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archivos de la dictadura

mqh - 04 de agosto de 2007 - 00:37 - argentina

[Alejandra Dandan] Diario de la represión en La Rioja. Hallaron archivos de las detenciones en la dictadura.

Buenos Aires, Argentina. El gobierno provincial encontró en una cárcel cuatro cajas con documentos, libros de actas y de visitas, donde figuran nombres de los detenidos y los represores, incluidos médicos y religiosos. En los cuadernos se detallaban "órdenes de práctica" e "interrogatorios".
En la tapa del libro se lee Puesto Nº 2, y alguien empezó a escribirlo a mano, el 23 de marzo, a las 4 de la mañana, a horas del golpe de Estado de 1976. En las primeras líneas de ese cuaderno escolar tipo Laprida, el encargado del relevo dio cuenta de "novedades" y "órdenes de práctica" del día, con sus rutinas. La primera comenzó a las 7 de la mañana, con el recuento de los detenidos.
A más de treinta años, el gobierno de La Rioja localizó ayer en la cárcel provincial cuatro cajas con documentos y archivos de las detenciones de militantes políticos en los años de la dictadura militar. Entre los papeles hay libros de actas, de visitas y de guardias. Y también aparecen los nombres de los detenidos y de los represores, muchos de los cuales hasta ahora siempre negaron su relación con la represión. Entre ellos, hay militares, gendarmes, médicos militares y hasta un ex capellán del Ejército, Pelanda López, que hasta dio misa para los detenidos.
"En estos archivos se ve la participación de militares y civiles que siempre negaron que hayan participado, y acá figuran", dijo ayer por la tarde Beder Herrera, el gobernador de La Rioja, que decidió encabezar personalmente el operativo hasta el interior de la cárcel.
Todavía es un misterio qué pasó con el material y cómo se conservó hasta ahora. El miércoles a la noche, la información llegó a oídos del subsecretario de Derechos Humanos de La Rioja, que recibió copia de tres hojas de la documentación. Luego de un testeo, Domingo Bordón, que fue un preso político, dio el aviso en la gobernación, y ayer a las 7 de la mañana se ordenó el procedimiento. Según algunas de las fuentes, aquel primer dato lo aportaron quienes trabajan hace dos años en las pesquisas por la muerte del obispo Enrique Angelelli.
"Se imaginará que desde las 6 de la mañana estamos viendo el material, y todavía son pocas horas para saber detalladamente qué tipo de información contiene", indicó Bordón a este diario. Pese a eso, el funcionario señaló que el material de las cajas está compuesto centralmente por libros. Hay algunos identificados como libros de visitas, con nombres de los presos y de quienes los visitaron, y hay cuadernos escolares como aquel "Libro de Guardia" donde se anotaban rutinas de la cárcel, con los estremecedoras procedimientos de la represión.
El más importante de esos libros, por su valor simbólico, comienza antes del golpe y concluye el 20 de abril de 1976. A lo largo de 250 páginas, el cuaderno, sellado y foliado, parece dar cuenta hora a hora de qué sucedía en el Puesto Nº 2, el espacio de la unidad penitenciaria destinado a los presos políticos.
Cada día comenzaba con el cambio de guardia. A las 7 de la mañana, quien llegaba anotaba su nombre y el nombre del relevo y daba lugar a las "novedades". La primera novedad siempre era la misma: el "recuento" de los presos, con nombres y mandatos. A modo de ejemplo, la réplica de lo que sucedió el 26 de marzo del ‘76, ya da cuenta de varias decenas. A las 7 dice: "En el día de la fecha me hago cargo del servicio de guardia siendo la hora indicada al margen, con las siguientes ‘novedades y órdenes de práctica a cumplir'". El suboficial penitenciario a continuación escribió el nombre de los detenidos:

- Del Poder Ejecutivo Nacional –puso–, 31. Presentes 30, ausentes 1. Causa: (Blanca de Gómez) Cumple prisión domiciliaria en Guayaquil 153 de esta ciudad. Su esposo, Einar Gómez cumplía castigo en la celda disciplinaria hasta nueva disposición.

- A disposición del jefe del área 314, coronel Osvaldo Pérez Bataglia, en cambio, había otros 17 detenidos. Dos de ellos, figuraban en el pabellón de castigo. El resto era del "interior" de Planta Alta, de celdas comunes. Allí estaban los presos de la cooperativa del diario Independiente, como el hermano del fundador Alicio Paiñetti; Pablo Torralba, periodista; Plutarco Schaller, fotógrafo; Humberto Pollano y Guillermo Alfieri (padre), secretario de redacción. Según el "Libro de Guardia", además estuvo Rogelio de Lonardi, aún hoy un dirigente del gremio docente, y Jorge Daniel Baso, de la juventud peronista, entre otros.

