LULA DA SILVA QUIERE LIMITAR LIBERTAD DE PRENSA Y DE OPINIÓN - larry rohter
Una propuesta de ley inepta y sospechosamente inoportuna pretende limitar la libertad prensa y de expresión. Es la primera vez desde el retorno de la democracia que se propone leyes dictatoriales de limitación de una de las libertades cívicas más importantes.
Río de Janeiro, Brasil. Un plan del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para crear un consejo nacional de periodistas para regular a la bulliciosa prensa brasileña ha provocado cada vez más críticas aquí. Las organizaciones de prensa que serían afectadas por la ley la califican de una seria amenaza a la libertad de expresión aquí desde que se derrocara a la dictadura militar de extrema derecha hace dos décadas.
Según esta ley el consejo tendría atribuciones para "orientar, disciplinar y supervisar" a los periodistas, que serían obligados a inscribirse, ellos y sus trabajos, en el organismo. Las penas por violaciones de los reglamentos del consejo o de sus resoluciones variarían de multas hasta el retiro del permiso oficial de los periodistas, lo que en teoría impediría que los infractores volvieran a ejercer su profesión.
La ley, que fue presentada en agosto, ha sido duramente criticada no sólo por los periodistas sino también por grupos de derechos humanos y asociaciones que representan a abogados y jueces. En una protesta típica, la Asociación Nacional de Magistrados acusó al gobierno de sucumbir a la "lógica autoritaria" y dijo que Brasil "no necesita ningún organismo con poderes para poner grilletes a la libertad de expresión".
El gobierno también prepara leyes que establecerán una Agencia Nacional Audiovisual y de Cine, que tendría autoridad para resolver si los programas de televisión están a la altura de una "responsabilidad editorial" y de exigir a los productores de programas de televisión y de cine de trabajar "en armonía con los objetivos de desarrollo social del país". La propuesta ha sido ampliamente criticada por las cadenas de televisión y directores de cine.
Después de prometer que redefiniría los "artículos [de la ley] que huelen a autoritarismo", el ministro de Cultura, Gilberto Gil, acordó la semana pasada suavizar los pasajes sobre el cine, la televisión y la radio en la propuesta.
Pero el gobierno no ha mostrado la misma disponibilidad a retirar el consejo de prensa, que sería nominalmente autónomo con las características de un sindicato.
"En una sociedad, ningún derecho es absoluto", dijo hace poco Luiz Gushiken, el principal asesor sobre temas de comunicación de Da Silva. En una reunión pública con proponentes del consejo en abril en el palacio presidencial, Gushiken dijo también que los medios de comunicación brasileños deberían adoptar "una actitud positiva" y dejar de "explotar las contradicciones que fomentan la discordia y los conflictos personales".
En realidad, importantes personeros de gobierno han caracterizado las protestas contra la ley como un ejemplo del tipo de abuso de los medios de comunicación que el nuevo sistema quiere prevenir. "Están tratando de limitar el debate con gritos, de ganar provocando disturbios, y eso es autoritarismo", dijo José Dirceu de Oliveira e Silva, el jefe de gabinete de Da Silva.
El gobierno de Da Silva se enfrenta a una serie de acusaciones de corrupción y de irregularidades administrativas, todas ampliamente comentadas en los medios de comunicación.
Este año los casos incluyeron acusaciones de que el asistente jefe de Dirceu pidió donaciones para campañas políticas a operadores de apuestas ilegales, y escándalos sobre transferencias de dinero por el presidente del banco central y prácticas de recaudación de fondos del tesorero del partido gobernante.
Funcionarios de prensa del gobierno han negado repetidas veces cualquier relación entre esos incidentes y los planes de regulación de la prensa. Pero otros funcionarios de gobierno han criticado el tono general de la reciente cobertura del primer gobierno de izquierda elegido, que asumió en enero de 2003 con amplio apoyo, pero que desde entonces ha perdido gradualmente popularidad.
"Estamos navegando sobre una ola de acusaciones en Brasil", dijo hace poco el ministro de Justicia Márcio Thomaz Bastos. "Son acusaciones sin el control de la verificación o investigación, que destruyen reputaciones y ponen a las personas en posición defensiva".
Los líderes de la oposición han replicado que el Partido de los Trabajadores de Da Silva estuvo él mismo en la oposición durante veinte años, denunciando frecuentemente la supuesta corrupción del gobierno y entregando expedientes comprometedores a la prensa. Acusan a Da Silva, antiguo líder del sindicato de obreros metalúrgicos cuyo partido llegó al poder por primera vez, de hipocresía y conducta anti-democrática.
"El Partido de los Trabajadores y el presidente han llegado a la conclusión de que su gobierno no puede ser criticado", dijo José Carlos Aleluia, líder del grupo parlamentario de un partido conservador en la oposición. "Si la oposición desempeña su papel, actúa de manera perjudicial, y si la prensa hace una acusación, se trata de una provocación impertinente e irresponsable. Así les pone una mordaza".
Da Silva ha defendido enérgicamente la propuesta, a veces con un lenguaje que en sí mismo ha provocado críticas adicionales. "Te dará una entrevista cuando empieces a defender al consejo de prensa", dijo a mediados de agosto en lo que parecía ser una broma.
En otra ocasión, usando un enfoque similar, dijo a los periodistas que cubrían uno de sus viajes al extranjero que "ustedes son una manga de cobardes" por no apoyar su plan.
Un líder de la oposición replicó que "Lula está sufriendo el efecto Chávez", una referencia a los ataques contra los medios de comunicación en Venezuela por el presidente Hugo Chávez. Pero el presidente del Partido de los Trabajadores, José Genoino, minimizó las observaciones de Da Silva, diciendo que se estaba "descargando más como dirigente sindical" que "expresando la posición del gobierno".
El gobierno de Da Silva también ha emitido un nuevo "código de ética" para funcionarios del gobierno que prohíbe a todos, excepto ministros del gabinete y portavoces, discutir investigaciones oficiales con periodistas. El presidente de la Corte Suprema, Edison Vidigal, dijo que la medida mostraba "un cierto terrorismo" y sugirió que era inconstitucional.
Funcionarios de gobierno han prometido que el consejo de prensa sería un cuerpo profesional, similar a los que regulan las actividades de los doctores, ingenieros y abogados, y que no sería controlado políticamente. El propósito es "garantizar una sociedad de completa libertad de prensa, y no la libertad para algunos profesionales y compañías de publicar lo que quieran, al servicio de sus propios intereses", escribió Ricardo Kotscho, secretario de prensa del presidente, en un ensayo de amplia circulación.
Alberto Dines, un columnista de toda la vida y editor, calificó la iniciativa de "la más inepta y desconcertante en el área de la prensa que haya propuesto un gobierno desde el retorno a la democracia en 1985", en un ensayo en el sitio en la red del Press Observer, que monitora los medios de comunicación. "En momentos en que el gobierno está siendo acosado por acusaciones, no puede proponer algo como esto, que propone castigar a los periodistas".
5 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
Río de Janeiro, Brasil. Un plan del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para crear un consejo nacional de periodistas para regular a la bulliciosa prensa brasileña ha provocado cada vez más críticas aquí. Las organizaciones de prensa que serían afectadas por la ley la califican de una seria amenaza a la libertad de expresión aquí desde que se derrocara a la dictadura militar de extrema derecha hace dos décadas.Según esta ley el consejo tendría atribuciones para "orientar, disciplinar y supervisar" a los periodistas, que serían obligados a inscribirse, ellos y sus trabajos, en el organismo. Las penas por violaciones de los reglamentos del consejo o de sus resoluciones variarían de multas hasta el retiro del permiso oficial de los periodistas, lo que en teoría impediría que los infractores volvieran a ejercer su profesión.
La ley, que fue presentada en agosto, ha sido duramente criticada no sólo por los periodistas sino también por grupos de derechos humanos y asociaciones que representan a abogados y jueces. En una protesta típica, la Asociación Nacional de Magistrados acusó al gobierno de sucumbir a la "lógica autoritaria" y dijo que Brasil "no necesita ningún organismo con poderes para poner grilletes a la libertad de expresión".
El gobierno también prepara leyes que establecerán una Agencia Nacional Audiovisual y de Cine, que tendría autoridad para resolver si los programas de televisión están a la altura de una "responsabilidad editorial" y de exigir a los productores de programas de televisión y de cine de trabajar "en armonía con los objetivos de desarrollo social del país". La propuesta ha sido ampliamente criticada por las cadenas de televisión y directores de cine.
Después de prometer que redefiniría los "artículos [de la ley] que huelen a autoritarismo", el ministro de Cultura, Gilberto Gil, acordó la semana pasada suavizar los pasajes sobre el cine, la televisión y la radio en la propuesta.
Pero el gobierno no ha mostrado la misma disponibilidad a retirar el consejo de prensa, que sería nominalmente autónomo con las características de un sindicato.
"En una sociedad, ningún derecho es absoluto", dijo hace poco Luiz Gushiken, el principal asesor sobre temas de comunicación de Da Silva. En una reunión pública con proponentes del consejo en abril en el palacio presidencial, Gushiken dijo también que los medios de comunicación brasileños deberían adoptar "una actitud positiva" y dejar de "explotar las contradicciones que fomentan la discordia y los conflictos personales".
En realidad, importantes personeros de gobierno han caracterizado las protestas contra la ley como un ejemplo del tipo de abuso de los medios de comunicación que el nuevo sistema quiere prevenir. "Están tratando de limitar el debate con gritos, de ganar provocando disturbios, y eso es autoritarismo", dijo José Dirceu de Oliveira e Silva, el jefe de gabinete de Da Silva.
El gobierno de Da Silva se enfrenta a una serie de acusaciones de corrupción y de irregularidades administrativas, todas ampliamente comentadas en los medios de comunicación.
Este año los casos incluyeron acusaciones de que el asistente jefe de Dirceu pidió donaciones para campañas políticas a operadores de apuestas ilegales, y escándalos sobre transferencias de dinero por el presidente del banco central y prácticas de recaudación de fondos del tesorero del partido gobernante.
Funcionarios de prensa del gobierno han negado repetidas veces cualquier relación entre esos incidentes y los planes de regulación de la prensa. Pero otros funcionarios de gobierno han criticado el tono general de la reciente cobertura del primer gobierno de izquierda elegido, que asumió en enero de 2003 con amplio apoyo, pero que desde entonces ha perdido gradualmente popularidad.
"Estamos navegando sobre una ola de acusaciones en Brasil", dijo hace poco el ministro de Justicia Márcio Thomaz Bastos. "Son acusaciones sin el control de la verificación o investigación, que destruyen reputaciones y ponen a las personas en posición defensiva".
Los líderes de la oposición han replicado que el Partido de los Trabajadores de Da Silva estuvo él mismo en la oposición durante veinte años, denunciando frecuentemente la supuesta corrupción del gobierno y entregando expedientes comprometedores a la prensa. Acusan a Da Silva, antiguo líder del sindicato de obreros metalúrgicos cuyo partido llegó al poder por primera vez, de hipocresía y conducta anti-democrática.
"El Partido de los Trabajadores y el presidente han llegado a la conclusión de que su gobierno no puede ser criticado", dijo José Carlos Aleluia, líder del grupo parlamentario de un partido conservador en la oposición. "Si la oposición desempeña su papel, actúa de manera perjudicial, y si la prensa hace una acusación, se trata de una provocación impertinente e irresponsable. Así les pone una mordaza".
Da Silva ha defendido enérgicamente la propuesta, a veces con un lenguaje que en sí mismo ha provocado críticas adicionales. "Te dará una entrevista cuando empieces a defender al consejo de prensa", dijo a mediados de agosto en lo que parecía ser una broma.
En otra ocasión, usando un enfoque similar, dijo a los periodistas que cubrían uno de sus viajes al extranjero que "ustedes son una manga de cobardes" por no apoyar su plan.
Un líder de la oposición replicó que "Lula está sufriendo el efecto Chávez", una referencia a los ataques contra los medios de comunicación en Venezuela por el presidente Hugo Chávez. Pero el presidente del Partido de los Trabajadores, José Genoino, minimizó las observaciones de Da Silva, diciendo que se estaba "descargando más como dirigente sindical" que "expresando la posición del gobierno".
El gobierno de Da Silva también ha emitido un nuevo "código de ética" para funcionarios del gobierno que prohíbe a todos, excepto ministros del gabinete y portavoces, discutir investigaciones oficiales con periodistas. El presidente de la Corte Suprema, Edison Vidigal, dijo que la medida mostraba "un cierto terrorismo" y sugirió que era inconstitucional.
Funcionarios de gobierno han prometido que el consejo de prensa sería un cuerpo profesional, similar a los que regulan las actividades de los doctores, ingenieros y abogados, y que no sería controlado políticamente. El propósito es "garantizar una sociedad de completa libertad de prensa, y no la libertad para algunos profesionales y compañías de publicar lo que quieran, al servicio de sus propios intereses", escribió Ricardo Kotscho, secretario de prensa del presidente, en un ensayo de amplia circulación.
Alberto Dines, un columnista de toda la vida y editor, calificó la iniciativa de "la más inepta y desconcertante en el área de la prensa que haya propuesto un gobierno desde el retorno a la democracia en 1985", en un ensayo en el sitio en la red del Press Observer, que monitora los medios de comunicación. "En momentos en que el gobierno está siendo acosado por acusaciones, no puede proponer algo como esto, que propone castigar a los periodistas".
5 de septiembre de 2004
24 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA
1 - VENEZUELA PREDICARÁ EN LA OPEP "PRECIOS JUSTOS" COMO ANTÍDOTO PARA LA POBREZA
2 - PIQUETEROS ARGENTINOS ANUNCIAN EXTENSIÓN DE SU LUCHA A URUGUAY
3 - LA VOZ DE ALLENDE SE ESCUCHÓ EN UN SENTIDO HOMENAJE A 31 AÑOS DE SU MUERTE
4 - JUSTICIA DE BRASIL ORDENA ENCARCELACIÓN DE 16 POLICÍAS ACUSADOS DE ASESINATO
5 - PINOCHET, EL ÚLTIMO SOBREVIVIENTE DEL GOLPE CONTRA ALLENDE
6 - MILES DE NIÑAS POBRES SE SOMETEN EN MÉXICO A LA RIGIDEZ DE UN INTERNADO COREANO
7 - BANDAS DE LADRONES PERUANOS Y BOLIVIANOS SE DIVIDEN TERRITORIOS EN LA PAZ
8 - SEVERAS PENAS CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN URUGUAY
París, Francia. El gobierno de Venezuela, fortalecido tras el referéndum del 15 de agosto, quiere poner el petróleo al servicio del desarrollo y encontrar un "precio justo" del barril que le permita reducir el número de pobres en el país, explicó este viernes a la AFP el ministro de Relaciones Exteriores de Caracas, Jesús Arnaldo Pérez.
