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américa latina

américa latina resiente recesión


En el pasado confiados de que la creciente demanda garantizaría precios altos para productos como frijoles de soya, carne de vacuno y minerales, Argentina, Brasil y otros países están empezando a sentir los efectos de la restricción del crédito.
[Patrick J. McDonnell] El abrupto fin del boom mundial de las materias primas ha aturdido a los países latinoamericanos que habían apostado todo con la idea de que las materias primas eran el billete de entrada a la ilimitada prosperidad de la economía global.
Una galopante sensación de inseguridad ha reemplazado la arrogante confianza en que una demanda insaciable mantendría altos los precios de productos como frijoles de soya, cobre, trigo y café. Pero las materias primas se han derrumbado como una de las secuelas del colapso financiero.
Algunos temen que el período de crecimiento más prolongado de América Latina podría haber terminado, dejando el lugar a una era de renovada austeridad.
"Estamos navegando sin compás", dijo Nilson Wirth Monteiro, asesor de Link Investments en Sao Paulo, Brasil, el epicentro de la economía más grande de América Latina. "No existe un compás que indique cómo se comportarán las materias primas y los mercados globales".
Presidentes como el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva inicialmente se jactó de que sus países estaban vacunados contra el ‘efecto jazz’ -como llamó burlonamente la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a la creciente crisis en su discurso ante Naciones Unidas.
Pero la temprana sensación de despreocupación había desaparecido. El crédito se ha restringido enormemente y las ganancias por las exportaciones de materias primas están desapareciendo. Las bolsas regionales han seguido la zambullida de Wall Street. Bancos centrales desde Ciudad de México a Santiago de Chile, han desembolsado dinero para apuntalar sus endebles monedas.
Argentina, uno de los productores de frijoles de soya, maíz y trigo más importantes del mundo, podría perder hasta seis mil millones de dólares por exportaciones agrícolas, de acuerdo a una estimación. Muchos gobiernos, incluyendo el brasileño, han tenido que repensar sus ambiciosos planes destinados al mejoramiento de la infraestructura y reducir la pobreza.
"Los presidentes latinoamericanos han pasado en unos días de la preocupación por un fenómeno que estaba ocurriendo en otra parte del mundo, a abyecto temor", observó el Consejo de Asuntos del Hemisferio de Washington en un informe dado a conocer el viernes. "Existe un creciente nerviosismo porque una vez más América Latina no puede eludir las consecuencias de las conexiones financieras globalizadas que atraviesan Estados Unidos".
Con la caída de precios desde subidas históricas, alarmados agricultores que cubren de frijoles de soya enormes propiedades en las pampas y en las selvas de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia se están preguntando si acaso el boom se convirtió en una bancarrota. La ansiedad ha reemplazado la bravuconería rural.
Ha sido un traumático giro de acontecimientos para una clase rural próspera que se había acostumbrado a deleitarse con los desembocados precios futuros en sus BlackBerrie, incluso cuando navegan a través de titilantes expansiones de frijoles de soya.
"No sabemos hacia dónde vamos", dijo Alejandro Giordani, productor de soya en la provincia argentina de Santa Fe. "No tenemos ninguna certeza sobre el precio de la soya, y eso nos asusta, especialmente ahora con la temporada de la siembra".
Materias primas tan diversas como la carne de vacuno de Argentina, minerales de hierro de Brazil y zinc de Bolivia han alcanzado nuevos máximos, en parte espoloneados por ventas a China e India. Ahora ansiosos productores cruzan los dedos con la esperanza de que la recesión económica no implique una caída en picado de la demanda asiática.
"Sabemos que millones de personas siguen entrando a la economía formal en economías emergentes como China e India", dijo Giordani. "Eso nos da algo de esperanza".
Algunos países están claramente mejor preparados que otros.
Chile ha reservado veinte mil millones de dólares obtenidos por las inesperadas ganancias que deja la exportación del cobre. Brasil tiene una economía altamente diversificada, con un enorme mercado doméstico y doscientos mil millones de dólares en reservas.
Países como Brasil y Argentina están menos entrelazados con los mercados estadounidenses que México y América Central, donde el comercio estadounidense y las transferencias de dinero de los inmigrantes en Estados Unidos son pilares económicos. La condición de Argentina como un riesgo de inversión crónico podría en realidad favorecerla, porque hay pocos capitales extranjeros preparándose para marcharse.
"Creo que Argentina estará bien, como Brasil", dijo Mark Weisbrot, co-director del Centro de Investigaciones Económicas y de Políticas de Acción, de Washington, que presentó un estudio sobre los posibles efectos de la recesión estadounidense sobre América Latina que observó que en 2007 el comercio con Estados Unidos representaba menos del dos por ciento del producto nacional bruto de Argentina y Brasil.
En contraste, en 2007 el comercio con Estados Unidos dio cuenta del 21 por ciento del producto nacional bruto de México, del 15 por ciento del producto nacional bruto de Venezuela (en gran parte petróleo) y del cinco por ciento del producto nacional bruto de Perú, Chile y Colombia.
"Pero", dijo Weisbrot, "todo depende de lo mal que lo hagan los países ricos y del nivel de desaceleración de la economía mundial".
La desenfrenada incertidumbre puso fin, de momento, a la perspectiva de un período de vacas gordas ilimitado gracias a las exportaciones de alimentos y minerales.
"El ánimo es reservado, y existe una enorme aprehensión en Brasil, como en Estados Unidos, de que lo peor todavía está por pasar", dijo David Fleischer, de la Universidad de Brasilia. "Desgraciadamente, nadie sabe todavía dónde está el fondo del barril".

