POLÍTICAS MEXICANAS NO SE QUIEREN QUEDAR A COCINAR EN CASA - ginger thompson
Algunas de las mujeres que quieren participar en política dicen que son una nueva camada de la lucha feminista. Pero son todas esposas de políticos poderosos.
Tepic, México. Si Hillary Rodham Clinton fastidió a un montón de estadounidenses que pensaban que estaba usando su posición como primera dama para impulsar su carrera política, imagine la perplejidad de México ante su primera dama.
Marta Sahagún de Fox, esposa del presidente Vicente Fox, no es la única primera dama que coquetea con aspiraciones de suceder a su marido. Su pública demostración de autoridad y ambición, que no se le conocían hace cinco años cuando las esposas de los políticos eran poco más que decoraciones del poder, parecen haber provocado un movimiento.
En los últimos meses, las esposas de políticos a nivel estatal y local han roto con las enraizadas tradiciones machistas y comenzado campañas para seguir a sus maridos en la administración. Se llaman a sí mismas líderes de un nuevo combate feminista, que busca posiciones para mujeres que tienen poca experiencia laboral propia, pero que han trabajado duro y fielmente a la sombra de sus poderosos maridos.
María del Carmen Ramírez García, esposa del gobernador del estado de Tlaxcala, ganó un dura batalla legal contra el izquierdista Partido Democrático Popular Revolucionario, que trató de revocar su candidatura para suceder a su marido.
En el sureño estado de Quintana Roo, la esposa del gobernador dijo que se presentaría a las elecciones para alcalde en Cancún el próximo año. También está la campaña de la mujer conocida como la otra Marta de México: la primera dama del estado de Nayarit, Marta Elena García de Echevarría.
Nayarit es una escarpada región cercenada por tres cordilleras, controlada durante largo tiempo por hacendados tabacaleros y ganaderos. Echevarría se llama a sí misma la defensora de los pobres.
"No lo hago por mí", dijo durante una pausa en su héctica agenda pública. "La gente me lo está pidiendo, y no puedo defraudarlos".
Luego se inclina para enfatizar un punto. "¿Piensa que debo contentarme de cuidar a mis nietos y a mi marido?"
En realidad, nadie cree eso, especialmente los que hayan pasado un día con Echevarría. Ha asumido su rol de primera dama como jefe del departamento de bienestar del estado, y se ha encargado de su gestión. El departamento ha remodelado los parques y ampliado el programa de becas escolares, abierto cientos de nuevos clubes sociales para los viejos y refugios para niños maltratados y abandonados.
Eso ha ayudado a transformar a Echevarría en una de las figuras más populares del estado.
En una reciente exposición de los trabajos del departamento, carpinteros y electricistas mostraron equipos de vanguardia que les había donado el gobierno para montar sus talleres en casa. Hombres y mujeres minusválidos celebraron las donaciones de aparatos y muebles para la cocina comunitaria.
Había indios cora en atuendos bordados a mano que siguieron cursos de formación para poner al día sus artesanías tradicionales con nuevos colores y motivos. Había amas de casa que habían formado cooperativas para producir quesos hechos en casa y bollos de banana para los programas de almuerzo escolares.
Fue un mitin de campaña que duró siete días en el centro de Tepic. Uno de esos días, Echevarría pasó por el vestíbulo de la exposición vestida con un traje de real morado con una cruz incrustada de ametista colgando de su cuello. Iba rodeada de admiradores y gente que pedía favores.
"Dicen que el gobernador no se casó con una esposa", dijo Heriberto Mayorquín Segundo, que estaba en la multitud. "Dicen que se casó con un ángel".
Otro hombre se aproximó a ella y bajó su voz, como si estuviera conspirando alguna subversión. "¿Cuándo va a lanzar su campaña?", preguntó. "Usted sabe que estamos listos".
Echevarría bajó su voz y puso una tímida sonrisa. "Estamos en camino".
Las clases parlanchinas llaman a las esposas como la señora Echevarría oportunistas políticos que amenazan con transformar la joven democracia del país en una dinastía. Después de la revolución, los mexicanos trataron de protegerse de las dictaduras prohibiendo que los presidentes y gobernadores pudieran ser re-elegidos. Pero no hay leyes que prohíban la sucesión marital, y muchos la ven como una laguna jurídica.
"Lo hacen puede no ser ilegal, pero es inmoral", dijo Sara Sefchovich, una historiadora que ha escrito extensamente sobre las primeras damas de México. "La democracia no gira solamente sobre reglas escritas: también gira sobre ideales éticos".
Rossana Fuentes-Berain, una analista política y editora ejecutiva de la revista Foreign Affairs en español, dijo: "Esto es nepotismo, no feminismo. No tiene nada que ver con la transferencia de poder de hombres a mujeres".
Una tormenta política el verano pasado obligó a la señora Sagahún, descrita como la Evita de México, a anunciar que no se presentaría a las elecciones presidenciales de 2006. Sin embargo, hay indicios de que no ha abandonado completamente el proyecto, y muchos especulan que lo intentará con algún cargo menor. Se supone que sus líderes harán lo posible para negarle la candidatura del partido.
"Su problema es que no tienen a nadie tan popular como Marta Elena", dijo Cuauhtémoc Navarrete, un asesor de Echevarría. "Al PAN le va a costar mucho negarle esa oportunidad".
Echevvaría es hija de las clases acomodadas, que se casó con uno de los hombres más elegibles del estado. Su marido, Antonio Echevarría Domínguez, amplió sus importantes negocios familiares como distribuidor de Coca-Cola.
Ella dijo que nunca fue a la escuela secundaria porque estaba fuera de la ciudad y su padre era "muy celoso y sobre-protector" como para permitir que sus hijas asistieran. Admite que no tiene experiencia política formal, ni experiencia de primera mano con los sufrimientos de la gente que dice que representa. Pero sí sabe cómo ejercer poder, porque ha visto cómo se hace desde muy cerca toda su vida.
"No creo que haya una escuela donde enseñen cómo ser un gobernador", dijo Echevarría. "Y si hubiera una, yo no iría a ella".
En una laberíntica entrevista sobre su vida y sus ambiciones, Echevarría dijo que no la amilanaba la oposición contra su candidatura entre la elite política. Cuando le pregunté si con su candidatura México volvería a la época en que los presidentes elegían a sus sucesores, se mostró categórica.
Ella fue elegida por el pueblo, replicó. "Si la gente quiere que sea su gobernadora, votarán por mí", dijo. "Si no, votarán contra mí. ¿No es eso democracia?"
11 de octubre de 2004
29 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Tepic, México. Si Hillary Rodham Clinton fastidió a un montón de estadounidenses que pensaban que estaba usando su posición como primera dama para impulsar su carrera política, imagine la perplejidad de México ante su primera dama.Marta Sahagún de Fox, esposa del presidente Vicente Fox, no es la única primera dama que coquetea con aspiraciones de suceder a su marido. Su pública demostración de autoridad y ambición, que no se le conocían hace cinco años cuando las esposas de los políticos eran poco más que decoraciones del poder, parecen haber provocado un movimiento.
En los últimos meses, las esposas de políticos a nivel estatal y local han roto con las enraizadas tradiciones machistas y comenzado campañas para seguir a sus maridos en la administración. Se llaman a sí mismas líderes de un nuevo combate feminista, que busca posiciones para mujeres que tienen poca experiencia laboral propia, pero que han trabajado duro y fielmente a la sombra de sus poderosos maridos.
María del Carmen Ramírez García, esposa del gobernador del estado de Tlaxcala, ganó un dura batalla legal contra el izquierdista Partido Democrático Popular Revolucionario, que trató de revocar su candidatura para suceder a su marido.
En el sureño estado de Quintana Roo, la esposa del gobernador dijo que se presentaría a las elecciones para alcalde en Cancún el próximo año. También está la campaña de la mujer conocida como la otra Marta de México: la primera dama del estado de Nayarit, Marta Elena García de Echevarría.
Nayarit es una escarpada región cercenada por tres cordilleras, controlada durante largo tiempo por hacendados tabacaleros y ganaderos. Echevarría se llama a sí misma la defensora de los pobres.
"No lo hago por mí", dijo durante una pausa en su héctica agenda pública. "La gente me lo está pidiendo, y no puedo defraudarlos".
Luego se inclina para enfatizar un punto. "¿Piensa que debo contentarme de cuidar a mis nietos y a mi marido?"
En realidad, nadie cree eso, especialmente los que hayan pasado un día con Echevarría. Ha asumido su rol de primera dama como jefe del departamento de bienestar del estado, y se ha encargado de su gestión. El departamento ha remodelado los parques y ampliado el programa de becas escolares, abierto cientos de nuevos clubes sociales para los viejos y refugios para niños maltratados y abandonados.
Eso ha ayudado a transformar a Echevarría en una de las figuras más populares del estado.
En una reciente exposición de los trabajos del departamento, carpinteros y electricistas mostraron equipos de vanguardia que les había donado el gobierno para montar sus talleres en casa. Hombres y mujeres minusválidos celebraron las donaciones de aparatos y muebles para la cocina comunitaria.
Había indios cora en atuendos bordados a mano que siguieron cursos de formación para poner al día sus artesanías tradicionales con nuevos colores y motivos. Había amas de casa que habían formado cooperativas para producir quesos hechos en casa y bollos de banana para los programas de almuerzo escolares.
Fue un mitin de campaña que duró siete días en el centro de Tepic. Uno de esos días, Echevarría pasó por el vestíbulo de la exposición vestida con un traje de real morado con una cruz incrustada de ametista colgando de su cuello. Iba rodeada de admiradores y gente que pedía favores.
"Dicen que el gobernador no se casó con una esposa", dijo Heriberto Mayorquín Segundo, que estaba en la multitud. "Dicen que se casó con un ángel".
Otro hombre se aproximó a ella y bajó su voz, como si estuviera conspirando alguna subversión. "¿Cuándo va a lanzar su campaña?", preguntó. "Usted sabe que estamos listos".
Echevarría bajó su voz y puso una tímida sonrisa. "Estamos en camino".
Las clases parlanchinas llaman a las esposas como la señora Echevarría oportunistas políticos que amenazan con transformar la joven democracia del país en una dinastía. Después de la revolución, los mexicanos trataron de protegerse de las dictaduras prohibiendo que los presidentes y gobernadores pudieran ser re-elegidos. Pero no hay leyes que prohíban la sucesión marital, y muchos la ven como una laguna jurídica.
"Lo hacen puede no ser ilegal, pero es inmoral", dijo Sara Sefchovich, una historiadora que ha escrito extensamente sobre las primeras damas de México. "La democracia no gira solamente sobre reglas escritas: también gira sobre ideales éticos".