En un contexto de mercados inestables, Venezuela, único miembro latinoamericano de la Organización de Países Exportadores (OPEP) y quinto exportador mundial, dedicará la mayor parte de los beneficios a disminuir su "deuda interna", es decir las graves necesidades en vivienda, salud o agricultura.
"¿Qué es un precio justo actualmente? Aquel que nos permita recuperar las inversiones, invertir en políticas sociales, desarrollarnos y pagar la deuda externa", explicó el canciller a su retorno de una gira por Irán, China e India destinada a preparar una visita del presidente Hugo Chávez que tendrá lugar en el primer trimestre el próximo año.
Según Pérez, Venezuela tiene a sus espaldas "un siglo de historia petrolera" y sin embargo cuando se ven los índices de desarrollo del país, "queda claro que no hubo ninguna política de cooperación ni beneficio mutuo entre productores y compradores".
"Tal vez nos quede otro siglo de petróleo y hay que usarlo para construir desarrollo. El petróleo hoy por hoy es indispensable para el proyecto del gobierno de Venezuela", aseguró.
Caracas, que tiene una cuota de producción de 2,992 millones de barriles diarios de los que 1,5 millones van a Estados Unidos, predica junto con Irán en la OPEP una defensa de los precios justos del crudo pese a que la Organización no tiene cómo controlar el nerviosismo del mercado, provocado actualmente por razones externas como la violencia en Irak.
Pérez confirmó que en la próxima reunión de la entidad, la semana próxima en Viena, se estudiarán los nuevos márgenes en que deben oscilar los precios del barril ya que los actuales límites (22-28 dólares) "se quedaron viejos".
"Probablemente el límite superior, es decir 28 dólares, será en adelante el inferior", admitió, garantizando que Venezuela no usará en ningún caso el petróleo como arma y respetará sus contratos.
En su gira por Irán, China e India, la cuestión energética tuvo gran importancia, sobre todo en Nueva Delhi, donde el crecimiento económico del país es proporcional a una gran demanda de energía, lo cual favoreció la firma de acuerdos con la estatal venezolana PVDSA.
No obstante, en los tres países, donde el presidente Chávez acudirá en breve, el canciller venezolano destacó la necesidad de "diversificar" las relaciones, demasiado centradas en el petróleo, y orientarlas también a campos como la lucha contra la pobreza, el desarrollo tecnológico o la producción de medicamentos genéricos.
La visita del ministro a estos países también tuvo por fin explicar a estos asociados comerciales que Venezuela entró en una nueva etapa tras el referéndum del pasado 15 de agosto que confirmó en el poder a Hugo Chávez.
"Los venezolanos han resuelto sus problemas en solitario, sin tutores y la democracia ha salido fortalecida. Nadie tiene que tener miedo de un país tan democrático aunque a algunos Estados les haga falta tiempo para entender qué está pasando", afirmó.
Según Pérez, la oposición venezolana en este momento es "inexistente" y vive "aislada y anclada en el pasado". El canciller aseguró que tras el referéndum comenzó una nueva fase de la "revolución bolivariana en Venezuela" y garantizó que Chávez goza de la misma legitimidad que sus homólogos latinoamericanos.
Destacó especialmente las próximas reuniones del mandatario venezolano con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en Manaus (Amazonia brasileña) y con el chileno Ricardo Lagos y otros líderes europeos y latinoamericanos en Nueva York el día 20.
"Con la llegada de Martín Torrijos a Panamá, nuestro diálogo bilateral mejorará sin duda. Por otra parte, nuestra relación con México es excelente, al igual que con Argentina. Chávez tiene el apoyo de toda América Latina", concluyó.
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PIQUETEROS ARGENTINOS ANUNCIAN EXTENSIÓN DE SU LUCHA A URUGUAY
Montevideo, Uruguay. El movimiento "piquetero" argentino extenderá sus acciones a Uruguay a través de la creación de un centro similar en este país, en el marco de la promoción de una "red latinoamericana" de piqueteros, declaró este viernes la dirigente Nina Peloso.
"Vamos a ir para allá y vamos a crear un centro piquetero en Uruguay", aseguró Peloso, esposa del líder piquetero Raúl Castells, al diario digital Observa. La dirigente expresó que la idea es crear "una red latinoamericana" del movimiento piquetero, que en su opinión "no es violento" .
Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados fue detenido el 25 de agosto en Santa Fe por orden de la justicia de la provincia de Chaco (norte de Argentina), que investiga una presunta extorsión a los dueños de un casino.
Peloso confirmó que el movimiento argentino coordina acciones con "compañeros uruguayos, bolivianos y paraguayos, para crear una red piquetera latinoamericana" y precisó que "ya tenemos centros en Bolivia y Paraguay, y pensamos tener uno en Uruguay".
El viaje a Uruguay para instalar un centro piquetero "dependerá de cuándo dejen libre a Raúl (Castells), pero creo que dentro de poco, de aquí a un mes o poco más", manifestó la esposa del líder de jubilados y desocupados.
"Dentro de nuestro movimiento popular tenemos ya compañeros uruguayos que nos ayudarán a llevar nuestra lucha a Uruguay, es muy fácil, cruzamos el charco y listo", añadió, pero tranquilizó a las autoridades locales: "que no tengan miedo, lo que tienen que hacer es darle de comer a la gente y darles tierras para que trabajen, pero antes de tenernos miedo que atiendan estas necesidades".
Los "piqueteros" se hicieron famosos en Argentina por organizar "piquetes" (grupos humanos que actúan como barreras en calles y rutas) para evitar el tránsito normal en las carreteras y cobrar peaje, como forma de protesta.
El candidato a presidente por el Partido Colorado (centroderecha), Guillermo Stirling, mostró este viernes en un acto proselitista con vistas a la elección del 31 de octubre su preocupación por una manifestación trotskista el sábado en Montevideo, para la que se anticipa la presencia del piquetero argentino Néstor Pitrola.
Stirling exhibió un volante de la Unión de Trabajadores Desocupados del Uruguay, en el que se convoca a una concentración con el lema "pan y trabajo, gobierno al carajo", y se informa de la participación de Pitrola.
"No quermeos piqueteros, acá tenemos que hacer un gran esfuerzo para evitar todo nacimiento de ideas que puedan significar la conformación mental del piquetero", subrayó el candidato.
Por su parte, el secretario de Organización de la central sindical única PIT-CNT, Juan Castillo, afirmó que a los piqueteros argentinos "los respetamos pero no compartimos su metodología", y anticipó que "cualquier intento de copia no es bueno ni creo que prospere".
En Uruguay "el movimiento popular tiene características unitarias y los intentos de crear movimientos populares paralelos no tienen ni tendrán éxito", destacó el dirigente sindical.
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LA VOZ DE ALLENDE SE ESCUCHÓ EN UN SENTIDO HOMENAJE A 31 AÑOS DE SU MUERTE
Buenos Aires, Argentina. Lágrimas de nostalgia rodaron por las mejillas de viejos seguidores de Salvador Allende al escuchar este viernes la voz del ex presidente chileno en el último discurso que dio en el Palacio de la Moneda, durante un acto que se celebró en Buenos Aires por los 31 años de su muerte.
Más de medio centenar de personas concurrieron a la Plaza República de Chile, ubicada frente a la embajada de ese país, donde el embajador chileno Luis Maira Aguirre y el alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, exaltaron la figura del líder socialista.
Un grupo de chilenos que vive en Buenos Aires no logró contener el llanto cuando al final de la ceremonia los altoparlantes reprodujeron el discurso final de Allende, quien prefirió morir a abandonar la bombardeada sede gubernamental frente al golpe militar que encabezó el dictador Augusto Pinochet el 11 de setiembre de 1973.
Maira dio un sentido discurso sobre el liderazgo de Allende, pero evitó mencionar el nombre de Pinochet, cuyo régimen instauró un tiempo de persecuciones y asesinatos a opositores políticos.
"Ese 11 de setiembre fue un día muy triste para Chile, se murieron muchas cosas importantes y (Allende) tomó su compromiso de que sólo muerto saldría del Palacio de la Moneda. Con él desapareció el Chile republicano", dijo.
Remarcó que "ese día también murió la esperanza de los chilenos de encontrar por el camino del consenso una sociedad más justa y humana".
Allende "es una figura democrática y republicana memorable. Fue un hombre de lealtad y lealtades, tuvo un proyecto de nación ... un socialismo en democracia, de pluralismo y libertad", dijo el diplomático.
A su entender, Allende dejó "tres grandes lecciones" a las generaciones venideras: que las transformaciones políticas y sociales "necesitan grandes mayorías", que "para dirigir a un país se necesita aceptar principios de diversidad" y que hay que "perseverar en las ideas".
El embajador subrayó también el asedio que recibió el gobierno socialista desde los Estados Unidos a partir del momento en que ganó las elecciones de 1973.
"Ocho días después de haber ganado las elecciones, el presidente de los EEUU le dió a (el entonces secretario de estado Henry) Kissinger una orden de hacer chillar la economía chilena", lo que se convirtió en "un sabotaje".
Aníbal Ibarra, a su turno, dijo que aquel fue "un día de dolor para Chile, Argentina y Latinoamérica" y que Allende "cumplió esa palabra que es tan difícil de cumplir" porque "una cosa es decir antes que iba a pagar con su vida esa asonada y otra es hacerlo".
El acto comenzó con una poema del poeta uruguayo Mario Benedetti que leyó el actor chileno-argentino Franklin Caicedo: "Allende, para matar al hombre de la paz... tuvieron que convertirse en pesadilla... tuvieron que quedarse sin el pueblo".
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JUSTICIA DE BRASIL ORDENA ENCARCELACIÓN DE 16 POLICÍAS ACUSADOS DE ASESINATO
Rio de Jainero, Brasil. Un juez de Rio de Janeiro ordenó el jueves por la noche la encarcelación de 16 policías que conformaban una banda armada y están acusados de secuestrar y asesinar a un comerciante de 28 años en junio pasado.
Según el juez Alexandre Teixeira, los acusados intentaron extorsionar a la familia del comerciante Mario Soares, al reclamar 33.000 dólares por la liberación del hombre a quien secuestraron el 3 de junio a la salida de un centro comercial.
Como el rescate no fue pagado, los policías asesinaron a balazos a la víctima dos días después.
Cinco de estos 16 miembros de la Policía Militar (PM), entre ellos un coronel, se encontraban ya presos, así como la novia de la víctima, Michele Moura, quien ayudó a organizar el secuestro.
El Estado de Rio de Janeiro, donde viven 14 millones de personas, es el más violento de Brasil debido a los frecuentes enfrentamientos entre la policía y bandas fuertemente armadas.
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PINOCHET, EL ÚLTIMO SOBREVIVIENTE DEL GOLPE CONTRA ALLENDE
Santiago, Chile. El ex dictador chileno Augusto Pinochet, de cuya instalación en el poder se cumplen 31 años este sábado, es el último sobreviviente de los cuatro jefes militares que lanzaron el cruento golpe y derrocaron al presidente socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
Aquejado de diabetes, signos de anemia, una inmovilidad progresiva, problemas cardíacos y una cierta sordera, además de otras dolencias, el general Pinochet, de 88 años, enfrenta la etapa final de su vida.
"Se los digo con mucha sinceridad y franqueza (...), a lo mejor me van a criticar lo que voy a decir, pero el hombre está en una fase final", aseguró la noche del jueves el general retirado Luis Cortés Villa, al término de una ceremonia de la Fundación Augusto Pinochet, donde el homenajeado fue el gran ausente.
Pinochet interrumpió la "Vía Chilena al Socialismo" junto a otros tres jefes de las Fuerzas Armadas: el comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, y el director de la policía militarizada de Carabineros, general César Mendoza.
De los cuatro conjurados, sólo Pinochet sobrevive y enfrenta el asedio de los tribunales de justicia, por violaciones a los derechos humanos durante su régimen (1973-1990) y las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank de Washington, que podrían sumar 15 millones de dólares.
Merino: El Incitador Que Acompañó A La Dictadura Hasta El Final
El almirante José Toribio Merino fue "el gestor del golpe", según la historiadora Patricia Arancibia Clavel. El 9 de septiembre, cuando ejercía como jefe de la Primera Zona Naval en Valparaíso, envió un mensaje a Pinochet y al general Leigh, en Santiago, para que se fijara el martes 11 como la fecha del alzamiento.
La noche del 10 de septiembre, para despistar al Gobierno de Allende, Merino ordenó zarpar a la escuadra y unirse a la Operación Unitas, con buques de Estados Unidos. Pero en la madrugada del martes 11, la escuadra regresó al puerto de Valparaíso en una operación clave para el éxito del golpe.
Merino asumió entonces la jefatura de la Armada, puso bajo arresto al comandante en jefe almirante Raúl Montero y se integró a la Junta Militar con la misión de tomar en sus manos la futura política económica.
El almirante se retiró de la Armada el 8 de marzo de 1990, tres días antes que Patricio Aylwin asumiera la presidencia al restaurarse la democracia.
Víctima de un cáncer linfático, murió el 30 de agosto de 1996, a los 81 años.
Leigh, "El Duro" De La Junta Que Rompió Con Pinochet
El general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, fue el primero en firmar el documento que envió a Santiago el almirante Merino, para determinar que el golpe sería el 11 de septiembre, a partir de las seis de la mañana.
Desde la Academia de Guerra Aérea, Leigh ordenó a un grupo de pilotos de combate que bombardearan desde aviones Hauker Hunter el palacio de La Moneda, donde Allende se suicidó.
Se le consideraba el más "duro" de los integrantes de la Junta y apenas asumió, anunció su voluntad de "extirpar el cáncer marxista".
Leigh fue destituido sin embargo el 24 de julio de 1978, por discrepancias con Pinochet sobre los plazos para restaurar la democracia.
Fuera del Gobierno y de la Fuerza Aérea, el 21 de marzo de 1990 un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) lo atacó a tiros en su oficina. Cinco balas le arrancaron un ojo y lo hirieron en el rostro, el tórax y los brazos.
Leigh murió el 29 de septiembre de 1999, a los 79 años.
Mendoza, "El General Rastrero"
El general César Mendoza, prefecto de la policía de Carabineros y señalado como "general rastrero" por el presidente Allende el día del golpe, recibió el 10 de septiembre un llamado telefónico del general Leigh para que asumiera el mando de su institución, relevando al general José María Sepúlveda.
Mendoza se convirtió así en el cuarto integrante de la Junta de Gobierno, hasta que renunció el 2 de agosto de 1985, después que el juez Adolfo Bañados estableció que un comando de Carabineros secuestró y degolló a los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.
Mientras sus hombres eran condenados a prisión, Mendoza se alejó de las actividades públicas y murió el 13 de septiembre de 1996, a los 78 años.
