UN MUERTO Y VARIOS INTOXICADOS DEJA REBELIÓN POLICIAL EN GUATEMALA
Un policía muerto y varios intoxicados dejó una rebelión protagonizada la noche del sábado en la academia de la policía de Guatemala, donde los efectivos denunciaron malos tratos y rechazaron la integración de un grupo de élite, informó este domingo una fuente policial.
Ciudad de Guatemala, Guatemala. El motín de los agentes concluyó la madrugada de este domingo, luego de que las autoridades se comprometieran a investigar y resolver las condiciones de vida de los policías, indicó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Spirensen. Los casi 4.000 efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) en la capital se amotinaron luego de conocer el presunto suicidio del agente Guillermo Xol, quien se habría quitado la vida porque supuestamente le denegaron un permiso para ir a visitar al hospital a su madre, quien está gravemente enferma.
Spirensen confirmó la muerte de Xol y reconoció que la mayoría de las demandas de los agentes son justas pues actualmente están trabajando seis días seguidos y solamente tienen uno de descanso.
El sublevamiento de los policías llegó a su punto más álgido cuando fueron enviados otros agentes para controlar la situación y éstos lanzaron gases lacrimógenos y se escucharon disparos.
El funcionario comentó que investigarán las denuncias de los agentes, quienes revelaron que los jefes de las comisarías en el interior del país les están cobrando entre 150 y 250 dólares para evitar enviarlos a la capital para integrar un nuevo grupo especializado, ordenado por el presidente Oscar Berger con el fin de frenar la violencia, el cual comenzará a funcionar este lunes.
De acuerdo con los inconformes, el cuerpo especial de élite estará integrado por unos 5.000 policías, que en su mayoría fueron trasladados de otras zonas.
Asimismo, los efectivos comentan que en el nuevo cuerpo cada policía estará acompañado por dos miembros del Ejército, lo cual califican como una "militarización" de las fuerzas civiles.
El presidente Oscar Berger anunció la semana pasada que el grupo de élite saldrá a las calles el lunes y se concentrará en los 40 puntos considerados como más peligrosos de la capital para contrarrestar la ola de violencia que azota esta nación centroamericana.
Según datos oficiales, en el primer semestre de este año se cometieron más de 2.000 crímenes, entre los cuales figuran los de unas 260 mujeres.
El motín policial se produjo dos días después de que el gobernante Berger nombrara a las nuevas autoridades del ministerio de Gobernación (Interior) y al director de la policía, luego de que los funcionarios anteriores renunciaran ante las críticas de la población por el fracaso en la lucha contra la violencia.
26 de julio de 2004
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BRASIL: FUNCIONARIA DENUNCIA ESCLAVITUD EN HACIENDAS ALTAMENTE TECNIFICADAS
Una alta funcionaria del gobierno brasileño denunció la existencia de trabajo esclavo en grandes haciendas altamente tecnificadas.
Brasilia, Brasil. La secretaria de inspección laboral del Ministerio de Trabajo, Ruth Vilela, puso de relieve la paradoja de ver a terratenientes que conocen la tecnología más avanzada pero violan "los derechos más primarios" de los trabajadores, en una entrevista publicada este sábado por la estatal Agencia Brasil, de la cadena Radiobras. Hay en esa situación "un contraste inmenso con el desconocimiento que (los hacendados) alegan o demuestran en relación a los derechos más primarios, más básicos, sean derechos laborales o derechos humanos y cívicos", dijo la funcionaria.
La representante en Brasil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Patricia Audi, también fustigó a los empresarios del agronegocio, uno de los sectores más dinámicos de la economía del país sudamericano, que lucran reduciendo a sus trabajadores a una situación de explotación.
"Utilizan la humildad, la vulnerabilidad de esos trabajadores, para amasar ganancias explotando su mano de obra esclava, amedrentando a esos brasileños con armas, con amenazas morales y de muerte", dijo Audi.
Según la responsable de la OIT, el año pasado unas 5.100 personas fueron rescatadas de haciendas donde vivían en condiciones equiparables a la esclavitud.
