argentina

papa beatificó a ceferino namuncurá

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Benedicto XVI firmó el decreto con el cual pone a un paso de la santidad al argentino.

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El joven fue laico, alumno de la Sociedad de San Francisco de Sales. Había nacido en Chimpay, Río Negro, el 26 de agosto de 1886, y fallecido en Roma el 11 de noviembre de 1905.
El papa Benedicto XVI firmó hoy el decreto por el cual declaró beato al argentino Ceferino Namuncurá, como un paso previo a la santidad, al atribuirle el milagro de curación de una joven cordobesa enferma de cáncer.
Esta declaración convierte a Ceferino, quien es venerado por miles de personas en el país y en el mundo, en el primer argentino indígena en alcanzar la condición de beato.
El ‘siervo de Dios Namuncurá' será beatificado, paso previo a la santidad, el 11 de noviembre en Río Negro, su provincia natal, según consignaron fuentes del Vaticano citadas por la agencia Ansa.
La decisión del Sumo Pontífice fue durante una audiencia privada en el Vaticano con el cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos.
Allí, Benedicto XVI autorizó a la Congregación a promulgar una serie de decretos, entre los cuales se encuentra el que declara beato a Ceferino Namuncurá, recordado también como ‘El Lirio de las Pampas Patagónicas'.
Ceferino había nacido en Chimpay, Río Negro, el 26 de agosto de 1886, y falleció en Roma el 11 de noviembre de 1905.
Para acceder a la beatificación, una junta médica del Vaticano estudió un milagro atribuido a Namuncurá mediante el cual una mujer de Córdoba, de 24 años, que le rezaba a Ceferino, se curó íntegramente de un cáncer de útero y hasta pudo concebir nuevamente.
Este hecho, ocurrido en el 2000, fue inexplicable para la ciencia y corroborado con estudios médicos que acreditaron la desaparición de la enfermedad.
Este milagro llegó a Roma desde Córdoba, donde se estudió durante cuatro años.
El secretario de la Congregación, monseñor Michele Di Ruberto, explicó que "es un milagro espléndido, que honra al próximo santo, a la Iglesia y a toda la familia salesiana".
El 'reñi' (hermano, en araucano) Ceferino fue el sexto hijo de Manuel y de Rosario Burgos, una mestiza cautiva, y su nombre surgió del almanaque: San Ceferino, Papa y mártir de la iglesia católica.
A los seis años mostró una clara disposición para aprender a leer y escribir, virtud captada por el padre salesiano Domingo Milanesio.
Este religioso, que fue su maestro, comprobó que el pequeño cacique era poseedor de una inteligencia y un tesón poco comunes, ya que aprendía con velocidad, se expresaba con precisión y su caligrafía era excelente.
Cuando tenía 9 años, Ceferino le pidió a su padre que lo enviara a estudiar a Buenos Aires.
Así, ingresó al Colegio San Francisco de Sales, en Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuva, del barrio de Almagro y poco después siguió estudiando, calle de por medio, en el Colegio Pío IX.
Durante su formación estudiaba, leía, trabajaba y meditaba, pero también, silenciosamente, era consumido por la tuberculosis, mal que acabará con sus días a los 18 años.
Ya resuelto a profesar viajó a Viedma, en un intento de monseñor Cosme Cagliaro, vicario apostólico de la Patagonia, por restablecer su salud.
En esa ciudad el 'santito indio' ingresó al noviciado, reinició sus estudios de latín y ejerció como sacristán, hasta 1904, cuando Cagliaro fue trasladado a Roma y lo llevó con él, para que allí fuera atendido por los mejores médicos del Vaticano.
El 27 de septiembre de ese año el prelado obtuvo una audiencia con el Papa Pío X, luego santo, encuentro cuyo motivo fundamental fue el de presentarle a Ceferino, quien lo acompañaba.
En la entrevista, y tras una breve salutación en italiano, el indiecito criollo obsequió al sumo pontífice un quillango de guanaco y recibió a su vez, del Santo Padre, una medalla de plata.
La enfermedad siguió afectando su salud y finalmente, el 'santito de la toldería', como lo definiera Manuel Gálvez, murió el 11 de mayo de 1905, cuando aún no había cumplido 19 años, en el hospital romano de los Hermanos de San Juan de Dios.
Inicialmente sepultados en Italia, sus restos fueron repatriados a Argentina en 1924, para ser colocados en una capilla de Fortín Mercedes, a 150 kilómetros de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

16 de julio de 2007
6 de julio de 2007
©página de tucumán

juez defiende anulación de indultos

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[Irina Hauser] El juez de la corte Raúl Zaffaroni después de la anulación de los indultos. "Quien ejerció el crimen al amparo del poder es un cobarde por definición".

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El magistrado explica los alcances del fallo con el que el máximo tribunal derribó el último obstáculo legal que trababa los juicios a los represores de la dictadura. También justifica la decisión de impedir que el Congreso excluya del cuerpo a un legislador electo aunque se trate de un acusado de crímenes de lesa humanidad, como Antonio Domingo Bussi o Luis Patti.
En la entrada al despacho de Raúl Zaffaroni hay un policía simpático y un guardaespaldas conversador. Su oficina es un ambiente amplio con unos pocos muebles antiguos, donde la puerta permanece abierta y sus colaboradores entran y salen sin los gestos protocolares que todavía se imponen en otros rincones del Palacio de Justicia.
El viernes al mediodía el juez de la Corte no ve la hora de comer una ensalada de frutas e irse a nadar. Pero acepta, antes, explicar a Página/12 los alcances e implicancias de los dos fallos que acaba de firmar con votos que integraron la mayoría suprema. Uno es el que derribó los indultos a represores de la dictadura. El otro, bien distinto, sugiere que el Congreso no debió haber impedido la jura como diputado del dictador Antonio Domingo Bussi porque fue elegido por el voto popular, un antecedente que podría beneficiar al ex subcomisario Luis Patti.

¿Qué siente después haber firmado un fallo de la envergadura del de los indultos?
Sería mejor no haberlo firmado, por no ser necesario, que los indultos no hubiesen existido y los crímenes tampoco.

¿Es una decisión que hace caer o afecta en algún modo al indulto como atribución presidencial?
No, no lo afecta. El presidente conserva todo su poder constitucional, sólo que el indulto no puede ser inconstitucional, o sea, que no puede usarse para indultar delitos que constitucionalmente no pueden ser indultados, como lo son los delitos de lesa humanidad, que no son indultables en función de las convenciones internacionales incorporadas a la Constitución o del derecho internacional que obliga a la Nación. Dentro de la propia Constitución y desde 1853 hay delitos no indultables, como los que cometen los legisladores que otorgan la suma del poder público.

Lo que ustedes invalidan es un solo decreto de indulto, el que benefició al represor Santiago Omar Riveros y a otros 63. ¿Qué efecto tendrá la resolución?
Es una consecuencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso ‘Barrios Altos' del Perú, o sea, la necesidad de remover todo obstáculo legal que impida el procesamiento regular de los responsables de delitos de esta naturaleza.

El caso Riveros ya había pasado por la Corte, ¿no había cosa juzgada?
Hay una decisión de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos y no podemos hacer otra cosa. Esa Corte no va a cambiar su criterio. Hay que remover todos los obstáculos. Esa es la premisa y no hay otra opción.

