restaurante de Bogotá, dispararon contra dos hombres de negocios sentados a una mesa y luego se marcharon tranquilamente.
Mateus, que espera ahora su juicio en la prisión El Buen Pastor, el más grande centro de detención de mujeres en Colombia. Fue primera plana en septiembre cuando su patio la eligió como finalista para el torneo de belleza de la prisión. (Lo ganó una ladrona condenada).
Más que proveer de materia prima sobre chicas tras las rejas para la prensa sensacionalista, Mateus, la femme fatale, le da literalmente otra cara al nuevo problema al que se enfrentan la policía y la sociedad colombianas: el aumento de la delincuencia femenina contra el trasfondo de un dramático descenso de la tasa general de criminalidad.
La represión oficial que empezó hace dos años contra la delincuencia en este país asolado por la violencia ha vivido impresionantes triunfos. La tasa de homicidios, aunque todavía muy alta, ha disminuido fuertemente. Los secuestros también han descendido. El presidente Álvaro Uribe, que ha hecho de la restauración de la ley y el orden una prioridad, goza de puntajes de aprobación que causarían la envidia de cualquier político estadounidense.
Sin embargo, oculto entre las buenas noticias hay un alarmante aumento del número de delitos cometidos por mujeres, un incremento que preocupa a sociólogos y a criminalistas. Al mismo tiempo que muchas mujeres colombianas están incursionando en profesiones tradicionalmente dominadas por los hombres, desde la enseñanza hasta las leyes y la política, algunas de sus hermanas están derruyendo la barrera de los géneros en el crimen transformándose en asesinas, ladronas y traficantes de drogas.
"Desafortunadamente, este es la otra cara de la moneda de la igualdad", dice Florence Thomas, una estudiosa de estudios de la mujer en la Universidad Nacional de Colombia.
Entre enero y mediados de noviembre de 2004, el número de mujeres aprehendidas por casos de homicidio subió en un 27 por ciento en comparación con el mismo período en 2003, de acuerdo a cifras oficiales. Las agresiones aumentaron en un 14 por ciento; los delitos relacionados con el tráfico de drogas, 18; la posesión, manufactura y tráfico de armas y municiones, también 18 por ciento.
Los expertos describen esta tendencia a la persistente pobreza y a los efectos de una guerra civil que ha asolado a Colombia en los últimos cuarenta años, desarraigando a miles de familias, matando a maridos y padres y llevando a las mujeres a tomar decisiones desesperadas.
"Las mujeres han alcanzado un nuevo nivel de estrés", dice Miguel Hernández, abogado y antiguo profesor de criminología que ha estudiado el fenómeno de la creciente delincuencia femenina. "Las mujeres colombianas son inteligentes, trabajan duro, son buenas madres. Pero como cuando alguien se encuentra sin recursos, tienen que encontrar maneras de alimentar a sus hijos".
"Hay cada vez más viudas y más mujeres desplazadas", dice Susie Bermúdez, que enseña historia y antropología en la Universidad de los Andes aquí en la capital. "El desempleo no ha descendido como prometió el presidente, y hay muchos problemas de salud que afectan a las mujeres. La pobreza tiene sobre todo cara de mujer".
Esa pobreza es una desalentadora combinación de hambre, enfermedades y miseria que, de acuerdo a un ránking del Banco Mundial de 2002, pone a Colombia al mismo nivel que algunos países africanos en términos de ingreso per cápita. La agencia informó que los avances contra la miseria económica y social durante los años ochenta habían sido prácticamente neutralizados hacia fines de los noventa, cuando la continuada violencia y una tenaz recesión empujaron a más de la mitad de la población de 44 millones por debajo de la línea de la pobreza.
Hoy, el salario mínimo es de unos 120 dólares al mes -de los afortunados que tienen trabajo. Cientos de miles de mujeres no lo tienen. Muchas de ellas son mujeres de campo que han sido desplazadas de sus tierras por el sangriento conflicto y han huido hacia las ciudades, donde languidecen sin oficios y abandonadas por un estado en bancarrota.