El gobierno brasileño envió una ley al Congreso, cuya aprobación autorizaría la expropiación de tierras de hacendados que utilicen trabajo esclavo.
26 de julio de 2004
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EL DEDO DE LA JUSTICIA INSISTE EN APUNTAR A PINOCHET
Queda todavía mucho por descubrir sobre el repentino enriquecimiento del general Pinochet en los años noventa. La familia, que negó inicialmente tener esas cuentas, termina confesando que son ahorros personales.
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Santiago, Chile. A sus 88 años, el ex dictador chileno Augusto Pinochet volvió esta semana al banquillo de los acusados tras el descubrimiento de millonarias cuentas secretas que mantuvo en Estados Unidos, en una denuncia que estalló como una bomba de tiempo en Chile. La sombra de un "lavado de dinero" para ocultar presuntos actos de corrupción durante su régimen persigue ahora al general Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990, con una secuela de más de 3.000 muertos y desaparecidos.
Su posible "enriquecimiento ilícito" quedó al descubierto después que una comisión del Senado estadounidense reveló sus cuentas en el Riggs Bank de Washington, con depósitos de entre cuatro y ocho millones de dólares.
Pinochet reaccionó "confundido" cuando la onda expansiva de la revelación llegó hasta su elegante residencia del barrio La Dehesa, al este de Santiago, donde permanece bajo el cuidado de sus médicos y retirado de la vida pública.
En este lugar, el ex dictador enfrenta solo la denuncia, sin la compañía de sus antiguos aliados políticos que lo aplaudieron cuando se hallaba en la cima del poder y entregó una declaración jurada de sus bienes en una notaría de Santiago, el 12 de septiembre de 1975.
"Cuando tenga que irme llegaré hasta la notaría y retiraré mi sobre con mis haberes. Nada más", dijo entonces, en tono enérgico. "Incluso a lo mejor me voy con menos de lo que tenía cuando asumí este cargo", agregó, tras consignar en el documento la posesión de una casa y un automóvil.
Los senadores estadounidenses descubrieron que Pinochet realizó sus depósitos entre 1994 -cuatro años después de entregar el poder y cuando aún conservaba el mando del Ejército- y 2002, año en que la Corte Suprema falló que sufría de una demencia moderada y lo liberó de un primer proceso por asesinatos y secuestro.
El juez Juan Guzmán Tapia, que tuvo en sus manos ese proceso y sigue investigando crímenes atribuidos a su régimen, ordenó el jueves un catastro de los bienes de Pinochet en Chile, que abogados de organizaciones humanitarias intentan embargar.
Un informe de la consultora privada Dicom, al que tuvo acceso la AFP, consigna que Pinochet posee en Chile 11 bienes inmuebles por un valor estimado en 1,3 millones de dólares.
Dos departamentos en Viña del Mar, una residencia en la norteña cuidad de Iquique, un extenso terreno con casa en la zona montañosa de El Melocotón, al sudeste de Santiago, además de su residencia en La Dehesa, conforman ese patrimonio.
En una investigación paralela a la de Guzmán Tapia, el magistrado Sergio Muñoz deberá determinar el origen de los fondos que Pinochet mantuvo en Washington, tras una denuncia que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que asesora al Gobierno, y la querella que plantearon los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza.
Inicialmente el hijo menor del ex dictador, Marco Antonio Pinochet, negó la denuncia, pero en los días siguientes admitió la autenticidad de los depósitos y aseguró que "este dinero es de donaciones y de sus ahorros personales".
"Los hechos en este minuto se presentan como lavado de dinero y de dinero ilícito" que podría provenir de actos de corrupción, advirtió en cambio la presidenta del CDE, Clara Szczaranski.
Si Pinochet demuestra que recibió donaciones privadas se generaría un problema de "evasión tributaria", por ingresos no declarados, pero si ese dinero provino de los recursos del Estado, existiría "fraude al Fisco", afirmaron los abogados Hertz e Insunza.
El presidente Ricardo Lagos, que el lunes se reunió en Washington con el presidente George W. Bush, aseguró ante la prensa norteamericana que en Chile "nadie está por encima de la ley".
