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memoria obstinada de villa grimaldi

mqh - 10 de enero de 2010 - 03:51 - chile

A pocos días de la inauguración del Museo de la Memoria, el archivo oral de la Corporación por la Paz Villa Grimaldi lanzó ayer un libro y una recopilación audiovisual que servirán como material del próximo museo.

[Catalina Araya] Santiago, Chile. El libro se titula ‘Acceso público a la memoria’ y el material audiovisual, ‘Fragmentos 2008’. Ambos se enmarcan en el trabajo que desarrolla el archivo oral de la Corporación Parque por la Paz; construir un registro testimonial relativo a la historia de Villa Grimaldi (ex Cuartel Terranova), centro clandestino de detención, tortura y desaparición de la dictadura militar.
Según la encargada del archivo oral, Claudia Fernández, "la intención de este archivo es la reconstrucción de la historia de Villa Grimaldi en base a diversos testimonios que nos ayuden a comprender lo que pasó"
El libro se basa en un simposio que se realizó el 2008, llamado ‘Acceso público a la memoria: El rol de los archivos testimoniales en la democratización de las sociedades posdictatoriales’ y se puede descargar desde la página de la Corporación por la Paz Villa Grimaldi, al igual que otros documentos de reconstrucción histórica.
Por otro lado, ‘Fragmentos 2008’, de 12 minutos, se hizo a partir de archivos testimoniales de ex detenidos y detenidas, familiares de ex detenidos, ejecutados y/o desaparecidos del lugar, vecinos del recinto de reclusión, informantes clave, expertos en la materia, entre otros.
Estas producciones serán exhibidas en salas de visionado que contempla el proyecto del Museo de la Memoria.
Anteriormente el archivo oral realizó otro producto audiovisual de extensión breve llamado ‘La importancia testimonial’.
En este momento se está preparando un documental de mayor extensión, que según comentó la encargada debería lanzarse en abril de este año.

Historia del Cuartel Terranova
La propiedad fue allanada por primera vez el 12 de septiembre de 1973, pero la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) adquirió la propiedad al final de ese año, a partir de entonces funcionó como Cuartel Terranova.
El que realizó el hostigamiento a los propietarios legítimos de Villa Grimaldi para adquirirla, fue Manuel Contreras que en ese entonces era coronel del Ejército y estaba a cargo de la DINA.
Hasta 1978 en el recinto estuvieron detenidas alrededor de 4.500 personas, incluso la Presidenta Michelle Bachelet pasó por él. Actualmente continúan desaparecidas 211 personas y 18 fueron ejecutados políticos.
Luego de que cesara sus funciones como centro de tortura Villa Grimaldi quedó abandonada, y posteriormente se realizó un traspaso a una sociedad constructora.
Ante esto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Peñalolén y La Reina realizó una campaña de recuperación, que concluyó en 1997 cuando en marzo de ese año fue inaugurado el Parque por la Paz, como un lugar capaz de rescatar la memoria y promover los derechos humanos.

9 de enero de 2010
©la nación

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aguas serán bienes de uso público

mqh - 10 de enero de 2010 - 00:16 - chile

Ejecutivo ingresó reforma constitucional que define a las aguas como bienes nacionales de uso público. La iniciativa modifica el artículo 19 de la Carta Fundamental, relativo a los derechos, estableciendo que "las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren".