A las 18 de ese mismo 26 de marzo hubo más detenciones. En el "Libro de Guardia" se anotaron como ingresados a Jorge Yoma, el actual embajador en México, y Enrique Tello Roldán, actual rector de la Universidad Nacional de La Rioja.
Entre el recuento y los nuevos detenidos registraron "desayuno", pero también "interrogatorios" con frecuencias de hasta una hora. El mismo día, por ejemplo, dice: "A la hora indicada en el margen" (8.55) "fue trasladado al edificio 4 el detenido Domingo Zalaya para ser interrogado". Poco después, a las 9.55 dice: "Fue trasladado el detenido Carlos Alberto Illanez, para ser interrogado" (ex subsecretario de Derechos Humanos de Angel Eduardo Maza).
Para los presos, el edificio 4 era como el Luna Park, porque era un galpón que estaba al fondo donde se aplicaban las torturas. En la rutina también se habla del ingreso del ex capellán Monseñor Pelanda López –ahora fallecido– prácticamente día por medio. Por si quedaran dudas, el mismo 26, el capellán concurre al puesto de guardia "para hablar con tres detenidas incomunicadas", Alba Rosa Lanzilotto, ahora integrante de Abuelas de Plaza de Mayo; Vicenta Soria y Ramona Hilda Luna, todas sobrevivientes. El 18 de abril, a las 9, vuelve a entrar. Esta vez "autorizado a dar misa a los presos políticos".
El material encontrado será archivado por el gobierno provincial en un espacio de la Memoria. Copia de ese archivo servirá para alentar las causas judiciales en la provincia.

3 de agosto de 2007
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salvan a bebé de la morgue

mqh - 02 de agosto de 2007 - 20:30 - argentina

Llanto salva a bebé prematura llevada a morgue argentina.

Buenos Aires, Argentina. Una niña prematura que había sido dada por muerta al nacer fue descubierta con vida en la morgue de un hospital público de las afueras de Buenos Aires, donde un empleado la oyó llorar y dio aviso a los médicos.
El caso fue hecho público hoy por el empleado y el padre de la bebé, un día después de que la familia de un hombre de 71 años también denunciara que fue dado por muerto erróneamente en un sanatorio privado de la periferia de Buenos Aires y hubiera asistido a su propio velatorio de no ser por un camillero que se dio cuenta de que respiraba.
La niña, con seis meses de gestación y apenas 650 gramos de peso, pasó el miércoles más de tres horas en el interior de una cámara frigorífica de la morgue del hospital de Monte Grande, a 35 kilómetros de la capital argentina, relató hoy a periodistas el empleado que la encontró.
"Fue un regalo del cielo que el Señor me dio, un milagro", aseguró el hombre, que no se identificó.
Jorge, el padre de la bebé, dijo a su vez que su hija "ya tenía acta de defunción, pero después aparece con vida y ahora está en una incubadora intentando recuperarse".
"Nadie nos dio una explicación, ni nos pidieron disculpas", declaró a la emisora local Radio 10 el hombre, que añadió que a raíz de lo ocurrido decidieron llamar a la niña Brisa Milagros.
El director del hospital, Mario Polzella, aseguró a la misma radio que "la criatura no tenía signos vitales, se le realizaron todos las maniobras de rutina y no la pudieron reanimar".
"La intención del hospital es explicar las causas de lo que sucedió", indicó Polzella antes de sostener que "es asombroso que (la pequeña) haya tenido fuerzas para llorar".
El empleado del centro médico que halló a la bebé explicó que se había dirigido a la morgue a llevar un cadáver cuando escuchó "un quejido" similar al de "un gato" que provenía del interior de la cámara frigorífica del depósito.
"Después escuché como un llanto y me encontré con que la nena estaba moviendo las manos. Instintivamente soplé y cuando se puso a llorar más fuerte salí corriendo a avisarle a mis compañeras y a los médicos", agregó.
Con la voz quebrada por la emoción y lágrimas en los ojos, el hombre dijo que los profesionales del hospital le felicitaron por lo que hizo y aclaró que "la cámara frigorífica estaba en reparaciones, por eso no enfriaba mucho".
En tanto, los familiares de Juan Llador, el paciente con cáncer terminal que el martes último había sido dado por muerto por error y también llegó a ser trasladado a la morgue, finalmente falleció el miércoles.

2 de agosto de 2007
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la atroz muerte de ramoncito

mqh - 02 de agosto de 2007 - 07:39 - argentina

[Cristian Alarcón] Un niño de doce años fue violado, torturado y decapitado hace diez meses en un presunto crimen ritual. La Justicia no halló a los culpables. Y hay un creciente reclamo de justicia. Anoche, una multitud marchó en la ciudad de Mercedes para exigir que se haga justicia

