pistoleras colombianas
[Henry Chu] La represión del crimen ha logrado grandes triunfos en Colombia, con una importante excepción: más mujeres, a menudo desesperadas, se están volcando a la violencia.
Bogotá, Colombia. Sus aptitudes para un concurso de belleza eran perfectas. Luisa María Mateus tenía 21 años, tenía una bien formada figura, una sonrisa deslumbradora, y una acusación de asesinato en su contra.
La policía dice que Mateus es una asesina a sueldo que había cometido recién un asesinato cuando la capturaron el año pasado. Apenas horas antes de su detención, dicen las autoridades, Mateus y otra mujer entraron a un restaurante de Bogotá, dispararon contra dos hombres de negocios sentados a una mesa y luego se marcharon tranquilamente.
Mateus, que espera ahora su juicio en la prisión El Buen Pastor, el más grande centro de detención de mujeres en Colombia. Fue primera plana en septiembre cuando su patio la eligió como finalista para el torneo de belleza de la prisión. (Lo ganó una ladrona condenada).
Más que proveer de materia prima sobre chicas tras las rejas para la prensa sensacionalista, Mateus, la femme fatale, le da literalmente otra cara al nuevo problema al que se enfrentan la policía y la sociedad colombianas: el aumento de la delincuencia femenina contra el trasfondo de un dramático descenso de la tasa general de criminalidad.
La represión oficial que empezó hace dos años contra la delincuencia en este país asolado por la violencia ha vivido impresionantes triunfos. La tasa de homicidios, aunque todavía muy alta, ha disminuido fuertemente. Los secuestros también han descendido. El presidente Álvaro Uribe, que ha hecho de la restauración de la ley y el orden una prioridad, goza de puntajes de aprobación que causarían la envidia de cualquier político estadounidense.
Sin embargo, oculto entre las buenas noticias hay un alarmante aumento del número de delitos cometidos por mujeres, un incremento que preocupa a sociólogos y a criminalistas. Al mismo tiempo que muchas mujeres colombianas están incursionando en profesiones tradicionalmente dominadas por los hombres, desde la enseñanza hasta las leyes y la política, algunas de sus hermanas están derruyendo la barrera de los géneros en el crimen transformándose en asesinas, ladronas y traficantes de drogas.
"Desafortunadamente, este es la otra cara de la moneda de la igualdad", dice Florence Thomas, una estudiosa de estudios de la mujer en la Universidad Nacional de Colombia.
Entre enero y mediados de noviembre de 2004, el número de mujeres aprehendidas por casos de homicidio subió en un 27 por ciento en comparación con el mismo período en 2003, de acuerdo a cifras oficiales. Las agresiones aumentaron en un 14 por ciento; los delitos relacionados con el tráfico de drogas, 18; la posesión, manufactura y tráfico de armas y municiones, también 18 por ciento.
Los expertos describen esta tendencia a la persistente pobreza y a los efectos de una guerra civil que ha asolado a Colombia en los últimos cuarenta años, desarraigando a miles de familias, matando a maridos y padres y llevando a las mujeres a tomar decisiones desesperadas.
"Las mujeres han alcanzado un nuevo nivel de estrés", dice Miguel Hernández, abogado y antiguo profesor de criminología que ha estudiado el fenómeno de la creciente delincuencia femenina. "Las mujeres colombianas son inteligentes, trabajan duro, son buenas madres. Pero como cuando alguien se encuentra sin recursos, tienen que encontrar maneras de alimentar a sus hijos".
"Hay cada vez más viudas y más mujeres desplazadas", dice Susie Bermúdez, que enseña historia y antropología en la Universidad de los Andes aquí en la capital. "El desempleo no ha descendido como prometió el presidente, y hay muchos problemas de salud que afectan a las mujeres. La pobreza tiene sobre todo cara de mujer".
