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más identificaciones en el patio 29


Identifican tres nuevos cuerpos de detenidos desaparecidos del Patio 29.
Santiago, Chile. El juez en visita, Alejandro Solís, dio a conocer las identidades correctas de tres detenidos desaparecidos exhumados desde el patio 29 del Cementerio General tras develarse el reconocimiento erróneo de cuerpos el año 2006.
Una de las personas es Juan Carlos Díaz Fierro, quién fue detenido el 19 de septiembre de 1973 en Santiago; Ricardo Octavio López Elgueda, de 14 años de edad, vendedor de ferias libres y sin militancia política, quien fue detenido el 20 de septiembre en 1973 y Adrián Sepúlveda Farías, arrestado el 23 de septiembre de 1973.
Respecto del último caso, existe un proceso judicial abierto donde el 22 de octubre de 2007 la Corte Suprema condenó a 12 años de presidio a Hernán Ovalle Galgo por su responsabilidad como cómplice de éste y otros homicidios.
Las pericias para establecer sus identidades fueron realizadas por el Health Science Center de la Universidad de North Texas (EEUU), que confirmó que las muestras de ADN de los familiares eran compatibles con las de las víctimas.
En el año 2006 se dio a conocer que había errores en la identificación de los restos del Patio 29 y desde entonces el Servicio Médico Legal comenzó una serie de auditorías para lograr identificar correctamente las osamentas encontradas.

29 de diciembre de 2009
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al amparo de la suprema


La Corte de Apelaciones acogió dos recursos de amparo presentados por los doctores y rechazó una acción judicial similar de los ex agentes de la CNI. Hasta ahora no se ha puesto en duda que el ex Mandatario fue asesinado. El camino de la causa se conocerá recién a partir del próximo miércoles.
[J. Escalante / L. Narváez / J. Rebolledo] Santiago, Chile. Una vez más la Corte Suprema tendrá que poner orden. Durante la semana, en el Palacio de Tribunales, se ventiló cierta molestia por los fallos dispares con que la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió cuatro recursos de amparo, presentados por los doctores y ex agentes de la CNI que fueron procesados por el homicidio del Presidente Eduardo Frei Montalva. Por una parte rechazó dos y, con integración distinta, días después, acogió otros dos.
Pero una cosa es cierta: en ninguno de los fallos se cuestionó la existencia del delito de homicidio de Frei. Los jueces revisaron si los cuatro procesados que recurrieron al habeas corpus tienen el nivel de responsabilidad penal que se requiere para estar encausados por el juez Alejandro Madrid.
Respecto de los agentes Luis Becerra, ex chofer de Frei, y Raúl Lillo, segundo hombre de la Brigada Político Sindical que se encargó de seguir a Frei, los jueces de la Corte de Apelaciones sostuvieron mayoritariamente que el procesamiento en su contra reúne los requisitos para ser dictado y que, por tanto, no se violaron sus derechos constitucionales al ser arrestados. En estos dos casos, los jueces afirmaron que si los ex agentes y sus defensas quieren impugnar el fondo de los hechos, vale decir si el juez tuvo los elementos jurídicos suficientes para procesarlos, deben impugnar directamente del auto de procesamiento e intentar la exculpación por la vía del recurso de apelación.
En el caso del doctor a cargo de la segunda intervención quirúrgica a la que fue sometido el ex Presidente de la República, Patricio Silva, la Octava Sala acogió el amparo. Lo mismo sucedió con Pedro Valdivia, el médico que en ese momento trabajaba para la CNI y que hasta ahora no ha podido justificar en el proceso por qué niega que, el día del deceso, el cuerpo de Frei le fue entregado bajo su responsabilidad. Su argumento es que en esa fecha se encontraba haciendo uso de un feriado legal en el sur de Chile, en circunstancias que ese mismo día firmó el alta médica de un paciente en la Clínica Santa María.
Otro punto a favor de Valdivia fue la aceptación a tramitación de una recusación presentada por su defensa en contra de Madrid, debido a su supuesta imparcialidad luego de haber emitido opiniones en relación a la tranquilidad que este fallo le otorgaría a la familia Frei. Con esto, el ministro queda suspendido en la causa, y la defensa del doctor, representada por Claudio Feller, sigue la misma línea que asumió Pablo Rodríguez en contra del ministro Carlos Cerda por el caso Riggs. Sin embargo, el pleno de la Corte de Apelaciones decidirá la suerte de Madrid en una fecha que hasta ahora no se ha determinado.