Corrientes, Argentina. Anoche las luces de Mercedes, un pueblo de sesenta mil habitantes en el norte correntino, se encendieron al paso de una multitud. Cuatro mil personas marcharon pidiendo justicia por Ramón Ignacio González, un niño de doce años que hace diez meses apareció violado, torturado y decapitado, en el cruce entre una vía y una calle, cerca de la estación de trenes. El caso conmueve a los mercedinos porque pone en cuestión una larga tradición de religiosidad popular sincrética en una zona donde cualquier entuerto pasional o material puede resolverse con prácticas mágicas. El juzgado que investiga el homicidio hace tres meses decidió retomar el caso con una hipótesis polémica: que la espantosa muerte de Ramoncito, como ya se le dice en toda la provincia al nene, fue un crimen ritual.
Los datos duros: Ramoncito era uno de los dos hijos de una mujer sola que para sobrevivir era trabajadora sexual. Según fuentes judiciales, el mismo niño había ingresado al creciente circuito de prostitución de menores. Aun así, Ramoncito iba a la escuela. De hecho, el 6 de octubre, los últimos que lo vieron fueron sus compañeros de escuela y su maestra. Las huellas del chico se pierden hasta que al día siguiente apareció tirado, vestido sólo con un shortcito que mostraba sus nalgas. Lo que más impactó del hallazgo es que la cabeza había sido seccionada del cuerpo y puesta al costado izquierdo, a la altura del hombro.
El juzgado de Curuzú Cuatiá, a cargo del juez Gustavo Buffil, que investiga el caso, envió los restos de la criatura al Laboratorio de Antropología Forense del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Los peritos emitieron un dictamen espeluznante. "Fue decapitado, de acuerdo con el informe forense, de izquierda a derecha, con un cuchillo de punta aguzada. El niño estuvo vivo cuando le ingresan el objeto punzante hasta que le producen el degollamiento. La decapitación es un paso final. Antes fue quemado con cigarrillos en el costado izquierdo, brazos, palmas de la mano. También se notó un corte profundo debajo de la nalga izquierda, en la parte posterior de la pierna", describió una fuente de la investigación.
La causa tuvo una primera etapa en la que se supuso haber llegado a los culpables. Cinco personas fueron detenidas a los dos meses del crimen, entre ellos un supuesto pai kimbanda. Pero en el mes de junio fueron liberados por falta de mérito. Las pruebas halladas para inculparlos fueron insuficientes. Luego, hace dos semanas, fueron allanadas dos casas del barrio Matadero, de Mercedes, y detenidas dos mujeres. En las paredes de una de las viviendas los peritos hallaron rastros de sangre humana. Las mujeres habrían sido practicantes de un particular culto religioso en el que se mezclan el kimbanda, los cultos afrobrasileños, el cristianismo, el espiritismo y en especial, la adoración por El Señor de la Muerte, una divinidad antigua en Corrientes. El Señor es una calavera con una guadaña, y no el San La Muerte, que se conoce ya en todo el país.
La hipótesis en la que intentan profundizar los investigadores judiciales se aferra a la idea de que el niño fue usado como ofrenda a alguna deidad pagana como la de El Señor. "El hallazgo del cuerpo en una zona de cruces de vía con camino. La posición del cuerpo, el tronco y los pies con rumbo noreste. La posición del cráneo, que había sido escalpado por alguien con cierto conocimiento. Y sobre todo el hecho de que la sangre había sido usada para algo, o sea que no encontramos nada de sangre en el cuerpo nos hace pensar en el crimen ritual", dijo una fuente del Gabinete de Investigaciones Antropológicas a Página/12.
El abogado de la familia de Ramoncito, Marcelo Hanson, dijo anoche a este diario, durante la marcha, que "si bien apreciamos que se trabaje con intensidad en la hipótesis del crimen ritual, no podemos dejar de pensar que hay mucho más detrás de esto". Fuente de la fiscalía que investiga el caso admitieron que entre las líneas a seguir, la de "la droga" ocupa un lugar importante. Pero nada hay en concreto más allá de la idea de que los sospechosos podrían haber estado drogados cuando participaron del supuesto sacrificio.
José Humberto Miceli, un etnógrafo correntino que trabaja desde 1985 en el estudio de nuevas religiosidades, señala que para buscar una explicación al crimen se debe revisar el culto centenario del Señor de La Muerte. Antiguamente se decía que consumía sangre de manera simbólica, porque si no se secaba. Por un período corto se incrustaba en la piel, en plomo, oro o plata. Pero lo que más inquieta a los investigadores es que al cuerpo de Ramoncito le habían extraído las vértebras cervicales, de la cuarta a la séptima. "Normalmente se sacaban de los cementerios –cuenta Miceli–. Con eso hacían talismanes o con la ralladura de los mismos, ungüentos. Es la tradición mágico-religiosa propia de Corrientes." Anoche la marcha por el niño decapitado había reunido más gente que ninguna antes en ese pueblo de viejas creencias.

1 de agosto de 2007
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otras víctimas de la dictadura

mqh - 31 de julio de 2007 - 19:40 - argentina

[Carlos Rodríguez] Indemnizan a los testigos de jehova detenidos en la dictadura. El delito de negarse a la colimba.