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MILES DE NIÑAS POBRES SE SOMETEN EN MÉXICO A LA RIGIDEZ DE UN INTERNADO COREANO
Ciudad de México, México. María Cocoletzi, de 17 años, acaba de salir de un internado católico manejado por coreanas, donde estuvo sometida cinco años a una disciplina militar a cambio de comida, vestido y educación.
De regreso a su casa observa con deseo unos zapatos en el aparador de un comercio de Chalco, una de las localidades más pobres de México.
"Estos todavía me van a durar. Las monjas nos los cambiaban cada vez que se desgastaban", comenta, después de ver los suyos, con una expresión que oscila entre el orgullo y la vergüenza.
María fue escogida por las monjas de "entre las más pobres de las más pobres" para estudiar la secundaria y el bachillerato técnico en Villa de las Niñas, un internado con capacidad para 4.000 niñas, construido en 1990 por la orden coreana Las Hermanas de María sobre un terreno de 40 hectáreas en Chalco, estado de México (centro).
Este tipo de internados fueron creados a mediados de los años 60 en Corea; se extendieron después a Filipinas hasta llegar a México, Guatemala y Brasil.
"Mantener a cada una cuesta en promedio 1.000 dólares, que suman 4 millones de dólares anuales", dice Margie Cheong, la madre superiora.
"Podría ser más, pero ellas ayudan en todo", como lavar lo que usan, cosechar algunas verduras para consumo interno y hasta descargar de camiones la comida donada, continúa Cheong.
Además de esas actividades, las jovencitas tienen que cumplir una dura rutina que se inicia a las seis de la mañana con la transcripción de la Biblia durante media hora, y que termina, a veces, a las 11 de la noche.
Tras madrugar, siguen ocho horas de estudio, con 20 minutos para comer, que culminan con actividades religiosas y deportivas (el internado tiene una alberca semiolímpica, canchas de básquetbol, de fútbol y gimnasios).
"Hasta ahora no hemos tenido ningún problema de intento de escape. Tenemos bastante terreno, las niñas respiran bien, y tienen muchas actividades, aprenden música, danza", añade Cheong, cuya institución está rodeada por bardas de cemento de más de cuatro metros de altura.
María dice que son las infantas de nuevo ingreso las que en algunas ocasiones fantasean con escapar "porque extrañan a sus familias".
"Las niñas quieren ayudar a sus familias, por eso aceptan la condición de estar lejos de su familia", considera Cheong, que explica que las visitas están reducidas a un sólo día al año, en mayo, porque "sería un caos que las visitaran a las 4.000 cualquier día".
A esas visitas, se agregan sólo cuatro semanas de vacaciones, repartidas en dos partes a lo largo del año.
Al llegar a la Ciudad de México, donde María y su madre hacen escala para ver a su hermana de 14 años de edad, que desde los 11 trabaja en casas ajenas, Teresa Cocoletzi acepta que es "muy difícil" la separación de su hija, "pero qué más podemos hacer, yo no tengo dinero para cuidarla".
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió en agosto que en México, con una población de 104 millones de habitantes, más del 60% de los menores de 18 años enfrentan "niveles serios de pobreza".
De la familia Cocoletzi María probablemente será la única que tenga una carrera universitaria. "Quiero ser físico-matemático", añade momentos antes de partir a Tlaxcala donde vive su mamá y sus otros cuatro hermanos.
Con el bachillerato técnico especializado en confección (los otros dos talleres son contabilidad y secretariado), María trabajará en una fábrica de ropa en lo que inicia el próximo periodo universitario, y tampoco descarta la posibilidad de cursar una maestría.
Las chicas que cursan el taller de confección egresan con experiencia suficiente para trabajar en maquiladoras, después de haber cosido los miles de uniformes de sus compañeras.
"Eso era muy cansado, sobre todo los días de inicio de curso porque teníamos que trabajar hasta tarde para terminar los uniformes de las niñas de nuevo ingreso, pero me sirvió", rememora.
En México 6 millones de personas no saben leer ni escribir, 12 millones de personas no tienen la primaria completa y 17 millones no terminaron la secundaria, de acuerdo con cifras de autoridades educativas.
©mipunto
BANDAS DE LADRONES PERUANOS Y BOLIVIANOS SE DIVIDEN TERRITORIOS EN LA PAZ
La Paz, Bolivia. Bandas de ladrones peruanos y bolivianos se dividieron en 'territorios' la ciudad de La Paz y desarrollan una suerte de convivencia pacífica, mientras los delitos registrados pasaron en apenas un año de 62 a 91 por día, según un informe policial divulgado este viernes.
Los 'bichos' (malhechores, en el lenguaje del hampa) "continúan dando 'tiros' (robos) en sus respectivas 'canchas' (territorios)", apuntó una investigación del diario La Prensa, de La Paz.
Los delincuentes, que en algunos casos formaron bandas comunes, lograron sobrevivir a la represión policial innovando sus métodos y desarrollando una ruta de escape por el lago binacional Titicaca, frontera con Perú, por donde los "nómadas ingresan o huyen después de haber perpetrado un buen 'tiro' (robo)".
Es el caso del malviviente peruano conocido como 'Camana Camán', involucrado en un millonario robo a una furgoneta, quien huyó a Perú con parte del botín, mientras sus cómplices, entre ellos un policía boliviano de alta graduación, purgan cárcel.
Los delincuentes peruanos, que lograron imponerse en barriadas de La Paz y El Alto, importaron muchos métodos para delinquir, como el robo a cajeros automáticos o el secuestro al paso.
La ciudad de El Alto, una de las más empobrecidas del país, alberga a unos 100.000 ciudadanos peruanos, muchos de ellos ilegales, y "varios ex militares y ex terroristas", según la investigación.
Durante muchos años, El Alto y las poblaciones aledañas al lago Titicaca fueron considerados por la Policía boliviana como 'santuarios' de descanso de la guerrilla peruana de Sendero Luminoso y ocasionalmente del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en las décadas de los 80 y 90.
Además de los 'prontos' (peruanos), también comparten 'cancha' delincuentes colombianos, "especialistas en asaltos armados a bancos, financieras, remesas, gasolineras (..) y domicilios de personas adineradas".
Bolivia y Perú comparten una vulnerable y extensa frontera de 1.131 km.
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SEVERAS PENAS CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN URUGUAY MONTEVIDEO
Montevideo, Uruguay. Uruguay promulgó una ley para combatir la pornografía infantil, que crea severas penas para la explotación de menores así como para la producción y comercialización de material pornográfico, informó este jueves la Secretaría de Prensa y Difusión (Sepredi) de la presidencia.
El texto recordó que según la Convención sobre Derechos del Niño "se entiende que es producto o material pornográfico todo aquel que por cualquier medio contenga la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o incapaces dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o la imagen o representación de sus partes genitales, con fines primordialmente sexuales".
Las mayores penas previstas, de hasta 12 años de cárcel, castigan el "tráfico de personas menores de edad o incapaces", la "retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo", y la "contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces".
Para este último delito "la pena será elevada de un tercio a la mitad si se produjere con abuso de las relaciones domésticas o de la autoridad o jerarquía, pública o privada, o la condición de funcionario policial del agente".
La ley de seis artículos, tipifica además la "fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces", al que les impone castigos de hasta seis años de cárcel.
Para el "comercio y difusión de material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces", se crean penas de hasta cuatro años de penitenciaría.
La nueva norma sanciona el "facilitamiento de la comercialización y difusión de material pornográfico con la imagen u otra representación de una o más personas menores de edad o incapaces" con penas de hasta dos años de cárcel.
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2 - PIQUETEROS ARGENTINOS ANUNCIAN EXTENSIÓN DE SU LUCHA A URUGUAY
3 - LA VOZ DE ALLENDE SE ESCUCHÓ EN UN SENTIDO HOMENAJE A 31 AÑOS DE SU MUERTE
4 - JUSTICIA DE BRASIL ORDENA ENCARCELACIÓN DE 16 POLICÍAS ACUSADOS DE ASESINATO
5 - PINOCHET, EL ÚLTIMO SOBREVIVIENTE DEL GOLPE CONTRA ALLENDE
6 - MILES DE NIÑAS POBRES SE SOMETEN EN MÉXICO A LA RIGIDEZ DE UN INTERNADO COREANO
7 - BANDAS DE LADRONES PERUANOS Y BOLIVIANOS SE DIVIDEN TERRITORIOS EN LA PAZ
8 - SEVERAS PENAS CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN URUGUAY
París, Francia. El gobierno de Venezuela, fortalecido tras el referéndum del 15 de agosto, quiere poner el petróleo al servicio del desarrollo y encontrar un "precio justo" del barril que le permita reducir el número de pobres en el país, explicó este viernes a la AFP el ministro de Relaciones Exteriores de Caracas, Jesús Arnaldo Pérez. En un contexto de mercados inestables, Venezuela, único miembro latinoamericano de la Organización de Países Exportadores (OPEP) y quinto exportador mundial, dedicará la mayor parte de los beneficios a disminuir su "deuda interna", es decir las graves necesidades en vivienda, salud o agricultura.
"¿Qué es un precio justo actualmente? Aquel que nos permita recuperar las inversiones, invertir en políticas sociales, desarrollarnos y pagar la deuda externa", explicó el canciller a su retorno de una gira por Irán, China e India destinada a preparar una visita del presidente Hugo Chávez que tendrá lugar en el primer trimestre el próximo año.
Según Pérez, Venezuela tiene a sus espaldas "un siglo de historia petrolera" y sin embargo cuando se ven los índices de desarrollo del país, "queda claro que no hubo ninguna política de cooperación ni beneficio mutuo entre productores y compradores".
"Tal vez nos quede otro siglo de petróleo y hay que usarlo para construir desarrollo. El petróleo hoy por hoy es indispensable para el proyecto del gobierno de Venezuela", aseguró.
Caracas, que tiene una cuota de producción de 2,992 millones de barriles diarios de los que 1,5 millones van a Estados Unidos, predica junto con Irán en la OPEP una defensa de los precios justos del crudo pese a que la Organización no tiene cómo controlar el nerviosismo del mercado, provocado actualmente por razones externas como la violencia en Irak.
Pérez confirmó que en la próxima reunión de la entidad, la semana próxima en Viena, se estudiarán los nuevos márgenes en que deben oscilar los precios del barril ya que los actuales límites (22-28 dólares) "se quedaron viejos".
"Probablemente el límite superior, es decir 28 dólares, será en adelante el inferior", admitió, garantizando que Venezuela no usará en ningún caso el petróleo como arma y respetará sus contratos.
En su gira por Irán, China e India, la cuestión energética tuvo gran importancia, sobre todo en Nueva Delhi, donde el crecimiento económico del país es proporcional a una gran demanda de energía, lo cual favoreció la firma de acuerdos con la estatal venezolana PVDSA.
No obstante, en los tres países, donde el presidente Chávez acudirá en breve, el canciller venezolano destacó la necesidad de "diversificar" las relaciones, demasiado centradas en el petróleo, y orientarlas también a campos como la lucha contra la pobreza, el desarrollo tecnológico o la producción de medicamentos genéricos.
La visita del ministro a estos países también tuvo por fin explicar a estos asociados comerciales que Venezuela entró en una nueva etapa tras el referéndum del pasado 15 de agosto que confirmó en el poder a Hugo Chávez.
"Los venezolanos han resuelto sus problemas en solitario, sin tutores y la democracia ha salido fortalecida. Nadie tiene que tener miedo de un país tan democrático aunque a algunos Estados les haga falta tiempo para entender qué está pasando", afirmó.
Según Pérez, la oposición venezolana en este momento es "inexistente" y vive "aislada y anclada en el pasado". El canciller aseguró que tras el referéndum comenzó una nueva fase de la "revolución bolivariana en Venezuela" y garantizó que Chávez goza de la misma legitimidad que sus homólogos latinoamericanos.
Destacó especialmente las próximas reuniones del mandatario venezolano con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en Manaus (Amazonia brasileña) y con el chileno Ricardo Lagos y otros líderes europeos y latinoamericanos en Nueva York el día 20.
"Con la llegada de Martín Torrijos a Panamá, nuestro diálogo bilateral mejorará sin duda. Por otra parte, nuestra relación con México es excelente, al igual que con Argentina. Chávez tiene el apoyo de toda América Latina", concluyó.
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PIQUETEROS ARGENTINOS ANUNCIAN EXTENSIÓN DE SU LUCHA A URUGUAY
Montevideo, Uruguay. El movimiento "piquetero" argentino extenderá sus acciones a Uruguay a través de la creación de un centro similar en este país, en el marco de la promoción de una "red latinoamericana" de piqueteros, declaró este viernes la dirigente Nina Peloso.
"Vamos a ir para allá y vamos a crear un centro piquetero en Uruguay", aseguró Peloso, esposa del líder piquetero Raúl Castells, al diario digital Observa. La dirigente expresó que la idea es crear "una red latinoamericana" del movimiento piquetero, que en su opinión "no es violento" .
Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados fue detenido el 25 de agosto en Santa Fe por orden de la justicia de la provincia de Chaco (norte de Argentina), que investiga una presunta extorsión a los dueños de un casino.
Peloso confirmó que el movimiento argentino coordina acciones con "compañeros uruguayos, bolivianos y paraguayos, para crear una red piquetera latinoamericana" y precisó que "ya tenemos centros en Bolivia y Paraguay, y pensamos tener uno en Uruguay".
El viaje a Uruguay para instalar un centro piquetero "dependerá de cuándo dejen libre a Raúl (Castells), pero creo que dentro de poco, de aquí a un mes o poco más", manifestó la esposa del líder de jubilados y desocupados.
"Dentro de nuestro movimiento popular tenemos ya compañeros uruguayos que nos ayudarán a llevar nuestra lucha a Uruguay, es muy fácil, cruzamos el charco y listo", añadió, pero tranquilizó a las autoridades locales: "que no tengan miedo, lo que tienen que hacer es darle de comer a la gente y darles tierras para que trabajen, pero antes de tenernos miedo que atiendan estas necesidades".
Los "piqueteros" se hicieron famosos en Argentina por organizar "piquetes" (grupos humanos que actúan como barreras en calles y rutas) para evitar el tránsito normal en las carreteras y cobrar peaje, como forma de protesta.
El candidato a presidente por el Partido Colorado (centroderecha), Guillermo Stirling, mostró este viernes en un acto proselitista con vistas a la elección del 31 de octubre su preocupación por una manifestación trotskista el sábado en Montevideo, para la que se anticipa la presencia del piquetero argentino Néstor Pitrola.
Stirling exhibió un volante de la Unión de Trabajadores Desocupados del Uruguay, en el que se convoca a una concentración con el lema "pan y trabajo, gobierno al carajo", y se informa de la participación de Pitrola.
"No quermeos piqueteros, acá tenemos que hacer un gran esfuerzo para evitar todo nacimiento de ideas que puedan significar la conformación mental del piquetero", subrayó el candidato.