Hernández dice que el alza en la conducta delictiva femenina se remonta a 2000, cuando el número de gente desplazada por la guerra empezó a subir desaforadamente. Alcanzó su cúspide en 2002, cuando 400.000 colombianos fueron obligados a abandonar sus hogares tras el fracaso de las conversaciones de paz entre el gobierno y los rebeldes marxistas y se intensificó la guerra entre las guerrillas y los grupos paramilitares de extrema derecha.
Desde entonces las tropas paramilitares han dado pasos hacia la desmovilización, pero los rebeldes se niegan a reanudar las negociaciones.
En los últimos cuatro años, según estadísticas del gobierno, 1.3 millones de personas han sido desplazadas. Sólo Sudán y el Congo tienen más personas desplazadas, dicen grupos de derechos humanos.
La mayoría de los desplazados de Colombia son mujeres, cuyos maridos e hijos han sido asesinados o se han quedado atrás para luchar, dicen expertos.
A veces las mujeres desplazadas son ellas mismas antiguos miembros de grupos paramilitares o guerrilleros. Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dicen que un 30 por ciento de sus fuerzas son mujeres.
En la prisión El Buen Pastor, la reclusa de peor fama es Nayibe Rojas Valderrama, o Sonia', una importante líder de las FARC, que fue capturada en febrero por comandos colombianos adiestrados en Estados Unidos. Rojas Valderrama está supuestamente relacionada al tráfico de cocaína de la organización y es tan poderosa que los rebeldes han ofrecido una recompensa a cualquiera que la saque de la prisión. Los grupos paramilitares han ofrecido lo mismo a cualquiera que la mate.
Las mujeres desertan de los grupos paramilitares y rebeldes tales como las FARC a una tasa más alta que los hombres. Pero si esas mujeres huyen a las ciudades y se encuentran allí sin trabajo u oficios, pueden creer que no tienen otra alternativa que recurrir a delinquir para sostenerse a sí mismas y sus hijos, dice Hernández.
"Cuando llega, ¿qué es lo que sabe hacer?", se pregunta Hernández. "Matar", dice.
Normalmente, dice, las mujeres entrampadas en círculos delictivos empiezan vendiendo su cuerpo, especialmente las jóvenes. A través de la prostitución forman filas con delincuentes pequeños y luego pasan a robar, a entregar drogas o a servir como vigías o choferes de bandas de atracadores. Los delitos escalan luego en operaciones y atracos armados.
Incluso las mujeres que no han participado en el conflicto civil, la incesante exposición al derramamiento de sangre y a el conflicto las empuja hacia conductas antisociales. Muchas mujeres han sido víctimas de violencia personal y política, incluyendo violación, y algunas son llevadas a imitar o fulminar contra lo que los estudiosos identifican como un creciente machismo y chauvinismo entre los hombres en tiempos de guerra.
"Todavía somos un país de hombres violentos", dice Thomas. Pero ahora algunas mujeres están dominadas por "la idea errónea de que lo mejor para una mujer es actuar como un hombre" -responder a la violencia con violencia.
Stella Juajibioy es una reclusa de cara dulce en El Buen Pastor que pasó casi dos años tramando su venganza contra un marido abusador y fugitivo. Cuando finalmente lo cazó, Juajiboy lo llevó engañado a su casa y lo apuñaló 65 veces.
"Mi venganza fue muy grande", dijo Juajiboy, 29, tranquilamente durante una entrevista en la cárcel. Los dos últimos años que estuvieron juntos, dijo, José la había golpeado, le había robado el dinero para pagar sus drogas y el alcohol y había maltratado a sus hijos.
El último día de 1998, dice Juajiboy, su marido golpeó a su bebé en un ataque de furia y lo mató. José huyó, y Stella -que estaba tan consternada que durante días se negó a enterrar a su bebé- comenzó a perseguirlo metódicamente.
Lo ubicó en un pueblo remoto en mayo de 2000 y viajó dos días por lancha y autobús para llegar hasta allá. Cameló a José para que volviera a casa con el pretexto de que quería volver con él.
