EN BRASIL, 281 POLICÍAS FUERON ASESINADOS EN LO QUE VA DEL AÑO
Inusitada violencia en ciudades de Brasil: 281 policías asesinados entre enero y julio. En Estados Unidos, en el mismo período: 34. Los dos bandos aplican extremada violencia en sus enfrentamientos.
Río de Janeiro, Brasil. Brasil registra otro récord provocado por sus altísimos niveles de violencia: 281 policías fueron asesinados entre enero y julio de 2004, según un relevamiento realizado por el diario Folha de Sao Paulo. El estado brasileño más cruento para los policías es Río de Janeiro, que cuenta con 14 millones de habitantes, donde fueron asesinados 81 policías entre enero y julio. En Río, la policía enfrenta a poderosas facciones de narcotraficantes que controlan las favelas y las prisiones de la ciudad.
En el mismo período, 34 policías fueron asesinados en Estados Unidos y 65 en Colombia, país azotado por una guerra civil.
En el estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil con 35 millones de habitantes, 59 policías fueron ultimados en los primeros siete meses del año.
Según la socióloga Julita Lemgruber, "mueren más policías en Brasil porque las autoridades de aquí combaten la violencia con violencia".
Entre enero y mayo de este año, 497 personas fueron ultimadas por la policía en Río de Janeiro, mientras que en 2003, la policía mató a 1.195 personas en este estado (32,7% más que en 2002), según una investigación de la ONG Centro de Justicia Global y del Grupo de Investigación de Violencia y Criminalidad de la Universidad del Estado de Río.
El 83% de las personas muertas en Río por la policía en 2003 fueron abatidas en acciones sin testigos, 65% de las víctimas no tenía antecedentes penales y 61% presentaba disparos en la cabeza o en la espalda.
En el estado de Sao Paulo, la policía mató a 915 personas en 2003 (11% más que el año anterior).
El relevamiento de Folha arrojó que 71% de los policías asesinados lo fueron cuando estaban fuera de servicio.
Los delincuentes responden a las ejecuciones extrajudiciales practicadas por la policía con el asesinato de policías, cuando los identifican.
El investigador Gláucio Soares, del Instituto Universitario de Investigación del estado de Rio de Janeiro, indicó que los altos números de policías muertos se debe a que para los delincuentes brasileños "un buen policía es un policía muerto".
El director de la Asociación de Policías militarizados de Brasil, teniente Melquisedec do Nascimento, indicó que debido a sus bajos salarios los policías deben residir en favelas donde el riesgo de ser asesinados es mayor. Las favelas están controladas por bandas de narcotraficantes.
Además, los policías brasileños trabajan como guardias de seguridad en sus horas libres y los que mueren en esas funciones engrosan la lista de los muertos fuera de servicio.
Brasil, con 180 millones de habitantes, registró 44.000 homicidios en 2003, informó la Secretaría nacional de Derechos Humanos.
4 de agosto de 2004
©mipunto
JUECES SIN ROSTRO EN HONDURAS PARA ENFRENTAR CRIMEN ORGANIZADO
Para hacer frente a las amenazas de contrabandistas de drogas, las autoridades quieren establecer tribunales con jueces anónimos.
Tegicugalpa, Honduras. Honduras establecerá la figura de jueces, fiscales y testigos sin rostro', para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico, que estarían utilizando sicarios para ultimar a sus víctimas, informó el gobierno este martes. "Hemos analizado el nombramiento de jueces especiales con jurisdicción nacional, y la posibilidad de sugerirle al Congreso Nacional las modificaciones constitucionales que fuera necesario para crear la figura de jueces sin rostro", declaró a la prensa el presidente Ricardo Maduro.
El presidente indicó que los golpes que las autoridades hondureñas han dado a los narcotraficantes, como el decomiso de cerca de 10.000 kilos de cocaína en año y medio --más de lo decomisado en nueve años--, han provocado reacciones de ellos.
Según el mandatario, unas de esas reacciones de los narcotraficantes son los asesinatos cometidos contra familias enteras en la región norte del país, el asesinato de un juez y las amenazas que han hecho a otras autoridades.
La policía registró el decomiso de 6.168 kilos de cocaína en 2003 y 3.815 kilos en lo que va de 2004; mientras que los decomisos del 2002 fueron solo de 85 kilos, en 2001 de 181 y 2000 de 1.283 kilos.
El 21 de junio pasado, seis miembros de una familia, incluyendo un niño de tres años, fueron asesinados a tiros en un vehículo cerca de San Pedro Sula (norte), donde siete personas, incluidos dos niños, habían sido asesinadas a cuchilladas el 17 del mismo mes.
Ambos crímenes fueron atribuidos a los narcotraficantes por las autoridades hondureñas, lo mismo que otros asesinatos como el del ex diputado Armando Avila Panchamé, ocurrido el 11 de julio pasado en la Penitenciaría Nacional (PN), 25 kms al norte de Tegucigalpa, donde estaba preso por narcotráfico.
El pasado 29 de julio también fue asesinado por supuestos narcos, Francisco Sánchez, juez de Tocoa, en el departamento de Colón, unos 500 kms al noreste de Tegucigalpa. El otro juez de Tocoa, Rogelio Clara, denunció que él también ha sido amenazado de muerte por sicarios.