Andrés D’Alessandro, de la oficina de The Times en Buenos Aires, y Marcelo Soares en Sao Paulo contribuyeron a este reportaje.

13 de noviembre de 2008
19 de octubre de 2008
©los angeles times 
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expulsan a agentes antinarcóticos


En América Latina, presidentes de izquierdas expulsan a agentes antinarcóticos estadounidenses. Bolivia, Ecuador y Venezuela anulan operaciones norteamericanas.
[Sara Miller Llana] Ciudad de México. Bolivia le ha dado a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tres meses de plazo para abandonar el país, afirmando que sus agentes estaban fomentando el conflicto político en un país profundamente dividido.
Este otoño, los ecuatorianos votaron la nueva Constitución que cancelará este próximo año una de las operaciones norteamericanas más importantes en su guerra contra las drogas.
Y por cuarto año consecutivo, Venezuela fue mencionada por el presidente Bush -como Bolivia la primera vez- por haber "fracasado demostrablemente" en la cooperación contra las drofas.
Estados Unidos ha tenido una presencia en América Latina para frenar el flujo de drogas hacia el norte; Colombia, Perú y Bolivia son las más grandes productores de cocaína del mundo. Estados Unidos todavía puede jactarse de contar con fuertes aliados en muchos países, como Colombia y México. Pero en otros, particularmente en aquellos con presidentes de izquierdas que se han levantado para condenar colectivamente a Washington, sus presidentes están cortando lazos.
Su reclamo de más autodeterminación podría ser una oportunidad para mejorar una estrategia vista por muchos como un fracaso, dice Kathryn Ledebur, director de la Red de Información Andina en Bolivia.
Pero Roger Noriega, ex subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental, adopta una postura más pesimista. Medidas como la expulsión de los agentes de la DEA en Bolivia pueden tener consecuencias negativas para las capacidades de recabamiento de información de inteligencia de Estados Unidos, dice, pero también parece debilitar el compromiso de algunos en el combate contra la producción de drogas. "Los carteles de la droga y todas las otras conductas ilegales, incluso el daño causado al medioambiente por la producción de drogas, son un reto transnacional que exige cooperación internacional", dice.
A principios de mes, el presidente boliviano Evo Morales, el primer presidente indígena del país que llegó al poder como dirigente de la federación de cocaleros, expulsó a la DEA, afirmando que sus agentes estaban fomentando divisiones en un país ya violentamente dividido en torno a una nueva Constitución que quiere más control del estado de los recursos energéticos y más reconocimiento de los indígenas.
"Había agentes de la DEA que trabajaban en espionaje político, financiando a organizaciones criminales, de modo de poder atentar contra la vida de las autoridades, sino del presidente mismo", dijo Morales la semana pasada.
La DEA clasificó de infundadas esas acusaciones. "Nosotros perseguimos a narcotraficantes... No nos metemos en cosas que no nos competen", dice Garrison Courtney, portavoz de la DEA. "Esas acusaciones estúpidas, realmente".
La presencia de la DEA en Venezuela también ha sido reducida dramáticamente en los últimos dieciocho meses, según funcionarios del Departamento de Estado que caracterizan esa reducción como evidencia del poco apoyo de Venezuela a la campaña internacional contra los narcóticos.
Y Ecuador anunció que no renovará el alquiler de diez años de la base aérea Manta, una de las zonas de operación más importantes en la región desde 1999. El presidente Rafael Correa, que durante su campaña prometió cerrar la base, lo tiene por un asunto de reciprocidad. Durante una visita a Italia el año pasado, bromeó que si Estados Unidos quería la base, tendría que permitir una base ecuatoriana en Miami.
El cierre de Manta "dejará un profunda laguna en nuestra capacidad para monitorear las operaciones contra el narcotráfico en el este del Pacífico", dice un funcionario de gobierno que se negó a ser identificado debido a que no está autorizado a hablar oficialmente.
