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agente pasará 17 años en la cárcel


[Carlos Rodríguez] Diecisiete años de cárcel al policía que mató a una mujer embarazada. El policía reprimió a tiros a unos jóvenes que jugaban al carnaval, en el verano de 2003. Uno de sus disparos mató a Verónica Gauto: su beba nació cuando ella ya había muerto.
Buenos Aires, Argentina. Melina Milagros cumplió cuatro años el 29 de enero pasado. Su nacimiento, en 2003, coincidió con la muerte de su madre, Verónica Jaquelin Gauto, de 19 años, asesinada de un balazo por el policía bonaerense Antonio Fabián Sosa, condenado ayer a 17 años de prisión. La nena de cuatro años, que no estuvo presente durante la lectura de la sentencia, nació por cesárea cuando su madre ya había fallecido. Esa es la razón de su segundo nombre. Sosa fue condenado por "homicidio simple con dolo eventual" porque esa tarde, en un barrio de Bernal, con su Browning 9 milímetros, hizo tres disparos contra un grupo de jóvenes de entre 14 y 17 años que, créase o no, habían cometido el "delito" de jugar al carnaval. Durante esa "peligrosa" actividad habían mojado a una chica que los denunció ante el policía Sosa, quien respondió con balas a las bombas –de agua– que los chicos habían arrojado. Verónica, que ni siquiera participaba del juego, recibió un disparo en la cabeza, mientras uno de los chicos, Cristian Ezequiel Núñez, fue herido de un balazo en el hombro. El policía fue absuelto por esa lesión, dado que, en ese punto, la causa ya prescribió.
Los jueces del Tribunal Oral 3 de Quilmes, Alejandro Portunato, Armando Topalian y Alicia Anache, consideraron que si bien el acusado pudo no haber tenido la intención de matar a la joven, al disparar en plena calle, en presencia de un importante número de personas, debió haberse representado la posibilidad de provocar un daño grave. Además, apretó el gatillo de la 9 milímetros, en forma innecesaria, ante un grupo de chicos desarmados. Los miembros del tribunal fijaron una pena de 17 años, uno menos de los 18 que habían solicitado el fiscal del juicio, Javier Mendoza, y el abogado de la familia de la víctima mortal, Ricardo Ferrari. El abogado querellante opinó que "el monto de la pena está indicando que el tribunal ha considerado como agravantes la condición de policía, el uso de arma de fuego y la extensión que el daño causa a la hija de la víctima y al viudo". En declaraciones a Página/12, Ferrari consideró que "aunque la muerte es irreparable, en este caso estamos agradecidos con los jueces porque aplicaron la ley como corresponde". Jorge Cejas, el marido de la madre asesinada, se manifestó "muy conforme" con el fallo. "La verdad es que esperaba menos porque he visto otros casos, en este mismo tribunal, en los cuales los acusados se fueron en libertad", aseguró Cejas.
Los jueces consideraron de "real valía", por ser un testigo "carente de todo interés vinculado a las partes", lo que declaró en la audiencia Jesús Gabriel Taborda, dueño de una verdulería ubicada cerca de la calle Los Andes, entre 178 y Camacuá, en la localidad bonaerense de Bernal, donde ocurrieron los hechos a partir de las 14.30 del 29 de enero de 2003. El verdulero del barrio confirmó que esa tarde "seis o siete jóvenes" estaban "jugando al carnaval". La cosa estuvo tranquila hasta que escuchó "un griterío" y cuando salió a la vereda, observó la presencia "de un patrullero (de la comisaría séptima de Quilmes), con dos policías a bordo (uno de ellos era Sosa), discutiendo con los chicos que jugaban con agua". Los incidentes más graves, previo a los disparos, fueron protagonizados por Graciela Noemí Quintana, la mamá de Cristian Núñez, quien salió a defender a su hijo cuando vio que Sosa había comenzado a golpearlo. "A mi hijo no", gritó la mujer, según el relato de Taborda, al tiempo que ella le arrojaba un golpe al suboficial Sosa, que antes le había aplicado al chico un par de bastonazos. "El policía sacó el arma, tiró un tiro y otros disparos al chico", por Cristian, dijo el testigo. "Después el policía siguió tirando mientras el pibe se retiraba corriendo." Por la herida recibida, en un hombro, Cristian Núñez tuvo que ser asistido en una sala de primeros auxilios de Villa Ofelia. El disparo que mató a Verónica Gauto fue hecho desde una distancia de 30 metros.
Los hechos narrados por Taborda fueron corroborados por los testigos Rubén Oscar Zárate, Daniel Eduardo Cejas y Ariel Alberto Cejas, quienes observaron todo lo ocurrido desde un corralón ubicado sobre la calle Los Andes. Todos insistieron en lo mismo: "Los chicos estaban jugando al carnaval, no hacían nada malo y ninguno de ellos estaba armado". En el fallo, Sosa fue absuelto del cargo de "abuso de armas agravado" en perjuicio del joven baleado, dado que transcurrieron más de tres años de ocurrido el hecho. La pena máxima prevista por ese delito es también de tres años. Luego de escuchar el veredicto en silencio, el ex policía fue trasladado a la Unidad Penal 35 de Magdalena.
Verónica Gauto llevaba un embarazo de 38 semanas y fue trasladada muerta al hospital de Wilde, donde un equipo médico le realizó una cesárea para extraer, con vida, a la beba, a la que llamaron Melina Milagros.
En el debate, para tratar de justificarse, Sosa aseguró que cuando fue "a dispersar a los jóvenes" lo tiraron al piso y que uno ellos le sacó el arma, que se disparó sola. Los jueces no le creyeron porque esa versión fue desmentida por varios testigos, entre ellos el marido de la víctima y el joven que resultó baleado. El martes, en su alegato final, Sosa dijo estar "arrepentido". Milagros todavía no tiene una opinión formada, porque su padre todavía no le dijo cómo mataron a su madre. "Es muy chiquita", dijo Jorge Cejas cuando le preguntaron por la nena.