"La lucha contra el narcotráfico seguirá con mayor dedicación y voluntad que nunca, no vamos a permitir que en Honduras crezca esta tragedia, este fenómeno, que ha casi controlado a países amigos de la región latinoamericana", sentenció el presidente Maduro.
Según las autoridades hondureñas, los narcotraficantes que trasiegan la droga de Sudamérica hacia Estados Unidos utilizan el territorio de este país centroamericanos por dos rutas, una marítima por la costa del Caribe, desde la Mosquitia hasta Ocotepeque en la frontera con Guatemala, y otra vía marítima entrando por el Golfo se Fonseca (Pacífico), hacia El Salvador.
La embajada de Estados Unidos en Honduras estima que por el territorio hondureño pasan entre 90 y 100 toneladas de drogas al año.
4 de agosto de 2004
©mipunto
EN CHILE RENACE ESPERANZA DE JUSTICIA DESPUÉS DE 30 AÑOS - jen ross
Familiares de las víctimas de la dictadura chilena todavía esperan justicia. El antiguo dictador sigue vivo y en libertad.
Santiago, Chile. Michele Drouilly dio una vuelta en torno al imponente ombú de Villa Grimaldi, un idílico parque en las laderas de las nevadas montañas de los Andes. El gorjeo de los pájaros y el ruido de los niños jugando cubren un sentimiento sobrecogedor."Miras este lugar hoy y es un parque bonito, pero no te puedes imaginar lo que pasó aquí", dijo Drouilly.
Villa Grimaldi fue un centro de detención de la policía secreta en los años setenta durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Doscientas personas encontraron la muerte aquí, de acuerdo a Drouilly y a otros familiares, que agregan que desaparecieron muchos más. Sus familiares han transformado Villa Grimaldi en un monumento para los que murieron. La hermana de Drouilly fue una de ellas.
Drouille se para ante un panel de mármol blanco de más de seis metros de altura: "Aquí está mi hermana", dijo, señalando uno de los nombres grabados en el monumento. "Jacqueline Pollet Yurich".
Drouilly dijo que ella tenía 17 años cuando arrestaron a su hermana mayor por pertenecer al Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, un militante grupo anti-gubernamental. Era 1973, poco después del golpe militar de Pinochet que derrocó al gobierno socialista del presidente Salvador Allende. Más de doscientas mil personas fueron detenidas en una campaña para erradicar a los opositores, según cifras oficiales.
"Tomó muchos años aceptar que nunca la volveríamos a ver", dijo. "Mi madre todavía guarda una maleta que le había preparado... Creo que hacer justicia es lo único que puede curar nuestras heridas".
Ahora una decisión pendiente en el sistema judicial chileno podría acusar al antiguo dictador y otros miembros de su gobierno de crímenes de derechos humanos cometidos durante su gobierno entre 1973 y 1990.
El 28 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago inesperadamente despojó a Pinochet de inmunidad legal. En 1998 una corte británica ordenó el arresto domiciliario de Pinochet mientras visitaba Londres, pero desde su puesta de libertad por mala salud y su retorno a Chile en 2000, las familas de los muertos habían perdido la esperanza de que se lo llevar a juicio.
Los abogados de Pinochet han recurrido y no está claro si Pinochet, 88, se verá alguna vez en tribunales.
Ese mismo día de la resolución de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema chilena comenzó a ver otro caso publicitado que afecta la amnistía general decretada por Pinochet en 1978, que todavía protege a los militares y agentes de policía implicados en la represión que siguió al golpe de 1973. Se calcula que murieron o desaparecieron unas tres mil doscientas personas en manos de la policía secreta.
Sólo algunos militares han sido encarcelados por lo que los tribunales llaman secuestros permanentes, no cubiertos por la amnistía porque son consideradas investigaciones no cerradas. La amnistía ha protegido a los oficiales sospechosos de tortura o asesinato.
Se calcula que 500 personas podrían ser enjuiciadas si la apelación fuera aceptada, dijo Nelson Caucoto, el abogado que presentó el recurso contra la ley de amnistía. El abogado Juan Carlos Manns representa a uno de los antiguos oficiales de Pinochet.
"Nuestros militares son estoicos", dijo Manns. "Aquí lo único escandaloso es no aplicar la ley, y no cometer en errores en su interpretación para corregir los errores del pasado".
Pero muchas familias han estado esperando justicia durante más de 30 años.
Ximena Campos Barra estira una arrugada bolsita de plástico para poder ver la deslucida fotografía en blanco y negro que hay en ella.
"Aquí está. Mi hermano menor, Eduardo Campos", dijo, retirando la foto que lleva en su jersey de lana gris que se pone para ir a las protestas y a los tribunales. El hermano de Ximena fue detenido por los militares en 1973. Ella y su familia se exiliaron en Canadá en 1975.
Dijo que los restos de su hermano fueron identificados en 1994, cuando se descubrió una fosa común. Pero dijo que la incertidumbre sobre su destino todavía la persigue.
"Mis padres murieron sin saberlo... Pienso que es la tortura más perversa que puedes causar a una familia". Dijo que desarrollos recientes en los tribunales chilenos le dado sin embargo nuevas esperanzas de que los asesinos de su hermano todavía puedan ser procesados.
Este es el primer caso relacionado con las muertes y desapariciones durante la dictadura en llegar a la Corte Suprema, dando nuevas esperanzas a las familias de las víctimas.