Las indagaciones sobre su patrimonio se suman a la investigación que llevan adelante los tribunales chilenos por la responsabilidad de Pinochet en los crímenes de la Operación Cóndor', que aplicaron las dictaduras militares sudamericanas en los años 70 para eliminar a sus opositores.
En una primera etapa del proceso, el ex dictador fue privado de su fuero el pasado 28 de mayo, después que los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago estimaron que "tuvo conocimiento" de la operación secreta y que estuvo en condiciones de impedir los crímenes.
Pero esa decisión espera la palabra definitiva de la Corte Suprema, la misma que el 1 de julio de 2002 lo liberó por sus signos de demencia.
26 de julio de 2004
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SANTIAGO: SECTA SATÁNICA VINCULADA A ASESINO DE CURA ITALIANO
Gritando "¡por Satán!" y esgrimiendo un cuchillo, salió de las penumbras de un confesionario y, entre carcajadas y gritos, degolló al sacerdote italiano que acababa de decir misa.
Santiago, Chile. La Policía chilena investigaba el domingo los vínculos con una secta satánica de Rodrigo Orias Gallardo, el asesino del sacerdote italiano Faustino Gazziero De Stefani, quien fue degollado el sábado cuando terminaba la misa en la Catedral Metropolitana de Santiago. Los padres adoptivos del asesino se presentaron voluntariamente a declarar ante Carabineros de Coyhaique, 1.800 km al sur de Santiago, donde revelaron que éste estaba vinculado a una secta de características satánicas que se hace llamar "los negros".
Fuentes policiales recordaron que el asesino fue detenido hace unos dos años en esa ciudad del sur chileno por profanar la capilla María Inmaculada, donde quebró vidrios y destruyó cálices y otros objetos sagrados.
Orias Gallardo, de 25 años, acuchilló el sábado en el pecho y en el cuello al religioso de 69 años, que presidía la Fundación Educacional Santa Teresita y era miembro de la Congregación Siervos de María.
Según testigos del hecho, el asesino salió desde la penumbra, aparentemente de un confesionario, desde donde gritó "¡por Satán!" y enterró una daga en el cuello del sacerdote.
"El hombre lo tomó por el cuello y le propinó varios cortes, mientras se reía", indicó una acongojada feligresa.
Otra feligresa dijo que "terminó la misa y por el micrófono se sintió un ruido muy extraño, como quien baja una escalera y se resbala. Fuimos a ver qué pasaba y el sacerdote ya estaba en el suelo, tenía mucha sangre en la cara. Más allá estaba la otra persona también herida".
"Todos corrimos a ver qué pasaba, porque fue muy espantoso el grito que se sintió. Esto ocurrió cuando nos retirábamos y el sacerdote con el cáliz ya estaba bajando las escalinatas", agregó la mujer a la televisión.
Después del crimen y antes de ser reducido por sus asistentes y unos 70 fieles que asistían al oficio religioso, Orias Gallardo se autoinfirió graves heridas que obligaron a su traslado a la Posta Central.
Tras cortarse el cuello, el asesino permanecía este domingo en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese centro asistencial, fuertemente custodiado por fuerzas policiales.
Mientras tanto, el cuerpo del sacerdote italiano fue trasladado en la noche del sábado hasta la morgue del Servicio Médico Legal, donde se le practicó una autopsia.
El obispo auxiliar de Santiago, monseñor Cristián Contreras, calificó de "mártir" al religioso y destacó el apoyo y solidaridad recibidos por la Iglesia.
El sacerdote, nacido en 1935 en Italia, había llegado a Chile en 1960 tras ordenarse de presbítero, oficiando el sacerdocio en una parroquia de Coihaique, desde donde en 1977 fue trasladado a la comuna de Conchalí, en el sector norte de Santiago.
Agentes de la policía de Carabineros allanaron por la noche la casa de Orias en Coihaique y revisaron la pieza que habitaba desde que el 10 de julio pasado llegó a la capital, donde encontraron numerosas fotografías, cruces invertidas y sábanas negras y un cuerno de carnero. Numerosas figuras demoníacas en sus brazos y la frase tatuada "yo soy Satán" hacen pensar que el asesinato del padre Gazziero fue un rito satánico, dijeron fuentes policiales.
