américa latina

fidel no quiere invasión

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Inconvenientes hacen improbable invasión de Honduras.

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Cuba/Honduras. En momentos en que el Consejo de Seguridad de la ONU se involucra en el conflicto hondureño, el ex presidente cubano Fidel Castro advirtió sobre las consecuencias regionales que podría tener un intervención armada en el pequeño país centroamericano. "Está probado que el gobierno de Brasil no tuvo absolutamente nada que ver con la situación que allí se ha creado. Es por tanto inadmisible, más aún inconcebible, que la embajada brasileña sea asaltada por el gobierno fascista, a no ser que pretenda instrumentar su propio suicidio, arrastrando el país a una intervención directa de fuerzas extranjeras como ocurrió en Haití, lo que significaría la intervención de tropas yanquis bajo la bandera de Naciones Unidas", opinó el veterano dirigente revolucionario de la isla en un artículo publicado el jueves a la tarde en Cubadebate.com.
En un breve texto, Castro sostuvo, sin dejar lugar a la duda, que una intervención de la ONU crearía más problemas de los que solucionaría. "Honduras no es un país lejano y aislado en el Caribe. Una intervención de fuerzas extranjeras en Honduras desataría un conflicto en Centroamérica y crearía un caos político en toda América latina", señaló. Según el ex mandatario cubano, el golpe fue apoyado desde un inicio por los sectores más conservadores de Estados Unidos y un eventual desembarco de cascos azules con Washington a la cabeza no haría más que anotarles otra victoria a los halcones norteamericanos.
Por eso, para el veterano dirigente cubano la solución a la crisis hondureña tiene que nacer de los propios hondureños. "Hemos visto surgir una nueva conciencia en el pueblo hondureño. Toda una legión de luchadores sociales se ha curtido en esa batalla. Zelaya cumplió su promesa de regresar. Tiene derecho a que se le restablezca en el gobierno y presidir las elecciones. De los combativos movimientos sociales están destacándose nuevos y admirables cuadros, capaces de conducir a ese pueblo por los difíciles caminos que les espera a los pueblos de nuestra América. Allí se engendra una revolución", pronosticó.

26 de septiembre de 2009
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repudio a tiranía hondureña

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Repudio generalizado a la dictadura hondureña en la Asamblea de las Naciones Unidas. Sudamérica habló con una sola voz. Brasil, Chile, Uruguay y Argentina exigieron desde el palco la restitución inmediata de Zelaya. La ONU no reconocerá las elecciones.

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Honduras/Naciones Unidas. La crisis política en Honduras resonó fuerte ayer en la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Los países latinoamericanos lideraron el reclamo: Brasil, Chile, Uruguay y Argentina (ver página. 7) exigieron desde el palco la restitución inmediata de Manuel Zelaya en la presidencia hondureña e instaron a la comunidad internacional que los escuchaba desde el auditorio a tomar una postura más firme para restablecer el orden democrático en el país centroamericano. Luiz Inácio Lula da Silva fue el primero. "La comunidad internacional exige que Zelaya regrese inmediatamente a la presidencia de su país", afirmó el mandatario brasileño. "A menos que exista voluntad política, vamos a presenciar otros golpes como el que depuso al presidente constitucional de Honduras." Además, Lula volvió a insistir con la inviolabilidad del territorio de su embajada en Tegucigalpa, donde se refugia, bajo sitio policial y militar, el derrocado gobernante hondureño.