Hoy, un promedio de 159 militares y civiles estadounidenses están asignados a Manta, y en 2007, se lanzaron mil cien operaciones antinarcóticos, dice José Ruiza, portavoz del Comando del Sur (Southcom) en Miami. Las misiones de la base de Manta son responsables del sesenta por ciento de las prohibiciones al este del Pacífico.
Ruiz dice que Southcom seguirá operando en El Salvador y Aruba y Curaçao, y en colaboración con la Armada de Estados Unidos y la Guardia Costera de Estados Unidos.
Aunque el cierre puede ser un golpe duro, Estados Unidos todavía tiene buenas relaciones con Ecuador, dice Ruiz. Funcionarios estadounidenses dicen que la cooperación en el resto de la región es también fuerte y, en algunos casos, como México y América Central, más fuerte que en el pasado. Pero las relaciones con Venezuela y Bolivia se han deteriorado a niveles nunca vistos.
Durante el conflicto civil a principios del otoño, Bolivia expulsó al embajador norteamericano Philip Goldberg, diciendo que apoyaba a los líderes de la oposición. Chávez dio el siguiente paso, expulsando al embajador Patrick Duddy, el embajador estadounidense en Venezuela. Los dos países fueron señalados por el presidente Bush por su fracaso a la hora de cooperar en las campañas antinarcóticos internacionales, y Estados Unidos anunció que revocara los beneficios comerciales de Bolivia en el marco de la Ley de Preferencias Comerciales y Erradicación de Drogas (ATPDEA) en los Andes.
"Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se han roto de más modos de lo que ve la gente", dice Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida.
Algunos ven en América Latina un intento de reafirmar la soberanía nacional. "La región como un todo tiene más sospechas del unilateralismo de Estados Unidos", dice John Lindsay-Poland, co-director de la Fellowship of Reconciliation Task Force on Latin America and the Caribbean. "Es un golpe para el viejo enfoque norteamericano, y que creo es la oportunidad para adoptar métodos diferentes".
Si se puede mantener geopolíticamente es harina de otro costal, observa. "El coste de la autodeterminación puede ser realmente alto", dice Lindsay-Poland, señalando que la rescisión de los beneficios para Bolivia de la ATPDEA implicarían la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Ledebur admite que hay una apertura para nuevos métodos. "El modo en que se ha estructurado la guerra contra las drogas en la región andina no ha funcionado bien para todo el mundo", dice.
Condena las condiciones exigidas a la ayuda estadounidense, diciendo, por ejemplo, que no soluciona la pobreza que a menudo lleva a la producción de coca.
Otros dicen que Estados Unidos se concentra demasiado en la oferta, y debería atacar a la demanda en Estados Unidos.
Pero Gamarra tiene dudas. "Ninguna estrategia ha funcionado aquí", dice. "Se podría argumentar que... si hubiéramos tenido programas de tratamiento de las adicciones bien financiado... pero incluso eso ha sido un fracaso. La reincidencia de los adictos es muy alta, y el tratamiento muy caro. Llevamos un buen tiempo debatiendo sobre lo mismo".
El jueves Morales dijo que Bolivia podía encargarse de las operaciones antidrogas por sí misma. Anunció hace poco que Bolivia cumpliría con su objetivo de erradicar cinco mil hectáreas de plantaciones ilegales de coca este año -la cantidad exigida según la ley. En junio, un informe de Naciones Unidas muestra que el cultivo de coca en Bolivia aumentó en un cinco por ciento en 2007 -en comparación con el veintisiete por ciento de Colombia, que es uno de los aliados más leales que tiene Estados Unidos.
El impacto de la expulsión de a DEA se hará sentir más fuertemente en los países de tránsito, como Brasil y Argentina, así como Europa, adonde se dirige la mayor parte de la cocaína de Bolivia, según un funcionario del Departamento de Estado familiarizado con los programas antinarcóticos de la región.
"También nos priva de la inteligencia en el país mismo", dice Courtney. Dice que mediante la cooperación con otras agencias policiales en la región, encontrarán un modo de eludir la prohibición. "Lo mismo pasó en Venezuela; hallaremos algún modo", observó.