Incluso, habló de "magia negra" cuando era apresado, señaló otro testigo.
La víspera, el general de Carabineros Héctor Henríquez informó que el agresor no estaba ebrio ni drogado, sino completamente lúcido cuando cometió el crimen.
"Estamos consternados", dijo el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, al entregar sus condolencias a la Iglesia. "Éste es un ataque que sin duda consterna al país entero", indicó.
El alcalde de Santiago, Joaquín Lavín calificó el crimen como "un hecho inexplicable, un acto de locura" y exigió que "tiene que hacerse justicia muy a fondo, muy fuerte".
26 de julio de 2004
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MÉXICO INICIA BATALLA LEGAL PARA PODER JUZGAR LOS CRÍMENES DE SU PASADO
México intenta cerrar viejas heridas e intenta llevar a la justicia a los responsables de decenas de asesinatos y desapariciones.
Ciudad de México, México. El poder ejecutivo de México, a través de una fiscalía especial, inició el domingo una batalla legal que promete llegar hasta la Suprema Corte, para juzgar los crímenes de la guerra sucia' de los años 70 en la que murieron o fueron desaparecidos decenas de jóvenes. Luego de que un juez federal desestimó el sábado sus acusaciones por el delito de genocidio hechas contra el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), la fiscalía especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) apunta hacia la máxima instancia judicial del país.
"La justicia en México es algo que se nos debe todavía, por años se ha sufrido la impunidad de los actos más detestables de los gobernantes, (...) no descartamos que esto llegue hasta la Corte", manifestó el ex líder estudiantil y ex preso político, Salvador Ruiz.
Si bien, el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, perdió una batalla ante el juez federal César Flores, quien consideró que el delito de genocidio ya prescribió, "la guerra apenas empieza", considera la parte acusadora.
"Yo seguiré insistiendo en que hubo una represión brutal el 10 de junio de 1971, que esa represión fue organizada, dirigida, apoyada y orientada por la política de Luis Echeverría contra la población estudiantil, y que terminó en una masacre ese jueves de 'corpus' de 1971", dijo a la AFP Jesús Martín del Campo, el principal acusador del ex presidente.
El 10 de junio de ese año, una manifestación de miles de estudiantes en la capital mexicana fue disuelta violentamente por las fuerzas de seguridad, entre las cuales había un grupo paramilitar denominado Los Halcones', con un saldo de "decenas" de muertos, según la fiscalía.
El fiscal Carrillo insistió ante la prensa que en este caso se aplica la imprescriptibilidad de los crímenes, porque México signó desde 1966 -sin reserva alguna- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Durante 30 años "no hubo investigación, nunca quisieron recibirnos ninguna denuncia hasta que (en 2001) se creó la fiscalía especial. Yo fui el que interpuse la primer demanda, porque el fondo del asunto sigue vivo", no así algunos de los participantes de la manifestación de 1971, agrega Del Campo.
El mismo sábado, tras el revés sufrido ante el juzgado, el fiscal anunció que apelará a una segunda instancia, y a su vez solicitará a través de la Procuraduría general (PGR), que la Suprema Corte atraiga el caso.
Este proceso podría durar largos meses, considerando el lento y burocrático sistema judicial mexicano, aunque la fiscalía y los acusadores ciudadanos tienen la esperanza de que la Corte acepte revisar el expediente, con lo que podrían acelerarse todos los trámites.
En tanto, la defensa de Echeverría seguirá insistiendo en que ya prescribieron los delitos por los que se acusa al ex mandatario y a varios de sus colaboradores.
"De entrada ya ganamos algo, se reconoce (por parte del juez) que hubo genocidio, pero que éste -según él- ya prescribió, (...) pero no debemos olvidar que todavía hay decenas de muertos y desaparecidos a los que no se les ha hecho justicia", refirió Jesús Martín del Campo.
El fiscal Carrillo, fundamentó sus alegatos contra Echeverría, con base en la demanda de Del Campo, un ex estudiante herido en esa manifestación de en la que murió un hermano suyo por un disparo de "los halcones", un grupo paramilitar.