Valparaíso, Chile. Este jueves ingresó a la Cámara de Diputados, con suma urgencia -10 días de tramitación-, el proyecto de reforma constitucional que modifica los numerales 23 y 24 de la Constitución, estableciendo que las aguas son bienes naturales de uso público.
El texto legal (boletín 6816), será estudiado por la Comisión de Constitución. En primer lugar, se elimina la última frase del número 24 del artículo 19, relativo al derecho de propiedad, que establece que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.
En segundo lugar, se modifica el artículo 23 de la Constitución, agregando que "las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares".
Se dispone además que corresponderá a la ley regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares, considerando la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y, especialmente, la situación de las cuencas hidrográficas.
Estos derechos otorgarán a sus titulares la propiedad sobre los mismos. La ley podrá establecer limitaciones y obligaciones al ejercicio de estos derechos. La autoridad competente tendrá la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico.
En los fundamentos de la moción se indica que dada la importancia del agua, como elemento vital de subsistencia, estratégico y necesario para el desarrollo de múltiples actividades productivas y económicas, y en especial considerando que en escenarios de escasez adquiere una connotación geoestratégica y de seguridad nacional, "es imprescindible que nuestra Carta Fundamental reconozca a las aguas como bienes nacionales de uso público, de manera de elevar tal consagración a rango constitucional, cualquiera sea el estado en que se encuentren éstas, esto es líquido, sólido y/o gaseoso quedando en dicha categoría, sin discusión alguna, nuestro oro blanco: los glaciares y nieves".
Añade el texto que Chile tiene una larga tradición normativa en la regulación del uso del agua, lo que ha permitido un desarrollo económico y social de gran envergadura, tanto en la agricultura, hidroelectricidad, minería, celulosa y acuicultura, entre otros.

Desbalance entre Bien Común y Derechos Particulares
Sin embargo, en 1981, con la entrada en vigencia de un nuevo Código de Aguas, se produjo un desbalance entre el bien común y los intereses de unos pocos particulares, el que requiere ser corregido. "En efecto, dicha normativa dio origen a una concentración desproporcionada de derechos de aprovechamiento para fines hidroeléctricos, concentrando, según lo ha resuelto el tribunal de Defensa de Libre Competencia, el noventa por ciento de tales bienes en sólo tres empresas".
El proyecto agrega que este desbalance se corrigió parcialmente por la ley 20.017, estableciendo nuevas facultades para la Administración del Estado. Sin embargo, muchas de las correcciones necesarias no pudieron implementarse por las deficiencias Constitucionales que el país tiene en esta materia.
Asimismo, se subraya que la reforma constitucional no afecta la certeza y seguridad jurídica de los propietarios de los derechos reales de aprovechamiento de aguas, para emprender o desarrollar actividades económicas y productivas con reglas claras y precisas que garanticen las inversiones que realicen para tales fines.
A su vez, la enmienda propuesta facilita el acceso al recurso hídrico a personas que tenían escasas posibilidades de adquirir el derecho de aprovechamiento de aguas por acto originario de autoridad, bajo el marco regulatorio vigente.
Por otra parte, la reforma entrega las herramientas necesarias a las autoridades competentes, para, en caso de ser imprescindible, limitar o restringir el ejercicio de los derechos, o reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad del vital elemento.

9 de enero de 2010
7 de enero de 2010
©diario de la cámara

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querellas por delitos de lesa humanidad

mqh - 09 de enero de 2010 - 23:30 - chile

Gobierno presentará 24 querellas por delitos de lesa humanidad. La autoridad interpondrá las acciones criminales como superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos de ese ministerio. Al menos diez corresponden a víctimas por las cuales hasta ahora no existe un juicio.

[Jorge Escalante] Santiago, La Nación. En un acto inédito en los 20 años de gobierno de la Concertación, el subsecretario de Interior, abogado Patricio Rosende, interpondrá en los próximos días en la Corte de Apelaciones de Santiago, en nombre de la "sociedad chilena", 24 querellas por delitos de lesa humanidad por igual número de víctimas ejecutadas durante la dictadura militar.
En su calidad de superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior (PDHMI), la acción que emprende el subsecretario es la primera por la cual este organismo interpone querellas por este tipo de delitos, y también será la primera vez que se hace por víctimas que tienen la calidad de ejecutados políticos, y no de detenidos desaparecidos.
Otro elemento nuevo será que de las 24 acciones criminales, 10 corresponderán a ejecutados por los cuales no existe hasta ahora un juicio abierto.
De esta manera, el subsecretario Rosende estrenará la nueva facultad para iniciar querellas que otorgó al programa la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La presentación de estas acciones legales podría implicar el procesamiento de ex agentes militares o civiles cuyas identidades hasta ahora no han aparecido en los juicios que actualmente se instruyen en el país.
La Ley 20.405 vino a fortalecer las atribuciones del Programa de Derechos Humanos de este ministerio, y de paso causó el mismo efecto respecto del cargo de subsecretario de Interior, jefe máximo de este organismo.
El PDHMI constituye hoy el principal soporte de los procesos abiertos por los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado de las Fuerzas Armadas, pues el trabajo sistemático de sus abogados dedicados exclusivamente a esta tarea permite no sólo monitorear todas las causas a través del país, sino darles movimiento mediante la petición de diligencias y aportar antecedentes tanto jurídicos como de los hechos que rodearon los crímenes.
Hasta ahora el PDHMI es parte en todos los procesos que existen por detenidos desaparecidos, pero ahora lo podrá hacer también por los ejecutados, vale decir, por aquellas víctimas asesinadas cuyos cuerpos no desaparecieron.
A ello se suma la facultad de querellarse a nombre de la sociedad chilena y solicitar por ello el procesamiento de los autores, cómplices y encubridores.

Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado, que acciona en nombre del Estado chileno en las causas, si bien actúa en este tipo de procesos no lo hace en todos, lo que a juicio de los organismos de derechos humanos refuerza la importancia de la acción y permanencia del PDHMI.

El Eventual Factor Piñera
Pero dado que este programa continuador de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y de la posterior Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, fue creado por un decreto supremo (Nº 1005 de 1997) y no por una ley, puede ser eliminado por la misma vía tan sólo por un acto administrativo del Ejecutivo.
Por ello sus integrantes temen que ante un eventual triunfo de la derecha el próximo 17 de enero, el gobierno de Sebastián Piñera si bien no lo borre de una plumada, realice cambios que en la práctica lo transformen en un ente que, más que activar los juicios, colabore de una manera sutil a su paulatino descuido o abandono.
Eso, teniendo en cuenta de que hasta ahora Piñera ha sido evasivo para revelar cómo enfrentará en concreto su eventual gobierno el curso de estos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Aunque, al menos en sus reuniones privadas con centenares de militares que cometieron crímenes o fueron parte del aparato represivo, o que ocuparon funciones de Estado bajo el dictador Augusto Pinochet, ha mostrado como intención de principios interceder para tratar de poner fin cuanto antes a estas causas, acusando veladamente a los jueces de no aplicar los principios del debido proceso, de ser parciales con los militares involucrados, poniendo en cuestión de que el Estado de derecho se esté aplicando en plenitud por el Poder Judicial en estos juicios.
Por ello, en su momento recibió la respuesta del entonces vocero de la Corte Suprema, actual presidente Milton Juica, quien le replicó diciendo que en el Poder Judicial se aplican los principios del debido proceso a los acusados.

El "Pasaporte"
En las nuevas querellas que interpondrá el subsecretario Rosende, lo que ocurriría la próxima semana ante la Corte de Apelaciones de Santiago, éste solicitará la designación de nuevos ministros en visita o de fuero para que las instruyan, pudiendo también ocurrir que la corte, si las acoge a tramitación, las reparta entre los ministros que actualmente tramitan estos procesos.
En sus presentaciones, la autoridad dejará claramente establecido que las acciones criminales que se interponen tienen como fundamento el artículo 10 transitorio de la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que faculta al PDHMI ahora para "presentar querellas respecto de los delitos de secuestro o desaparición forzada en su caso, y de homicidio o de ejecución sumaria en su caso".

Resolución del Pleno de la Suprema
El pleno de la Corte Suprema resolvió el 13 de mayo de 2009 que, dado que los jueces del crimen y la figura de los ministros en visita o de fuero debían terminar a fines del año pasado de acuerdo a la última fase de la reforma procesal penal, los ministros de Corte de Apelaciones que conocen estas causas continuarán a cargo de ellas "hasta su término".
De esta manera, el pleno despejó la duda que existía acerca de la suerte que correrían todos estos procesos, y dejó categóricamente establecido que estos juicios no tendrán plazo de término y que se extenderán hasta que los jueces les pongan fin cumplidas todas las fases del antiguo proceso penal por el que se rigen.
Actualmente existen 22 ministros de corte en visita extraordinaria o de fuero, para instruir 297 procesos, de los cuales casi el 80% están concentrados en la Región Metropolitana. En estas causas por delitos de lesa humanidad, existen a la fecha 779 agentes encausados, de los cuales 279 ya tienen una condena, sea que ellas se encuentren ya confirmadas por la Corte Suprema, o que aún estén en estado de apelación. De los 279 condenados, 55 de ellos tienen más de una condena, mientras que entre los no condenados aún, 232 tienen más de un procesamiento.