¿Queda alguna puerta abierta para que se cuestionen los indultos a civiles?
Se trata de remover todos los obstáculos en los crímenes de lesa humanidad y éstos, en principio, son los cometidos por agentes del Estado dentro de un aparato organizado de poder. Si se me pregunta si pueden ser cometidos delitos de lesa humanidad por personas ajenas al aparato estatal, diría que sí en el caso de los partícipes. Más problemática es la respuesta con referencia a otros delitos. En mi opinión personal, creo que el concepto puede abarcar también los casos de destrucción o matanza masiva e indiscriminada, pero no veo casos de esta naturaleza cubiertos por indultos en nuestro derecho.

Entonces ¿los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA pueden ser entendidos como delitos de lesa humanidad que no prescriben?
No puedo abrir juicio definitivo al respecto, porque el caso está siendo investigado, pero en tanto de la investigación no surja claramente que no se trata de una hipótesis de lesa humanidad no corresponde considerarlo prescriptible y, hasta el momento, todo pareciera indicar que es muy posible que revista carácter de delito imprescriptible.

¿Podría decirse que la Corte desmanteló el último escollo en la lucha contra la impunidad?
Creo que no quedan otros obstáculos legales. Si quedasen, entiendo que el criterio general señalado por la Corte Interamericana sigue en pie.

¿Y cómo debe leerse la desaparición de Julio López y las amenazas a testigos en este contexto de juicios que empiezan a avanzar?
Esos no son obstáculos legales sino fácticos. Es un problema de seguridad de las personas por un lado y, por otro, uno que es inevitable, que es el paso del tiempo, que en todo proceso borra pruebas o las altera, incluso en la memoria de los testigos.

Pero ¿qué hipótesis tiene sobre la desaparición de López?
En realidad no se sabe nada en concreto. En tren de hipótesis, tampoco se puede descartar al aprovechamiento del escenario de la vista oral por parte de sujetos movidos por intereses mucho más bajos y rastreros. Las fuerzas que se mueven dentro de una criminalidad vinculada a la corrupción son muy complejas, y el abuso del poder siempre se casa con la criminalidad corrupta.

¿Y los testigos e incluso amenazados? Volvió a suceder hace pocos días, al comienzo del juicio al ex capellán Christian von Wernich.
Sucede lo mismo, pero las amenazas las puede hacer cualquier cobarde, no necesitan tener capacidad operativa. Cobardes hay muchos y quien ejerció el crimen al amparo del poder es un cobarde por definición.

¿Qué fallas o problemas advierte en el sistema de protección de testigos?
No veo fallas, veo los inconvenientes con que en cualquier lado chocan estos sistemas: nunca pueden garantizar la total invulnerabilidad del testigo, el propio testigo a veces desconfía del personal que le destinan, es inevitable que ese personal interfiera en la vida privada de la persona protegida, etc.

Más allá de que muchos jueces y tribunales inferiores han anulado las leyes de impunidad y también los indultos, las demoras en las causas son un hecho. ¿Qué es lo que pasa?
Hay situaciones muy diferentes. No creo que haya una causa única. No descarto demasiado cuidado en el tratamiento de los recursos dilatorios. Al mismo tiempo, creo que no se debe ceder ninguna garantía, la tramitación debe ser lo más transparente posible. Aunque haya demora, es preferible: la culpabilidad debe quedar incuestionablemente demostrada, no puede permitirse ninguna mancha en las condenas que haya. Pese a que se produzca ansiedad, tenemos la responsabilidad histórica de no permitir que se filtre ninguna duda.

¿Es sólo eso? ¿No ayudaría una reforma, por ejemplo, en la Cámara de Casación, uno de los mayores embudos en estos casos? ¿Un recambio de jueces?
Destituir jueces es una cuestión que atañe exclusivamente al jurado de enjuiciamiento y a nadie más. Con la Casación hay un problema institucional, y es que las cuatro salas actuales están bastante colapsadas en razón de la jurisprudencia de la Corte que, por imperio del derecho internacional constitucional, impuso la necesidad de la revisión de toda sentencia penal condenatoria. No fue un criterio arbitrario de la Corte, sino que era necesario evitar sanciones al Estado, como le sucedió a Costa Rica y, además, neutralizar el riesgo de tener que dejar libre a algún criminal grave en razón de esta falla. Ahora es necesario ampliar el número de jueces de la Casación. Sé que hay varios proyectos al respecto, pero es urgente tomar una decisión que incumbe a los otros poderes.

¿Qué riesgos vislumbra si no se toman medidas para agilizar?
El paso del tiempo es siempre perjudicial en cualquier proceso. Cuanto antes queden claras las cosas es mejor, y ya pasó demasiado tiempo.

¿Ayudaría unificar juicios, por ejemplo?
Creo que habría que extremar el análisis de la conexidad para evitar la realización de juicios íntimamente vinculados, con las consiguientes molestias y riesgos. Hay que verlo en cada caso. Igualmente, creo que no se puede agotar la investigación sobre absolutamente todos los casos, porque en ocasiones se impone una selección, la que de alguna manera ya fue realizada por (Julio César) Strassera en el juicio a las Juntas. Si se hubiese querido agotar la investigación de los 30.000 casos el juicio no hubiese terminado hasta hoy. Cuando una cantidad de homicidios lleva a la imposición de la pena máxima, a los efectos de la condena esto es suficiente, sin perjuicio de que el interés de los deudos quede a salvo, porque la investigación de los restantes hechos puede continuar, ya sea para llevar a otro juicio o para salvar el derecho a la conocer la verdad.

Tanto el caso de los indultos como el de Bussi fueron resueltos con una mayoría muy justa, de sólo 4 votos. ¿Esto no debilita los fallos?
No, en modo alguno. En esta Corte esto es lo más frecuente. El peso doctrinario de un fallo de la Corte siempre es relativo en nuestro sistema, porque no tenemos potestad para hacer caer una norma, sólo podemos decidir en el caso. Por eso pienso que tenemos que meditar sobre nuestras instituciones. ¿Es realmente eficaz nuestro sistema de control de constitucionalidad? ¿Se puede empezar a pensar en una Corte Constitucional con mayores poderes? Es un debate institucional. Por mi parte creo que habría que evaluar esa posibilidad en alguna futura reforma constitucional, el día que la haya.

¿La Corte falló a favor de Bussi?
No, el caso Bussi se cierra por abstracto, eso lo pidió el Congreso. Lo que se agrega es un mensaje e naturaleza institucional. En ‘obiter', que es un comentario marginal, se señala que es opinión de la mayoría de esta Corte que el Congreso no puede rechazar los diplomas de los legisladores electos fuera de las hipótesis taxativamente enunciadas en la Constitución. Venimos de largas proscripciones y desencuentros desde 1930 hasta 1983. Proscripciones no sólo de minorías sino de mayorías. Lo que decimos es "por favor, no toquen el hacha".