"Mi hermano recibió un balazo por parte de un francotirador, a mí me golpearon a su vez los 'halcones' con esas varas de madera, lamentablemente (con posterioridad) mi madre murió sin ver juzgados a los responsables", concluyó el ex activista.
26 de julio de 2004
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DEPÓSITOS DE PINOCHET PODRÍAN PROVENIR DEL LAVADO DE DINERO
Desde hace años se sospecha del ex dictador chileno que parte de su repentina y escandalosa fortuna proviene del lavado de dinero. También ha estado involucrado en transacciones financieras muy turbias, con resultado de varios asesinatos de empresarios morosos por cuenta de agentes de un banco financiero dirigido por sus generales.
Santiago, Chile. Los millonarios depósitos bancarios que el dictador chileno Augusto Pinochet ejerció en el Riggs Bank y las operaciones que realizó esta institución para ocultarlos son propios del delito de lavado de dinero, advirtió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile."Los hechos en estos momentos se presentan como lavado de dinero y de dinero ilícito", dijo Clara Szczaranski, presidenta del CDE.
No obstante, sostuvo que en este caso no se trataría de dinero proveniente del narcotráfico -al que generalmente se vincula el lavado de dinero-, sino de fondos originados en actos de corrupción.
Szczaranski agregó que no se sabe de inversiones hechas por Pinochet o que éste sea propietario de alguna empresa, sólo se conoce su calidad de exfuncionario público.
El organismo estatal, que actúa como fiscalía autónoma del gobierno, presentó el martes una denuncia ante los tribunales para investigar el origen del dinero que el dictador mantuvo en Estados Unidos, con depósitos que fluctuaron entre los cuatro y los ocho millones de dólares.
El juez chileno Sergio Muñoz inició las investigaciones de las denuncias contra Pinochet que presentaron la CDE y los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, que lo acusaron de fraude.
En las próximas etapas de su investigación, Muñoz deberá aclarar si existen razones para someter a juicio al dictador que gobernó Chile entre 1973 y 1990, para pedir a las cortes que lo priven de su fuero.
En tanto, dirigentes comunistas y activistas de derechos humanos pidieron al juez Juan Guzmán -que intenta por segunda vez procesar a Pinochet por violaciones a los derechos humanos- congelar y disponer el embargo de los bienes del ex-gobernante.
Además, la Cámara de Diputados de Chile estudiará en la primera semana de agosto la designación de una comisión para investigar las cuentas secretas del dictador, informaron las autoridades.
La derecha opositora, que apoyó a la dictadura militar, se manifestó de acuerdo con la investigación, pero propuso designar también una comisión que investigue las denuncias de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, lo que fue rechazado por los oficialistas.
22 de julio de 2004
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DENUNCIA A ESTADO POR MANTENER A REO DENTRO DE JAULA
Ciudad de Guatemala, Guatemala. Dos organizaciones locales de derechos humanos presentaron una denuncia en contra del Estado de Guatemala por mantener a un reo que purga una pena de 35 años de prisión, dentro de una jaula, informó hoy la prensa local.El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, presentaron la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, según un extenso reportaje publicado hoy por el diario local El Periódico.
El reo Víctor Manuel Morataya, de 27 años, permanece recluido en una jaula de un metro y medio de ancho por tres de largo, y dos de alto, desde hace 15 meses, en la Cárcel de Alta Seguridad, ubicada en el departamento de Escuintla, 55 kilómetros al sur de la capital.
Según El Periódico, Morataya padece de transtornos de personalidad y agresividad, debido al inadecuado lugar en el que es obligado a permanecer por las autoridades penitenciarias del país a purgar su pena de 35 años, a la que fue condenado por haber asesinado a un hombre a machetazos.
La jueza de Ejecución, María Morales, explicó que ordenó que Morataya fuera recluido en ese lugar debido a los anteriores intentos de fuga del reo, y para preservar su vida, ya que los internos del sector donde originalmente había sido asignado advirtieron que de no ser trasladado a otro lugar sería asesinado.