Un Paso Trascendente
En su calidad de superior jerárquico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior Patricio Rosende interpondrá 24 querellas por delito de lesa humanidad por igual número de víctimas ejecutadas durante la dictadura militar.
De esta manera, Rosende estrenará la nueva facultad para iniciar querellas que otorgó al programa la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La presentación de estas acciones legales podría implicar el procesamiento de ex agentes militares o civiles cuyas identidades hasta ahora no han aparecido en los juicios que actualmente se instruyen en el país.
Este es un acto trascendente en materia de derechos humanos así como la inauguración del Museo de la Memoria, que se realizará el próximo lunes 11 en un acto al que están invitadas unas mil personas, procedentes de todas las regiones y de otros países. La única oradora será la Presidenta Michell Bachelet.
María Luisa Sepúlveda, presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, calificó como "discusiones ficticias" informes de prensa que hablaron de polémica sobre incorporar o no el período del gobierno de Salvador Allende en el museo, así como incluir casos de miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el espacio que se inaugurará en el barrio Matucana.

7 [9] de enero de 2010
©la nación

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debate sobre museo de la memoria

mqh - 09 de enero de 2010 - 23:16 - chile

En extensa cita ayer en La Moneda, previa a inauguración del próximo lunes: Directores de Museo de la Memoria sostienen tenso debate sobre incluir período de Allende y golpe militar. Romy Schmidt será la nueva directora ejecutiva.

[Phillip Durán y Hernán López] Santiago, Chile. A las 17 horas de ayer, los integrantes del directorio del Museo de la Memoria -presentado hace dos semanas por la Presidenta Michelle Bachelet- fueron llegando a La Moneda. El motivo: una reunión clave de la instancia, antes de que la Mandataria inaugure el próximo lunes el que es uno de sus proyectos más emblemáticos y que busca dar cuenta de las violaciones a los DD.HH. en el gobierno militar.
Los detalles de la actividad de la semana venidera fueron analizados ayer por la asesora presidencial sobre DD.HH., María Luisa Sepúlveda; el sacerdote Fernando Montes; la periodista Marcia Scantlebury; el director del Museo de Bellas Artes, Milan Ivelic; el historiador Oscar Godoy; el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y el director del CEP, Arturo Fontaine, entre otros.
Sin embargo, la discusión central giró sobre lo que algunos asistentes calificaron como "matices" acerca de los alcances de la exhibición que realizará el museo. En concreto: la necesidad de "ampliar" la muestra para que no sea sólo respecto de los hechos ocurridos entre 1973 y 1990, sino que también se aborde el "contexto histórico" del gobierno de Salvador Allende y el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Esta postura fue planteada por Ivelic, quien fue secundado por Fontaine. En las semanas previas, dicen fuentes que conocen del tema, el director del CEP -cuya designación había sido cuestionada por el Partido Comunista y organizaciones de DD.HH.- había hecho trascender esta idea.
La tensión del debate creció cuando varios otros directivos se mostraron en desacuerdo con este planteamiento. El argumento, esgrimido por Carlos Peña y María Luisa Sepúlveda, fue que la misión del museo había sido previamente definida por el Gobierno y aceptada por todos: la muestra se enfocaría en los sucesos posteriores a 1973.
Fue esta postura la que finalmente se impuso. Tras la cita, Sepúlveda -quien ostenta la presidencia interina del directorio- dijo que los asistentes "ratificaron la misión del museo al que habíamos sido invitados: dar cuenta de los hechos sucedidos entre 1973 y 1990 y hacer una reflexión ética del atentado a la dignidad que ello significó".