¿No existe excepción cuando de por medio hay crímenes de lesa humanidad? Al fin y al cabo el fallo de los indultos señala la gravedad de esos crímenes y la obligación estatal de investigarlos.
No es ninguna excepción, cuando hay un delito es obvio, pero delito hay cuando hay una sentencia, antes hay sólo una acusación o una sospecha. Claro que el Congreso no puede incorporar a un criminal, pero para eso con anterioridad debe haberlo declarado tal la autoridad judicial competente en un proceso regular. Si ni siquiera hay un procesamiento y menos una sentencia, no basta con que se invoquen argumentos de orden ‘moral'. Esto es un bumerang, un instrumento que puede servir para cualquier cosa y reabrir una práctica que no podemos saber adónde nos puede llevar. Es nuestro deber cuidar los límites de la cancha.

Sin embargo, está claro que en la Argentina llevamos 30 años casi sin condenas por los impedimentos generados aun en democracia desde el poder político, como los propios indultos.
Creo que toda discusión sobre habilidad que no sea la específicamente señalada en la Constitución (o sea, la física y la moral, entendida esta última en el correcto sentido de 1853, o sea, de capacidad psíquica, que no esté loco) debe hacerse antes de la elección y nunca después. Cuando la gente ha votado, toda discusión al respecto se ha cerrado, porque quienes lo han hecho ya no tienen la posibilidad de la opción por otro candidato.

Los organismos de derechos humanos ven un franco retroceso en el fallo Bussi.
Más allá de la opinión de algunos defensores de derechos humanos, por los que siento el profundo respeto de siempre, tengo el deber de cuidarlos, incluso contra su voluntad. No hay que tocar el hacha porque corta.

Pero Patti está contento. ¿Será porque el caso Bussi lo favorece?
No conozco el expediente, no lo tenemos en la Corte, no sé si es completamente análogo ni conozco la situación procesal actual. Tampoco podría opinar sobre un caso en el que deba entender.

15 de julio de 2007
©página 12

el bombón asesino

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[Cristian Alarcón] El viudo negro tenía salidas transitorias y escapó, según la policía, para reincidir.

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Buenos Aires, Argentina. En 1999 fue condenado a 16 años de prisión por seducir mujeres, drogarlas, abusar de ellas y robarles. Al cumplir los 70, logró salidas transitorias pero se fugó hace un año y medio. Ahora lo encontraron y buscan posibles nuevas víctimas.
Le decían Gérard, por su lejano parecido con Depardieu, el francés de nariz fálica. Las mismas mujeres a las que sedujo durante las últimas dos décadas se lo pusieron, porque lo vieron como a un galán lejos de toda belleza común, pero dueño de una voz y una labia que las hizo sentir reinas y señoras, deseadas y convocadas como madres al consuelo de un tierno niño con pena. Podría apostarse que las mujeres de entre 45 y 65 años a las que abordó lo adoraron durante las horas que pasaron con él. "Cuando volvió del kiosco con los cigarrillos y dos bombones en la mano pensé, qué caballero, se acordó de esta dama; es de los hombres de antes." Gérard, cuyo nombre verdadero es Norman Pérez, tiene 73 años, cumple 74 el 4 de agosto, y se ha dedicado casi toda la vida a un excepcional, aunque clásico rol en la carrera del rufián: el viudo negro. Con estilo, elegancia antigua, y un discurso amoroso basado en la indefensión de un señor ya grande ante una dama fuerte diez años menor, Gérard se ganó un lugar en la crónica policial hace ya unos años, cuando en 1999 lo condenaron: quedó demostrado que los dulces regalos del seductor contenían una droga –conocida como burundanga– capaz de doblegar a cualquiera ante los deseos de otro. Tras el embrujo químico les robaba las joyas, los ahorros, los dólares guardados en los rincones más remotos de sus casas.

El Desengaño
Apenas despertaban de un sueño pesado que había durado días, las mujeres víctimas del ladrón y abusador sentían la desesperación inicial. La sensación de haber sido tocadas, apenas un rastro de memoria en la piel, pero ninguna certeza sobre lo ocurrido durante el tiempo que pasaron bajo los efectos de la droga que les hizo probar Gérard. Algunas abrieron los ojos en sus propias camas, desnudas, entre sábanas revueltas. Otras en la habitación de un hospital. El viudo solía duplicar la dosis si la dama se resistía con el primer bocado. A Nelly C. la encaró cuando ella dejaba pasar la tarde en el shopping Caballito. Como siempre, de traje y corbata, ella no desconfió cuando él le sonrió y le dijo lo elegante que le parecía. De un poco más de sesenta, con los retoques prudentes de una mujer con recursos, vestida en tonos siempre claros y combinados, Nelly fue una presa vistosa. A ella, por ejemplo la deslumbró comentando sobre sus varias propiedades a lo largo y ancho de la ciudad. Como ella tenía algo que invertir, le recomendó algunos negocios. La mujer lo describió en el juicio oral en el que fue condenado a 16 años de prisión por haber drogado y robado a 14 mujeres, y por haber abusado de 5 de ellas: "Robusto, con el pelo entre rubio y cano, traje beige, y su nariz grande, con esa boca tan recta", dijo una mañana, ante el tribunal, con una peluca carré y unas gafas Gucci oscuras.
Nelly lo recuerda al darle el bombón, luego una sensación de fatiga profunda, la falta de fuerza para levantarse de la mesa del bar. Los peritos químicos describen la droga que había recibido como una mezcla de un depresor, el diazepán, y un espasmódico, la escopolamina. Produce una hipnosis química, y luego, como único recuerdo, una serie de flashes. Primero produce euforia. Luego bloquea la capacidad de razonamiento y control sobre lo lícito, lo ético o lo moral y ablanda al extremo la voluntad, sostienen los expertos. La escopolamina ha sido utilizada ilegalmente y con poco éxito como ‘droga de la verdad' por algunas policías y ejércitos y es famosa en Colombia como burundanga: allí se volvió un clásico el abordaje callejero con polvos de esta droga para robar a cualquier incauto. Gérard ha sido totalmente excluyente; nunca lo intentó con un caballero. Nelly se entregó y con ella su secreto: los 25 mil dólares que guardaba en una caja de seguridad del Banco Galicia. Sólo recuerda el momento en que la abrió, el frío que hacía en la habitación metálica, y ella poniendo una mano sobre la caja en la que guardaba sus alhajas familiares: mis cadenitas y mis anillitos se los muestro otro día, pudo decir. Luego recuerda a Norman Pérez, para ella Gérard, con los dólares en la mano. Por fin, ellos dos sentados en un bar. Ella tomando un jugo, la boca reseca por la burundanga. Se despertó hablando sobre su caja de seguridad en el Sanatorio Mitre el 9 de octubre del ‘98.
Nelly, una mujer de doble apellido que como todas las víctimas de Gérard protegieron sus identidades al declarar ante los jueces, fue una de las que encabezó su persecución. Sus ahorros de toda la vida y la sensación de impudicia que la acompañó durante mucho tiempo la llevaron a contratar una abogada para encarcelar al farsante. "Esto ha sido doloroso. La agresión de la droga, el impacto de perder los ahorros, el via crucis policial y judicial. Que le digan a una que si está loca, que si andaba por ahí comiendo bombones", se quejó amargamente la mujer, quien por entonces acababa de enviudar de su esposo. "Al principio –contó ante la Justicia un médico– los profesionales de guardia de las clínicas que atendían a estas mujeres no les creían cuando decían que habían sido robadas sin recordar nada. Creían que estaban borrachas."