"Todos los países deben permanecer alertas para asegurarse la inviolabilidad de la misión diplomática de Brasil en la capital de Honduras", enfatizó Lula, para lo cual explicó que su gobierno convocó a una reunión especial del Consejo de Seguridad del organismo multilateral. Estados Unidos, como presidente temporario del Consejo, ya le dio su visto bueno a la iniciativa, con lo que el refugio de Zelaya tendría más probabilidades de quedar garantizado. "No tenemos detalles sobre cuándo exactamente se realizará la reunión, pero Estados Unidos lo está viendo y evalúa el tema de forma positiva", precisó Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado.
Michelle Bachelet, presidenta de Chile, reforzó a su turno el reclamo internacional por Honduras y reclamó una solución negociada al conflicto en el marco de la propuesta de mediación hecha por el mandatario costarricense Oscar Arias, que prevé, entre otros puntos, la reimplantación de Zelaya en su cargo, la formación de un gobierno de unidad nacional y una amnistía política generalizada. "Quiero reiterar nuestro llamado para que se acepte de inmediato el Acuerdo de San José impulsado por la Organización de Estados Americanos", señaló la mandataria. "Honduras merece elecciones libres y democráticas, con el presidente constitucional conduciendo dicho proceso", remarcó Bachelet.
Uruguay no se quedó atrás y también alzó su voz en consonancia con sus vecinos sudamericanos. "Como americanos, sentimos el deber ético y la responsabilidad política de reiterar en este foro mundial que rechazamos la ruptura de la institucionalidad en la hermana república de Honduras y reclamamos el inmediato restablecimiento del orden constitucional con la reinstalación de Manuel Zelaya en su cargo de presidente de la República", subrayó el presidente Tabaré Vázquez durante su intervención.
La presión diplomática internacional sobre la dictadura de Tegucigalpa no sólo provino bajo forma de discursos en la Asamblea General. La ONU anunció ayer que no validaría la carta fundamental para salir de la crisis a la que apuesta el régimen de facto: según un comunicado emitido ayer por la organización, "las condiciones no están dadas para la realización de unas elecciones libres y transparentes" y, en consecuencia, "se decidió el retiro de todo el personal y equipo técnico de asistencia electoral".
Asimismo, tanto la Unión Europea (UE) como la OEA anunciaron ayer que volvían a enviar a sus embajadores a Tegucigalpa, accediendo de ese modo a una solicitud hecha por el propio Zelaya para que la comunidad internacional se haga presente sobre el terreno con el fin de apoyarlo.
Pero si tanto la ONU como la UE y la OEA ven con preocupación creciente el clima de represión desatado por el gobierno de facto, la visión no es la misma al interior del establishment financiero estadounidense. Ayer, el diario neoyorquino The Wall Street Journal estimó, en un editorial titulado "The Honduras mess" (El lío hondureño), que, "ahora que ha vuelto a Honduras, la mejor solución para evitar la violencia es que Estados Unidos inste a Zelaya a que se entregue para que lo detengan y lo juzguen".
"No dejen solo al pueblo hondureño", pidió ayer Zelaya desde su refugio en la embajada brasileña.