Cuatro días más tarde, "cerré la puerta y le dije: Ahora vas a pagar por lo que has hecho'", y luego lo apuñaló mientras él pedía clemencia, dijo Juajiboy.
La policía no capturó a Juajiboy sino en la primavera de 2002. Ahora está cumpliendo una condena de 26 años, y no lamenta lo que hizo.
"Si alguien le hace algo a tu familia, tienes que ocuparte tú misma del asunto", dijo. "La ley no hace nada".Si el estado hará algo para ayudar a aliviar la pobreza y las condiciones sociales que subyacen en el aumento de la delincuencia femenina es otra cuestión.
La campaña del gobierno contra los grupos paramilitares y rebeldes ha desviado millones de dólares de los programas de bienestar social hacia el presupuesto de seguridad, dicen los críticos. Aunque algunas agencias de ayuda y organizaciones sin fines de lucro internacionales tratan de rellenar la brecha, la necesidad es abrumadora. El estado proporciona una magra asistencia a los desplazados, y las mujeres que buscan formación profesional o apoyo institucional se retiran con las manos vacías.
"En las ciudades hay muchas mujeres mendigando, muchas mujeres que son víctimas de violencia, muchas mujeres solas porque sus maridos han sido asesinados, mujeres que son el único sostén de sus familias", dice Vivola Gómez, psicóloga de la Universidad de los Andes. "Las mujeres llevan una gran parte del peso de la guerra en este país".
Toby Muse contribuyó a este reportaje.
7 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
santeros predicen tragedias e invasión en cuba
Epidemias, intervenciones militares, impotencia masculina y catástrofes caracterizarán el 2005, pronosticaron sacerdotes de la santería cubana, quienes habitualmente se reúnen para dar a conocer sus predicciones.
La Habana, Cuba. Este enero, al menos dos grupos de babalaos (líderes religiosos) dieron a conocer sus interpretaciones de la Letra del año', como se denomina al signo que regirá los siguientes 12 meses.
Basada en cultos africanos traídos por los esclavos, la santería mezcla además ritos católicos y es el más popular de los cultos aquí.
Según la Comisión organizadora de La Letra'', una de las asociaciones de sacerdotes cuyas profecías se dieron a conocer ayer, las deidades regentes para el 2005 serán Changó (representante del rayo, la justicia y la guerra) y Oyá (divinidad de las tormentas y los vientos suaves).
Bajo el signo nombrado como Ofun Otura habrá un incremento de las enfermedades contagiosas, neuronales y la impotencia masculina.
Además se producirán epidemias, alteraciones en las relaciones interpersonales, tragedias entre vecinos e intervenciones militares.
Para salir adelante con bien será necesario, aclaró La Letra', mejorar los sistemas hidráulicos y agrícolas, darse baños de hierbas, consolidar el matrimonio y tener cuidado con las personas a las cuales se les da albergue.
''Aspiramos a que el hombre sea mejor y mejore su vida'', explicó Lázaro Cuesta, el sacerdote a cargo de esta Letra' y uno de los más conocidos en Cuba.
El fin de semana, otro de los grupos de babalaos, la Asociación Cultural Yoruba, dio a conocer también sus predicciones. Para esta, las deidades rectoras serán Obatalá' (el padre de la tierra y los otros dioses) y Ochún' (patrona de la fecundidad).
Según Cuesta, los signos de ambas 'Letras' no son tan diferentes, pero sí suelen diferir las interpretaciones que de ella hacen los babalaos.
7 de enero de 2005
©nuevo herald
La Habana, Cuba. Este enero, al menos dos grupos de babalaos (líderes religiosos) dieron a conocer sus interpretaciones de la Letra del año', como se denomina al signo que regirá los siguientes 12 meses.Basada en cultos africanos traídos por los esclavos, la santería mezcla además ritos católicos y es el más popular de los cultos aquí.