Durante la última dictadura, los Testigos de Jehová que objetaban el llamado al servicio militar eran apresados y hasta torturados. Ahora, el gobierno nacional les otorgó una indemnización como víctimas del terrorismo de Estado. Son unos 530 en todo el país. En Campo de Mayo fue detenida la mayor cantidad de seguidores de los Testigos de Jehová.
La vida de Daniel Víctor Guagliardo cambió en forma brusca el 10 de abril de 1978, desde su presentación a la convocatoria para cumplir el Servicio Militar Obligatorio, entonces con plena vigencia en el país. Guagliardo se negó a incorporarse como soldado conscripto y a cambio ofreció realizar un "servicio civil" en el cual no tuviera que empuñar armas ni aprender su manejo. Como ministro que era de la Iglesia de los Testigos de Jehová, el joven se declaró "neutral" frente a cualquier guerra y ajeno siquiera a la idea –con más razón al acto– de matar a una persona. Por su negativa, Guagliardo estuvo preso hasta el 30 de junio de 1982, los primeros años en la cárcel militar de Campo de Mayo, donde funcionaba un centro clandestino de detención y donde soportó "tratos crueles e inhumanos" similares a los que tuvieron que pasar los detenidos por razones políticas. Después de una larga y perdida batalla judicial para cobrar una reparación económica por lo vivido, el gobierno nacional dictó una resolución en la cual se reconoce a Guagliardo como víctima del terrorismo de Estado que instaló la dictadura militar. Le adjudicaron una indemnización de 182 mil pesos, medida que también podrá ser aplicada en beneficio de un total de 530 Testigos de Jehová de todo el país que atravesaron el mismo calvario.
Desde 1998, los Testigos de Jehová vienen demandando una indemnización, en los mismos términos que establece la ley 24.043 para los que estuvieron detenidos durante la dictadura militar. "Ellos le venían reclamando al Estado argentino una reparación económica y como Iglesia. Ellos se negaron a hacer el servicio militar en razón de sus creencias, de la neutralidad que profesaban y que los llevaba a negarse a empuñar un arma. Ni siquiera les dieron la oportunidad de exponer su postura como objetores de conciencia del Servicio Militar Obligatorio", le dijo a Página/12 el abogado Ernesto Moreau, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que representa a los damnificados.
En forma inmediata, el mismo día de su presentación en el Distrito Militar de Campo de Mayo, Daniel Víctor Guagliardo fue "detenido y aislado, primero en un pabellón con prohibición de hablar y luego en una habitación sin cama ni colchón", explicó Moreau a este diario. La primera etapa de la detención la cumplió en el Comando de Institutos Militares, con asiento en la guarnición de Campo de Mayo, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El 3 de junio de 1978, sin dejarle siquiera exponer las razones por las cuales se negaba a cumplir el servicio militar, lo llevaron a la prisión de la misma unidad militar.
Guagliardo fue encerrado "en un calabozo individual" y más tarde compartió la cárcel "en otros centros de detención con otros objetores de conciencia que corrían la misma suerte que él. La persecución a los Testigos de Jehová fue sistemática y el trato que recibían todos era degradante, cruel, indigno e inhumano. Eran sometidos a malos tratos en forma cotidiana y el 35 por ciento de mis representados sufrieron torturas similares a las que recibían los presos políticos en los centros clandestinos de detención de la dictadura", sostuvo Moreau.
El trato que se les dio a los Testigos de Jehová fue similar en todas las cárceles del país en las que estuvieron presos. "En Campo de Mayo, eran despertados en forma violenta por el jefe de guardia, que los obligaba salir a la intemperie (sobre todo en el invierno), con burlas e insultos por su condición religiosa", relató Moreau. Durante el día "se los privaba de comida, agua y atención sanitaria". Las medidas, según Moreau, era tomadas como una forma de poner a prueba la fe religiosa que ellos tenían y que era considerada "subversiva" por los militares y por la Iglesia Católica, a través del Vicariato Castrense.
Los testigos eran condenados a prisión por el supuesto delito de "insubordinación agravada". En las sentencias, con penas de tres a siete años de cárcel, se dejaba sentada la opinión que tenía sobre ellos el Vicariato Castrense. "Esta increíble secta impide a los testigos vestir uniforme y usar armas, prohíbe donar sangre, reconocer Patria, Autoridad y Bandera (en mayúsculas en el original), lo que demuestra su inhumanidad y su peligrosidad." Se decía, incluso, que al desconocer el concepto de patria dejaban abierta "la frontera a un ‘universalismo' que tendrá la forma del más fuerte: la del comunismo". Las citas textuales están asentadas en muchos fallos dictados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Fueron tomadas de un artículo publicado en el boletín número 56 del Vicariato Castrense, del mes de abril de 1978.
A Guagliardo lo tuvieron bajo el régimen de prisión preventiva rigurosa, previsto en el Código de Justicia Militar, lo que implicaba "una incomunicación en condiciones inhumanas". El 17 de agosto de 1980 lo llevaron al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Magdalena, de donde salió en libertad el 30 de junio de 1982. "Nunca supo los motivos de su detención, no pudo designar abogado defensor y le nombraron uno que lo único que le aconsejó era que se declarara culpable. Antes de escuchar la sentencia, su defensor le informó la sanción que iba a recibir." Así resumió Moreau el desarrollo de los juicios militares.
Ahora, por resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Guagliardo y otros 530 testigos que pasaron por la misma situación, recibirán una indemnización. En el texto oficial se reconoce que el juicio al que fue sometido Guagliardo "no se trató de un proceso normal" en el cual el imputado haya tenido "alguna posibilidad de plantear argumentos defensivos basados en la consideración que debía darse a su objeción de conciencia". En el caso Guagliardo, el ministerio reconoce que le corresponden "mil quinientos cuarenta y dos días indemnizables, por el período comprendido entre el 11 de abril de 1978 y el 30 de junio de 1982". El monto por cobrar, en su caso, es de 182.572.
Moreau sostuvo que la resolución implica "un reconocimiento histórico a la sistemática persecución que sufrieron los Testigos de Jehová, lo que en muchos casos significó cárcel, torturas, detenciones ilegales y sentencias arbitrarias que tenían que tener una reparación".