12 de noviembre de 2008
10 de noviembre de 2008
©christian science monitor
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morales acusa a dea de narcotráfico


Morales acusa que DEA fomenta narcotráfico y presentará pruebas a Obama. El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó este jueves a la agencia antidroga DEA de haber fomentado y protegido al narcotráfico en el país.
La Paz, Bolivia. Morales justificó otra vez, en un acto con jefes de la policía, la expulsión de la DEA, cuyos agentes deben salir del país en tres meses, al decir que fue una decisión tomada por "la dignidad" boliviana porque esa agencia no respetaba a la policía ni a los mandos militares.
"Y lo peor es que la DEA no es que luchaba contra el narcotráfico, sino que fomentaba el narcotráfico", aseguró.
El gobernante dijo que los ex comandantes de la policía saben "cuál era el rol de la DEA en la protección de Huanchaca", en alusión a un caso de narcotráfico que causó revuelo internacional en 1986.
En septiembre de ese año, una expedición científica boliviano-española que descubrió casualmente un laboratorio de droga en la zona Huanchaca, en la región de Santa Cruz, en el oriente boliviano, fue masacrada por narcotraficantes.
"Esas fábricas grandes de Santa Cruz, en Huanchaca, estaban bajo la protección de la DEA de Estados Unidos", agregó Morales, quien aseguró que las investigaciones sobre el asunto nunca aclararon ese caso.
"Algunos políticos dicen que con el abandono de la DEA se va a fomentar el narcotráfico como si no tuvieran confianza en nuestra policía nacional. Yo tengo mucha confianza", comentó.
Agregó que la agencia antidrogas estadounidense supo también en 1995 de otro sonado caso de tráfico de cuatro toneladas de cocaína en un avión que logró partir de La Paz con destino a México pero que finalmente fue detenido en Lima.
Durante esta semana, Morales también ha acusado a la DEA de haber matado a campesinos cocaleros en la zona del Chapare, y financiado a la oposición que, a su juicio, intentó dar un golpe de Estado en septiembre pasado durante una ola de protestas regionales.
El presidente dijo que podía presentar pruebas de las "andanzas" de esa agencia en Bolivia a Obama.
"Ojalá que el nuevo presidente electo de Estados Unidos pueda conocer estos documentos. Aquí no estamos simplemente acusando ni desprestigiando", sostuvo.
"Por encima de cualquier riqueza o pobreza, o por encima de cualquier ayuda internacional, primero está la soberanía, dignidad y el orgullo de los bolivianos", agregó.
El gobierno de Morales también ha decidido que los bienes y los equipos de la DEA pasen a propiedad del Estado cuando la agencia antidroga salga del país.
El diario La Prensa publicó hoy que el Estado boliviano se apropiará en concreto de al menos dos aviones Hércules, cuatro lanchas, 32 botes, 33 vehículos y 1.000 fusiles M- 16 que en su momento llegaron a Bolivia como donación.
Pero además, según el matutino, se negociará la transferencia al Estado de diez helicópteros y otros tres Hércules que fueron "prestados" al gobierno boliviano por Estados Unidos.