Rossana Fuentes-Berain, una analista política y editora ejecutiva de la revista Foreign Affairs en español, dijo: "Esto es nepotismo, no feminismo. No tiene nada que ver con la transferencia de poder de hombres a mujeres".
Una tormenta política el verano pasado obligó a la señora Sagahún, descrita como la Evita de México, a anunciar que no se presentaría a las elecciones presidenciales de 2006. Sin embargo, hay indicios de que no ha abandonado completamente el proyecto, y muchos especulan que lo intentará con algún cargo menor. Se supone que sus líderes harán lo posible para negarle la candidatura del partido.
"Su problema es que no tienen a nadie tan popular como Marta Elena", dijo Cuauhtémoc Navarrete, un asesor de Echevarría. "Al PAN le va a costar mucho negarle esa oportunidad".
Echevvaría es hija de las clases acomodadas, que se casó con uno de los hombres más elegibles del estado. Su marido, Antonio Echevarría Domínguez, amplió sus importantes negocios familiares como distribuidor de Coca-Cola.
Ella dijo que nunca fue a la escuela secundaria porque estaba fuera de la ciudad y su padre era "muy celoso y sobre-protector" como para permitir que sus hijas asistieran. Admite que no tiene experiencia política formal, ni experiencia de primera mano con los sufrimientos de la gente que dice que representa. Pero sí sabe cómo ejercer poder, porque ha visto cómo se hace desde muy cerca toda su vida.
"No creo que haya una escuela donde enseñen cómo ser un gobernador", dijo Echevarría. "Y si hubiera una, yo no iría a ella".
En una laberíntica entrevista sobre su vida y sus ambiciones, Echevarría dijo que no la amilanaba la oposición contra su candidatura entre la elite política. Cuando le pregunté si con su candidatura México volvería a la época en que los presidentes elegían a sus sucesores, se mostró categórica.
Ella fue elegida por el pueblo, replicó. "Si la gente quiere que sea su gobernadora, votarán por mí", dijo. "Si no, votarán contra mí. ¿No es eso democracia?"
11 de octubre de 2004
29 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO EN PROBLEMAS - kevin sullivan
Por usar palabras escatológicas, poeta será procesado por insultar al estado.
Campeche, México. Sergio Witz Rodríguez era un poeta con bronca.
Pensó que nadie estaba solucionando los problemas sociales y económicos de México, menos que nadie sus políticos. Así que se provocó a sí mismo un indignado y lírico enfado y escribió un poema de 21 versos, en los que dice, entre otras cosas, que le gustaría usar la bandera mexicana como papel higiénico.
El poema fue publicado en una revista literaria en 2001. Fue entonces cuando Witz, padre de tres niñas, fue arrestado para tomarle las huellas digitales y llevado ante un juez e introducido al Capítulo 5, Artículo 191 del código penal federal, que penaliza con hasta cuatro años de prisión "los insultos contra los símbolos nacionales".
"Es absurdo", dijo Witz, 42, docente universitario de literatura en la caribeña ciudad de la Península de Yucatán. "No soy una amenaza para el estado".
Ahora, después de más de tres años de trámites legales que Witz describió como kafkianos, su caso será visto por la Corte Suprema mexicana en lo que los analistas jurídicos han llamado uno de los casos más importantes para la libertad de expresión en la historia reciente del país.
La constitución mexicana garantiza la libertad de expresión, provisto que no se injurie a otros, provoque violaciones de la ley o incite al desorden público. Pero una ley federal que data de los años 30 considera ilegal que alguien insulte los símbolos nacionales, en especial la bandera y el himno nacional. Esas leyes son un vestigio de una era en que presidentes con enormes poderes controlaban la prensa y otorgaban escasa importancia a las libertades individuales. Los observadores jurídicos dijeron que la corte puede usar el caso de Witz para determinar la constitucionalidad de la ley.
Desde que fuera elegido el presidente Vicente Fox en 2000, terminando con el dominio de 71 años del Partido Revolucionario Institucional PRI, ha pedido mayores garantías para la libertad de expresión y la prensa. Pero los analistas dicen que la vieja manera de pensar aún persiste. Recientemente el Congreso censuró a una artista por sus descripciones "de mal gusto" de la bandera mexicana, y funcionarios de varios estados tomaron medidas para limitar la libertad de expresión. Un gobernador hace poco hizo encarcelar a dos hombres durante una semana por gritarle improperios durante un mitin público.
"Todavía tenemos que entender que la democracia se basa en la libertad de expresión", dijo Jaime Cárdenas, un especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México. "Los tribunales y las autoridades deben aprender a interpretar las cosas de manera diferente, a poner la libertad por encima de otras consideraciones".
El caso de Witz es similar a los debates sobre la quema de banderas en Estados Unidos. Algunos argumentan que la gente en una sociedad libre tiene derecho a profanar símbolos nacionales a modo de protesta, mientras otros dicen que atacar esos símbolos es un acto ilegal de falta de respeto. Las leyes norteamericanas que prohíben la quema o profanación de banderas han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.
"Al propagar su filosofía negativa, está destruyendo nuestros valores", dijo Abel Santa Cruz Menchaca, 63, un antiguo oficial militar que presentó la primera demanda contra Witz. Santa Cruz Menchaca, cuyos padre y abuelo fueron generales en el Ejército mexicano, dijo que Witz estaba "atacando algo que nos da nuestra identidad como mexicanos".
Santa Cruz Menchaca dijo que Witz había rebasado sus derechos al insultar a otros mexicanos. Dijo que era "peligroso" publicar semejante poema, comparándolo con un pasajero que en un bote atiborrado pide a los otros que hagan hoyos en el casco. "Si no respetamos nuestras leyes, seremos una nación de salvajes", dijo Santa Cruz Menchaca.
Santa Cruz Menchaca dijo que cuando vio el poema de Witz en la revista Criterios, la puso bajo la atención de Carlos Justo Sierra el jefe del ministerio del Interior local. Sierra dijo que él entonces entabló una querella formal en tribunales. Sierra, 72, señaló una fotografía en la pared de su despacho de un bisabuelo, un antiguo embajador en España, y tuvo problemas en controlar su cólera al comentar el caso de Witz.
"Yo soy de una familia que ha defendido a México durante más de 150 años", dijo Sierra, que también es periodista y escritor. "Así que para mí las declaraciones contra los valores que simbolizan mi país son abominables".
Agregó: "Personalmente, creo que Witz es una basura".
En su ventosa casa en el centro de la ciudad, Witz está en su pequeña biblioteca donde guarda miles de libros que ha cuidadosamente envuelto en plástico para protegerlos de la humedad. Dijo que todo el episodio había sido estrambótico, desde el día en que dos policías llegaron a la universidad para detenerlo. Witz dijo que pensó que alguien le estaba haciendo una broma pesada, de modo que le dijo al juez que su único cómplice era Dios y le sugirió que dictara una orden de detención contra el Todopoderoso.
Contó que el juez estaba enojado y se puso agresivo, pero finalmente le dijo que si entregaba una carta pidiendo excusas a tribunales, el caso sería archivado. En ese momento Witz -"alias, el Poeta", de acuerdo a las actas- se dio cuenta de que el juez hablaba en serio y que estaba en juego la libertad de expresión. Se negó a enviar esa carta, y recurrió hasta llegar a la Corte Suprema. Ahora los jueves deben determinar si oirán la causa o no.
Witz, que ha escrito seis tomos de poesía, dijo que el controversial poema, cuyo título contiene una palabrota, no era su mejor trabajo. Y dijo que fue publicado accidentalmente: Lo envió a la revista pensando que era otro. "Es ridículo procesar a alguien por escribir unos versos, cuando hay tantos ladrones, violadores y delincuentes de cuello blanco que están en libertad", dijo Witz. "La libertad de decir lo que piensas es lo más grande que puede tener un escritor... Esta no es solamente una agresión contra mí, sino contra la libertad".
17 de octubre de 2004
24 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh
Campeche, México. Sergio Witz Rodríguez era un poeta con bronca.Pensó que nadie estaba solucionando los problemas sociales y económicos de México, menos que nadie sus políticos. Así que se provocó a sí mismo un indignado y lírico enfado y escribió un poema de 21 versos, en los que dice, entre otras cosas, que le gustaría usar la bandera mexicana como papel higiénico.
El poema fue publicado en una revista literaria en 2001. Fue entonces cuando Witz, padre de tres niñas, fue arrestado para tomarle las huellas digitales y llevado ante un juez e introducido al Capítulo 5, Artículo 191 del código penal federal, que penaliza con hasta cuatro años de prisión "los insultos contra los símbolos nacionales".
"Es absurdo", dijo Witz, 42, docente universitario de literatura en la caribeña ciudad de la Península de Yucatán. "No soy una amenaza para el estado".
Ahora, después de más de tres años de trámites legales que Witz describió como kafkianos, su caso será visto por la Corte Suprema mexicana en lo que los analistas jurídicos han llamado uno de los casos más importantes para la libertad de expresión en la historia reciente del país.
La constitución mexicana garantiza la libertad de expresión, provisto que no se injurie a otros, provoque violaciones de la ley o incite al desorden público. Pero una ley federal que data de los años 30 considera ilegal que alguien insulte los símbolos nacionales, en especial la bandera y el himno nacional. Esas leyes son un vestigio de una era en que presidentes con enormes poderes controlaban la prensa y otorgaban escasa importancia a las libertades individuales. Los observadores jurídicos dijeron que la corte puede usar el caso de Witz para determinar la constitucionalidad de la ley.
Desde que fuera elegido el presidente Vicente Fox en 2000, terminando con el dominio de 71 años del Partido Revolucionario Institucional PRI, ha pedido mayores garantías para la libertad de expresión y la prensa. Pero los analistas dicen que la vieja manera de pensar aún persiste. Recientemente el Congreso censuró a una artista por sus descripciones "de mal gusto" de la bandera mexicana, y funcionarios de varios estados tomaron medidas para limitar la libertad de expresión. Un gobernador hace poco hizo encarcelar a dos hombres durante una semana por gritarle improperios durante un mitin público.
"Todavía tenemos que entender que la democracia se basa en la libertad de expresión", dijo Jaime Cárdenas, un especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México. "Los tribunales y las autoridades deben aprender a interpretar las cosas de manera diferente, a poner la libertad por encima de otras consideraciones".