31 de julio de 2007
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los civiles de la dictadura

mqh - 27 de julio de 2007 - 19:01 - argentina

[Laura Vales] Un ex cabo condenado por torturas involucro a civiles en la dictadura. Los que "fueron parte de un todo".

Norberto Cozzani, miembro del grupo de tareas de Camps, escribió desde la cárcel una carta donde mencionó el vínculo con la represión de, entre otros civiles, Roberto Durrieu, hoy abogado de Blumberg, y Alberto Rodríguez Varela, ministro de Videla. La nota fue presentada en el juicio a Von Wernich.
El ex cabo Norberto Cozzani está detenido en Marcos Paz cumpliendo una condena como torturador de los grupos de tareas de Ramón Camps. Ayer fue noticia por un hecho inesperado: en una carta que escribió desde la cárcel, habló del accionar que tuvieron en la dictadura un grupo de civiles, entre los que nombró a Roberto Durrieu, el abogado de Juan Carlos Blumberg, y a Alberto Rodríguez Varela, el ministro de Justicia de Videla. En la carta, el preso se queja por no haber sido defendido por quienes "fueron parte de un todo", aludiendo a los años de la represión. El texto fue presentado en el juicio oral contra el capellán Christian von Wernich por los querellantes, para quienes es una muestra de la responsabilidad de los ex funcionarios en el secuestro y la desaparición de personas. "Queremos que se empiece a investigar a los civiles que colaboraron, que podrían ser alcanzados por el delito de genocidio", definió la abogada Myriam Bregman.
Bregman leyó la carta al comenzar la audiencia y le dejó al tribunal otros cuatro textos que Cozzani hizo circular por Internet. El represor es un ex cabo de la Bonaerense que actuó en el centro clandestino Puesto Vasco. En 1986, la Cámara Federal lo condenó como autor de las torturas sufridas por Isidoro y Juan Graiver, Silvia Fanjul y Lidia Papaleo de Graiver. Los jueces señalaron en su sentencia que Cozzani "era quien interrogó a todos" con "golpes y la aplicación de corriente eléctrica". Remarcaron además que no cabía duda de su rol: "Pocas veces podrá encontrarse prueba más completa en un asunto de esta índole".
Tras la condena, el policía fue llevado al penal de Magdalena, donde pasó un corto período, ya que las leyes de impunidad le devolvieron la libertad. Diecisiete años más tarde, cuando la causa Camps fue reabierta, debió volver a prisión a terminar de cumplir el castigo. Alojado en el pabellón de los represores, Cozzani escribe largas cartas que firma como "preso político".
La dedicada a los civiles dice: "Es posible que hombres de derecho, ilustres, dignos y con participación activa en aquellos años como por ejemplo los doctores Durrieu (el asesor de Blumberg), Smart (Jaime Smart, quien fue ministro durante la gobernación de facto de Ibérico Saint Jean, en Buenos Aires), Munilla Lacasa, Rodríguez Varela (el ministro de Justicia de Videla), Saint Jean, Frola (fue secretario de la Cámara Federal conocida como ‘Camarón'), Sánchez Herrera, Marquardt, Salvi, Román, Pérez Resado y otros tantos ni siquiera nos defiendan en las cuestiones civiles, cuando fueron parte de un todo y tienen claro quién es quién".

Civiles Citados
A pedido de los querellantes, Durrieu y Rodríguez Varela están citados a declarar en el juicio a Von Wernich, en calidad de testigos, para el 13 de septiembre. Durrieu comenzó su carrera en 1976 como fiscal de la provincia de Buenos Aires, es decir, en simultáneo con la gestión de Camps al frente de la policía. Entre 1978 y 1981 fue secretario de Justicia de Videla. En el 2004 Blumberg lo nombró como su representante en el juicio por el asesinato de su hijo; en la actualidad es su asesor. Rodríguez Varela es el abogado defensor de Videla en la causa por robo de bebés. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires, secretario letrado de la Corte Suprema de la Nación y designado como conjuez del máximo tribunal en dos períodos anuales.
En las audiencias orales del caso del ex capellán –quien está acusado de participar en siete homicidios y 41 casos de secuestro y torturas, entre ellos el de Jacobo Timerman– han ido surgiendo elementos sobre la presunta participación de civiles:

- El 16 de julio declaró Héctor Timerman, hijo del director de La Opinión. Relató que su padre, en las sesiones de tortura a que fue sometido, "pudo ver a quienes estaban adelante, a Camps, al médico (Jorge) Bergés y a Von Wernich, pero contaba que había más personas, algunas de ellas con más capacidad intelectual que ellos".