Según la Comisión organizadora de La Letra'', una de las asociaciones de sacerdotes cuyas profecías se dieron a conocer ayer, las deidades regentes para el 2005 serán Changó (representante del rayo, la justicia y la guerra) y Oyá (divinidad de las tormentas y los vientos suaves).
Bajo el signo nombrado como Ofun Otura habrá un incremento de las enfermedades contagiosas, neuronales y la impotencia masculina.
Además se producirán epidemias, alteraciones en las relaciones interpersonales, tragedias entre vecinos e intervenciones militares.
Para salir adelante con bien será necesario, aclaró La Letra', mejorar los sistemas hidráulicos y agrícolas, darse baños de hierbas, consolidar el matrimonio y tener cuidado con las personas a las cuales se les da albergue.
''Aspiramos a que el hombre sea mejor y mejore su vida'', explicó Lázaro Cuesta, el sacerdote a cargo de esta Letra' y uno de los más conocidos en Cuba.
El fin de semana, otro de los grupos de babalaos, la Asociación Cultural Yoruba, dio a conocer también sus predicciones. Para esta, las deidades rectoras serán Obatalá' (el padre de la tierra y los otros dioses) y Ochún' (patrona de la fecundidad).
Según Cuesta, los signos de ambas 'Letras' no son tan diferentes, pero sí suelen diferir las interpretaciones que de ella hacen los babalaos.
7 de enero de 2005
©nuevo herald
prostitución propaga sida en cuba
[James C. McKinley Jr.] Como muchas prostitutas que practican su profesión en los bares oscuros y las discotecas cercanas a los hoteles turísticos de aquí, María dice que ella no sale todas las noches.
La Habana, Cuba. Pero cuando el dinero escasea y su hijo de 12 años tiene hambre, ella se pone una minifalda roja, se maquilla y se va para el bar El Conejito, un punto de encuentro no precisamente discreto.
''La mayoría de los turistas vienen buscando muchachas, tabaco, cosas que no se consiguen igual en sus países'', dice ella. "Ellos dicen que las mujeres cubanas son muy ardientes".
María tiene 36 años e insistió en que no se publicara su nombre, y dijo que le preocupa contraer el sida, de modo que ella obliga a los clientes a que utilicen siempre condones. Está bien informada sobre la enfermedad, el año pasado le hicieron el análisis dos veces cuando estuvo detenida por prostitución. Desde entonces dice que se somete al análisis con regularidad, voluntariamente, en las clínicas donde se hace gratis.
Una década después de que el colapso económico obligó a miles de jóvenes de ambos sexos a prostituirse, Cuba se ha convertido en una especie de anomalía en Latinoamérica: un destino para el sexo turístico donde el sida no se ha convertido aún en una pandemia descontrolada.
Cuba tiene el nivel de infección más bajo del hemisferio occidental, menos del 0.1 por ciento de la población, según dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). El nivel de infección en Estados Unidos es seis veces mayor, y el nivel en Cuba está muy por debajo del de muchos países vecinos en el Caribe y en Centroamérica.
No es que eso quiera decir que la enfermedad no se esté propagando allí también, y algunas personas ajenas al gobierno afirman que la próspera industria del sexo ha contribuido a ello. El 3 de julio de 1998, el gobierno cubano dijo que 1,980 personas habían tenido análisis de VIH con resultados positivos de 1986 en adelante. Después de 1998 salieron a relucir 3,879 casos más, según las estadísticas oficiales reveladas por funcionarios de salubridad. En sólo seis años, la cifra casi se ha duplicado.
''Creo que la epidemia ha seguido creciendo'', dice el reverendo Fernando de la Vega, un sacerdote católico que administra un programa para personas con sida en la iglesia de Montserrat, en la Habana Vieja. "Tenemos que confrontar los hechos. Hay una porción de turistas, en su mayoría europeos, que vienen a Cuba a pasar un buen rato, y ese buen rato incluye actividad sexual''.
