EN CHILE RENACE ESPERANZA DE JUSTICIA DESPUÉS DE 30 AÑOS - jen ross
Familiares de las víctimas de la dictadura chilena todavía esperan justicia. El antiguo dictador sigue vivo y en libertad.
Santiago, Chile. Michele Drouilly dio una vuelta en torno al imponente ombú de Villa Grimaldi, un idílico parque en las laderas de las nevadas montañas de los Andes. El gorjeo de los pájaros y el ruido de los niños jugando cubren un sentimiento sobrecogedor."Miras este lugar hoy y es un parque bonito, pero no te puedes imaginar lo que pasó aquí", dijo Drouilly.
Villa Grimaldi fue un centro de detención de la policía secreta en los años setenta durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Doscientas personas encontraron la muerte aquí, de acuerdo a Drouilly y a otros familiares, que agregan que desaparecieron muchos más. Sus familiares han transformado Villa Grimaldi en un monumento para los que murieron. La hermana de Drouilly fue una de ellas.
Drouille se para ante un panel de mármol blanco de más de seis metros de altura: "Aquí está mi hermana", dijo, señalando uno de los nombres grabados en el monumento. "Jacqueline Pollet Yurich".
Drouilly dijo que ella tenía 17 años cuando arrestaron a su hermana mayor por pertenecer al Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, un militante grupo anti-gubernamental. Era 1973, poco después del golpe militar de Pinochet que derrocó al gobierno socialista del presidente Salvador Allende. Más de doscientas mil personas fueron detenidas en una campaña para erradicar a los opositores, según cifras oficiales.
"Tomó muchos años aceptar que nunca la volveríamos a ver", dijo. "Mi madre todavía guarda una maleta que le había preparado... Creo que hacer justicia es lo único que puede curar nuestras heridas".
Ahora una decisión pendiente en el sistema judicial chileno podría acusar al antiguo dictador y otros miembros de su gobierno de crímenes de derechos humanos cometidos durante su gobierno entre 1973 y 1990.
El 28 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago inesperadamente despojó a Pinochet de inmunidad legal. En 1998 una corte británica ordenó el arresto domiciliario de Pinochet mientras visitaba Londres, pero desde su puesta de libertad por mala salud y su retorno a Chile en 2000, las familas de los muertos habían perdido la esperanza de que se lo llevar a juicio.
Los abogados de Pinochet han recurrido y no está claro si Pinochet, 88, se verá alguna vez en tribunales.
Ese mismo día de la resolución de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema chilena comenzó a ver otro caso publicitado que afecta la amnistía general decretada por Pinochet en 1978, que todavía protege a los militares y agentes de policía implicados en la represión que siguió al golpe de 1973. Se calcula que murieron o desaparecieron unas tres mil doscientas personas en manos de la policía secreta.
Sólo algunos militares han sido encarcelados por lo que los tribunales llaman secuestros permanentes, no cubiertos por la amnistía porque son consideradas investigaciones no cerradas. La amnistía ha protegido a los oficiales sospechosos de tortura o asesinato.
Se calcula que 500 personas podrían ser enjuiciadas si la apelación fuera aceptada, dijo Nelson Caucoto, el abogado que presentó el recurso contra la ley de amnistía. El abogado Juan Carlos Manns representa a uno de los antiguos oficiales de Pinochet.
"Nuestros militares son estoicos", dijo Manns. "Aquí lo único escandaloso es no aplicar la ley, y no cometer en errores en su interpretación para corregir los errores del pasado".
Pero muchas familias han estado esperando justicia durante más de 30 años.
Ximena Campos Barra estira una arrugada bolsita de plástico para poder ver la deslucida fotografía en blanco y negro que hay en ella.
"Aquí está. Mi hermano menor, Eduardo Campos", dijo, retirando la foto que lleva en su jersey de lana gris que se pone para ir a las protestas y a los tribunales. El hermano de Ximena fue detenido por los militares en 1973. Ella y su familia se exiliaron en Canadá en 1975.
Dijo que los restos de su hermano fueron identificados en 1994, cuando se descubrió una fosa común. Pero dijo que la incertidumbre sobre su destino todavía la persigue.
"Mis padres murieron sin saberlo... Pienso que es la tortura más perversa que puedes causar a una familia". Dijo que desarrollos recientes en los tribunales chilenos le dado sin embargo nuevas esperanzas de que los asesinos de su hermano todavía puedan ser procesados.
Este es el primer caso relacionado con las muertes y desapariciones durante la dictadura en llegar a la Corte Suprema, dando nuevas esperanzas a las familias de las víctimas.
"Sentaría un precedente", dijo Drouilly, admitiendo que sufre de insomnio a causa de este juicio. "Estoy asustada. Incompleta. Tengo mucha ansiedad".
Campos, Drouilly y otros dicen que la promesa de justicia vale la pena, porque otro proceso legal reabre la posibilidad de una clausura.
31 de julio de 2004
©traducción mQh
©http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A58375-2004Jul17.html
0 comentarios