El Fondo
A pesar que la Corte de Apelaciones falló a favor de los doctores, hasta ahora el homicidio del Mandatario no está en cuestión. Otra cosa es el nivel de antecedentes que exista para identificar a los autores, cómplices y encubridores. Vale decir: los vínculos directos que existen para considerarlos procesados en alguno de esos grados de participación. Y a juicio de los expertos en materias procesales, eso sólo se puede lograr de manera seria y profunda, debatiendo ante las cortes los hechos concretos del proceso, lo que sólo se puede hacer por la vía de revisar el auto de procesamiento y no por el camino del amparo.
Tampoco han sido puestos en cuestión hasta ahora por los jueces todos los antecedentes reunidos en la causa respecto de las circunstancias políticas que rodeaban en 1981-1982 al ex Presidente, y que hacían concluir que existían motivos de sobra para que éste fuera asesinado por la dictadura.
En este caso, no hay hasta ahora una confesión directa, un testigo ocular, o de oídas, o alguna confesión bajo reserva de identidad, que aporte el dato concreto de quién decidió la eliminación de Frei Montalva y quién le inyectó las sustancias tóxicas que desataron su muerte por envenenamiento.
En el expediente existe una declaración concluyente de la perito Laura Borgel Aguilera, quien sostiene que revisó sus avances con el doctor José Centeno del Departamento Patológico del Laboratorio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
La doctora Borgel sostiene judicialmente que "de los resultados (del análisis de los restos extraídos al ex Mandatario como cerebro, cabello, riñón, hígado, pulmón, bazo, médula ósea, líquido al costado de la urna y fuera de ella) se concluye con técnica cromatográfica gaseosa acoplada a masa y con detectores específicos de azufre en todas las muestras señaladas, la presencia del metabolito de mostaza de azufre, tiodiglicol".
Agrega el informe de la perito que "similar situación en las muestras de Epon en que también se detecta el metabolito de mostaza de azufre". Y sostiene que "con respecto al análisis de metales, se efectuó un barrido de esto que consideró la determinación de talio, el cual se detectó en las muestras de cerebro, cabello, líquido fuera de la urna, líquido costado izquierdo y en las secciones de pelo distal, medio y proximal. Por ello, de lo anterior se concluye, por dos metodologías, la presencia y cuantificación de talio en las muestras antes señaladas".

Resultado en Duda
El miércoles, los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema estaban muy molestos por las especulaciones sobre el fallo que habían publicado algunos medios escritos, previo a la Navidad, indicando que se habría confirmado el rechazo a los amparos de los procesados Lillo y Becerra. Sin embargo, no hay nada decidido. Tras los alegatos, los cinco ministros -Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Kuntsemuller-, solicitaron tener a la vista el expediente del caso Frei, medida que sólo se materializará este sábado, cuando los tomos del expediente sean enviados a los relatores de la sala. Desde esa fecha en adelante, la redacción del fallo quedará lista. Sin embargo, el lunes el ministro Nibaldo Segura anunció que se ausentará ese día por motivos personales, motivo por el cual se espera que la sentencia sea notificada y dada a conocer recién este miércoles.

28 de diciembre de 2009
©la nación
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indignantes cifras de maltrato infantil


Unicef: Tres de cada cuatro niños son maltratados física y sicológicamente en Chile. Autoridades llaman a la ciudadanía a denunciar casos y evitar que suceda lo ocurrido con el pequeño Daniel Maldonado.
Chile. La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, la titular de la Dirección de Protección Policial de la Familia (Diprofam), coronel Patricia Rojas, y el representante de Unicef para Chile, Gary Stahl, hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar los maltratos físicos y sicológicos a niños, esto luego del asesinato del menor Daniel Maldonado de dos años, quien falleció tras una golpiza propinada por su padrastro.
Según cifras de la Unicef en Chile 3 de cada 4 niños dicen haber sido víctimas de algún tipo de violencia en su hogar. Esto significa que un 75,3% de los menores reciben algún tipos de agresión, lo que desglosa en que el 53,8% es víctima de algún tipo de violencia física y un 25,9% violencia física grave.
Al respecto la subsecretaria de Carabineros enfatizó que "todos nos conmovimos con el caso de Daniel, por eso queremos hacer un llamado a la ciudadanía a denunciar aquellas situaciones de maltrato infantil de las que sean testigos, Daniel tuvo un desenlace muy terrible y no queremos que nuevos niños en el país lo tengan".
"En Chile más de 7 mil procedimientos policiales se generan por maltrato a los niños, estamos hablando de cerca de 20 procedimientos al día, por lo que reiteramos que la gente que sea testigo denuncie en forma anónima y gratuita en todos el país", agregó Blanco.
Por su parte, el  representante de Unicef para Chile, Gary Stahl, afirmó que "la violencia intrafamiliar no es un tema de los estratos más pobres, ocurre en todos los estratos de la sociedad y uno debiera denunciar sea quien sea el vecino que esta agrediendo a un menor".
En tanto, la titular de la Dirección de Protección Policial de la Familia (Diprofam), sostuvo que "lo importante es poder tener la información, Carabineros está las 24 horas del día recorriendo las calles, pero mientras no se nos transmita lo que esta pasado en la casa de un menor agredido, Carabineros no tiene ojos puestos en todas partes, por lo tanto hay que decirle a la ciudadanía que ustedes son los ojos y los oídos de Carabineros, en la medida que ustedes nos transmitan las situaciones que se están generando en su entorno vamos a poder ejecutar acciones que les compete".
Según indicaron las autoridades desde que ocurrió el caso del pequeño Daniel Maldonado y gracias a los reiterados llamados de las autoridades a denunciar los hechos de violencia, las denuncias por maltrato infantil han aumentado considerablemente en los últimos días, de dos o tres que se hacían diariamente se elevaron a 12.