16 de agosto de 2007
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pobres sufren mayor inflación


Durante la primera mitad del año la inflación para los pobres fue de 4,4%, contra el 3,3% para el grupo más rico.
Buenos Aires, Argentina. Durante el primer semestre del año, según el Indec, la inflación de los pobres fue mayor que la de los sectores más acomodados. Un informe distribuido ayer por el organismo (‘Variaciones de precios según la estructura de consumo por quintil de ingresos') muestra que para el 20 por ciento más pobre de la población la inflación oficial fue durante la primera mitad del año del 4,4 por ciento, mientras que para el 20 por ciento más rico alcanzó sólo el 3,3 por ciento. Tal diferencia se explica por la fuerte suba del precio de los alimentos, aun en los índices ‘retocados' del Indec. El IPC, siempre para el área metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires), entre enero y junio marcó 3,9 por ciento.
El índice de precios al consumidor mide, en teoría, la evolución de precios para una canasta de consumo promedio de los hogares. Pero dicha canasta muestra diferencias importantes según los estratos socioeconómicos de que se trate. En los hogares pobres la ponderación del rubro alimentos es mucho mayor que en las familias ricas, mientras que en estas últimas sobresalen consumos como "esparcimiento" (turismo); "equipamiento y mantenimiento del hogar"; "atención médica" (prepagas); y educación (cuotas de colegios privados).
En cifras, según el Indec, para el "primer quintil" (20 por ciento de menores ingresos) de la población, el rubro alimentos y bebidas acapara el 46,6 por ciento de la canasta de consumo, mientras que para el "quinto quintil" (el 20 por ciento de mayores ingresos) insume sólo el 23,3 por ciento del presupuesto. El primer quintil gasta el 8,67 por ciento de su presupuesto en "esparcimiento", mientras que en el quintil más alto esa proporción sube al 12,15 por ciento. El quintil más pobre gasta el 2,15 por ciento en educación, mientras que en el sector más rico ese gasto representa el 5,16 por ciento. En equipamiento del hogar, el quintil de menores recursos destina el 4,06 por ciento del presupuesto, mientras que en el quintil más acomodado se duplica: 8,71 por ciento. Finalmente, en atención médica y gastos para la salud, las diferencias también son importantes: 6,47 por ciento del presupuesto para el segmento más pobre (fundamentalmente gasto en remedios), y 10,74 por ciento en el grupo más pudiente.
Así, como la suba de precios de los alimentos, de acuerdo con el Indec, superó durante este año al resto de los rubros, la "inflación de los pobres" también fue mayor. Sin embargo, parece ser un dato subestimado por el Indec. Los motivos son dos. Por un lado, porque desde enero, la grosera manipulación del índice de precios al consumidor, a cargo de Beatriz Paglieri, fue notoria en el rubro alimentos: desde los precios del pan hasta los valores en frutas y verduras.
Por otro lado, el propio Indec admite que la canasta de consumo está desactualizada, ya que corresponde a la encuesta de gastos de los hogares del año 1996/97. "Las encuestas de gastos en hogares se realizan al menos cada 10 años. Actualmente los países tienden a realizarlas cada 5 años. La nueva encuesta, que se realizó en el año 2005, nos proporcionará la próxima estructura de gastos de consumo para el IPC del Gran Buenos Aires", asegura el comunicado de prensa del organismo distribuido ayer.
Dicho de otro modo, las ponderaciones de gastos de los hogares vigentes corresponden a patrones de consumo de una década atrás, con el agravante de que en el medio ocurrió la megacrisis del 2001/2002. Así, según los expertos, es de esperar que hoy la ponderación de los alimentos en el rubro gastos de los hogares pobres sea mayor. Y por lo tanto también sería mayor el impacto inflacionario que padecieron estos hogares en lo que va del año.

15 de agosto de 2007
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cura demoníaco exigía dólares