¡Redrogadas!
En aquella oportunidad, Gérard había caído preso por la denuncia incesante de sus víctimas en las zonas más paquetas de la ciudad. Fue cuando estaba con las manos en la masa: su seducida del momento ya había engullido el bombón asesino sentada en una confitería de Recoleta. Para entonces Gérard, de 64 años, lograba dos de estos casos por semana, a ritmo sostenido. La policía lo tenía visto porque en su desaforada carrera como embaucador, una de tantas lo memorizó. Una mujer de Recoleta, artista plástica, lo pintó en acuarela para la policía. Su imagen de cara larga, nariz protuberante y partida es inconfundible aún hoy. Gérard es uno de esos casos que muchos comisarios recuerdan. Su prontuario es conocido.
Comenzó, dicen los investigadores, en la década del sesenta, cuando todavía era un cuarentón pujante. En aquella época manejaba un taxi y solía hacerlo con pasajeras. Luego lo atraparon a mediados de los ochenta. Por varios casos de robo, lo condenaron a más de diez años. Salió en el '95, sedujo, robó y abandonó hasta el '98. Tras ser condenado a 16 años por el Tribunal Oral 25 de la Capital en 1999, estuvo preso hasta el año pasado. Los últimos tiempos los pasó como detenido en el hospital neuropsiquiátrico Borda por un intento de suicidio. Luego, pasados los setenta, logró una salida transitoria dictada por el juez de Ejecución Penal Sergio Delgado. Desde entonces se le perdió el rastro. "Es una incógnita si durante este tiempo volvió a las andadas, pero lo cierto es que lo encontramos con dinero, y venía de jugar a los caballos", dijo uno de los policías de la División Búsqueda de Personas que dio con él porque lo reconocieron en una foto divulgada por el juzgado.
Los que supieron de sus engaños aseguran que casi no repetía estrategia para llegar a su objetivo. Según el semblante de la chica, actuaba y decía. A María Cristina, una rubia con traza de institutriz, le habló cuando ella miraba zapatos en una tienda Liotti de avenida Santa Fe. "Son duros, no se los recomiendo", le susurró. El encuentro devino café, y luego bombón. Claro. Así lo contó la mujer en un desopilante pasaje del juicio oral: "Soy de leer mucha novela policial y sabía que no lo tenía que hacer. Pero comí ese bombón. Y no uno sino dos. Es el minuto fatal". En un tono parecido, Margarita, de 56, aferrada con las dos manos al mango tallado en forma de pato de su paraguas, contó que Gérard a ella le ganó por cansancio. Vio que ella se había mareado cuando caminaba por Santa Fe, frente a un negocio de Cacharel. Tres veces a lo largo de tres cuadras se le cruzó. Al final, ya con una caja de bombones bajo el brazo. La invitó un trago. Ella pensó: "¡Ma, sí! Me tomo una 7up y sigo". Ya en el bar, Gérard le sugirió: "Usted no se siente bien. Algo dulce la va a recuperar. ¿No quiere comerse este bombón?". Ella accedió. No conforme, el amante falso le ofreció un Tía María. "No bebo alcohol", dijo ella. Pero intervino el mozo del lugar buscándose la propina: "¿Por qué no le acepta un Strega al caballero?". "Ya nos miraba todo el bar –contó ante el tribunal oral–. Yo ya tenía la droga adentro, pero medio como que me había recuperado. ¡Así que yo me tomé todo, señor juez! El Strega, los bombones, la 7up y terminé redrogada."
La cualidades escénicas de Gérard no están en duda. El hombre ya había logrado sorprender a sus víctimas durante aquel hilarante juicio. Temblaba como si un Parkinson larval lo estuviera poseyendo. Se lo notaba diez años más viejo de lo que confesaba su documento. Su testimonio fue de un tono que derrapaba en la melancolía fingida. "Él se hace, temblequea para dar lástima, nos adobó hasta comernos como chorlitas", dijo una de las mujeres, indignada. "Estoy un poco embromado por la edad –declaró él–. Trabajaba como taxista y ganaba cincuenta pesos por día; no me alcanzaba." "Niego el hecho", decía, en lenguaje burocrático, cada vez que le mencionaban uno de los 14 robos. O comentaba algo muy corto sobre el presunto romance real con las despechadas que lo acusaban en coro. "Esa señora sólo me regaló una camisa", dijo de una de ellas. "Ella me acusa porque quiere cobrar un seguro por esas joyas", dijo de otra. "Ella no soporta que yo la haya abandonado", dijo de una tercera. Aquella jornada acusatoria, el hombre sólo se crispó una vez, en un careo con una mujer que lo acusaba de drogarla para hacerla gastar cuatro mil dólares con su tarjeta Gold de American Express. "¡Callate, loca! –le gritó–. Me tuviste encerrado diez días, cocinándote, dándole de comer a tu perro, mientras vos te ibas a Recoleta a levantar machos".
Gérard lleva diez días bajo la sombra. Está detenido en la Unidad 28, en el Palacio de Justicia. No ha recibido visitas. La policía cree que pronto aparecerán para acusarlo sus más recientes seducidas, robadas y abandonadas.

15 de julio de 2007
©página 12

anulan indultos a militares

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Argentina: Corte Suprema anula indultos a militares otorgados por Menem.

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La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró hoy la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaron a condenados, procesados o acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto en el país trasandino.
La resolución del máximo tribunal se refiere al perdón otorgado en 1989 por el entonces presidente de Argentina, Carlos Memen, al ex general Santiago Riveros, si bien el fallo sienta jurisprudencia para el resto de los indultos concedidos a integrantes del régimen que gobernó el país de 1976 a 1983.
Portavoces de la Corte Suprema confirmaron que la anulación del indulto fue aprobado por cuatro de los siete integrantes del máximo tribunal.
En su sentencia, la Corte puntualizó que "los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional".
Desde la anulación en 2003 de las denominadas "leyes del perdón" que beneficiaron a miembros de la dictadura, varios jueces habían declarado inconstitucionales los indultos decretados en su día por Menem.
La Corte Suprema basó su decisión en fallos anteriores del propio alto tribunal, que ya había establecido que los delitos de lesa humanidad, como las violaciones de los derechos humanos, no prescriben ni son factibles de ser amnistiados.
En septiembre último el máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara de Casación, había anulado uno de los indultos que, bajo el pretexto de "reconciliar y pacificar" al país, Menem concedió a militares y miembros de las fuerzas de seguridad condenados o acusados por violaciones de los derechos humanos.
Hasta entonces, sólo jueces de primera y segunda instancia declararon inconstitucionales los indultos y en 2005 la Corte Suprema había evitado pronunciarse sobre el tema, al argumentar que era la Cámara de Casación la que primero debía emitir su opinión.
Entre 1989 y 1990, Menem indultó tanto a militares y miembros de las fuerzas de seguridad acusados de cometer delitos durante la dictadura como a dirigentes de grupos guerrilleros que actuaron en el país durante la década de los años 70.
La nulidad de los perdones dictada hoy por la Corte abarca solamente a los decretos que beneficiaron a militares e integrantes de fuerzas de seguridad y no a los civiles que participaron en hechos de violencia durante la ‘guerra sucia' contra la subversión.