Esa pobreza es una desalentadora combinación de hambre, enfermedades y miseria que, de acuerdo a un ránking del Banco Mundial de 2002, pone a Colombia al mismo nivel que algunos países africanos en términos de ingreso per cápita. La agencia informó que los avances contra la miseria económica y social durante los años ochenta habían sido prácticamente neutralizados hacia fines de los noventa, cuando la continuada violencia y una tenaz recesión empujaron a más de la mitad de la población de 44 millones por debajo de la línea de la pobreza.
Hoy, el salario mínimo es de unos 120 dólares al mes -de los afortunados que tienen trabajo. Cientos de miles de mujeres no lo tienen. Muchas de ellas son mujeres de campo que han sido desplazadas de sus tierras por el sangriento conflicto y han huido hacia las ciudades, donde languidecen sin oficios y abandonadas por un estado en bancarrota.
Hernández dice que el alza en la conducta delictiva femenina se remonta a 2000, cuando el número de gente desplazada por la guerra empezó a subir desaforadamente. Alcanzó su cúspide en 2002, cuando 400.000 colombianos fueron obligados a abandonar sus hogares tras el fracaso de las conversaciones de paz entre el gobierno y los rebeldes marxistas y se intensificó la guerra entre las guerrillas y los grupos paramilitares de extrema derecha.
Desde entonces las tropas paramilitares han dado pasos hacia la desmovilización, pero los rebeldes se niegan a reanudar las negociaciones.
En los últimos cuatro años, según estadísticas del gobierno, 1.3 millones de personas han sido desplazadas. Sólo Sudán y el Congo tienen más personas desplazadas, dicen grupos de derechos humanos.
La mayoría de los desplazados de Colombia son mujeres, cuyos maridos e hijos han sido asesinados o se han quedado atrás para luchar, dicen expertos.
A veces las mujeres desplazadas son ellas mismas antiguos miembros de grupos paramilitares o guerrilleros. Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dicen que un 30 por ciento de sus fuerzas son mujeres.
En la prisión El Buen Pastor, la reclusa de peor fama es Nayibe Rojas Valderrama, o Sonia', una importante líder de las FARC, que fue capturada en febrero por comandos colombianos adiestrados en Estados Unidos. Rojas Valderrama está supuestamente relacionada al tráfico de cocaína de la organización y es tan poderosa que los rebeldes han ofrecido una recompensa a cualquiera que la saque de la prisión. Los grupos paramilitares han ofrecido lo mismo a cualquiera que la mate.
Las mujeres desertan de los grupos paramilitares y rebeldes tales como las FARC a una tasa más alta que los hombres. Pero si esas mujeres huyen a las ciudades y se encuentran allí sin trabajo u oficios, pueden creer que no tienen otra alternativa que recurrir a delinquir para sostenerse a sí mismas y sus hijos, dice Hernández.
"Cuando llega, ¿qué es lo que sabe hacer?", se pregunta Hernández. "Matar", dice.
Normalmente, dice, las mujeres entrampadas en círculos delictivos empiezan vendiendo su cuerpo, especialmente las jóvenes. A través de la prostitución forman filas con delincuentes pequeños y luego pasan a robar, a entregar drogas o a servir como vigías o choferes de bandas de atracadores. Los delitos escalan luego en operaciones y atracos armados.
Incluso las mujeres que no han participado en el conflicto civil, la incesante exposición al derramamiento de sangre y a el conflicto las empuja hacia conductas antisociales. Muchas mujeres han sido víctimas de violencia personal y política, incluyendo violación, y algunas son llevadas a imitar o fulminar contra lo que los estudiosos identifican como un creciente machismo y chauvinismo entre los hombres en tiempos de guerra.
"Todavía somos un país de hombres violentos", dice Thomas. Pero ahora algunas mujeres están dominadas por "la idea errónea de que lo mejor para una mujer es actuar como un hombre" -responder a la violencia con violencia.
Stella Juajibioy es una reclusa de cara dulce en El Buen Pastor que pasó casi dos años tramando su venganza contra un marido abusador y fugitivo. Cuando finalmente lo cazó, Juajiboy lo llevó engañado a su casa y lo apuñaló 65 veces.