Testimonios sobre el rol de von Wernich en la desaparición del Grupo de los 7. "El cura le pidió dinero a mi madre".
En el juicio oral al ex capellán de policía, Adriana Idiart contó cómo Von Wernich engañó a su familia y recibió 1500 dólares para organizar un supuesto viaje al exterior de su hermana Cecilia, que está desaparecida. También declaró Mona Moncalvillo, cuyo hermano fue asesinado. Dijo que el cura "fue salpicado con su sangre".
El testimonio de Adriana Idiart abrió un nuevo día de audiencias en el juicio oral al ex capellán de policía Christian von Wernich: "El cura le pidió dinero a mi madre para sacar a Cecilia del país", dijo ayer en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Por segunda vez, el juicio profundizó las muestras de la participación del ex capellán en los crímenes del llamado ‘Grupo de los 7', el grupo de militantes de Montoneros secuestrados en la Brigada de Investigaciones de La Plata y asesinados cuando supuestamente iban a ser liberados. En la audiencia hablaron familiares directos de esos detenidos, como Adriana, hermana de Cecilia Idiart. Contaron el rol de gestor del cura y hasta de su participación en un festejo de cumpleaños con una "torta" y un "lechón". También declaró Mona Moncalvillo, periodista y hermana de uno de los asesinados: el cura "participó en la muerte de estas personas –dijo–. Fue salpicado con su sangre y luego les decía (a los policías que participaron de la operación) que eran bendecidos por Dios".
"El cura no usaba la palabra ‘detenida' –explicó Adriana Idiart–, decía que ella (Cecilia) estaba ‘retenida'. Y decía que él les daba apoyo espiritual y que así les fue cambiando su forma de pensar, los había rehabilitado y estaban preparados para salir, ya que eran buenos chicos."
Von Wernich está acusado por 31 casos de torturas, 42 privaciones ilegales de la libertad y por los siete homicidios de los integrantes del grupo de militantes montoneros, eje de su acusación a prisión perpetua y tema de los dos últimas audiencias del juicio oral. Según el fiscal federal Sergio Franco, el ‘Grupo de los 7' eran militantes que estaban "bajo un régimen especial que les permitía salir del lugar, supuestamente, a cambio de prestar cierta colaboración", tras lo cual les prometieron sacarlos del país. A tres de ellos se les dijo que irían a Uruguay, a otros tres a Brasil y a uno a Chile. De esa tarea, según la fiscalía, participó Von Wernich, quien tomó contacto con familiares, les pidió dinero y acompañó a los muchachos hasta el momento de la ejecución. Los testimonios de ayer abundaron en esa dirección.
La hermana de Cecilia contó detalles sobre el papel que jugó el ex capellán en la preparación del supuesto viaje de los muchachos. Y describió que su madre le entregó "1500 dólares". Al acercarse la fecha del viaje, contó, también él "pidió que le preparáramos ropa y entonces mi mamá compró una valija, bolsos y ropa nueva para Cecilia". De acuerdo con los datos que le había dado el cura, Cecilia era una de las personas que viajaría a Brasil. "Nos dijo que debíamos darle dinero suficiente como para vivir un mes, por si no conseguía enseguida un trabajo."
Cecilia Idiart conservaba secuelas de una poliomielitis. Era de Bragado, la secuestraron el 15 de diciembre de 1976 en La Plata. Su familia no supo nada de su destino hasta que después de siete meses ella misma se comunicó por teléfono porque había recibido una especie de permiso para visitas. "Cuando fuimos a verla –dijo su hermana–, estaba bien, contenta, dijo que había estado yendo de un lado para otro, pero que a partir de que llegó a la Brigada (de Investigaciones), tuvo una atención privilegiada, que estaban como unas reinas." En esos lugares, aparecía Von Wernich con esa presencia "horrorosa" –como dice el expediente– entre los detenidos-desaparecidos.
Con el cura los familiares de Cecilia compartieron el lechón y la torta cuando llegaron a festejar su cumpleaños. "Von Wernich iba seguido a casa", agregó la hermana. "Cuando venía de La Plata, antes de ir a 9 de Julio (donde daba misa en la Catedral), pasaba por casa y nos dejaba cartas de Cecilia y antes de retornar a La Plata pasaba y recogía una encomienda con comida que mi madre preparaba para Cecilia y los chicos."
Con Cecilia estaban detenidos Domingo Moncalvillo, María Magdalena Mainer, Pablo Mainer, María del Carmen Morettini, Liliana Galarza y Nilda Susana Salomone. Con todos el cura parece haber repetido situaciones parecidas. A los Idiart les prometió tramitar el pasaporte y el DNI, y les aseguró que él iba a acompañar a todos en el viaje que emprenderían los siete muchachos divididos en tres grupos por cuestiones de seguridad. Con esa certeza, las familias se dispusieron a esperar el día, pero no dejaron de hacer las visitas. En ese lapso, los Idiart un día llegaron a la Brigada de Investigaciones de La Plata y supieron que una de las chicas se había ido, luego se enteraron de que se había ido otro grupo y finalmente, dijo Adriana ayer, "un día nos dice que ‘Cecilia recién' se fue, así que nos pusimos contentos porque pensamos que ya estaba rumbo a Brasil".
Según los planes, Cecilia abandonaría la Brigada de Investigaciones con Salomone y Domingo Moncalvillo. Llegaría hasta el aeroparque a tomar el vuelo a Brasil. Pero el traslado ni siquiera empezó.
Mona Moncalvillo recordó ayer el final de ese episodio. Su hermano Domingo había sido detenido en diciembre de 1976 y hasta marzo del '77 no supieron dónde estaba. En ese momento, se los dijo un comisario. Durante el secuestro, la familia vivió episodios de chantaje similares al resto con mecanismos y propuestas como la promesa del viaje. Como había sucedido con la familia de Cecilia, también ellos le dieron dinero al cura, dijo la periodista. Y en ese contexto recordó la declaración de un ex policía, Julio Emmed, que hizo una confesión en 1984 ante la Conadep. En esa ocasión dijo que él mismo sacó a los jóvenes de la Brigada de Investigaciones de La Plata, a quienes se los tiró en un descampado camino a Brandsen y luego se los tiroteó. Según el expediente, aquella vez el ex policía también dijo que "todos habrían sido asesinados" con una "intervención protagónica" de Von Wernich. Ese policía luego murió, por eso no está ahora como testigo. En su lugar, el tribunal tomará declaración el jueves a Graciela Fernández Meijide, secretaria de Actas de la Conadep y quien tomó aquel testimonio.
"Von Wernich le dijo a Emmed –contó Moncalvillo–, después de terminado el operativo que les costó la vida a los siete muchachos, que no se arrepintiera de lo que había hecho porque era una sangre bendecida por Dios" y que "Dios perdonaba esas muertes". Según la periodista, el encuentro se produjo luego de los asesinatos en el despacho de Miguel Etchecolatz, el ex jefe de policía de la provincia. En esa ocasión, Emmed estaba "sho-ckeado" porque estaba salpicado por la sangre de uno de los jóvenes. Ese joven, dijo Moncalvillo, "al darse cuenta de que lo iban a matar se resistió durante el traslado y recibió un culatazo en la cabeza, que lo hizo sangrar". Los jóvenes, contó la periodista en línea con aquel relato, "habrían sido asesinados camino a la ciudad de Brandsen, a unos kilómetros de La Plata, y sus cuerpos, luego de quedar depositados un tiempo en la morgue judicial, fueron quemados junto a una gran cantidad de neumáticos en Puesto Vasco".
Cuando los Idiart le preguntaron a Von Wernich por Cecilia, el cura le respondió a la madre de ella "que tuviera paciencia, que no estuviera tan ansiosa y le decía: ‘¿Vio cómo son los chicos? Tardan en comunicarse' y tiempo después cuando quiso volver a verlo, ya no lo encontró", relató Adriana. Dos meses después, la familia Idiart recibió un telegrama de Etchecolatz por una cita. Cuando se presentaron, el represor les preguntó qué noticias tenían de Cecilia Idiart. "Mi mamá le dijo que ellos eran los que tenían que saber dónde estaba –contó su hermana ayer–, pero Etchecolaz le dijo: ‘Nosotros no sabemos nada y estamos más preocupados que ustedes, ustedes eran colaboradores nuestros y tenemos más miedo que ustedes por saber dónde están'."
Los Idiart, como muchos, creen que a esa altura los jóvenes sabían demasiado, y tal vez por eso se decidió asesinarlos. En ese terreno, la querella de Justicia YA cree que el ‘Grupo de los 7' fue el último gran hecho de la cúpula de represores de la provincia, porque seis días después de que el último conjunto de ellos parte, Camps cambia de lugar. "Tal vez todo esto –dice Guadalupe Godoy– fue una forma de borrar rastros."

14 de agosto de 2007
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embarazo adolescente en argentina


[Mariana Carbajal] Cada cinco minutos una niña da a luz en Argentina. Tras 25 años, aumentó la fertilidad adolescente.
Buenos Aires, Argentina. Durante 25 años, la tasa de fertilidad adolescente fue descendente, pero desde 2003 comenzó a subir. Ese índice en la Argentina es de 64 de cada mil, superior al promedio que se da en países desarrollados, que es de 27 de cada mil, e incluso más alto que el de los menos desarrollados, 54 de cada mil.
Tres de cada diez adolescentes encuestados en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y Rosario todavía creen que las mujeres no pueden quedar embarazadas en su primera relación. La mayoría tuvo en la escuela alguna charla sobre salud sexual y reproductiva, generalmente a cargo de la profesora de biología o de algún laboratorio, y en este último caso dirigida particularmente a las mujeres. Mientras tanto, la tasa de fecundidad adolescente sube en el país desde 2003, cuando se quebró la tendencia descendente de los últimos 25 años. En 2005 –la última medición oficial–, 64 chicas de cada mil de entre 15 y 19 años fueron madres. O dicho de otra forma: cada cinco minutos una adolescente dio a luz.
Las estadísticas del Ministerio de Salud muestran que en 2005 nacieron 104.410 bebés de mamás de 15 a 19 años y 2699 de menores de 15 en todo el país. El total de nacimientos fue de 712.220, una cifra que se mantiene más o menos estable desde hace años. Es decir, el 15,2 por ciento correspondió a madres menores de 20 años. Hay grandes diferencias entre provincias: las tasas más altas de fecundidad adolescente corresponden a Chaco, Formosa y Misiones, donde se supera ampliamente el promedio nacional. La más baja, muy por debajo de la media del país, se registra en la ciudad de Buenos Aires.