- Timerman llevó a la audiencia el libro que Camps escribió sobre su padre. Y les pidió a los jueces Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde que se leyeran extractos. En ellos, Camps transcribió los testimonios sacados a sus prisioneros bajo tortura y agradeció la "colaboración" de algunos funcionarios de la dictadura como Rodríguez Varela y Durrieu. En esta lista figuran también otros a los que ahora menciona el ex cabo Cozzani, como Edgardo Frola y Jaime Smart.

- El 23 de julio declaró Isidoro Graiver, sobreviviente del centro clandestino Puesto Vasco (donde fue torturado por Cozzani). Graiver contó que mientras estaba secuestrado lo llevaron en presencia de Camps, quien le hizo "dos o tres preguntas" y le ordenó que se quitara la venda de los ojos. Camps estaba acompañado por un civil que Graiver –según contó– reconoció como Rodríguez Varela. El futuro ministro de Justicia de Videla era entonces fiscal de Estado bonaerense.

Los otros escritos de Cozzani fueron entregados a la Justicia de manera preventiva, porque en ellos el ex cabo habla de los abogados querellantes. Llama a Alejo Ramos Padilla "un miserable hijo de otro miserable", haciendo referencia al padre, Juan Ramos Padilla, que patrocinó a Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. También critica a Guadalupe Godoy y a la propia Bregman: "Nos quiere mandar (presos) al Chaco", sostiene de esta última, "así como Albano Harguindeguy mandó al doctor Menem a Las Lomitas sin permitirle despedirse de su madre". Bregman subrayó la amenaza implícita en esos mails: "Nos mete en el medio como los enemigos de la guerra que él cree que vive". Para valorar la gravedad del tema, cabe recordar que los tres letrados actuaron en el juicio oral contra el represor Miguel Etchecolatz, tras el cual desapareció Julio López.

27 de julio de 2007
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legislar sobre la desaparición

mqh - 26 de julio de 2007 - 20:22 - argentina

[Miguel Jorquera] El proyecto de ley sobre delitos de lesa humanidad.

Buenos Aires, Argentina. La iniciativa se tratará en la próxima sesión. Incorpora al Código Penal las figuras de desaparición forzada y genocidio, entre otras. El PRO presentará un proyecto en disidencia.
Los diputados de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja y organismos de derechos humanos terminaron de pulir ayer la redacción del proyecto de ley que incorporará al Código Penal los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. La lista incluye la desaparición forzada de personas, genocidio, exterminio, esclavitud, torturas, violación y esclavitud sexual, con penas que van entre los 10 y 40 años hasta la reclusión o prisión perpetua. La única disidencia la expresó el macrismo, que también quiere incluir a las "organizaciones terroristas" en las sanciones previstas para crímenes contra la humanidad.
El texto que será tratado en la próxima sesión de diputados también incluirá la desaparición forzada de los niños nacidos en cautiverio y establecerá la competencia de la Justicia Federal para juzgar este tipo de delitos imprescriptibles, cuyas causas tampoco podrán archivarse hasta tanto no se esclarezca la situación de las personas desaparecidas.
"Con la incorporación al Código Penal de los delitos de lesa humanidad estamos saldando una deuda con la democracia argentina y los compromisos asumidos por nuestro país a través de convenios internacionales que están incorporados a la Constitución. El término desaparecido se acuñó por la trágica experiencia histórica que nos tocó vivir durante la última dictadura y nuestro Código Penal no tenía tipificado el delito de la desaparición forzada de personas", sintetizó ante Página/12 Rosario Romero, presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados y una de las autoras de la propuesta.
Hasta ahora, los represores juzgados y condenados tuvieron que responder ante la Justicia o cumplir penas por "privación ilegítima de la libertad", que sólo contempla –como en los secuestros extorsivos– la pena de reclusión perpetua únicamente en los casos que los mismos sean seguidos de muerte. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las resoluciones de distintos jueces ratificadas por la Corte Suprema que declararon los delitos cometidos durante la dictadura como de lesa humanidad hicieron que los mismos no prescribieran.
Una vez que el Congreso apruebe la ley –Diputados prevé tratarlo en el recinto en la próxima sesión que aún no tiene fecha–, estos tipos de crímenes tendrán tipificación y penas mayores en el Código Penal.
El oficialismo pretendía que el proyecto llegara al recinto con pleno acuerdo de todas las bancadas. La kirchnerista entrerriana Rosario Romero fue la encargada de pulir las diferencias parciales que Marcela Rodríguez (ARI) y Alicia Tate (UCR) plantearon a la redacción de éste. Tanto Rodríguez como Tate cuestionaron –con distintos matices– la especificación de los sujetos a los que están destinadas las penas de estos delitos y el rol del Estado.
La redacción original establecía que serían penados "los agentes del Estado, persona o grupo de personas que actuando con la autorización, el apoyo o aquiescencia de funcionario público o funcionario del Estado" cometieran algunos de los delitos. El debate se saldó con la incorporación del texto admitido por la Corte Interamericana para la penalización de este tipo de crímenes y elaborado por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas: éstos serán los "agentes del Estado, personas o grupo de personas que actúen con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado".
Los legisladores volvieron a reunirse ayer en el anexo de la Cámara baja con varias organizaciones de derechos humanos –Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, APDH, Cels y Serpaj– que plantearon la incorporación al proyecto de otros puntos que consideraban importantes.
Los diputados aceptaron que las modificaciones al Código Penal también especificaran como "desaparición forzada" a los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, la competencia de la Justicia federal sobre este tipo de delitos y que las causas abiertas sobre "desaparición forzada" no puedan ser archivadas hasta que se establezca el paradero o el destino de las personas en esa situación. Tampoco podrán ser parte de la investigación judicial las organizaciones del Estado o las fuerzas de seguridad sospechadas de participar o colaborar con la concreción del delito.
La única oposición fue de la macrista Nora Ginzburg. La diputada del PRO justificó su postura de incorporar como sujetos a la legislación sobre delitos de lesa humanidad a las "organizaciones terroristas" a través de la experiencia colombiana donde "los paramilitares de las AUC y la guerrilla de las FARC secuestran y asesinan a ciudadanos comunes". Algo que para el resto de los bloques parlamentarios ya está tipificado en el Código Penal como delitos comunes.

