acelerarán juicios contra represores
24 de diciembre de 2008
Argentina. Mientras la mayoría de los reproches por las demoras en las causas contra represores de la última dictadura apuntan contra el Poder Judicial, la Corte Suprema resolvió tomar cartas en el asunto y prepara una acordada para dar su empujón a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se firmaría entre el lunes y martes que viene. La decisión de la Cámara de Casación Penal de conceder la libertad a los exponentes del terrorismo de Estado Alfredo Astiz y Jorge ‘Tigre’ Acosta, junto con una veintena de militares y civiles, reavivó el debate entre Sus Señorías, que en su plenario de anteayer comenzaron a evaluar medidas posibles. Todavía no pulieron un plan, pero para empezar le darían forma y entidad a una oficina propia de seguimiento de los juicios orales sobre violaciones a los derechos humanos. A su vez, no descartan medidas específicas: desde exhortar a los jueces a elevar a juicio las investigaciones que tengan las pruebas centrales producidas hasta redistribuir los expedientes que desbordan a un único tribunal como ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, o incluso crear nuevos tribunales y salas de audiencias con condiciones de seguridad.
En su fallo de la semana pasada, la Sala II de la Cámara de Casación fundamentó la excarcelación de los ex jerarcas de la patota de la ESMA y otros represores, en su mayoría presos desde 2003, en que habían pasado demasiado tiempo detenidos sin condena. Las normas permiten hasta dos años, más uno de prórroga. La apelación del fiscal Raúl Pleé impidió que la liberación se concretara, al menos por el momento. Se basó en la "gravedad institucional" que reviste a los juicios por violaciones a los derechos humanos y señaló el peligro de fuga de los acusados y la posibilidad de que obstaculicen la pesquisa. La Corte, tarde o temprano, va a tener la última palabra sobre la pertinencia de estas excarcelaciones. Por lo pronto, la acordada que comenzaron a discutir va por otro carril y apuntaría a las raíces de las dilaciones que impiden que las causas sobre crímenes dictatoriales lleguen en un tiempo razonable a la instancia oral.
En los últimos años la Corte contribuyó con sus fallos a eliminar obstáculos en el juzgamiento a los represores, al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, luego, de los indultos concedidos por Carlos Menem a los genocidas. Pero hasta ahora no intervino con directivas o instrucciones de ‘superintendencia’ –como las llaman los jueces– hacia otros tribunales o instancias judiciales. El máximo tribunal, en teoría, viene monitoreando la situación de las causas por crímenes de lesa humanidad desde una secretaría a cargo de José Luis Mandalunis, a quien los supremos le encomendaron que elabore un diagnóstico y una serie de propuestas para analizar de aquí a la semana que viene, cuando piensan emitir un pronunciamiento. Mandalunis, de hecho, podría quedar a cargo de la oficina de seguimiento de juicios que está en ciernes, según pudo saber Página/12. En la reunión que tuvieron el lunes último los jueces supremos intercambiaron pareceres y algunas sugerencias. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, se mostró –fiel a su estilo conciliador– partidario de armar estrategias comunes con el Congreso y el Poder Ejecutivo, según pudo saber este diario. Contra el reclamo de leyes para acelerar los juicios que formuló su colega Carlos Fayt en declaraciones a los medios, dijo que los legisladores han trabajado en el tema y que en lo que haya por hacer, en todo caso, deberán avanzar en reformas pensadas en conjunto. Habló de impulsar la creación de tribunales orales. Mencionó también –en sintonía con Raúl Zaffaroni– los problemas derivados de la multiplicidad y falta de coordinación entre las querellas. Señaló, en otro orden, los trastornos derivados de que la mayoría de los casos no estén digitalizados.
Carmen Argibay, compenetrada con diversos problemas edilicios de la Justicia, insistió en que faltan salas de audiencias para los procesos orales que, además, cuenten con condiciones de seguridad tanto para los acusados como para los testigos.
Una discusión no resuelta apunta a si a esta altura de las circunstancias aún cabe rediseñar algún criterio para agrupar las causas contra represores: por centro clandestino, por circuitos criminales o por cuerpo de ejército. Mandalunis, cuentan en la Corte, históricamente no ha sido partidario de concentrar causas bajo la hipótesis de que podrían demorarse todavía más.
Para Zaffaroni hay que analizar cuáles son los escollos que se producen en cada instancia judicial y actuar en consecuencia. En el plenario con sus colegas señaló demoras en la instrucción de las causas que, a su entender, son producto de investigaciones interminables donde la prueba y los testimonios parecen no agotarse jamás. Por eso propuso, tal como planteó en un reportaje publicado el domingo último por Página/12, exhortar a los magistrados para que vayan elevando las causas por tramos a medida que concluyan las pesquisas y aunque queden hechos bajo investigación. En diálogo con este diario, también señaló la responsabilidad de los fiscales en esa iniciativa, aunque en ese punto el procurador general, Esteban Righi, ya viene dando pautas a los fiscales desde hace al menos dos años (la última vez ordenó que manden a juicio las causas con procesamientos firmes aunque queden recursos pendientes de resolución).