13 de julio de 2007
©la tercera

condenan a viudo por encubrimiento

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[Eduardo Videla] Carrascosa, preso por encubrimiento. El tribunal sentenció a cinco años y seis meses al viudo de María Marta.

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Los jueces consideraron que no había pruebas para condenar a Carrascosa por el asesinato de María Marta García Belsunce y lo absolvieron, casi a la una de la mañana de hoy, por ese delito. Pero sostuvieron que encubrió el crimen. Y por eso ordenaron su "inmediata detención". Crónica del final de un caso que conmovió al país.
El tribunal decidió la "inmediata detención" del viudo, que empezó a despedirse de su familia.
El juicio no permitió saber quién mató a María Marta García Belsunce, pero sí que su esposo encubrió al asesino. Después de casi siete horas de lectura del veredicto, el Tribunal Oral Nº 6 de San Isidro condenó anoche a Carlos Carrascosa a cinco años y seis meses de prisión, y ordenó su inmediata detención, al encontrarlo responsable del delito de "encubrimiento agravado" del homicidio de su esposa, María Marta García Belsunce. En cambio, consideró que no existen pruebas para condenarlo por "homicidio agravado por el vínculo". El fallo fue dividido en cuanto a la condena, pero fue unánime en la absolución. El tribunal, integrado por María Angélica Etcheverri, Luis Rizzi y Hernán San Martín, consideraron que el fiscal Diego Molina Pico no aportó pruebas suficientes para acreditar que Carrascosa mató a su mujer el 27 de octubre de 2002. Sin embargo, por dos votos contra uno, valoró en forma positiva las numerosas pruebas que dan cuenta de las maniobras tendientes a ocultar el homicidio y hacerlo pasar por un accidente, alejar a la policía en los primeros momentos posteriores al hecho, alterar la escena del crimen, destruir pruebas y adulterar el certificado de defunción para evitar una autopsia. Por ese mismo delito están acusados hermanos, hermanastros, cuñado, padrastro y allegados a la víctima: Horacio García Belsunce, Guillermo Bartoli, Juan Carlos Hurtig, Constantino Hurtig y Sergio Binello, además de la masajista Beatriz Michelini y el médico Juan Gauvry Gordon. El fallo también cuestionó la acusación, por parte de la defensa de Carrascosa, contra el vecino Nicolás Pachelo.
La decisión del tribunal sorprendió a los familiares de Carrascosa que estaban presentes en la sala, muchos de los cuales lo despidieron con lágrimas, antes de ser detenido. Los jueces que votaron por la condena –Etcheverri y San Martín– consideraron que si Carrascosa quedaba en libertad existía el peligro de que se profugara. Los abogados de Carrascosa, Hernan Ferrari y Alberto Cafetzoglus, pidieron la revocatoria de la detención, en virtud de que el imputado "siempre se ajustó a derecho" y de que la sentencia no está firme, pero la solicitud fue rechazada.
María Marta apareció muerta en el baño de su casa en el country Carmel y el primero que tomó contacto con el cadáver fue su esposo, Carlos Carrascosa. Los jueces consideraron probado que Carrascosa fue quien ideó la estrategia de que el hecho se considerara en principio como un accidente: se dijo que María Marta se había resbalado en la bañera e impactado con su cabeza en las manijas de la ducha. En torno de esa teoría trabajó todo el grupo que rodeó en esas primeras horas al viudo. Pero la hipótesis no convenció a los que se acercaron a prestar auxilio, en especial los médicos que vieron que en el lugar había sangre en abundancia y que la víctima había perdido masa encefálica. La autopsia, realizada recién cinco semanas después, permitió comprobar que María Marta fue asesinada de seis balazos en la cabeza.
Carlos Carrascosa se mostró tranquilo desde el comienzo, como confiado en un final favorable. Una hora antes de la hora prevista para el comienzo de la audiencia ya esperaba fumando cigarrillos negros en la escalera del primer piso, junto a la puerta de la sala del tribunal, rodeado por un grupo de siete mujeres, entre ellas, la esposa y la hija de Horacio García Belsunce, con asistencia perfecta a todas las audiencias. Vestía saco azul cruzado, pantalón gris oscuro y camisa rosa, con los dos primeros botones desabrochados.
En ese lugar, rodeado de allegados, compartió la insólita espera de más de tres horas, producto de una falla que demoró la impresión del fallo, de unas 400 páginas. La audiencia estaba prevista para las 15, pero recién dos horas más tarde se supo que había que esperar hasta las 18 para escuchar el veredicto. Fue así que todos –familiares y amigos de Carrascosa, fiscales, abogados defensores y periodistas– se distribuyeran en las mesas de los bares vecinos.
Si la espera fue tediosa, fue poco en relación con lo que vendría. De entrada, la presidenta del tribunal, María Angélica Etcheverri, aclaró que sólo se leería una parte de la resolución, estimada en más de 200 páginas. En el primer punto, entonces, el tribunal rechazó los planteos de nulidad presentados por los abogados de Carrascosa contra la acusación del fiscal: aunque se ahorró a los presentes la lectura de los fundamentos, quedó claro que era válida la acusación alternativa del fiscal, por homicidio calificado y encubrimiento.
A partir de ese momento, la lectura se dividió en dos partes: por un lado, la acreditación de la materialidad de ambos hechos, el homicidio y las maniobras para ocultar pruebas, y por otro, si la autoría de esos hechos le correspondían a Carrascosa. Sólo la primera parte, incluidos los votos de los tres camaristas, demandó seis horas.
El primer voto fue de la jueza Etcheverry. Consideró, en síntesis, que "hubo un despliegue tendiente a evitar la intervención de la autoridad policial y judicial". Para apoyar esa afirmación, consideró que Carrascosa y el entorno de familiares y amigos que lo rodeaba –sus cuñados Guillermo Bartoli e Irene Hurtig, entre otros– realizaron maniobras tendientes a "ocultar la existencia del homicidio", para lo cual:

- "Modificaron la escena del crimen",
- "Elaboraron la hipótesis de un accidente", como causal de la muerte,
- "Ocultaron un proyectil (el famoso pituto, arrojado por Horacio García Belsunce al inodoro),
- "Alteraron el cadáver", especialmente mediante la manipulación del cabello para ocultar los orificios de bala y colocando toallas para disimular la pérdida de sangre del cráneo de la víctima,
- "Se evitó la presencia de la policía" mediante llamadas telefónicas a jefes policiales y un intento de coima a los efectivos que concurrieron al country.
- Dificultaron el trabajo de los empleados de la funeraria que debían manipular el cuerpo, después del velatorio.
- Restringieron el acceso de personas al lugar donde se realizaba el velatorio.
- Promovieron la "alteración del certificado de defunción", declarando a la funeraria que la muerte de María Marta fue por "un paro cardiorrespiratorio mientras se bañaba", lo cual "les permitía evitar la intervención policial y la realización de una autopsia", requisito indispensable cuando ocurre una muerte violenta.