Nombramiento
Poco antes, la reunión había sido abierta por la ministra secretaria general de Gobierno, Pilar Armanet.
La vocera de Palacio, según señalaron algunos asistentes, hizo una sorpresiva propuesta: por encargo de la Presidenta Bachelet, pedía que el directorio aprobara la designación de la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, como la directora ejecutiva del museo.
Bachelet había telefoneado la semana pasada a la secretaria de Estado para proponerle que asumiera dicha tarea.
Pero ayer en la reunión, algunos directores recordaron que la instancia estaba en plena búsqueda de una figura para ocupar dicho cargo.
Ante esto, Armanet planteó que Schmidt asumiría por un año, sin posibilidad de renovación del período, y que sólo lo haría para encargarse de la "instalación" del museo. Además, puntualizó que luego el directorio podría elegir un reemplazante, incluso recurriendo a herramientas como el sistema de Alta Dirección Pública.
Con estas condiciones, el planteamiento hecho por la Presidenta fue finalmente aceptado.

Inauguración
El próximo lunes, a las 19 horas, está programado que la Presidenta inaugure el Museo de la Memoria en el barrio Matucana.

Bienes Nacionales Financia Documental sobre Centros de Tortura
Mañana a las 19:30 hrs. se estrenará "Imágenes de la Memoria", en el Cine Hoyts de La Reina. Financiado por el Ministerio de Bienes Nacionales, el documental realiza un recorrido por las edificaciones fiscales más emblemáticas que operaron en Santiago como centros de detención y tortura bajo el gobierno militar (Estadio Nacional, Londres 38, Villa Grimaldi, entre otras).
El mediometraje tuvo un costo aproximado de $40 millones y fue realizado por la productora del cineasta Andrés Wood, Wood Producciones. Su director es Cristóbal Azócar.
Respecto a la realización de la cinta, la ministra Romy Schmidt -quien será la nueva directora ejecutiva del Museo de la Memoria- señala: "Ha existido una política de Michelle Bachelet para que los DD.HH tengan la relevancia que merecen, pero la iniciativa existe desde el primer gobierno de la Concertación. Con la Presidenta hemos podido avanzar más gracias a los otros gobiernos que han habido".

9 de enero de 2010
©el mercurio

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respaldan convención sobre desapariciones

mqh - 09 de enero de 2010 - 23:05 - chile

Unánime respaldo del Senado a Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. A 14 años de que Chile se adscribiera a la Convención Interamericana, y luego de dos intentos fallidos en el Parlamento, finalmente el proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley.

Valparaíso, Chile. Una unánime aprobación obtuvo en el Senado el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, aprobatorio de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue suscrita por Chile el 9 de junio de 1994, en Belem do Pará, Brasil, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
De este modo, después de 14 años y tras dos intentos de tramitación, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como Ley de la República.
La Convención obtuvo un amplio respaldo tras superar una serie de observaciones a través de la reforma constitucional que habilitó al Estado para suscribir el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional y la incorporación en el Derecho interno de todos los delitos contemplados en estos acuerdos internacionales (crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra, incluida la desaparición forzada de personas).
Durante el debate intervinieron los senadores Jorge Pizarro y Jaime Naranjo; además del subsecretario General de la Presidencia, Edgardo Riveros.
El senador Pizarro, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores, aseveró que este instrumento internacional consagra el compromiso de los Estado Parte de "no practicar, permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, deber que subsistirá en estados de emergencia, excepción, o suspensión de garantías individuales".
Agregó que "los Estados también se comprometen a sancionar, en el ámbito de la respectiva jurisdicción, a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo".
Por otro lado, señaló que "las naciones firmantes también acuerdan impulsar una cooperación para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar tal delito y tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquiera índole que sean necesarias para cumplir los compromisos asumidos por la presente Convención".
Por su parte, el senador Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos destacó "el consenso generado en torno a esta Convención tras una larga y difícil tramitación en el Congreso".
Finalmente, el subsecretario Edgardo Riveros manifestó que "esta Convención viene a formar parte de un conjunto de instrumentos nacionales e internacionales referentes a la protección de derechos humanos, la Corte Penal internacional y la adhesión al Tratado de Roma".
Asimismo mencionó que este Convenio contribuirá a la prevención y sanción de eventuales desapariciones forzadas de personas que ocurran en el futuro en el continente.