"Sentaría un precedente", dijo Drouilly, admitiendo que sufre de insomnio a causa de este juicio. "Estoy asustada. Incompleta. Tengo mucha ansiedad".
Campos, Drouilly y otros dicen que la promesa de justicia vale la pena, porque otro proceso legal reabre la posibilidad de una clausura.
31 de julio de 2004
©traducción mQh
©http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A58375-2004Jul17.html
JUSTICIA EN LA GUERRA SUCIA DE MÉXICO
La decisión de un juez mexicano de no dar lugar al procesamiento del ex presidente Luis Echeverría por la masacre de 30 manifestantes en 1971, preocupa a la prensa. México espera que Fox cumpla su promesa de llevar a los criminales a justicia. Sigue un editorial de New York Times del 29 de julio.
Cuando el presidente Fox fue elegido presidente de México en 2000, prometió descubrir y juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus predecesores. En los años setenta y ochenta el gobierno mexicano llevó a cabo una guerra sucia' que condujo a la tortura y asesinato de cientos de personas. Aunque el presidente Fox ha hecho muchas promesas poco realistas, esta es una que los mexicanos sí esperan que cumpla, incluso si significa contrariar al antiguo partido dominante Partido Revolucionario Institucional, todavía el más grande en el Congreso.Hoy, los intentos de México de dar cuenta de las violaciones del pasado parecen ser sin embargo otra de las oportunidades despilfarradas de Fox. El sábado, un juez de Ciudad de México anulaba una orden de detención contra el antiguo presidente Luis Echeverría y once otros bajo el caro de genocidio. Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal especial de México para los crímenes del estado durante la guerra sucia, ha pedido la detención de Echeverría bajo la acusación de permitir que un escuadrón de matones adiestrados militarmente mataran a 30 estudiantes que participaban en una demostración en 1971.
Pero el juez prohibió lo que habría sido el primer juicio de un ex presidente en la historia del México moderno, desdeñando los cargos sobre la base de que la ley de prescripción de 30 años ya había caducado. Carrillo podrá argumentar en la apelación que la ley de prescripción no ha caducado porque fue el gobierno el que impidió los procesos durante décadas. De todos modos, será difícil convencer con la teoría de que la masacre de los estudiantes se pueda tipificar como una forma de genocidio.
El principal problema de Carrillo es la falta de apoyo del gobierno de Fox, que se ha mostrado persistentemente ambivalente a la hora de exigir justicia. El presidente Fox decidió no establecer una comisión de la verdad a causa de esa ambivalencia.
Decidió descansar solamente en el escandalosamente politizado poder judicial mexicano y el despacho insuficientemente financiado de Carrillo -que ha sido constantemente frustrado en sus esfuerzos por los militares y el propio ministerio del interior y fiscal de Fox. Hasta ahora, el fiscal extraordinario sólo ha arrojado más combustible al extendido cinismo del público mexicano de que los delincuentes poderosos -entonces y ahora- logran prácticamente siempre escapar de la justicia.
29 de julio de 2004
31 de julio de 2004
©traducción mQh
©newyorktimes
GRAFITEROS EN LA DELGADA LÍNEA DE LA LEY - antonio ortega ávila
Los grafiteros son jóvenes con talento artístico y audacia de zonas marginadas de la Ciudad de México y sus alrededores, acosados por la policía e integrantes de bandas o equipos que retan la autoridad, y que en ocasiones se colocan al filo de la ley. Anónimos y atrevidos.
Ciudad de México, México. María Araceli Toscano Aguiar, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), afirmó que la actividad de los grafiteros "es anónima, pues sus realizadores firman con apodo y sólo la banda a la que pertenecen o los grupos contrarios los conoce".
Sus seguidores pueden ser considerados artistas, delincuentes o víctimas, según las circunstancias, pues utilizan esta forma de expresión para manifestar en forma abierta su estado de ánimo o punto de vista sobre cualquier aspecto social, económico o político, dijo.
De acuerdo con una investigación que realizó recientemente, el mayor reto de estos jóvenes es no ser sorprendidos durante la elaboración del graffiti, denominado por ellos "rifarse el físico", pues entre mayor peligro implique más respeto adquirirán.
Por lo regular son menores de 18 años, se juntan en lo que llaman "srews", y para entrar a estos equipos los candidatos deben pasar por pruebas, como plasmar grafías en lugares de difícil acceso. Entre más riesgo se corra o se repita el mayor número de veces, con la firma o "placa" de su autor, se tiene mayor posibilidad de ingresar a una comunidad.
Toscano Aguiar dijo que el grafiti se convierte en un acto delictivo cuando se hace en superficies privadas, sin permiso del dueño, pues se cae en daño en propiedad ajena. Son los casos de pinturas en bardas, baños, vagones del Metro y transportes públicos.
Pero, dejo en claro que se trata de una actividad estética porque incluye formas, figuras, colores y contenidos, a pesar de que, en general, su creador no tiene ninguna preparación en este sentido.
A los "srews" les atraen las "pintas" furtivas, como pintar en el Metro, pues su obra tendrá un mayor público y cruzará toda la ciudad. Eso hace popular al autor, reconocido por su seudónimo. Además, desafiará a la autoridad y supondrá de todas sus habilidades para no ser aprendidos por la policía.