"Mi venganza fue muy grande", dijo Juajiboy, 29, tranquilamente durante una entrevista en la cárcel. Los dos últimos años que estuvieron juntos, dijo, José la había golpeado, le había robado el dinero para pagar sus drogas y el alcohol y había maltratado a sus hijos.
El último día de 1998, dice Juajiboy, su marido golpeó a su bebé en un ataque de furia y lo mató. José huyó, y Stella -que estaba tan consternada que durante días se negó a enterrar a su bebé- comenzó a perseguirlo metódicamente.
Lo ubicó en un pueblo remoto en mayo de 2000 y viajó dos días por lancha y autobús para llegar hasta allá. Cameló a José para que volviera a casa con el pretexto de que quería volver con él.
Cuatro días más tarde, "cerré la puerta y le dije: Ahora vas a pagar por lo que has hecho'", y luego lo apuñaló mientras él pedía clemencia, dijo Juajiboy.
La policía no capturó a Juajiboy sino en la primavera de 2002. Ahora está cumpliendo una condena de 26 años, y no lamenta lo que hizo.
"Si alguien le hace algo a tu familia, tienes que ocuparte tú misma del asunto", dijo. "La ley no hace nada".Si el estado hará algo para ayudar a aliviar la pobreza y las condiciones sociales que subyacen en el aumento de la delincuencia femenina es otra cuestión.
La campaña del gobierno contra los grupos paramilitares y rebeldes ha desviado millones de dólares de los programas de bienestar social hacia el presupuesto de seguridad, dicen los críticos. Aunque algunas agencias de ayuda y organizaciones sin fines de lucro internacionales tratan de rellenar la brecha, la necesidad es abrumadora. El estado proporciona una magra asistencia a los desplazados, y las mujeres que buscan formación profesional o apoyo institucional se retiran con las manos vacías.
"En las ciudades hay muchas mujeres mendigando, muchas mujeres que son víctimas de violencia, muchas mujeres solas porque sus maridos han sido asesinados, mujeres que son el único sostén de sus familias", dice Vivola Gómez, psicóloga de la Universidad de los Andes. "Las mujeres llevan una gran parte del peso de la guerra en este país".
Toby Muse contribuyó a este reportaje.
7 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. Sus aptitudes para un concurso de belleza eran perfectas. Luisa María Mateus tenía 21 años, tenía una bien formada figura, una sonrisa deslumbradora, y una acusación de asesinato en su contra.La policía dice que Mateus es una asesina a sueldo que había cometido recién un asesinato cuando la capturaron el año pasado. Apenas horas antes de su detención, dicen las autoridades, Mateus y otra mujer entraron a un restaurante de Bogotá, dispararon contra dos hombres de negocios sentados a una mesa y luego se marcharon tranquilamente.
Mateus, que espera ahora su juicio en la prisión El Buen Pastor, el más grande centro de detención de mujeres en Colombia. Fue primera plana en septiembre cuando su patio la eligió como finalista para el torneo de belleza de la prisión. (Lo ganó una ladrona condenada).
Más que proveer de materia prima sobre chicas tras las rejas para la prensa sensacionalista, Mateus, la femme fatale, le da literalmente otra cara al nuevo problema al que se enfrentan la policía y la sociedad colombianas: el aumento de la delincuencia femenina contra el trasfondo de un dramático descenso de la tasa general de criminalidad.
La represión oficial que empezó hace dos años contra la delincuencia en este país asolado por la violencia ha vivido impresionantes triunfos. La tasa de homicidios, aunque todavía muy alta, ha disminuido fuertemente. Los secuestros también han descendido. El presidente Álvaro Uribe, que ha hecho de la restauración de la ley y el orden una prioridad, goza de puntajes de aprobación que causarían la envidia de cualquier político estadounidense.
Sin embargo, oculto entre las buenas noticias hay un alarmante aumento del número de delitos cometidos por mujeres, un incremento que preocupa a sociólogos y a criminalistas. Al mismo tiempo que muchas mujeres colombianas están incursionando en profesiones tradicionalmente dominadas por los hombres, desde la enseñanza hasta las leyes y la política, algunas de sus hermanas están derruyendo la barrera de los géneros en el crimen transformándose en asesinas, ladronas y traficantes de drogas.