25 de septiembre de 2009
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continua resistencia hondureña

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Dos muertos y decenas de heridos en choques entre policías y manifestantes en Tegucigalpa. Durante toda la madrugada de ayer, cientos de zelayistas salieron en pequeños grupos a levantar barricadas y desafiar el toque de queda. Los rumores de desabastecimiento monopolizaban los medios de comunicación.

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[María Laura Carpineta] Honduras. Tegucigalpa está militarizada y el presidente Manuel Zelaya, acorralado, pero aun así la dictadura hondureña no logra acallar a la resistencia democrática. Durante toda la madrugada de ayer cientos de zelayistas salieron en pequeños grupos a levantar barricadas y desafiar el toque de queda en los barrios de clase trabajadora de la periferia de Tegucigalpa, la capital hondureña. La policía informó que hubo dos muertos y los organismos de derechos humanos denunciaron decenas de heridos y detenidos. A mitad de la mañana todo había acabado; las calles volvían a quedar desiertas. Pero el presidente de facto, Roberto Micheletti, no respiraba tranquilo. Los rumores de desabastecimiento monopolizaban los medios de comunicación y los hondureños, inclusive los que aplaudieron la caída de Zelaya, se estaban empezando a inquietar. Por miedo a perder su único apoyo social, el dictador levantó el toque de queda durante seis horas e inmediatamente miles de zelayistas recuperaron el centro de Tegucigalpa. La única forma de pararlos fue con más represión, más heridos y más detenciones. Anoche los hondureños se fueron a dormir con un nuevo toque de queda.
Después de la cruenta represión de la madrugada del martes frente a la embajada brasileña y de la contundente condena de la comunidad internacional desde Nueva York, Micheletti retomó su vieja estrategia de ganar tiempo. A última hora del martes, su canciller Carlos López salió en cadena nacional para leer un comunicado. Para sorpresa de los periodistas presentes lo leyó en inglés. El mensaje no era para Zelaya ni para los hondureños. Era para la comunidad internacional. "Estoy listo para conversar con el señor Zelaya, siempre y cuando él reconozca explícitamente las elecciones presidenciales", aseguró el ministro de facto. La oferta no tuvo eco en el exterior y el único que le respondió fue Zelaya. "Así no hay trato. Si hay elecciones tiene que haber condiciones de igualdad para todos, no persecución para unos y favor para otros", contestó, en un fluido español.
Una fuente cercana al entorno del presidente legítimo reconoció a este diario que las negociaciones en el interior de Honduras parecen agotadas. En las últimas horas Micheletti recibió el apoyo incondicional de la cúpula empresarial y de los militares, sus dos pilares fundamentales. "El diálogo tiene que existir entre todos los hondureños para que se restaure el clima de paz, pero siempre debe enmarcarse en la legalidad, y lo que sucedió el 28 de junio estuvo dentro de la legalidad", dijo vía telefónica, sin demasiados rodeos, Amílcar Bulnes, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Los acercamientos con los empresarios y los militares habían fracasado; la única herramienta que le quedaba a Zelaya era mantener las protestas en las calles. "El presidente nos pidió que siguiéramos resistiendo, no bajáramos los brazos. Somos el único respaldo que tiene dentro de Honduras", aseguró el diputado progresista Marvin Ponce. El fue uno de los miles de simpatizantes del presidente derrocado que salieron a marchar no bien escuchó el decreto de la suspensión del toque de queda.
"Fue una manifestación tranquila hasta que, de la nada y sin provocación, la policía apareció y nos empezó a tirar con escopetas y bombas lacrimógenas. Faltaba una hora hasta que se reanudara el toque de queda", relató a este diario. La represión de la tarde dejó otro centenar de detenidos y, según pronostican los organismos de derechos humanos, más heridos.
La imagen de los manifestantes corriendo y escapando de los gases y los camiones hidrantes no fue la única muestra de desesperación y angustia que dejó la jornada. Mientras miles aprovechaban sus pocas horas de libertad para reclamar por la restitución de la democracia y la paz social en el pequeño y empobrecido país centroamericano, otros miles, igual de preocupados y cansados, hacían interminables colas para comprar comida, nafta o sacar plata del cajero.
La sensación en la calle, tanto de un lado como del otro, era que la pelea venía para largo y había que prepararse. Los militares tienen las principales rutas del país bloqueadas y los negocios permanecen la mayoría del día cerrados, por miedo a disturbios o enfrentamientos en las calles. La capital hondureña está tan desolada que la resistencia zelayista decidió sacar las protestas a las afueras de la ciudad. "No podemos seguir haciendo marchas masivas en el centro si cada vez que salimos nos matan a dos o tres compañeros", reconoció con tristeza Ponce.
La dictadura está cercada por las presiones del mundo, pero dentro de Honduras eso aún no se siente.

25 de septiembre de 2009
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carta de un arzobispo retrógrado

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Un amigo nos hizo llegar el siguiente y tenebroso documento: una carta escrita por el arzobispo de Caracas, Urosa Sabino, tras cuya lectura se delata como representante de la influencia demoníaca en la iglesia.

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Caracas, Venezuela. A continuación les entregamos dos correos electrónicos, el primero se le escapó por error de envío al cardenal Urosa Sabino, el segundo es el intento de parar la metida de pata y tapar la tamaña barrabasada de ese opositor a la recién aprobada Ley Orgánica de Educación (LOE), claro en ese correo queda demostrado el porque de su oposición a la LOE, y cual es la educación que nos han impuesto, la educación que no quieren que cambie, para así poder seguir mandando sobre los mas desposeídos, ambos correos salieron de la dirección: [e-mail], no podemos confirmar que sea su e-mail, pues este señor no es nuestro pana, pero también a el enviaremos esta nota, desde que está circulando la especie el susodicho ha hecho mutis, debe ser la calentura por su auto gol, pues no creemos que sea por vergüenza, esa la botó hace mucho tiempo.