Por su parte, el secretario de Organización de la central sindical única PIT-CNT, Juan Castillo, afirmó que a los piqueteros argentinos "los respetamos pero no compartimos su metodología", y anticipó que "cualquier intento de copia no es bueno ni creo que prospere".
En Uruguay "el movimiento popular tiene características unitarias y los intentos de crear movimientos populares paralelos no tienen ni tendrán éxito", destacó el dirigente sindical.
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LA VOZ DE ALLENDE SE ESCUCHÓ EN UN SENTIDO HOMENAJE A 31 AÑOS DE SU MUERTE
Buenos Aires, Argentina. Lágrimas de nostalgia rodaron por las mejillas de viejos seguidores de Salvador Allende al escuchar este viernes la voz del ex presidente chileno en el último discurso que dio en el Palacio de la Moneda, durante un acto que se celebró en Buenos Aires por los 31 años de su muerte.
Más de medio centenar de personas concurrieron a la Plaza República de Chile, ubicada frente a la embajada de ese país, donde el embajador chileno Luis Maira Aguirre y el alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, exaltaron la figura del líder socialista.
Un grupo de chilenos que vive en Buenos Aires no logró contener el llanto cuando al final de la ceremonia los altoparlantes reprodujeron el discurso final de Allende, quien prefirió morir a abandonar la bombardeada sede gubernamental frente al golpe militar que encabezó el dictador Augusto Pinochet el 11 de setiembre de 1973.
Maira dio un sentido discurso sobre el liderazgo de Allende, pero evitó mencionar el nombre de Pinochet, cuyo régimen instauró un tiempo de persecuciones y asesinatos a opositores políticos.
"Ese 11 de setiembre fue un día muy triste para Chile, se murieron muchas cosas importantes y (Allende) tomó su compromiso de que sólo muerto saldría del Palacio de la Moneda. Con él desapareció el Chile republicano", dijo.
Remarcó que "ese día también murió la esperanza de los chilenos de encontrar por el camino del consenso una sociedad más justa y humana".
Allende "es una figura democrática y republicana memorable. Fue un hombre de lealtad y lealtades, tuvo un proyecto de nación ... un socialismo en democracia, de pluralismo y libertad", dijo el diplomático.
A su entender, Allende dejó "tres grandes lecciones" a las generaciones venideras: que las transformaciones políticas y sociales "necesitan grandes mayorías", que "para dirigir a un país se necesita aceptar principios de diversidad" y que hay que "perseverar en las ideas".
El embajador subrayó también el asedio que recibió el gobierno socialista desde los Estados Unidos a partir del momento en que ganó las elecciones de 1973.
"Ocho días después de haber ganado las elecciones, el presidente de los EEUU le dió a (el entonces secretario de estado Henry) Kissinger una orden de hacer chillar la economía chilena", lo que se convirtió en "un sabotaje".
Aníbal Ibarra, a su turno, dijo que aquel fue "un día de dolor para Chile, Argentina y Latinoamérica" y que Allende "cumplió esa palabra que es tan difícil de cumplir" porque "una cosa es decir antes que iba a pagar con su vida esa asonada y otra es hacerlo".
El acto comenzó con una poema del poeta uruguayo Mario Benedetti que leyó el actor chileno-argentino Franklin Caicedo: "Allende, para matar al hombre de la paz... tuvieron que convertirse en pesadilla... tuvieron que quedarse sin el pueblo".
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JUSTICIA DE BRASIL ORDENA ENCARCELACIÓN DE 16 POLICÍAS ACUSADOS DE ASESINATO
Rio de Jainero, Brasil. Un juez de Rio de Janeiro ordenó el jueves por la noche la encarcelación de 16 policías que conformaban una banda armada y están acusados de secuestrar y asesinar a un comerciante de 28 años en junio pasado.
Según el juez Alexandre Teixeira, los acusados intentaron extorsionar a la familia del comerciante Mario Soares, al reclamar 33.000 dólares por la liberación del hombre a quien secuestraron el 3 de junio a la salida de un centro comercial.
Como el rescate no fue pagado, los policías asesinaron a balazos a la víctima dos días después.
Cinco de estos 16 miembros de la Policía Militar (PM), entre ellos un coronel, se encontraban ya presos, así como la novia de la víctima, Michele Moura, quien ayudó a organizar el secuestro.
El Estado de Rio de Janeiro, donde viven 14 millones de personas, es el más violento de Brasil debido a los frecuentes enfrentamientos entre la policía y bandas fuertemente armadas.
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PINOCHET, EL ÚLTIMO SOBREVIVIENTE DEL GOLPE CONTRA ALLENDE
Santiago, Chile. El ex dictador chileno Augusto Pinochet, de cuya instalación en el poder se cumplen 31 años este sábado, es el último sobreviviente de los cuatro jefes militares que lanzaron el cruento golpe y derrocaron al presidente socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.
Aquejado de diabetes, signos de anemia, una inmovilidad progresiva, problemas cardíacos y una cierta sordera, además de otras dolencias, el general Pinochet, de 88 años, enfrenta la etapa final de su vida.
"Se los digo con mucha sinceridad y franqueza (...), a lo mejor me van a criticar lo que voy a decir, pero el hombre está en una fase final", aseguró la noche del jueves el general retirado Luis Cortés Villa, al término de una ceremonia de la Fundación Augusto Pinochet, donde el homenajeado fue el gran ausente.
Pinochet interrumpió la "Vía Chilena al Socialismo" junto a otros tres jefes de las Fuerzas Armadas: el comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, y el director de la policía militarizada de Carabineros, general César Mendoza.
De los cuatro conjurados, sólo Pinochet sobrevive y enfrenta el asedio de los tribunales de justicia, por violaciones a los derechos humanos durante su régimen (1973-1990) y las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank de Washington, que podrían sumar 15 millones de dólares.
Merino: El Incitador Que Acompañó A La Dictadura Hasta El Final
El almirante José Toribio Merino fue "el gestor del golpe", según la historiadora Patricia Arancibia Clavel. El 9 de septiembre, cuando ejercía como jefe de la Primera Zona Naval en Valparaíso, envió un mensaje a Pinochet y al general Leigh, en Santiago, para que se fijara el martes 11 como la fecha del alzamiento.
La noche del 10 de septiembre, para despistar al Gobierno de Allende, Merino ordenó zarpar a la escuadra y unirse a la Operación Unitas, con buques de Estados Unidos. Pero en la madrugada del martes 11, la escuadra regresó al puerto de Valparaíso en una operación clave para el éxito del golpe.
Merino asumió entonces la jefatura de la Armada, puso bajo arresto al comandante en jefe almirante Raúl Montero y se integró a la Junta Militar con la misión de tomar en sus manos la futura política económica.
El almirante se retiró de la Armada el 8 de marzo de 1990, tres días antes que Patricio Aylwin asumiera la presidencia al restaurarse la democracia.
Víctima de un cáncer linfático, murió el 30 de agosto de 1996, a los 81 años.
Leigh, "El Duro" De La Junta Que Rompió Con Pinochet
El general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, fue el primero en firmar el documento que envió a Santiago el almirante Merino, para determinar que el golpe sería el 11 de septiembre, a partir de las seis de la mañana.
Desde la Academia de Guerra Aérea, Leigh ordenó a un grupo de pilotos de combate que bombardearan desde aviones Hauker Hunter el palacio de La Moneda, donde Allende se suicidó.
Se le consideraba el más "duro" de los integrantes de la Junta y apenas asumió, anunció su voluntad de "extirpar el cáncer marxista".
Leigh fue destituido sin embargo el 24 de julio de 1978, por discrepancias con Pinochet sobre los plazos para restaurar la democracia.
Fuera del Gobierno y de la Fuerza Aérea, el 21 de marzo de 1990 un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) lo atacó a tiros en su oficina. Cinco balas le arrancaron un ojo y lo hirieron en el rostro, el tórax y los brazos.
Leigh murió el 29 de septiembre de 1999, a los 79 años.
Mendoza, "El General Rastrero"
El general César Mendoza, prefecto de la policía de Carabineros y señalado como "general rastrero" por el presidente Allende el día del golpe, recibió el 10 de septiembre un llamado telefónico del general Leigh para que asumiera el mando de su institución, relevando al general José María Sepúlveda.
Mendoza se convirtió así en el cuarto integrante de la Junta de Gobierno, hasta que renunció el 2 de agosto de 1985, después que el juez Adolfo Bañados estableció que un comando de Carabineros secuestró y degolló a los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.
Mientras sus hombres eran condenados a prisión, Mendoza se alejó de las actividades públicas y murió el 13 de septiembre de 1996, a los 78 años.
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MILES DE NIÑAS POBRES SE SOMETEN EN MÉXICO A LA RIGIDEZ DE UN INTERNADO COREANO
Ciudad de México, México. María Cocoletzi, de 17 años, acaba de salir de un internado católico manejado por coreanas, donde estuvo sometida cinco años a una disciplina militar a cambio de comida, vestido y educación.
De regreso a su casa observa con deseo unos zapatos en el aparador de un comercio de Chalco, una de las localidades más pobres de México.
"Estos todavía me van a durar. Las monjas nos los cambiaban cada vez que se desgastaban", comenta, después de ver los suyos, con una expresión que oscila entre el orgullo y la vergüenza.
María fue escogida por las monjas de "entre las más pobres de las más pobres" para estudiar la secundaria y el bachillerato técnico en Villa de las Niñas, un internado con capacidad para 4.000 niñas, construido en 1990 por la orden coreana Las Hermanas de María sobre un terreno de 40 hectáreas en Chalco, estado de México (centro).
Este tipo de internados fueron creados a mediados de los años 60 en Corea; se extendieron después a Filipinas hasta llegar a México, Guatemala y Brasil.
"Mantener a cada una cuesta en promedio 1.000 dólares, que suman 4 millones de dólares anuales", dice Margie Cheong, la madre superiora.
"Podría ser más, pero ellas ayudan en todo", como lavar lo que usan, cosechar algunas verduras para consumo interno y hasta descargar de camiones la comida donada, continúa Cheong.
Además de esas actividades, las jovencitas tienen que cumplir una dura rutina que se inicia a las seis de la mañana con la transcripción de la Biblia durante media hora, y que termina, a veces, a las 11 de la noche.
Tras madrugar, siguen ocho horas de estudio, con 20 minutos para comer, que culminan con actividades religiosas y deportivas (el internado tiene una alberca semiolímpica, canchas de básquetbol, de fútbol y gimnasios).
"Hasta ahora no hemos tenido ningún problema de intento de escape. Tenemos bastante terreno, las niñas respiran bien, y tienen muchas actividades, aprenden música, danza", añade Cheong, cuya institución está rodeada por bardas de cemento de más de cuatro metros de altura.
María dice que son las infantas de nuevo ingreso las que en algunas ocasiones fantasean con escapar "porque extrañan a sus familias".
"Las niñas quieren ayudar a sus familias, por eso aceptan la condición de estar lejos de su familia", considera Cheong, que explica que las visitas están reducidas a un sólo día al año, en mayo, porque "sería un caos que las visitaran a las 4.000 cualquier día".
A esas visitas, se agregan sólo cuatro semanas de vacaciones, repartidas en dos partes a lo largo del año.
Al llegar a la Ciudad de México, donde María y su madre hacen escala para ver a su hermana de 14 años de edad, que desde los 11 trabaja en casas ajenas, Teresa Cocoletzi acepta que es "muy difícil" la separación de su hija, "pero qué más podemos hacer, yo no tengo dinero para cuidarla".
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió en agosto que en México, con una población de 104 millones de habitantes, más del 60% de los menores de 18 años enfrentan "niveles serios de pobreza".
De la familia Cocoletzi María probablemente será la única que tenga una carrera universitaria. "Quiero ser físico-matemático", añade momentos antes de partir a Tlaxcala donde vive su mamá y sus otros cuatro hermanos.
Con el bachillerato técnico especializado en confección (los otros dos talleres son contabilidad y secretariado), María trabajará en una fábrica de ropa en lo que inicia el próximo periodo universitario, y tampoco descarta la posibilidad de cursar una maestría.
Las chicas que cursan el taller de confección egresan con experiencia suficiente para trabajar en maquiladoras, después de haber cosido los miles de uniformes de sus compañeras.
"Eso era muy cansado, sobre todo los días de inicio de curso porque teníamos que trabajar hasta tarde para terminar los uniformes de las niñas de nuevo ingreso, pero me sirvió", rememora.
En México 6 millones de personas no saben leer ni escribir, 12 millones de personas no tienen la primaria completa y 17 millones no terminaron la secundaria, de acuerdo con cifras de autoridades educativas.
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BANDAS DE LADRONES PERUANOS Y BOLIVIANOS SE DIVIDEN TERRITORIOS EN LA PAZ
La Paz, Bolivia. Bandas de ladrones peruanos y bolivianos se dividieron en 'territorios' la ciudad de La Paz y desarrollan una suerte de convivencia pacífica, mientras los delitos registrados pasaron en apenas un año de 62 a 91 por día, según un informe policial divulgado este viernes.
Los 'bichos' (malhechores, en el lenguaje del hampa) "continúan dando 'tiros' (robos) en sus respectivas 'canchas' (territorios)", apuntó una investigación del diario La Prensa, de La Paz.
Los delincuentes, que en algunos casos formaron bandas comunes, lograron sobrevivir a la represión policial innovando sus métodos y desarrollando una ruta de escape por el lago binacional Titicaca, frontera con Perú, por donde los "nómadas ingresan o huyen después de haber perpetrado un buen 'tiro' (robo)".
Es el caso del malviviente peruano conocido como 'Camana Camán', involucrado en un millonario robo a una furgoneta, quien huyó a Perú con parte del botín, mientras sus cómplices, entre ellos un policía boliviano de alta graduación, purgan cárcel.
Los delincuentes peruanos, que lograron imponerse en barriadas de La Paz y El Alto, importaron muchos métodos para delinquir, como el robo a cajeros automáticos o el secuestro al paso.
La ciudad de El Alto, una de las más empobrecidas del país, alberga a unos 100.000 ciudadanos peruanos, muchos de ellos ilegales, y "varios ex militares y ex terroristas", según la investigación.
Durante muchos años, El Alto y las poblaciones aledañas al lago Titicaca fueron considerados por la Policía boliviana como 'santuarios' de descanso de la guerrilla peruana de Sendero Luminoso y ocasionalmente del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en las décadas de los 80 y 90.
Además de los 'prontos' (peruanos), también comparten 'cancha' delincuentes colombianos, "especialistas en asaltos armados a bancos, financieras, remesas, gasolineras (..) y domicilios de personas adineradas".
Bolivia y Perú comparten una vulnerable y extensa frontera de 1.131 km.
©mipunto
SEVERAS PENAS CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN URUGUAY MONTEVIDEO
Montevideo, Uruguay. Uruguay promulgó una ley para combatir la pornografía infantil, que crea severas penas para la explotación de menores así como para la producción y comercialización de material pornográfico, informó este jueves la Secretaría de Prensa y Difusión (Sepredi) de la presidencia.