La presidenta del tribunal evaluó además los argumentos del fiscal, que había considerado que el motivo del crimen fue una discusión ocurrida entre María Marta y otra mujer, en la casa de los Bártoli, un día antes del crimen. Tras considerar que los testimonios que dan cuenta de ese entredicho –una vecina, a la que se lo contó otra mujer ahora fallecida–estimó que "no está acreditada esa discusión previa ni su conexión con el móvil del crimen".
Como siempre, Carrascosa asistió imperturbable a la lectura del fallo. Clavó durante horas la mirada sobre el secretario que apuraba la lectura, bebió un par de vasos de agua y sólo por momentos buscó con la vista, entre el público, a sus allegados.
Allí, la más tensa era Irene Hurtig, la hermanastra de María Marta, sentada sobre la izquierda, en cuarta fila, junto a esposa e hija de Horacio García Belsunce. Era la única del círculo íntimo sospechado que podía participar de la audiencia. Tanto Horacio como su esposo y su hermanastro John Hurtig están acusados de encubrimiento, en otra causa, y su presencia estuvo vedada durante todo el proceso. Pero Irene no estaba tranquila: sobre ella pesaba la acusación del fiscal, quien pretendía hacerla copartícipe del homicidio, junto a su esposo Bartoli. Por eso, por momentos se comía las uñas, pero en los pasajes más desfavorables de la lectura mordió con furia un rollito de papel o besó largamente el crucifijo que llevaba colgado de una cadenita.
En la sala ya no estaba Horacio García Belsunce padre, quien estuvo firme desde el principio pero desistió de participar después de la espera prolongada. La mamá de María Marta, Luz María Gallup de Hurtig, no asistió a la audiencia.
No todos eran familiares en la sala, que tenía una capacidad para unas cincuenta personas. Había dieciséis periodistas, cinco funcionarios judiciales invitados en la primera fila, y en el ala derecha, Susan Murray, amiga de María Marta y compañera de actividad solidaria en Missing Children.

12 de julio de 2007
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día uno del juicio de von wernich

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[Victoria Ginzberg] "No llegó al centro clandestino por casualidad, sabía qué pasaba".

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Declararon los primeros testigos contra el represor Christian von Wernich. Situaron al ex capellán en los campos y dijeron que les "recomendaba" que "hablaran". Menciones sobre antisemitismo.

¿Por qué no confiesan lo que saben, así no los torturan más?
Pero entonces, usted tiene conocimiento de nuestras torturas... ¿Por qué no hace algo?
[Héctor Ballent, el primer testigo del juicio contra el cura].

Christian Federico von Wernich, involucró directamente al ex capellán de la policía en los tormentos que él y otros detenidos sufrieron en los centros clandestinos de detención de Ramón Camps. Ballent, ex director de Ceremonial de la provincia de Buenos Aires, relató el diálogo que mantuvo con el sacerdote en Puesto Vasco. Otros testigos hablaron sobre el ambiente antisemita que se respiraba en ese sitio y señalaron que era imposible que Von Wernich, que entraba y salía de las celdas sin custodia, no supiera lo que ocurría. El acusado prefirió no estar presente en la audiencia.
Detrás del blíndex instalado en sala de audiencias de los Tribunales federales de La Plata sólo estuvieron los abogados defensores. Von Wernich no quiso ir al juicio, pero los jueces del Tribunal Oral número 1, Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde, dispusieron que el cura estuviera en la alcaidía del edificio. El año pasado, el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz también escogió hacer uso del derecho que permite al reo no ir al juicio en su contra. Los acusados están obligados a presenciar la primera audiencia, donde se formaliza la acusación y se les da la posibilidad de declarar, y también la última, en la que se anuncia la sentencia.
Von Wernich evitó ayer escuchar a los primeros testigos en su contra: Ballent, Juan Nazar, ex director del diario La Opinión de Trenque Lauquen, y Alberto Liberman, ministro de Obras Públicas durante la gobernación de Victorio Calabró. Todos situaron al sacerdote dentro de los campos de concentración. "Ninguna persona, y menos un sacerdote, podía desconocer lo que pasaba. Si llegó allí es porque fue autorizado por el jefe del lugar. Ingresó con absoluta tranquilidad, sabía los nombres de todos. No llegó allí por casualidad", aseguró, pausada pero enfáticamente, Nazar. El hombre se refería a una visita del cura en el centro clandestino Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco. "Vestía de sotana, con el cuello que usan los sacerdotes", describió el periodista, que fue secuestrado el 21 de julio de 1977.
Sobre el mismo episodio, Ballent narró que Von Wernich los "visitó" una vez para "ofrecerles asistencia espiritual". En ese momento, el ex funcionario les dijo a sus compañeros de cautiverio: "Este no es cura. Es un taquero que se consiguió una sotana". Pero era el capellán de Camps. Fue en la segunda visita que el sacerdote les "recomendó" que hablaran y algunos de los detenidos lo increparon. "Usted está aceptando que nos castiguen. ¿Por qué no lo denuncia?", le dijo Ballent.
El ex ministro bonaerense Liberman también le contestó. "Von Wernich me dijo que dijera la verdad. Yo le respondí que desde el primer día dije la verdad. Dio media vuelta y se fue", relató ayer el hombre ante una sala menos colmada y más fría que el jueves pasado –cuando comenzó el juicio–, pero en la que no faltaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y militantes de distintos organismos de derechos humanos platenses.
El ex director de La Opinión de Trenque Lauquen –que fue también presidente de la Confederación General Económica bonaerense– reveló que, durante sus interrogatorios, le preguntaban por el ‘Plan Andinia' (un supuesto "complot del sionismo internacional para quedarse con la Patagonia").
El antisemitismo que demostraban los represores bonaerenses fue otro de los tópicos que se repitió ayer a lo largo de los testimonios de los primeros testigos. "Liberman pagó por dos cosas: por su actuación en el gobierno y por ser judío", aseguró Ballent. También reveló que escuchó "gritos de niños en la cocina, donde torturaban" y habló varias veces de "la máquina" (la picana) que les aplicaban a los detenidos.
Por su parte, Nazar señaló que le preguntaban si tenía información del "sionismo" y si los que escribían en el diario eran judíos. "Había un sentimiento y pensamiento antisemita", describió.
El periodista Jacobo Timerman estaba en ese grupo de detenidos del Puesto Vasco y antes había estado secuestrado con alguno de ellos en el COT I de Martínez. "Fue torturado salvajemente. El hecho de que fuera judío acentuó la animadversión e hizo que lo torturaran más cruelmente todavía", dijo Ballent.
Este ex funcionario fue secuestrado dos veces. En la primera lo sacaron del despacho del interventor en la gobernación de Ibérico Saint Jean. "Estábamos preparando la ceremonia de asunción de Camps en la policía", relató el ex encargado de Ceremonial. En esa oportunidad estuvo sólo unos días secuestrado. Un año después, lo fueron a buscar a la casa. El hombre aseguró que Timerman le "enseñó a vivir" en el centro clandestino: "Báñese, lea, camine, haga gimnasia, no piense", le recomendó.
Las audiencias del juicio contra el cura se extenderán hasta mediados de septiembre. Para mañana están citados los miembros de la familia Miralles. Ramón Miralles, que fue ministro de Economía de Calabró, estuvo detenido en Puesto Vasco junto con sus hijos. La semana que viene declararán los hijos de Timerman.