La Carta del Cardenal
El Estado tiene que garantizar la educación pero no es su función dirigirla y controlarla. Esta función debe llevarla una institución civil como la Iglesia Católica que cuenta con el apoyo y la credibilidad de todos los habitantes del país.
La Iglesia Católica no asume esta función por capricho o por un afán de lucro. La educación no genera ganancias, y eso está bien, pues no queremos hacer de un servicio social una fuente de riqueza material. No es entonces, como insisten los enemigos de Cristo, que aspiremos a acumular riquezas, sino que, al haber asumido el compromiso cristiano, estamos obligados, por mandato, a llevar el mensaje de Jesús redentor al corazón de los venezolanos, de todos los venezolanos.
No queremos dedicarnos a la educación de los más privilegiados, dejando a los menos afortunados en las manos de un Estado ateo y comunista.
Creo que la Iglesia debe asumir la educación de ambos grupos, como única forma de garantizar la paz social y el desarrollo del país. Educar y formar en el amor a Dios a todos los venezolanos, es nuestra misión, pero pretender hacerlo de la forma desordenada que predican algunos hermanos, bien intencionados, pero carentes de visión, sería contraproducente.
La educación debe ser igual pero separada (una frase poco popular, pero muy cierta). Los hijos de familias pudientes, llamados a ir a las universidades y, más tarde, tomar las riendas de empresas, negocios, ejercer las profesiones libres y ocupar los cargos más altos de la administración pública, deben ser educados para alcanzar estos fines y asumir su responsabilidad social de la forma más responsable y cristiana. Los niños que, por su origen socioeconómico, tienen desventajas, deben ser educados en el respeto hacia la autoridad, en la diligencia, en la modestia y, sobre todo en el mensaje cristiano del amor.
La Iglesia Católica debe oponerse a todo intento de homogeneizar la educación básica, porque esto sólo nos llevará al caos y a las guerras entre hermanos. Los niños de los estratos más pobres querrán acceder a las mismas posiciones que sus compañeros más afortunados, creándose la inconformidad y alimentándose la envidia. Los de los estratos superiores perderán motivación para estudiar y alcanzar el éxito. Con una educación talla única, lo que crearemos es una nación de envidiosos y conformistas.
Con la bendición de Dios Todopoderoso, debemos estar dispuestos a servir a Jesús Redentor, a la Iglesia y a Venezuela.

Jorge Urosa Sabino, Arzobispo de Caracas
24 de septiembre de 2009
cc izquierda unida venezolana

piden intervención de cpi en honduras

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La FIDH pedirá a la CPI que investigue la "persecución política" en Honduras.

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París, Francia, La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) anunció hoy en un comunicado conjunto con la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) que pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue y sancione la "persecución política" en Honduras.
La FIDH precisó que el miércoles presentará con la APDHE "una comunicación para que se investigue y sancione a los máximos responsables del crimen de persecución política en Honduras que continua cometiéndose por los golpistas desde el 28 de junio de 2009".
Además, ambas organizaciones hicieron un llamamiento "al gobierno de facto de Roberto Micheletti a retirarse para permitir la reinstalación del presidente electo", Manuel Zelaya.
"La APDHE y la FIDH presentarán ante la Fiscalía de la CPI (con sede en La Haya) numerosos testimonios que demuestran que de manera generalizada y sistemática, las máximas autoridades de facto del Estado hondureño, desde el golpe de Estado, habrían cometido graves violaciones de derechos humanos", se afirma en el comunicado.
Las organizaciones explican que esas violaciones consisten en "miles de arrestos arbitrarios, persecución sistemática a la prensa independiente, ejecuciones extrajudiciales, tratos inhumanos, degradantes y tortura física y psicológica".
Añaden que también se han cometido "amenazas de muerte, deportaciones o expulsiones ilegales, persecución a extranjeros en particular nicaragüenses, más la persecución a empleados públicos, diputados, alcaldes, jueces y fiscales que se han opuesto al golpe de Estado".
En la comunicación se pide investigar igualmente a los propietarios de medios de comunicación o autoridades religiosas "que han hecho apología de la persecución política contra los partidarios de una asamblea nacional constituyente o que se han movilizado por el retorno del Presidente Zelaya".
Recuerdan que la política de la Fiscalía de la CPI "es la de individualizar a los más altos responsables de los crímenes que son de su competencia".
Por esa razón consideran que habría responsabilidad penal en una lista de personas que detallan y que incluye a Roberto Micheletti, "gobernante de facto y demás miembros de su gobierno", al General Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto y "demás comandantes militares", y al Director General de la Policía Salomón de Jesús Escoto Salinas "y demás comandantes de la Policía".
Se agrega en la lista a Billy Joya Améndola, "asesor de seguridad del gobierno de facto, ex militar sindicado de graves violaciones de derechos humanos en la década de los 80; Jorge Alberto Rivera Avilez, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Luis Alberto Rubí Avila, fiscal general del Estado y, otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado".
Las organizaciones precisan que estos magistrados y fiscales han actuado así "con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales", por lo que se hacen "igualmente responsables del crimen de persecución política".
Citan por último en la lista a José Alfredo Saavedra Paz, presidente del Congreso Nacional "y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado y han alentado la persecución política de los que se han opuesto" al mismo.
La APDHE y la FIDH recuerdan que el crimen de persecución política, "en tanto un crimen de lesa humanidad, es de competencia de la CPI y, piden a la Fiscalía tener en cuenta que el golpe de Estado se propició para impedir el derecho a la participación política de millones de hondureñas y hondureños que querían un cambio constitucional".

