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américa latina

ecuador no pagará deuda ilegal


El gobierno declaró oficialmente que no pagara intereses de pasivos que juzga ilegítimos. El presidente Rafael Correa anunció una decisión histórica: rechazar una porción de la deuda denunciando su irregularidad e "inmoralidad". Dijo que convocará a los acreedores a negociar una reestructuración.
Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció ayer una decisión histórica: repudiar el pago de una porción de la deuda de ese país por considerarla "ilegítima" e "inmoral", luego de que una comisión investigadora llegara a esa conclusión tras una "profunda investigación".
"No se seguirá pagando esa deuda externa y presentaremos a los acreedores un plan de reestructuración en los próximos días", afirmó Correa en una declaración a la prensa en Guayaquil. Es una medida inédita para los países de América latina, que en otras oportunidades cayeron en default, ya sea en un intento por forzar una negociación con los acreedores o bien porque no pudieron soportar el ahogo financiero, como el caso de Argentina en 2002. Ecuador, en cambio, lo hace sobre una porción de la deuda de poca significación en términos económicos y alegando razones de justicia y moralidad.
En 1984, Argentina, Brasil y México conformaron el Consenso de Cartagena para plantear a los acreedores la ilegalidad y la inmoralidad de parte de la deuda asumida por las dictaduras de esos países. Funcionarios de los tres países mantuvieron algunos encuentros para intentar formalizar un plan de acción conjunto, pero nunca lograron pasar de las buenas intenciones. Finalmente, la propuesta quedó en la nada y no hubo quita bajo esos preceptos. Ecuador ahora concreta aquel propósito.
Correa precisó que su gobierno dejó de pagar los intereses de los bonos Global 2012, que ascienden a sólo 30,6 millones de dólares y debían ser cancelados un día laborable antes de su vencimiento el 15 de diciembre, es decir, ayer hasta las 10 hora local. El presidente afirmó que el plan de reestructuración que planteará a los acreedores busca evitar "complicados, engorrosos y tal vez dolorosos litigios". Luego reconoció que no todos los Global 2012 son "ilegítimos" y por eso buscará llegar a un acuerdo con los acreedores.
"Por supuesto, no toda la deuda es ilegítima, inmoral, pero sí una gran proporción; por eso estamos dispuestos a presentar un plan de reestructuración", señaló Correa. La deuda ecuatoriana asciende a 9937 millones de dólares, equivalentes al 19 por ciento del PIB. De ese total, 3000 millones corresponden a Global 2012. "Sabemos la decisión que estamos tomando, sabemos a lo que nos estamos enfrentando, como presidente de la república, asumo toda la responsabilidad, pero les insisto: ya es hora de inaugurar la justicia y la dignidad", recalcó. La comisión investigadora de la deuda empezó a trabajar en junio del año pasado y revisó los pasivos del país de 1976 a 2006. La única nota que empañó la algarabía en el gobierno ecuatoriano fue la renuncia de la canciller María Salvador, alegando razones personales.

13 de diciembre de 2008
©página 12 
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terrorismo paramilitar vuelve a colombia


En Colombia, organizaciones paramilitares todavía siembran terror. Las nuevas bandas, que expulsan a personas de sus casas y granjas, se cobran un alto coste humano. Los desplazamientos se están acelerando en Nariño.
[Chris Kraul] Tumaco, Colombia. El gobierno colombiano insiste en que las bandas paramilitares ya no existen. Que trate de contárselo a Antonio Domingo, un afro-colombiano pobre que fue despertado en su casa a mitad de la noche en agosto. Le dijeron que se marchara del pueblo, si no quería morir.
Antonio, 30, que se negó a revelar su apellido por temor a las represalias, dijo que milicianos uniformados y armados que se identificaron como miembros de una fuerza paramilitar llamada las Águilas Negras dieron a los vecinos apenas unos minutos para que evacuaran San José, su pueblo en la costa del Pacífico.
"Teníamos muebles, pollos, mandioca y plátanos, pero ahora lo perdimos todo", dijo Antonio, entrevistado en un campamento para personas desplazadas en las afueras de esta ciudad portuaria en Nariño, un estado al sudoeste del país. "Mataron a un amigo mío frente a nosotros sin tener ningún motivo, quizás sólo para hacerse notar".
Antonio, su esposa y niño son parte de un alarmante aumento de personas desplazadas en Colombia en lo que va del año. De acuerdo a CODHES, una organización de derechos humanos con sede en Bogotá, la capital, en el primer semestre de este año se documentaron 270.675 refugiados internos adicionales, un 41 por ciento más que durante el mismo período del año pasado.
La ola de personas desplazadas se corresponde con un aumento paralelo en el número de combatientes, de acuerdo a un estudio dado a conocer la semana pasada por la New Rainbow Coalition, una organización pacifista igualmente con sede en Bogotá. Se han formado más de cien nuevas bandas, con un total de cerca de diez mil combatientes, y tienen presencia en una de cada cinco comunas colombianas, la mayor parte rurales.
Los grupos paramilitares proliferaron en los años ochenta y noventa como fuerzas defensivas a la paga de agricultores y ganaderos para combatir a las guerrillas de izquierda. Muchos de los combatientes se volcaron al crimen, apoderándose de tierras y traficando en drogas, antes de deponer las armas en una desmovilización propiciada por el gobierno en 2006.
Las bandas armadas que han vuelto a emerger están haciendo estragos en el estado de Nariño. Están compitiendo con las guerrillas y narcotraficantes por el control de una zona que se jacta de poseer las condiciones ideales para el cultivo de la coca, así como una laberíntica costa que ofrece cientos de ensenadas ocultas y cubiertas de mangle desde donde enviar las drogas a los mercados estadounidenses.
Los nuevos grupos paramilitares, como los rebeldes y narcotraficantes, a menudo obligan a personas como Antonio a abandonar sus casas y granjas para apropiarse de la tierra como botín de guerra y limpiar el área de potenciales simpatizantes con el enemigo. Con cerca de tres millones de personas desplazadas, Colombia es el segundo país del mundo, después de Sudán, en cuanto al número de sus refugiados internos.
La guerra está creando una enorme catástrofe humana, con desplazamientos más acelerados en Nariño que en cualquier otro lugar de Colombia. Este año, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha contado veintisiete mil nuevos refugiados internos en el estado, el doble que el año pasado.
Ciudades como Tumaco están tratando de controlar la situación, dijo Marie-Hélène Verney, funcionaria de ACNUR en Bogotá.
"Los desplazamientos masivos de personas empezaron el año pasado, y la gente dejó el campo para marcharse a las ciudades y escapar de la guerra; eso sigue ahora", dijo Verney. "Desde 2002, esta es la peor situación".
Una razón de la intensificación de la guerra, dijo la analista de New Rainbow, Claudia López, es que grupos paramilitares emergentes, como las Águilas Negras y Nueva Generación, están llenando el vacío de poder que dejó la desmovilización de 31 mil miembros de la extrema derecha en 2006.
Decenas de paramilitares confesaron sus crímenes y fueron encarcelados como parte del proceso de paz. En mayo, catorce altos jefes fueron extraditados a Estados Unidos para hacer frente a cargos por tráfico de drogas, allanando el camino para la lucha por el poder.
"Desde que los capos se fueran a la cárcel, se ha generado un montón de conmoción en las mafias", dijo López. "Cada grupo necesita su propio ejército porque ahora es más probable que las disputas se resuelvan en combates".
El presidente colombiano Álvaro Uribe y otros en su gobierno insisten en que desde que terminó la desmovilización, los milicianos paramilitares ya no existen. Uribe describe a los nuevos grupos como "bandas emergentes" o "bandas criminales", diciendo que no se ajustan al modelo de sus predecesores.
Pero el profesor de ciencias políticas Gustavo Duncan, de la Universidad de los Andes en Bogotá, dijo que los nuevos grupos están realizando muchas de las mismas funciones criminales de los paramilitares: extorsionando a las empresas, gobiernos e incluso campesinos pobres, y proporcionando protección a los narcotraficantes.
"El gobierno niega la existencia de los paramilitares porque sería lo mismo que admitir que la desmovilización no funcionó", dijo Duncan.
Duncan y López dijeron que la entrega de los milicianos paramilitares fue importante porque despejó de regiones de Colombia a los ejércitos que habían empezado a competir con las fuerzas armadas por el poder. Pero la ‘reinserción’ de los milicianos desmovilizados en la sociedad productiva ha sido irregular. De acuerdo a algunas estimaciones, entre el quince y el veinte por ciento de los nuevos grupos paramilitares puede estar formado por ex combatientes que han vuelto a sus hábitos criminales.
Se cree que el grupo más grande son los Águilas Negras, que pueden dar cuenta de la mitad de los nuevos milicianos. Funcionarios de Naciones Unidas dicen que sus fuerzas han avanzado recientemente hacia el estado de Nariño para competir con Nueva Generación y otra banda criminal, los Rastrojos.
Antonio dijo que otros grupos armados, como las guerrillas de izquierda, también representaban una amenaza donde él vivía. Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, estaban reclutando constantemente a adolescentes, dijo.
Una mujer desplazada llamada América, que sólo dijo su nombre de pila, dijo que llegó al campamento de Milenio en mayo, con su marido, seis hijos y varios otros vecinos del valle del río Patia después de ser obligados a escapar de las FARC.
"El ejército había llegado antes e instalaron sus tiendas junto a nuestra granja", dijo.
"Pero entonces se marcharon y nos quedamos sin protección. Poco después hubo enfrentamientos en las cercanías y llegaron los rebeldes. Pensaban que estábamos ayudando a los soldados y nos dijeron que nos marcháramos.
"Teníamos una granja de cuatro hectáreas con cinco vacas, cacao y sapotes, y nunca tuvimos problemas", dijo. "Pero tuvimos que subir a los botes inmediatamente y marcharnos sin nada. Antes de que nos marcháramos mataron a un amigo de mi marido. Ahora hay muchos enfrentamientos".