El texto recordó que según la Convención sobre Derechos del Niño "se entiende que es producto o material pornográfico todo aquel que por cualquier medio contenga la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o incapaces dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o la imagen o representación de sus partes genitales, con fines primordialmente sexuales".
Las mayores penas previstas, de hasta 12 años de cárcel, castigan el "tráfico de personas menores de edad o incapaces", la "retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo", y la "contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces".
Para este último delito "la pena será elevada de un tercio a la mitad si se produjere con abuso de las relaciones domésticas o de la autoridad o jerarquía, pública o privada, o la condición de funcionario policial del agente".
La ley de seis artículos, tipifica además la "fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces", al que les impone castigos de hasta seis años de cárcel.
Para el "comercio y difusión de material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces", se crean penas de hasta cuatro años de penitenciaría.
La nueva norma sanciona el "facilitamiento de la comercialización y difusión de material pornográfico con la imagen u otra representación de una o más personas menores de edad o incapaces" con penas de hasta dos años de cárcel.
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PINOCHET EN TRIBUNALES
El antiguo dictador Pinochet será finalmente procesado por un tribunal chileno por el asesinato de algunos de sus más prominentes opositores políticos -no por los 3.000 líderes sindicales, de organizaciones sociales y estudiantiles asesinados por sus tropas en connivencia con la clase patronal. Estos criminales escaparán a la justicia.
Finalmente la ley consiguió atrapar al general Augusto Pinochet, cuyo régimen militar en Chile supervisó el asesinato de miles de opositores políticos durante los años setenta y ochenta. El último mes la Corte Suprema chilena retiró la inmunidad que ha impedido durante tanto tiempo que general Pinochet rinda cuentas de sus acciones en esos trágicos años. Como resultado, los fiscales podrán ahora acusar formalmente al antiguo e impenitente dictador militar, ahora de 88 años, por algunos de los más conocidos crímenes realizados en su nombre y, según las acusaciones, bajo sus órdenes directas.
La resolución de la Corte se produce en el marco de la Operación Cóndor, en la que es acusado de conspirar con otros dictadores sudamericanos para asesinar a importantes opositores políticos. En un caso relacionado, oficiales de los servicios secretos chilenos fueron condenados hace años del atentado con bomba en Washington que costó la vida al antiguo ministro de Asuntos Exteriores chileno y a una colega estadounidense. Al menos 3.000 chilenos de a pie fueron asesinados por la dictadura de Pinochet por sus convicciones políticas.
La Corte Suprema había previamente impedido el enjuiciamiento del general debido a que sus abogados insistieron en que no tenía ya capacidades mentales para soportar un juicio. El general ayudó a socavar ese alegato en noviembre último cuando concedió una inteligente entrevista a una televisión de Miami. A comienzos del verano el Congreso de los Estados Unidos informó que durante los mismos años en que los tribunales chilenos lo declararon incompetente, el general Pinochet estuvo manejando activamente varios millones de dólares en fondos secretos en el Banco Riggs de Washington.
Eso no sólo demostró su agudeza mental, sino también causó conmoción entre muchos conservadores chilenos que habían previamente creído en la reputación cuidadosamente cultivada del general como un líder austero que no toleraba la corrupción.
Chile era un país terriblemente dividido en septiembre de 1973, cuando el general Pinochet y otros oficiales militares se rebelaron y acabaron con una de las democracias más antiguas y fuertes de América Latina. Hoy, esas divisiones han sido en gran parte cicatrizadas, y la democracia ha sido laboriosamente reconstruida. El procesamiento del general Pinochet en una corte chilena ayudaría a coronar esa recuperación.
8 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
Finalmente la ley consiguió atrapar al general Augusto Pinochet, cuyo régimen militar en Chile supervisó el asesinato de miles de opositores políticos durante los años setenta y ochenta. El último mes la Corte Suprema chilena retiró la inmunidad que ha impedido durante tanto tiempo que general Pinochet rinda cuentas de sus acciones en esos trágicos años. Como resultado, los fiscales podrán ahora acusar formalmente al antiguo e impenitente dictador militar, ahora de 88 años, por algunos de los más conocidos crímenes realizados en su nombre y, según las acusaciones, bajo sus órdenes directas.La resolución de la Corte se produce en el marco de la Operación Cóndor, en la que es acusado de conspirar con otros dictadores sudamericanos para asesinar a importantes opositores políticos. En un caso relacionado, oficiales de los servicios secretos chilenos fueron condenados hace años del atentado con bomba en Washington que costó la vida al antiguo ministro de Asuntos Exteriores chileno y a una colega estadounidense. Al menos 3.000 chilenos de a pie fueron asesinados por la dictadura de Pinochet por sus convicciones políticas.
La Corte Suprema había previamente impedido el enjuiciamiento del general debido a que sus abogados insistieron en que no tenía ya capacidades mentales para soportar un juicio. El general ayudó a socavar ese alegato en noviembre último cuando concedió una inteligente entrevista a una televisión de Miami. A comienzos del verano el Congreso de los Estados Unidos informó que durante los mismos años en que los tribunales chilenos lo declararon incompetente, el general Pinochet estuvo manejando activamente varios millones de dólares en fondos secretos en el Banco Riggs de Washington.
Eso no sólo demostró su agudeza mental, sino también causó conmoción entre muchos conservadores chilenos que habían previamente creído en la reputación cuidadosamente cultivada del general como un líder austero que no toleraba la corrupción.
Chile era un país terriblemente dividido en septiembre de 1973, cuando el general Pinochet y otros oficiales militares se rebelaron y acabaron con una de las democracias más antiguas y fuertes de América Latina. Hoy, esas divisiones han sido en gran parte cicatrizadas, y la democracia ha sido laboriosamente reconstruida. El procesamiento del general Pinochet en una corte chilena ayudaría a coronar esa recuperación.
8 de septiembre de 2004
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©traducción mQh
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA
1 - ONU CONDENA A FARC POR SECUESTRO DE INDÍGENAS Y EXIGE SU LIBERACIÓN INMEDIATA
2 - JUEZ ARGENTINO RATIFICA PRISIÓN Y ENCAUSA A MILITARES POR PLAN CÓNDOR
3 - DECLARARON EN URUGUAY EX DICTADOR Y SU CANCILLER POR ASESINATO DE LEGISLADORES
Bogotá, Colombia. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este viernes a la guerrilla de las FARC por el secuestro de cinco dirigentes indígenas del suroeste del país y les exigió su inmediata liberación.
En un comunicado, la agencia de ONU "repudia que el Secretariado (mando central) de las FARC y su organización continúen incumpliendo las normas del derecho internacional humanitario que le imponen el respeto por la población civil".
"Los instamos nuevamente a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes", señaló la nota de la Oficina de la ONU, quien dijo tener información de que las FARC "son las responsables de este nuevo crimen contra la población civil".
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a las FARC "a que respeten, sin dilación, la libre determinación, el autogobierno, la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas".
La entidad destacó que la comunidad indígena paez -a la que pertenecen los secuestrados- "se ha caracterizado por su trabajo participativo y por la defensa constante de su cultura", lo cual -añadió- "la ha hecho merecedora de diferentes reconocimientos nacionales e internacionales".
"La Oficina se solidariza con las comunidades indígenas del país que se encuentran afectadas por el secuestro de sus líderes, y por el irrespeto continuo de sus derechos", concluyó el pronunciamiento de la ONU.
Según las autoridades y la Organización Indígena de Colombia (ONIC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables del secuestro del alcalde indígena de la suroccidental población de Toribío -departamento de Cauca-, Arquímedes Vitonás, y de cuatro acompañantes.
Vitonás se desplazó el pasado 21 de agosto, en compañía de Gilberto Muñoz, Plimio Trochez, Rubén Darío Escué, a San Vicente de Caguán -en el vecino departamento de Caquetá-, para visitar un asentamiento indígena Paez y desde entonces no se conoce de su paradero. Con ellos fue también secuestrado el conductor del vehículo en que viajaban, Herminson Velazco. Las FARC son acusadas también del secuestro de Orlando Hernández Guanga, un líder indígena A'wa y alcalde del municipio de Ricaurte (970 km al sur de Bogotá), en un hecho ocurrido el 25 de agosto mientras viajaba a la población de Ipiales, en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador.
Dos indígenas fueron asesinados el 28 de agosto en el occidental municipio de Sipirra, y tres días antes fue muerto otro aborigen en la localidad de Cayaima (centro), en hechos cuya autoría se desconoce.
En el primer semestre de este año fueron asesinados en Colombia 61 indígenas, según el gobierno, que señala una disminución del 42% en los crímenes con respecto al mismo período de 2003, cuando fueron muertos 106.
5 de septiembre de 2004
©mipunto
JUEZ ARGENTINO RATIFICA PRISIÓN Y ENCAUSA A MILITARES POR PLAN CÓNDOR
Buenos Aires, Argentina.Un juez argentino ratificó la prisión y encausó a 18 ex altos jerarcas de la dictadura (1976-83) por su participación en el Plan Cóndor, de coordinación represiva de los régimenes militares sudamericanos en los años 70, informaron el viernes fuentes judiciales.
El juez federal Jorge Urso dictó la prisión preventiva (confirmación de prisión), encausó a los militares y además les impuso embargos sobre sus bienes por sumas de entre 500.000 pesos y un millón de pesosdólares), agregaron las fuentes.
Urso además amplió el procesamiento contra el ex dictador Jorge Videla, el único que ya estaba encausado en el proceso judicial del Plan Cóndor, por 34 casos de privaciones ilegales de la libertad y asociación ilítica agravada.
El magistrado había librado en julio pasado la orden de captura para ese grupo de ex altos jefes militares argentinos, de los cuales ya estaban detenidos una decena por otras causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos, como el robo sistemático de menores durante la dictadura.
Videla, primer presidente de facto del último régimen militar, estaba bajo arresto domiciliario desde 1998, por ser mayor de 70 años, en la causa por el secuestro de unos 500 menores durante la dictadura.
En su resolución de unas 900 carillas, Urso señaló que el mecanismo del Plan Cóndor "fue celebrado y ejecutado por quienes ocuparon los gobiernos de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina, cuyo objeto central y principal rsultó ser la lucha contra los opositores mediante la sistematización de la desaparición forzada de personas".
En Chile, el juez Juan Guzmán Tapia podría interrogar el lunes al ex dictador Augusto Pinochet, también por el Plan Cóndor, por el cual las dictaduras sudamericanas intercambiaban información y realizaban operativos para secuestrar opositores de la región, según denuncias de entidades humanitarias.
La justicia argentina ha pedido la extradición de Pinochet por el proceso del Plan Cóndor, pero la justicia chilena denegó el traslado.
Entre los incluidos en el fallo de Urso, figuran además de Videla, el ex ministro del Interior, general retirado Albano Harguindegu;, el ex general Guillermo Suárez Mason; el ex gobernador militar de la provincia de Tucumán (norte), Antonio Bussi; y el entonces jefe del poderoso III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Cuando ordenó el arresto de los ex militares, Urso tomó como pruebas legajos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que en los años 80 recogió miles de denuncias de crímenes de lesa humanidad, así como también los testimonios de familiares de uruguayos secuestrados en Buenos Aires y otros documentos de chilenos y bolivianos.
El terrorismo de Estado dejó unos 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina, según cifras de las entidades defensoras de los derechos humanos.
5 de septiembre de 2004
©mipunto
DECLARARON EN URUGUAY EX DICTADOR Y SU CANCILLER POR ASESINATO DE LEGISLADORES
Montevideo, Uruguay.El ex dictador de Uruguay, Juan María Bordaberry (1972-76), y su ex canciller Juan Carlos Blanco, declararon como testigos este jueves en Montevideo ante un juez por los asesinatos en Buenos Aires en 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Bordaberry, autor de un autogolpe el 27 de junio de 1973, con causas abiertas por violar la Constitución y por la masacre de ocho militantes comunistas en 1972, entró a la sede judicial pasado el mediodía, permaneció siete horas en el juzgado y salió después de declarar por más de tres horas ante el juez Roberto Timbal, sin hablar con la prensa.
Blanco, procesado por coautoría en el asesinato en 1976 de la desaparecida maestra Elena Quinteros, estuvo más de seis horas en juzgado y se fue entrada la noche asegurando que no quería dar declaraciones públicas.
La abogada de los familiares de las víctimas, Hebe Martínez Burlé, anunció que ambos podrían ser sometidos a un careo más adelante, para confrontar sus declaraciones, y que además podían ser citados por la justicia argentina.
Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976 en Buenos Aires por un comando paramilitar, presuntamente integrado, según testimonios, por represores argentinos y uruguayos. En aquella época Argentina y Uruguay eran gobernados por dictaduras militares.
Los cuerpos de Michelini -quien fuera senador hasta la disolución de las cámaras- y de Gutiérrez Ruiz -presidente de la Cámara de Diputados hasta el advenimiento del golpe- fueron hallados tres días después por la policía bonaerense en el interior de un automóvil abandonado en la periferia de la ciudad.
También se encontraron allí los cadáveres de otros dos uruguayos, Rosario Barredo y William Whitelaw, integrantes del Movimiento Nacional de Liberación-Tupamaros (MLN-T), organización que impulsó la guerrilla en Uruguay desde 1964 hasta su derrota por las armas en 1972.
Todos los cadáveres presentaban impactos de bala y señales de tortura.
El ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, hijo del ex dictador, que acompañó a su padre al juzgado, atribuyó intenciones políticas a la citación de su padre.
"Mi padre respondió todas las preguntas que le hizo la fiscal, declaró sin abogado, puso en conocimiento de ellos todo lo que sabía sobre los casos (...). En lo personal lo acompaño porque me siento un poco o bastante responsable de las cosas que esta viviendo, porque estos son hechos que acaecieron hace como 30 años", expresó el ministro.
Añadió que "desde 1985 (retorno de la democracia) nadie duda que Uruguay tiene sus instituciones funcionando a pleno. Por ende, como nadie duda de eso, durante 18 o 19 años nadie hizo denuncias y nadie pidió citaciones a testigos, que sí se están haciendo ahora. Lo único que cambió es que yo alcancé un cargo público".
Martíne Burlé no descartó el careo porque "uno puede decir que tenía o no, conocimiento. Hay documentos firmados por Blanco, como cuando pide (en aquella época) que le retiren el pasaporte a Michelini, y puede haber desconocimiento del otro lado, por eso la fiscalía puede pedir un careo para que se aclaren las cosas".
El defensor Carlos Curbelo Tamaro dijo a la AFP que Blanco carece de mayores datos "más de que lo trascendido. De este hecho desgraciado, ocurrido en Argentina, se sabe, después de tanto tiempo que los ejecutores fueron escuadrones de la muerte al amparo de la Junta Militar argentina".