En términos legales, agregó, pintar sin permiso en lugares públicos o privados es una falta administrativa, por ser un perjuicio contra la sociedad, estipulado en el Código Penal. Dice que quien destruya o deteriore un bien ajeno se le impondrán de entre 75 y 220 dólares de multa. Pero su se trata de un asunto grave, el culpable puede recibir una pena de hasta cuatro años de cárcel.
Toscano dijo que el graffiti no terminará mientras los jóvenes no sean escuchados. "Necesitan espacios públicos para ser tomados en cuenta", señaló.
La especialista recordó que este arte callejero surgió en Estados Unidos en la década de los sesenta y se le consideró una manifestación cultural. En la misma época apareció en México por influencia de la frontera norte, se pintaban las bardas y "produce un efecto negativo entre los pobladores, porque no se pedía permiso y se tomaba como expresión de los llamados chavos banda (pandilleros)".
En la actualidad, algunos grafiteros solicitan permiso a los dueños de bardas y espacios para elaborar sus murales.
La maestra de Trabajo Social considero que en suelo mexicano la primera "pinta" (mensaje público en una barda) del que "se tiene conocimiento fue en la casa de Hernán Cortés, donde los habitantes reclamaban la forma como llevaba el gobierno y el maltrato a los indígenas. El conquistador solucionó este problema con consignas (sobrepuestas) como: paredes blancas, papel de necios".
28 de julio de 2004
©univision
Ciudad de México, México. María Araceli Toscano Aguiar, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), afirmó que la actividad de los grafiteros "es anónima, pues sus realizadores firman con apodo y sólo la banda a la que pertenecen o los grupos contrarios los conoce". Sus seguidores pueden ser considerados artistas, delincuentes o víctimas, según las circunstancias, pues utilizan esta forma de expresión para manifestar en forma abierta su estado de ánimo o punto de vista sobre cualquier aspecto social, económico o político, dijo.
De acuerdo con una investigación que realizó recientemente, el mayor reto de estos jóvenes es no ser sorprendidos durante la elaboración del graffiti, denominado por ellos "rifarse el físico", pues entre mayor peligro implique más respeto adquirirán.
Por lo regular son menores de 18 años, se juntan en lo que llaman "srews", y para entrar a estos equipos los candidatos deben pasar por pruebas, como plasmar grafías en lugares de difícil acceso. Entre más riesgo se corra o se repita el mayor número de veces, con la firma o "placa" de su autor, se tiene mayor posibilidad de ingresar a una comunidad.
Toscano Aguiar dijo que el grafiti se convierte en un acto delictivo cuando se hace en superficies privadas, sin permiso del dueño, pues se cae en daño en propiedad ajena. Son los casos de pinturas en bardas, baños, vagones del Metro y transportes públicos.
Pero, dejo en claro que se trata de una actividad estética porque incluye formas, figuras, colores y contenidos, a pesar de que, en general, su creador no tiene ninguna preparación en este sentido.
A los "srews" les atraen las "pintas" furtivas, como pintar en el Metro, pues su obra tendrá un mayor público y cruzará toda la ciudad. Eso hace popular al autor, reconocido por su seudónimo. Además, desafiará a la autoridad y supondrá de todas sus habilidades para no ser aprendidos por la policía.
En términos legales, agregó, pintar sin permiso en lugares públicos o privados es una falta administrativa, por ser un perjuicio contra la sociedad, estipulado en el Código Penal. Dice que quien destruya o deteriore un bien ajeno se le impondrán de entre 75 y 220 dólares de multa. Pero su se trata de un asunto grave, el culpable puede recibir una pena de hasta cuatro años de cárcel.
Toscano dijo que el graffiti no terminará mientras los jóvenes no sean escuchados. "Necesitan espacios públicos para ser tomados en cuenta", señaló.
La especialista recordó que este arte callejero surgió en Estados Unidos en la década de los sesenta y se le consideró una manifestación cultural. En la misma época apareció en México por influencia de la frontera norte, se pintaban las bardas y "produce un efecto negativo entre los pobladores, porque no se pedía permiso y se tomaba como expresión de los llamados chavos banda (pandilleros)".
En la actualidad, algunos grafiteros solicitan permiso a los dueños de bardas y espacios para elaborar sus murales.
La maestra de Trabajo Social considero que en suelo mexicano la primera "pinta" (mensaje público en una barda) del que "se tiene conocimiento fue en la casa de Hernán Cortés, donde los habitantes reclamaban la forma como llevaba el gobierno y el maltrato a los indígenas. El conquistador solucionó este problema con consignas (sobrepuestas) como: paredes blancas, papel de necios".
28 de julio de 2004
©univision
COLOMBIA: AGRICULTORES VOLVIERON AL PUEBLO, VACÍO DESDE 1999 - glemis mogollón v.
En Saiza ya cantan los gallos. AUC los habían desterrado, después de una masacre de 11 personas. Campesinos esperan reparación de casas, escuelas y centro de salud.
Saiza, Córdoba, Colombia.Jesús Antonio Durango había vivido más de 40 años en Saiza, pero la maleza no le dejó reconocer su rancho al volver de un desplazamiento de casi cinco años. "Cuando llegó, no sabía para dónde quedaba la casa, todo estaba lleno de monte y bejuco. Se paró en una esquina de la iglesia y ahí se guió", cuenta María Margarita Giraldo, al recordar la primera vez que su esposo volvió al pueblo, del que salió en 1999, después de una incursión de las autodefensas.