"Estas personas son rechazadas por el resto de la población detenida. El rechazo no es simple. En este juzgado entran cartas, firmadas por prisioneros, donde advierten que no quieren que ciertas personas sean recluidas en la misma área que ellos", justificó Morales.
Aseguró que no puede ordenar el traslado de Morataya a otra prisión, "sabiendo que puede ocurrir otra tragedia", dice, en referencia a los mortales motines que protagonizaron internos de la Granja Penal de Pavón, en diciembre de 2002, y del Centro de Detención Preventiva, en febrero de 2003, donde murieron más de 24 reclusos.
El reo se queja de que sólo lo dejan salir unos minutos al día de la jaula, y que debe hacer sus necesidades fisiológicas en una cubeta que mantiene adentro.
Hasta hace unos meses debía dormir en el frío piso de la jaula, hasta que la subdirectora del Sistema Penitenciario, Margarita Castillo, se enteró de su caso, y ordenó que le instalarán una colchoneta.
Castillo confía en que "lo tendremos fuera de la jaula en cuestión de días", debido a que "se ha causado un impacto sicológico severo: su conducta es agresiva, presenta síntomas de autismo".
Las únicas visitas que recibe Morataya son las de tres religiosas; sus familiares, explicó El Periódico, hace muchos meses que dejaron de buscarlo.
La CIDH, conocerá la denuncia en contra del Estado guatemalteco en los próximos días, y las organizaciones no gubernamentales que promueven la misma, esperan que, de inmediato, se ordene el traslado del reo a un lugar donde se respeten sus derechos individuales.
12 de julio de 2004
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MILITARES CONDENADOS POR MASACRE DE INDÍGENAS
Ciudad de Guatemala, Guatemala.La justicia guatemalteca condenó a 40 años de prisión a 14 militares al encontrarlos culpables de la matanza de la comunidad de repatriados de Xamán, ocurrida en octubre de 1995.La pena de prisión inconmutable fue dictada contra el teniente Camilo Antonio Lacán Chaclán y 13 soldados de una patrulla que ingresó a la aldea de Xamán y tras un confuso incidente abrió fuego contra los pobladores, que habían sido refugiados en México.
La sentencia condenatoria del juicio iniciado el 3 de junio de 2003, fue impuesta por el delito de ejecución extrajudicial contra los castrenses, en calidad de autores materiales.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía contra los militares fueron "contundentes", según el anuncio del juez José Luis Dávila, presidente del Tribunal de la ciudad de San Pedro Carchá, localizada a unos 250 kilómetros al norte de esta capital.
Aclaró que tras el análisis del caso se determinó que no aplicaba la pena de muerte contra los acusados, como solicitó la parte acusadora.
En el ataque ocurrido el 5 de octubre de 1995 fallecieron 13 indígenas, entre ellos dos niños, habitantes de la aldea Ocho de Octubre, del municipio de Xamán.
La comunidad era una empobrecida aldea recién formada por indígenas repatriados desde campamentos del sureste de México, zona en la que se refugiaron unos 45 mil guatemaltecos que huían de la violencia por el conflicto armado interno en este país del istmo.
La matanza de Xamán, ocurrida en el gobierno del extinto presidente Ramiro de León (1993-1996), se produjo en la recta final de las negociaciones para el acuerdo de paz que se firmó en diciembre de 1996 para poner fin a 36 años de guerra interna.
El fallo dictado es el tercero contra la patrulla militar responsable de la masacre luego de dos ocurridos en agosto y diciembre de 1999.
En el primer juicio, el 13 de agosto de 1999, el teniente Lacán Chaclán y otros 11 soldados de su patrulla fueron condenados a cinco años de prisión por el Tribunal de Cobán, mientras otros 13 recibieron una sentencia de cuatro años de cárcel.
El 6 de diciembre de 1999, la condena fue modificada por la Sala de Apelaciones de Cobán, que absolvió de los cargos a 15 militares, incluido Lacán Chaclán, en tanto se impuso una pena de 12 años de prisión a otros 10 soldados. Ante ese fallo se resolvió realizar un nuevo juicio, cuyo resultado se conoció este viernes.
11 de julio de 2004
©univision