7 de enero de 2010
©emol

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médicos homicidas seguirán en prisión

mqh - 06 de enero de 2010 - 06:22 - chile

Niegan libertad bajo fianza a médicos procesados por caso Frei Montalva.

Santiago, Chile. El juez Mario Rojas rechazó esta tarde otorgar la libertad bajo fianza a los doctores Patricio Silva y Pedro Valdivia, procesados como autor y cómplice, respectivamente, del homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
El ministro subrogante del caso justificó su decisión afirmando que ambos profesionales constituyen "un peligro para la sociedad".
El mismo argumento fue dado en la víspera por la Corte de Apelaciones al negarle la libertad bajo fianza al ex chofer del mandatario, Luis Becerra.
El abogado del doctor Patricio Silva, Luis Valentín Ferrada, informó que presentó un recurso en contra de la decisión, que será revisada el próximo jueves por la Corte de Apelaciones.
"Apelé de inmediato, era lógico, ya que un ministro suplente no resuelve nunca de otro modo. Creo que se verá el jueves en la mañana", declaró Ferrada, citado por radio Cooperativa.
El miércoles pasado, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema resolvió rechazar los amparos presentados en favor de los médicos procesados por el suspendido juez Alejandro Madrid.
Al momento de la resolución ambos se encontraban fuera de Santiago, por lo que ayer, al regresar a la capital, quedaron recluidos. Mientras Silva se encuentra detenido en el regimiento de Peñalolén, Valdivia permanece en la Cárcel de Alta Seguridad.

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la fuga de los médicos homicidas

mqh - 06 de enero de 2010 - 05:29 - chile

Los doctores Patricio Silva y Pedro Valdivia se escondieron desde el miércoles 30 por la tarde. La Policía de Investigaciones los buscó en Santiago, Chillán, Talagante y el Cajón del Maipo, sin hallarlos. Ayer, finalmente, debieron entregarse.

[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La orden de arresto de los médicos Patricio Silva Garín y Pedro Valdivia Soto, procesados en el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, llegó a primera hora del jueves 31 de diciembre a la Policía de Investigaciones expedida por el ministro subrogante del caso, Mario Rojas.
Horas antes, la Sala Penal de la Corte Suprema había repuesto sus procesamientos y revocado las libertades decretadas anteriormente por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando anuló sus encausamientos acogiendo los amparos.
Pero la fuga de Silva y Valdivia comenzó la misma tarde del miércoles 30, apenas se enteraron de que, al menos por ahora, habían perdido la batalla.
El prefecto Nelson Jofré y la inspectora Palmira Mella comenzaron la búsqueda a primeras horas de la mañana del jueves 31. Pero en sus domicilios de Santiago, en Vitacura y Providencia no había nadie.
Tampoco estaban sus vehículos y sus teléfonos móviles sonaban apagados. Los policías acudieron entonces al ministro Rojas para solicitar la ampliación de los domicilios donde podrían ingresar para arrestarlos.
Así lograron la orden para detener a Valdivia en el fundo La Laguna, en la comuna de El Carmen, a 40 kilómetros de Chillán, y a Silva en el fundo El Arroyo, en la comuna de El Monte, en Talagante, al suroeste de Santiago.
Suponían que allí podrían estar para pasar el Año Nuevo. Tampoco hallaron a nadie en los predios. En Chillán la búsqueda fue apoyada por policías de esa ciudad.
Como no obtenían resultados a pesar de los puntos fijos que instalaron en Santiago y en los fundos, volvieron a insistir con el ministro Rojas para que ampliara las órdenes de detención, esta vez a los domicilios de los hijos de ambos en Santiago y el Cajón del Maipo, pero el juez no lo dispuso así.
Por ello, los policías debieron ubicar esos domicilios por cuenta propia, y establecer también puntos fijos en al menos otras seis residencias, pero no tenían orden para ingresar a ellos donde, presumiblemente, podrían encontrarse escondidos los prófugos.
Los policías contactaron telefónicamente a algunos de los hijos de Silva y Valdivia, quienes dijeron no saber nada de sus padres.
A esa altura la PDI ya había expedido una orden de captura nacional. Los abogados de ambos, Claudio Feller, de Valdivia, y Luis Valentín Ferrada, de Silva, habían afirmado la misma tarde del miércoles 30 que sus defendidos se encontraban fuera de Santiago.
Buscando a Silva ambos policías fueron el sábado 2 de enero a tratar de ubicarlo en casa de su hija Patricia, en el Cajón del Maipo. Y aunque no podían ingresar, tampoco lograron percibir movimiento en los alrededores.
Ayer, Silva y Valdivia salieron de sus escondites y se entregaron. Valdivia quedó recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, y Silva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. Sus abogados pidieron su libertad provisional que debe resolverse, aunque en su contra jugarán los días de fuga.