La pareja de campesinos se convirtió en la pionera de otras 537 familias que, poco a poco, han ido retornando a la región, violentada por las Auc en su afán por expulsar a la guerrilla del Nudo de Paramillo, en las estribaciones de la Serranía de Abibe, en límites entre Antioquia y Córdoba.
"Al mes de haber venido, trajimos a los perros para que hicieran bulla, porque aquí no se oía ni cantar un gallo", recuerda María, una mujer menuda, de 42 años, "nacida y criada" en este corregimiento de Tierralta (Córdoba), rodeado de cerros tupidos de verde, al que se llega más fácil por Carepa.
La desolación que encontraron los esposos, en febrero del año pasado, era inconcebible hace un lustro.
Saiza, fundada en la década de los 40, con sus 115 casas en el casco urbano, y sus 49 veredas, era una región de la que cada ocho días salían hasta 500 marranos y 250 reses a la feria de Piedras Blancas, en Carepa.
Los camiones salían cargados de maíz, arroz y yuca y los fines de semana se llenaban las ocho cantinas y las tres iglesias (la Católica y dos evangélicas) con la gente de las veredas.
La tarde del 14 de julio de 1999, días antes de que los esposos huyeran del pueblo, las autodefensas llegaron a Saiza, quemaron casas, locales y motores fuera de borda. Antes de irse, reunieron a la gente en la placa deportiva, escogieron a 11 personas, en su mayoría comerciantes, y les dispararon con fusiles.
Al salir, dejaron casi medio pueblo ardiendo y a la gente con tanto miedo, que debieron llegar vecinos de las veredas a recoger y enterrar los muertos que quedaron tirados en la cancha. Y quienes empezaron a salir espantados, se encontraron que en la vereda El Cerro, en la carretera a Carepa, había otros dos muertos, uno de ellos degollado.
"Unos nos fuimos a Carepa, otros salieron para Tierralta, Urrao y hasta a Santa Marta llegó gente de Saiza", comenta Javier Morales, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Saiza. Él fue de los pocos que se quedó luego de la matanza, pero a los cinco meses el grupo armado regresó y no mató a nadie, pero advirtió que no quería un alma viviendo en los alrededores.
Fueron días en los que algunos propietarios de finca de Carepa echaron a sus jornaleros porque sabían que la gente del corregimiento trabajaba, por la desesperación del desplazamiento, solo por la comida.
"Había noches en que dormía en un andén en Turbo. Me acabé de tanto pensar en esta tierra, que queda lejos, pero es bendita. Es que uno le saca dos cosechas de maíz al año", se lamenta Adán Quiroz, nacido hace 56 años en Frontino y que se enamoró de la región, cuando llegó en 1977.
Fue de los primeros que dejó su negocio de víveres y cacharros y que ahora intenta recuperar clientela y vecinos. Otros comerciantes incluso abandonaron el pueblo antes de la masacre, pero asfixiados por las vacunas de las Farc.
La guerrilla hostigó el pueblo dos veces, la última en 1988, cuando atacó el comando de Policía y saqueó el comercio.
María y su esposo huyeron a Medellín durante cuatro años y cuando oyeron que había campesinos que, a pesar de la presencia de las autodefensas, entraban y salían de manera esporádica a las parcelas, se atrevieron a ir más allá y llegaron a vivir, de nuevo, al pueblo.
Aunque para esos días unos 40 saiceños se habían puesto de acuerdo para ir varios días a desmontar algunas viviendas y la zona de la placa polideportiva, el ataque de las Farc a una base de las Auc en El Cerro, en la vía a Saiza, volvió a atemorizar a los desplazados.
Quitaron la maleza, pero se encontraron que durante ese tiempo el centro de salud, la planta de ACPM y las casas que no fueron quemadas estaban saqueadas.
"En enero de este año ya había unas cuantas familias viviendo acá y en una reunión en la Red de Solidaridad (en Carepa) se coordinó mejor el retorno", dice Adán.
Y para el pasado 14 de julio, cinco años exactos después de la tragedia, para cuando Jesús y María no eran los únicos habitantes, sino que tenían de compañía a otras 44 familias en el casco urbano del corregimiento y a otras cerca de 500 en las veredas, se organizó una fiesta para oficializar algo así como la segunda fundación del pueblo de Saiza.
"Se mataron seis cerdos y una vaca y la comida no alcanzó para todos los que vinieron a la fiesta... Algunos creían que la carretera todavía llegaba hasta aquí", cuenta Javier, el presidente de la JAC, sobre la sorpresa que se llevaron muchos al enterarse de que para ir a Saiza hay que caminar tres horas por una trocha, dañada por el paso de las mulas y el invierno, y tapada por el monte que creció desde 1999.
Ese miércoles le abrieron espacio a la rumba, luego de una multitudinaria misa, y a los compromisos de la Red de Solidaridad y la Alcaldía de Tierralta. El líder sabe que es difícil que a la región vuelvan del todo las más de 1.000 familias que allí vivían antes del éxodo, pero confía en que el Gobierno apoye y los grupos armados respeten a los más de 2.500 campesinos que con ganas de trabajar, regresaron a sus tierras.
María también tiene esa esperanza y, ahora, es un jardín y no monte lo que hay frente a su casa en Saiza.
Los perros que llevó para que hicieran bulla ya les ladran a los vecinos y cada mañana a ella y a su marido los despierta el canto de varios gallos.
