américa latina

hambre en haití

mqh - 24 de noviembre de 2008 - 00:08 - américa latina

En Haití los niños mueren de desnutrición, víctimas de la crisis de los alimentos empeorada por las tormentas.

[Jonathan M. Katz] Puerto Príncipe, Haití. El niño de cinco se tambaleaba sobre sus piernas de palo de escoba: pesaba menos de nueve kilos, incluso después de días de beber leche enriquecida. Cerca, una niña de cuatro cuelga de una tira amarrada a una balanza, sus grandes ojos apagados, sus brazos delgados colgando exánimes.
En lugares de Haití sólo accesibles en burro o a pie, los niños están muriendo de desnutrición: su magra ración de alimentos paralizada por las devastadoras tormentas que destruyeron cultivos, exterminaron al ganado y provocaron una subida en espiral de los precios de los alimentos.
Al menos veintiséis niños gravemente desnutridos murieron en el curso de las últimas cuatro semanas en la remota región de Baie d’Orange al sudeste de Haití, dijeron algunos cooperantes, y se teme que el número de víctimas sea mucho más alto si no llega rápidamente ayuda a este pobre país caribeño.
Otros 65 niños gravemente desnutridos están siendo tratados en clínicas improvisadas en tiendas de campaña en la zona montañosa, o en hospitales donde fueron evacuados en Puerto Príncipe y en otros lugares, dijo Max Cosci, que dirige el contingente belga de Médicos sin Fronteras en Haití.
Una evacuada -una niña de siete- murió cuando estaba siendo tratada, dijo Cosci, agregando: "La situación es extremadamente frágil y peligrosa".
En un pabellón improvisado de desnutrición en un hospital de Médicos sin Fronteras en la capital, diez niños demacrados estaban el jueves en cuidados de emergencia, con sus estómagos hinchados y su pelo descolorido por la desnutrición. Varios tenían las caras hinchadas típicas de kwashiorkor, un trastorno de la deficiencia proteínica.
Mackenson Duclair, de cinco años, con sus costillas sobresaliendo de su pecho y sus piernas poco más que piel estirada sobre los huesos, pesaba 8.9 kilos incluso después de días de beber leche enriquecida con potasio y sal. Los doctores dijeron que debía subir 2.2 kilos antes de volver a casa.
Colgando de una balanza del techo, Venecia Lonis, de cuatro, miraba tan apática como una muñeca de trapo cuando los doctores la pesaron, sus grandes ojos marrones inexpresivos, su pelo sujeto con lazos amarillos y brillantes.
La abuela de Mackenson, que lo ha criado desde que muriera su madre, dijo que apenas tiene una lata de maíz para comer ella misma, el niño y su nieta de ocho todos los días.
"Estas cosas no ocurrían cuando yo era niña", dijo Ticouloute Fortune, de 72.
Las familias rurales que ya deben hacer frente a precios desenfrenados en Haití, el país más pobre del Hemisferio Occidental, perdió sus redes de seguridad cuando las siembras fueron destruidas y el ganado destruido por las tormentas, que en agosto y septiembre mataron cerca de ochocientas personas y provocaron daños por más de mil millones de dólares.
Myrta Kaulard, la directora del país en el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas dijo que temía que se produjeran otras muertes por desnutrición en otros lugares aislados de Haití, y que equipos de búsqueda y médicos estaban rastrillando el noroeste y a lo largo de la península del sudoeste para controlar la situación.
Desde septiembre, el Programa Mundial de Alimentos ha enviado más de treinta toneladas de ayuda alimentaria -suficientes para alimentar a 5.800 personas durante dos semanas- a la remota región del sudeste, y otras organizaciones financiadas por la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos también han enviado alimentos, dijo.
Pero los empinados y angostas veredas y mala visibilidad hacen difícil entregar el alimento a las comunidades montañesas, donde el hambre está empeorando. En un caso, un camión del programa se volcó cuando intentaba subir un cerro y se deslizó por un despeñadero, muriendo un cooperante en el incidente.
"Siempre hay algún embotellamiento. Estamos haciendo frente a la misma situación que la gente", dijo el jueves Kaulard a la Associated Press.
Haití en general y los pueblos montañeses en particular han sufrido de hambre crónica durante largo tiempo. Las tasas de desnutrición infantil han sido altas durante años -en 2007 el programa mundial de alimentación informó que casi un cuarto de los niños estaban crónicamente desnutridos.
Áreas rurales remotas en particular siembran sólo lo que necesitan para vivir menos de siete meses al año, dijo Kaulard.
Pero durante el año, cooperantes y funcionarios han estado observando el empeoramiento de la situación del hambre y ahora la gente que vive en las montañas y las organizaciones de ayuda que están trabajando allá dicen que la situación es peor que en el pasado.
Este año, por ejemplo, el ministerio de Agricultura de Haití calcula que el sesenta por ciento de la cosecha se perdió con las tormentas que afectaron a todo el país. La calidad de la tierra ya es pobre y con las tormentas los campesinos perdieron las semillas para el próximo año, dijo Kaulard.
Los efectos de las tormentas varían ampliamente de aldea a aldea e incluso de familia a familia. En algunos lugares, la distribución de alimentos está intacta. En otros, Médicos sin Frontera han encontrado tasas de desnutrición severa, hasta de un cinco por ciento.
La escasez de ayuda podría acrecentar el problema. Los países donantes han financiado sólo un tercio del llamado de ayuda de Naciones Unidas para reunir 105 millones de dólares para ayudar a Haití después de los huracanes y los recursos podrían agotarse en enero, dijo Kaulard.
El jueves en el hospital, Enock Augustin estaba sentado a un lado en la cama donde dormía su hija de cinco años, Bertha. La niña de aspecto frágil fue evacuada el ocho de noviembre, con vómitos y diarrea. Cuando llegó, casi un cuarto de su peso corporal se debía a la retención de fluidos, un síntoma de aguda deficiencia proteínica.
La hinchazón retrocedió poco a poco cuando fue alimentada con leche enriquecida con nutrientes y tratada con antibióticos y antiparásitos. Llegó a pesar apenas nueve kilos y medio.
Desde entonces ha ganado casi un kilo más, pero sólo podrá marcharse a casa cuando llegue a doce kilos, dijeron los doctores.
Durante meses la familia de Augustin ha sobrevivido pese a los galopantes precios de la sémola de maíz y arroz importado porque ellos han sembrado patatas, que podían comer o trocar por plátanos, ñame y árbol del pan, cuyos precios no fluctuaron con el mercado mundial.
Pero entonces, en agosto, pasó la tormenta tropical Fay, seguida por el huracán Gustav, la tormenta tropical Hanna y el huracán Ike.
"Cada vez que pasa un huracán, mata nuestros animales y plantas", dijo Augustin, con seis hijos. El camino fue borrado, los mercados se hicieron inaccesibles y "el precio de todo llegó a las nubes".
La familia subsistió con dos tazas de sémola de maíz y Bertha empezó a encogerse y luego a hincharse ante sus ojos.
"Estaba realmente muy mal. La subimos al helicóptero y ellos la trajeron aquí", dijo Augustin. "Espero que el gobierno se entere de nosotros y nos traigan más ayuda".