24 de septiembre de 2009
©el confidencial 

mandos militares a la cpi

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Honduras: Altos mandos militares podrían ir a la Corte Penal Internacional.

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Honduras. El presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Luis Guillermo Pérez, anunció en conferencia de prensa junto al juez internacional Baltazar Garzón y al defensor de derechos humanos de España, Manuel Ollé que la Corte Penal Internacional podría juzgar al ex integrante del batallón de la muerte 3-16, capitán Billy Joya Améndola.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cuenta con 7 denuncias por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto de Roberto Micheletti, anunció en conferencia de prensa, el Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Luis Guillermo Pérez quien estuvo acompañado por el jurista internacional español, Baltazar Garzón y el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé.
Las 7 comunicaciones es el nombre técnico con el que se conocen en el seno de la CPI, las denuncias que se hacen con crímenes que podrían ser de la competencia de la Corte Penal Internacional, explicó Pérez.
Señaló que "Honduras ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo tanto la CPI tiene la competencia y el Fiscal puede desarrollar esa investigación si encuentra que los elementos de los que dispone, permitirían deducir responsabilidades penales.
"Aquí se investiga y se condena a personas y no a cualquier persona, no a un soldado, a un policía que asesina o tortura, aquí se investiga y sanciona a los altos responsables de esa violaciones", sentenció el defensor de derechos humanos.
Pérez junto al juez de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón y al representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé, hablaron en conferencia de prensa al cierre de su visita al país, en el que se entrevistaron con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y líderes y dirigentas del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe.
En torno al estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía hondureña, el presidente de la FIDH, Luis Guillermo Pérez comentó, (refiriéndose al presidente Manuel Zelaya), que si a un jefe de Estado se le violentan sus derechos humanos como se le han violentado sus derechos humanos al presidente Zelaya, ¿qué puede pasar con cualquier otro habitante del territorio hondureño?
¿Qué seguridad jurídica hay para las garantías a la libertad procesal, a un debido proceso, las garantías para no ser expatriado de Honduras? A cualquier militar que se le ocurra expatriar a cualquier hondureño, puede ser el presidente de la Corte, o el Fiscal General, entonces encontrarán las puertas abiertas para hacerlo cuando les provoque y después con el uso de la fuerza impedir que regresen?, cuestionó el defensor de los derechos humanos.
Por su parte el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé destacó que a través de numerosas reuniones y entrevistas sostenidas han constatado detenciones arbitrarias, lesiones a la vida, lesiones físicas, torturas y violaciones a la libertad de expresión.
En segundo lugar quiero manifestar nuestro absoluto apoyo, confianza y esperanza en las autoridades que deben de juzgar estos hechos que son en primero lugar, las autoridades hondureñas, los jueces y los fiscales quienes tienen la responsabilidad de dar a todas y cada una de las denuncias que se están presentando con nombres y apellidos de los presuntos victimarios que están cometiendo los hechos.
En tercer lugar, para el caso de que no se produzcan y se pueda tratar de alcanzar la impunidad o por sectores interesados en la noticia de impunidad, desde luego ser un crímen internacional y un crimen que nos afecta no solo a los hondureños sino a toda la comunidad internacional.
"Entendemos que debería de tomar cartas en el asunto o de dar traslado a parte de las 7 comunicaciones que ya existen, o bien a la Corte Penal Internacional o bien a cualquier otra jurisdicción con base en el principio de justicia universal", sostuvo Ollé.
En otras palabras, el abogado trata de explicar que si el actual sistema judicial hondureño, no brinda respuestas satisfactorias a las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, la Corte Penal Internacional (CPI) puede intervenir en contra de los responsables de crímenes de lesa humanidad, a partir de las denuncias presentadas en dicho tribunal de justicia.

Principio de Igualdad

Finalmente el Juez Baltazar Garzón destacó que se entrevistó con al menos unas 100 personas en Honduras en diferentes sectores, organizaciones sociales, de derechos humanos, políticos, operadores de justicia del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Naciones Unidas y el Cuerpo Diplomático, entre otras.

Garzón destacó que como persona interesada en lo que aquí está sucediendo tenía y con la aproximación inmediata a los hechos y testimonios de víctimas que directamente están sufriendo la agresión o la violación de derechos fundamentales, me han permitido conocer esa situación en una forma más clara y me permite afirmar mi gran preocupación por la situación que se está viviendo en este país.