El caso de Witz es similar a los debates sobre la quema de banderas en Estados Unidos. Algunos argumentan que la gente en una sociedad libre tiene derecho a profanar símbolos nacionales a modo de protesta, mientras otros dicen que atacar esos símbolos es un acto ilegal de falta de respeto. Las leyes norteamericanas que prohíben la quema o profanación de banderas han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.
"Al propagar su filosofía negativa, está destruyendo nuestros valores", dijo Abel Santa Cruz Menchaca, 63, un antiguo oficial militar que presentó la primera demanda contra Witz. Santa Cruz Menchaca, cuyos padre y abuelo fueron generales en el Ejército mexicano, dijo que Witz estaba "atacando algo que nos da nuestra identidad como mexicanos".
Santa Cruz Menchaca dijo que Witz había rebasado sus derechos al insultar a otros mexicanos. Dijo que era "peligroso" publicar semejante poema, comparándolo con un pasajero que en un bote atiborrado pide a los otros que hagan hoyos en el casco. "Si no respetamos nuestras leyes, seremos una nación de salvajes", dijo Santa Cruz Menchaca.
Santa Cruz Menchaca dijo que cuando vio el poema de Witz en la revista Criterios, la puso bajo la atención de Carlos Justo Sierra el jefe del ministerio del Interior local. Sierra dijo que él entonces entabló una querella formal en tribunales. Sierra, 72, señaló una fotografía en la pared de su despacho de un bisabuelo, un antiguo embajador en España, y tuvo problemas en controlar su cólera al comentar el caso de Witz.
"Yo soy de una familia que ha defendido a México durante más de 150 años", dijo Sierra, que también es periodista y escritor. "Así que para mí las declaraciones contra los valores que simbolizan mi país son abominables".
Agregó: "Personalmente, creo que Witz es una basura".
En su ventosa casa en el centro de la ciudad, Witz está en su pequeña biblioteca donde guarda miles de libros que ha cuidadosamente envuelto en plástico para protegerlos de la humedad. Dijo que todo el episodio había sido estrambótico, desde el día en que dos policías llegaron a la universidad para detenerlo. Witz dijo que pensó que alguien le estaba haciendo una broma pesada, de modo que le dijo al juez que su único cómplice era Dios y le sugirió que dictara una orden de detención contra el Todopoderoso.
Contó que el juez estaba enojado y se puso agresivo, pero finalmente le dijo que si entregaba una carta pidiendo excusas a tribunales, el caso sería archivado. En ese momento Witz -"alias, el Poeta", de acuerdo a las actas- se dio cuenta de que el juez hablaba en serio y que estaba en juego la libertad de expresión. Se negó a enviar esa carta, y recurrió hasta llegar a la Corte Suprema. Ahora los jueves deben determinar si oirán la causa o no.
Witz, que ha escrito seis tomos de poesía, dijo que el controversial poema, cuyo título contiene una palabrota, no era su mejor trabajo. Y dijo que fue publicado accidentalmente: Lo envió a la revista pensando que era otro. "Es ridículo procesar a alguien por escribir unos versos, cuando hay tantos ladrones, violadores y delincuentes de cuello blanco que están en libertad", dijo Witz. "La libertad de decir lo que piensas es lo más grande que puede tener un escritor... Esta no es solamente una agresión contra mí, sino contra la libertad".
17 de octubre de 2004
24 de octubre de 2004
©washington post
©traducción mQh
LA TORTURA EN CHILE FUE POLÍTICA DE ESTADO DURANTE DICTADURA
Un informe del oficialismo chileno concluye que durante la dictadura de Pinochet la tortura fue una política de Estado.
La tortura fue una política sistemática durante la dictadura de Augusto Pinochet. Un informe oficial sobre la aplicación de torturas durante el período 1973-90 en Chile reveló que ésa fue una práctica sistemática aplicada por los agentes del régimen de Pinochet a unos 30 mil presos políticos, según informó ayer el diario La Nación. El documento, elaborado por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, será entregado a fines de octubre al presidente Ricardo Lagos, quien debe decidir personalmente la fecha en que se hará público.
De acuerdo con el diario de Santiago, lo más importante del documento es que terminará por derribar la tesis de las Fuerzas Armadas sobre la actuación a título personal de sus efectivos en los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet. La investigación, a la que tuvo acceso el diario, concluye que la aplicación de tormentos fue una política de Estado que afectó a más de 30 mil personas e involucró a todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En el documento se explica y menciona cada lugar de torturas, región por región y ciudad por ciudad. Se relatan además los tipos de tormentos aplicados, y se intentan explicar los efectos sociales y psicológicos que dejaron los apremios ilegítimos en cada una de las víctimas. No obstante, el informe no entrega los nombres de los torturadores ni de quienes dieron las órdenes.
El documento fue elaborado por petición especial del presidente Lagos, quien hace un año pidió a todos los chilenos que fueron víctimas de torturas que se acercaran hasta las oficinas de la Comisión para entregar sus testimonios. El documento sirve de base para cuantificar futuras compensaciones económicas para las víctimas, no incluidas hasta ahora en los planes de reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos. La Comisión fue creada por Lagos en septiembre del año pasado, en el marco de su propuesta global sobre derechos humanos, a 30 años del golpe de Estado que derribó a Salvador Allende.
El informe sobre torturas tiene como precedente el llamado Informe Rettig, que se hizo público en 1991, sobre ejecuciones y desapariciones forzadas durante la dictadura. El documento concluyó que la dictadura de 17 años (1973-1990) encabezada por el general Pinochet fue responsable de la muerte o desaparición de más de 3 mil presos políticos.
La Nación estima que el texto es de un contenido tan duro que los uniformados no tienen aún muy claro cómo enfrentarán la presión que se les viene encima, ya que de los testimonios que incluyen también a uniformados activos y en retiro se estableció que la tortura fue una política de Estado que involucró a todas las instituciones castrenses. Este hecho haría caer la tesis que postularon las ramas armadas cuando expresaron su rechazo al Informe Rettig (siendo Pinochet jefe del Ejército) y posteriormente a la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, que entregó sus conclusiones en el 2000. Si bien las Fuerzas Armadas colaboraron en esta última instancia, rechazaron que los desaparecidos fueran fruto de órdenes de la jerarquía o de una línea de mando. El periódico indica que si los uniformados admiten que la tortura fue un método institucional, tendrán que reconocer que el exterminio de opositores, con más de 3 mil víctimas, también fue una política de Estado.
La versión indica que las alternativas para los militares son escasas, pues sólo pueden optar entre aceptar que así ocurrieron las cosas y aprovechar la oportunidad de pedir perdón, o bien negar y descalificar el documento, como hicieron con el Informe Rettig.
El medio escrito (de propiedad estatal) asevera que la expectativa que existe a nivel internacional respecto de este informe es tan grande que los miembros de la comisión y autoridades de gobierno han recibido constantes visitas y llamados de organismos defensores de los derechos humanos.
Al ser consultado sobre el informe, el secretario general de gobierno de Chile, Francisco Vidal, confirmó que será recibido a fin de mes por el presidente Lagos y que, tras revisarlo, decidirá la forma y lafecha para darlo a conocer. El vocero de La Moneda indicó a Radio Cooperativa de Santiago que la investigación realizada es positiva, pues ayuda a esclarecer la verdad y a reparar violaciones a los derechos humanos, especialmente en un área en que no se había informado a nivel de Estado, como es la tortura.
12 de octubre de 2004
©página 12
La tortura fue una política sistemática durante la dictadura de Augusto Pinochet. Un informe oficial sobre la aplicación de torturas durante el período 1973-90 en Chile reveló que ésa fue una práctica sistemática aplicada por los agentes del régimen de Pinochet a unos 30 mil presos políticos, según informó ayer el diario La Nación. El documento, elaborado por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, será entregado a fines de octubre al presidente Ricardo Lagos, quien debe decidir personalmente la fecha en que se hará público.De acuerdo con el diario de Santiago, lo más importante del documento es que terminará por derribar la tesis de las Fuerzas Armadas sobre la actuación a título personal de sus efectivos en los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet. La investigación, a la que tuvo acceso el diario, concluye que la aplicación de tormentos fue una política de Estado que afectó a más de 30 mil personas e involucró a todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En el documento se explica y menciona cada lugar de torturas, región por región y ciudad por ciudad. Se relatan además los tipos de tormentos aplicados, y se intentan explicar los efectos sociales y psicológicos que dejaron los apremios ilegítimos en cada una de las víctimas. No obstante, el informe no entrega los nombres de los torturadores ni de quienes dieron las órdenes.
El documento fue elaborado por petición especial del presidente Lagos, quien hace un año pidió a todos los chilenos que fueron víctimas de torturas que se acercaran hasta las oficinas de la Comisión para entregar sus testimonios. El documento sirve de base para cuantificar futuras compensaciones económicas para las víctimas, no incluidas hasta ahora en los planes de reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos. La Comisión fue creada por Lagos en septiembre del año pasado, en el marco de su propuesta global sobre derechos humanos, a 30 años del golpe de Estado que derribó a Salvador Allende.
El informe sobre torturas tiene como precedente el llamado Informe Rettig, que se hizo público en 1991, sobre ejecuciones y desapariciones forzadas durante la dictadura. El documento concluyó que la dictadura de 17 años (1973-1990) encabezada por el general Pinochet fue responsable de la muerte o desaparición de más de 3 mil presos políticos.
La Nación estima que el texto es de un contenido tan duro que los uniformados no tienen aún muy claro cómo enfrentarán la presión que se les viene encima, ya que de los testimonios que incluyen también a uniformados activos y en retiro se estableció que la tortura fue una política de Estado que involucró a todas las instituciones castrenses. Este hecho haría caer la tesis que postularon las ramas armadas cuando expresaron su rechazo al Informe Rettig (siendo Pinochet jefe del Ejército) y posteriormente a la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, que entregó sus conclusiones en el 2000. Si bien las Fuerzas Armadas colaboraron en esta última instancia, rechazaron que los desaparecidos fueran fruto de órdenes de la jerarquía o de una línea de mando. El periódico indica que si los uniformados admiten que la tortura fue un método institucional, tendrán que reconocer que el exterminio de opositores, con más de 3 mil víctimas, también fue una política de Estado.
La versión indica que las alternativas para los militares son escasas, pues sólo pueden optar entre aceptar que así ocurrieron las cosas y aprovechar la oportunidad de pedir perdón, o bien negar y descalificar el documento, como hicieron con el Informe Rettig.
El medio escrito (de propiedad estatal) asevera que la expectativa que existe a nivel internacional respecto de este informe es tan grande que los miembros de la comisión y autoridades de gobierno han recibido constantes visitas y llamados de organismos defensores de los derechos humanos.