7 de diciembre de 2008
3 de diciembre de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh
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pando, crímenes de lesa humanidad


Unasur entregó informe alabado por el gobierno boliviano y desacreditado por la oposición. El documento, que recoge la investigación de la muerte de 20 campesinos en septiembre, afirma que se trató de una matanza planificada.
La Paz, Bolivia. El presidente de Bolivia Evo Morales recibió ayer en La Paz el documento que resume la investigación que por varias semanas realizó una misión especial de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), sobre una masacre de campesinos ocurrida en septiembre en el departamento de Pando, cuando el país vivía una crisis político-social que lo tuvo al borde de la guerra civil.
El coordinador del grupo de peritos, antropólogos forenses y criminalistas de Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia y Argentina, el trasandino Rodolfo Mattarollo, señaló que en dicha ocasión se cometió un "crimen de lesa humanidad" y recomendó que los responsables sean juzgados por la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades, tal como lo ha planteado la defensa del ex prefecto pandino Leopoldo Sánchez, quien actualmente está encarcelado, acusado de genocidio.
Según las indagaciones de la comisión -creada el 15 de septiembre en Santiago durante una reunión extraordinaria de Unasur (ver recuadro)- al menos 20 campesinos murieron aquel fatídico 11 de septiembre, si bien Mattarollo aclaró que todavía no se puede dar por cerrada la cifra de víctimas.
En su discurso, el subsecretario de Derechos Humanos de Argentina dijo que los agresores de los agricultores estaban organizados y respondían "a una cadena de mando que contaba con funcionarios y bienes del gobierno departamental (de Pando), al servicio de una empresa criminal".
Dado que también murieron a bala dos funcionarios de la prefectura, la comisión de Unasur pidió a las autoridades judiciales de Bolivia "su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente".

Persecución
El informe, además, señala que en Pando se "desencadenó una clara persecución de un grupo con identidad propia, fundada en motivos racionales, nacionales, étnicos, culturales y sociales", aunque Mattarollo declaró que no podía decir si era un genocidio o no, puesto que esa es una competencia judicial.
Sin embargo, el Presidente Evo Morales no tuvo problemas en catalogar lo ocurrido en septiembre como un "genocidio" protagonizado por la oposición y que pretendía "escarmentar" a los pueblos indígenas, al tiempo que pidió a la Unasur que acompañe una segunda etapa de las investigaciones de los asuntos aún no aclarados.
"Este es un informe parcializado, de gente que viene pagada por (el Presidente venezolano) Hugo Chávez, con la única intencionalidad de confundir más al país". Con esta frase el senador Roberto Yánez, del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), resumió el escozor que causaron en la derecha boliviana las conclusiones de la investigación de Unasur.
A su juicio de las fuerzas políticas contrarias a Morales, en el texto no se menciona la supuesta responsabilidad del gobierno en esos hechos, como la supuesta incitación a los campesinos para enfrentarse a Leopoldo Fernández.
El diputado de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, coincidió con Yáñez en criticar que "hay una parcialidad en ese informe", el cual "no extiende sus tentáculos, ni extiende su visión a la gente del gobierno, ni a los socios del gobierno que han participado (en los sucesos). Eso nos debe preocupar".
Según el opositor, sólo puede compartir con el documento presentado en que hubo "una masacre en Pando y que hay que meter a la cárcel a todos quienes han participado" en ella.

Comisión Investigadora
A raíz de la crisis política que vivía Bolivia, el 15 de septiembre la presidenta pro témpore de Unasur, la mandataria de Chile Michelle Bachelet, convocó de urgencia a Santiago a todos los países miembros del organismo regional, para abordar los sucesos y dar un apoyo unánime al Jefe de Estado boliviano, Evo Morales. En esa reunión se acordó crear una comisión investigadora sobre la matanza, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Juan Gabriel Valdés (Chile); Fermino Fechio (Brasil); Francisco Borja (Ecuador); Guido Toro (Perú); Carlos Pita (Uruguay); Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia); Nicolás Gutman, Eduardo Zuaian, Ciro Annichiarico y Rodolfo Mattarollo (Argentina).


Fracasó Paro Cívico contra el Gobierno
Un paro cívico de 24 horas contra el presidente boliviano Evo Morales, y en defensa de dirigentes detenidos los últimos días acusados de sedición tuvo un escaso nivel de acatamiento en la sureña capital prefectual de Tarija, el mayor productor de gas del país, informaron ayer medios locales. La protesta estaba enmarcada en un plan de movilizaciones en los departamentos rebeldes de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, cuyos dirigentes son adversarios de Morales, ante la posibilidad de que el Ejecutivo de La Paz decida encausar también a los prefectos (gobernadores) rebeldes de esas regiones.
Un reporte de la radio católica Erbol, dijo ayer que el transporte y los mercados públicos trabajaban con normalidad y que sólo algunos comercios y bancos del centro de la ciudad atendían de manera irregular. "En las provincias (tarijeñas) las actividades son completamente normales, lo que hizo prever desde temprano que la medida iba a ser un fracaso", informó la radioemisora.
La situación era de evidente contraste con otras manifestaciones en las que grupos civiles de choque obligaban a los ciudadanos a acatarlas y cerrar comercios y paralizar el transporte.
El paro fue convocado para protestar por la detención de 23 personas desde el fin de semana, acusadas de participar en la toma violenta de entidades públicas en septiembre y por la masacre de 20 campesinos leales a Morales en Pando.
Pese a la evidente poca participación, el directivo del opositor comité cívico de Tarija Freddy Castrillo, expresó ayer su satisfacción por lo que calificó de "respuesta favorable por parte de toda la población" que, según él, se sumó al paro porque "no es una medida de presión sino de reflexión".
En el único incidente de la jornada, un grupo de campesinos llegó a la Plaza de Armas de Tarija para demandar que los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH) y por conceptos de regalías sean administrados por los municipios en vez de la Prefectura.