23 de noviembre de 2008
21 de noviembre de 2008
©fwdailynews
cc traducción mQh

0 comentarios

cuba contra el plan cóndor

mqh - 23 de noviembre de 2008 - 19:04 - américa latina

Las secretas gestiones por encontrar y repatriar a dos cubanos asesinados en Argentina. Dos diplomáticos cubanos fueron secuestrados y hechos desaparecer por un organismo represivo argentino, en Buenos Aires. Pero hoy se sabe que organizaciones anticastristas acudieron a las policías políticas de Chile y Argentina para cometer crímenes.

[Luis Narváez] El 20 de septiembre de 1976 culminó una de las operaciones terroristas más insolentes que recuerde la historia de EEUU, sólo superada por el atentado a las Torres Gemelas de 2001. Ese día, una bomba activada por control remoto hizo estallar el vehículo que trasladaba al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronney Moffit. Ambos murieron despedazados y envueltos en llamas.
El atentado, en el corazón de un barrio que alberga varias embajadas en Washington D.C., fue planificado por la DINA. Pero los hombres de los servicios de seguridad de Pinochet no estuvieron solos. Desde la dirección del organismo represivo, Manuel Contreras transmitió a su segundo hombre, Pedro Espinoza, el encargo para que el agente estadounidense, Michael Townley, organizara y ejecutara el ataque. El agente encontró el apoyo decidido del Movimiento Nacionalista Cubano, un grupo de anticastristas radicados en Miami y dispuestos a todo. Fue así como se orquestó y terminó la sangrienta misión.
Pero hoy se sabe que la colaboración de la DINA con la organización terrorista cubana fue mucho más íntima y también comprometió a todos los organismos de seguridad de las dictaduras sudamericanas (Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) que conformaron el Plan Cóndor, una concertación para eliminar a todos los grupos opositores a los regímenes que en ese entonces asolaban el cono sur.
Y estos organismos también estuvieron encima de quienes eran sospechosos de colaborar desde otros países. Fue así como la vida de los funcionarios de la Embajada de Cuba en Argentina, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, fue también tomada por el Plan Cóndor y -recién hoy se está conociendo- sirvió como prueba de confianza para que los nacionalistas cubanos colaboraran decididamente con la DINA, al punto de que fueron ellos quienes apretaron el botón del dispositivo electrónico que hizo estallar el auto del ex canciller Letelier, en las cercanías del Sheridan Circle, la plaza del barrio diplomático de la capital de EEUU.
Fuentes allegadas al gobierno cubano, consultadas por LND, reconocen que la situación de Galañena y Cejas se mantuvo en silencio durante 30 años, pese a existir testimonio sobre la suerte que corrieron y, además, por estar reconocidos como víctima de la represión. No fue fácil para Cuba reconocer que estos funcionarios eran agentes de inteligencia y el canal de mayor confianza de Fidel Castro con la Junta Coordinadora Revolucionaria.

El Side y la CORU
Eran años en que todo tenía siglas. También una época en que o eras amigo de Estados Unidos o enemigo. En un contexto de represión máxima contra partidos y movimientos políticos de izquierda, las organizaciones de resistencia armada sudamericanas intentaban conectarse para colaborar mutuamente en la lucha por la recuperación de la democracia.
Fue así como la Junta Coordinadora Revolucionaria se levantó como el único ente que aparecía como alternativa para oponerse a las dictaduras. La organización estaba compuesta por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile (había otro grupo del mismo nombre en Uruguay); el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en Argentina; el Movimiento de Liberación Nacional o Tupamaros, en Uruguay, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Bolivia.
Amparados en la clandestinidad, cada uno de estos movimientos tuvo sus representantes, que se reunían principalmente en Argentina. La DINA, manejada sin frenos ni controles por Manuel Contreras, y con íntimos lazos con los nacionalistas cubanos Orlando
Bosch y Luis Posadas Carriles (ver recuadro), había detectado que la organización era apoyada soterradamente por el gobierno cubano de Fidel Castro. Pero tan bien estaba organizado el organismo que hasta principios de 1976 era imposible saber cómo o quienes eran la conexión de La Habana con la mencionada junta.
En Buenos Aires, los movimientos militaristas que se levantaron contra la viuda de Perón, Isabelita, se tomaron el poder tras la renuncia de la mujer. Fue la llegada de Rafael Videla y el inicio de la llamada "guerra sucia". Las detenciones ilegales, secuestros violaciones de mujeres y salvajes torturas permitieron obtener los primeros datos de la entidad izquierdista. Pero hubo otro actor que sería decisivo: la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU). Según un informe desclasificado del FBI de 1978, la CORU era "una organización terrorista anticastrista que aglutina a cinco grupos anticastristas, que se unieron en la República Dominicana el 11 de junio de 1976, bajo la dirección del doctor Orlando Bosch".
Las oleadas de detenciones no demoraron y fue así como, en julio de 1976, por ejemplo, fue detenido (posteriormente enviado a Chile y hecho desaparecer) en Buenos Aires Patricio Biedma Schadewaldt, de nacionalidad argentina, un reconocido líder del MIR y el último nexo que tuvo este movimiento con la Junta Coordinadora Revolucionaria.
Un mes después, un comando del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino, con apoyo de la CORU, implementa un dispositivo para cazar a quienes actuaban como nexo entre los movimientos izquierdistas sudamericanos y Cuba.
Los seguimientos y escuchas telefónicas apuntaban a un joven funcionario consular y su chofer. El 9 de agosto de 1976, a las 17 horas, en una calle que bordeaba el parque de Barrancas de Belgrano y cuando se desplazaban a pie para tomar un colectivo, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández (26 años) y Jesús Cejas Arias (22) fueron interceptados por hombres de civil fuertemente armados, que se desplazaban en vehículos Ford Falcon y una ambulancia, tras lo cual fueron llevados a un centro de detención de la Superintendencia de Seguridad Federal.