25 de diciembre de 2009
©la tercera
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la sexta asamblea general de la oea


Libro narra la audacia de abogados que pusieron entre las cuerdas a Pinochet. Dice Héctor Salazar, abogado y coautor de ‘Historia para no olvidar’, junto a la periodista Nancy Guzmán. La publicación desempolva el documento que los magistrados presentaron en la Sexta Asamblea General de la OEA de 1976 y las negaciones descaradas de civiles como Jaime Guzmán, Ricardo Claro y el actual presidente de RN, Carlos Larraín.
[Gabriela García] Santiago, Chile. Es junio de 1976 y mientras la junta militar, los cancilleres de todos los países americanos y el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, levantan sus copas por la embrionaria democracia, chilenos son secuestrados en autos sin patente y luego arrojados muertos a la Cuesta Barriga.
Se está celebrando en el país la Sexta Asamblea General de la OEA y del éxito de esta cumbre depende la legitimidad global del gobierno de facto. El lavado de imagen es perentorio en un momento en que los foros internacionales hablan de violaciones de los derechos humanos. Pero ni el ojo biónico de Pinochet, ni el despliegue de un grupo de agentes de la brigada femenina de la DINA -elegido cuidadosamente por Manuel Contreras para que pulularan por los hoteles e informaran sobre todas las conversaciones que escucharan entre sábanas y pasillos- logró detectar la misión que habían emprendido cinco abogados: infiltrar en la carpeta de todos los asistentes un documento que por primera vez hacía público los asesinatos, torturas y hostigamientos de los que era víctima el pueblo chileno, así como la negación y la pasividad absoluta de los Tribunales de Justicia y del Colegio de Abogados.
Acerca de esta gesta épica que protagonizaron Eugenio Velasco, Fernando Guzmán, Jaime Castillo, Héctor Valenzuela y Andrés Aylwin y sus consecuencias (los protagonistas recibieron golpizas y pagaron el atrevimiento con el exilio) habla el libro ‘Historia para no olvidar’ de Héctor Salazar y Nancy Guzmán. Publicado por Catalonia, es también una radiografía de cómo operaba la derecha hace treinta años. Hasta la publicación de este libro no existió registro de ese bochorno en ningún medio de comunicación. Polvorientos en la Vicaría de la Solidaridad, sino es por el abogado y coautor de la obra, se deshacen con el tiempo. "Este libro no sólo es el registro histórico de la valentía de un grupo de abogados, sino que a la vez funciona como una síntesis de lo que después denominamos el Informe Rettig. Por otro lado, allí se recopila información bastante acabada sobre la participación de civiles en la dictadura, lo cual deja sin validez a los desmemoriados que hoy alegan que no sabían lo que estaba pasando", afirma Salazar.