Al ser consultado sobre el informe, el secretario general de gobierno de Chile, Francisco Vidal, confirmó que será recibido a fin de mes por el presidente Lagos y que, tras revisarlo, decidirá la forma y lafecha para darlo a conocer. El vocero de La Moneda indicó a Radio Cooperativa de Santiago que la investigación realizada es positiva, pues ayuda a esclarecer la verdad y a reparar violaciones a los derechos humanos, especialmente en un área en que no se había informado a nivel de Estado, como es la tortura.
12 de octubre de 2004
©página 12
ARGENTINA: ESCÁNDALO POR ARCHIVOS NAZIS - segio kiernan
Un diputado demócrata presentará el reclamo para que el gobierno argentino "libere la documentación sobre la llegada de nazis".
El notable silencio que mantiene el gobierno argentino sobre los reclamos para que realmente abra sus archivos nazis a los investigadores está a punto de convertirse en un segundo papelón internacional. El primero fue la publicación en marzo de una extensa nota en el prestigioso diario The New York Times. Esta semana, la cosa es todavía más seria: el diputado demócrata Maurice Hinche presentará un proyecto de resolución para que el Congreso de los Estados Unidos "urja al gobierno argentino a liberar los documentos oficiales sobre la relocación a Argentina de nazis y otros criminales de guerra" luego de 1945.
En su escrito ante la Cámara de Representantes, el diputado Hinche le recuerda a Argentina sus deberes como parte de la Task Force internacional para la Cooperación en la Educación, el Recuerdo y la Investigación sobre el Holocausto y signataria de la Declaración de Estocolmo, que obliga a las partes a "arrojar luz sobre las áreas todavía obscuras del Holocausto."
El pedido de declaración detalla que en 1997 Argentina creó la CEANA, la Comisión para el Estudio de Actividades Nazis en Argentina, con el explícito mandato de investigar quién vino al país, qué botín trajo y qué actividades desarrolló. Con cortesía diplomática, Hinche señala que "hacen falta más esfuerzos (que los realizados por la CEANA) para que Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales e ilumine la llegada de nazis al país".
La CEANA, que realiza un buen trabajo académico, parece sin embargo haberse fijado un límite infranqueable: la participación activa de Juan Domingo Perón en la llegada de los nazis a Argentina. La Comisión, que cuenta con un rutilante firmamento de investigadores locales y extranjeros, parece extrañamente incapaz de encontrar los documentos que revelen exactamente cómo fue la ruta de las nazis que terminaba en Buenos Aires. Es una miopía sospechosa: los reclamos actuales se basan en el simple hecho de que un investigador argentino, el periodista Uki Goñi, encontró esos mismos papeles sin ayuda oficial y sin las herramientas de una Comisión creada por el mismo presidente de la Nación. Para peor, publicó sus hallazgos en el libro La verdadera Odessa'.
El libro sostiene que Juan Domingo Perón creó, literalmente en su despacho de la Casa Rosada, una red internacional de agentes que trajo a centenares de criminales de guerra al país. Usando las embajadas argentinas en seis países europeos y creando oficinas "de inmigración" como bases, los agentes dieron nuevas identidades, documentos, dinero y pasajes a alemanes, franceses, belgas, holandeses y croatas. Como bien recuerda el diputado Hinche, en esos momentos llegaron asesinos como Erich Priebke, Adolf Eichmann, Ante Pavelic y Kurt Christmann. La red operó durante varios años, costó una fortuna y fue de lejos la más compleja operación internacional de la inteligencia argentina.
Por las suyas y con trabas oficiales más o menos explícitas, Goñi rastreó papeles por toda Europa y en Estados Unidos, encontrando allá lo que aquí no se exhibe o se niega que existe. Su libro fue publicado primero en Londres y luego en EE.UU. por Granta Books. En diciembre se editó en castellano y fue entonces que el Centro Simon Wiesenthal envió cartas a la SIDE heredera de los archivos de inteligencia de la época de Perón, al ministerio del Interior que daba a través de Migraciones los documentos a los nazis, y a la Cancillería que manejaba las "bases" de la red pidiendo que los documentos que Goñi obtuvo o averiguó que existían, fueran liberados a otros investigadores.
Las respuestas fueron un verdadero desfile de mala fe. El jefe de Inteligencia contestó que no existían esos papeles, agregando confusamente que igual sólo se entregan cuando los pide la Justicia. Interior y Exterior ni se molestaron en contestar. La Conferencia Episcopal Argentina, preguntada por el más que activo apoyo de la Iglesia a la redde Perón, se fue por la tangente contestando que "como en esa época no existía", mal podía entregar papeles de "esa época."
Página/12 cubrió estas idas y venidas en una serie de notas publicadas desde diciembre. El domingo 9 de marzo, el corresponsal del New York Times en Argentina, Larry Rohter, subió la apuesta con una página completa de hecho, la página 3, la más importante del diario revelando el mutismo oficial argentino. El diputado Hinche hasta cita esa nota en su proyecto de declaración.
Los funcionarios Carlos Ruckauf, Miguel Angel Toma y Jorge Matzkin, ahora de salida del poder, mantuvieron un pétreo silencio ante los sucesivos requerimientos. Silencio que ya rindió papelones periodísticos y ahora le dejará al próximo gobierno otro, más grave, con el Congreso de los Estados Unidos
12 de mayo de 2004
2 de octubre de 2004
©página12
El notable silencio que mantiene el gobierno argentino sobre los reclamos para que realmente abra sus archivos nazis a los investigadores está a punto de convertirse en un segundo papelón internacional. El primero fue la publicación en marzo de una extensa nota en el prestigioso diario The New York Times. Esta semana, la cosa es todavía más seria: el diputado demócrata Maurice Hinche presentará un proyecto de resolución para que el Congreso de los Estados Unidos "urja al gobierno argentino a liberar los documentos oficiales sobre la relocación a Argentina de nazis y otros criminales de guerra" luego de 1945. En su escrito ante la Cámara de Representantes, el diputado Hinche le recuerda a Argentina sus deberes como parte de la Task Force internacional para la Cooperación en la Educación, el Recuerdo y la Investigación sobre el Holocausto y signataria de la Declaración de Estocolmo, que obliga a las partes a "arrojar luz sobre las áreas todavía obscuras del Holocausto."
El pedido de declaración detalla que en 1997 Argentina creó la CEANA, la Comisión para el Estudio de Actividades Nazis en Argentina, con el explícito mandato de investigar quién vino al país, qué botín trajo y qué actividades desarrolló. Con cortesía diplomática, Hinche señala que "hacen falta más esfuerzos (que los realizados por la CEANA) para que Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales e ilumine la llegada de nazis al país".
La CEANA, que realiza un buen trabajo académico, parece sin embargo haberse fijado un límite infranqueable: la participación activa de Juan Domingo Perón en la llegada de los nazis a Argentina. La Comisión, que cuenta con un rutilante firmamento de investigadores locales y extranjeros, parece extrañamente incapaz de encontrar los documentos que revelen exactamente cómo fue la ruta de las nazis que terminaba en Buenos Aires. Es una miopía sospechosa: los reclamos actuales se basan en el simple hecho de que un investigador argentino, el periodista Uki Goñi, encontró esos mismos papeles sin ayuda oficial y sin las herramientas de una Comisión creada por el mismo presidente de la Nación. Para peor, publicó sus hallazgos en el libro La verdadera Odessa'.
El libro sostiene que Juan Domingo Perón creó, literalmente en su despacho de la Casa Rosada, una red internacional de agentes que trajo a centenares de criminales de guerra al país. Usando las embajadas argentinas en seis países europeos y creando oficinas "de inmigración" como bases, los agentes dieron nuevas identidades, documentos, dinero y pasajes a alemanes, franceses, belgas, holandeses y croatas. Como bien recuerda el diputado Hinche, en esos momentos llegaron asesinos como Erich Priebke, Adolf Eichmann, Ante Pavelic y Kurt Christmann. La red operó durante varios años, costó una fortuna y fue de lejos la más compleja operación internacional de la inteligencia argentina.
Por las suyas y con trabas oficiales más o menos explícitas, Goñi rastreó papeles por toda Europa y en Estados Unidos, encontrando allá lo que aquí no se exhibe o se niega que existe. Su libro fue publicado primero en Londres y luego en EE.UU. por Granta Books. En diciembre se editó en castellano y fue entonces que el Centro Simon Wiesenthal envió cartas a la SIDE heredera de los archivos de inteligencia de la época de Perón, al ministerio del Interior que daba a través de Migraciones los documentos a los nazis, y a la Cancillería que manejaba las "bases" de la red pidiendo que los documentos que Goñi obtuvo o averiguó que existían, fueran liberados a otros investigadores.
Las respuestas fueron un verdadero desfile de mala fe. El jefe de Inteligencia contestó que no existían esos papeles, agregando confusamente que igual sólo se entregan cuando los pide la Justicia. Interior y Exterior ni se molestaron en contestar. La Conferencia Episcopal Argentina, preguntada por el más que activo apoyo de la Iglesia a la redde Perón, se fue por la tangente contestando que "como en esa época no existía", mal podía entregar papeles de "esa época."
Página/12 cubrió estas idas y venidas en una serie de notas publicadas desde diciembre. El domingo 9 de marzo, el corresponsal del New York Times en Argentina, Larry Rohter, subió la apuesta con una página completa de hecho, la página 3, la más importante del diario revelando el mutismo oficial argentino. El diputado Hinche hasta cita esa nota en su proyecto de declaración.
Los funcionarios Carlos Ruckauf, Miguel Angel Toma y Jorge Matzkin, ahora de salida del poder, mantuvieron un pétreo silencio ante los sucesivos requerimientos. Silencio que ya rindió papelones periodísticos y ahora le dejará al próximo gobierno otro, más grave, con el Congreso de los Estados Unidos
12 de mayo de 2004
2 de octubre de 2004
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FUERZAS POLICIALES DE ARGENTINA SIGUEN BAJO SOSPECHA DE VÍNCULOS CON EL HAMPA
La denuncia de una conspiración para asesinar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la más poblada y violenta de Argentina, reflotó la sospecha de que fuerzas policiales alientan al hampa y contribuyen a la inseguridad.
Buenos Aires, Argentina. León Arslanian, el ministro de Seguridad bonaerense, dijo esta semana que el mismo día que denunció ante la Justicia un complot para matarlo, el martes pasado, "se produjeron llamativamente dos secuestros extorsivos".
Los investigadores de la modalidad de secuestros que conmueve a Buenos Aires y su populosa periferia han señalado que en casi todos los casos las bandas tienen vinculaciones con la policía.