Números
Para analizar la magnitud del fenómeno a nivel internacional se toma en cuenta la tasa de fecundidad de las chicas de 15 a 19 años, esto es la cantidad que se convierte en madre por cada 1000 de ellas –se presume que los embarazos más precoces, de 14 años para abajo, están asociados a situaciones de abuso sexual–. La investigadora Edith Pantelides, del Centro de Estudios en Población (Cenep), abordó desde hace años el tema y viene siguiendo la evolución de las cifras en el país. "Desde 1980, cuando se registraron 78,3 chicas de 15 a 19 años que tuvieron un hijo, la tasa de fecundidad adolescente venía bajando, pero en 2004 se rompió esa tendencia: de 56,4 en 2003 trepó en un año a 62,8 por cada 1000. Y en 2005 otra vez aumentó, aunque levemente", señaló a Página/12. El último registro dado a conocer oficialmente indica que por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años, dieron a luz 63,7, más del doble de la tasa promedio del quinquenio 2000 y 2005 de los países desarrollados que fue de 27 por cada 1000; e incluso superior al promedio en ese período de los países menos desarrollados, de 53,4 por cada 1000, de acuerdo con los cálculos que lleva Pantelides. La media en el mundo es de 49,7 adolescentes madres por cada 1000.
De paso por Buenos Aires, el chileno Ramiro Molina Cartes, presidente de la Federación Internacional de Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia, aportó a este diario algunos datos más: la tasa de fecundidad adolescente en Suiza es de 7 por 1000, en Francia de 9 por 1000 y en Alemania de 11 por 1000. En Chile, 44 dan a luz por cada 1000 chicas de 15 a 19 años.
De todas formas, todas estas cifras –incluidas las de la Argentina– no captan las gestaciones tempranas que terminan en abortos, una cara oculta del embarazo adolescente. Para tener apenas una idea de esta cifra negra vale recordar que en el país "entre 1995 y 2000 aumentaron un 40 por ciento las internaciones de adolescentes por complicaciones de abortos", precisó a Página/12 Alicia Gutiérrez, tocoginecóloga de guardia del Hospital Durand y coordinadora del Comité de Desarrollo del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam). Fue la última medición oficial de los egresos hospitalarios.

Oportunidades
El embarazo adolescente es un problema complejo. No se conocen aún investigaciones que respondan por qué se quebró la tendencia descendente de la tasa de fecundidad que se observaba en el país desde 1980. Se sabe, sí –y esto ha surgido en estudios recientes– que especialmente en los sectores más pobres, la gestación temprana, aunque no sea planificada, puede esconder un deseo oculto de una joven, que puede ver la maternidad como proyecto de vida ante la ausencia de otros horizontes. No siempre está en juego el desconocimiento para evitar el embarazo o la imposibilidad de acceso a los métodos anticonceptivos. "Las condiciones materiales de vida que la sociedad les ofrece a estas chicas y el medio familiar en el que se socializaron forman parte de la construcción de su subjetividad, y eso implica que muchas de ellas no se planteen otra manera de realización personal que las de ser madres", advirtió Gabriela Perrota, investigadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, al comentar los resultados de un estudio que realizó entre adolescentes de la Villa 20 del barrio porteño de Lugano y presentó en la última semana en las Séptimas Jornadas de Salud y Población Instituto Gino Germani de la UBA. "Es válido que una adolescente quiera embarazarse, pero hay que preguntarse entre qué cosas elige. El Estado debería garantizar igualdad de oportunidades para todas las adolescentes", acotó Gutiérrez. Para ello, acuerdan los especialistas, es básico garantizar el acceso y la permanencia en la escuela. "Para prevenir el embarazo adolescente, en primer lugar se necesita que chicas y chicos tengan educación formal y que sea de calidad. En la medida en que se tiene mejor educación, se obtiene un retroceso en la edad de iniciación sexual y lo mismo se observa en la medida en que los padres de estos jóvenes también tienen mejor educación. Pero también se necesita que tengan educación sexual y acceso a anticonceptivos", consideró Molina Cartes, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Chile, a cargo, además, del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia, ubicado en el campus universitario en la ciudad de Santiago.
Molina Cartes reveló que hay 29 programas de educación sexual evaluados científicamente en el mundo y esos testeos demuestran que ese tipo de iniciativas retrasa la edad de la primera relación en más de 12 meses. "Con educación sexual no se logra la abstinencia, ni tampoco se promueven la promiscuidad y la actividad sexual temprana. Sí se consigue un impacto en la fecundidad adolescente, se la protege. El efecto más importante es que mejora la calidad de vida del joven al permitirle desarrollar su vida sexual sin riesgos y sin miedos, de manera normal", destacó el experto chileno.
La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud –cuyos resultados se dieron a conocer este año– encontró que el 44 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años ya había debutado sexualmente. Un 20 por ciento de las chicas sexualmente activas admitió no usar ningún método anticonceptivo.

Avances
En materia legislativa, la Argentina ha dado grandes pasos en los últimos años para abordar el problema. En 2002 se sancionó la ley que creó el programa de Salud Nacional de Sexual y Reproductiva –que está en marcha desde 2003– y estableció el derecho de los adolescentes a acceder a servicios de procreación responsable sin necesidad de la compañía de un mayor: se les debe dar información y también anticonceptivos. Sin embargo, "la oferta de servicios para adolescentes es escasa, salvo algunos hospitales como el Argerich, que tiene un servicio amigable para los jóvenes, donde no tienen que pedir turno", indicó Gutiérrez del Celsam. Hay otro factor que obstaculiza la llegada de jóvenes a un consultorio de salud reproductiva: "Los chicos se sienten intimidados de ir a consultar a un hospital, y tienen temor de que se les vaya a contar a sus padres que tienen relaciones sexuales. En todo el mundo, para captarlos, se apunta a crear centros de atención primaria para ellos", agregó Gutiérrez. Y recordó que durante el gobierno de Carlos Menem se anunció el Programa de Atención Integral de Salud Adolescente, una iniciativa que precisamente planteaba la apertura de centros comunitarios y barriales para jóvenes, articulados con las escuelas: "Pero el plan, lamentablemente nunca se implementó".

Ya que los adolescentes no concurren fluidamente a los hospitales, en el Alvarez, del barrio porteño de Flores, han resuelto salir a buscarlos con una estrategia copiada de una experiencia mexicana: a través de los empleados de farmacias, adonde los y las jóvenes van a comprar preservativos u otros anticonceptivos. El proyecto se pondrá en marcha próximamente y consiste en capacitar a los empleados de las farmacias del área de influencia del Álvarez como "agentes multiplicadores de salud" para que den un primer asesoramiento a los adolescentes en salud sexual y reproductiva, y los deriven a un centro de salud de la zona.