El abogado Guillermo Paysée, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) opinó que "es una vergüenza no tener versión oficial de estos hechos" y que es "buena cosa que la justicia investigue y ojalá se haga la luz porque hace bien para el para el presente y para el futuro, que se sepa que aquí no es un país donde campea la impunidad".
5 de septiembre de 2004
©mipunto
2 - JUEZ ARGENTINO RATIFICA PRISIÓN Y ENCAUSA A MILITARES POR PLAN CÓNDOR
3 - DECLARARON EN URUGUAY EX DICTADOR Y SU CANCILLER POR ASESINATO DE LEGISLADORES
Bogotá, Colombia. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este viernes a la guerrilla de las FARC por el secuestro de cinco dirigentes indígenas del suroeste del país y les exigió su inmediata liberación. En un comunicado, la agencia de ONU "repudia que el Secretariado (mando central) de las FARC y su organización continúen incumpliendo las normas del derecho internacional humanitario que le imponen el respeto por la población civil".
"Los instamos nuevamente a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes", señaló la nota de la Oficina de la ONU, quien dijo tener información de que las FARC "son las responsables de este nuevo crimen contra la población civil".
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a las FARC "a que respeten, sin dilación, la libre determinación, el autogobierno, la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas".
La entidad destacó que la comunidad indígena paez -a la que pertenecen los secuestrados- "se ha caracterizado por su trabajo participativo y por la defensa constante de su cultura", lo cual -añadió- "la ha hecho merecedora de diferentes reconocimientos nacionales e internacionales".
"La Oficina se solidariza con las comunidades indígenas del país que se encuentran afectadas por el secuestro de sus líderes, y por el irrespeto continuo de sus derechos", concluyó el pronunciamiento de la ONU.
Según las autoridades y la Organización Indígena de Colombia (ONIC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables del secuestro del alcalde indígena de la suroccidental población de Toribío -departamento de Cauca-, Arquímedes Vitonás, y de cuatro acompañantes.
Vitonás se desplazó el pasado 21 de agosto, en compañía de Gilberto Muñoz, Plimio Trochez, Rubén Darío Escué, a San Vicente de Caguán -en el vecino departamento de Caquetá-, para visitar un asentamiento indígena Paez y desde entonces no se conoce de su paradero. Con ellos fue también secuestrado el conductor del vehículo en que viajaban, Herminson Velazco. Las FARC son acusadas también del secuestro de Orlando Hernández Guanga, un líder indígena A'wa y alcalde del municipio de Ricaurte (970 km al sur de Bogotá), en un hecho ocurrido el 25 de agosto mientras viajaba a la población de Ipiales, en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador.
Dos indígenas fueron asesinados el 28 de agosto en el occidental municipio de Sipirra, y tres días antes fue muerto otro aborigen en la localidad de Cayaima (centro), en hechos cuya autoría se desconoce.
En el primer semestre de este año fueron asesinados en Colombia 61 indígenas, según el gobierno, que señala una disminución del 42% en los crímenes con respecto al mismo período de 2003, cuando fueron muertos 106.
5 de septiembre de 2004
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JUEZ ARGENTINO RATIFICA PRISIÓN Y ENCAUSA A MILITARES POR PLAN CÓNDOR
Buenos Aires, Argentina.Un juez argentino ratificó la prisión y encausó a 18 ex altos jerarcas de la dictadura (1976-83) por su participación en el Plan Cóndor, de coordinación represiva de los régimenes militares sudamericanos en los años 70, informaron el viernes fuentes judiciales.
El juez federal Jorge Urso dictó la prisión preventiva (confirmación de prisión), encausó a los militares y además les impuso embargos sobre sus bienes por sumas de entre 500.000 pesos y un millón de pesosdólares), agregaron las fuentes.
Urso además amplió el procesamiento contra el ex dictador Jorge Videla, el único que ya estaba encausado en el proceso judicial del Plan Cóndor, por 34 casos de privaciones ilegales de la libertad y asociación ilítica agravada.
El magistrado había librado en julio pasado la orden de captura para ese grupo de ex altos jefes militares argentinos, de los cuales ya estaban detenidos una decena por otras causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos, como el robo sistemático de menores durante la dictadura.
Videla, primer presidente de facto del último régimen militar, estaba bajo arresto domiciliario desde 1998, por ser mayor de 70 años, en la causa por el secuestro de unos 500 menores durante la dictadura.
En su resolución de unas 900 carillas, Urso señaló que el mecanismo del Plan Cóndor "fue celebrado y ejecutado por quienes ocuparon los gobiernos de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina, cuyo objeto central y principal rsultó ser la lucha contra los opositores mediante la sistematización de la desaparición forzada de personas".
En Chile, el juez Juan Guzmán Tapia podría interrogar el lunes al ex dictador Augusto Pinochet, también por el Plan Cóndor, por el cual las dictaduras sudamericanas intercambiaban información y realizaban operativos para secuestrar opositores de la región, según denuncias de entidades humanitarias.
La justicia argentina ha pedido la extradición de Pinochet por el proceso del Plan Cóndor, pero la justicia chilena denegó el traslado.
Entre los incluidos en el fallo de Urso, figuran además de Videla, el ex ministro del Interior, general retirado Albano Harguindegu;, el ex general Guillermo Suárez Mason; el ex gobernador militar de la provincia de Tucumán (norte), Antonio Bussi; y el entonces jefe del poderoso III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Cuando ordenó el arresto de los ex militares, Urso tomó como pruebas legajos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que en los años 80 recogió miles de denuncias de crímenes de lesa humanidad, así como también los testimonios de familiares de uruguayos secuestrados en Buenos Aires y otros documentos de chilenos y bolivianos.
El terrorismo de Estado dejó unos 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina, según cifras de las entidades defensoras de los derechos humanos.
5 de septiembre de 2004
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DECLARARON EN URUGUAY EX DICTADOR Y SU CANCILLER POR ASESINATO DE LEGISLADORES
Montevideo, Uruguay.El ex dictador de Uruguay, Juan María Bordaberry (1972-76), y su ex canciller Juan Carlos Blanco, declararon como testigos este jueves en Montevideo ante un juez por los asesinatos en Buenos Aires en 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Bordaberry, autor de un autogolpe el 27 de junio de 1973, con causas abiertas por violar la Constitución y por la masacre de ocho militantes comunistas en 1972, entró a la sede judicial pasado el mediodía, permaneció siete horas en el juzgado y salió después de declarar por más de tres horas ante el juez Roberto Timbal, sin hablar con la prensa.
Blanco, procesado por coautoría en el asesinato en 1976 de la desaparecida maestra Elena Quinteros, estuvo más de seis horas en juzgado y se fue entrada la noche asegurando que no quería dar declaraciones públicas.
La abogada de los familiares de las víctimas, Hebe Martínez Burlé, anunció que ambos podrían ser sometidos a un careo más adelante, para confrontar sus declaraciones, y que además podían ser citados por la justicia argentina.
Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976 en Buenos Aires por un comando paramilitar, presuntamente integrado, según testimonios, por represores argentinos y uruguayos. En aquella época Argentina y Uruguay eran gobernados por dictaduras militares.
Los cuerpos de Michelini -quien fuera senador hasta la disolución de las cámaras- y de Gutiérrez Ruiz -presidente de la Cámara de Diputados hasta el advenimiento del golpe- fueron hallados tres días después por la policía bonaerense en el interior de un automóvil abandonado en la periferia de la ciudad.
También se encontraron allí los cadáveres de otros dos uruguayos, Rosario Barredo y William Whitelaw, integrantes del Movimiento Nacional de Liberación-Tupamaros (MLN-T), organización que impulsó la guerrilla en Uruguay desde 1964 hasta su derrota por las armas en 1972.
Todos los cadáveres presentaban impactos de bala y señales de tortura.
El ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, hijo del ex dictador, que acompañó a su padre al juzgado, atribuyó intenciones políticas a la citación de su padre.
"Mi padre respondió todas las preguntas que le hizo la fiscal, declaró sin abogado, puso en conocimiento de ellos todo lo que sabía sobre los casos (...). En lo personal lo acompaño porque me siento un poco o bastante responsable de las cosas que esta viviendo, porque estos son hechos que acaecieron hace como 30 años", expresó el ministro.
Añadió que "desde 1985 (retorno de la democracia) nadie duda que Uruguay tiene sus instituciones funcionando a pleno. Por ende, como nadie duda de eso, durante 18 o 19 años nadie hizo denuncias y nadie pidió citaciones a testigos, que sí se están haciendo ahora. Lo único que cambió es que yo alcancé un cargo público".
Martíne Burlé no descartó el careo porque "uno puede decir que tenía o no, conocimiento. Hay documentos firmados por Blanco, como cuando pide (en aquella época) que le retiren el pasaporte a Michelini, y puede haber desconocimiento del otro lado, por eso la fiscalía puede pedir un careo para que se aclaren las cosas".
El defensor Carlos Curbelo Tamaro dijo a la AFP que Blanco carece de mayores datos "más de que lo trascendido. De este hecho desgraciado, ocurrido en Argentina, se sabe, después de tanto tiempo que los ejecutores fueron escuadrones de la muerte al amparo de la Junta Militar argentina".
El abogado Guillermo Paysée, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) opinó que "es una vergüenza no tener versión oficial de estos hechos" y que es "buena cosa que la justicia investigue y ojalá se haga la luz porque hace bien para el para el presente y para el futuro, que se sepa que aquí no es un país donde campea la impunidad".
5 de septiembre de 2004
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NUEVAS ACUSACIONES DE GENOCIDIO EN MÉXICO - kevin sullivan
A pesar del revés sufrido en el caso contra Echeverría, el fiscal tiene en su mira a 30 ex oficiales. México tiene una curiosa ley que prescribe el delito de genocidio a los 30 años. La crueldad y cobardía de la clase política mexicana del PRI obstaculiza la justicia.
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga las violaciones de los derechos humanos por el gobierno durante el período conocido en México como la guerra sucia' dijo que piensa acusar a 30 antiguos líderes civiles y militares de genocidio, a pesar del revés legal sufrido por sus esfuerzos sin precedentes por llevar a juicio por la misma acusación al antiguo presidente Luis Echeverría.
El fiscal Ignacio Carrillo Prieto, defendió en una entrevista el jueves pasado su intento de responsabilizar a antiguas autoridades políticas por las muertes y desapariciones durante una campaña represiva dirigida contra estudiantes y otros activistas entre los años sesenta y ochenta.
El fiscal especial ha debido hacer frente a críticas desde julio, cuando le pidió a un juez que emitiera una orden de detención contra Echeverría, 82, que fue presidente desde 1970 a 1976. También pidió detener a otros once antiguos altos funcionarios, acusándoles de genocidio en conexión con una masacre de 1971, en la que alrededor de 30 estudiantes que protestaban en Ciudad de México fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.
Carrillo Prieto no dijo cuando presentará los cargos por genocidio contra los otros 30 antiguos funcionarios, pero declaró que su despacho tenía evidencias que los asociaban a cerca de 200 muertes y desapariciones.
"Esta guerra es larga y compleja, pero tenemos que seguir adelante", dijo Carrillo Prieto.
También pidió al presidente Vicente Fox que reuniera apoyo para los juicios, a pesar de una fuerte oposición política a confrontar el pasado de México. Aunque Fox ha apoyado sus esfuerzos, Carrillo Prieto dijo que el presidente no ha puesto las investigaciones en su lista de prioridades más importantes. Fox, por ejemplo, no proporcionó los fondos suficientes para exhumar fosas comunes sospechosas en el sur del estado de Guerrero, dijo.
"Si no hay prioridad, la voluntad no es suficiente", dijo Carrillo Prieto, un antiguo profesor de derecho que fue nombrado por Fox en enero de 2002. Dijo que pensaba reunirse con el presidente la próxima semana. "Si no hay una respuesta positiva le diré: Señor presidente, ¿de qué se trata esto?'"
Carrillo Prieto dijo que su interpretación de la ley internacional define genocidio como el intento sistemático de eliminar un grupo étnico, religioso o nacional. Los fiscales que instruyen casos de violaciones de los derechos humanos en Yugoslavia y Argentina han concluido que entre esos grupos también se incluye a los disidentes políticos, dijo Carrillo Prieto. Ha acusado a Echeverría de usar a los militares del estado y a las fuerzas policiales para "exterminar" sistemáticamente a los disidentes políticos de México, algo que Echeverría niega.
Menos de 24 horas después de solicitar una orden de detención contra Echeverría y otros once, el juez rechazó su petición, resolviendo que la ley de prescripción del delito de genocidio había expirado después de 30 años. Carrillo Prieto argumentó que las investigaciones oficiales sobre la masacre estuvieron en curso hasta 1982, de modo que el período de 30 años debería comenzar entonces. En ese caso, los delitos prescribirían recién en 2112.
El fiscal general del estado, para el que trabaja Carrillo Prieto, recurrió la resolución del juez ante la Corte Suprema, de la que se espera que determine pronto si considerará la apelación.
Carrillo Prieto dijo que no estaba desanimado por la resolución del juez; dijo que la esperaba.
Dijo además que hace frente a una poderosa oposición a que se investiguen las violaciones, que tomaron lugar durante el período del Partido Revolucionario Institucional PRI, que controló el gobierno desde 1929 hasta el 2000.
Para muchos mexicanos la rápida resolución del juez era una prueba de que la poderosa clase política mexicana y el débil poder judicial no tenían intención de investigar los abusos que ocurrieron durante la era del PRI, cuando los presidentes gobernaban casi con poderes dictatoriales.
"Hemos avanzado, pero no estamos satisfechos, y no debemos estarlo", dijo Carrillo Prieto. "No ayuda que la gente diga que no vale la pena. Lo peor que puede ocurrir es que la gente pierda la esperanza".
Muchos críticos se han quejado de que Carrillo Prieto exageró al acusar a Echeverría de genocidio, un cargo que es difícil de probar y que puede incluso provocar que el antiguo presidente -que es terriblemente poco popular- escape a la justicia. Carrillo Prieto defendió su decisión en el caso. "Incluso si hubiera mejores posibilidades con cargos menores, lo importante que determinar la verdad histórica y legal del asunto: los mexicanos lo merecen", dijo. Eso implica asesinatos que constituyen genocidio. "Es ridículo", dijo, tener una ley que prescribe el genocidio.
En casos relacionados, el despacho del fiscal especial ha logrado órdenes de detención para ocho individuos: uno de ellos murió, otros seis se encuentran fugitivos y Miguel Nazar Haro, uno de los más importantes agentes de seguridad interior de la era de la guerra sucia, está en prisión. Carrillo Prieto dijo que pedirá a un juez este viernes una orden de detención contra otro importante funcionario de gobierno, pero se negó a dar a conocer su identidad.