"En orden a la violación de derechos básicos de los ciudadanos, derechos que afectan a aquellos bienes fundamentales para el ser humano, como son la vida, la integridad física, la integridad moral, psíquica, psicológica, situaciones de muerte, asesinato, lesiones, tortura, malos tratos, vejaciones, violencia de género con especial incidencia en las mujeres, agresiones a la libertad de expresión", han sido de su especial atención, comentó el jurista internacional.

El juez recalcó los ataques perpetrados contra Radio Globo y Canal 36, cuando expresó que "son un ataque directamente dirigido a impedir la libre expresión de ideas. Eso en un sistema democrático no puede suceder, no se puede consentir, de modo que si acontece y no se investiga y se sanciona en forma contundente, algo no está funcionando bien".

Agregó que "es muy peligroso y son los ciudadanos y ciudadanas de la nación hondureña las que van a sufrir las consecuencias y con ellos, todos nosotros. Esa situación de riesgo es evidente y yo he visto personas que tienen fracturas de clavículas, fracturas de manos, golpes en rostro, en cuerpo, relatos de líderes políticos que están siendo perseguidos, amenazados, y yo no voy a señalar quién o quiénes".

Pero sí, hay que tener en cuenta -apuntó Garzón – que quién tiene el poder o la administración y el control punitivo del Estado y por tanto también los medios para prevenir que esas situaciones se produzcan, "tienen la obligación ineludible de atender y de proteger al máximo.

"El principio de igualdad ante la ley, creo que no se está respetando y lo digo con todo respeto hacia las instituciones hondureñas, creo que el sistema judicial que existía antes, durante y después del golpe de Estado, debe de responder en forma independiente ante las demandas que los ciudadanos están produciendo", señaló Garzón.

El jurista internacional instó respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia para que haga todo lo posible porque el principio de legalidad se respete y que aquellos que tienen la parte más débil, es decir las víctimas que están siendo objeto de persecución, sean protegidas, se investiguen los hechos que se están cometiendo en su contra y se sancione a los culpables, por muy relevantes que sean.

En cuanto a los delitos que se han cometido y que afectan directamente a ámbitos esenciales en la vida de las personas, Honduras no es un país único en el mundo, es un país que forma parte de una comunidad internacional, señaló Garzón.

Lo mismo que España, Nicaragua o lo mismo que Francia, "me da igual cuál sea, lo que aquí ocurra se refleja en la comunidad internacional y no se engañen aquellos que afirman que a nadie le interesa lo que aquí sucede y no crean que dicen verdad, aquellos que afirman que no tenemos que hacer nada aquí, aquellos que somos de fuera", comentó el jurista internacional.

Y añadió que "cuando se trata de defensa de los derechos humanos no hay fronteras, no hay limitaciones, la protección universal como su propio nombre lo indica y en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, es meridianamente clara".

Los juristas internacionales estuvieron en Honduras el lunes 24 y martes 25 a invitación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) , con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre otras.

24 de septiembre de 2009
©tercera información 

zelaya denuncia plan de asesinato

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El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, denunció que el gobierno de facto planeó ayer asaltar la embajada de Brasil, donde se encuentra refugiado, y declarar que se había suicidado, pero, dijo, el plan no se ejecutó por la intermediación de la comunidad internacional.

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Tegucigalpa, Honduras. "Iban a asaltar la embajada (de Brasil) y declarar un suicidio por mi parte, pero José Manuel Zelaya no se está suicidando", afirmó el mandatario de Honduras en una entrevista telefónica con TN.
El plan del gobierno de facto, explicó Zelaya, se paró porque "la comunidad internacional intervino inmediatamente, incluido Estados Unidos y la OEA (Organización de Estados Americanos)".
"Hoy todavía se corre el riesgo de que sea asaltada la embajada y que se planifique que iba a ser anunciado un suicidio de parte mía como para simular que nosotros habíamos decidido morir antes de que entraran aquí", insistió.
Según Zelaya, con él se encuentran en la embajada de Brasil alrededor de cien personas que están soportando "bombardeos con productos químicos y ondas de ultrasonido que provocan malestar a la salud y ponen muy nerviosas a las personas".
"Han allanado casas vecinas a la embajada", rige "un estado de sitio total" con "miles de prisioneros y personas heridas en los hospitales" en un contexto de "terrible situación de inseguridad", afirmó.
Zelaya dijo que está en contacto "permanente" con el gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, "y otros presidentes" que asisten a la Asamblea General de la ONU, y expresó su confianza en que prospere la convocatoria al Consejo de Seguridad de la ONU de modo de contribuir a que Honduras "recupere la paz y el diálogo".
"El país está en estado de sitio total, con los aeropuertos cerrados, las carreteras, las empresas y las fábricas cerradas y la gente no puede circular por las calles", agregó.
"Los policías están en las calles reprimiendo, no dejan que la gente llegue a la embajada", denunció Zelaya, que advirtió que "el país no volverá a la calma mientras el presidente está encerrado".