8 de noviembre de 2008
©la nación 
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reconocen ejecuciones extrajudiciales


Ejército colombiano reconoce matanzas de civiles. El comandante en jefe del ejército renunció el martes, tras la destitución de veinte altos oficiales.
[Sibylla Brodzinsky] Bogotá, Colombia. Con la muerte de tres comandantes rebeldes, el impecable rescate de catorce rehenes importantes y el decomiso de miles de documentos en ordenadores de la guerrilla, este debería haber sido un año de triunfos para las fuerzas armadas colombianas.
Sin embargo, los éxitos del ejército se han visto enturbiados por la macabra revelación de que los militares colombianos mataban a civiles para inflar el número de bajas y parecer más exitoso.
Aunque algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) han denunciado la práctica durante años, muchos en Colombia están recién enterándose de los asesinatos sistemáticos. Mientras oficiales del gobierno colombiano toman medidas para purgar a los oficiales militares implicados en los asesinatos y crean un programa de seguimiento, el número de bajas abultado ha llamado la atención sobre los métodos militares.
Esta semana, oficiales colombianos empezaron a detener a oficiales militares responsables de esos asesinatos. Después de que el presidente colombiano Álvaro Uribe destituyera sumariamente a veinte altos oficiales, incluyendo tres generales y once coroneles, el general Mario Montoya, comandante en jefe del ejército, renunció el martes. Los licenciamientos se producen después de una pesquisa interna sobre la desaparición de al menos once civiles de un suburbio de Bogotá, cuyos cuerpos fueron encontrados más tarde al otro lado del país y clasificados como bajas en combate.
Pero este incidente es sólo uno de cientos de casos que se dieron a conocer en los últimos seis años, en lo que Navi Pillay, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que parecía ser un fenómeno "sistemático y extendido".
Es improbable que la práctica de matar civiles se difundiera como resultado de órdenes militares, dice César Restrepo, un analista militar de la Fundación Seguridad y Democracia, un laboratorio ideológico de Bogotá.
Responsabiliza a la falta de mando y control en las fuerzas armadas y a una política de incentivos errónea que recompensaba a los soldados con días de permiso adicionales por cada subversivo muerto o capturado.
"El gobierno confió ciegamente en las fuerzas armadas para arrinconar a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pero no instaló los controles necesarios", dice Restrepo.
Además, muchos comandantes, bajo la presión de producir resultados, desecharon esos informes sobre los ‘falsos positivos’, la expresión colombiana para designar a civiles clasificados como bajas en combate, como mentiras puestas a circular por los rebeldes. Aunque el ministerio de Defensa emitió el año pasado una directiva diciendo que el conflicto con los rebeldes de izquierda del país, que ya se prolonga por cuarenta años, el éxito no se mediría en bolsas para cadáveres, los incentivos siguieron vigentes. Para el 31 de octubre, las tropas colombianas habían clasificado a 1.584 bajas como miembros de organizaciones ilegales muertos en combate.
Sin embargo, eso podría cambiar pronto, pues Uribe anunció el jueves que todas las unidades militares hasta el nivel de batallón contarán con un oficial que recibirá y procesará las acusaciones de abusos. Pidió ayuda a Naciones Unidas para supervisar el programa.
La oficina del inspector general colombiano está investigando más de 930 ejecuciones extrajudiciales desde 2002, mientras que una federación de organizaciones de derechos humanos conocida como Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos contó al menos 535 ejecuciones entre enero de 2007 y julio de 2008.
"La parte mala es que incluso si hubiesen sido guerrilleros de verdad, sus muertes no tuvieron ningún impacto en el conflicto", dice Restrepo. "Necesitamos un cambio de mentalidad, y eso toma años".
Colombia recibe un promedio de quinientos millones de dólares al año en ayuda de Estados Unidos, predominantemente para uso militar. Las unidades que reciben fondos norteamericanos deben tener un historial de derechos humanos limpio. Tres de las unidades dirigidas por oficiales despedidos la semana pasada perdieron su elegibilidad para recibir dinero estadounidense. Las unidades habían sido previamente aprobadas y se consideraba que no habían cometido violaciones a los derechos humanos.
El nuevo comandante del ejército, el general Óscar González, que asumió el cargo oficialmente el jueves, dirigió dos de las unidades de las unidades más fuertemente cuestionadas en relación con las ejecuciones extrajudiciales.
En su último informe sobre Colombia de la semana pasada, Amnistía Internacional instó a suspender la ayuda militar a Colombia a menos que acate las recomendaciones de Naciones Unidas para poner fin al conflicto, "de modo que no exista el riesgo de proporcionar esa ayuda y equipos para ser usados en la violación de derechos humanos", dice el informe.