4 de diciembre de 2008
©la nación
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reforma agraria en bolivia


Avanza la reforma agraria de Evo Morales en Bolivia a pesar de la resistencia armada de los hacendados que explotan a los aborígenes. Cuando el funcionario llegó a Alto Parapetí para repartir tierras de acuerdo con la nueva Constitución, lo echaron a balazos. Pero volvió y ya hay varias estancias recuperadas.
[Sebastián Ochoa] Alto Parapetí, Bolivia. El lugar es paradisíaco, la casa es muy linda, pero se hace inevitable pensar en los miles de humillaciones, golpes, violaciones y deshumanizaciones que desde hace más de cien años soportan estas tierras. Huaraca es la estancia de Mario Malpartida, "un cruel hacendado", lo define una de sus víctimas, el abogado guaraní Ramiro Valle Mandepora. Un hacendado más que concentra algunas de las 157 mil hectáreas correspondientes al Territorio Comunitario de Origen (TCO) Alto Parapetí, cuyo título será del pueblo guaraní, si se cumple el deseo del gobierno nacional y los indígenas. En el Chaco boliviano, que abarca parte de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, se calcula que hay entre 500 y 800 familias guaraníes sometidas a "servidumbre análoga a la esclavitud", como constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio pasado. Y evidenció que la manera más saludable de liberarlos es devolviéndoles su territorio. Durante todo 2008, el gobierno intentó ingresar en Alto Parapetí para averiguar a quién pertenecen las tierras y para contactar a los guaraníes cautivos. Pero los hacendados se resistieron violentamente, porque si se demuestra que se valen de mano de obra esclava para reproducir sus fortunas, el Estado se apropiará de esas superficies y las entregará a las víctimas. Luego de meses de batallas perdidas, el Viceministerio de Tierras pudo ingresar con grupos especiales de la Policía Nacional.
La pulseada empezó el 13 de abril pasado, cuando técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) trataron de ingresar en Alto Parapetí, al sur de Santa Cruz, acompañados de 300 guaraníes. El anuncio había provocado una rebelión de los hacendados, que sacaron peones y tractores a bloquear todos los caminos de la zona para evitar la entrada de los funcionarios del Estado. Faltaban pocas semanas para el referéndum autonómico del 4 de mayo y los terratenientes exigían que sus predios fueran peritados por el Instituto Departamental de Tierras, organismo creado por ese estatuto. Así, el ‘gobernador’ Rubén Costas, prefecto cruceño, sería el encargado de otorgar títulos de propiedad. Ya no el presidente de Bolivia.
Hubo una emboscada y más de 50 guaraníes resultaron heridos. Tres personas que fueron golpeadas y torturadas quedaron detenidas en el cuartel de Cuevo: el abogado Valle, la periodista Tanimbu Estremadoiro y el camarógrafo argentino Fernando Cola. El comandante de la guarnición no les permitía salir porque, según la alcaldesa, los pobladores de Cuevo tenían la intención de lincharlos. Pasados tres días, los detenidos comenzaron una huelga de hambre hasta que los sacaran del cuartel. Al instante, los disfrazaron de soldados y se los llevaron de Cuevo en una ambulancia.
Valle es asesor jurídico de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), organización que comenzó en 1996 el reclamo de 10 millones de hectáreas a favor de este pueblo. Finalmente, el Estado aceptó la cesión de dos millones de hectáreas. Alto Parapetí sería parte del territorio.

Hacendados Rebeldes
En marzo, Valle había participado de una reunión con los hacendados rebeldes, que tenían el apoyo de la prefectura y de todos los alcaldes y comités cívicos de la zona. "Estaban los alcaldes de Lagunillas, Antonio Paniagua; de Gutiérrez, Alfonso Álvarez; de Cuevo, Sonia Guthrie; el subprefecto de Cordillera, Marcelino Apurani, representantes del comité de Santa Cruz y otras autoridades locales. En esa reunión empezaron a exponer temas políticos para desprestigiar el nuevo texto constitucional. Decían que Bolivia se iba a transformar en un Estado comunista, que las tierras iban a pasar a manos del Estado, que no habría la famosa transferencia de propiedad y sucesión hereditaria. Decían que el petróleo, los recursos naturales, el agua, iban a pasar a manos del pueblo guaraní y la TCO. Nosotros solamente exigíamos que se ejecutara el proceso de saneamiento con la ley vigente, acorde con la Constitución actual. En ese momento, el proyecto de nueva Constitución era un borrador que no tenía aplicación. Pero los hacendados se agarraron de ese tema como una excusa para obstaculizar y truncar los sueños de nuestros hermanos aún cautivos en su propio territorio", dijo Valle a Página 12.
Las denuncias por las agresiones en Cuevo nunca fueron atendidas por la Justicia, fundamentalmente porque varios funcionarios de este poder tienen lazos de amistad o de sangre con los acusados, integrantes de grupos políticos y económicos que pretenden dominar el oriente boliviano. En 2008, paralelamente a Cuevo, el país atravesó toda clase de enfrentamientos por la causa de la nueva Constitución –impulsada por el presidente, Evo Morales– y los estatutos autonómicos de la entonces llamada Media Luna, cuyos titulares eran los prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
Durante el intento de golpe de Estado de septiembre, el Ministerio Público creó la Comisión Especial de Fiscales, cuya misión sería investigar los delitos allí donde el Poder Judicial estuviera amordazado por las autoridades locales. Por el caso de Cuevo, habían pasado seis fiscales que soltaron rápido el expediente. Hasta que intervino la comisión especial, que citó a declarar en La Paz a Mario Malpartida y a Ernesto Chávez, dos terratenientes identificados en las agresiones de abril. Como no concurrieron, se ordenó la detención de ambos.
En octubre, luego del ‘Gran Acuerdo Nacional’ entre las fuerzas políticas que permitió convocar a referéndum constitucional, el gobierno recuperó el control del país, especialmente del oriente. Entonces decidió concluir la tarea en Chaco.

De Vuelta en Alto Parapetí
El regreso a Alto Parapetí había sido anunciado por el Decreto Supremo N 29802, firmado por el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, el pasado 19 de noviembre. Allí, daba una lista de los tratados internacionales contra la esclavitud a los que adhiere Bolivia, además de las leyes vigentes sobre el tema. Y determinó que el INRA "emitirá una guía que establezca los criterios, la metodología y procedimientos para verificar y establecer la existencia de sistemas servidumbrales, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias o personas cautivas o formas análogas, en materia agraria". Según las leyes vigentes, si se demuestra que un propietario tiene esclavos, el Estado puede disponer de esas tierras y titularlas a favor de las víctimas.
El jueves 20, funcionarios del Viceministerio de Tierras, el INRA y decenas de uniformados ingresaron en Alto Parapetí por Caraparicito, la estancia de Ronald Larsen, un ciudadano de Montana, Estados Unidos, que tendría 15 familias guaraníes cautivas. Allí, en febrero habían sido secuestrados por varias horas y amenazados de muerte el viceministro, Alejandro Almaraz, y el presidente de la APG, Wilson Changaray, además de seis empleados públicos e indígenas. La semana pasada, los peones de Larsen recibieron con bala a los funcionarios y a la Policía Nacional. Estos últimos entraron en casa de Larsen, detuvieron a tres personas, pusieron en fuga a varias más y decomisaron armamento de caza y de guerra.