1 de septiembre de 2004
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga las violaciones de los derechos humanos por el gobierno durante el período conocido en México como la guerra sucia' dijo que piensa acusar a 30 antiguos líderes civiles y militares de genocidio, a pesar del revés legal sufrido por sus esfuerzos sin precedentes por llevar a juicio por la misma acusación al antiguo presidente Luis Echeverría.El fiscal Ignacio Carrillo Prieto, defendió en una entrevista el jueves pasado su intento de responsabilizar a antiguas autoridades políticas por las muertes y desapariciones durante una campaña represiva dirigida contra estudiantes y otros activistas entre los años sesenta y ochenta.
El fiscal especial ha debido hacer frente a críticas desde julio, cuando le pidió a un juez que emitiera una orden de detención contra Echeverría, 82, que fue presidente desde 1970 a 1976. También pidió detener a otros once antiguos altos funcionarios, acusándoles de genocidio en conexión con una masacre de 1971, en la que alrededor de 30 estudiantes que protestaban en Ciudad de México fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.
Carrillo Prieto no dijo cuando presentará los cargos por genocidio contra los otros 30 antiguos funcionarios, pero declaró que su despacho tenía evidencias que los asociaban a cerca de 200 muertes y desapariciones.
"Esta guerra es larga y compleja, pero tenemos que seguir adelante", dijo Carrillo Prieto.
También pidió al presidente Vicente Fox que reuniera apoyo para los juicios, a pesar de una fuerte oposición política a confrontar el pasado de México. Aunque Fox ha apoyado sus esfuerzos, Carrillo Prieto dijo que el presidente no ha puesto las investigaciones en su lista de prioridades más importantes. Fox, por ejemplo, no proporcionó los fondos suficientes para exhumar fosas comunes sospechosas en el sur del estado de Guerrero, dijo.
"Si no hay prioridad, la voluntad no es suficiente", dijo Carrillo Prieto, un antiguo profesor de derecho que fue nombrado por Fox en enero de 2002. Dijo que pensaba reunirse con el presidente la próxima semana. "Si no hay una respuesta positiva le diré: Señor presidente, ¿de qué se trata esto?'"
Carrillo Prieto dijo que su interpretación de la ley internacional define genocidio como el intento sistemático de eliminar un grupo étnico, religioso o nacional. Los fiscales que instruyen casos de violaciones de los derechos humanos en Yugoslavia y Argentina han concluido que entre esos grupos también se incluye a los disidentes políticos, dijo Carrillo Prieto. Ha acusado a Echeverría de usar a los militares del estado y a las fuerzas policiales para "exterminar" sistemáticamente a los disidentes políticos de México, algo que Echeverría niega.
Menos de 24 horas después de solicitar una orden de detención contra Echeverría y otros once, el juez rechazó su petición, resolviendo que la ley de prescripción del delito de genocidio había expirado después de 30 años. Carrillo Prieto argumentó que las investigaciones oficiales sobre la masacre estuvieron en curso hasta 1982, de modo que el período de 30 años debería comenzar entonces. En ese caso, los delitos prescribirían recién en 2112.
El fiscal general del estado, para el que trabaja Carrillo Prieto, recurrió la resolución del juez ante la Corte Suprema, de la que se espera que determine pronto si considerará la apelación.
Carrillo Prieto dijo que no estaba desanimado por la resolución del juez; dijo que la esperaba.
Dijo además que hace frente a una poderosa oposición a que se investiguen las violaciones, que tomaron lugar durante el período del Partido Revolucionario Institucional PRI, que controló el gobierno desde 1929 hasta el 2000.
Para muchos mexicanos la rápida resolución del juez era una prueba de que la poderosa clase política mexicana y el débil poder judicial no tenían intención de investigar los abusos que ocurrieron durante la era del PRI, cuando los presidentes gobernaban casi con poderes dictatoriales.
"Hemos avanzado, pero no estamos satisfechos, y no debemos estarlo", dijo Carrillo Prieto. "No ayuda que la gente diga que no vale la pena. Lo peor que puede ocurrir es que la gente pierda la esperanza".
Muchos críticos se han quejado de que Carrillo Prieto exageró al acusar a Echeverría de genocidio, un cargo que es difícil de probar y que puede incluso provocar que el antiguo presidente -que es terriblemente poco popular- escape a la justicia. Carrillo Prieto defendió su decisión en el caso. "Incluso si hubiera mejores posibilidades con cargos menores, lo importante que determinar la verdad histórica y legal del asunto: los mexicanos lo merecen", dijo. Eso implica asesinatos que constituyen genocidio. "Es ridículo", dijo, tener una ley que prescribe el genocidio.
En casos relacionados, el despacho del fiscal especial ha logrado órdenes de detención para ocho individuos: uno de ellos murió, otros seis se encuentran fugitivos y Miguel Nazar Haro, uno de los más importantes agentes de seguridad interior de la era de la guerra sucia, está en prisión. Carrillo Prieto dijo que pedirá a un juez este viernes una orden de detención contra otro importante funcionario de gobierno, pero se negó a dar a conocer su identidad.
1 de septiembre de 2004
4 de septiembre de 2004
©washingtonpost
©traducción mQh
EVIDENCIAS EN RIGGS SUGIEREN ACTIVIDADES CRIMINALES DE SUS EMPLEADOS EN CASO PINOCHET - terence o'hara
Las cuentas secretas de Pinochet fueron manejadas no solamente por sus familiares, sino también por antiguos militares de alto rango de su régimen. Demuestra esto la complicidad tantas veces negada de los militares en los turbios manejos del tirano. Como Trujillo en República Dominicana y Franco en España antiguamente, el dictador chileno y las hienas bajo sus órdenes se enriquecieron entre asesinato y asesinato, pretendiendo que así salvaban a Chile.
Investigadores del Banco Riggs han encontrado evidencias de posibles actividades criminales de algunos de sus antiguos empleados que administraron las cuentas del ex dictador chileno Augusto Pinochet y han entregado sus revelaciones a fiscales federales, de acuerdo a varias fuentes informadas sobre la materia.
Las revelaciones emergieron de una investigación interna sobre posibles lavados de dinero en los tratos del Riggs con Pinochet y Chile, que datan de mediados de los años ochenta, dijeron las fuentes, que están familiarizadas con la investigación y hablaron a condición de mantener el anonimato, debido a que la investigación se encuentra todavía en sus fases iniciales.
Los investigadores encargados de trazar las transacciones de las cuentas de Pinochet en el Riggs también han encontrado evidencias de que algunos de sus asociados y parientes han manejado fuertes sumas de dinero a través de al menos otros cuatro bancos estadounidenses, incluyendo el Citibank y el Banco de América, dijeron las fuentes.
El departamento de Justicia y el fiscal para el distrito de Columbia están investigando posibles lavados de dinero en el Riggs, que implican a Pinochet y a funcionarios del gobierno de Guinea Ecuatorial. Riggs refirió previamente al departamento de Justicia a Simon P. Kareri, que era el encargado de las cuentas de Guinea Ecuatorial en el Riggs y se encuentra ahora sometido a una investigación de un jurado en el distrito.
El portavoz del Riggs, Mark N. Hendrix, rehusó hacer comentarios ayer. El mes pasado la compañía dijo que estaba siendo sometido a varias investigaciones y que había dicho previamente que colaboraría con esas investigaciones. El Riggs ha contratado los servicios del abogado criminalista Reid H. Weingarten para representar al banco y su holding en conexión con la investigación del departamento de Justicia, dijeron las fuentes.
Weingarten no devolvió llamadas telefónicas el miércoles.
Las fuentes rehusaron describir las acciones específicas que los funcionarios del banco creen que han violado la ley ni decir cuántos de los antiguos empleados de la compañía se encuentran involucrados en el caso.
Una investigación del subcomité permanente del Senado sobre las investigaciones dada a conocer en julio descubrió que durante al menos ocho años el banco Riggs ayudó a Pinochet a ocultar cuentas con balances de entre cuatro y ocho millones de dólares, asistiendo incluso al general a ocultar los fondos de fiscales internacionales que buscaban restitución por asesinatos políticos. Específicamente el informe detalla cómo los encargados del Riggs lo ayudaron a fundar empresas fantasmas en el exterior para ocultar sus intereses en el dinero depositado en el Riggs, alteraron los nombres de las cuentas para que los investigadores no reconocieran el nombre de Pinochet y ocultaron las cuentas de Pinochet a los examinadores del banco. El informe del Senado dijo que dos antiguos empleados del Riggs eran los principales responsables del manejo de las cuentas de Pinochet.
En mayo el Riggs fue multado con 25 millones de dólares por inspectores del banco por no actuar en conformidad con las leyes contra el lavado de dinero en sus tratos con la embajada de Arabia Saudí y con el país africano rico en petróleo, Guinea Ecuatorial.
Las revekaciones sobre Pinochet han desencadenado nuevos esfuerzos en Chile por llevar a juicio al antiguo dictador de 88 años por su papel en los asesinatos políticos durante su régimen. Las enormes sumas de dinero en las cuentas del Riggs también han provocado una investigación sobre la corrupción pública en Chile. Un representante de la familia de Pinochet dijo a la prensa en ese país que el dinero en Riggs provenía de donaciones' de partidarios ricos del general.
Las transacciones de Pinochet que fueron hechas por otros bancos han sido conectadas a Marcos y Lucía, hijos de Pinochet, a varios antiguos comandantes militares de las poderosas fuerzas armadas chilenas y a otros asociados de Pinochet, de acuerdo a fuentes informadas de la investigación interna del Riggs. Dijeron que las transacciones ascendían a substanciales sumas de dinero, a veces a varios millones de dólares a la vez.
Las fuentes dijeron que los investigadores del Riggs han sido incapaces de obtener documentación de otros bancos sobre la fuente y destino de los fondos en esas cuentas. Las regulaciones que norman la documentación de clientes políticamente sensibles' entraron en vigor en 1986 para la mayoría de los bancos, y la Ley Patriota de 2001 las transformó en ley.
Voceros del Banco de América y del Citibank rehusaron hacer comentarios.
La Contraloría de Divisas es la responsable de garantizar que los bancos nacionales actúen conforme a las regulaciones de conozca a su cliente' designadas a impedir el lavado de dinero. Kevin Mukri, portavoz de la oficina de la contraloría, rehusó comentar la investigación del Riggs. Monty Wilkinso, portavoz del fiscal del distrito, tampoco hizo comentarios.
La investigación en curso del Riggs podría significar problemas para su fusión pendiente con el PNC Financial Services Group Inc. Si el banco es procesado, o si se le condena al pago de multas, podría retrasar, cambiar los términos o incluso frustrar la fusión. La fusión incluye una provisión que permite a PNC retirarse si ocurre algún evento regulatorio adverso antes de la fusión. Se espera que la fusión tome lugar en los primeros tres meses del próximo año, en el mejor de los casos.
Un portavoz de PNC no devolvió las llamadas solicitando sus comentarios.
3 de septiembre de 2004
©washingtonpost©traducción mQh
Investigadores del Banco Riggs han encontrado evidencias de posibles actividades criminales de algunos de sus antiguos empleados que administraron las cuentas del ex dictador chileno Augusto Pinochet y han entregado sus revelaciones a fiscales federales, de acuerdo a varias fuentes informadas sobre la materia.Las revelaciones emergieron de una investigación interna sobre posibles lavados de dinero en los tratos del Riggs con Pinochet y Chile, que datan de mediados de los años ochenta, dijeron las fuentes, que están familiarizadas con la investigación y hablaron a condición de mantener el anonimato, debido a que la investigación se encuentra todavía en sus fases iniciales.
Los investigadores encargados de trazar las transacciones de las cuentas de Pinochet en el Riggs también han encontrado evidencias de que algunos de sus asociados y parientes han manejado fuertes sumas de dinero a través de al menos otros cuatro bancos estadounidenses, incluyendo el Citibank y el Banco de América, dijeron las fuentes.
El departamento de Justicia y el fiscal para el distrito de Columbia están investigando posibles lavados de dinero en el Riggs, que implican a Pinochet y a funcionarios del gobierno de Guinea Ecuatorial. Riggs refirió previamente al departamento de Justicia a Simon P. Kareri, que era el encargado de las cuentas de Guinea Ecuatorial en el Riggs y se encuentra ahora sometido a una investigación de un jurado en el distrito.
El portavoz del Riggs, Mark N. Hendrix, rehusó hacer comentarios ayer. El mes pasado la compañía dijo que estaba siendo sometido a varias investigaciones y que había dicho previamente que colaboraría con esas investigaciones. El Riggs ha contratado los servicios del abogado criminalista Reid H. Weingarten para representar al banco y su holding en conexión con la investigación del departamento de Justicia, dijeron las fuentes.
Weingarten no devolvió llamadas telefónicas el miércoles.
Las fuentes rehusaron describir las acciones específicas que los funcionarios del banco creen que han violado la ley ni decir cuántos de los antiguos empleados de la compañía se encuentran involucrados en el caso.
Una investigación del subcomité permanente del Senado sobre las investigaciones dada a conocer en julio descubrió que durante al menos ocho años el banco Riggs ayudó a Pinochet a ocultar cuentas con balances de entre cuatro y ocho millones de dólares, asistiendo incluso al general a ocultar los fondos de fiscales internacionales que buscaban restitución por asesinatos políticos. Específicamente el informe detalla cómo los encargados del Riggs lo ayudaron a fundar empresas fantasmas en el exterior para ocultar sus intereses en el dinero depositado en el Riggs, alteraron los nombres de las cuentas para que los investigadores no reconocieran el nombre de Pinochet y ocultaron las cuentas de Pinochet a los examinadores del banco. El informe del Senado dijo que dos antiguos empleados del Riggs eran los principales responsables del manejo de las cuentas de Pinochet.
En mayo el Riggs fue multado con 25 millones de dólares por inspectores del banco por no actuar en conformidad con las leyes contra el lavado de dinero en sus tratos con la embajada de Arabia Saudí y con el país africano rico en petróleo, Guinea Ecuatorial.
Las revekaciones sobre Pinochet han desencadenado nuevos esfuerzos en Chile por llevar a juicio al antiguo dictador de 88 años por su papel en los asesinatos políticos durante su régimen. Las enormes sumas de dinero en las cuentas del Riggs también han provocado una investigación sobre la corrupción pública en Chile. Un representante de la familia de Pinochet dijo a la prensa en ese país que el dinero en Riggs provenía de donaciones' de partidarios ricos del general.
Las transacciones de Pinochet que fueron hechas por otros bancos han sido conectadas a Marcos y Lucía, hijos de Pinochet, a varios antiguos comandantes militares de las poderosas fuerzas armadas chilenas y a otros asociados de Pinochet, de acuerdo a fuentes informadas de la investigación interna del Riggs. Dijeron que las transacciones ascendían a substanciales sumas de dinero, a veces a varios millones de dólares a la vez.