11 de julio de 2007
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mano dura en comisión atómica

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[Carlos Rodríguez] Denuncian que contrataron a un ex represor en la comisión nacional de energía atómica.

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Buenos Aires, Argentina. Se trata de un comisario echado hace diez años de la Bonaerense por Duhalde, después de reprimir a vendedores ambulantes dentro de tres facultades. Habría participado en centros clandestinos.
El comisario inspector Eduardo Tarantino, quien fue exonerado de la Policía Bonaerense en junio de 1997 y que, además, habría formado parte de las fuerzas que actuaron en los centros clandestinos de detención de la dictadura militar, está ahora cumpliendo tareas en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La denuncia fue difundida por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), quien la recibió de fuentes cuyos nombres deben ser mantenidos en reserva. La abogada María del Carmen Verdú, de la Correpi, le confirmó a Página/12 que tiene el dato preciso de la presencia del comisario Tarantino en la CNEA, "donde fue designado gerente de Seguridad" por las actuales autoridades del organismo oficial. Verdú recordó que Tarantino fue echado de la fuerza, en junio de 1997, por decisión del ex gobernador Eduardo Duhalde "que en esos años realizó una purga tras otra en un intento por recomponer la credibilidad de la policía, luego del escándalo por la vinculación con la causa AMIA y por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas".
El 20 de mayo de 1997, el comisario inspector Eduardo Tarantino era jefe del cuerpo de Caballería de la Bonaerense. Desde el mediodía, los agentes policiales reprimieron a los vendedores ambulantes, a los que querían desalojar de la céntrica Avenida 7, tras un pedido en ese sentido del intendente de La Plata, Julio Alak. El gobernador Eduardo Duhalde estaba de viaje en España y lo reemplazaba el vicegobernador Rafael Romá. Los vendedores, ante la violencia policial, se refugiaron en la sede del Canal 2 de televisión y en la Facultad de Humanidades, en 7 y 48.
La caballería, por primera vez desde el regreso de la democracia en diciembre de 1983, entró a los claustros y reprimió, sin respetar las normas en contrario que establece el artículo 31 de la Ley de Educación Superior. Alak calificó de "mafiosos" a vendedores y a estudiantes. Respetuosos de la propiedad privada, los policías no entraron al Canal 2, pero hicieron un desastre en tres facultades.
Ese día hubo decenas de heridos, muchos de ellos con balas de goma, y más de 60 detenidos. Los estudiantes recordaron, después, que lo más impresionante fue "el ruido de los balazos y de los cascos de los policías a caballo entrando en Humanidades, Derecho y Economía". Al frente de los hombres de a caballo estuvo el comisario Tarantino. Ese mismo día se dispuso el relevo de sus cargos del jefe y subjefe de la Unidad Regional de La Plata, Rubén Araneo y Luis Echavarría.
Por esa razón Tarantino fue expulsado de la fuerza, en junio de 1997, por decisión del gobernador Duhalde. El entonces secretario de Seguridad, Carlos Brown, anunció el pase a retiro de 180 agentes y jefes de la Bonaerense. Uno de los echados fue el entonces director de Seguridad, Abel Miqueleitz, quien ocupaba el cuarto lugar en la escala jerárquica. El jefe de policía era el comisario Adolfo Vitelli, que había reemplazado al comisario Pedro Klodczyk, sospechoso de corrupción, quien falleció antes de llegar a ser juzgado. Duhalde había dicho de Klodczyk que era "el mejor jefe de la historia" de la Policía Bonaerense. La purga en la que cayó Tarantino fue la quinta, en apenas ocho meses, dispuesta por Duhalde.
Una fuente del gobierno nacional, respecto de la designación en la CNEA del comisario exonerado, recordó que las normas vigentes establecen que todo organismo estatal debe informar sobre este tipo de nombramientos de personal retirado de las fuerzas armadas o de seguridad. Eso permite que el designado pueda ser chequeado por la Secretaría de Derechos Humanos y por las autoridades del Archivo Nacional de la Memoria, como se llama ahora al legado que dejó la ex Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
La información extraoficial dice que a la CNEA habría llegado un informe negativo sobre el nombramiento de Tarantino, considerando sus antecedentes. Eso no habría sido tomado en cuenta por las autoridades de la CNEA, según la información reunida por Correpi.
En un comunicado, la Correpi recordó que Tarantino "se había hecho célebre" en mayo de 1997 "cuando con sus hombres a caballo reprimió" a vendedores ambulantes y estudiantes dentro de los claustros universitarios. La Correpi puntualizó que Tarantino, además, ya traía antecedentes de haber participado "en centros clandestinos durante la dictadura". Sobre su designación, la organización sostuvo que la presencia de Tarantino como encargado de Seguridad en la CNEA "no se trata de un desliz o error, pues sus antecedentes constan en el expediente S01:0178253/2007 del Ministerio de Seguridad provincial, y son conocidos por las autoridades, que han impuesto silencio de hierro a los empleados de la Comisión" Nacional de Energía Atómica.

10 de julio de 2007
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hoy empieza juicio contra militares

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[Horacio Verbitsky] El día del juicio. Hoy a las 9 comienza el primer proceso contra militares desde la anulación de las leyes de impunidad.