Preservativos, ¿para Qué?
El otro gran avance legislativo que se dio en el tema ha sido la aprobación de la Ley Nacional de Educación Sexual. En el Ministerio de Educación están trabajando en la elaboración de los contenidos mínimos. La ciudad de Buenos Aires también sancionó el último año una normativa similar, que se está poniendo en marcha en las aulas. El problema, advierte Gutiérrez, es que "para ver resultados en salud pública una política necesita cinco años".
Algunos estudiosos del tema ya plantean que la educación sexual en las aulas no es suficiente para ayudar a los adolescentes a protegerse de algunos de los riesgos potenciales de la actividad sexual. "La Organización Mundial de la Salud promueve el modelo de consejería orientada a los jóvenes. Lo ideal es que un profesional la brinde en las escuelas. El concepto es que haya un ámbito donde los alumnos puedan plantear sus dudas cotidianas, lo que les pasó el fin de semana. En una clase de educación sexual los chicos ven la sexualidad como algo ajeno, lejano", señaló a Página/12 la socióloga Marcela Aszkenazi, especialista en Estudios de Género e integrante del Programa de Adolescencia del Hospital de Clínicas. Con una beca del Ministerio de Salud está haciendo consejería en una escuela técnica del barrio Fuerte Apache, partido de Tres de Febrero, adonde concurre una vez por semana. "Las charlas con los alumnos se orientan con las inquietudes del grupo", explicó. Aszkenazi llegó a ese proyecto luego de indagar entre medio millar de adolescentes de 12 a 19 años del partido de Tres de Febrero, la ciudad de Buenos Aires y Rosario, sobre los conocimientos, las creencias y sus prácticas respecto de su salud sexual y reproductiva.
Entre los hallazgos más significativos del estudio, financiado por la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris), se destacan los siguientes:

- El nivel de conocimiento acerca del aparato reproductor es relativamente bajo en todos los entrevistados, aunque los que menos saben resultaron ser los de Rosario. Del mismo modo, fueron los rosarinos los que demostraron menor información sobre las enfermedades de transmisión sexual.

- Una gran mayoría se cuidó en su primera relación sexual y casi todos con preservativos.

- Pero alrededor del 30 por ciento de todos los jóvenes cree que una mujer no puede quedar embarazada en su primera relación sexual.

- Si bien más del 70 por ciento de los jóvenes cree que debe usar preservativos aunque la pareja sea conocida (compañeros de escuela, amigos) y tome pastillas anticonceptivas, muchos respondieron que depende de cuánto hace que se conocen.

- La mayoría había recibido en la escuela información sobre salud sexual y reproductiva: ETS y métodos anticonceptivos. En general habían sido clases dictadas por el profesor o la profesora de biología o una charla dada por un laboratorio y, en este último caso, dirigida particularmente a las mujeres.

13 de agosto de 2007
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suspenso en caso dalmasso


[Raúl Kollmann] En el caso Dalmasso, hasta el FBI juega al suspenso y el misterio. Prometió entregar las pericias a fin de julio, pero no lo ha hecho todavía.
El FBI sigue sin entregar su informe sobre las muestras recogidas en la habitación donde asesinaron a Nora Dalmasso. El delegado en la Argentina de la organización policial norteamericana, William Godoy, había prometido resultados para julio, pero transcurrida más de una semana de agosto, en Río Cuarto y en la fiscalía de Javier Di Santo siguen sin recibir las conclusiones del análisis de pelos, un pedazo de sábana, un trozo del cinturón de la bata e hisopados anales y vaginales recogidos cuando se descubrió el cuerpo sin vida de Norita. Las dos ramas de la familia de la víctima, los Macarrón y los Dalmasso, presentaron sendos informes en los que ratifican que hubo violación. Incluso los textos firmados por el criminalista Raúl Torre y el forense Osvaldo Raffo hablan de un psicópata que perpetró "un ataque contra la integridad sexual de la víctima". A esa conclusión ya había llegado, de hecho, el fiscal Di Santo, ya que en las dos imputaciones que hizo calificó los hechos como abuso sexual o violación seguidos de muerte.
El informe del FBI es decisivo y, si no aporta un perfil genético, el crimen de Nora Dalmasso corre serio riesgo de quedar impune. El fiscal Di Santo recurrió al laboratorio ubicado en Quantico, Virginia, para que no se pudiera argumentar que se hicieron maniobras o trampas con los rastros del homicida. Sin embargo, ya han transcurrido ocho meses sin respuesta. El 14 de junio pasado, el delegado del FBI en la Argentina, William Godoy, le dijo al diario La Voz del Interior que el informe sería entregado antes de finales de julio. Por ahora, no sólo la fiscalía no recibió lo prometido, sino que Di Santo carece de todo dato sobre el informe: cuándo se entregará y, sobre todo, si han podido determinar o no algún perfil genético.
En los últimos tiempos hubo mucha polémica alrededor de las dos hipótesis que de entrada se manejaron sobre el crimen: la de un ataque de locura de un homicida que mantenía una relación consentida con Norita o la de un sujeto que la venía acechando a escondidas, la atacó y la violó. Ese debate está zanjado, al menos desde el punto de vista judicial. El fiscal Di Santo hizo hasta el momento dos acusaciones:

u Contra el pintor Gastón Zárate, a quien imputó por violación y homicidio. La Cámara valoró las pruebas presentadas por Di Santo, pero ante el escándalo que se produjo en Río Cuarto por la detención del pintor, los magistrados le dijeron al fiscal que debía corroborar sus evidencias con el perfil genético del homicida que, supuestamente, saldría de los estudios del FBI.

u Di Santo también acusó a Facundo Macarrón, con grado de sospecha leve, por homicidio y abuso sexual. El fiscal se apoya en un informe del Ceprocor que estableció la existencia de un perfil genético masculino de la rama Macarrón en células encontradas en la vulva, la vagina, sábanas y un trozo del cinturón de la bata procesados por el laboratorio cordobés. La defensa de Facundo, a cargo del abogado Marcelo Brito, ya presentó un pedido de nulidad de ese estudio e incluso cuestiona la forma en la que se levantaron las muestras de la escena del crimen. Más allá de ese debate científico-criminalístico, el fiscal no tiene pruebas contra Facundo, entre ellas la fundamental: no ha podido establecer que el hijo de Nora haya estado en Río Cuarto la madrugada del crimen. A eso debe sumarse que tampoco hay testimonio alguno de peleas ni de relaciones incestuosas entre madre e hijo.