"Desafortunadamente, este es la otra cara de la moneda de la igualdad", dice Florence Thomas, una estudiosa de estudios de la mujer en la Universidad Nacional de Colombia.
Entre enero y mediados de noviembre de 2004, el número de mujeres aprehendidas por casos de homicidio subió en un 27 por ciento en comparación con el mismo período en 2003, de acuerdo a cifras oficiales. Las agresiones aumentaron en un 14 por ciento; los delitos relacionados con el tráfico de drogas, 18; la posesión, manufactura y tráfico de armas y municiones, también 18 por ciento.
Los expertos describen esta tendencia a la persistente pobreza y a los efectos de una guerra civil que ha asolado a Colombia en los últimos cuarenta años, desarraigando a miles de familias, matando a maridos y padres y llevando a las mujeres a tomar decisiones desesperadas.
"Las mujeres han alcanzado un nuevo nivel de estrés", dice Miguel Hernández, abogado y antiguo profesor de criminología que ha estudiado el fenómeno de la creciente delincuencia femenina. "Las mujeres colombianas son inteligentes, trabajan duro, son buenas madres. Pero como cuando alguien se encuentra sin recursos, tienen que encontrar maneras de alimentar a sus hijos".
"Hay cada vez más viudas y más mujeres desplazadas", dice Susie Bermúdez, que enseña historia y antropología en la Universidad de los Andes aquí en la capital. "El desempleo no ha descendido como prometió el presidente, y hay muchos problemas de salud que afectan a las mujeres. La pobreza tiene sobre todo cara de mujer".
Esa pobreza es una desalentadora combinación de hambre, enfermedades y miseria que, de acuerdo a un ránking del Banco Mundial de 2002, pone a Colombia al mismo nivel que algunos países africanos en términos de ingreso per cápita. La agencia informó que los avances contra la miseria económica y social durante los años ochenta habían sido prácticamente neutralizados hacia fines de los noventa, cuando la continuada violencia y una tenaz recesión empujaron a más de la mitad de la población de 44 millones por debajo de la línea de la pobreza.
Hoy, el salario mínimo es de unos 120 dólares al mes -de los afortunados que tienen trabajo. Cientos de miles de mujeres no lo tienen. Muchas de ellas son mujeres de campo que han sido desplazadas de sus tierras por el sangriento conflicto y han huido hacia las ciudades, donde languidecen sin oficios y abandonadas por un estado en bancarrota.
Hernández dice que el alza en la conducta delictiva femenina se remonta a 2000, cuando el número de gente desplazada por la guerra empezó a subir desaforadamente. Alcanzó su cúspide en 2002, cuando 400.000 colombianos fueron obligados a abandonar sus hogares tras el fracaso de las conversaciones de paz entre el gobierno y los rebeldes marxistas y se intensificó la guerra entre las guerrillas y los grupos paramilitares de extrema derecha.
Desde entonces las tropas paramilitares han dado pasos hacia la desmovilización, pero los rebeldes se niegan a reanudar las negociaciones.
En los últimos cuatro años, según estadísticas del gobierno, 1.3 millones de personas han sido desplazadas. Sólo Sudán y el Congo tienen más personas desplazadas, dicen grupos de derechos humanos.
La mayoría de los desplazados de Colombia son mujeres, cuyos maridos e hijos han sido asesinados o se han quedado atrás para luchar, dicen expertos.
A veces las mujeres desplazadas son ellas mismas antiguos miembros de grupos paramilitares o guerrilleros. Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dicen que un 30 por ciento de sus fuerzas son mujeres.
En la prisión El Buen Pastor, la reclusa de peor fama es Nayibe Rojas Valderrama, o Sonia', una importante líder de las FARC, que fue capturada en febrero por comandos colombianos adiestrados en Estados Unidos. Rojas Valderrama está supuestamente relacionada al tráfico de cocaína de la organización y es tan poderosa que los rebeldes han ofrecido una recompensa a cualquiera que la saque de la prisión. Los grupos paramilitares han ofrecido lo mismo a cualquiera que la mate.