A principios de los años 90, en Cuba se ponía en cuarentena a las personas que tuvieran el virus, y todavía aquéllos que dan análisis positivos tienen que pasarse de tres a seis meses en uno de los 13 sanatorios de sida del gobierno cubano, donde reciben tratamiento y asesoramiento sobre cómo sobrevivir con el virus y cómo evitar transmitirlo. Los funcionarios del gobierno dicen que una vez que salen de esos hospitales, hay trabajadores sociales que siguen manteniendo una estricta información sobre estas personas.
Los bajos niveles de VIH en Cuba y lo barato que es el sexo comparado con otros lugares han convertido a la isla en un punto turístico ideal para turistas hombres en busca de mujeres.
En La Habana, el comercio sexual se hace obvio después del crepúsculo. Alrededor de las 10 p.m., mujeres jóvenes en reveladores atuendos empiezan a reunirse cerca de los principales hoteles turísticos, preguntándoles a los hombres si quisieran ir a algún cabaret, donde generalmente tendrá lugar alguna proposición de sexo por dinero.
Las ''trabajadoras sexuales'', conocidas como ''jineteras'', que andan en busca de clientes, también se pueden observar en ciertas discotecas y barras o buscando autos que las recojan en el Malecón, la principal autopista que separa a La Habana del mar.
El gobierno persigue periódicamente a la prostitución, según dicen. En los clubes hay policías encubiertos buscando prostitutas y un arresto puede dar lugar a una condena de dos años.
Pero algunas mujeres dicen que mantienen relaciones con ''chulos'', para que les paguen a la policía. Esos individuos acechan frente a los hoteles y guían a turistas a las barras donde las mujeres esperan. En una noche reciente, un chulo estaba trabajando en el perímetro del Hotel Meliá Cohíba, tratando de persuadir hombres a que fueran al Copa Room, una discoteca del cercano Hotel Riviera.
''Si usted ve adentro a una chica que le guste, me dice si ella puede dirigirse a su habitación'', dice el individuo, que sólo dijo llamarse Carlos. ''Los hoteles generalmente no permiten que las jineteras suban a los cuartos'', añadió guiñando un ojo. "Pero con dinero, todo es posible".
En su mayor parte, las mujeres que trabajan como prostitutas dicen que están tratando de conectarse con alguien que las saque de Cuba o les pueda brindar ingresos fijos. Muchas son sólo prostitutas parte del tiempo, que sólo se prostituyen cuando sus miserables salarios gubernamentales se les acaban.
Hace poco, Hermita, de 28 años, secretaria en una escuela en la que gana unos $8 al mes, paseaba por la noche en busca de turistas cerca del Hotel Inglaterra, en la Habana Vieja. Tiene una hija de dos años de un matrimonio que no duró y dijo que necesitaba el dinero para comprar alimentos, ropa y zapatos.
''Cuando estoy con un turista, trato de estar con ellos todo el tiempo que estén aquí'', explicó. ''Más que nada es por el dinero''. Sin embargo, idealmente no le importaría "conocer uno, casarme con él y poder viajar sin tener que irme del país para siempre".
María A., de 23 años, dijo que dejó de trabajar como peluquera y comenzó a tener relaciones con turistas hace dos años. Comentó que casi llega a ser ''rica'' cuando un italiano, varios años mayor que ella, aceptó pagar por un apartamento. Pero agregó que en otra visita pelearon y ahora está de nuevo en la búsqueda. Mientras tanto, recibe de $40 a $70 por noche por cualquier turista que pueda llevar a una casa de huéspedes con la que tiene un arreglo mutuamente beneficioso.
''Nadie hace esto porque le gusta'', dijo, fumando un cigarrillo. ``Me gustaría casarme para salir de esto''.
Al preguntarle sobre el sida, María se encogió de hombros. ''Nos cuidamos, nos protegemos, usamos condones'', dijo. "Cada seis meses me hago una prueba con el médico".