Brito cree que los rastros genéticos, si es que existen, pertenecen a Marcelo Macarrón, marido de Norita, y corresponden a su convivencia habitual. También respecto de la acusación contra Facundo, el informe del FBI es fundamental.
En los últimos días, Diego Estévez, el abogado de la familia Dalmasso, es decir de los padres de Norita y del hermano de la víctima, presentó un informe en el que ratifica que la mujer fue víctima de un ataque sexual, obra de un psicópata, pervertido sexual, que conocía la casa y los movimientos de Nora. "Ese sujeto sabía que ella se quedó sola y fue a su domicilio el sábado a la madrugada con el único objetivo de violarla. Esta hipótesis fue investigada superficialmente y se debe buscar en quienes conocían la casa, los que trabajaban en ella y no en el círculo íntimo", definió Estévez ante el fiscal.
En el mismo sentido se pronunciaron el criminalista Torre y el forense Raffo. Ambos hicieron estudios profundos de las lesiones que presenta el cuerpo de Norita. Raffo identificó, uno por uno, los rastros del ataque sexual, incluyendo lesiones genitales y paragenitales, mordeduras y rastros de agresiones en los senos, golpes en la cabeza, raspones en el codo. Torre detalló la mecánica del hecho con muchísima bibliografía de apoyo con la que demuestra que se trata de un caso muy típico por la forma en la que fue encontrado el cuerpo, desnudo, con las piernas abiertas y el método del homicidio, el estrangulamiento, habitual en los asesinatos después de una violación. Señala Torre que el homicida planificó el ataque con anterioridad, estuvo al acecho aquella noche y, en función de la inspección de la escena del crimen y las lesiones de la víctima, dictaminó que el ataque se produjo después de que Nora terminara de bañarse y lo perpetró un individuo con perfil psicopático.
Los escritos de la familia Dalmasso y de los Macarrón quedaron incorporados a la causa, pero parecen destinados más bien a quedar como documentación para un eventual juicio oral. Lo más urgente, la prueba que puede encaminar la investigación es el informe del FBI. Pero por ahora no aparece y constituye un gran signo de interrogación.

10 de agosto de 2007
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vínculos con la alianza anticomunista


[Irina Hauser] Carlos Petroni, victima de la Triple A, denunciará al líder de la CGT. En la causa está imputada Isabel Perón.
Carlos Petroni, víctima de la Triple A y querellante en la causa que investiga sus crímenes, se presentará hoy ante el juez Norberto Oyarbide e insistirá en demostrarle la relación de Hugo Moyano con aquella organización de ultraderecha a través de una rama que operaba en Mar del Plata. Petroni ya le había pedido al juzgado que citara a declarar al líder sindical: ahora sumará, dice, nuevos elementos. Según el denunciante, se puede probar que hacia 1974 Moyano mantenía reuniones semanales con quien encabezaba la pata marplatense de la banda terrorista, Ernesto Piantoni. Le atribuye, además, la publicación de solicitadas contra la militancia de izquierda y el peronismo disidente que precedieron atentados y asesinatos. También, la difusión de comunicados de la Juventud Sindical Peronista (JSP) de igual tenor, donde se justificaba, por ejemplo, el homicidio del diputado Rodolfo Ortega Peña, reivindicado por las Tres A.
En febrero, Petroni entró a la página web del gremio de Camioneros, buscó la biografía de Moyano y advirtió una omisión. "No había ninguna referencia a lo que hizo y los lugares que ocupó entre 1972 y 1981", explica el querellante, ex dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). No sería un detalle menor, ya que en ese lapso, sostiene, el camionero se habría relacionado con la Concertación Nacional Universitaria (CNU), el grupo de ultraderecha que actuaba en Mar del Plata y se fusionó con la Triple A. "Algunos de sus integrantes –agrega– se incorporaron a los grupos de tarea de la dictadura militar."
La vinculación, según Petroni, estaba dada por los puestos clave que Moyano ocupó en esos años: encabezaba el gremio en la ciudad balnearia, era delegado en la CGT local y en la Junta Nacional de la JSP, otra agrupación de extrema derecha en cuya fundación participó en 1973. Integró, a su vez, la Juventud Peronista de la República Argentina que lideraba Julio Yessi, mano derecha de José López Rega.
"La JSP mantenía lazos operativos y actuaba como fuente de información de grupos como la CNU y la Triple A (...), participó en cientos de acciones violentas incluyendo la masacre de Ezeiza", explica el escrito que hoy entregará Petroni. "No sé si se podrá probar alguna participación directa de Moyano en los crímenes, pero la Justicia debería pedirle que cuente todo lo que sabe", reclama. Moyano no atendió los llamados de Página/12.
Su abogado, Daniel Llermanos, rechazó en su momento las primeras acusaciones de Petroni "porque son enormes falsedades".
Hasta ahora la resucitada investigación judicial sobre la Triple A se concentró en su estructura parapolicial y el papel de Isabel Perón. Oyarbide trazó responsabilidades iniciales por crímenes que considera delitos de lesa humanidad (imprescriptibles) y ahora el expediente está en la Cámara Federal, que definirá en unos días si acepta esa calificación.
Petroni reclama que la investigación judicial avance sobre un actor que considera fundamental en esta historia: la burocracia sindical. "Fue una institución que colaboró desde la masacre de Ezeiza hasta el golpe del '76, entregando a militantes y activistas de izquierda, rompiendo asambleas a cadenazos. De la última dictadura se ha establecido la culpabilidad de las Fuerzas Armadas, pero sobre su antecesor, la Triple A, sólo se ha señalado a López Rega, a (Rodolfo) Almirón o (Juan Ramón) Morales", advierte.
Una de las razones que motivaron a Petroni a presentarse otra vez ante el juez fue un encuentro que tuvo a mediados de marzo –cuenta– con los hijos de Piantoni, ex jefe de la CNU marplatense, a quien le atribuye los tres atentados que él sufrió en 1974. "Me contactaron después de que yo le informé al juez Oyarbide que le habían vendido en 2006 un edificio de 2400 metros cuadrados perteneciente a su empresa familiar (Piantoni Hnos.) al gremio de Moyano. Dijeron que los estaba perjudicando si seguía nombrando a su padre y que su empresa es apolítica", repasa.
Según el denunciante, aquel era el edificio "donde se reunían Moyano y Piantoni". "Lo admitieron sus hijos en la conversación que tuvimos, de la que tengo registro y en la que incluso precisaron que la venta fue por 900 mil dólares", asegura. Petroni le entregará al juez un escrito con extractos del diálogo y las pruebas de que existió, como la fotocopia de los documentos de los jóvenes.
La CNU fue responsable de cientos de atentados y crímenes, como quedó a la vista en el Juicio por la Verdad en Mar del Plata. El 6 de diciembre de 1971 la organización irrumpió en una asamblea en la Facultad de Arquitectura y asesinó a la estudiante Silvia Filler. Por ese crimen fueron condenados Héctor Corres y Juan Carlos Gómez –en un juicio donde los defendió Piantoni–, tras una fuerte campaña del llamado Comité de Repudio y Justicia, que tenía a Petroni entre sus impulsores. A eso atribuye, de hecho, los intentos de matarlo y su detención en el entierro de Ortega Peña, ocasión en la que fue interrogado por el propio Almirón, uno de los líderes de Triple A, cuya captura en España a fines del año pasado motivó el desarchivo de la causa de Oyarbide.
Piantoni fue asesinado en 1975 por un grupo guerrillero, relata el documento del querellante y destaca que la ultraderechista JSP llamó "con la firma de Moyano" a un paro de repudio. Entregará, además, material de diarios marplatenses de 1973 a 1975 que recuperó escarbando en varios archivos y que reflejan:

- Un comunicado de la JSP local, donde mandaba Moyano, que amenazaba con "identificar y capturar" a militantes Montoneros. "Era una colaboración con la represión estatal", dice Petroni. Otro que justificaba el asesinato de Ortega Peña (del Frente Justicialista de Liberación) y lo describía como "expresión de la guerrilla apátrida y antipopular".

- Una solicitada de la JSP y la CNU con advertencias al dirigente peronista Carlos Menéndez, días antes de que sufriera un atentado.

- La denuncia mediática de la CGT de Mar del Plata contra el abogado Jorge Candeloro, que asesoraba a los metalúrgicos, quien desde entonces tuvo constantes amenazas y fue asesinado en ‘La noche de las corbatas'.

- Un artículo que relata el ataque armado del SOIP y la JSP contra una asamblea en el gremio del pescado, un hecho que fue denunciado por militantes del PST, cuenta Petroni, "secuestrados y aparentemente asesinados entre 1975 y 1976".

9 de agosto de 2007
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métodos del cura demoníaco


Juicio al cura del infierno, Christian von Wernich. "La peor tortura la sufrí de parte de este señor, la tortura moral".
Fernando Schell, ex militante de base de la Juventud Peronista, contó en el juicio al cura Christian von Wernich los vejámenes a los que lo sometieron y cómo el sacerdote trataba de sacarle información.
Fernando Schell estremeció con su testimonio en el juicio al ex capellán de la Bonaerense.
"Usted no es un sacerdote, es un cura con jinetas", dijo hace mucho tiempo Fernando Schell, un ex detenido de la Brigada de Investigaciones de Quilmes que ayer declaró como principal testigo del día en la audiencia del juicio oral al ex capellán Christian von Wernich. Tras la semana de receso por la feria judicial, el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata reabrió el ciclo de audiencias con su testimonio, que permitió encuadrar al ex capellán como un engranaje más del aparato represivo del terrorismo de Estado.
"Me aplicaban picana en piernas y tetillas, pero lo principal eran los golpes; pero pese a las torturas, los golpes y las picanas, la peor tortura la sufrí de parte de este señor (en alusión a Von Wernich), la tortura moral."
Schell era militante de base de la Juventud Peronista, aunque en el centro clandestino le preguntaron una y otra vez por Montoneros, por su responsable y su grado en la organización. Quedó detenido en noviembre de 1977, mientras volvía a su casa. Lo trasladaron a la Brigada de Investigaciones, conocida como Pozo de Quilmes, parte del circuito Camps de la provincia de Buenos Aires y uno de los centros transitados por el cura Von Wernich en su doble rol de capellán de policía y hombre del sistema represivo. Sobre este cura pesan siete homicidios, 31 casos de torturas y 42 casos de privaciones ilegítimas de la libertad. Entre ellos, el caso Schell.
Según recordó, estuvo "102 días y 11 horas" secuestrado entre "simulacros de fusilamiento" y "torturas", y donde la presencia del sacerdote se hizo muy vívida. "Lo recuerdo –dijo ayer– y aún me duele que un sacerdote haga estas cosas."
"Diez días antes de mi liberación, en febrero de 1978 –explicó–, nos piden que no tengamos nada ‘despelotado' en el calabozo porque venía ‘El Cuervo' y me dicen: ‘Vení, alemán, que hoy te toca a vos', y me llevan a otro lugar, me sientan en una mesa y aparece este señor (por Von Wernich) con un asistente que le cebaba mate. ‘El Cuervo' le preguntó frente a una mesa: ‘¿Por qué estás acá?'. Y yo le dije: ‘Por pelotudo'."
"No me cabe ninguna duda", le respondió el cura, que a partir de entonces se sentó, mesa mediante, para mantener un diálogo extenso, en un contexto que subraya la situación del interrogatorio.
"‘¿Qué cagada hiciste, andabas poniendo bombas?', me preguntó. ‘Yo hacía política de base, soy militante de barrio', le dije yo. Y él me respondió: ‘Vos hacías las cosas mal'." En esa ocasión, el cura le preguntó por sus orígenes: "Y yo le dije que venía de una familia profundamente católica, un tío de papá era obispo". "Obispo de qué iglesia", preguntó el ex capellán. Y preguntó de qué iglesia venía él, quién era el cura. "Quiso sonsacarme cosas, quiénes son tus amigos, preguntaba. En un momento dado me dice: ‘¿Vos estás de novio?'.‘Sí, le dije'. Y entonces me dice: ‘Cagaste, ahora te van a cerrar la puerta en la cara'." Le dijo también que sucedería lo mismo con la familia de esa chica, con sus vecinos, que "si lograba salir, me iban a rechazar".
Su testimonio resulta valioso para el proceso. Guadalupe Godoy, de Justicia, ya lo explicó en estos términos: "Son testimonios que refuerzan la idea de que Von Wernich no estaba allí para dar apoyo espiritual, sino como parte del aparato, y formó parte de los interrogatorios no como un cura malo, sino como un engranaje más".
Detrás de Schell declaró Juan Carlos Guarino, un ingeniero electrónico al que lo interrogaban sobre interferencias en las transmisiones de televisión, preocupados por el Mundial de 1978; Norma Esther Leanza y Alcides Antonio Chiesa, un director de cine que hace tres años volvió al país. Los tres fueron convocados ante el Tribunal Federal Número Nº 1 de La Plata como ‘testigos contextuales' para acreditar la detención de Schell.