"La plata de los secuestros no aparece porque se la lleva la policía", dijo a la prensa desde la cárcel Maximiliano Peñaflor, alias 'Pachu', cómplice de la banda de Cristian Muñoz, conocido como 'Hígado', un temido ladrón de bancos y secuestrador que murió este año en un tiroteo con fuerzas del orden.
Peñaflor aseguró que existe la llamada "ruta libre" o "zona liberada" para robar o secuestrar después de pagarle sobornos a la policía, los cuales a veces están especificados por tarifa, según el tamaño o gravedad del delito por cometer.
"Detrás de cada secuestro está la policía. Sobretodo de 'La Bonaerense'", dijo el presidente Néstor Kirchner en una visita a la sureña ciudad de Puerto Madryn.
'La Bonaerense' es el nombre popular de la temible policía que estuvo acusada de 'gatillo fácil', torturas y represión en los años 80 y 90, hasta quedar ahora bajo sospecha de tener vinculaciones con hampones y mafiosos.
La inseguridad quedó instalada como el problema que más preocupa a los argentinos, en el mismo nivel que el desempleo (cercano al 15%), según la mayoría de las firmas encuestadoras privadas.
Arslanian, cuyo distrito tiene los peores indicadores de desempleo, pobreza y violencia, echó esta semana de 'La Bonaerense' a 36 efectivos de la jefatura de San Isidro (periferia norte), epicentro de la denunciada conspiración.
El desplazado jefe de la zona, comisario mayor Rubén Cabrera, era de los supuestos conspiradores.
El gobierno peronista de Buenos Aires mandó a su casa a comisarios, oficiales y suboficiales, en tanto les abrió causas por secuestros, pedidos de sobornos a comerciantes a cambio de protección, tráfico de drogas y protección a tratantes de blancas y explotadores de la prostitución.
La nueva purga fue la quinta desde que asumió Arslanian en abril pasado, por lo que suman 820 los efectivos removidos, acusados de corrupción y otros delitos.
Arslanian fue nombrado en medio de la crisis que desató este año el asesinato del joven Alex Blumberg a manos de sus secuestradores y cuyo padre, Juan Carlos, ha encabezado multitudinarias marchas que forzaron en el Parlamento la aprobación del endurecimiento de penas a delincuentes.
"Hay policías desplazados que perdieron circuitos de negocios y entonces (en represalia) pueden generar una sensación de inseguridad", ha declarado Aníbal Ibarra, alcalde de la capital argentina.
Los argentinos viven con miedo y una enraizada sensación de inseguridad que los llevó a multiplicar medidas para evitar robos y ataques como enrejar comercios, pagar onerosos servicios privados de seguridad y no circular con autos por determinadas calles y barrios.
Hay 'corredores de seguridad' organizados por vecinos para que los niños puedan concurrir a las escuelas sin temor a ser secuestrados.
Las ventas de teléfonos celulares aumentaron a cifras jamás vistas por cambios de hábitos, pero en particular porque los padres les compran los aparatos a sus hijos adolescentes para que puedan comunicar sus movimientos fuera de la casa, entre otras medidas adoptadas por la población para reforzar su seguridad.
©mipunto
Buenos Aires, Argentina. León Arslanian, el ministro de Seguridad bonaerense, dijo esta semana que el mismo día que denunció ante la Justicia un complot para matarlo, el martes pasado, "se produjeron llamativamente dos secuestros extorsivos". Los investigadores de la modalidad de secuestros que conmueve a Buenos Aires y su populosa periferia han señalado que en casi todos los casos las bandas tienen vinculaciones con la policía.
"La plata de los secuestros no aparece porque se la lleva la policía", dijo a la prensa desde la cárcel Maximiliano Peñaflor, alias 'Pachu', cómplice de la banda de Cristian Muñoz, conocido como 'Hígado', un temido ladrón de bancos y secuestrador que murió este año en un tiroteo con fuerzas del orden.
Peñaflor aseguró que existe la llamada "ruta libre" o "zona liberada" para robar o secuestrar después de pagarle sobornos a la policía, los cuales a veces están especificados por tarifa, según el tamaño o gravedad del delito por cometer.
"Detrás de cada secuestro está la policía. Sobretodo de 'La Bonaerense'", dijo el presidente Néstor Kirchner en una visita a la sureña ciudad de Puerto Madryn.
'La Bonaerense' es el nombre popular de la temible policía que estuvo acusada de 'gatillo fácil', torturas y represión en los años 80 y 90, hasta quedar ahora bajo sospecha de tener vinculaciones con hampones y mafiosos.
La inseguridad quedó instalada como el problema que más preocupa a los argentinos, en el mismo nivel que el desempleo (cercano al 15%), según la mayoría de las firmas encuestadoras privadas.
Arslanian, cuyo distrito tiene los peores indicadores de desempleo, pobreza y violencia, echó esta semana de 'La Bonaerense' a 36 efectivos de la jefatura de San Isidro (periferia norte), epicentro de la denunciada conspiración.
El desplazado jefe de la zona, comisario mayor Rubén Cabrera, era de los supuestos conspiradores.
El gobierno peronista de Buenos Aires mandó a su casa a comisarios, oficiales y suboficiales, en tanto les abrió causas por secuestros, pedidos de sobornos a comerciantes a cambio de protección, tráfico de drogas y protección a tratantes de blancas y explotadores de la prostitución.
La nueva purga fue la quinta desde que asumió Arslanian en abril pasado, por lo que suman 820 los efectivos removidos, acusados de corrupción y otros delitos.
Arslanian fue nombrado en medio de la crisis que desató este año el asesinato del joven Alex Blumberg a manos de sus secuestradores y cuyo padre, Juan Carlos, ha encabezado multitudinarias marchas que forzaron en el Parlamento la aprobación del endurecimiento de penas a delincuentes.
"Hay policías desplazados que perdieron circuitos de negocios y entonces (en represalia) pueden generar una sensación de inseguridad", ha declarado Aníbal Ibarra, alcalde de la capital argentina.
Los argentinos viven con miedo y una enraizada sensación de inseguridad que los llevó a multiplicar medidas para evitar robos y ataques como enrejar comercios, pagar onerosos servicios privados de seguridad y no circular con autos por determinadas calles y barrios.
Hay 'corredores de seguridad' organizados por vecinos para que los niños puedan concurrir a las escuelas sin temor a ser secuestrados.
Las ventas de teléfonos celulares aumentaron a cifras jamás vistas por cambios de hábitos, pero en particular porque los padres les compran los aparatos a sus hijos adolescentes para que puedan comunicar sus movimientos fuera de la casa, entre otras medidas adoptadas por la población para reforzar su seguridad.
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AMBULANTES SE AVENTURAN EN EL METRO - lucero almanza escalante
A pesar de las recientes medidas gubernamentales para sacar a los vendedores ambulantes de las calles de la capital, muchos ven pocas alternativas que arriesgarse a retar a la ley.
Ciudad de México, México. En los atiborrados vagones y pasillos del Metro, miles de mexicanos trabajan ilegalmente, son vendedores ambulantes como Raúl Reyes, quien hace dos meses perdió su empleo y ha tenido que aventurarse en las entrañas de la Ciudad de México para sobrevivir vendiendo discos piratas.
Las calles de la urbe no parecen suficientes para el comercio informal, por lo que como Reyes, muchos desempleados han encontrado una alternativa en el ambulantaje subterráneo.
Se llaman a sí mismos vagoneros' y desafían a policía, van de carro en carro con dulces, encendedores, rastrillos, pomadas, películas y discos piratas, libros, periódicos, pilas, e incluso herramientas, todo por unos cuantos pesos.
Reyes narró a Univison Online que trabajaba en una empresa de mensajería, "hace como dos meses me corrieron, no he podido encontrar empleo, así que me vine al Metro a vender discos".
En los carros del Sistema de Transporte Colectivo (STC), al que popularmente se conoce como Metro, se mueven a diario unos tres mil 500 vagoneros. Los datos oficiales indican que se dedican al comercio ilegal y subterráneo.
Los ambulantes ganan entre 80 y 100 pesos diarios (unos ocho o 10 dólares), según el producto que vendan: chicles y dulces de dos pesos (20 centavos de dólar), películas y discos compactos de 10 pesos (un dólar), libros de 15 pesos (1.5 dólares), entre otros.
En los andenes no hay discriminación, hay niños vendedores, lo mismo que mujeres y hombres. Gloria Pérez recordó que hace cuatro años enviudó, no tiene estudios y debe mantener a sus cuatro hijos. Es originaria de Tehuacán, Puebla, y para ella no hay trabajo en la ciudad, donde es dura la competencia, más "para quienes no tienen preparación", se lamentó.
Las carencias la llevaron a vender pistaches en el Metro; lo hace de las nueve de la mañana a las tres de la tarde. El trabajo, agregó, "es cómodo porque me permite obtener dinero para los gastos del hogar sin desatender a mis hijos".
Invasión Subterránea
Gloria Pérez es una luchadora y afirmó que será vagonera a pesar de que en el Metro hay mafias que controlan el comercio informal, sus miembros asignan territorios y cobran mil 500 pesos (150 dólares) para desarrollar su trabajo subterráneo e ilegal.
Es curioso pero las prohibiciones oficiales no le preocupan, ya que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo "nos retienen una hora en la permanencia (oficina) o nos llevan a la delegación, donde pasas 24 horas".
Se trata de un rico territorio, el de las nueve líneas del Metro en el cual utilizan diariamente unos seis millones personas, y hacia las nueve de la noche, los ambulantes toman los pasillos, andenes y escaleras de las estaciones, convirtiendo éstas en un tianguis (mercado) subterráneo.
Los ambulantes que por las tardes ofrecen sus productos en la vía pública llegan al subterráneo por las noches tender sus puestos en los pasillos y rematar su mercancía entre los usuarios nocturnos.
Marco Antonio Torres, especialista del Centro de Investigación Laboral de la Unión de Juristas de México, advirtió que el problema del desempleo en México está al límite. "Es más fácil para las personas ir y comprar mercancías piratas (ilegales) y venderlas en las calles, que conseguir un empleo", indicó.
Mencionó que a pesar de que el ambulantaje es una actividad prohibida por las autoridades, las personas "luchan y se arriesgan para encontrar la forma de mantener a sus familias".