Los Patrones
"No sabes, hermanito, lo que sentí en casa de ese gringo, después de todas las que nos hicieron pasar", dijo a este diario un técnico del INRA. El lujo y esplendor de lo de Larsen chocan con la pobreza a la que son sometidas decenas de guaraníes a su alrededor. La policía sólo encontró a los peones. El jacuzzi estaba vacío, nadie recorría el zoológico privado que tiene entre sus 15 mil hectáreas. Se dice que Larsen no está en Bolivia.
Tampoco Malpartida ni Chávez. Los patrones que desde hace décadas esclavizan comunidades, compran y venden tierra con los guaraníes como parte del paisaje, de pronto desaparecieron. Algunos terratenientes se refugiaron en Santa Cruz, donde sus familiares iniciaron una protesta en la plaza central contra "los atropellos del gobierno masista". Por ahora, las estancias ocupadas por la fuerza pública son Huaraca, Caraparí y Buena Vista, de René Chávez. Garantizarán que el INRA pueda hacer el saneamiento.
Actualmente, las pericias transcurren en el municipio de Camiri. Se calcula que en un mes habrán concluido. En enero, continuarán el relevamiento en los municipios de Cuevo y Lagunillas, que también serán parte de la TCO.
En un pronunciamiento, los cívicos de Cordillera y la Asociación de Ganaderos de Camiri acusaron al gobierno de cometer "actos delictivos, con allanamiento a propiedades privadas, maltratando y torturando a ciudadanos bolivianos sin razón fundada, privando de libertad a humildes guaraníes, atentando contra derechos y principios constitucionales y universalmente consagrados".
Por ello convocaron "a la unidad en defensa de la legalidad, la constitucionalidad, la democracia, la libertad y el estado de derecho, a defender lo que por historia y en justicia nos corresponde".
Los terratenientes, autoproclamados "víctimas", acusan al gobierno de todo tipo de ilegalidades. Algunos sostienen que los policías los torturaron y les mandaron a matar ovejas y gallinas para cocinarlas. La voz principal de los ganaderos la tiene el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Guido Nayar, que hace años fue –cuándo no– ministro de Gobierno (Interior) del ex dictador Hugo Banzer.
"Rechazo completamente estas insinuaciones de alguna persona y tendrán que demostrarlo. Fueron los propios terratenientes y latifundistas quienes acudieron a la violencia hace unos meses para evitar el saneamiento", dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
"Si vuelven a hablar de comités de defensa armados, como hicieron hace algunos meses, tendrán que saber que va a haber una respuesta del Estado con la fuerza legal y constitucional", agregó el ministro.

El Gringo Larsen
Luego de abril, cuando el gobierno fue expulsado de estas tierras, los hacendados y la Prefectura iniciaron un plan dentro de la TCO con el espíritu de quitar los deseos de libertad a los guaraníes esclavizados. Se dice que los latifundistas comenzaron a pagar 30 bolivianos (cuatro dólares) por la jornada de trabajo, que generalmente consiste de 14 horas. Antes de abril pagaban 15 bolivianos por día. "Pagaban" es una forma de decir, porque pocas veces el peón guaraní ve algo del dinero. Es costumbre que los patrones paguen en especias, como alimentos y una muda de ropa al año. Quién pone el precio ya se sabe, de modo que los guaraníes quedan permanentemente endeudados. Y las deudas serán la herencia de sus hijos.
La Prefectura, por su parte, empezó a enviar alimentos como parte de un programa gubernamental. También trajo un plan de viviendas, pero en las comunidades aseguran que los regalos se reparten sólo a los guaraníes autonomistas. Los indígenas que exigen el respeto de los derechos básicos quedan de lado por revoltosos. Si los siervos no son dóciles, la opción patronal es expulsarlos de la hacienda, sobre todo para ahorrarse los problemas legales que pudieran ocasionarles.
El gobierno prevé que con el avance del saneamiento de Alto Parapetí, varios hacendados se desharán de los guaraníes que tienen cautivos. Por eso, mediante decreto se comprarán "dos o tres haciendas". Según el viceministerio una de ellas será Caraparicito, de Larsen. Inmediatamente, estos predios serán entregados al pueblo guaraní como adelanto de la TCO. Allí podrán asentarse los que fueron expulsados.
Miguel Corrales es responsable de Salud de la comunidad yaití, cuyas 15 familias están cautivas de la estancia homónima de Luis Chávez, según denuncia la APG: "Desde abril que no trabajamos más para ellos. A nosotros no nos quieren dar trabajo, aparte no nos pagan bien, no nos conviene. Ahora vino la Prefectura con la construcción de viviendas, pero dieron a la comunidad vecina, El Recreo, y a nosotros nos dejaron a un lao. Pedimos que el gobierno investigue lo que hace la Prefectura. A la otra comunidad la dejaron como autonomista. Antes los guaraníes estábamos bien organizados. No puede ser que un hacendado nos haga esto, engañe a la gente para que nos estemos peleando. Ahora tenemos que luchar por nuestros hermanos esclavizados, por eso apoyamos el trabajo del INRA".
"No he estudiado ni un día", contestó Andrea Cerezo Bejarano cuando le preguntaron si sabía leer y escribir. Mientras desgranaba maíz para hacer mote, contó que sirvió como cocinera en Villa Mercedes, "la hacienda de don Alejo Chávez. Ahí nació y ahí murió mi papá. Yo viví en la comunidad hasta los 15 años, cuando mi abuelita murió. Entonces mi papá me llevó a la hacienda. Le pidió al patrón tela porque yo no tenía ropa. En esa época nos daban tela y nos costurábamos. El patrón, en vez de poner la tela a cuenta de mi padre, la puso a cuenta de mí. Así que me puso a trabajar para pagar mi deuda propia. Yo trabajaba y nunca sabía la deuda que pagaba. Nunca veía la plata".
Andrea cocinaba desde las seis de la mañana hasta las 9 de la noche, lo habitual cuando se es esclavo en la hacienda. Hacia 1980, los guaraníes crearon la APG para defenderse de tantos atropellos. "Cuando llegó la organización de indígenas, los patrones nos decían ‘aquí es privado, no van a poder trabajar en grupo’. Igual seguimos luchando."
Muchas veces, los guaraníes tienen que servir en otras haciendas donde, aunque poco, pagan con dinero verdadero. "Nunca reconocieron a nuestros padres, que dieron todo su sudor al patrón. Entonces si no pagan, nos vamos a otro lado a trabajar. Y cuando regresamos nos dicen ‘¿por qué no se van de una vez?’. Pero nosotros somos de ahí, es nuestra tierra. No vinimos de otro lado a vivir. Pero ahora vivimos dentro de la propiedad privada, no tenemos tierra. Por eso queremos tierra para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos."

1 de diciembre de 2008
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el médico del che


"Aprendí a ser revolucionario Che". Óscar Fernández Mel, médico y compañero del Che en la Sierra Maestra y el Congo. Apenas recibido de médico se incorporó a la lucha contra Batista, enrolado en la columna del Che. También lo acompañó durante los primeros años de la revolución en Cuba y finalmente en el Congo.
[Gustavo Veiga] Argentina.
Usted es médico como lo era el Che y compartió con él las experiencias guerrilleras en la Sierra Maestra y el Congo, ¿de qué modo explica cómo se sobreponía a su enemigo íntimo, el asma, en esos ambientes hostiles?

El Che tenía un diapasón de comportamiento y para tolerar el dolor y el sufrimiento era admirable. El soportaba los ataques de asma con estoicismo. Imagínese que en aquella época lo que él usaba era la adrenalina. No había los remedios que hay ahora. Y por supuesto, le aceleraba el corazón y de tanto darle alguna vez se intoxicaba. También tenía dolores de abdomen. Después que triunfó la revolución yo le ponía su suero con cortisona, cuando él ya no podía más, y eso lo mejoraba, le hacia eliminar la adrenalina. Sus ataques eran los más profundos que yo he visto en mi vida.

¿Llegó a peligrar su vida por la enfermedad?
Cuando él, en otras etapas, tenía problemas con el aparatico, ahí sí perdía un poco la calma. Sabía lo que le podía pasar en cualquier momento. Hay algunas anécdotas, como por ejemplo un momento después del desembarco del ‘Granma’. Un hombre que se llamaba Luis Crespo, del que el Che hablaba con verdadera fruición, lo había ayudado en los primeros días cuando le daban los ataques de asma y no había nada. Luis le decía: tómate de ese fusil y él le respondía, no, déjame aquí. Su asma era muy profundo, demasiado y le venía desde muy pequeño. Usted sabe que había una discusión entre el padre y la madre; se echaban la culpa del problema. Lo cual no tiene sentido porque el asma es una enfermedad alérgica y no creo que ninguno de ellos la haya provocado, y menos la madre, a la cual él adoraba: Celia Serna, una mujer admirable.