8 de noviembre de 2008
©christian science monitor
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renuncia comandante en jefe colombiano


Presidente Uribe acepta renuncia de Comandante en Jefe del Ejército colombiano. Dimisión de Mario Montoya se debe a un escándalo de ejecuciones extrajudiciales.
Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia Álvaro Uribe aceptó la renuncia del comandante del ejército de ese país general Mario Montoya. La dimisión del uniformado se debe a un escándalo de ejecuciones extrajudiciales.
El mandatario nombró en reemplazo de Montoya al general Óscar González, hasta ahora jefe del Comando Unificado del Norte.
Uribe, junto al ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, destacó la tarea que cumplió Montoya al mando del ejército.
Montoya anunció hoy su retiro del cargo luego de revelarse el escándalo, el que ya había costado la purga de 27 militares.
"La política de seguridad democrática definitivamente cambió la vida de los colombianos, se constituyó en la guía y misión para el ejército que hasta hoy comando", dijo Montoya al leer una declaración en el comando del ejército. La llamada política de "seguridad democrática" fue implantada por el presidente Álvaro Uribe al comienzo de su gestión en 2002 y consiste en el combate frontal contra grupos armados ilegales.
"A partir de ahora, como general en retiro, profeso las mismas convicciones de fe...por el ejército", dijo Montoya, de 59 años, 39 de ellos en las fuerzas militares.
El oficial había asumido el cargo de comandante del ejército en abril del 2006, en reemplazo del general Reinaldo Castellanos, quien también había dimitido como jefe del Ejército luego de que se conocieran denuncias de que varios soldados eran torturados en una unidad militar en Tolima, en el suroeste de Bogotá.
Montoya no explicó claramente las razones de su dimisión, pero su nombre quedó expuesto luego que el gobierno de Uribe retirara del servicio activo el pasado 29 de octubre a los 27 uniformados.

5 de noviembre de 2008
©la tercera
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uribe arremete contra human rights watch


Uribe acusa a chileno Vivanco de ser "cómplice de las FARC". Indignado con un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), el presidente colombiano arremetió contra el chileno director de la ONG, quien en septiembre fue fustigado por otro mandatario latinoamericano.
Bogotá, Colombia. Una nueva arremetida contra el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, hizo el presidente de Colombia Álvaro Uribe.
El gobernante acusó a Vivanco de ser un "cómplice" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), reiterando así su molestia por el reciente informe de la ONG que cuestiona la actitud de Bogotá en los juicios contra paramilitares. 
Junto con denunciar que el chileno actúa por "rencor personal", Uribe enfatizó: "a mí no me va a enseñar el señor Vivanco derechos humanos. Antes de que el señor Vivanco, defensor de las Farc, cómplice de las Farc, viniera a criticar la política de seguridad democrática, nosotros veníamos haciendo un esfuerzo por sacar este país adelante después de más de 40 años de terrorismo", dijo.  "Le perdimos el respeto hace mucho rato", añadió. 
La andanada del mandatario colombiano -pronunciada a la salida de una reunión con indígenas- se suma a sus palabras del sábado, cuando notificó tanto a Vivanco como a "los señores de Amnistía Internacional" que "no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos ni de convicciones cristianas ni de convicciones democráticas". 
Este impasse con Uribe es el segundo con mandatarios latinoamericanos que afecta a Vivanco en las últimas semanas.  La anterior fue con el venezolano Hugo Chávez, de filiación política absolutamente opuesta al derechista gobernante colombiano. 
En septiembre pasado, el chileno fue expulsado de Venezuela, tras presentar un crítico informe del régimen chavista. El episodio motivó una nota diplomática del gobierno chileno protestando ante Caracas por este hecho.