Las fuentes dijeron que los investigadores del Riggs han sido incapaces de obtener documentación de otros bancos sobre la fuente y destino de los fondos en esas cuentas. Las regulaciones que norman la documentación de clientes políticamente sensibles' entraron en vigor en 1986 para la mayoría de los bancos, y la Ley Patriota de 2001 las transformó en ley.
Voceros del Banco de América y del Citibank rehusaron hacer comentarios.
La Contraloría de Divisas es la responsable de garantizar que los bancos nacionales actúen conforme a las regulaciones de conozca a su cliente' designadas a impedir el lavado de dinero. Kevin Mukri, portavoz de la oficina de la contraloría, rehusó comentar la investigación del Riggs. Monty Wilkinso, portavoz del fiscal del distrito, tampoco hizo comentarios.
La investigación en curso del Riggs podría significar problemas para su fusión pendiente con el PNC Financial Services Group Inc. Si el banco es procesado, o si se le condena al pago de multas, podría retrasar, cambiar los términos o incluso frustrar la fusión. La fusión incluye una provisión que permite a PNC retirarse si ocurre algún evento regulatorio adverso antes de la fusión. Se espera que la fusión tome lugar en los primeros tres meses del próximo año, en el mejor de los casos.
Un portavoz de PNC no devolvió las llamadas solicitando sus comentarios.
3 de septiembre de 2004
©washingtonpost©traducción mQh
DAN ARMAS A CONGRESISTAS PARA SU DEFENSA PERSONAL
Busca el poder legislativo de Colombia proteger a sus miembros otorgándoles pistolas y subametralladoras para su propia seguridad
Bogotá, Colombia. Más de un centenar de pistolas y subametralladoras serán distribuidas en los próximos días entre los representantes a la Cámara de Colombia, en desarrollo de un dispositivo de seguridad adoptado por el Legislativo para proteger a sus integrantes.
La presidenta de la Cámara baja, Zulema Jattin, precisó que el armamento se repartirá entre la mayoría de los integrantes de la corporación y se le dará prioridad a quien tenga mayores niveles de riesgo.
Según las directivas de la corporación, entre los 166 representantes serán distribuidas 150 pistolas Smith & Wesson 9 milímetros y 45 subametralladoras MP5, que tuvieron un costo de 4 mil 342 millones de pesos (1.7 millones de dólares).
Un funcionario administrativo de la Cámara señaló que el armamento se encuentra asegurado y que a cada congresista se le entregará el salvoconducto respectivo para la posesión del arma, además de la munición.
El representante Wilson Borja, del izquierdista partido Polo Democrático, quien fue objeto de un atentado contra su vida, el 15 de diciembre de 2000, declaró a periodistas que "he pedido que me den una subametralladora para mi escolta y una pistola para dejar en mi casa, porque allá no tengo seguridad".
En contraste, el representante indígena Lorenzo Almendra, al rechazar el uso de las armas, afirmó que no cuenta con escoltas y dijo al diario El Tiempo de Bogotá: "Mi arma es el pensamiento, la pala y el machete".
En marzo pasado, el entonces presidente de la Cámara, Alonso Acosta, entregó a varios de los congresistas al menos 90 vehículos blindados, que fueron adquiridos por un costo de 17 mil 000 millones de pesos (6.5 millones de dólares) y fueron asignados en base en un estudio sobre el nivel de riesgo de cada congresista.
15 de agosto de 2004
©eluniversal
Bogotá, Colombia. Más de un centenar de pistolas y subametralladoras serán distribuidas en los próximos días entre los representantes a la Cámara de Colombia, en desarrollo de un dispositivo de seguridad adoptado por el Legislativo para proteger a sus integrantes. La presidenta de la Cámara baja, Zulema Jattin, precisó que el armamento se repartirá entre la mayoría de los integrantes de la corporación y se le dará prioridad a quien tenga mayores niveles de riesgo.
Según las directivas de la corporación, entre los 166 representantes serán distribuidas 150 pistolas Smith & Wesson 9 milímetros y 45 subametralladoras MP5, que tuvieron un costo de 4 mil 342 millones de pesos (1.7 millones de dólares).
Un funcionario administrativo de la Cámara señaló que el armamento se encuentra asegurado y que a cada congresista se le entregará el salvoconducto respectivo para la posesión del arma, además de la munición.
El representante Wilson Borja, del izquierdista partido Polo Democrático, quien fue objeto de un atentado contra su vida, el 15 de diciembre de 2000, declaró a periodistas que "he pedido que me den una subametralladora para mi escolta y una pistola para dejar en mi casa, porque allá no tengo seguridad".
En contraste, el representante indígena Lorenzo Almendra, al rechazar el uso de las armas, afirmó que no cuenta con escoltas y dijo al diario El Tiempo de Bogotá: "Mi arma es el pensamiento, la pala y el machete".
En marzo pasado, el entonces presidente de la Cámara, Alonso Acosta, entregó a varios de los congresistas al menos 90 vehículos blindados, que fueron adquiridos por un costo de 17 mil 000 millones de pesos (6.5 millones de dólares) y fueron asignados en base en un estudio sobre el nivel de riesgo de cada congresista.
15 de agosto de 2004
©eluniversal
NUEVO JEFE NOMINADO DE LA CIA ERA ESPÍA EN AMÉRICA LATINA -john rice
Porter J. Goss nominado por Bush para la posición de director de la CIA no es desconocido en América Latina, donde trabajó como agente secreto en México, República Dominicana y Guatemala. Jugó un papel importante en el derrocamiento del gobierno de Guatemala en 1954. Y fue quien expulsó al Che Guevara a México.
Ciudad de México, México. Para un joven agente de la CIA había mucho que hacer cuando Porter J. Goss, recién egresado de Yale, llegó a América Latina a principios de los años sesenta.
El diputado republicano nominado el jueves para dirigir a la CIA pasó aparentemente la mayor parte de su carrera como un operativo clandestino en la región, con destinaciones en México, la República Dominicana y Haití, aunque las fechas de su servicio en cada país siguen siendo poco claras.
Cuba era el problema dominante. La revolución de 1959 -que fue primero un amplio movimiento social para derrocar a un dictador- se estaba orientando fuertemente hacia la izquierda, poniendo al más importante aliado soviético a sólo 90 millas de las costas norteamericanas en la mitad de la Guerra Fría.
Los detalles de la carrera de Goss permanecieron ocultos por cuatro décadas de secretismo. Están entre las décadas menos exploradas del pasado de cualquier político norteamericano. Ni él ni la CIA no han proporcionado más que descripciones muy sumarias.
Aparentemente, Goss se unió a la CIA justo al salir de Yale, donde obtuvo un diploma en Grecia antigua en 1960.
Trabajó en Miami, que se estaba transformando en un imán para los emigrados cubanos. Algunos fueron reclutados por la CIA y adiestrados para lo que terminó siendo uno de los desastres más grandes de la agencia: la invasión de Cuba en 1961, que fue aplastada por Fidel Castro en Bahía Cochinos.
Un año más tarde, el mundo evitó estrechamente una guerra nuclear durante la crisis cubana de los misiles, que implicó a Estados Unidos y la Unión Soviética.
En una entrevista de 2002 con The Washington Post, Goss bromeó diciendo que había trabajado en la interpretación de fotografías y en "manejo de pequeños botes", que condujeron a "algunos interesantes momentos en el Estrecho de Florida". Reconoció haber reclutado y coordinado a agentes extranjeros.
El plan de Bahía Cochinos fue inspirado en parte en el exitoso derrocamiento por la CIA del gobierno populista de Guatemala en 1954. Eso ayudó a desencadenar la guerra civil de Guatemala, que creció mientras Goss trabajaba en la región y duró 30 años.
También hizo escapar a Ciudad de México a un entonces oscuro viajero argentino, Ernesto Guevara. Allá, el Che conoció a Fidel y se unió a la guerrilla para volver a Cuba en 1956 y comenzar la revolución.
Goss llegó a Ciudad de México apenas unos azarosos años más tarde.
Haití -justo frente a la parte oriental de Cuba- era gobernado por un dictador famoso por su brutalidad, François Papa Doc' Duvalier.
La República Dominicana, que comparte la isla de Hispaniola con Haití, desgarrado por los disturbios políticos de la lucha entre los partidarios del presidente populista Juan Bosch y sus enemigos conservadores.
Inquieto por el ejemplo de la cercana Cuba, Estados Unidos invadió la isla con miles de tropas en 1965.
México era tanto el amigo más cercano de Cuba y uno de los más grandes patios de recreo de la CIA.
Era el único país en la región rechazaba los llamados de Washington a cortar lazos con el gobierno de Castro. Pero también permitía a los agentes de la CIA observar los vuelos desde y hacia Cuba, así como la presencia de las embajadas soviética y cubana en la capital mexicana. En esa época Cuba no tenía otras embajadas en América Latina.
Ese seguimiento permitió a agentes norteamericanos fotografiar a Lee Harvey Oswald entrando en la embajada soviética en Ciudad de México poco antes de que asesinara a John F. Kennedy.
Cuba, entretanto, estaba tratando abiertamente de extender su revolución al resto del hemisferio, con la notable excepción de México. El espionaje norteamericano ayudó a seguir el rastro de la banda rebelde de Guevara en Bolivia en 1968. Fue capturado y asesinado.
Entretanto, México mismo pasaba por un período de convulsiones.
El gobierno predicaba una política populista, a veces casi socialista, pero colaboraba ampliamente con Estados Unidos y aplastó a los opositores de izquierdas.
Unos radicales dispersos tomaron las armas y se hicieron guerrilleros en las ciudades y montañas en los años sesenta. Crecieron de manera importante después de que el gobierno masacrara una manifestación estudiantil en 1968 junto antes de las Olimpíadas de ese año, destruyendo las esperanzas de reforma de muchos mexicanos.
No está claro si Goss estuvo implicado en seguir esos acontecimientos. Aparentemente dejó la región hacia fines de 1960 para marcharse a Londres.
Durante un viaje a Washington en 1970 desde su casa en Londres, Goss se derrumbó en la habitación de su hotel debido a una misteriosa infección sanguínea que afectó su corazón y riñones. Goss sobrevivió, pero su carrera como agente de terreno había terminado. Se retiró de la CIA en 1971.
13 de agosto de 2004
©traducción mQh
©bostonnews
Ciudad de México, México. Para un joven agente de la CIA había mucho que hacer cuando Porter J. Goss, recién egresado de Yale, llegó a América Latina a principios de los años sesenta.El diputado republicano nominado el jueves para dirigir a la CIA pasó aparentemente la mayor parte de su carrera como un operativo clandestino en la región, con destinaciones en México, la República Dominicana y Haití, aunque las fechas de su servicio en cada país siguen siendo poco claras.
Cuba era el problema dominante. La revolución de 1959 -que fue primero un amplio movimiento social para derrocar a un dictador- se estaba orientando fuertemente hacia la izquierda, poniendo al más importante aliado soviético a sólo 90 millas de las costas norteamericanas en la mitad de la Guerra Fría.
Los detalles de la carrera de Goss permanecieron ocultos por cuatro décadas de secretismo. Están entre las décadas menos exploradas del pasado de cualquier político norteamericano. Ni él ni la CIA no han proporcionado más que descripciones muy sumarias.
Aparentemente, Goss se unió a la CIA justo al salir de Yale, donde obtuvo un diploma en Grecia antigua en 1960.
Trabajó en Miami, que se estaba transformando en un imán para los emigrados cubanos. Algunos fueron reclutados por la CIA y adiestrados para lo que terminó siendo uno de los desastres más grandes de la agencia: la invasión de Cuba en 1961, que fue aplastada por Fidel Castro en Bahía Cochinos.
Un año más tarde, el mundo evitó estrechamente una guerra nuclear durante la crisis cubana de los misiles, que implicó a Estados Unidos y la Unión Soviética.
En una entrevista de 2002 con The Washington Post, Goss bromeó diciendo que había trabajado en la interpretación de fotografías y en "manejo de pequeños botes", que condujeron a "algunos interesantes momentos en el Estrecho de Florida". Reconoció haber reclutado y coordinado a agentes extranjeros.
El plan de Bahía Cochinos fue inspirado en parte en el exitoso derrocamiento por la CIA del gobierno populista de Guatemala en 1954. Eso ayudó a desencadenar la guerra civil de Guatemala, que creció mientras Goss trabajaba en la región y duró 30 años.
También hizo escapar a Ciudad de México a un entonces oscuro viajero argentino, Ernesto Guevara. Allá, el Che conoció a Fidel y se unió a la guerrilla para volver a Cuba en 1956 y comenzar la revolución.
Goss llegó a Ciudad de México apenas unos azarosos años más tarde.
Haití -justo frente a la parte oriental de Cuba- era gobernado por un dictador famoso por su brutalidad, François Papa Doc' Duvalier.
La República Dominicana, que comparte la isla de Hispaniola con Haití, desgarrado por los disturbios políticos de la lucha entre los partidarios del presidente populista Juan Bosch y sus enemigos conservadores.
Inquieto por el ejemplo de la cercana Cuba, Estados Unidos invadió la isla con miles de tropas en 1965.
México era tanto el amigo más cercano de Cuba y uno de los más grandes patios de recreo de la CIA.
Era el único país en la región rechazaba los llamados de Washington a cortar lazos con el gobierno de Castro. Pero también permitía a los agentes de la CIA observar los vuelos desde y hacia Cuba, así como la presencia de las embajadas soviética y cubana en la capital mexicana. En esa época Cuba no tenía otras embajadas en América Latina.
Ese seguimiento permitió a agentes norteamericanos fotografiar a Lee Harvey Oswald entrando en la embajada soviética en Ciudad de México poco antes de que asesinara a John F. Kennedy.
Cuba, entretanto, estaba tratando abiertamente de extender su revolución al resto del hemisferio, con la notable excepción de México. El espionaje norteamericano ayudó a seguir el rastro de la banda rebelde de Guevara en Bolivia en 1968. Fue capturado y asesinado.
Entretanto, México mismo pasaba por un período de convulsiones.
El gobierno predicaba una política populista, a veces casi socialista, pero colaboraba ampliamente con Estados Unidos y aplastó a los opositores de izquierdas.
Unos radicales dispersos tomaron las armas y se hicieron guerrilleros en las ciudades y montañas en los años sesenta. Crecieron de manera importante después de que el gobierno masacrara una manifestación estudiantil en 1968 junto antes de las Olimpíadas de ese año, destruyendo las esperanzas de reforma de muchos mexicanos.
No está claro si Goss estuvo implicado en seguir esos acontecimientos. Aparentemente dejó la región hacia fines de 1960 para marcharse a Londres.
Durante un viaje a Washington en 1970 desde su casa en Londres, Goss se derrumbó en la habitación de su hotel debido a una misteriosa infección sanguínea que afectó su corazón y riñones. Goss sobrevivió, pero su carrera como agente de terreno había terminado. Se retiró de la CIA en 1971.
13 de agosto de 2004
©traducción mQh
©bostonnews