¿Guevara tomaba en cuenta las sugerencias sobre su salud?
No, si yo le decía algo, no aceptaba nada. Cuando triunfa la revolución, pues, teníamos al doctor Adolfo Rodríguez de la Vega, que era un profesor famoso y perteneció también a nuestra columna y lo llevábamos como hacíamos con médicos importantes del hospital Calixto García para que lo trataran. Yo había pasado a un plano distinto, porque mis especialidades son la traumatología y ortopedia. Y si le ponía los sueros con cortisona, era porque se los imponía. No crea que a él le caía muy bien estar acostado con un suero.

¿Desconfió alguna vez de que el Che pudiera sobreponerse en la selva a esos ataques de asma?
El tenía mucha disciplina. Cuando nosotros veníamos desde la Sierra Maestra al Escambray, en el centro de la selva, marchábamos metidos en los pantanos con el agua hasta la cintura. Agua sucia. Pero era tal la confianza que tenía la columna en el Che, que si estábamos perdidos dando vueltas en el mismo lugar, todo el mundo sabía que él nos iba a sacar hacia adelante con una brujulita y un mapita de propaganda de la isla de Cuba.

¿Qué experiencias compartieron en la campaña de la Sierra Maestra?
Hubo una parte en la que estuvimos muy alejados. El se encontraba mucho más al oeste y yo más al este. Nos volvimos a encontrar cuando se lanzó la ofensiva del ejército de verano, porque como yo era un médico joven, de veintitantos años, me mandaban para todos los frentes, de un lado para el otro... Y volví a caer con él en el combate de Las Vegas de Jibacoa y sobre todo, en el de las Mercedes, que fueron los últimos para que el ejército de Batista saliera derrotado de la Sierra Maestra. Inmediatamente se formaron las columnas para venir hacia el centro de la isla y aprovechar la ofensiva hacia occidente para partir la isla en dos, y ya me quedé con él y vine en su columna. Ahí sí tuvimos mucho trato, conversábamos mucho, yo no era un hombre de la política y me fui haciendo con él.

¿Cómo que no era un hombre de la política?
La gente quería tumbar a Batista y entre ellos estaba yo. Fue con el Che que aprendí a ser revolucionario, si es que llegué a serlo, tanto desde el punto de vista teórico como desde el práctico. Digo teórico, porque como yo llegué a tener tanta admiración por él, hicimos una amistad muy estrecha. Y eso influía mucho. Yo pensaba: si este hombre es comunista, es porque esto es bueno. Después yo realicé mis estudios aparte, pero si me hice revolucionario fue por él. Y cuando le pedía explicación sobre algunas cosas, él las daba. Porque hay otra cosa del Che de la que tampoco se habla mucho: le encantaba enseñarles a escribir y a leer a los soldados, que muchos de ellos eran totalmente analfabetos. En el Congo enseñó a hablar francés. O sea, eso siempre estaba presente.

Después de que triunfara la revolución, ¿de qué modo continuó la relación entre los dos?
Ah, hombre, yo seguí con él. Viví en todas sus casas. En la única oportunidad en que no lo acompañé, fue cuando se retiró a la playa porque estaba enfermo de neumonía. Pero después estuvimos en cuatro o cinco casas. En la de Miramar, en la calle 18; después, donde ahora está la última casa en que él vivió, y cuando llegamos a Columbia, que era el cuartel principal de Batista, ahí también. O sea, seguí con él hasta que me casé. Y no era que yo me impusiera: voy a vivir en la casa del Che porque es un gran dirigente, ¡no! El decía: cuál es el cuarto de Oscarito, porque Oscarito me decían a mí. Había satisfacción en él de que yo participara. Disfruté mucho de su amistad y no lo traicioné nunca. Conmigo estaba seguro.

¿El Che fue su padrino de bodas?
Sí, por supuesto. Para mí fue una gran satisfacción, porque él no era un hombre de actos protocolares. La boda del Che también fue una boda muy sencilla. Un día se reunieron con Aleida en la casa de uno de los escoltas de él. Y allí, en una mesita, se casaron. El ya estaba un tanto enfermo de neumonía. No se cuidaba la salud. La impresión que yo tengo es que sabía que iba a morir. Imagínese usted un hombre con ese asma y fumaba tabacos hasta que se quemaba los dedos. Cogió el vicio de fumar para combatir un poco los mosquitos en los primeros tiempos de la Sierra Maestra, en la parte más baja. Y lo disfrutaba como usted no es capaz de imaginar. Después del triunfo, en el llano, le recomendaron dejar de fumar. Y él no tenía interés alguno en hacerlo.

¿Es cierto que usted le presentó a Aleida March, su segunda esposa?
(Se ríe.) Bueno, cuando nosotros estábamos en el Escambray, tenía siempre armado mi hospital, que era un bohío, con una mesa donde hacía lo que podía. Y entonces llegó Aleida que ya estaba en el movimiento 26 de Julio y venía un poco quemada de la ciudad. Subió con dinero, y el Che me la mandó a mí primero para que le quitara los esparadrapos y que fuera a vivir al bohío donde se supone que estaba el hospital. Un ambiente un poco más lindo para ella, mejor que el de un campamento. No es que yo se la había presentado; sí la conocía un poco más. Era atrevida, agresiva, y empezó a ir con él a los combates. Así se fueron uniendo sin saber que serían marido y mujer, que iban a constituir un matrimonio. Por eso, Aleida guarda un grato recuerdo hacia mí y yo también hacia ella.

¿También conocía a los pequeños hijos de la pareja?
Cuando ellos se enfermaban, el Che me decía: "Inyéctalos tú, porque figúrate, me ven muy poco y cuando me ven, si me ven con una jeringuilla van a odiarme". Cosas cotidianas como éstas se producían. Y ésa fue la amistad que tuvimos y que cultivamos. Yo me imagino que para él también debió ser una satisfacción similar a la que yo siento. Pero claro, él siempre en el papel de jefe, aunque no lo quisiera.

¿Se frecuentaban en reuniones familiares o resultaba imposible por las múltiples actividades del Che?
Pudo haberse dado, aunque no lo recuerdo. Sí en una oportunidad fuimos a Colón, mi pueblo natal, y él conoció a mi padre, mi hermano, mi familia... No me acuerdo de más encuentros semejantes, aunque por supuesto, tampoco las evitábamos. El Che trabajaba extraordinariamente y los fines de semana tenía las sesiones de trabajo voluntario. No era un hombre que descansara. Y no disfrutaba de muchos días libres. Yo, a pesar de estar trabajando en otras cosas, salía con él a distintos lados. Fuimos en su avioneta a Cayo Largo, porque se construía un motel ahí, donde estaba la columna 8. Pero no recuerdo relaciones de familia a familia, muy amplias.

Usted compartió con Guevara la experiencia guerrillera del ex Congo Belga que concluyó en un fracaso, ¿cómo nació esa idea?
Yo me lo pregunto también. Usted sabe que él tiene un libro que se llama 'La guerra de guerrillas'. Era un hombre que conocía teoría y práctica de la lucha. Pero, ¿cómo fue que se metió allí? Intervinieron algunos factores: la información inadecuada que le llevaron fue uno de ellos. Hubo gente que estuvo viendo el frente guerrillero del Congo Belga y entonces le informó que había miles de efectivos armados, que estaba todo muy bien organizado. Pero el Che, antes de irse para el Congo, hizo dos viajes por todo el continente africano y ahí surgió esa idea. Hay algunas cosas que avalan esto.