©univisión
Ciudad de México, México. En los atiborrados vagones y pasillos del Metro, miles de mexicanos trabajan ilegalmente, son vendedores ambulantes como Raúl Reyes, quien hace dos meses perdió su empleo y ha tenido que aventurarse en las entrañas de la Ciudad de México para sobrevivir vendiendo discos piratas.Las calles de la urbe no parecen suficientes para el comercio informal, por lo que como Reyes, muchos desempleados han encontrado una alternativa en el ambulantaje subterráneo.
Se llaman a sí mismos vagoneros' y desafían a policía, van de carro en carro con dulces, encendedores, rastrillos, pomadas, películas y discos piratas, libros, periódicos, pilas, e incluso herramientas, todo por unos cuantos pesos.
Reyes narró a Univison Online que trabajaba en una empresa de mensajería, "hace como dos meses me corrieron, no he podido encontrar empleo, así que me vine al Metro a vender discos".
En los carros del Sistema de Transporte Colectivo (STC), al que popularmente se conoce como Metro, se mueven a diario unos tres mil 500 vagoneros. Los datos oficiales indican que se dedican al comercio ilegal y subterráneo.
Los ambulantes ganan entre 80 y 100 pesos diarios (unos ocho o 10 dólares), según el producto que vendan: chicles y dulces de dos pesos (20 centavos de dólar), películas y discos compactos de 10 pesos (un dólar), libros de 15 pesos (1.5 dólares), entre otros.
En los andenes no hay discriminación, hay niños vendedores, lo mismo que mujeres y hombres. Gloria Pérez recordó que hace cuatro años enviudó, no tiene estudios y debe mantener a sus cuatro hijos. Es originaria de Tehuacán, Puebla, y para ella no hay trabajo en la ciudad, donde es dura la competencia, más "para quienes no tienen preparación", se lamentó.
Las carencias la llevaron a vender pistaches en el Metro; lo hace de las nueve de la mañana a las tres de la tarde. El trabajo, agregó, "es cómodo porque me permite obtener dinero para los gastos del hogar sin desatender a mis hijos".
Invasión Subterránea
Gloria Pérez es una luchadora y afirmó que será vagonera a pesar de que en el Metro hay mafias que controlan el comercio informal, sus miembros asignan territorios y cobran mil 500 pesos (150 dólares) para desarrollar su trabajo subterráneo e ilegal.
Es curioso pero las prohibiciones oficiales no le preocupan, ya que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo "nos retienen una hora en la permanencia (oficina) o nos llevan a la delegación, donde pasas 24 horas".
Se trata de un rico territorio, el de las nueve líneas del Metro en el cual utilizan diariamente unos seis millones personas, y hacia las nueve de la noche, los ambulantes toman los pasillos, andenes y escaleras de las estaciones, convirtiendo éstas en un tianguis (mercado) subterráneo.
Los ambulantes que por las tardes ofrecen sus productos en la vía pública llegan al subterráneo por las noches tender sus puestos en los pasillos y rematar su mercancía entre los usuarios nocturnos.
Marco Antonio Torres, especialista del Centro de Investigación Laboral de la Unión de Juristas de México, advirtió que el problema del desempleo en México está al límite. "Es más fácil para las personas ir y comprar mercancías piratas (ilegales) y venderlas en las calles, que conseguir un empleo", indicó.
Mencionó que a pesar de que el ambulantaje es una actividad prohibida por las autoridades, las personas "luchan y se arriesgan para encontrar la forma de mantener a sus familias".
©univisión
MILES DE NIÑOS EN CONDICIÓN DE SERVIDUMBRE DOMÉSTICA EN CENTROAMÉRICA
Miles de niños están bajo un régimen de servidumbre doméstica en Centroamérica, una forma de explotación de trabajo infantil "inaceptable" que muchas veces implica maltrato físico y abuso sexual, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Managua, Nicaragua. Unos 175.000 menores entre 8 y 14 años, principalmente niñas, realizan más de 1.000 tareas de tipo doméstico en jornadas de trabajo de 12 y hasta 15 horas diarias, muchas veces sin ninguna remuneración, dijo el coordinador regional del programa de erradicación del trabajo Infantil, Rigoberto Astorga, a la AFP.
Las tareas más comunes son lavar, planchar, cuidar niños, ancianos o personas enfermas. "Muchas veces hace todas las ocupaciones de forma simultánea", apuntó Astorga.
El fenómeno del trabajo doméstico infantil se da porque familias pobres -principalmente de zonas rurales- envían a sus hijos a otras comunidades en busca de mejores opciones económicas y de educación.
Según la OIT, el trabajo infantil doméstico es una de las formas de explotación más extendida, pero a la vez la menos investigada porque se desarrolla en el seno de la unidad familiar y no se conoce públicamente.
Un alto porcentaje de las niñas -que son denominadas como "hijas de casa, de crianza, nanas o sirvientas"- no reciben una remuneración económica sino que, a cambio de su trabajo, obtienen ropa, comida y techo, según las investigaciones efectuadas por OIT.
Esta práctica se ve como normal porque "los mismos afectados no consideran que su actividad es un trabajo, sino una ayuda a los mayores en los quehaceres domésticos".
En tanto, las personas que emplean a niños consideran que no es un trabajo. La idea es que "'Yo le estoy ayudando, entonces no tengo obligación de pagarle y más bien la niña o el niño tiene que dar las gracias'", mencionó Astorga.
"Me parece inadmisible en una sociedad moderna que alguien tenga que trabajar por techo y comida, eso hace mucho tiempo que se superó", cuestionó Astorga en referencia a la esclavitud.
Los niños servidores domésticos también enfrentan, en muchos casos, el maltrato físico y el abuso sexual.
"Las muchachas muchas veces son usadas para la iniciación sexual de un miembro -principalmente varón- de la casa donde sirven", explicó el funcionario de OIT.
La condición o procedencia social de los menores varía de un país a otro. En Guatemala provienen principalmente de zonas indígenas, mientras que en El Salvador, Panamá y Nicaragua son campesinos y en Costa Rica son inmigrantes.
El trabajo infantil doméstico está asociado a factores culturales, falta de alternativas educativas, desprotección legal y pobreza, señala la OIT.
Las más vulnerables son las niñas, porque en su propio seno familiar son vistas como un "gasto", por lo cual su alejamiento de la casa significa un "ahorro".
En cambio, el niño si trabaja en actividades informales va a traer dinero a la casa y contribuye al ingreso familiar.
Como el problema está arraigado en la sociedad, la solución no son las medidas represivas sino las prácticas culturales y educación para generar conciencia de que "no todos los hijos de familias pobres trabajan, es decir, la pobreza no es condición causa-efecto del trabajo infantil doméstico", dijo Astorga.
©mipunto
Managua, Nicaragua. Unos 175.000 menores entre 8 y 14 años, principalmente niñas, realizan más de 1.000 tareas de tipo doméstico en jornadas de trabajo de 12 y hasta 15 horas diarias, muchas veces sin ninguna remuneración, dijo el coordinador regional del programa de erradicación del trabajo Infantil, Rigoberto Astorga, a la AFP. Las tareas más comunes son lavar, planchar, cuidar niños, ancianos o personas enfermas. "Muchas veces hace todas las ocupaciones de forma simultánea", apuntó Astorga.
El fenómeno del trabajo doméstico infantil se da porque familias pobres -principalmente de zonas rurales- envían a sus hijos a otras comunidades en busca de mejores opciones económicas y de educación.
Según la OIT, el trabajo infantil doméstico es una de las formas de explotación más extendida, pero a la vez la menos investigada porque se desarrolla en el seno de la unidad familiar y no se conoce públicamente.
Un alto porcentaje de las niñas -que son denominadas como "hijas de casa, de crianza, nanas o sirvientas"- no reciben una remuneración económica sino que, a cambio de su trabajo, obtienen ropa, comida y techo, según las investigaciones efectuadas por OIT.
Esta práctica se ve como normal porque "los mismos afectados no consideran que su actividad es un trabajo, sino una ayuda a los mayores en los quehaceres domésticos".
En tanto, las personas que emplean a niños consideran que no es un trabajo. La idea es que "'Yo le estoy ayudando, entonces no tengo obligación de pagarle y más bien la niña o el niño tiene que dar las gracias'", mencionó Astorga.
"Me parece inadmisible en una sociedad moderna que alguien tenga que trabajar por techo y comida, eso hace mucho tiempo que se superó", cuestionó Astorga en referencia a la esclavitud.
Los niños servidores domésticos también enfrentan, en muchos casos, el maltrato físico y el abuso sexual.
"Las muchachas muchas veces son usadas para la iniciación sexual de un miembro -principalmente varón- de la casa donde sirven", explicó el funcionario de OIT.
La condición o procedencia social de los menores varía de un país a otro. En Guatemala provienen principalmente de zonas indígenas, mientras que en El Salvador, Panamá y Nicaragua son campesinos y en Costa Rica son inmigrantes.
El trabajo infantil doméstico está asociado a factores culturales, falta de alternativas educativas, desprotección legal y pobreza, señala la OIT.
Las más vulnerables son las niñas, porque en su propio seno familiar son vistas como un "gasto", por lo cual su alejamiento de la casa significa un "ahorro".
En cambio, el niño si trabaja en actividades informales va a traer dinero a la casa y contribuye al ingreso familiar.
Como el problema está arraigado en la sociedad, la solución no son las medidas represivas sino las prácticas culturales y educación para generar conciencia de que "no todos los hijos de familias pobres trabajan, es decir, la pobreza no es condición causa-efecto del trabajo infantil doméstico", dijo Astorga.
©mipunto
CRISIS DE PANDILLAS EN AMÉRICA CENTRAL - mary jordan
Los motines en las prisiones reflejan una violencia más general en los países pobres.
San Salvador, El Salvador. Granadas caseras comenzaron a explotar la mañana del 18 de agosto en La Esperanza, la cárcel más grande de El Salvador, y los 3.200 reclusos encerrados en la atestada jaula se pusieron desordenadamente en fuga para escapar de las explosiones y ráfagas.
Una batalla entre 400 miembros de la mal afamada banda callejera Mara 18, y el resto de los reclusos, estalló después de semanas de tensión. Cientos de reclusos recogieron cuchillas y palos hechos de bancas de madera quebradas de la capilla y de catres de acero. Cuando terminó la matanza, 31 reclusos yacían muertos, algunos tan escalpados y mutilados que no podían ser reconocidos.
El mortífero motín fue el cuarto más importante en América Central en los últimos veinte meses. Los motines, en los que 216 reclusos fueron cortados a hachazos, decapitados, quemados y matados a balazos, constituyen la prueba más reciente de que las violentas bandas callejeras están agobiando a los países pobres de esta región. Desde vecindarios donde jóvenes agresivos y tatuados extorsionan a los temerosos residentes a prisiones descontroladas donde los pandilleros fabrican granadas, las bandas callejeras son la prioridad de seguridad pública más alta.