3 de noviembre de 2008
©la nación
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bolivia expulsa a la dea


Bolivia pide a agentes de la DEA que abandonen el país. El Ejecutivo sostiene que, dado que están suspendidas las labores de la agencia antidroga de EEUU, no hay razón alguna para que sus funcionarios se mantengan en suelo boliviano.
El gobierno del presidente Evo Morales dijo ayer que "no hay razones" para que el personal de la oficina antidrogas de Estados Unidos DEA (por sus siglas en inglés) permanezca en Bolivia, tras la decisión del mandatario de suspender todas sus actividades en el país alegando que la agencia apoyó un intento de golpe civil.
"Si hablamos de la suspensión de actividades de un organismo extranjero en Bolivia, lógico es que las personas, los agentes que trabajan para ese organismo extranjero, no tienen razón para estar Bolivia", afirmó el ministro de gobierno (Interior), Alfredo Rada, negando que se refería a una expulsión del personal estadounidense, cuyo número no ha sido informado.
El sábado, durante un acto en la localidad de Chimoré (Cochabamba) en el que se anunció el cumplimiento adelantado de la meta anual de erradicación de cultivos de coca -5.021 hectáreas-, el presidente Morales presentó contundentes pruebas de la injerencia de la DEA en los asuntos políticos de Bolivia.
Acto seguido, el Jefe de Estado ordenó la suspensión de las labores de la oficina antinarcóticos estadounidense y acusó al agente Steven Fauces de vincularse con la preparación de sabotajes y la toma de aeropuertos, bajo el manto de agregado diplomático.
El Departamento de Estado, en un comunicado emitido en Washington y reproducido ayer por medios locales, "rechazó las acusaciones de que la DEA o que cualquier otra agencia del gobierno de los Estados Unidos haya apoyado a la oposición o que haya conspirado contra el Ejecutivo boliviano. Estas acusaciones son falsas, absurdas y las refutamos".
El titular de gobierno ratificó, además, los argumentos expuestos por Morales, agregando que se detectó actividad de control, de seguimiento político y de escuchas telefónicas, hechos que calificó como inadmisibles y absolutamente ilegales.

Sin Chantajes
En lo inmediato, el gobierno espera reencauzar el apoyo antidrogas de EEUU y que se negocien nuevas condiciones de asistencia, cuando este país elija a su nuevo presidente mañana, martes, según el ministro Rada.
"Toda ayuda es bienvenida, pero no condicionada, ni con chantaje", agregó.
El funcionario también afirmó que se gestiona que la labor de la DEA sea cumplida por "un organismo regional" que sea conformado en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), y acotó que hay respuestas positivas de algunos países, a los que no identificó.
La determinación del presidente boliviano se produce en medio de la peor crisis diplomática entre La Paz y Washington, tras la expulsión del embajador Philip Goldberg (acusado de ser el cabecilla de una conspiración política contra Morales).
Además, Estados Unidos y Bolivia tienen enormes diferencias sobre el combate contra las drogas, lo cual podría llevar a que Washington retire las preferencias arancelarias que otorga a La Paz en el marco de la ATPDEA, que favorece a los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico.

Rechazo Interno
El líder de la centroderechista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, afirmó ayer que la determinación del mandatario, provocará "menos opciones" de comercio con EEUU.
En particular, el opositor Doria Medina expresó sus dudas de que se ampliarán las preferencias arancelarias de EEUU que terminan a fin de año, y dijo que tal vez el plan anticrisis del gobierno es "aumentar la producción de coca y derivados".
En tanto, el coronel Luis Caballero, un ex jefe policial que dirigió durante años la Fuerza Antidrogas, sostuvo que "los más beneficiados en que se vaya la DEA son precisamente las organizaciones criminales. A ellas les va a convenir mucho".
Según el dirigente opositor Wálter Guiteras, "Evo Morales primero resistió la erradicación y ahora estimula el crecimiento de las plantaciones. Lógicamente tenía que sacar a los fiscalizadores, USAID y DEA. La política del gobierno es narcotráfico y producción de cocaína. Las consecuencias serán demasiado grandes".