¿Cuáles?
En primer lugar, que se creó un ambiente en las visitas que él realizó. Hizo mucha amistad con Ben Bella, de Argelia, que era en aquel momento el centro progresista del continente africano. Entonces se reunió con Kwame Nkrumah, con Sékou Touré, con Leopold Sengor, con Julius Nyerere... y en un momento determinado se habló de crear un ejército de los distintos países. Había una efervescencia progresista y revolucionaria en el continente africano, extraordinaria. Esa es la verdad. Y él se encontró en Tanzania con todos estos dirigentes, inclusive con Kabila, que era el jefe del frente congolés. Pues él creía que podía hacer algo, encaminar aquello. También pensaba que a través de la guerra, los soldados africanos podrían alcanzar un mayor nivel cultural, un mayor nivel ideológico, a través de la lucha, siempre y cuando se prestaran a luchar. Pero aquello no resultó así.

¿Qué conclusiones sacó de aquel foco guerrillero en el corazón del África?
Yo siempre he dicho que es la etapa más plana del Che, donde no pudo aportar nada desde el punto de vista militar e intelectual. Por supuesto que él era un maestro de la lucha guerrillera y sus aliados se aparecían con la propuesta de atacar a las ciudades y él les respondía: esto no se puede. Primero hay que hacerse fuertes, tener tropas, arreglar el frente antes de lanzarse, y no le hacían caso. En lo personal, creo que nos equivocamos de continente, de país y de dirigentes. Porque ya vimos qué fue lo que pasó con Kabila. El otro era Soumialot, que para mí era un tipo totalmente anodino. Me tocó tratarlo. El se la pasaba viviendo de la revolución (sonríe). También estaba Mulele por el noreste... El que podía hacer algo era Kabila, porque nosotros éramos blancos y eso pesa mucho en el continente africano.

¿Cuántos cubanos acompañaban al Che?
Unos cien, en determinado momento un poquito más, en otro un poco menos.

¿A quiénes recuerda entre los más conocidos?
Bueno, estaban Emilio Aragonés, Margolles, Pombo, Víctor Dreke, que era el segundo del Che, un hombre negro. Había una cantidad de negros cubanos bien grande. Blancos éramos los menos.

¿Fue al Congo más como médico o militar?
Había que hacer de todo. En realidad, yo era como un jefe de estado mayor, por llamarle de alguna manera desde el punto de vista militar, pero también debía actuar como médico, porque era un factor político importante. Había una aldea y usted iba a allí a conseguir dos cosas: tratar de curar un poco y hacer política. El médico cubano, el médico de la guerrilla, era importante. Pero también ahí uno se dio cuenta de que el problema de Africa es mucho más complejo.

¿Por qué?
Porque usted llegaba y veía a un joven lleno de parásitos. Si tenía la pastilla algunas veces se la daba, pero él seguía tomando agua en el mismo charco. O sea, era relativamente poco lo que podíamos hacer. Por ejemplo, en Kigoma, Tanzania, había prostíbulos y los soldados de vez en cuando iban para allá. Unas veces se escapaban y otras había que darles el pase. Ellos tenían un concepto de la guerrilla que había que darles el pase y entonces venían llenos de gonorrea. La guerrilla en Cuba no tenía pase. Yo nunca había visto una cosa tan exagerada, porque las denopatías eran del tamaño de un puño. Sin embargo, les poníamos una penicilina rapilenta y al otro día no tenían nada. Porque estaban vírgenes de antibióticos. O sea, que debíamos hacer de médicos.

¿Cuánto tiempo permanecieron en esa región?

Fuimos en abril del ’65 y salimos en diciembre del mismo año.

¿Cómo quedó el Che después de esa experiencia?
El se fue por su lado hacia Tanzania. Allí, en un cuarto, es donde escribe el famoso diario. Una de las veces que viajé a Dar es Salaam me lo enseñó y me dijo: "Oye, estamos duros". Se lo veía muy resentido por la ida. El tema es que él, pese al fracaso, planteaba dos o tres salidas. Una era que un grupo pequeño de los que estábamos ahí iría a ver a Mulele. Pero éste se encontraba en el noroeste. Había que atravesar todo el Congo hasta que el Che se dio cuenta de que era imposible. La otra consistía en sacar a todos los que estuvieran enfermos porque Africa es un continente extraño. Había compañeros que no tenían nada, pero a las siete de la noche les entraban unos escalofríos y se la pasaban sudando, dando vueltas. Y aunque al otro día por la mañana se les quitaba, eso nos iba debilitando mucho. Entonces la idea era que se dejara enfriar la situación en esa zona para después volver a empezar a levantar el frente guerrillero. Pero parece que primó la idea de ir por otros lados, a América Latina, y entonces aceptó con el dolor de su alma salir del Congo. En el diario se nota ese resentimiento que tenía por haber fracasado en el intento. El mismo se echaba la culpa de que no fue lo suficientemente inteligente para estudiar swahili, el dialecto local.

Se retiran del Congo y desde diciembre del ’65 a la muerte del Che en Bolivia faltan casi dos años. ¿Qué pasó durante ese período?
Bueno, yo vuelvo a principios de marzo. Traigo todos los documentos, incluyendo el diario. Y a partir de ahí, ya perdí el contacto con él. Me imagino que estaría preparando toda la cuestión de América latina que, en definitiva, era su objetivo final. Que además lo había planteado desde México: él le pidió a Fidel que le permitieran irse a otro país cuando triunfara la revolución cubana. Tenía alma de conspirador de verdad, pero para las buenas causas.

¿Usted tuvo una estrecha relación con el periodista Jorge Masetti, que murió mientras intentaba crear un foco guerrillero en Salta?
Yo lo conocí, fue el fundador de Prensa Latina. Una vez producido el triunfo de la revolución, el Che estaba un poco detrás de él, de esa idea, y Masetti con esa tenacidad, con esa profundidad de trabajo que él tenía, consiguió los mejores corresponsales. García Márquez era el que estaba en Colombia y Rodolfo Walsh en la Argentina. No creo que Cuba le haya entregado mucho dinero para fundarla y, si se lo dio, habrá sido el Che. Fue un trabajo muy fuerte y que es obra exclusiva de Jorge Masetti. Yo tengo mi pedacito también, pero porque el Che me lo pidió. Inclusive, el edificio donde funcionaba se lo di cuando era presidente del colegio médico y les cedí un piso completo para la agencia. Y aún sigue ahí. O sea, que aunque no me lo reconozcan, me siento un poco fundador de Prensa Latina. Pero Masetti fue el corazón, el alma, hasta que murió aquí, en el norte, en Salta.

Dijo que después de la aventura en el Congo perdió todo contacto con el Che. ¿O sea que no intervino en los preparativos para la incursión en Bolivia?
Yo llegué hasta el Congo. En la parte de Bolivia no participé en nada. El se precipitó en ir, parece que la zona no era la mejor y no había muchos campesinos tampoco. Luego vino la famosa discusión con Mario Monje, el secretario general del PC boliviano, que no asumió la responsabilidad para la que se había comprometido con Cuba. Pienso que ahí influyó lo que pasó en Africa con Kabila. Y el Che tal vez pensó: no voy a subordinarme de nuevo. Pero la operación podría haberse hecho de otra manera porque Kabila no era secretario general de ningún partido comunista ni mucho menos, y Monje sí.

¿Qué queda de Guevara hoy? ¿Su ideario? ¿Su mito? ¿Su imagen glorificada?
No creo que haya previsto que se lo recordara a nivel universal como ahora. Pero él afirmaba: yo tengo que hacer algo para que la gente me recuerde. Eso me lo dijo a mí. En Europa, donde estuve con unos periodistas franceses, me comentaron que hay una locura con el mito. No me gusta la palabra mito porque el Che es una realidad objetiva, sus consignas andan por ahí. Yo lo llamaría icono.

¿Un icono de qué?
Un icono de la libertad, de las fuerzas más pobres, del progreso de la humanidad... Tenía muchas virtudes y también defectos. No era un hombre perfecto ni mucho menos, pero estaba bastante cerca. El era consecuente entre lo que hacia en su vida pública y en su vida privada. No aspiraba a grandes lujos a pesar de que los conocía. Sabía de un buen vino o un buen bife, pero era capaz de comer lo que se come en la guerrilla, que es un desastre.