Orden de Santiago
El 22 de diciembre de 1999, la jueza argentina María Servini de Cubría llegó hasta el penal de Punta Peuco, al norte de Santiago, en compañía del juez chileno Joaquín Billard. La magistrada había sido quien investigó y condenó en ese país a los responsables del doble asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cutberth, y una de sus misiones en nuestro país era interrogar a Manuel Contreras, entonces preso en dicha cárcel.
Dentro de su largo testimonio, el ‘Mamo’ declaró que Michael Townley había viajado a Argentina, junto al terrorista cubano Guillermo Novo Sampoll, para interrogar a dos diplomáticos de esa misma nacionalidad que habían sido detenidos en ese país. ¿Cuál era el objetivo de esa misión? ¿Cuál era el interés para la DINA?
Textualmente, el ahora condenado Contreras declar: "Quiero dejar constancia de una actuación realizada en el mes de agosto de 1976 por Michael Townley en conjunto con el jefe del Movimiento Nacionalista Cubano, Guillermo Novo, que llegó a Chile y junto a Townley viajaron a la Argentina el 11 de agosto de 1976, y en dicho país cooperaron a la tortura y asesinato de dos diplomáticos cubanos (...). Townley volvió el día 12 de agosto de 1976 junto a Guillermo Novo y los dos cubanos fueron encontrados con los pies encementados en la desembocadura del río Luján en Buenos Aires".
La abogada Fabiola Letelier, hermana del asesinado ex canciller, dijo a este medio que "la colaboración entre los cubanos nacionalistas y la dictadura se produce desde el momento mismo del golpe, porque los cubanos, que eran anticastristas, lo que querían era tener un acuerdo con la junta militar para tener refugio en Chile. Paz, Suárez, Bosch y los hermanos Novo Sampoll vinieron a Chile invitados por la DINA. La relación de estos cubanos con la DINA era estrecha y eso está probado en el juicio".
Los periodistas Saul Landau y John Dinges, en su libro ‘Asesinato en Washington’, publicado en 1981, dan cuenta de la detención de los cubanos en Argentina y sostienen que Townley, especialista de la DINA en asuntos cubanos, habría llegado a Buenos Aires en el momento culminante de los interrogatorios del SIDE y torturó a los cubanos utilizando sus conocimientos comunes con los argentinos, ganando para la DINA nuevas informaciones acerca de las operaciones de los cubanos
Los investigadores apuntaron el especial interés en la misión, tanto para la DINA como para el mismo agente estadounidense, debido a que en esos días su pareja, la escritora chilena Mariana Callejas, había sido sometida a una cirugía y era sabido el apego que Townley tenía hacia ella. Pese a todo, coinciden en que el 11 de agosto voló a Buenas Aires, regresando 24 horas más tarde.
Un mes y medio después, con la ayuda de cubanos miembros de la CORU, Townley concretaba el crimen de Orlando Letelier en la capital de Estados Unidos.
Desde ese momento, e incluso hasta hoy, los anticastristas han reivindicado para sí el secuestro de Galañena y Cejas, llegando incluso a confirmar que tuvieron participación directa en el hecho y que contaron con la colaboración de los agentes del SIDE argentino.
Orlando Bosch, líder de la CORU, declaró posteriormente que "nuestros aliados se hubieron de comprometer y así lo realizaron, el secuestro de dos miembros de la embajada cubana en Buenos Aires y que no han aparecido más".
En el libro ‘Cuba en guerra’, del periodista (anticastrista) Enrique Encinosa, se destaca que "la operación más audaz fue el secuestro y la ejecución, el 9 de agosto de 1976, de Jesús Arias Cejas y Crescencio Galamena, dos diplomáticos castristas radicados en Buenos Aires" (sic).
La evidencia sobre el conocimiento y colaboración de cubanos anticastristas con organismos que integraban el Plan Cóndor parece ser evidente y es lo que hoy concita el interés del gobierno cubano, empeñado en que las autoridades argentinas logren determinar el paradero de los agentes diplomáticos cubanos. Sin embargo, los contactos con el ejecutivo trasandino han sido más bien informales, ya que en rigor los encargados de buscar los antecedentes actúan bajo la denominación de "investigación humanitaria privada", la que cuenta con el apoyo del gobierno de Cuba.
Sobre la actual condición de los cubanos involucrados en el secuestro, Mario Galañena, hermano mayor de Crescencio, dijo al periódico digital cubano Escambray: "Eso es un dolor que no se quita, que no puede quitarse, es una cosa grabada en el corazón de uno. Cada vez que tú despiertas, lo que haces es acordarte del peligro que esa gente representa para la humanidad. Los terroristas no pueden estar sueltos".
Fabiola Letelier insiste en que "había un acuerdo, un contacto permanente de los anticastristas y la junta militar chilena. Todo eso y que fue la Operación Cóndor se descubrió por documentos que aparecieron, en este caso, acerca de una reunión coordinadora del crimen en Chile".
Mientras, en las profundidades de la desembocadura del Tigre, uno de los afluentes del río de la Plata, siguen sumergidos cientos de bloques de cemento con restos de osamentas humanas, así como tambores metálicos con cuerpos en su interior y que fueron rellenados con concreto para que se mantuvieran bajo las aguas. Los organismos forenses vinculados al trabajo de exhumación e identificación de víctimas de la "guerra sucia" trabajan lentamente.
En Pinar del Río, provincia de donde provienen los cubanos, las familias de Galañena y Cejas aún esperan, como muchas en los países donde existe esta realidad, poder saber con certeza lo ocurrido. Lo mismo que espera Fidel Castro.

El Terrorismo Anticastrista
Orlando Bosch y Luis Posada Carriles son los principales líderes de la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), fundada en 1976, en Santo Domingo, República Dominicana.
Su acto más sangriento fue el del 6 de octubre de 1976. Ese día una bomba hizo estallar un vuelo de Cubana de Aviación que transportaba a la selección nacional juvenil de esgrima de Cuba, que regresaba desde Venezuela.
Tras las investigaciones realizadas se estableció que los autores materiales del atentado fueron Posada Carriles y Bosch. Ambos fueron encarcelados en Venezuela. Pero el primero logró fugarse, en 1985, y el segundo obtuvo su libertad en 1988.
Ambos se refugiaron en Miami, EEUU, y pese a que desde la década de 1976 se sumaron los hechos de violencia en los que estaban involucrados, entre éstos el crimen de Letelier y Moffitt, en 1990 obtuvieron el indulto por parte de George Bush padre, quien en 1976 era director de la CIA.
Actualmente Posada Carriles está sometido a un juicio, pero no por estos hechos sino por delitos de inmigración.