27 de julio de 2004©elcolombiano
La policía cubana ha lanzado otra vez una campaña contra los homosexuales, ahora dirigida específicamente contra los travestis, a los que se detiene si se les encuentra vistiendo ropas de mujer.
La Habana, Cuba. "Hay tres sancionados; claro que no te condenan por vestir de mujer, te detienen por eso y después buscan otras cosas", dijo el travesti Brenda a la BBC.
"La policía en los municipios te advierte de que no te vistas de mujer, y si no haces caso te aplican una ley de peligrosidad con la que te pueden sancionar con hasta cuatro años de prisión", explicó el promotor de salud Francisco García, Sissi.
Uno de los jefes de la policía especializada -que nos detuvo mientras realizábamos este reportaje- negó que haya una campaña contra los gay en Cuba. "Es contra las conductas negativas que ellos tienen", se justificó.
Lo cierto es que detienen a los travestidos, cierran los clubes privados en los que éstos realizaban espectáculos y, a nivel municipal, la policía los está citando para hacerles advertencias respecto a su indumentaria.
"Si salimos a la calle vestidos de mujer nos detienen; no podemos hacer fiestas gay porque son ilegales; vamos a la discoteca normal, y no nos permiten entrar", nos cuenta el travestido Giliana.
La mayoría de ellos ya viste ropas de hombre para salir a la calle y esconde el cabello largo bajo gorras de béisbol. Sin embargo, hay otros que no parecen dispuestos a ceder terreno y regresar a los años 60.
"Yo también tuve la entrevista (con la policía) pero no acepté firmar ningún papel y sigo vistiéndome de mujer", dijo Celine y agregó que "todas estamos en peligro, pero llevo muchos años vestida de mujer y me voy a mantener así".
El Centro Nacional de Educación Sexual (CENES) ha agrupado a muchos travestis y transexuales, convirtiendo a algunos de ellos en promotores de salud para orientar a la comunidad homosexual cubana.
Hasta ahora este centro, dirigido por Mariela Castro, sobrina del presidente de Cuba e hija del ministro de Defensa, había logrado de alguna forma proteger a esta minoría; pero ante esta campaña policial, incluso ellos parecen impotentes.
La psicóloga del centro, María Rodríguez, fue muy cuidadosa en sus respuestas. Negó que haya una campaña represiva y explicó que "algunos de los travestis presos son personas que tenían otras causas pendientes".
Sin embargo, varios de los travestis entrevistados por la BBC afirmaron que en el CENES les orientaron a que no salieran a la calle vestidos de mujer hasta que pase esta ola represiva.
La población parece sorprendida ante esta arremetida. "Son seres humanos igual que uno", dijo María Madrazo, mientras William Ortega opinó que "si ellos quieren ser travestis, no afectan a nadie con eso".
Podríamos relacionar muchas más opiniones de este tipo porque de hecho prácticamente todas las personas consultadas en la calle se mostraron contrarias a las medidas que se están tomando contra los travestis.
La excepción fue uno de los policías que vigila una playa habanera frecuentada por gays.
"Filmen, filmen, a ver si cuando los vean mandan a quitar a todos éstos de aquí", nos dijo protestando por la tarea que le habían asignado.
Evidentemente, para los uniformados el tema parece resultar muy sensible, tanto que este reportaje lo terminamos detenidos en una comisaría de policía.
27 de julio de 2004
terra
Con la ley se quiere combatir a las pandillas juveniles callejeras, pero se teme que ponga en peligro los derechos de los niños.
Panamá. La oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por una ley que la presidenta panameña Mireya Moscoso envío al Congreso, la cual pretende que los menores sean juzgados como adultos y se les aumenten las penas a 20 años de prisión, informó este sábado la entidad.
El organismo, con sede en Chile, emitió un comunicado firmado por su representante regional, Roberto Garretón, quien advirtió que la ley impulsada por Moscoso "contrasta con un informe presentado por Panamá el año pasado que asegura que las estadísticas recogidas en la última década muestran que la delincuencia juvenil no es la más grave".
La ley promovida por Moscoso se inserta dentro de una operación denominada "mano dura" para combatir el crimen organizado y las pandillas juveniles en nueve provincias del país. La iniciativa busca juzgar como adultos a los menores y aumentar las penas de prisión de 7 a 20 años.
La iniciativa legal ha sido rechazada por la Iglesia católica, los grupos de derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los cuales consideran que un aumento en las penas a los menores viola la Convención de los Derechos del Niño, firmada por Panamá en 1990.
Según Garretón, si la nueva ley es aprobada por el parlamento, pondría en peligro "los derechos de los niños y los adolescentes que establece la Convención de los Derechos del Niño".
El gobierno de Panamá inició hace dos semanas el operativo "mano dura" para combatir el crimen y la delincuencia callejera, atribuida en buena parte a pandillas juveniles.
Moscoso anunció que el consejo de ministros analiza otros dos proyectos de ley para combatir las pandillas criminales y castigar con severidad la tenencia ilegal de armas.
26 de julio de 2004
©mipunto
Saiza, Córdoba, Colombia.Jesús Antonio Durango había vivido más de 40 años en Saiza, pero la maleza no le dejó reconocer su rancho al volver de un desplazamiento de casi cinco años. "Cuando llegó, no sabía para dónde quedaba la casa, todo estaba lleno de monte y bejuco. Se paró en una esquina de la iglesia y ahí se guió", cuenta María Margarita Giraldo, al recordar la primera vez que su esposo volvió al pueblo, del que salió en 1999, después de una incursión de las autodefensas.La pareja de campesinos se convirtió en la pionera de otras 537 familias que, poco a poco, han ido retornando a la región, violentada por las Auc en su afán por expulsar a la guerrilla del Nudo de Paramillo, en las estribaciones de la Serranía de Abibe, en límites entre Antioquia y Córdoba.