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investigarán espionaje social

mqh - 23 de julio de 2007 - 17:37 - argentina

[Alejandra Dandan] El fiscal también quiere investigar. Espionaje ilegal a organismos y referentes sociales.

Mar del Plata, Argentina. Daniel Adler, uno de los fiscales de Mar del Plata que recibió el informe de inteligencia, decidió abrir una investigación para determinar su origen y los responsables de su confección.
Luego de la publicación de Página/12 sobre el espionaje ilegal a referentes de organismos sociales y de derechos humanos, el fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler decidió promover una investigación por la comisión de un posible delito de violación a la ley de seguridad interior que comenzaría hoy mismo. Un ex fiscal federal, nombrado y denunciado varias veces por ex detenidos políticos y sobrevivientes en las audiencias del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, aparece comprometido en el caso.
La causa del espionaje ilegal se conoció la semana pasada por una denuncia de abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En una conferencia de prensa dieron a conocer informes que mezclaban a las Madres de Plaza de Mayo y referentes de organizaciones sociales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el narcoterrorismo. La pesquisa está prohibida por las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional y que se hicieron "con el pretexto del combate al narcoterrorismo", dijo el abogado José Schulman.
La Liga cuestionó no sólo el espionaje, sino también el uso de la información, porque los fiscales que la recibieron no la desestimaron ni promovieron inmediatamente una investigación sobre los autores. Entre ellos se encuentra justamente Daniel Adler, que recibió un informe en Mar del Plata y lo envió a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro), de Alberto Gentili, que a su vez volvió a hacer circular la información.
Ahora las responsabilidades de los fiscales serán materia de una investigación. Pero, mientras tanto, comenzaron a aparecer datos sobre el origen de esos informes.
Uno de los orígenes sería un abogado influyente en Mar del Plata, fiscal entre 1974 y junio de 1976, Gustavo Modesto Demarchi. Según dos fuentes con llegada directa a la investigación, esa persona le entregó personalmente el informe a Adler, por razones que ahora deberán ser estudiadas. El propio Demarchi, en diálogo con este diario, reconoció ayer haber entregado el informe, pero dijo que se había limitado a "bajarlo de Internet".
Demarchi fue fiscal federal en Mar del Plata durante el gobierno de Isabel Perón, y mientras comenzaban a operar en el país los grupos de la ultraderechista Triple A, la organización terrorista de José López Rega. De acuerdo con los testimonios que se escucharon en la sala donde se llevan las audiencias del Juicio por la Verdad, su nombre apareció en varios testimonios, en ocasiones vinculado a la poderosa CNU (Concentración Nacional Universitaria). Demarchi lo negó cuantas veces pudo, pero la Justicia no lo investiga por eso, sino para determinar si su rol de fiscal garantizó a los grupos de tareas locales operar con impunidad. Para una fuente de la Justicia, "el tema no es si perteneció a la CNU o no, sino el rol que tuvo como fiscal en la comisión de la investigación de los delitos de la Triple A porque paradójicamente en su actuación ponía penas altísimas por hechos de ‘violencia de izquierda' y la violencia de derecha no la investigaba para nada. Si había un muerto con veinte balazos, proponía sobreseimientos".
Uno de los principales testimonios que se oyeron este año y que apuntaron a Demarchi en los juicios fue el del abogado Eduardo Soares, un ex militante de Montoneros. En la audiencia del 5 de marzo lo presentó nada menos que como el jefe de la temible CNU, la organización de derecha que está investigada como brazo político y operativo de la Triple A en Mar del Plata. Soares es una de las personas que integra uno de los informes que denunció la Liga por los Derechos del Hombre. "Esto es la confirmación de una serie de cosas que vienen pasando, ahora ve la hilacha", dijo a Página/12 el abogado de los organismos locales César Sivo. "Se está instalando un culto contra el movimiento popular so pretexto del combate a la droga y narcoterrorismo", dijo Schulman. "No está mal que los fiscales hagan sus deberes, que es lo primero que deben hacer cuando estos delitos llegan a su conocimiento, pero vamos a insistir en la cuestión global más que en lo puntual. Tenemos la certeza de que prácticas como éstas son sólo una muestra de que las cosas continúan."