23 de noviembre de 2008
©la nación

0 comentarios

unasur prepara informe sobre pando

mqh - 22 de noviembre de 2008 - 18:38 - américa latina

Unasur recibe próxima semana informe sobre Pando. El documento preparado por un grupo de expertos concluyó que los hechos ocurridos en la zona boliviana, donde murieron 18 personas, fue una "matanza".

La Paz, Bolivia. Una matanza. Así define el informe que encargó la Unasur -cuya presidencia pro témpore ejerce la presidenta Michelle Bachelet-, los hechos ocurridos en el departamento amazónico de Pando (Bolivia) a mediados de septiembre y que terminaron con 18 personas muertas.
El documento encargado a un grupo de expertos en medio del monitoreo que el bloque regional realiza de la crisis que vive Bolivia, será entregado la próxima semana a la jefa de estado chilena.
En el texto -cuyo contenido fue adelantado ayer por el diario español El País- se señala que decenas de campesinos partidarios del presidente de Bolivia, Evo Morales, fueron emboscados y tiroteados por civiles sin que las fuerzas del orden ni el prefecto de la zona hicieran nada por impedirlo.
Asimismo, detalla que los hechos se enmarcan dentro de los enfrentamientos entre el presidente y los grupos opositores autonomistas. Mientras que los contrarios al mandatario ocuparon oficinas del gobierno y el Instituto de Reforma Agraria -donde están depositados los títulos de propiedad de las tierras-, desde Filadelfia, una localidad cercana, se organizó una columna de aproximadamente mil campesinos que iban a asistir a una asamblea en la capital, y previsiblemente, asediar a los ocupantes.
El consultor argentino de derechos humanos y responsable de la comisión, Rodolfo Mattarollo, aseguró que "sectores cívicos prefecturales se organizaron para impedir que los campesinos llegaran a la ciudad" y detalló que incluso "se cavaron zanjas con excavadoras propiedad del Estado, con varios metros de profundidad".
El periódico asegura que en el informe sobre lo sucedido en Bolivia se dejará establecida la absoluta pasividad de las fuerzas del orden, que contemplaron lo que ocurría sin intervenir.
Mattarollo, incluso, destacó que algunos de los heridos fueron bajados de las ambulancias que los trasladaban al hospital para ser maltratados y golpeados.
"Lo de Pando fue una masacre; ésa es exactamente la palabra indicada, porque es así como definen este tipo de hechos los protocolos internacionales", aseguró Mattarollo.
La comisión identificó 26 muertos y más de 40 heridos por armas de fuego, aunque no se descarta que existan más víctimas. Entre los muertos hay tres jóvenes que fueron claramente ajusticiados y cuyos cadáveres fueron, además, mutilados.
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fue detenido por orden del presidente Morales y enfrenta una acusación de genocidio, permanece en una cárcel de La Paz, aunque no se ha determinado qué tribunal lo juzgará.
La localidad de Pando está sometida a estado de sitio desde septiembre, volvería a la normalidad la próxima semana, según anunció ayer el ministro boliviano de Defensa, Walker San Miguel, una vez que se conozca el informe que -dijo- "esclarezca la situación y se conozca la verdad".

22 de noviembre de 2008
©la nación

1 comentario

implican a militares en masacre

mqh - 22 de noviembre de 2008 - 07:00 - américa latina

Mancuso involucra a militares en masacre de El Aro. El ex jefe paramilitar aseguró este martes que al menos un jefe militar participó en una masacre perpetrada hace 11 años en un caserío del departamento de Antioquia y en la que fueron asesinadas 15 personas.

Visiblemente demacrado, vestido con un traje negro, Salvatore Mancuso dijo desde la cárcel estadounidense en que está confinado que el extinto jefe paramilitar Carlos Castaño le contó que "la logística" para cometer la masacre de El Aro el 22 de octubre de 1997, se la prestó el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, a quien nombró como "el general Ospina".
Aunque Mancuso no precisó quién era Ospina, para la época de la masacre quien comandaba la IV Brigada, con sede en la ciudad de Medellín, era el general Carlos Alberto Ospina, hoy en retiro.
Durante una diligencia ante la Fiscalía colombiana, que fue transmitida vía satélite a Colombia, Mancuso aseveró que en varias oportunidades se reunió para hablar de la creación de grupos armados con Pedro Juan Moreno, el ex secretario de la Gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997, época en la que se desempeñó como gobernador de este departamento el hoy presidente Alvaro Uribe.
Moreno falleció en un accidente aéreo en febrero de 2006.
Pero Mancuso advirtió que el presidente Uribe nada tuvo que ver ni con la logística ni con la comisión de la masacre.
Sobre este punto, Mancuso desmintió a un testigo --Francisco Villalba-- que reiteradamente ha sostenido que Uribe dio la orden para perpetrar los hechos violentos de El Aro.
"Villalba no es creíble porque dice verdades y mentiras a la vez", sostuvo Mancuso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en julio de 2006 al estado colombiano por la masacre de El Aro.
Mancuso dijo que muchas veces su organización paramilitar "trabajó en llave" con la Policía y el Ejército.
Precisó que, incluso, si los uniformados reportaban 10.000 balas utilizadas en su lucha contra la guerrilla, era porque en realidad sólo habían gastado 1.000 y las otras 9.000 se las habían entregado a los paramilitares.
Mancuso y otros 13 jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos en mayo por orden del presidente Uribe para que enfrenten acusaciones por narcotráfico.

22 de noviembre de 2008
©semana

0 comentarios

a juicio ex secretario de uribe

mqh - 22 de noviembre de 2008 - 06:47 - américa latina

Llaman a juicio a ex senador cercano al presidente Uribe.