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Buenos Aires, Argentina. Deben responder el ex Comandante en Jefe del Ejército Nicolaides, siete coroneles del Batallón 601, un agente civil de inteligencia y un policía.
Hoy a las 9 el juez federal Ariel Lijo iniciará en los tribunales de Talcahuano 550 el primer juicio contra militares de la última dictadura desde que se anularon las leyes que lo impedían. Hasta ahora sólo habían sido juzgados y condenados el suboficial de la Policía Federal Julio Simón, alias ‘el Turco Julián', y el comisario de la Policía de Buenos Aires Miguel Etchecolatz y desde la semana pasada se están desarrollando en La Plata las audiencias del juicio contra el capellán católico, apostólico, romano de la policía bonaerense Cristian von Wernich. Pero no habían sido elevadas a juicio causas que involucraran a personal de las Fuerzas Armadas. El principal acusado es el ex Comandante en Jefe del Ejército general Cristino Nicolaides. Esta causa es un desprendimiento de otra mayor, que también involucraba a los generales Leopoldo Galtieri y Carlos Suárez Mason. Ellos no serán juzgados porque murieron en sus respectivos lechos. Desde Posadas, donde ofició una misa, el nuncio apostólico Adriano Bernardini reiteró la oposición eclesiástica a la revisión del pasado. Dijo que el pasado debía dejarse en la historia y que había que mirar al futuro.
Integrante de la última Junta Militar, constituida luego de la guerra de las Malvinas, Nicolaides escapó al juicio de 1985 por un acuerdo negociado por las Fuerzas Armadas con el ex presidente Raúl Alfonsín. Ni los miembros de la última Junta ni su delegado presidencial Benito Bignone fueron juzgados entonces. Nicolaides no responderá por los hechos cometidos durante su comandancia en jefe sino por su desempeño previo como jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y su participación personal en algunos de los crímenes en revisión, según declaraciones jactanciosas que hizo cuando el día del juicio parecía imposible. Las audiencias proseguirán la semana próxima y para fines de agosto o principios de setiembre se producirá el fallo del juez Lijo, quien antes viajará a España para tomar declaración a una sobreviviente. Como la causa se tramita según el Código Procesal que rigió hasta 1991, el juez podría realizar las audiencias en su despacho según el antiguo procedimiento escrito. Pero debido a la trascendencia de este juicio, Lijo pidió la sala de audiencias de la Cámara Federal, donde en 1985 se realizó el histórico proceso contra Videla, Massera & Cía. La Corte Suprema de Justicia se la concedió pero hasta hoy no había autorizado la transmisión televisada ni la toma de fotografías de las audiencias.
Acompañarán a Nicolaides en el banco de los acusados algunos integrantes de la plana mayor del Batallón de Inteligencia 601, que desde su antigua sede de Callao y Viamonte coordinó el funcionamiento de todos los destacamentos de inteligencia y centros clandestinos del Ejército a lo largo del país, en estrecho contacto con las fuerzas represivas de países vecinos, tal como se acordó en el Plan Cóndor. Son ellos los coroneles Julio César Bellene, segundo jefe del Batallón 601; Jorge Luis Arias Duval, jefe de la Central de Reunión y del grupo de tareas 2; Pascual Oscar Guerrieri, jefe de operaciones; Juan Carlos Gualco, jefe de la división Inteligencia General Subversiva; Carlos Gustavo Fontana y Waldo Carmen Roldán, miembros de la Central de Reunión; Antonio Herminio Simón, jefe del destacamento de inteligencia 123 de Paso de los Libres; el agente civil de inteligencia Santiago Manuel Hoya, que ante los secuestrados se hacía llamar mayor, y el Turco Julián. Los militares están retirados del servicio activo, tienen más de 70 años, cumplen arresto domiciliario y no están obligados a asistir a las audiencias. Hasta hoy ninguno solicitó estar presente, aunque pueden hacerlo en los días siguientes. El Turco Julián cumple en la cárcel de Marco Paz la condena a 25 años que se le impuso en agosto del año pasado por la desaparición forzada y los tormentos impuestos al matrimonio José Poblete-Gertrudis Hlaczik.
En 1981, cuando era Comandante del Cuerpo de Ejército III, Nicolaides dijo durante una ceremonia militar en Córdoba que había hablado con uno de los integrantes de una "célula terrorista", desbaratada cuando sus miembros intentaban regresar al país desde el exterior. En febrero de 1982 el CELS presentó un hábeas corpus en favor de un grupo de militantes montoneros detenidos desaparecidos, lo que dio origen a esta causa. Antes de ser destinado a Córdoba, Nicolaides había comandado la guarnición Campo de Mayo del Ejército, entre diciembre de 1979 y 1980. En 1997 el sargento Nelson Ramón González, ex miembro de un grupo de tareas, dijo en un reportaje en televisión que el propio Nicolaides había ordenado fusilar en el polígono de tiro de Campo de Mayo a Ricardo Marcos Zuker, secuestrado en febrero de 1980. A raíz de esa declaración el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, general Martín Balza formuló una denuncia judicial, que se unificó con las actuaciones preexistentes. El de Zuker es uno de los seis casos que se investigan en el juicio que comienza hoy junto con los de Silvia Tolchinsky, quien vive en España, y los detenidos-desaparecidos Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal y Lía Mariana Guangiroli. Zuker era hijo del actor cómico Marcos Zuker. Su hermana, Cristina Zuker, es autora del libro ‘El tren de la victoria', una investigación histórica de fuerte carga emocional sobre el grupo de militantes que con pocos recursos y menos organización regresaron al país sólo para ser diezmados por el Ejército, que los estaba esperando. Varios de los militares sometidos a este juicio fueron procesados como miembros de la asociación ilícita para avasallar la Constitución en la que habían convertido el Batallón 601. Tres informes secretos de la Central de Reunión del Batallón 601 incluyen datos precisos sobre la persecución y los secuestros, aunque nada aportan sobre el destino final de los secuestrados. Favorecidos por el anonimato y las identidades falsas que usaron ante sus víctimas, dos altos jefes del 601 –Guerrieri y el coronel Alberto Roque Tepedino– fueron descubiertos por la prensa cuando burlaban las prisiones domiciliarias concedidas por los jueces.
Al confirmar los procesamientos, la sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, citó un documento secreto enviado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que detalla el modo de funcionamiento del entonces Batallón 601, que era la principal estructura operativa de la Jefatura de inteligencia del Ejército, y se refiere a las funciones que cumplían allí los ahora procesados. Según ese memorándum, de abril de 1980, un miembro de los servicios de inteligencia argentinos informó al Oficial Regional de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos, James J. Blystone, que las personas capturadas cuando reingresaban al país fueron trasladadas a Campo de Mayo. Quien lo autorizó a mantener ese contacto fue el coronel Arias Duval, según consta en el mismo documento. La operación de inteligencia fue denominada con el nombre código de Murciélago. Desde 1979 la embajada de Estados Unidos trataba de determinar si quedaban detenidos-desaparecidos con vida o si todos habían siso asesinados. La Cámara Federal mencionó al confirmar los procesamientos los principios jurídicos contenidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Los delitos cometidos por Nicolaides y los coroneles de inteligencia son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Así lo declaró la Cámara Federal al pronunciar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en las que los acusados intentaron ampararse. El tribunal de Nuremberg consideró organizaciones criminales al Cuerpo Directivo del Partido Nazi, a su policía Gestapo, y a sus tropas de asalto, S.S. y a la SD. Por eso, la Cámara Federal concluyó que "el delito de asociarse con fines criminales tiene su correlato en el derecho penal internacional. En tal circunstancia es una conducta prohibida por el derecho de gentes, y como delito contra la humanidad corresponde que sea evaluado".
Después del juicio de 1985 contra las tres primeras juntas militares comenzaron otras causas en distintos lugares del país. En la Capital la propia Cámara Federal llegó a condenar al general Ramón Camps, el comisario Etchecolatz y varios de sus colaboradores. Instruyó luego la causa 450 por los crímenes cometidos en jurisdicción del Cuerpo de Ejército I y otra por lo sucedido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ambas fueron interrumpidas luego de la sublevación de la Semana Santa de 1987 y los oficiales detenidos recuperaron su libertad al sancionarse la ley de obediencia debida a mediados de ese mismo año. Esa ley fue derogada pero no anulada por el Congreso en 1998. Las leyes de punto final y de obediencia debida excluyeron de la impunidad el robo de bebés, lo cual permitió cinco condenas contra militares apropiadores. Pero recién en 1998, luego de que el juez español Baltasar Garzón ordenara el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet, los jueces argentinos José Marquevich y Adolfo Bagnasco detuvieron por el robo de bebés a los ex Comandantes Videla y Massera y a altos mandos de sus respectivas fuerzas. En 2001, a pedido del CELS, la nulidad de ambas leyes fue declarada por el juez federal Gabriel Cavallo y confirmada ese mismo año por la Cámara Federal. Las causas judiciales que comenzaron a instruirse en todo el país no podían elevarse a juicio hasta que la nulidad fuera confirmada por la Corte Suprema de Justicia, lo que ocurrió recién en 2005. Pero debieron transcurrir otros dos años hasta que una causa contra oficiales de las Fuerzas Armadas fuera elevada a juicio.

10 de julio de 2007
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