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por secuestro seguido de asesinato

mqh - 22 de julio de 2007 - 18:36 - argentina

Penas de hasta 30 años en un caso de secuestro seguido de asesinato.

Buenos Aires, Argentina. Un tribunal condenó a seis personas por la muerte de Facundo Azulay, engañado con un secuestro virtual que se hizo realidad. Uno de los condenados agredió a otro en la sala del juicio.
El infortunio del despachante de aduanas Facundo Azulay, de 35 años, comenzó el 10 de febrero de 2005 con un llamado que le hizo, desde la cárcel de Ezeiza, el detenido Ramón Alejandro Godoy, de 25. Fue el comienzo de un secuestro virtual que después se hizo realidad y que terminó con la muerte de Azulay, a quien le pegó un tiro en la cabeza José ‘Pichi' Bordón, cómplice de Godoy, que dirigía todo desde la prisión. Ayer, en el final de juicio oral, Godoy fue condenado a 30 años de cárcel, mientras que a Bordón le dieron 28, por admitir que fue quien accionó el gatillo, aunque el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín le creyó cuando dijo que el disparo fue "accidental". Otros cuatro integrantes de la banda recibieron penas de entre cuatro y 19 años, mientras que los restantes tres fueron absueltos "por el beneficio de la duda". Cuando se leía la parte final del veredicto, el detenido Godoy atacó a golpes a Jonathan Valdez, quien se tomó a pecho su papel de ‘campana' en el secuestro. Fue el primero en ser detenido y se cree que le dio a la policía el nombre de sus cómplices. Ante la agresión, los jueces hicieron desalojar la sala.
El caso de Facundo Azulay tiene el estigma de haber sido el primer secuestro virtual que se hizo realidad. Tano Godoy como Bordón fueron condenados por los delitos de "extorsión en concurso real con secuestro extorsivo agravado, por haberse cobrado el rescate (de diez mil pesos), por el número de intervinientes y por la muerte de la víctima". La pena mayor recayó sobre Godoy, que llamó a Azulay el 10 de febrero de 2005, desde un teléfono público de la cárcel de Ezeiza, para asegurarle que sus amigos tenían secuestrado a un hermano de la víctima.
Azulay, quien se encontraba en su oficina del barrio porteño de San Telmo, creyó que era verdad y cumplió las instrucciones de Godoy, jefe de una banda conocida como Los Patones. Azulay siguió las instrucciones y fue hasta la villa Las Antenas, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Llevó 500 pesos en efectivo, lo único que tenía en ese momento. Por eso, Bordón decidió secuestrarlo de verdad y lo encerró en una casilla. Godoy, enterado de la novedad, se comunicó con Mario Paladino, socio de Azulay, a quien le pidió un rescate de 20 mil pesos, que luego bajaron a 10 mil. El dinero fue dejado, dentro de una bolsa, en un lugar del barrio de Mataderos indicado por los secuestradores.
El mismo día en que recibieron el pago, Azulay fue asesinado de un balazo por Bordón, según admitió el acusado durante el juicio oral. Lo único que dijo, en su defensa, fue que el disparo había sido accidental. Aunque la versión fue desacreditada luego por el fiscal Pedro García y por la parte querellante, los jueces le dieron la razón al acusado, ya que en el veredicto se dijo que la muerte fue causada "como consecuencia no querida por el autor". Igual lo condenaron a 28 años de cárcel.
Los otros miembros de la banda que recibieron penas fueron Omar Junco, alias Goti (19 años), Analía Rodríguez (17), Jonathan Bordón (10) y Jonathan Valdez, condenado a cuatro años de prisión. De Junco se dijo que participó en el secuestro de Azulay, junto con Bordón, mientras que Rodríguez –esposa de Godoy– fue la que fue a buscar el dinero del rescate y lo repartió entre los miembros de la banda. Mientras Azulay estaba secuestrado, se sumaron al grupo Jonathan Bordón, hermano de Pichi, y Valdez, que desempeñó el rol de ‘campana'.
Cuando se terminó de leer la condena contra Valdez, la más baja de todas, Godoy trató de agredirlo y ambos tuvieron que ser separados por el personal del Servicio Penitenciario Federal que los custodiaba. La lectura se suspendió y la sala fue desalojada. El abogado querellante Eduardo Durañona recordó que Valdez fue el primero en ser detenido por el caso y su declaración habría servido para identificar al resto de los miembros de la banda. También fueron imputados Santos Ezequiel Molina, Vanina Valderrama y Adriana Soria, absueltos "por el beneficio de la duda", tal como solicitó el fiscal. Se los había imputado por una paliza que habría recibido Azulay, y por haber estado presentes durante el cautiverio. Antes del fallo, en su alegado final, Godoy y Bordón le pidieron "perdón" a los familiares de Azulay presentes en la sala.

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