3 de noviembre de 2008
©la nación
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purga en el ejército colombiano


A retiro 27 uniformados, entre ellos tres generales, por violaciones de derechos humanos. Un informe del colectivo de ONG Misión Internacional de Observación afirma que desde enero de 2007 se ha registrado la desaparición forzada de 535 personas, en su mayoría por parte del Ejército, y que 1.300 han sido ejecutadas de forma extrajudicial desde 2002.
Bogotá, Colombia. El gobierno colombiano realizó ayer una purga sin antecedentes en el Ejército al retirar a 27 uniformados, incluidos tres generales, en momentos en que es fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y el país es visitado por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay.
La destitución de los militares responde a los resultados de una investigación del Ministerio de Defensa sobre la muerte de una veintena de jóvenes -desaparecidos a principios del año en un humilde sector del sur suroeste de Bogotá-, las que fueron hechas pasar como bajas en combate con la guerrilla en el noreste del país.
"La investigación encontró que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos (acusados) en asesinatos", dijo el presidente Álvaro Uribe al anunciar la decisión.
En tanto, el ministerio de Defensa en un comunicado explicó que hay "serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles" incluyendo "el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones". En el comunicado se reconoce que esa situación "pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados".
Los jóvenes, que vivían en Bogotá, fueron dados por muertos en combates registrados en una apartada zona rural del municipio de Ocaña (noreste), donde fueron sepultados como no identificados. Antes de sus desapariciones, desconocidos les habían ofrecido trabajo en el norte.

Generales Lo Niegan Todo
Los tres generales destituidos eran los más altos responsables militares en la región donde se presentaron los supuestos combates en que murieron los jóvenes. Dos de los destituidos rechazaron las acusaciones. "Bajo ninguna circunstancia por mi mente pudo atravesar mandar asesinar a alguien para presentar un falso positivo", manifestó el general Paulino Coronado a Radio Caracol. Asimismo, el general Roberto Pico se declaró "muy sorprendido" por la decisión y dijo tener "mi conciencia tranquila".
Para el senador por el opositor Partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), Gustavo Petro, la causa de esta situación es la política implementada por el gobierno de Uribe de incentivar a los militares por el número de bajas como prueba de eficiencia.
Petro recordó que hace tres años el Congreso debatió sobre los denominados "falsos positivos" (montajes de las fuerzas militares para presentar resultados en su lucha contra las guerrillas izquierdistas o los paramilitares), y que en ese entonces la Procuraduría (Ministerio Público) tenía mil denuncias similares al caso de Soacha.
Es de destacar la "coincidencia de que el hecho se produzca el día en que presentamos el informe (sobre desapariciones forzadas), y en medio de la visita de la alta comisionada (para los DDHH) de la ONU (Navi Pillay)", recalcó ayer Alirio Uribe, miembro de la ONG Colectivo de Abogados, en lo que es la antesala del examen que Colombia presentará en diciembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.
Ayer fue presentado en Bogotá un informe del colectivo de ONG Misión Internacional de Observación que afirma que desde enero de 2007 hasta la fecha se ha registrado la desaparición forzada de 535 personas, en su mayoría por parte del Ejército, y que cerca de 1.300 colombianos fueron ejecutados de forma extrajudicial desde 2002, cuando asumió Uribe.

Congreso Rechaza Reelección de Presidente Uribe
El Congreso de Colombia rechazó ayer el proyecto de reforma constitucional que posibilitaría al presidente Álvaro Uribe volver a ser candidato a la jefatura del Estado, aunque le queda la opción de que pueda hacerlo a través de un referéndum.
Tras una acalorada discusión entre los miembros del Partido Conservador y luego de dos votaciones, la Cámara de Representantes negó esta posibilidad.
Algunos sectores pro Uribe plantearon incluir un artículo a la reforma política que debate el Congreso, por el que se le permitiría al actual Mandatario postular a las elecciones de 2014, artículo que fue rechazado ayer.
El Partido Liberal hundió la iniciativa del artículo 19 de la reforma política al señalar que la continuación "de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos".
Los liberales citaron la Carta del Congreso de Angostura del libertador Simón Bolívar en la que señala que las "repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder".
El partido de ‘la U’, de Uribe, consideró que lo mejor es plantearlo a través de un referéndum poniendo a disposición popular su candidatura para 2010, para cuya eventual celebración ya se han recogido las firmas necesarias.

31 de octubre de 2008
©la nación
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