Apelación
Ahora el caso Frei Montalva entrará en la fase más decisiva, cuando los encausados Silva, Valdivia y los ex agentes Luis Becerra y Raúl Lillo (los procesamientos de ambos fueron confirmados por la Corte Suprema) apelen de los procesamientos y en la Corte de Apelaciones se entre a discutir el fondo de los antecedentes que tuvo el juez Alejandro Madrid para acusarlos como autores, cómplices y encubridores.
Esta última calidad la tienen los médicos de la Universidad Católica, Helmar Rosenberg y Sergio González, autores de la extraña autopsia al ex Presidente que ocultaron 20 años.

Niegan Libertad a Ex Chofer
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones negó la libertad provisional al ex chofer de Frei Montalva, Luis Becerra, por considerarlo "un peligro para la seguridad de la sociedad". Ahora, una sala de esa corte debe resolver la recusación que en contra de Madrid interpuso el abogado Claudio Feller.
Sin embargo, y a pesar de que Madrid tiene la calidad de juez con dedicación exclusiva, en la corte aún no se pone en tabla la vista de este incidente que, muy probablemente, repondrá a Madrid en la investigación de la que quedó inhabilitado de seguir conociendo al acogerse tramitar la recusación.

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por agresión procesan a carabinero

mqh - 05 de enero de 2010 - 14:05 - chile

Corte Marcial procesará por agresión a miembro de fuerzas especiales.

Valparaíso, Chile. La Corte Marcial ordenó el procesamiento del carabinero de Fuerzas Especiales, Ivar Barría Álvarez, acusado de agredir en mayo de 2008 al fotógrafo chileno de la agencia noticiosa española EFE, Víctor Salas.
El reportero gráfico fue golpeado el 21 de mayo de 2008 en el ojo derecho con una fusta metálica por un policía a caballo mientras captaba imágenes de una manifestación fuera del Congreso en Valparaíso.
El ganador del Premio Nacional de Fotografía de Prensa 2007, desde entonces, ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, sin que haya logrado recuperar la visión del ojo herido.
La Corte Marcial, que decretó la libertad bajo fianza del carabinero, revoca así la resolución del fiscal militar de Valparaíso, Rodrigo Lagos, que en agosto del año pasado rechazó procesar al policía.
En la decisión "encuentra justificada la existencia del delito de violencia innecesaria" que causó lesiones graves a Salas y recuerda que dicho delito está previsto y sancionado en el Código de Justicia Militar.
En las pruebas aportadas y en la declaración del propio policía "aparecen presunciones fundadas para estimar que Ivar Germán Barría Álvarez ha tenido participación como autor en la comisión del delito", señala el tribunal.
La resolución considera probado que cuando Salas cubría una manifestación, el carabinero montado a caballo avanzó hacia él y le golpeó en el rostro con un objeto contundente, lo que le provocó una lesión de carácter grave en el ojo derecho.

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