Bogotá, Colombia. Un nuevo ex congresista fue llamado a juicio este viernes por la fiscalía por presuntos vínculos con grupos paramilitares, según se informó oficialmente.
El fiscal general, Mario Iguarán, en entrevista con la emisora La W, informó que el ex senador Rubén Darío Quintero, del departamento de Antioquia, enfrenta una acusación por su presunta participación en el delito de concierto para delinquir.
De no ser apelada tal decisión, el caso de Quintero pasará a manos de un juez para la etapa de juzgamiento. El ex senador está detenido desde marzo pasado en una cárcel de Bogotá.
Quintero, entre 1995 y 1997, fue el secretario privado de Uribe cuando el ahora mandatario era gobernador de Antioquia. La investigación dice que para las elecciones parlamentarias de 2002 Quintero habría hecho una coalición política con paramilitares de la región antioqueña del Urabá, a unos 450 kilómetros al norte de Bogotá.
En los últimos dos años, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía han llevado a los estrados judiciales al menos a 70 congresistas y ex congresistas, casi todos afectos al presidente Álvaro Uribe.
[22 de noviembre de 2008]
[©semana]

0 comentarios

su hermano fue un falso positivo

mqh - 22 de noviembre de 2008 - 02:04 - américa latina

"Buscaban personas que no fueran de la región para que no reclamaran". El escalofriante testimonio de Luis Esteban Montes, un soldado que se enteró de que sus compañeros de pelotón mataron a un campesino cualquiera para hacerlo pasar por guerrillero. Pero la víctima resultó ser su propio hermano.

Bogotá, Colombia. Según el soldado Montes, un cabo y un capitán habrían planeado la muerte de su hermano porque necesitaban dar ‘bajas’ y así lograr un permiso para el día de la madre
Según el soldado Montes, un cabo y un capitán habrían planeado la muerte de su hermano porque necesitaban dar ‘bajas’ y así lograr un permiso para el Día de la Madre.
"Todo pasó el 30 de abril del año pasado. Yo estaba como soldado contraguerrilla en el Batallón de Infantería N.31 que opera en Córdoba. Mi compañía llevaba más de 15 días sin hacer mucho en un pueblito caluroso que se llama San Juan. No había operaciones ni patrullajes. Los soldados estábamos simplemente ahí, sin hacer nada. Pero el Día de la madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de ‘legalizar’ a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las ’legalizaciones’ son un asunto cotidiano.
"Una noche, mientras yo hablaba con mi familia por teléfono, llegó mi cabo Jonathan Pineda y me dijo: "Guajiro, váyase para el cambuche que ya tenemos el ’man’ al que le vamos a hacer la vuelta". Yo le pregunté que quién era, pero me mandó a callar y me advirtió que mi capitán Jairo Mauricio García había dado la orden de que no le habláramos para que no se diera cuenta de que lo iban a matar. Le pregunté: "¿De dónde es el ’man’?" y me dijo que de La Guajira. Siempre buscaban personas que fueran extrañas a la región para que ningún familiar los reclamara. De todas maneras yo tenía mucha curiosidad porque también soy de La Guajira. Entonces me salí del cambuche, prendí un cigarro y escuché que el hombre me pidió otro. No le alcancé a ver el rostro porque no había luz ni luna. Estaba lloviznando. Le regalé el cigarro y nos pusimos a charlar. Al poco tiempo me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo Montes.
"Mi hermano se había ido de Maicao hacía mucho tiempo, cuando yo apenas era un pelao de 9 años. Por eso no lo reconocí. Pero cuando me dijo el nombre de mi papá, lo comprobé. Era mi hermano y era también al que habían elegido al azar para matarlo. No lo podía creer. Entonces me destapé. Le dije que yo era el ’niño’, Luis Esteban, su hermano. Nos abrazamos y en medio de la emoción le advertí que lo iban a matar para hacerlo pasar por guerrillero. Le dije que se fuera, pero él no me creyó. Él se había hecho muy amigo de dos soldados de mi compañía que lo invitaron hasta el cambuche. Leonardo estaba seguro de que no le iban a hacer nada. Estaba engañado.
"Después de 20 minutos conversando con él afuera, me mandaron a llamar. Entonces me fui directo donde mi cabo Pineda y le dije: "Ustedes no pueden matar a ese hombre porque él es mi hermano". El cabo no me creyó y me dijo que mejor hablara con el capitán García, quien tampoco me creyó. Lo único que hizo fue insultarme. Le insistí. Le dije que le preguntara por el nombre de mi papá, de mis hermanos, de la familia, de la calle en Maicao donde habíamos nacido.
"A partir de ese momento todo fue un enredo. El capitán y yo discutimos varias horas y mi hermano lo escuchó todo. Al final, les dije que ya no me importaba si me creían o no, que ese hombre que iban a matar era mi hermano y primero tenían que matarme a mí. "Por qué no trae a un hermano suyo, capitán, o a su papá y así puede irse contento el Día de la madre. Pero con mi hermano no se pueden meter", le dije. Todos estaban muy alterados. No podían creer que la única persona que lograron conseguir para asesinar resultara ser el hermano de un soldado de su propio pelotón. El plan que tenían de buscar a alguien que no fuera de la zona, a alguien que no tuviera dolientes en el pueblo y que su muerte pasara inadvertida, se les había ido a la basura.
"Después de un rato, el Capitán me dijo: "A mí no me duele la mano pa matar a ese hijueputa". Tampoco era difícil encontrar quién lo hiciera porque cada compañía tiene sus dos o tres sicarios, que son siempre los que hacen esas vueltas y se ganan su millón de pesos.
"En un momento de descuido aproveché para decirle a mi hermano que se fuera corriendo, que saltara por unos alambres, que pasara la quebrada y se fuera para la casa porque lo iban a matar. Él decía que no se iba porque ahí sí era más fácil que lo asesinaran. Logramos salir un poco del cambuche, conseguimos una mototaxi y él se fue para el pueblo. Yo me quedé pero, obviamente, esa noche no pude dormir.
"Al otro día me di cuenta de que todo había cambiado para mí. Mis compañeros me odiaban. Entonces le pedí a un coronel que me trasladara porque yo no era capaz de patrullar con la misma gente. Además estaba muy débil, pues me había atacado con fuerza el paludismo. Ese mismo día me mandaron para una compañía diferente en Puerto Libertador, un pueblo cercano a San Juan. Allá me sentí más tranquilo. Al menos no tenía miedo de que me mataran. La idea de denunciar a mis compañeros se me pasó por la cabeza, pero finalmente no lo hice en ese momento. Ya había liberado a mi hermano, que era lo más importante, y quería evitarme problemas con mis superiores.
"Como al tercer día de estar en Puerto Libertador escuché que la compañía donde yo estaba antes había "dado una baja". Me entró la duda por mi hermano y le pregunté a un soldado si sabía quién era el muerto. Él me contestó que no, pero que un carro lo estaba recogiendo para llevarlo al cementerio.
"De inmediato me fui para donde una tía que vive en Puerto Libertador y le conté todo. Le pedí que me acompañara al cementerio. Cuando íbamos caminando hacia allá, pasó el carro con el muerto pero tenía la carpa abajo y no pudimos verle la cara. Cuando llegamos al lugar, el muerto ya estaba en el piso envuelto en un plástico blanco. Yo me tiré sobre él, rompí la bolsa y me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo. El hueco ya estaba listo y dos soldados lo agarraron de los pies y de las manos y lo tiraron así, sin ataúd ni nada. Supuestamente, le encontraron una granada y un arma en las manos. Pero ya hay un testigo en el pueblo que dice que él le vendió esa pistola al Ejército y yo me acuerdo cómo, días antes al 30 de abril, dos soldados de mi pelotón la estaban limpiando con orina para borrarle las huellas.
"Después de ver todo esto llamé a mi familia en Maicao. Les conté todo y ellos vinieron por él hasta Córdoba para darle cristiana sepultura. Fue entonces cuando decidí demandar al Estado. Pero el mundo se me vino encima. Estoy en permanente estado de alerta porque pienso que me puede pasar algo. Me da miedo comer lo que me dan en el Ejército y aunque ya completé tres años en la institución y hoy estoy en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro, Antioquia, la única función que puedo cumplir es recoger la basura de todos. No puedo ir a zonas de combate porque tengo medidas especiales de protección. Además, muchos me tienen la mala porque saben de la demanda y de mi historia. Yo espero que todo esto pase muy rápido. El caso lo tiene una fiscal de derechos humanos, quien está investigando a los siete militares implicados en mi caso. El día que se haga justicia veré qué otro rumbo le doy a mi futuro. Lo que pasó con mi hermano me cambió completamente la vida y creo que ya merezco un poco de tranquilidad".