24 de septiembre de 2009
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debate sobre acuerdo militar

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Acuerdo colombo-norteamericano provoca dudas. Reprochan falta de debate y transparencia, y motivos dudosos.

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[Juan Forero y Mary Beth Sheridan] Puerto Salgar, Colombia. Un sofocante día hace poco, un caza colombiano se elevó en el cielo desde la base aérea más importante del país, mientras los mecánicos montaban el motor de un avión de evacuación médica.
Pronto pilotos y tripulaciones estadounidenses también vivirán y trabajarán aquí, encargadas de pilotar sofisticados aviones de espionaje en la guerra -junto a fuerzas colombianas- contra las guerrillas marxistas y los narcotraficantes, dicen funcionarios colombianos.
Funcionarios estadounidenses y colombianos dicen que el nuevo acuerdo para desplegar aviones y personal militar estadounidenses en esta base es poco más que la formalización de una serie de acuerdos militares sueltos que se remontan a 1952. Pero el acuerdo, que permitirá a fuerzas estadounidenses acceder hasta siete bases, ha provocado preocupación entre los presidentes sudamericanos y la indignación de la vecina Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez advierte sobre una inminente invasión norteamericana.
El viernes, el presidente colombiano Álvaro Uribe deberá defender el plan en una cumbre regional en Argentina, argumentando que está colaborando en la guerra contra el narcotráfico y no tiene intenciones hostiles. Pero incluso en Colombia, que acusa a Chávez de inmiscuirse en sus asuntos internos, los legisladores han puesto en duda la legalidad del acuerdo y si podría exacerbar el conflicto civil que se prolonga ya por cuarenta y cinco años, entre otras cosas.
Funcionarios colombianos dicen que el acuerdo crea una sede a largo plazo, en la base Germán Olano de Palanquero, para los Orion P-3 y los aviones AWAC americanos que patrullarán el Pacífico, el norte del Caribe y, en el este, la porosa frontera del país con Venezuela.
"El objetivo es el narcotráfico", dijo el comandante de la base, general de brigada Guillermo León, durante una visita reciente a Germán Olano, que según funcionarios colombianos Estados Unidos ha codiciado desde hace mucho por su ubicación estratégica. "Y los sensores en estos aviones están precisamente para controlar el espacio aéreo, no para espiar a nadie".
Dijo que el acuerdo, que debe ser firmado dentro de poco, también da a Estados Unidos acceso a otras dos bases aéreas, dos recintos del ejército y dos puertos navales.
Pero legisladores colombianos que son miembros de una comisión parlamentaria que se ocupa de la seguridad y defensa, dijeron que se enteraron del acuerdo por primera vez cuando oyeron los informes de la prensa en julio y que luego recibieron solamente algunos detalles inconexos en reuniones a puertas cerradas con funcionarios militares colombianos. Un documento del ministerio del Interior que justifica el plan habla de la "cambiante naturaleza de los peligros transnacionales" y la necesidad de "ejercicios conjuntos" con los estadounidenses.
"Esas son palabras muy ambiguas y amplias", dijo el senador Juan Manuel Galán said. "Sin leer el documento es difícil entender sobre qué exactamente se han puesto de acuerdo".
La senadora Cecilia López dijo que el plan debió haber sido debatido en el Congreso. "¿Por qué hay tanto secretismo?", preguntó.
En Washington, los senadores Christopher J. Dodd y Patrick J. Leahy, dos experimentados demócratas que colaboran en la definición de políticas sobre América Latina, preguntaron en una carta a la secretario de Estado, Hillary Rodham Clinton, por qué no se les había consultado sobre el plan y se preguntaban por qué el gobierno de Obama estaba profundizando sus lazos con unos militares acusados violaciones a los derechos humanos.