7 de agosto de 2007
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armas que no carga el diablo


[Darío Aranda] Ataque contra campesinos en Santiago del Estero. Civiles armados atacaron a dirigentes del Mocase y a un delegado internacional de derechos humanos. Acusan a terratenientes.
Un grupo de civiles armados atacó y persiguió a integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y a un delegado internacional de derechos humanos que, justamente, visitaba el país para evaluar la situación en los sectores rurales. "Son matones al servicio de una empresa que, desde hace tiempo, quiere hacerse de tierras de habitantes ancestrales de la localidad de Pinto", denunciaron desde el Mocase. Horas antes del ataque, la organización campesina había remarcado en los medios locales el papel de la empresa y sus presuntos negocios con una fundación donde tiene participación el ex intendente de la zona y actual vicegobernador, Emilio Rached. La empresa niega toda vinculación con el ataque.
"Una camioneta verde oscuro, sin patentes, con ocho encapuchados, con cinco de ellos armados apuntando, se nos adelantó. Nos hicieron señales de parar el auto, en una carretera oscura, de noche, encañonándonos con sus armas y apuntando a la cabeza", denunció el delegado de la Fundación Internacional Olof Palme y miembro de la Cátedra de Unesco en la Universidad Politécnica de Catalunya, Javier Álvarez: "Parecía que volvíamos a los años de la dictadura", dijo.
El hecho sucedió el jueves pasado, en la localidad santiagueña de Pinto (al sur de la provincia), cuando el delegado internacional visitaba la zona en conflicto, donde desde hace tres años la empresa de agronegocios Afagro proclama la titularidad de 40.000 hectáreas, muchas de ellas habitadas desde principios del siglo pasado por campesinos. En el vehículo del Mocase, además de Javier Álvarez, circulaban el dirigente campesino Ángel Strappazzon y tres estudiantes universitarios.
El Mocase está integrado por 9000 familias rurales que viven de lo que producen y resisten el modelo de monocultivo sojero. Desde fines de los '80, y más fuertemente en la década pasada, sufrieron intentos de desalojo por parte de empresarios asociados al poder político local. Desde la organización, los campesinos resistieron ocupaciones y hasta lograron recuperar tierras que habían perdido en manos de empresas. Durante los '90 e inicios de 2000, cuando gobernaba Carlos Juárez, la organización fue el blanco de represión, que incluyó desde golpizas hasta asesinatos. "Las figuritas cambian, pero los aprietes son los mismos", resumió Strappazzon a Página/12, en referencia a las embestidas que sufrían durante el juarismo de parte de las denominadas ‘guardias blancas', grupo de choque de los terratenientes de la provincia.
El jueves a la mañana, Álvarez y Strappazon habían estado en el canal de televisión local, donde advirtieron sobre cuestionados proyectos de cooperación internacional entre el ayuntamiento de Pinto (al sur de Madrid, en España) y la localidad del mismo nombre, pero de Santiago del Estero (gestiones iniciadas cuando el municipio español estaba a cargo de Antonio Fernández, y el Pinto argentino bajo la tutela del hoy vicegobernador, Emilio Rached). Según Álvarez, que investiga el caso desde hace tres años, en concepto de cooperación internacional y con el fin de crear obras para sectores populares, se giraron en dos años 1,7 millón de euros, pero sólo se realizaron dieciocho viviendas. El destino, señala, fue la Fundación Pinares o Pin.Ar.Es (que toma sus siglas de: Pinto-Argentina-España), cuya comisión directiva estaba y está integrada por ambos ex intendentes: Antonio Fernández y Emilio Rached. Según las investigaciones del Mocase y Álvarez, Pinares estaría vinculada con Afagro. Incluso advierten que la empresa está gerenciada por testaferros y señalan que los verdaderos dueños serían Fernández y Rached.
"En Santiago es un secreto a voces que se financió la campaña a vicegobernador, en 2005, con ese dinero de cooperación", acusaron desde el Mocase. Además, en la recorrida por la localidad santiagueña, el veedor español confirmó que no se realizó ninguna de las obras comprometidas. "Se hicieron viviendas que fueron vendidas a la clase media acomodada, no para los sectores más excluidos. No se realizó nada de lo estipulado en el convenio de cooperación", denunció Álvarez.
Al salir del canal de televisión, Álvarez y Strappazon visitaron comunidades campesinas de la zona. En la recorrida por un camino vecinal los esperó una camioneta verde oscura, sin patente, con ocho personas armadas con fusiles y pistolas. Se identificaron como guardias de la empresa Afagro y pidieron documentos a los militantes. Una hora más tarde, en el centro urbano de Pinto, dos policías sin identificación volvieron a solicitar documentos y los papeles del auto. Dos horas después, al salir a la ruta, ya rumbo a Quimilí (sede de una de las históricas centrales del Mocase), los cruzó otra camioneta, de la misma marca, modelo y color que la vista en el camino vecinal. También con ocho personas armadas, pero está vez encapuchadas.
Fueron seguidos durante diez minutos. Cuando estuvieron alejados del pueblo, y ya no había otros vehículos en la ruta, se cruzó en el camino y, amenazando con disparar, trataron de detener el auto de Strappazzon y Álvarez. El paso de un camión les permitió girar, tomar una bifurcación y dejar atrás a los guardias armados, que igualmente los persiguieron durante 30 kilómetros, hasta el ingreso a un pueblo cercano.
Desde la gobernación no respondieron los llamados de este diario. En tanto, el apoderado de Afagro, Alberto Llaryora (hijo), tuvo una versión totalmente opuesta: remarcó que no cuentan con guardias armados, que es una empresa familiar con 24 años de trayectoria, negó cualquier vinculación con Fundación Pinares y con el vicegobernador. Sí reconoció que el ex alcalde de Pinto (España) Antonio Fernández se alojó en la casa familiar. Además, señaló que "existen personas que dicen ser del Mocase, yo no creo que lo sean, entran en nuestras tierras y producen disturbios". Llaryora también aseguró desconocer a Strappazzon y Álvarez, ofreció entrevistarse con ellos y exhibir las escrituras de sus tierras, y remarcó que a las cinco familias que vivieron desde siempre en las tierras de su empresa "se les regalaron, a cada una, entre 50 y 200 hectáreas".
El ex alcalde de Pinto (España) Fernández renunció en 2005 a su cargo, en gran parte por un escándalo mediático que lo envolvió en Europa: la oposición política lo vinculó a paramilitares que atacaban campesinos, se lo acusó de utilizar fondos públicos para hacer campaña proselitista por el actual gobernador de Santiago, fue duramente cuestionado por el uso que les dio a los recursos municipales destinados a cooperación internacional y hasta llegaron a señalarlo como un nuevo terrateniente santiagueño. El 28 de marzo de este año, en conferencia de prensa en Madrid, el polémico Fernández se refirió al Mocase: "Son 30 activistas ligados a grupos terroristas como Sendero Luminoso, movimientos antiglobalización y ETA", dijo. Amnistía Internacional y otras ONG europeas repudiaron sus dichos.

7 de agosto de 2007
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