0 comentarios

crímenes de un paramilitar confeso

mqh - 21 de noviembre de 2008 - 23:05 - américa latina

La aceptación de 88 crímenes en los que tuvo responsabilidad directa o indirecta, demuestran que Ever Velosa García alias ’HH’, ex comandante de los bloques Bananero y Calima de las autodefensas, decidía a dedo quién vivía y quién moría en el Urabá antioqueño.

[Javier Arboleda] Bogotá, Colombia. HH ha reconocido hasta el momento la autoría de 182 homicidios, entre los que se encuentran militantes de la UP, sindicalistas y civiles inocentes de los que simplemente tenían rumores en su contra.
El abogado y defensor de los Derechos Humanos, Fernando Javier Cruz Peña, murió porque así lo quiso Ever Velosa García, alias HH o Carepollo, ex comandante del bloque Calima, quien contrarió la orden que recibió de Carlos Cataño Gil, el ex máximo jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, de no tocarlo.
Cruz Peña desapareció el 10 de diciembre de 2000, cuando varios hombres armados, que se le identificaron como miembros de la Policía y la Fiscalía, lo abordaron en una céntrica calle de Cali, Valle del Cauca, donde lo obligaron a bajarse del taxi en el que viajaba y se lo llevaron en un vehículo particular.
El abogado, quien para la época de los hechos era el presidente de la Asociación de Juristas Demócratas, cayó en una trampa de intereses entre algunos mandos de las Auc.
El comando que lo retuvo lo trasladó hasta un predio privado en Jamundí, donde se lo entregaron a un mando paramilitar conocido como Martín, quien dio el aviso a Velosa García de que ya lo tenía en su poder.
El ex jefe del bloque Calima se comunicó por teléfono con Castaño Gil, pero este le dijo que no lo matara, que lo mantuviera con vida mientras negociaban un posible canje entre el jurista y un comerciante que estaba en poder de las Farc.
"No estuve de acuerdo y ordené su ejecución", confesó Velosa García en la audiencia de versión libre, en la que explicó que un guerrillero, apodado Relojito, "que tenía vínculos también con las AUC", les dijo que el abogado era el encargado de llevar los procesos penales de los presos políticos de las Farc, en Cauca y Valle del Cauca.
Tras su ejecución, los paramilitares enterraron el cadáver de Cruz Peña en una fosa clandestina, de la que siempre tuvieron referencia, al punto que el ex jefe de autodefensas, en una de sus versiones libres, le entregó las coordenadas exactas a la fiscalía para su exhumación. El ente acusador confirmó de que se trataba efecto del abogado luego de que se practicaran algunas pruebas de ADN.
En este y otros 172 homicidios, Velosa García aceptó su responsabilidad como autor material o intelectual y en relación con su participación en el conflicto interno colombiano en calidad de miembro y comandante de esos bloques de las Auc.
Por estos y otros delitos, documentados en 88 hechos por la fiscal Nubia Stela Chávez Niño, el magistrado Olimpo Castaño Quintero, con funciones de juez de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, basado en que se trata de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Con esa decisión, tomada el pasado miércoles 19 de noviembre, terminó la primera audiencia parcial de imputación de cargos a un ex jefe de las Auc, que comenzó el pasado 10 de noviembre y en el que será juzgado por 200 hechos que confesó en 38 audiencias de versión libre, desde cuando inició su proceso ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz.

A Su Disposición
El magistrado Castaño Quintero le suspendió al imputado las 12 medidas de aseguramiento que tenía en su contra en otros procesos que la justicia ordinaria le sigue y determinó que todos los casos quedarán bajo su supervisión para efectos del esclarecimiento de la verdad de la participación del jefe paramilitar en el conflicto colombiano.
Entre los delitos que aceptó en una sala de audiencias en las que las víctimas fueron las principales ausentes, Velosa García reconoció su participación en las masacres del Alto Naya, ocurrida entre el 10 y 12 de abril de 2001, cuando por orden suya murieron 22 personas, todas indígenas, cuyo único pecado fue vivir en un corredor que le servía a las Farc y al Eln de zona de escape y de confinamiento de secuestrados.
El confeso paramilitar, de manera pública, les pidió el perdón a los pueblos indígenas y reconoció que este como el de la casi totalidad de los crímenes que ordenó y ejecutó "afectaron a personas que nada tenía que ver con el conflicto y que nunca debieron de morir".
También aceptó los cargos y dio algunas explicaciones de cómo sus hombres ingresaron la noche del 3 de abril de 1996 al bar El Golazo, de Apartadó y dispararon contra las personas que departían a esa hora entre quienes –sospechaban- había más de un colaborador de la guerrilla.
Esa condena colectiva la lamentó en la audiencia, Veloza confesó que asesinaron personas o cometieron masacres de personas inocentes basados en rumores que casi nunca verificaban.