"Al mes de haber venido, trajimos a los perros para que hicieran bulla, porque aquí no se oía ni cantar un gallo", recuerda María, una mujer menuda, de 42 años, "nacida y criada" en este corregimiento de Tierralta (Córdoba), rodeado de cerros tupidos de verde, al que se llega más fácil por Carepa.
La desolación que encontraron los esposos, en febrero del año pasado, era inconcebible hace un lustro.
Saiza, fundada en la década de los 40, con sus 115 casas en el casco urbano, y sus 49 veredas, era una región de la que cada ocho días salían hasta 500 marranos y 250 reses a la feria de Piedras Blancas, en Carepa.
Los camiones salían cargados de maíz, arroz y yuca y los fines de semana se llenaban las ocho cantinas y las tres iglesias (la Católica y dos evangélicas) con la gente de las veredas.
La tarde del 14 de julio de 1999, días antes de que los esposos huyeran del pueblo, las autodefensas llegaron a Saiza, quemaron casas, locales y motores fuera de borda. Antes de irse, reunieron a la gente en la placa deportiva, escogieron a 11 personas, en su mayoría comerciantes, y les dispararon con fusiles.
Al salir, dejaron casi medio pueblo ardiendo y a la gente con tanto miedo, que debieron llegar vecinos de las veredas a recoger y enterrar los muertos que quedaron tirados en la cancha. Y quienes empezaron a salir espantados, se encontraron que en la vereda El Cerro, en la carretera a Carepa, había otros dos muertos, uno de ellos degollado.
"Unos nos fuimos a Carepa, otros salieron para Tierralta, Urrao y hasta a Santa Marta llegó gente de Saiza", comenta Javier Morales, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Saiza. Él fue de los pocos que se quedó luego de la matanza, pero a los cinco meses el grupo armado regresó y no mató a nadie, pero advirtió que no quería un alma viviendo en los alrededores.
Fueron días en los que algunos propietarios de finca de Carepa echaron a sus jornaleros porque sabían que la gente del corregimiento trabajaba, por la desesperación del desplazamiento, solo por la comida.
"Había noches en que dormía en un andén en Turbo. Me acabé de tanto pensar en esta tierra, que queda lejos, pero es bendita. Es que uno le saca dos cosechas de maíz al año", se lamenta Adán Quiroz, nacido hace 56 años en Frontino y que se enamoró de la región, cuando llegó en 1977.
Fue de los primeros que dejó su negocio de víveres y cacharros y que ahora intenta recuperar clientela y vecinos. Otros comerciantes incluso abandonaron el pueblo antes de la masacre, pero asfixiados por las vacunas de las Farc.
La guerrilla hostigó el pueblo dos veces, la última en 1988, cuando atacó el comando de Policía y saqueó el comercio.
María y su esposo huyeron a Medellín durante cuatro años y cuando oyeron que había campesinos que, a pesar de la presencia de las autodefensas, entraban y salían de manera esporádica a las parcelas, se atrevieron a ir más allá y llegaron a vivir, de nuevo, al pueblo.
Aunque para esos días unos 40 saiceños se habían puesto de acuerdo para ir varios días a desmontar algunas viviendas y la zona de la placa polideportiva, el ataque de las Farc a una base de las Auc en El Cerro, en la vía a Saiza, volvió a atemorizar a los desplazados.
Quitaron la maleza, pero se encontraron que durante ese tiempo el centro de salud, la planta de ACPM y las casas que no fueron quemadas estaban saqueadas.
"En enero de este año ya había unas cuantas familias viviendo acá y en una reunión en la Red de Solidaridad (en Carepa) se coordinó mejor el retorno", dice Adán.
Y para el pasado 14 de julio, cinco años exactos después de la tragedia, para cuando Jesús y María no eran los únicos habitantes, sino que tenían de compañía a otras 44 familias en el casco urbano del corregimiento y a otras cerca de 500 en las veredas, se organizó una fiesta para oficializar algo así como la segunda fundación del pueblo de Saiza.
"Se mataron seis cerdos y una vaca y la comida no alcanzó para todos los que vinieron a la fiesta... Algunos creían que la carretera todavía llegaba hasta aquí", cuenta Javier, el presidente de la JAC, sobre la sorpresa que se llevaron muchos al enterarse de que para ir a Saiza hay que caminar tres horas por una trocha, dañada por el paso de las mulas y el invierno, y tapada por el monte que creció desde 1999.
Ese miércoles le abrieron espacio a la rumba, luego de una multitudinaria misa, y a los compromisos de la Red de Solidaridad y la Alcaldía de Tierralta. El líder sabe que es difícil que a la región vuelvan del todo las más de 1.000 familias que allí vivían antes del éxodo, pero confía en que el Gobierno apoye y los grupos armados respeten a los más de 2.500 campesinos que con ganas de trabajar, regresaron a sus tierras.
María también tiene esa esperanza y, ahora, es un jardín y no monte lo que hay frente a su casa en Saiza.