7 de enero de 2005
©nuevo herald
La Habana, Cuba. Pero cuando el dinero escasea y su hijo de 12 años tiene hambre, ella se pone una minifalda roja, se maquilla y se va para el bar El Conejito, un punto de encuentro no precisamente discreto.''La mayoría de los turistas vienen buscando muchachas, tabaco, cosas que no se consiguen igual en sus países'', dice ella. "Ellos dicen que las mujeres cubanas son muy ardientes".
María tiene 36 años e insistió en que no se publicara su nombre, y dijo que le preocupa contraer el sida, de modo que ella obliga a los clientes a que utilicen siempre condones. Está bien informada sobre la enfermedad, el año pasado le hicieron el análisis dos veces cuando estuvo detenida por prostitución. Desde entonces dice que se somete al análisis con regularidad, voluntariamente, en las clínicas donde se hace gratis.
Una década después de que el colapso económico obligó a miles de jóvenes de ambos sexos a prostituirse, Cuba se ha convertido en una especie de anomalía en Latinoamérica: un destino para el sexo turístico donde el sida no se ha convertido aún en una pandemia descontrolada.
Cuba tiene el nivel de infección más bajo del hemisferio occidental, menos del 0.1 por ciento de la población, según dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). El nivel de infección en Estados Unidos es seis veces mayor, y el nivel en Cuba está muy por debajo del de muchos países vecinos en el Caribe y en Centroamérica.
No es que eso quiera decir que la enfermedad no se esté propagando allí también, y algunas personas ajenas al gobierno afirman que la próspera industria del sexo ha contribuido a ello. El 3 de julio de 1998, el gobierno cubano dijo que 1,980 personas habían tenido análisis de VIH con resultados positivos de 1986 en adelante. Después de 1998 salieron a relucir 3,879 casos más, según las estadísticas oficiales reveladas por funcionarios de salubridad. En sólo seis años, la cifra casi se ha duplicado.
''Creo que la epidemia ha seguido creciendo'', dice el reverendo Fernando de la Vega, un sacerdote católico que administra un programa para personas con sida en la iglesia de Montserrat, en la Habana Vieja. "Tenemos que confrontar los hechos. Hay una porción de turistas, en su mayoría europeos, que vienen a Cuba a pasar un buen rato, y ese buen rato incluye actividad sexual''.
A principios de los años 90, en Cuba se ponía en cuarentena a las personas que tuvieran el virus, y todavía aquéllos que dan análisis positivos tienen que pasarse de tres a seis meses en uno de los 13 sanatorios de sida del gobierno cubano, donde reciben tratamiento y asesoramiento sobre cómo sobrevivir con el virus y cómo evitar transmitirlo. Los funcionarios del gobierno dicen que una vez que salen de esos hospitales, hay trabajadores sociales que siguen manteniendo una estricta información sobre estas personas.
Los bajos niveles de VIH en Cuba y lo barato que es el sexo comparado con otros lugares han convertido a la isla en un punto turístico ideal para turistas hombres en busca de mujeres.
En La Habana, el comercio sexual se hace obvio después del crepúsculo. Alrededor de las 10 p.m., mujeres jóvenes en reveladores atuendos empiezan a reunirse cerca de los principales hoteles turísticos, preguntándoles a los hombres si quisieran ir a algún cabaret, donde generalmente tendrá lugar alguna proposición de sexo por dinero.
Las ''trabajadoras sexuales'', conocidas como ''jineteras'', que andan en busca de clientes, también se pueden observar en ciertas discotecas y barras o buscando autos que las recojan en el Malecón, la principal autopista que separa a La Habana del mar.
El gobierno persigue periódicamente a la prostitución, según dicen. En los clubes hay policías encubiertos buscando prostitutas y un arresto puede dar lugar a una condena de dos años.
Pero algunas mujeres dicen que mantienen relaciones con ''chulos'', para que les paguen a la policía. Esos individuos acechan frente a los hoteles y guían a turistas a las barras donde las mujeres esperan. En una noche reciente, un chulo estaba trabajando en el perímetro del Hotel Meliá Cohíba, tratando de persuadir hombres a que fueran al Copa Room, una discoteca del cercano Hotel Riviera.