Error de Cálculo
Velosa García también aceptó los cargos por la masacre de El Aracatazo, ocurrida la noche del 12 de agosto de 1995, en un bar ubicado a pocas cuadras del comando de Policía de Chigorodó, a donde llegaron varios hombres urbanos de las autodefensas con la misión de matar a tres personas que departían allí.
"La situación se les salió de las manos a los muchachos y terminaron matando a 18 personas", contó Velosa García, al explicar que Carlos Castaño le hizo el reclamo por el exceso y lo obligó a tenderles una trampa a los autores materiales del múltiple crimen para que la fuerza pública los capturara.
En efecto, al día siguiente envió a 18 de sus hombres, armados y uniformados, en dos camperos a Turbo, de modo que el Ejército los pudiera sorprender en un retén que montó en la vía a esa población del Urabá antioqueño.
Lo paradójico –hizo énfasis- es que ninguno de los retenidos recibió una condena por la masacre sino que la justicia regional los procesó por concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La UP
Velosa García reconoció que mató y ordenó matar a 13 militantes de la Unión Patriótica (UP) en Urabá, basado en la creencia de que este movimiento político nació por iniciativa de las Farc y seguía las indicaciones de este grupo guerrillero.
Dijo que para muchos de esos homicidios se basaron solo en las informaciones suministradas por los desmovilizados del Epl, que antes de unirse a sus filas formaron un grupo que se llamó los Comandos Populares, organización que justificó su accionar como respuesta a los reiterados ataques de las Farc contra quienes decidieron dejar las armas.
Contó que el 23 de mayo de 1995, sus hombres montaron un retén a la entrada de la finca Banafinca y, a la llegada de los trabajadores, pararon el vehículo y, con lista en mano, obligaron a bajar a Camilo Solano Baltazar, Walter de Jesús Borja David y Melquicedec Rentería Machado, a quienes mataron de un tiro de fusil en la cabeza por su militancia en la UP.
Antes, el 18 de mayo de ese mismo año, en otro retén que montaron en la vía a la finca La Virgina, en la vía Carepa-Apartadó, bajaron de un chivero a Alejandro Valoyes Mena, a quien torturaron y, antes de dispararle, le dijeron que lo mataban porque ni trabajaba ni dejaba trabajar.
El 19 de enero de 1996, los hombres de HH incursionaron en una vivienda de la vereda Veranillo, de Turbo, donde mataron al concejal de ese municipio, Marcelino José Blanquicet Castro, y al inspector de Policía de esa zona, Manuel Alfredo Flórez García, ambos miembros de la UP.
El ex jefe ’para’ recordó en la audiencia que la justicia ordinaria lo había exonerado por este doble crimen, pero que había renunciado a la absolución para aceptar su responsabilidad en el proceso de Justicia y Paz.
"Todas fueron víctimas inocentes. Todas, la mayoría, no murieron en combates sino que murieron en sus casas o en sus lugares de trabajo", agregó el confeso paramilitar, al insistir en que cometió múltiples errores y que esos errores costaron la vida de muchas personas.
En la lista de muertos de la UP también aparecieron los nombres de Wilton Antonio Garcés Flórez, Edilberto Cuadrado Llorente, Carlos Arturo Moreno López, Julio César Serna, Humberto Pacheco Castillo, Luis Eduardo Cubides Vanegas y Vidal Devia Ramírez, asesinados de manera selectiva entre los años 1995 y 1996 y ante la mirada indiferente de muchas autoridades de la región.

Los Sindicalistas
La fiscal Chávez Niño le imputó también 19 homicidios de dirigentes de Sintrainagro, el sindicato de los trabajadores bananeros que los paramilitares diezmaron a punta de ataques y amenazas.
Entre los hechos que aceptó, Velosa García reconoció que el 25 de marzo de 1996, hombres bajo su mando y haciéndose pasar como milicianos de las Farc, llegaron a la finca La Teca, en la vereda Churidó, de Apartadó, de donde obligaron a salir a la gente para que asistiera a una reunión.
Pese a la negativa de Gustavo Antonio Vargas Úsuga, dirigente de Sintrainagro, y a los ruegos de Rosmira del Socorro Guisao Castro, quien les imploró que, por sus tres hijas, nada le hiciera, ambos fueron acribillados. Con sevicia uno de los paramilitares le cortó el cuello a la mujer.
El pánico que generó el Bloque Bananero entre los dirigentes de Sintrainagro obligó al exilio a muchos de ellos, pero otros no corrieron con la misma suerte, pese a que la seguidilla de homicidios daba a entender que se trataba de una acción de exterminio contra esos dirigentes.
Muchos de los crímenes ocurrieron ante la mirada impotente de los trabajadores que, en algunos casos, sabían que algo iba a ocurrir pero que poco pudieron hacer.
La presencia de un campero blanco, en el que se movilizaban los paramilitares y que la gente de Urabá bautizó como Camino al Cielo, era la señal de que una nueva víctima iba a caer, de las tantas que aparecían en las listas negras de las autodefensas.
Esa lista era la sentencia de muerte y producto de esa información murieron los sindicalistas Luis Álvaro David Olivero, Elkin de Jesús Escobar López, Gustavo Alberto Gutiérrez López, Jairo Alberto López Manco, Elmer Antonio Urquijo Beltrán, Luis Antonio Espitia González, Arcesio Gallego Lozano, Misael Antonio Moreno Córdoba, Rogelio Mosquera Palacio, Ángel Huberto Zabala Bejarano, Dayro Darío Pérez Negrete y Elías García Díaz.

En Valle del Cauca
Por orden de ’HH’ también murieron asesinados Roberth Cañarte Montealegre, Basilides Quiroga Muñoz, Ana Rubiela Villada Ramírez, James Raúl Ospina y los profesores indígenas Dionila Bitonás Chilgüeso y Ever Valencia Valencia, dirigentes sindicales y comunales de los municipios de Bugalagrande, Dagua, Sevilla y Tuluá (Valle del Cauca).
Velosa García precisó que, sin muchas bases ni pruebas, ordenó la muerte del juez Cuarto Civil Municipal de Buga, Carlos Humberto Trujillo, de 35 años, dirigente de Asonal Judicial en el Valle del Cauca, ocurrida el 25 de enero de 2001, cuando un sicario le disparó por la espalda dentro de un vehículo de servicio público que había salido de Cali.
Estos crímenes son apenas unos cuantos de los que Velosa García –dijo- seguirá confesando una vez reanude sus versiones libres el próximo mes y que calcula superan los cinco mil hechos entre homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.