Zaffaroni y otros supremos señalaron en su charla a puertas cerradas el abarrotamiento de casos en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5): concentra las megacausas de Primer Cuerpo y ESMA. Un tramo clave de la primera, que pondrá a los jerarcas en el banquillo, arranca el año próximo y tomará más de medio año de audiencias. Esto, a su vez, implicaría postergar al menos hasta 2010 el juzgamiento de los crímenes del centro clandestino de la Armada. En estas circunstancias, la Corte no descarta intervenir para reasignar a otro tribunal alguna de estas causas inexplicablemente concentradas en uno solo. En el debate supremo se citaron, como ejemplos de organización de juicios, los que vienen transcurriendo en Tucumán y en Córdoba desde los cambios en la Cámara Federal. Todo lo que se haga, coinciden entre los jueces, debe preservar el principio de ‘juez natural’. En rigor, la Corte tiene atribuciones para reorganizar la distribución de las causas y hasta armar un cronograma de juicios. Habrá que ver hasta dónde los supremos quieren llegar en la práctica.
©página 12 
Argentina. Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron hoy que hallaron a otro hijo de desaparecidos durante la última dictadura argentina (1976-1983), con lo que suman 96 los nietos a los que se ha restituido su verdadera identidad.
[Sergio Kiernan] Argentina. Que los nazis criollos tengan adoración por el acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf von Spee es curioso pero explicable: la batalla del Río de la Plata, en que los ingleses lo rompieron, fue la única de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en estos arrabales. Lo que es menos explicable es que usen la tumba del Kapitän sur Zee Hans Langsdorff como altar para sus actos. Es que es muy dudoso que Langsdorff haya sido un nazi.
Argentina. Un fiscal porteño ordenó la detención de veintiséis personas, entre ellas cuatro adolescentes, que se habían reunido en el Cementerio de la Chacarita para realizar un acto conmemorativo con claras connotaciones nazis. La Justicia los acusa de haber infringido la Ley 23.592, de Antidiscriminación. Según fuentes de la investigación, se trata de un grupo de skinheads que se había reunido en el Cementerio Alemán con la excusa de recordar el aniversario de la muerte del capitán del crucero alemán Graf Spee, Hans Langsdorff, hundido por el propio Langsdorff en el Río de la Plata durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la primera aplicación de la ley Antidiscriminación por parte del fuero Penal Contravencional y de Faltas porteño, luego del traspaso de jurisdicciones penales realizado en junio.
[Eduardo Videla] Argentina. Rivadavia y Ecuador. Un local misterioso, sin identificación, se esconde detrás de un vidrio oscuro. Adentro funciona una whiskería, un cabaret o como se llame: un lugar con una barra, algunas mesas y algunas mujeres, en su mayoría extranjeras, que ofrecen servicios sexuales. Al lado de ese local, con apariencia más legal, aparece el Hotel Leblon. A los dos locales los une algo más que una pared de por medio. Al Leblon suelen ir las chicas que han pescado un cliente en la whiskería-cabaret, terminando de cerrar el círculo de un negocio. También es común la propiedad de ambos negocios, que se atribuye e los empresarios Rafael Levy y Raúl Vengrover, los mismos dueños del edificio donde funcionó el boliche República Cromañón, escenario de la principal tragedia por motivos no naturales de la Argentina. Una cámara oculta permitió detectar que allí se explota sexualmente a mujeres, que cobran doce pesos por cada servicio –por el que el cliente pagó un mínimo de 100 pesos–, que no tienen dónde vivir y no saben cómo hacer para huir de esa situación. La denuncia sobre los posibles delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre fue formulada por la Cooperativa La Alameda, cuenta con el respaldo de un grupo de padres de víctimas de Cromañón, y forma parte de una presentación penal que realizará hoy la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini.
Argentina. El ex dictador Jorge Rafael Videla seguirá detenido en la prisión de Campo de Mayo, según resolvió la Cámara Federal, al confirmar el fallo que revocó su detención domiciliaria.
[Adriana Meyer] Argentina. El 20 de diciembre de 2001 lo balearon dos veces y presenció tres de los cinco asesinatos de la feroz represión policial con que el gobierno de la Alianza en retirada intentó apagar la rebelión popular. "Desde el que dio la orden hasta el que pensó que ese día tenía plomo libre, todos tienen que ir presos", dice Damián Aquino. Su trabajo era disfrazarse de Papá Noel en una campaña de recolección de juguetes para chicos pobres, pero ese día la actividad había sido suspendida y, cuando volvía a su casa, quedó en medio de los gases y las corridas, hasta que lo hirieron en la pierna "con la misma ráfaga que mató a Diego Lamagna". Sobrevivió para contarlo y confiesa que se fortaleció para las nuevas pruebas que tuvo que afrontar.
Argentina. La decisión de la Cámara de Casación de liberar a veinte represores y las duras críticas a la Justicia por parte de la presidenta Cristina Kirchner provocaron una fuerte polémica, en la que intervino el magistrado de la Corte Carlos Fayt, quien responsabilizó al Congreso por no haber legislado formas procesales más rápidas. Asimismo, legisladores, oficialistas y opositores, juristas, funcionarios y organismos de derechos humanos cruzaron responsabilidades y culpas, pero todos pusieron de manifiesto los problemas concretos para juzgar a los represores de la dictadura aún después de treinta años. En el marco de esta polémica, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, anunció que pedirá el juicio político de los jueces de la Cámara de Casación y que planteará un jury a integrantes del Tribunal Oral 5 por mal desempeño en sus funciones.