"La gente tiene miedo. Está afectando gravemente a nuestra sociedad", dice Wilfredo Avelena, un importante oficial de la policía salvadoreña. "Nunca se vio antes, que los presidentes de la región se reúnan a discutir el problema de las bandas callejeras".
El uso del crack parece contribuir a elevar el nivel de violencia y brutalidad de los crímenes de las pandillas en los últimos dos años, y varios gobiernos centro-americanos han respondido con masivas operaciones policiales. El presidente salvadoreño Tony Saca ha desplegado en las calles a más de mil soldados fuertemente armados para ayudar a la policía nacional en la detención de los cabecillas de las bandas, la mayoría de los cuales pertenecen a dos pandillas, Mara 18 y Mara Salvatrucha.
El problema de las pandillas en América Central tiene una larga historia que comparte con Estados Unidos. Mucha gente que huyó de las guerras civiles de la región en los años setenta y ochenta se asentó en Los Angeles, donde se unieron o formaron pandillas callejeras. En los noventa Estados Unidos aceleraró la deportación de inmigrantes centroamericanos que habían sido condenados por los tribunales.
El año pasado Estados Unidos deportó a casi dos mil personas con antecedentes criminales a este país de 6.5 millones de habitantes, dijeron funcionarios. Muchos de ellos habían vivido la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos; estigmatizados y separados de sus familias aquí, se unieron pronto a los capítulos locales de sus bandas.
En el área de Washington, que tiene la segunda población más grande de salvadoreños del país después de Los Angeles, las actividades de las pandillas han estado creciendo. En lugar de los enormes tatuajes corporales que identifican a los pandilleros de América Central, muchos en Estados Unidos señalan su identificación de manera mucho más discreta, tales como tatuándose el número 18' or MS' por dentro del labio interior. La policía en Virginia del Norte calcula que 2.500 jóvenes pertenecen a alguna pandilla, principalmente a la Mara Salvatrucha, o MS-13.
En El Salvador, "el sistema penitenciario ha sido llevado a sus límites", dijo René Figueroa, ministro del Interior del país. Dijo que el gobierno estaba considerando un plan para internar a algunos pandilleros en granjas de trabajo.
La población penitenciaria de El Salvador se ha duplicado en los últimos cinco años, llegando a 12.000, y 40 por ciento de los reclusos pertenecen a bandas callejeras. Miles de reclusos duermen en el suelo de las cárceles porque no hay sitio para camas, según activistas de derechos humanos y miembros de bandas entrevistados en la prisión. En La Esperanza los reclusos pasan la mayor parte del día al aire libre, lavando sus ropas o platicando, hasta que se los encierra al anochecer en celdas pequeñas y oscuras. Algunos duermen debajo de las camas de los otros.
Debido a que los juicios vinculados a las bandas han atascado el sistema judicial, funcionarios dijeron que gente acusada de delitos menores pasa a menudo un año en la cárcel antes de comparecer. De acuerdo a los archivos de la prisión, la mayoría de los que fueron asesinados en el motín de La Esperanza no eran pandilleros; cuatro de ellos están esperando sus procesos.
Uno de los asesinados en La Esperanza era Jaime Antonio Sánchez, que según los funcionarios estaba a punto de ser puesto en libertad por buena conducta. No era pandillero.
La tía de Sánchez, María Ofelia Ortiz Quinteros dijo que su sobrino, que fue condenado por posesión de drogas, estaba preocupado en sus últimos días en la prisión. "Me dijo: Tengo que alejarme de las pandillas. Les tengo miedo. Me molestan'", contó Ortiz. "La violencia de las pandillas no termina nunca, ni siquiera cuando estás encerrado".
Figueroa, el ministro del Interior, dijo que el gobierno necesitaba construir nuevas cárceles de concreto y acero debido en parte a que los pandilleros a menudo fabrican armas con la madera extraída de la estructura de los edificios carcelarios. Pero dijo que construir prisiones significaba "retirar dinero de los hospitales y escuelas. Hemos usado hasta el último centavo".
Los gobiernos de la región han adoptado populares medidas duras contra las pandillas, incluyendo leyes que hacen más fácil a la policía detener a personas con tatuajes reveladores. Los críticos dijeron que esos métodos, algunos de los cuales han sido declarados inconstitucionales, no han terminado con las pandillas, sino que más bien las han forzado a replegarse a zonas rurales y otros países.
Los estimados 25.000 a 50.000 pandilleros en El Salvador, Honduras y Guatemala se concentraban originalmente en áreas urbanas, dijeron funcionarios. Pero las pandillas ahora están apareciendo en las áreas más remotas de América Central. Aparte de delinquir en zonas urbanas, dijo Figueroa, ahora están aterrorizando a los campesinos y robando sus cosechas.
"Necesito A Mi Pandilla"
"Me gusta pertenecer a una pandilla. Estoy orgulloso de ello", dice Wilmer Antonio Salmerón Molina, 22, que cumple condena por drogas. Cuenta su historia en una prisión blanqueada de un piso en la ciudad de Cojutepeque, a unos 30 kilómetros de San Salvador, la capital.
Hasta hace unas semanas, la prisión albergaba a 46 reclusos no pandilleros. Era una tranquila cárcel en el centro de la tranquila ciudad, con su fachada blanca fundiéndose con la pequeña tienda de la esquina y una barbería cercana. Pero ahora hace parte de los esfuerzos del gobierno de separar a los pandilleros de los otros reclusos. La cárcel de 1930 alberga a 365 miembros de la banda Mara 18, hacinados en celdas colectivas. Casi todos estaban recluidos en La Esperanza durante el motín.
"Gracias a mi pandilla tengo algo para comer", dice Salmerón, sentado en el pequeño despacho de la cárcel con los guardias armados a su lado.
Salmerón, que tiene ojos grandes y acaramelados y un 18' tatuado en su cara, con los números extendiéndose desde la frente hasta la mejilla, dice que nació en El Salvador pero se crió en Los Angeles. Tenía 14 años cuando se unió a Mara 18, un grupo que se originó en la banda de la Calle 18.
"Mi madre me golpeaba con un cinturón con hebilla y con alambres y mi padre no quería saber nada de mí", dice en inglés; lleva vaqueros y una camiseta azul con las mangas arrancadas. La pandilla era su familia, dijo: "Me escapé de casa, y ellos me dieron dinero y un lugar para dormir. Quizás fue un paso equivocado, pero no tenía alternativas".
Dijo que pasó cinco años en un centro correccional juvenil de California acusado de posesión de drogas y fue deportado a El Salvador después de cumplir su condena. Sus familiares no quisieron saber nada de él cuando vieron su cara tatuada, dijo, así que buscó a otros pandilleros de Mara 18 en San Salvador.
"Soy nada sin mi pandilla", dice Salmerón. "¿Mi futuro? ¿Dime: Tengo otras alternativas? No puedo vivir solo. No tengo a nadie. Necesito a mi pandilla".
Para unirse a Mara 18 hay que pasar por un rito de iniciación, dice Salmerón, flemático. Los que quieran ser miembros deben estar dispuestos a matar a un miembro de una pandilla rival. "Te dan un arma para ver si tienes los cojones de usarla", dice, sonriendo nerviosamente. Se negó a decir si él había matado a alguien, pero habló con repugnancia de la pandilla rival Mara Salvatrucha. Dijo que un pandillero le disparó a su novia en la cara. Ella perdió un ojo.
"Matan a chicas y a niños"", dice. "Nosotros no somos así".
Justo antes de volver a su pabellón en la cárcel, donde se unirá a cientos de sus compañeros, Salmerón responde a una pregunta sobre cómo la estaba pasando en la cárcel. "Lloro un montón", dice. "Nadie de mi familia me ha venido a ver, ni mi madre, ni mis hermanos, ni mi hermana".
"Iremos A La Guerra"
Jaime Martínez Ventura, director del Centro de Estudios Penales, dice que muchos pandilleros están atrapados. Quieren abandonar esa vida de violencia, pero corren el peligro de ser asesinados por miembros de pandillas rivales. Hay una gran cantidad de jóvenes en El Salvador -la edad media es de 21 años- y no hay trabajo, dice Martínez. Muchos de los adolescentes más pobres viven en hogares de padres separados, a menudo porque uno o los dos padres trabajan en Estados Unidos.
El hacinamiento -en la cárcel los pandilleros viven a menudo atiborrados en grupos de 30 o 40 reclusos en celdas diseñadas para 10- ha "radicalizado" el problema, dice Martínez. Mientras unos reclusos están en la cárcel por homicidio, la mayoría está tras las rejas por vender crack o por robo o delitos menores, incluyendo "asociación ilícita", una nueva figura legal que transforma en delito que dos miembros de una banda se encuentren juntos. Dice que los jóvenes se unen a las pandillas porque "no tienen un lugar para jugar, ni escuelas decentes, ni trabajos" y muchos de ellos se inician en delitos más serios dentro de las prisiones, donde el uso de drogas es desenfrenado.
Para las pandillas, las redadas significan que se les ha declarado la guerra. "Es una guerra. El gobierno está utilizando todo su poder, incluso soldados. Y el sentimiento que tienen es que si el gobierno les está declarando la guerra, que irán a la guerra".
Ortiz, 71, cuyo sobrino debía ser liberado de La Esperanza, dice que ella se ocupó de criar a su sobrino tras la muerte de su padre y después de que su madre huyera del país durante la guerra civil. Lo visitaba en la prisión todos los domingos. Su última visita fue el 22 de agosto, cuatro días antes del motín.
La canosa mujer, que trabajó durante 30 años haciendo galletas para una repostería, le llevaba su comida favorita, estofado de pollo y patatas, y caramelos y pan. Llora cuando recuerda que estuvo esperándolo sola en el caluroso patio de visitas de la cárcel. Finalmente alguien le contó la noticia -que su sobrino ya no estaba ahí. Le dijeron que lo fuera a ver en la morgue de la ciudad.
17 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
San Salvador, El Salvador. Granadas caseras comenzaron a explotar la mañana del 18 de agosto en La Esperanza, la cárcel más grande de El Salvador, y los 3.200 reclusos encerrados en la atestada jaula se pusieron desordenadamente en fuga para escapar de las explosiones y ráfagas.Una batalla entre 400 miembros de la mal afamada banda callejera Mara 18, y el resto de los reclusos, estalló después de semanas de tensión. Cientos de reclusos recogieron cuchillas y palos hechos de bancas de madera quebradas de la capilla y de catres de acero. Cuando terminó la matanza, 31 reclusos yacían muertos, algunos tan escalpados y mutilados que no podían ser reconocidos.