¿Y la gente qué le transmite?, ¿sus valores o un producto de marketing?
Yo fui embajador en Londres y los ingleses tenían locura con el Che. Había hasta una cerveza. Y una tienda de chucherías. Era un tipo muy admirado. Hay una explosión con él, quizá porque no existen otros dirigentes u otra personalidad de su nivel. Pero a la gente se le olvida que el Che fue comunista. El nunca hubiera estado de acuerdo, quería que se lo recordara de otra forma, con más contenido político.

¿Queda algún rastro del hombre nuevo por el que Guevara luchaba?
El decía que el socialismo económico no le interesaba, que no tenía futuro, que debía ir acompañado con un cambio de conciencia de las masas. Y hablaba mucho de eso. Hacía hincapié en los estímulos morales y decía que así se llegaba a la gente. Tampoco era de los que metían la ideología a martillazos.

¿Qué le pareció la última película sobre el Che donde lo protagoniza Benicio Del Toro?
Acá en la Argentina me he encontrado con gente que la vio y que le gustó. Todas las películas que se habían hecho antes eran muy malas. La actuación de Benicio ha sido estupenda. También me gustaron las declaraciones que ha hecho. En España le preguntaron si Fidel se había convertido en un dictador. El respondió: no olvidemos que hace cincuenta años hay un bloqueo sobre ese país chiquito. O sea, no se lanzó a una defensa a ultranza de la revolución, pero a mí me pareció que la respuesta fue formidable.

1 de diciembre de 2008
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cia encubrió derribo de misioneros


Según informe, la CIA mintió sobre el derribo de un avión de misioneros. Una investigación de la agencia del inspector general constata que los funcionarios ocultaron detalles del incidente de 2001 en Perú, en el que murieron dos estadounidenses y resultaron heridas otras tres personas.
[Greg Miller] Washington, Estados Unidos. Una investigación interna de la CIA concluyó que funcionarios de la agencia participaron en una operación de encubrimiento para ocultar la negligencia de la repartición en el derribo de un avión privado en Perú en 2001, como parte de un ataque erróneo contra un avión del que se sospechaba que transportaba narcóticos ilegales.
Fragmentos de un informe interno de la CIA dado a conocer el jueves acusa a funcionarios de la agencia de mentir a los miembros del Congreso y de retener información crucial a investigadores criminales y altos funcionarios del gobierno de Bush.
La revelación podría conducir a la reapertura de una pesquisa para determinar si funcionarios de la agencia cometieron un delito al atacar el avión, que transportaba a misioneros estadounidenses, y luego al encubrir el ataque.
En el ataque murió Veronica Bowers y su bebé, y otras tres personas resultaron heridas, incluyendo al marido de Bowers y su hijo. Fue ejecutado por un avión de guerra peruano que trabajaba con un avión espía de la CIA.
El representante republicano Peter Hoekstra, de Michigan, del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, describió las revelaciones como una "mancha oscura" de la CIA y llamó a que la información sea compartida con el ministerio de Justicia para determinar si se justifica la reapertura de la investigación.
"Decir que esas muertes no tenían porqué ocurrir es más que un subentendido", dijo Hoekstra, que agregó que el inspector general de la agencia había descubierto "continuos intentos de encubrir el asunto y, potencialmente, de bloquear la investigación criminal".
La familia de misioneros era del distrito de Hoekstra. El despacho del parlamentario hizo circular fragmentos del informe y envió una carta al Inspector General de la CIA, John L. Helgerson, pidiéndole la desclasificación de las otras partes del informe.
El portavoz de la CIA, Paul Gimigliano, dijo que el director de la CIA, Michael V. Hayden, "reconoció la seriedad del asunto" después de que el informe fuera presentado en agosto y de que el documento fuera entregado al ministerio de Justicia. En 2005, el ministerio puso fin a la investigación del incidente sin llegar a ningún proceso judicial.
La revisión interna de la agencia "todavía está abierta" y Hayden no ha tomado ninguna decisión sobre posibles medidas disciplinarias internas, dijo Gimigliano, agregando que Hayden "ha buscado información de un experto externo aprobado, alguien que está al tanto de los complejos problemas implicados en un programa de restricción aérea".
El informe concluye que funcionarios de la agencia violaron repetidas veces las reglas de combate que fueron diseñadas para prevenir accidentes potencialmente fatales en el programa de prohibición de drogas, que fue lanzado en 1994 por el gobierno de Clinton.
"En muchos casos, los aviones sospechosos eran derribados a los dos o tres minutos de ser avistados por un avión de guerra peruano -sin identificarlos propiamente, sin ordenarles que aterricen, y sin darles tiempo para responder", dice el informe.
El informe fue la culminación de una prolongada pesquisa interna sobre el derribo del avión de los Bowerse, un pequeño hidroavión de propiedad de la Asociación de Bautistas para el Evangelismo Mundial. El avión trasladaba a familiares desde Brasil a su sede en Iquitos, Perú.
El inspector general concluyó que "dentro de horas, agentes de la CIA empezaron a definir el derribo como un error único en un programa bien armado. De hecho, ese no era el caso".
Con el tiempo, dice el informe, funcionarios de la agencia dijeron a representantes y otros funcionarios que el programa se ajustaba a las leyes y directrices que lo regían, pese a las evidencias de que habían habido repetidas violaciones. El programa implicaba el uso de un avión espía de Estados Unidos y operado por la CIA para identificar vuelos sospechosos y proporcionar información a la fuerza aérea peruana, que estaba autorizada para derribarlos.
"La agencia negó acceso a estos hallazgos al Congreso, al [Consejo de Seguridad Nacional] y al ministerio de Justicia ", dice el informe. Además, el documento dice que altos directivos de la agencia retuvieron información a altos funcionarios del gobierno de Bush, incluyendo a la entonces asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice.
En 2001, el Comité de Inteligencia del Senado concluyó que una planificación inadecuada y decisiones erróneas condujeron al ataque equivocado, y recomendó que la agencia fuera apartada de la tarea de detectar posibles correos de drogas en la frontera peruana. El programa fue suspendido después del incidente del 20 de abril de 2001.

29 de noviembre de 2008
21 de noviembre de 2008
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podrían enjuiciar a militares salvadoreños