Las mujeres desertan de los grupos paramilitares y rebeldes tales como las FARC a una tasa más alta que los hombres. Pero si esas mujeres huyen a las ciudades y se encuentran allí sin trabajo u oficios, pueden creer que no tienen otra alternativa que recurrir a delinquir para sostenerse a sí mismas y sus hijos, dice Hernández.
"Cuando llega, ¿qué es lo que sabe hacer?", se pregunta Hernández. "Matar", dice.
Normalmente, dice, las mujeres entrampadas en círculos delictivos empiezan vendiendo su cuerpo, especialmente las jóvenes. A través de la prostitución forman filas con delincuentes pequeños y luego pasan a robar, a entregar drogas o a servir como vigías o choferes de bandas de atracadores. Los delitos escalan luego en operaciones y atracos armados.
Incluso las mujeres que no han participado en el conflicto civil, la incesante exposición al derramamiento de sangre y a el conflicto las empuja hacia conductas antisociales. Muchas mujeres han sido víctimas de violencia personal y política, incluyendo violación, y algunas son llevadas a imitar o fulminar contra lo que los estudiosos identifican como un creciente machismo y chauvinismo entre los hombres en tiempos de guerra.
"Todavía somos un país de hombres violentos", dice Thomas. Pero ahora algunas mujeres están dominadas por "la idea errónea de que lo mejor para una mujer es actuar como un hombre" -responder a la violencia con violencia.
Stella Juajibioy es una reclusa de cara dulce en El Buen Pastor que pasó casi dos años tramando su venganza contra un marido abusador y fugitivo. Cuando finalmente lo cazó, Juajiboy lo llevó engañado a su casa y lo apuñaló 65 veces.
"Mi venganza fue muy grande", dijo Juajiboy, 29, tranquilamente durante una entrevista en la cárcel. Los dos últimos años que estuvieron juntos, dijo, José la había golpeado, le había robado el dinero para pagar sus drogas y el alcohol y había maltratado a sus hijos.
El último día de 1998, dice Juajiboy, su marido golpeó a su bebé en un ataque de furia y lo mató. José huyó, y Stella -que estaba tan consternada que durante días se negó a enterrar a su bebé- comenzó a perseguirlo metódicamente.
Lo ubicó en un pueblo remoto en mayo de 2000 y viajó dos días por lancha y autobús para llegar hasta allá. Cameló a José para que volviera a casa con el pretexto de que quería volver con él.
Cuatro días más tarde, "cerré la puerta y le dije: Ahora vas a pagar por lo que has hecho'", y luego lo apuñaló mientras él pedía clemencia, dijo Juajiboy.
La policía no capturó a Juajiboy sino en la primavera de 2002. Ahora está cumpliendo una condena de 26 años, y no lamenta lo que hizo.
"Si alguien le hace algo a tu familia, tienes que ocuparte tú misma del asunto", dijo. "La ley no hace nada".Si el estado hará algo para ayudar a aliviar la pobreza y las condiciones sociales que subyacen en el aumento de la delincuencia femenina es otra cuestión.
La campaña del gobierno contra los grupos paramilitares y rebeldes ha desviado millones de dólares de los programas de bienestar social hacia el presupuesto de seguridad, dicen los críticos. Aunque algunas agencias de ayuda y organizaciones sin fines de lucro internacionales tratan de rellenar la brecha, la necesidad es abrumadora. El estado proporciona una magra asistencia a los desplazados, y las mujeres que buscan formación profesional o apoyo institucional se retiran con las manos vacías.
"En las ciudades hay muchas mujeres mendigando, muchas mujeres que son víctimas de violencia, muchas mujeres solas porque sus maridos han sido asesinados, mujeres que son el único sostén de sus familias", dice Vivola Gómez, psicóloga de la Universidad de los Andes. "Las mujeres llevan una gran parte del peso de la guerra en este país".
Toby Muse contribuyó a este reportaje.
7 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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