''Si usted ve adentro a una chica que le guste, me dice si ella puede dirigirse a su habitación'', dice el individuo, que sólo dijo llamarse Carlos. ''Los hoteles generalmente no permiten que las jineteras suban a los cuartos'', añadió guiñando un ojo. "Pero con dinero, todo es posible".
En su mayor parte, las mujeres que trabajan como prostitutas dicen que están tratando de conectarse con alguien que las saque de Cuba o les pueda brindar ingresos fijos. Muchas son sólo prostitutas parte del tiempo, que sólo se prostituyen cuando sus miserables salarios gubernamentales se les acaban.
Hace poco, Hermita, de 28 años, secretaria en una escuela en la que gana unos $8 al mes, paseaba por la noche en busca de turistas cerca del Hotel Inglaterra, en la Habana Vieja. Tiene una hija de dos años de un matrimonio que no duró y dijo que necesitaba el dinero para comprar alimentos, ropa y zapatos.
''Cuando estoy con un turista, trato de estar con ellos todo el tiempo que estén aquí'', explicó. ''Más que nada es por el dinero''. Sin embargo, idealmente no le importaría "conocer uno, casarme con él y poder viajar sin tener que irme del país para siempre".
María A., de 23 años, dijo que dejó de trabajar como peluquera y comenzó a tener relaciones con turistas hace dos años. Comentó que casi llega a ser ''rica'' cuando un italiano, varios años mayor que ella, aceptó pagar por un apartamento. Pero agregó que en otra visita pelearon y ahora está de nuevo en la búsqueda. Mientras tanto, recibe de $40 a $70 por noche por cualquier turista que pueda llevar a una casa de huéspedes con la que tiene un arreglo mutuamente beneficioso.
''Nadie hace esto porque le gusta'', dijo, fumando un cigarrillo. ``Me gustaría casarme para salir de esto''.
Al preguntarle sobre el sida, María se encogió de hombros. ''Nos cuidamos, nos protegemos, usamos condones'', dijo. "Cada seis meses me hago una prueba con el médico".
7 de enero de 2005
©nuevo herald
presos en bolivia no tienen sentencia final
El 54% de los presos purgan cárcel en Bolivia por delitos de narcotráfico, pero el 77% de la población penal, que alcanza a 6.768 personas, entre hombres y mujeres no tiene sentencia final, según un informe de la Dirección de Penitenciarias.
La Paz, Bolivia. En las 84 cárceles que existen en este país, 3.656 personas están recluidas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, dice el informe que reconoce que a pesar de las últimas reformas penales, la "retardación en la administración de justicia" apenas se ha reducido en un 1,25% cada año.
Otro estudio de la Pastoral Penitenciaria, que depende de la Iglesia Católica, señala que entre las personas que purgan cárcel por narcotráfico "no hay peces gordos" que son los grandes capitalistas que manejan ese ilícito negocio.
En su mayoría se trata de recluidos por transportar droga o precursores químicos prohibidos, vendedores callejeros de cocaína y los llamados pisacocas' que son obreros generalmente campesinos que son contratados para pisar coca y mezclarla con químicos en precarios pozos donde macera la droga.
7 de enero de 2005
©nuevo herald
La Paz, Bolivia. En las 84 cárceles que existen en este país, 3.656 personas están recluidas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, dice el informe que reconoce que a pesar de las últimas reformas penales, la "retardación en la administración de justicia" apenas se ha reducido en un 1,25% cada año.Otro estudio de la Pastoral Penitenciaria, que depende de la Iglesia Católica, señala que entre las personas que purgan cárcel por narcotráfico "no hay peces gordos" que son los grandes capitalistas que manejan ese ilícito negocio.
En su mayoría se trata de recluidos por transportar droga o precursores químicos prohibidos, vendedores callejeros de cocaína y los llamados pisacocas' que son obreros generalmente campesinos que son contratados para pisar coca y mezclarla con químicos en precarios pozos donde macera la droga.
7 de enero de 2005
©nuevo herald