La masacre puso fin a la ayuda norteamericana al ejército salvadoreño.
[Victoria Burnett] Madrid, España. Casi veinte años después de que el ejército salvadoreño matara a seis sacerdotes jesuitas en uno de los episodios más infames de la guerra civil en El Salvador, una demanda criminal presentada al más alto tribunal español ha revivido las esperanzas de que los que cometieron la masacre puedan ser llevados a juicio.
Abogados de derechos humanos presentaron una denuncia ayer contra el presidente salvadoreño de la época, Alfredo Cristiani Burkard, y catorce ex miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas, así como dos empleadas, por su participación en el asesinato de los sacerdotes y en el encubrimiento oficial que siguió. La indignación internacional por los asesinatos demostró ser crucial para socavar el apoyo norteamericano al ejército salvadoreño.
"Esperemos que este caso ayude a despertar la memoria y la conciencia del pueblo salvadoreño", dijo Almudena Bernabeu, abogado del Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco, que presentó la denuncia junto con la Asociación Española de Derechos Humanos.
La corte española debe decidir si presentar cargos contra los hombres y pedir su extradición a España, dijo Bernabeu.
El aguerrido juez español Baltasar Garzón hizo historia legal en 1998 cuando ordenó la detención en Gran Bretaña del dictador chileno Augusto Pinochet, recurriendo a un principio legal español de que los crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo. El general Pinochet evitó apenas su extradición a España alegando mala salud. Desde entonces, el tribunal superior español ha recibido casos relacionados con violaciones de derechos humanos en varios países, incluyendo Argentina, Chile y Guatemala.
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, miembros del ejército salvadoreño irrumpieron en la residencia de los sacerdotes jesuitas en el campus de la Universidad Centro Americana de San Salvador. Los cinco sacerdotes debieron yacer boca abajo en el jardín, donde fueron ejecutados, y luego los soldados allanaron la casa, asesinando a otro sacerdote, un ama de llaves y su hija de dieciséis. Pero otra ama de llaves presenció el ataque.
Un informe de 1991 de la comisión de verdad patrocinada por Naciones Unidas dice que el general en retiro Emilio Ponce, entonces comandante del ejército, ordenó el asesinato de uno de los sacerdotes, Ignacio Ellacuria Bescoetxea. El general Ponce ordenó a los soldados que no dejaran testigos del asesinato del Padre Ellacuria, que había fomentado las conversaciones de paz entre el gobierno de extrema derecha y las guerrillas marxistas.
La denuncia presentada ayer acusa al ex presidente Cristiani de ayudar a encubrir un crimen contra la humanidad. Acusa al general Ponce y los otros trece ex oficiales y soldados de crímenes contra la humanidad, homicidio y terrorismo patrocinado por el estado por su participación en la masacre.
Carlos Martín-Baro, cuyo hermano era uno de los sacerdotes asesinados dijo que el caso había reavivado sus esperanzas de justicia. Sin embargo, dijo que no buscaba venganza por la muerte de su hermano y esperaba que el proceso legal contribuyera a una lucha más amplia contra la injusticia en El Salvador.
Pese a la versión del testigo, las investigaciones y las evidencias circunstanciales, los intentos de llevar a justicia a los militares salvadoreños han resultado en gran parte inútiles. En un juicio de 1991 en El Salvador, dos oficiales fueron condenados por homicidio y conspiración para cometer actos de terror y sentenciados a treinta años de cárcel. Los dos fueron dejados en libertad con una amnistía en 1993.
Gisela de León, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Costa Rica, dijo que estaba discretamente optimista de que la denuncia de ayer resultara en que los acusados sean llevados a juicio en España.
"Va a presionar a las autoridades salvadoreñas y recordarles que existe una comunidad internacional y que tienen que respetar sus normas", dijo, por teléfono.
Incluso si los sospechosos no son extraditados, el caso español podría forzar un juicio en El Salvador, dijo Bernabeu. Todo enjuiciamiento serviría como una forma de justicia y ayudaría a fortalecer los llamados para la revocación de la controvertida ley de amnistía del país, dijo.
"Recuerde que Pinochet murió como criminal", dijo.

25 de noviembre de 2008
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buscan justicia en el salvador


Soldados y oficiales condenados o implicados en la muerte de seis sacerdotes en 1989 quedaron en libertad tras una controvertida ley de amnistía. Los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos se vuelcan hacia tribunales españoles.
[Tracy Wilkinson y Alex Renderos] Ciudad de México y San Salvador. El asesinato hace diecinueve años de seis sacerdotes jesuitas por una unidad del ejército adiestrada por Estados Unidos fue el punto decisivo de la larga guerra civil de El Salvador, una atrocidad tan grave que ayudó a forzar el fin de la guerra.
Pero los soldados y oficiales condenados o implicados en los asesinatos están libres gracias a una polémica ley de amnistía que está recibiendo renovada atención debido a las elecciones aquí y potencialmente un caso histórico en España.
Familiares de los sacerdotes, que fueron asesinados junto con su ama de llaves y su hijita, se han unido a dos organizaciones de derechos humanos y planean hoy presentar una demanda en Madrid contra los generales, coroneles y soldados acusados por los asesinatos.
Los demandantes invocan la doctrina de la jurisdicción universal, que es defendida por los tribunales españoles, que permite que un atroz caso de violación de los derechos humanos sea juzgado en un país incluso si el acto no tomó lugar allá y los acusados no residen allá.
Activistas de derechos humanos en las Américas y Europa dijeron que esperaban que la querella jesuita pueda ser usada para combatir la impunidad y llevar justicia a las familias de las víctimas, agregándose a una procesión de casos en tribunales españoles que han obligado a América Latina a confrontar su violento pasado. Aquí se incluyen demandas contra oficiales guatemaltecos acusados de la masacre de ciudadanos indígenas y figuras en la ‘guerra sucia’ de Argentina contra los disidentes de izquierda.
"Esto tiene una importancia histórica invaluable para El Salvador", dijo David Morales, coordinador de programas en un laboratorio ideológico en San Salvador que se especializa en temas judiciales. "Aquí la víctima ha sido toda la sociedad salvadoreña... Saber la verdad tiene un efecto reconstituyente".
La guerra entre la extrema derecha de El Salvador, el gobierno respaldado por Estados Unidos y las guerrillas de izquierda terminó formalmente en 1992. Una comisión nacional de la verdad, así como varias investigaciones internas establecieron que altos oficiales del ejército les habían ordenado, para luego encubrir, el asesinato de los sacerdotes, a los que los militares acusaban de apoyar a las guerrillas.
Cuatro oficiales y cinco soldados fueron juzgados y condenados por su participación en los homicidios, todos de rangos por debajo de coronel, pero fueron todos dejados en libertad en 1993 por la ley de amnistía. Nadie de la jefatura militar fue procesado nunca.
La querella menciona a los acusados: el general en retiro René Emilio Ponce, el ex ministro de defensa y otros altos oficiales. También menciona a Alfredo Cristiani, el presidente de El Salvador en tiempos de guerra, que está acusado en la querella de complicidad en el encubrimiento, dijo la abogado Almudena Bernabeu del Centro de Justicia y Responsabilidad [Center for Justice and Accountability] de San Francisco, una de las dos organizaciones que representan a los familiares de los sacerdotes.
La otra organización es la Asociación Española de Derechos Humanos. Una vez presentada la demanda, un juez español decidirá si el caso procede.
Carlos Martín-Baro, hermano del sacerdote asesinado Ignacio Martín-Baro, dijo que esperaba que la búsqueda de justicia pueda ayudar a El Salvador a emerger de su actual "trágica y violenta realidad", que muchos creen que es el legado de la guerra y sus divisiones no resueltas. El pequeño país sigue estando terriblemente polarizado y asolado por asesinatos, secuestros y drogas.
"En un determinado momento las leyes de amnistía podrían ser usadas para normalizar la vida civil, pero no permiten que se cierren las heridas", dijo Martín-Baro, 67, profesor de inglés, por teléfono desde Madrid.
En El Salvador, la revocación de la ley de amnistía se ha convertido en un candente tópico en la campaña de las elecciones presidenciales de marzo.
Ponce, el general retirado, dirigió hace dos meses a miles de veteranos del ejército en una marcha de protesta a través de San Salvador para exigir que la ley siga en vigor. Su revocación tendría sabor a "venganza", dijo, "y lejos de contribuir a la reconciliación sólo haría más profunda la polarización política que estamos viviendo en nuestro país".
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, o FFMLN, la antigua guerrilla que ahora es un partido político, sugiere en su plataforma electoral poner fin a la amnistía.
Pero el candidato presidencial del partido, Mauricio Funes, dijo hace poco a un entrevistador que él no tocaría la ley porque hacerlo así "abriría heridas" y "crearía un clima de ingobernabilidad". Funes va a la cabecera en las encuestas, superando al candidato de Arena, el partido de extrema derecha que ha gobernado desde los últimos años de la guerra.
Un funcionario de Arena, Francisco Antonio Prudencio, condenó el miércoles terminantemente la demanda, diciendo que podría sacar a la luz recuerdos dolorosos de "momentos muy difíciles".
"¿Quieren que nuestro país vuelva a otro conflicto armado?", dijo en una entrevista Prudencio, que preside el comité de derechos humanos del partido en la legislatura.
La mayoría de los casos que han invocado la jurisdicción universal no han terminado en condena. Sin embargo, sus partidarios dicen que cada caso es otro ladrillo de una base jurídica siempre mayor que persigue a los sospechosos de la comisión de algún delito donde quiera que vivan.
"No creo que sea ingenuo si digo que hay una mayor conciencia de que violadores de derechos humanos de alto nivel no deberían poder moverse de un país a otro para buscar refugio en el mundo", dijo desde Madrid Pamela Merchant, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Responsabilidad.

24 de noviembre de 2008
13 de noviembre de 2008
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