El mortífero motín fue el cuarto más importante en América Central en los últimos veinte meses. Los motines, en los que 216 reclusos fueron cortados a hachazos, decapitados, quemados y matados a balazos, constituyen la prueba más reciente de que las violentas bandas callejeras están agobiando a los países pobres de esta región. Desde vecindarios donde jóvenes agresivos y tatuados extorsionan a los temerosos residentes a prisiones descontroladas donde los pandilleros fabrican granadas, las bandas callejeras son la prioridad de seguridad pública más alta.
"La gente tiene miedo. Está afectando gravemente a nuestra sociedad", dice Wilfredo Avelena, un importante oficial de la policía salvadoreña. "Nunca se vio antes, que los presidentes de la región se reúnan a discutir el problema de las bandas callejeras".
El uso del crack parece contribuir a elevar el nivel de violencia y brutalidad de los crímenes de las pandillas en los últimos dos años, y varios gobiernos centro-americanos han respondido con masivas operaciones policiales. El presidente salvadoreño Tony Saca ha desplegado en las calles a más de mil soldados fuertemente armados para ayudar a la policía nacional en la detención de los cabecillas de las bandas, la mayoría de los cuales pertenecen a dos pandillas, Mara 18 y Mara Salvatrucha.
El problema de las pandillas en América Central tiene una larga historia que comparte con Estados Unidos. Mucha gente que huyó de las guerras civiles de la región en los años setenta y ochenta se asentó en Los Angeles, donde se unieron o formaron pandillas callejeras. En los noventa Estados Unidos aceleraró la deportación de inmigrantes centroamericanos que habían sido condenados por los tribunales.
El año pasado Estados Unidos deportó a casi dos mil personas con antecedentes criminales a este país de 6.5 millones de habitantes, dijeron funcionarios. Muchos de ellos habían vivido la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos; estigmatizados y separados de sus familias aquí, se unieron pronto a los capítulos locales de sus bandas.
En el área de Washington, que tiene la segunda población más grande de salvadoreños del país después de Los Angeles, las actividades de las pandillas han estado creciendo. En lugar de los enormes tatuajes corporales que identifican a los pandilleros de América Central, muchos en Estados Unidos señalan su identificación de manera mucho más discreta, tales como tatuándose el número 18' or MS' por dentro del labio interior. La policía en Virginia del Norte calcula que 2.500 jóvenes pertenecen a alguna pandilla, principalmente a la Mara Salvatrucha, o MS-13.
En El Salvador, "el sistema penitenciario ha sido llevado a sus límites", dijo René Figueroa, ministro del Interior del país. Dijo que el gobierno estaba considerando un plan para internar a algunos pandilleros en granjas de trabajo.
La población penitenciaria de El Salvador se ha duplicado en los últimos cinco años, llegando a 12.000, y 40 por ciento de los reclusos pertenecen a bandas callejeras. Miles de reclusos duermen en el suelo de las cárceles porque no hay sitio para camas, según activistas de derechos humanos y miembros de bandas entrevistados en la prisión. En La Esperanza los reclusos pasan la mayor parte del día al aire libre, lavando sus ropas o platicando, hasta que se los encierra al anochecer en celdas pequeñas y oscuras. Algunos duermen debajo de las camas de los otros.
Debido a que los juicios vinculados a las bandas han atascado el sistema judicial, funcionarios dijeron que gente acusada de delitos menores pasa a menudo un año en la cárcel antes de comparecer. De acuerdo a los archivos de la prisión, la mayoría de los que fueron asesinados en el motín de La Esperanza no eran pandilleros; cuatro de ellos están esperando sus procesos.
Uno de los asesinados en La Esperanza era Jaime Antonio Sánchez, que según los funcionarios estaba a punto de ser puesto en libertad por buena conducta. No era pandillero.
La tía de Sánchez, María Ofelia Ortiz Quinteros dijo que su sobrino, que fue condenado por posesión de drogas, estaba preocupado en sus últimos días en la prisión. "Me dijo: Tengo que alejarme de las pandillas. Les tengo miedo. Me molestan'", contó Ortiz. "La violencia de las pandillas no termina nunca, ni siquiera cuando estás encerrado".
Figueroa, el ministro del Interior, dijo que el gobierno necesitaba construir nuevas cárceles de concreto y acero debido en parte a que los pandilleros a menudo fabrican armas con la madera extraída de la estructura de los edificios carcelarios. Pero dijo que construir prisiones significaba "retirar dinero de los hospitales y escuelas. Hemos usado hasta el último centavo".
Los gobiernos de la región han adoptado populares medidas duras contra las pandillas, incluyendo leyes que hacen más fácil a la policía detener a personas con tatuajes reveladores. Los críticos dijeron que esos métodos, algunos de los cuales han sido declarados inconstitucionales, no han terminado con las pandillas, sino que más bien las han forzado a replegarse a zonas rurales y otros países.
Los estimados 25.000 a 50.000 pandilleros en El Salvador, Honduras y Guatemala se concentraban originalmente en áreas urbanas, dijeron funcionarios. Pero las pandillas ahora están apareciendo en las áreas más remotas de América Central. Aparte de delinquir en zonas urbanas, dijo Figueroa, ahora están aterrorizando a los campesinos y robando sus cosechas.
"Necesito A Mi Pandilla"
"Me gusta pertenecer a una pandilla. Estoy orgulloso de ello", dice Wilmer Antonio Salmerón Molina, 22, que cumple condena por drogas. Cuenta su historia en una prisión blanqueada de un piso en la ciudad de Cojutepeque, a unos 30 kilómetros de San Salvador, la capital.
Hasta hace unas semanas, la prisión albergaba a 46 reclusos no pandilleros. Era una tranquila cárcel en el centro de la tranquila ciudad, con su fachada blanca fundiéndose con la pequeña tienda de la esquina y una barbería cercana. Pero ahora hace parte de los esfuerzos del gobierno de separar a los pandilleros de los otros reclusos. La cárcel de 1930 alberga a 365 miembros de la banda Mara 18, hacinados en celdas colectivas. Casi todos estaban recluidos en La Esperanza durante el motín.
"Gracias a mi pandilla tengo algo para comer", dice Salmerón, sentado en el pequeño despacho de la cárcel con los guardias armados a su lado.
Salmerón, que tiene ojos grandes y acaramelados y un 18' tatuado en su cara, con los números extendiéndose desde la frente hasta la mejilla, dice que nació en El Salvador pero se crió en Los Angeles. Tenía 14 años cuando se unió a Mara 18, un grupo que se originó en la banda de la Calle 18.
"Mi madre me golpeaba con un cinturón con hebilla y con alambres y mi padre no quería saber nada de mí", dice en inglés; lleva vaqueros y una camiseta azul con las mangas arrancadas. La pandilla era su familia, dijo: "Me escapé de casa, y ellos me dieron dinero y un lugar para dormir. Quizás fue un paso equivocado, pero no tenía alternativas".
Dijo que pasó cinco años en un centro correccional juvenil de California acusado de posesión de drogas y fue deportado a El Salvador después de cumplir su condena. Sus familiares no quisieron saber nada de él cuando vieron su cara tatuada, dijo, así que buscó a otros pandilleros de Mara 18 en San Salvador.
"Soy nada sin mi pandilla", dice Salmerón. "¿Mi futuro? ¿Dime: Tengo otras alternativas? No puedo vivir solo. No tengo a nadie. Necesito a mi pandilla".
Para unirse a Mara 18 hay que pasar por un rito de iniciación, dice Salmerón, flemático. Los que quieran ser miembros deben estar dispuestos a matar a un miembro de una pandilla rival. "Te dan un arma para ver si tienes los cojones de usarla", dice, sonriendo nerviosamente. Se negó a decir si él había matado a alguien, pero habló con repugnancia de la pandilla rival Mara Salvatrucha. Dijo que un pandillero le disparó a su novia en la cara. Ella perdió un ojo.
"Matan a chicas y a niños"", dice. "Nosotros no somos así".
Justo antes de volver a su pabellón en la cárcel, donde se unirá a cientos de sus compañeros, Salmerón responde a una pregunta sobre cómo la estaba pasando en la cárcel. "Lloro un montón", dice. "Nadie de mi familia me ha venido a ver, ni mi madre, ni mis hermanos, ni mi hermana".
"Iremos A La Guerra"
Jaime Martínez Ventura, director del Centro de Estudios Penales, dice que muchos pandilleros están atrapados. Quieren abandonar esa vida de violencia, pero corren el peligro de ser asesinados por miembros de pandillas rivales. Hay una gran cantidad de jóvenes en El Salvador -la edad media es de 21 años- y no hay trabajo, dice Martínez. Muchos de los adolescentes más pobres viven en hogares de padres separados, a menudo porque uno o los dos padres trabajan en Estados Unidos.
El hacinamiento -en la cárcel los pandilleros viven a menudo atiborrados en grupos de 30 o 40 reclusos en celdas diseñadas para 10- ha "radicalizado" el problema, dice Martínez. Mientras unos reclusos están en la cárcel por homicidio, la mayoría está tras las rejas por vender crack o por robo o delitos menores, incluyendo "asociación ilícita", una nueva figura legal que transforma en delito que dos miembros de una banda se encuentren juntos. Dice que los jóvenes se unen a las pandillas porque "no tienen un lugar para jugar, ni escuelas decentes, ni trabajos" y muchos de ellos se inician en delitos más serios dentro de las prisiones, donde el uso de drogas es desenfrenado.
Para las pandillas, las redadas significan que se les ha declarado la guerra. "Es una guerra. El gobierno está utilizando todo su poder, incluso soldados. Y el sentimiento que tienen es que si el gobierno les está declarando la guerra, que irán a la guerra".
Ortiz, 71, cuyo sobrino debía ser liberado de La Esperanza, dice que ella se ocupó de criar a su sobrino tras la muerte de su padre y después de que su madre huyera del país durante la guerra civil. Lo visitaba en la prisión todos los domingos. Su última visita fue el 22 de agosto, cuatro días antes del motín.
La canosa mujer, que trabajó durante 30 años haciendo galletas para una repostería, le llevaba su comida favorita, estofado de pollo y patatas, y caramelos y pan. Llora cuando recuerda que estuvo esperándolo sola en el caluroso patio de visitas de la cárcel. Finalmente alguien le contó la noticia -que su sobrino ya no estaba ahí. Le dijeron que lo fuera a ver en la morgue de la ciudad.
17 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh