caso suppo pasa a fuero federal
La Nación es desde ahora querellante en el caso Suppo. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante y le pidió al juez de Rafaela que se aparte y derive el expediente al fuero federal. Hubo expresas instrucciones presidenciales para esta decisión.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó ayer como querellante en la causa que investiga el asesinato de Silvia Suppo a raíz de un testimonio de identidad reservada que vinculó el crimen con acusados por delitos de lesa humanidad y le pidió al juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi que decline su competencia y remita el expediente a su colega y juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez. "La decisión fue adoptada por expresas instrucciones de la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner para que el Estado nacional se constituya como querellante en la causa", dijo una fuente segura consultada por Rosario/12. "Ahora esperamos que el juez de Rafaela acceda a la petición y que las investigaciones de la justicia federal aclaren definitivamente lo sucedido e impongan el castigo debido a sus responsables e instigadores", agregó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Silvia era víctima y testigo clave de los crímenes del terrorismo de estado hasta que fue apuñalada el 29 de marzo último, en su negocio del centro de la ciudad de Rafaela. Por el hecho, el juez Mognaschi procesó a dos cuida coches, Rodrigo Sosa, de 19 años y a su primo de 22, Rodolfo Cóceres, a quienes acusó por "homicidio calificado" por ensañamiento, que prevé la pena de prisión perpetua.
La confesión de los dos trapitos empujó a Mognaschi a descartar la hipótesis del crimen político. Pero la causa volvió a tener otro giro el 31 de agosto, cuando un testigo se presentó en el Juzgado del doctor Rodríguez y vinculó el homicidio de Suppo con acusados por delitos de lesa humanidad que lo habrían instigado. Rodríguez aceptó la declaración bajo reserva de identidad y hasta solicitó que se lo incluya en el plan nacional de Protección a Testigos e Imputados, pero después remitió el testimonio al doctor Mognaschi, aún cuando en la justicia ordinaria no existe la figura del testigo protegido.
Ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consideró que las revelaciones del testigo obligan a intervenir al fuero federal. Por lo tanto, se presentó como querellante y solicitó al juez Mognaschi que decline su competencia y remita el expediente al juez Rodríguez, tal como lo reclamaron los hijos de Silvia Suppo, a través de sus abogados querellantes. "El delito que se investiga tiene ineludible relación con la participación de la víctima como testigo en el juicio oral y público contra el ex juez federal Víctor Brusa, y los ex policías Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi, Eduardo Ramos, Mario José Facino y Héctor Colombini y con el impulso que daba a la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hattemer, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela", dijo Duhalde. Y agregó: "Ahora esperamos que el juez de Rafaela acceda a la petición, y que las investigaciones de la justicia federal aclaren definitivamente lo sucedido e impongan el castigo debido a sus responsables e instigadores".
La decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de querellar a los supuestos autores materiales e ideológicos del asesinato de Suppo y pedirle al juez Mognaschi que se inhiba de seguir interviniendo y pase el expediente al juez federal de Santa Fe impactó en Tribunales. "Hubo expresas instrucciones de la presidenta de la Nación para que el Estado nacional se constituya lo antes posible como parte querellante en la causa, solicite la inhibición del juez de Rafaela y apoye los pedidos de la hijos de Suppo", dijo una fuente consultada por este diario. Ese fue el motivo para que el escrito se presente ayer a la mañana.
Unas horas después, la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Virginia Blando Figueroa, ya se había comunicado con los abogados de los hijos de Silvia Suppo. "Nos comentó detalles de la presentación y quedamos que el lunes o martes nos reuniremos para comenzar a trabajar en conjunto", informó a Rosario/12 la doctora Lucila Puyol, quien patrocina a los hijos de Silvia, Andrés y Marina Destéfani, junto a sus colegas Guillermo Munné y Paula Condrac.
Esta semana, sobrevivientes de la dictadura y ex compañeras de cautiverio de Silvia Suppo, volvieron a pedir justicia. "Nuestro planteo siempre fue que se investiguen todas las hipótesis y, fundamentalmente, la de ’crimen político’ por encargo. Lo seguimos reclamando, a casi seis meses del asesinato más cruel y sangriento a una compañera militante y testigo de juicios de terrorismo de estado".
"Hace meses que venimos sosteniendo que no se debía cerrar el caso con la simplificación y mentiras que planteaban los funcionarios de gobierno, que se debía investigar hasta que todos quedemos convencidos de cuales habían sido los móviles del asesinato de Silvia".
"El desarrollo del expediente nos lleva a plantear demasiadas dudas por la impericia policial, las tremendas contradicciones de los funcionarios policiales en sus testimoniales, las llamadas anónimas nunca investigadas y la escasez de medidas que abran una línea de investigación distinta al ’homicidio en ocasión de robo’. Nuestro compromiso y nuestro deber, fue y sigue siendo: insistir en el esclarecimiento de los hechos".
19 de septiembre de 2010
18 de septiembre de 2010
©rosario 12
[Laura Vales] Argentina. A los 72 años, en el pueblo de Chacras de Coria, donde había nacido, murió Silo, el fundador del Movimiento Humanista. Desde hacía un año sufría de una insuficiencia renal; en un corto mensaje publicado en su página web, sus colaboradores aseguraron que casi no sintió dolor y que estuvo acompañado por sus familiares más cercanos. Su cuerpo es velado en la capital de Mendoza, y hoy será trasladado a Córdoba para su cremación.
[Irina Hauser] Argentina. El Consejo de la Magistratura suspendió y ordenó iniciarle juicio político al camarista federal de Mendoza, Luis Miret, acusado de haber omitido investigar las denuncias de "secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad" que recibió en los meses previos al golpe de 1976 y durante el terrorismo de Estado. El dictamen, aprobado por unanimidad y en su presencia, le atribuye una "actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad" cuando era juez de primera instancia. Antes de la votación, Miret pidió hablar y buscó justificar su pasividad escudándose en "la convulsión y el temor por el terror que azotaba al país". "Quiero un jury para el doctor Miret", imploró luego Luz Faingold, que era una delegada estudiantil de 16 años en 1975, cuando el camarista la dejó presa en una cárcel de adultos, además de prohibir restituirla a sus padres mientras otros detenidos denunciaban que era violada y maltratada. Junto con ella estuvieron otras víctimas, organismos de derechos humanos y estudiantes de Derecho de la Universidad de Cuyo.
[Alejandra Dandan] Argentina. Recuperó el casete en 1990, cuando regresó a México a buscar alguna de sus pertenencias. Lo escuchó una sola vez. Tenía grabada una de las conversaciones telefónicas que mantuvo con su madre mientras ella estaba secuestrada en la ESMA. Nunca más volvió a escucharlo. "Me daba mucha vergüenza oírla porque todo era muy complejo, se mezclaban las conversaciones entre madre e hijo y entre los dos que además éramos militantes." Daniel Cabezas aportó ese material, hasta ahora inédito, en la audiencia del juicio oral sobre los crímenes del principal campo de concentración de los marinos. La voz era de su madre, Thelma Jara de Cabezas, una de las primeras integrantes de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
[Adrián Pérez] Argentina. "Estamos homenajeando a chicos que eran hombres grandes en el pensamiento, pero muy chicos en edad", señaló Sara Derotier de Cobacho, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en el acto central que se realizó frente al Pozo de Banfield para recordar a Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Claudio de Acha, estudiantes secuestrados el 16 de septiembre de 1976, durante la última dictadura militar, por exigir la implementación del boleto estudiantil en la ciudad de La Plata. A 34 años de La Noche de los Lápices, la persistente llovizna no impidió que los manifestantes confluyeran en el ex centro de detención, tortura y exterminio para corear, al final del acto: "Treinta mil compañeros detenidos desaparecidos/presentes/ahora/y siempre". Además de Cobacho, durante el acto hablaron el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón. El encuentro clausuró el Siluetazo que Hijos Zona Sur organizó para unir la distancia que separa el Pozo de Quilmes y el de Banfield.
Argentina. Los militantes desaparecidos Ariel Morandi y Susana (Nadia) Miranda, que trabajaban como enfermeros en el sanatorio Plaza, tendrán una placa recordatoria en la vereda del centro de salud. El Concejo Municipal, por iniciativa de los concejales del Frente para la Victoria, Arturo Gandolla y Norma López, aprobó ayer la instalación de una placa-baldosa y la plantación de dos árboles de la especie lapacho amarillo en esa cuadra. Los trabajadores fueron arrancados de su lugar de trabajo el 11 de mayo de 1978. Eran novios, tenían 25 y 26 años, y sus captores los llevaron al centro clandestino de detención Fábrica Militar Domingo Matheu. Sus asesinatos fueron parte de la condena a prisión perpetua del 15 de abril pasado contra Oscar Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Rubén Fariña, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
[Raúl Dellatorre] Argentina. Un discurso del presidente de la Sociedad Rural de General Pico, La Pampa, reivindicando el pasado de las Fuerzas Armadas, el modelo agroexportador del Centenario y apuntando, con intención macartista, contra el proyectado plan estratégico agroalimentario por haber sido inspirado en "ideas marxistas" desató un aluvión de críticas. Del anonimato, Santiago Gándara pasó a un efímero protagonismo y volvió a hundirse en el anonimato. El discurso fue pronunciado el sábado por la tarde, despertó reacciones durante todo el fin de semana y anteayer, lunes, lo obligó a dejar el cargo. Pero no a arrepentirse de sus dichos, los que asegura que "fueron sacados de contexto". Incluso, los reivindicó señalando que "muchas personas, productores o no, me llamaron para felicitarme". El gobierno de la provincia lo denunció a la Justicia por presunta apología de la dictadura. Abelardo Ferrán, su ministro de la Producción, calificó el discurso de "reaccionario y golpista". Ulises Forte, diputado nacional por La Pampa y dirigente de Federación Agraria, señaló que no lo sorprendía el tono reaccionario de Gándara, pero sí "que lo blanqueara: en Pico somos pocos y nos conocemos mucho".
Argentina. El dictador Jorge Rafael Videla se definió ayer como un "preso político", denunció que se siente "intimidado", que teme por su seguridad y la de su familia y consideró que afirmaciones de ex miembros de la organización Montoneros durante un acto en el que evocaron sus tiempos de militancia constituyen "una amenaza a la sociedad de reinstaurar la violencia para lograr fines políticos". Las declaraciones del ex militar condenado a reclusión perpetua como mayor responsable del genocidio argentino se produjeron durante una audiencia del juicio por torturas y ejecuciones de presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1, luego de que el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba confirmara como integrante al vocal José María Pérez Villalobo, cuya imparcialidad había cuestionado el ex mayor Gustavo Adolfo Alsina, sindicado por varios sobrevivientes como uno de los más crueles torturadores del Tercer Cuerpo de Ejército.