Garantías Estadounidenses
El acuerdo se alcanzó después de que el vecino Ecuador pusiera fin a un acuerdo de diez años que había permitido que Estados Unidos realizara vuelos de vigilancia desde una base en Manta, en la Costa Pacífico. Esos aviones buscan embarcaciones semi-sumergibles y lanchas de gran potencia para trasladar cocaína hacia el norte del litoral colombiano.
"Manta permitía una tremenda cobertura del Pacífico Este y hasta América Central y México", dijo Gabriel Marcella, especialista en América Latina que se jubiló recientemente de la Academia de Guerra de Estados Unidos.
Altos funcionarios del Departamento de Estado dicen que Estados Unidos ya tenía acceso a instalaciones colombianas sobre bases ad hoc y que el acuerdo despeja obstáculos burocráticos, tales como las notas diplomáticas que son exigidas a los aviones estadounidenses para pedir permiso de aterrizaje.
El departamento de Estado dijo que el número de fuerzas estadounidenses en Colombia no excederían el personal militar de 800 hombres y 600 contratistas civiles, un límite impuesto en 2000 cuando Washington inició un importante programa antinarcóticos que ha significado más de seis mil millones de dólares en ayudas. Funcionarios estadounidenses dijeron que los militares norteamericanos gozarán de algún tipo de inmunidad bajo la ley colombiana.
Funcionarios americanos dicen que el acceso a este recinto en Puerto Salgar y en la base aérea de Apiay al sur del estado de Meta coloca armamento norteamericanos más cerca del corazón histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el ejército guerrillero.
"Si me pregunta si las misiones aprovecharán este acuerdo en el futuro para incorporar a las FARC en las zonas de ataque, la respuesta es sí, sin ninguna duda", dijo el embajador William R. Brownfield la semana pasada en una entrevista con El Tiempo, el diario nacional.
El presidente Obama enfatizó el aspecto de lucha antinarcóticos del acuerdo en una conversación telefónica el viernes con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país manifestó preocupación, dijo un alto funcionario de gobierno. Obama dejó claro, dijo el funcionario, que el plan "no implica bases estadounidenses" en Colombia.
Aunque Colombia sigue siendo el más grande productor de cocaína del mundo, un reciente informe de Naciones Unidas dice que la producción de cocaína se redujo aquí en un veintiocho por ciento entre 2007 y 2008 y que el volumen del cultivo de coca se contrajo en un dieciocho por ciento. Funcionarios estadounidenses y colombianos dicen que el ambicioso programa de erradicación de las drogas, acompañado de esfuerzos de intervención aérea y marítima, está empezando a rendir frutos.
Esa explicación no ha mitigado la preocupación en la región, particularmente en Venezuela y Ecuador, donde el año pasado un ataque aéreo contra un campamento rebelde provocó un altercado diplomático con el presidente del país, Rafael Correa. En una entrevista. El ministro de seguridad interior y exterior, Miguel Carvajal, dijo que su gobierno sospecha de los motivos de Washington.
"Creemos que esto va mucho más allá que la guerra contra el narcotráfico y las guerrillas", dijo.
Carvajal también dijo que su gobierno estaba preocupado porque los estadounidenses que operan en Manta han revelado poco a Ecuador sobre sus misiones. "Nos dieron la información que nos quisieron dar", dijo.

Términos del Acuerdo
En el acuerdo, dijo León, se ensanchará una pista de aterrizaje en Germán Olano para recibir aviones estadounidenses más grandes. Se construirá una torre de control e instalaciones donde se planearán y evaluarán las misiones. Oficiales estadounidenses dicen que aquí se asignarán hasta doscientos militares.
Las fuerzas armadas estadounidenses deberán entregar a las autoridades colombianas información detallada sobre todas las misiones, dijeron funcionarios colombianos del ministerio de Defensa, y dentro del país habrá a bordo de los vuelos un suboficial colombiano.
Los aviones de vigilancia norteamericanos volarán sobre Colombia, dijo León, dirigen a cazas colombianos hacia aviones sospechosos. Bajo el programa ‘prohibición de puerto aéreo’, dijo, los caza colombianos obligan a aterrizar a los aviones sospechosos de transportar cocaína. El programa ha reducido el transporte aéreo de cocaína, obligando a los narcotraficantes a depender de rutas terrestres.
Pero altos funcionarios y autoridades antinarcóticos colombianos dicen que los vuelos que trasladan cocaína desde pistas de aterrizaje en zonas remotas en la selva hasta Venezuela son tan cortos que son difíciles de detectar. León dijo que los aviones de vigilancia estadounidenses ayudarán a descubrir esos vuelos más rápidamente.
"Tenemos que estar vigilantes para que las zonas donde no hay vuelos sigan así y tratar de controlar las zonas donde sí los hay, incluyendo áreas cercanas a la frontera", dijo.

17 de septiembre de 2009
27 de agosto de 2009
©washington post
cc traducción mQh