0 comentarios

asesinato de inocentes

mqh - 13 de noviembre de 2008 - 23:52 - américa latina

El hermano de un soldado era la víctima más fácil. Ejército colombiano sigue matando a civiles para inflar las bajas ‘enemigas’.

[Frank Bajak] Bogotá, Colombia. Los soldados de la 3ra Sección de la Compañía Antílope no habían matado a un guerrillero en meses. Y sin resultados, temían que no los dejaran salir para el Día de la Madre.
Así que, según el soldado raso Luis Esteban Montes, hicieron un plan: Seducir a un civil para llevarlo al campamento, asesinarlo y clasificarlo como un rebelde caído en combate.
Montes, 24, no se opuso, hasta que encontró a la presa. Era Leonardo, su hermano mayor al que no veía desde que tenía nueve años.
Montes dijo que trató de disuadir a su comandante, que respondió con amenazas. Sacó a su hermano del campamento, dice, sólo para encontrarlo muerto una semana más tarde, clasificado como ‘guerrillero’ con tres balas en el torso y una enorme herida en la cara, causada probablemente por un cuchillo.
Los hombres de la Compañía Antílope, del Batallón de Fusileros 31, de la 11a Brigada, de la 7a División, no obtuvieron sus ‘permisos de salida’. La familia de Montes presentó una queja formal, una de las 245 denuncias sobre asesinatos de civiles a manos de las fuerzas de seguridad el año pasado que están siendo investigadas por los fiscales.
Es uno de los ejemplos más escalofriantes de lo que la principal funcionaria de derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, llama ejecuciones extrajudiciales "sistemáticas y generalizadas" a manos de las fuerzas armadas colombianas respaldadas por Estados Unidos. Muchos de los asesinatos fueron cometidos supuestamente sólo para inflar las bajas rebeldes.
Cinco de los soldados de la compañía de Montes están siendo pesquisados criminalmente por la muerte de su hermano en abril de 2007, uniéndose a los cerca de 480 soldados que están siendo investigados por su participación en mil ejecuciones extrajudiciales durante la presidencia de Álvaro Uribe.
El escándalo estalló en un momento particularmente delicado para Uribe. El presidente electo Barack Obama ha mencionado temores sobre los derechos humanos para oponerse al pacto comercial entre Estados Unidos y Colombia que el presidente Bush quiere ver ratificado antes de abandonar su cargo en enero. Obama dijo a Bush el martes que se opone a incluir el acuerdo en un paquete de estímulos económicos que el Congreso estadounidense empezará a discutir la próxima semana.
Entretanto, Uribe está barriendo su casa: Una semana antes de la elección de Obama, ordenó la purga más grande en la historia de las fuerzas armadas colombianas, despidiendo a veinte oficiales -incluyendo a tres generales y cuatro coroneles- por negligencia. El día de la elección renunció el comandante en jefe del ejército.
El jefe de las fuerzas armadas, general Freddy Padilla, dijo a la Associated Press que el caso Montes contribuyó al despido del general comandante de la 7a División, con base en Medellín. La fiscalía dice que no hay evidencias de que Leonardo fuera un rebelde, o cualquier otra cosa que un obrero agrícola de 33 años.
Entretanto, Montes se encuentra aislado con una guardia especial que vela por su seguridad en un cuartel militar en las afueras de Medellín.
"No puedo dormir. Estoy despierto toda la noche, dándome vueltas en la cama", dijo a la AP. Tengo la psicosis de que en cualquier momento alguien puede venir, de que algo me puede ocurrir, de que me van a matar".
Montes contó su historia el mes pasado a la revista colombiana Semana. En varias entrevistas telefónicas se negó a volver a contar los detalles porque recibió órdenes de no hacerlo. Pero dijo que la revista lo había citado fielmente. Su declaración ha sido respaldada por declaraciones hechas por Montes y otros ante las autoridades judiciales.
Esta es la versión de Montes:
Los Fusileros de la 31 estaban acampando en el villorrio de San Juan en la norteña provincia de Córdoba. Los soldados estaban desganados, algunos con malaria. Se acercaba el Día de la Madre.
Montes dijo que su batallón tenía una recompensa: "Por cada enemigo muerto te daban quince días libres". Así que los soldados de la compañía de Montes empezaron a hablar sobre "legalizar" a alguien, una cínica manera de referirse al asesinato de un civil.
Una lluviosa noche sin luna, el jefe de la sección de Montes, un cabo, le dijo que habían escogido a una víctima, dijo. Era un hombre de La Guajira, la provincia en la costa del Pacífico de la que también provenía Montes.
Curioso, Montes fue a ver al hombre, le dio un cigarrillo y, no reconociéndolo en la oscuridad, determinó que eran del mismo pueblo, de la misma calle. Era Leonardo, con el que Montes compartía el mismo padre.
Los dos se abrazaron y Montes, incrédulo e indignado, contó a su hermano las siniestras intenciones de los soldados que se habían ganado su amistad e invitado al campamento.
Montes suplicó al comandante de la compañía, el capitán Jairo García, que lo dejara marcharse, pero el capitán le dijo que si trataba de detenerlo pondría a Montes a la cabeza en las patrullas de modo "que perdiera mis piernas con alguna mina". El capitán, que está siendo investigado criminalmente, llamó mentiroso y holgazán crónico Montes en una declaración jurada.
Esa noche Montes sacó a Leonardo del campamento y pensó que el incidente ya había terminado. Pero días después, cuando estaba siendo tratado por su malaria en una ciudad cercana, se enteró de que su compañía había hecho un ‘positivo’ y que los soldados trataron de enterrar a su hermano en una tumba anónima.
El parte militar dice que Leonardo murió en un enfrentamiento con un pequeño grupo de rebeldes. Dice que los otros escaparon. Montes, citando a soldados de su compañía, dijo a los investigadores que la pistola Browning de 9 mm y la granada encontrada en su cuerpo fueron plantadas por los soldados.
Montes estaba furioso. Su hermano había sido asesinado "nada más que por un permiso de salida". La romántica visión que tenía Montes de la vida de soldado cuando se enroló en el ejército en 2006, dice, la enterró con Leonardo.
"Los oficiales son ascendidos por méritos y tú ganas méritos... matando a los subversivos. Pero eso no es tan fácil", dijo Monte. "¿Así que, qué pasa? Buscan a las víctimas más fáciles".

0 comentarios