Los perros que llevó para que hicieran bulla ya les ladran a los vecinos y cada mañana a ella y a su marido los despierta el canto de varios gallos.
27 de julio de 2004©elcolombiano
CAMPAÑA CONTRA TRAVESTIS EN CUBA
La policía cubana ha lanzado otra vez una campaña contra los homosexuales, ahora dirigida específicamente contra los travestis, a los que se detiene si se les encuentra vistiendo ropas de mujer.
La Habana, Cuba. "Hay tres sancionados; claro que no te condenan por vestir de mujer, te detienen por eso y después buscan otras cosas", dijo el travesti Brenda a la BBC. "La policía en los municipios te advierte de que no te vistas de mujer, y si no haces caso te aplican una ley de peligrosidad con la que te pueden sancionar con hasta cuatro años de prisión", explicó el promotor de salud Francisco García, Sissi.
Uno de los jefes de la policía especializada -que nos detuvo mientras realizábamos este reportaje- negó que haya una campaña contra los gay en Cuba. "Es contra las conductas negativas que ellos tienen", se justificó.
Lo cierto es que detienen a los travestidos, cierran los clubes privados en los que éstos realizaban espectáculos y, a nivel municipal, la policía los está citando para hacerles advertencias respecto a su indumentaria.
"Si salimos a la calle vestidos de mujer nos detienen; no podemos hacer fiestas gay porque son ilegales; vamos a la discoteca normal, y no nos permiten entrar", nos cuenta el travestido Giliana.
La mayoría de ellos ya viste ropas de hombre para salir a la calle y esconde el cabello largo bajo gorras de béisbol. Sin embargo, hay otros que no parecen dispuestos a ceder terreno y regresar a los años 60.
"Yo también tuve la entrevista (con la policía) pero no acepté firmar ningún papel y sigo vistiéndome de mujer", dijo Celine y agregó que "todas estamos en peligro, pero llevo muchos años vestida de mujer y me voy a mantener así".
El Centro Nacional de Educación Sexual (CENES) ha agrupado a muchos travestis y transexuales, convirtiendo a algunos de ellos en promotores de salud para orientar a la comunidad homosexual cubana.
Hasta ahora este centro, dirigido por Mariela Castro, sobrina del presidente de Cuba e hija del ministro de Defensa, había logrado de alguna forma proteger a esta minoría; pero ante esta campaña policial, incluso ellos parecen impotentes.
La psicóloga del centro, María Rodríguez, fue muy cuidadosa en sus respuestas. Negó que haya una campaña represiva y explicó que "algunos de los travestis presos son personas que tenían otras causas pendientes".
Sin embargo, varios de los travestis entrevistados por la BBC afirmaron que en el CENES les orientaron a que no salieran a la calle vestidos de mujer hasta que pase esta ola represiva.
La población parece sorprendida ante esta arremetida. "Son seres humanos igual que uno", dijo María Madrazo, mientras William Ortega opinó que "si ellos quieren ser travestis, no afectan a nadie con eso".
Podríamos relacionar muchas más opiniones de este tipo porque de hecho prácticamente todas las personas consultadas en la calle se mostraron contrarias a las medidas que se están tomando contra los travestis.
La excepción fue uno de los policías que vigila una playa habanera frecuentada por gays.
"Filmen, filmen, a ver si cuando los vean mandan a quitar a todos éstos de aquí", nos dijo protestando por la tarea que le habían asignado.
Evidentemente, para los uniformados el tema parece resultar muy sensible, tanto que este reportaje lo terminamos detenidos en una comisaría de policía.
27 de julio de 2004
terra
ONU PREOCUPADA POR PROYECTO QUE BUSCA AUMENTAR PENAS A MENORES EN PANAMÁ
Con la ley se quiere combatir a las pandillas juveniles callejeras, pero se teme que ponga en peligro los derechos de los niños.
Panamá. La oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por una ley que la presidenta panameña Mireya Moscoso envío al Congreso, la cual pretende que los menores sean juzgados como adultos y se les aumenten las penas a 20 años de prisión, informó este sábado la entidad. El organismo, con sede en Chile, emitió un comunicado firmado por su representante regional, Roberto Garretón, quien advirtió que la ley impulsada por Moscoso "contrasta con un informe presentado por Panamá el año pasado que asegura que las estadísticas recogidas en la última década muestran que la delincuencia juvenil no es la más grave".
La ley promovida por Moscoso se inserta dentro de una operación denominada "mano dura" para combatir el crimen organizado y las pandillas juveniles en nueve provincias del país. La iniciativa busca juzgar como adultos a los menores y aumentar las penas de prisión de 7 a 20 años.
La iniciativa legal ha sido rechazada por la Iglesia católica, los grupos de derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los cuales consideran que un aumento en las penas a los menores viola la Convención de los Derechos del Niño, firmada por Panamá en 1990.
Según Garretón, si la nueva ley es aprobada por el parlamento, pondría en peligro "los derechos de los niños y los adolescentes que establece la Convención de los Derechos del Niño".
El gobierno de Panamá inició hace dos semanas el operativo "mano dura" para combatir el crimen y la delincuencia callejera, atribuida en buena parte a pandillas juveniles.
Moscoso anunció que el consejo de ministros analiza otros dos proyectos de ley para combatir las pandillas criminales y castigar con severidad la tenencia ilegal de armas.
26 de julio de 2004
©mipunto