Justicia Tardía
Ganadora del Premio Planeta de Periodismo Investigativo con el libro ‘Romo. Confesiones de un torturador’, para Nancy Guzmán la importancia de esta publicación radica además en la serie de nombres que van apareciendo y mostrando sus verdaderas caras. "Cuando los abogados presentaron la denuncia, los denostaron y acusaron de infames sin que los ciudadanos supieran el porqué. Hombres como Jaime Guzmán, Ricardo Claro ("están perfectamente individualizados estos traidores", dijo a La Tercera) o Carlos Larraín que hasta ahora han pasado como sin tacha, se suman a la tarea represiva. Lo increíble es que son los mismos que hoy hablan de derechos humanos y se golpean el pecho, que son muy católicos y aparecen muy simpáticos en la televisión".
Salazar acota: "Carlos Larraín es uno de los ejemplos claros de muchos civiles que blanquearon su pasado y hoy pululan legitimados en el ámbito político" y entonces recuerda una anécdota que vivió mientras participaba de la Mesa de Diálogo. "Recuerdo que estábamos redactando el documento junto a representantes de las Fuerzas Armadas y que el proceso suponía ser muy cuidadosos con las palabras. En ese momento un general manifestó que no le parecía que llamáramos al período de 1973-1989 como gobierno de Pinochet y menos como dictadura o gobierno militar, sino como el gobierno que precedió al de Aylwin. ‘La responsabilidad también le cabe a los civiles’, recalcó y creo que tiene razón".

¿Qué les parece que la derecha pueda llegar al poder?
N.G.: La llegada de Piñera representa un retroceso en la democratización del país. Sobre todo en la lucha de expandir más derechos o en avances sociales. Pero no me sorprende, teniendo en cuenta que no hay más prensa que dos monopolios, Copesa y El Mercurio. A través de ellos la gente se forma una opinión. Y ambos tienen parentesco con el sector social y político con el candidato que ganó el 13 de diciembre. Yo sé que éstos jamás le van a dar una página al libro por ejemplo, porque obviamente deja al rey desnudo. Me refiero a la derecha. A ese rey que antes fue Pinochet, luego Büchi, después Lavín y ahora Piñera.

25 de diciembre de 2009
©la nación
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sentencia por crímenes en pitrufquén


Suprema dicta sentencia definitiva por crímenes de la dictadura en Pitrufquén.
Santiago, Chile. La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva por el secuestro calificado de Einar Tenorio Fuentes, Luis Calfuquir Villalón y el homicidio calificado de Osvaldo Burgos Lavoz, ocurridos a partir del 15 de septiembre de 1973, en la localidad de Pitrufquén, Región de La Araucanía.
En fallo dividido el máximo tribunal dictaminó las siguientes condenas: 3 años y un día para Reinaldo Lukowiak Luppy; 729 días para Carlos Moreno Mena, Hugo Nibaldo Catalán Lagos, Domingo Silva Soto y Germán Fernández Torres; 200 días para Nadir Guzmán Pincheira y Heriberto Babileck Druding. A todos los condenados se les aplicó el beneficio de libertad vigilada.
Este fallo se adoptó con el voto en contra de los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, quienes fueron de la idea de acoger la figura de la prescripción de la acción penal.
Asimismo, en el ámbito civil los mismos jueces rechazaron el pago de esa suma al acoger la excepción de incompetencia del tribunal.

23 de diciembre de 2009
©la nación 
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dictador chileno engañó al papa


De golpe, el dictador chileno abrió descorrió una cortina negra y quedó con el Papa frente a la multitud. Lo revela el cardenal Tucci.

Viña del Mar, Chile. El fallecido general Augusto Pinochet engañó a Juan Pablo II durante la visita que el Pontífice realizó a Chile en 1987 y con una estratagema le llevó hasta un balcón del Palacio de La Moneda para aparecer los dos juntos ante los chilenos.
Así lo aseguró el cardenal Roberto Tucci, quien durante años fue el organizador de los viajes papales, en una entrevista que publica hoy el vespertino de la Santa Sede ‘L’Osservatore Romano’.
Tucci relató que cuando se preparó el viaje de Juan Pablo II a Chile en 1987 se acordó con las autoridades chilenas "por precisa disposición del Papa", que no se asomaría el Pontífice junto a Pinochet a saludar a la gente desde el balcón de La Moneda.
"Wojtyla era muy crítico con el dictador chileno y no quería aparecer junto a él", subrayó Tucci, que contó que durante la reunión privada que mantuvieron el Papa y Pinochet en el palacio, el séquito papal fue acomodado en una salita anexa y que él no quitaba ojo a la que se suponía era la única puerta que unía las dos salas.
"Sin embargo, con una acción estudiada, le hicieron salir (al Pontífice) por otra. Pasaron delante de una gran cortina negra, que estaba cerrada y Pinochet, según me contó después el Papa furioso, le detuvo para enseñarle una cosa. La cortina se abrió de golpe y el Pontífice se encontró ante un balcón abierto, que daba a la plaza, llena de gente", recordó el purpurado.

Despedida
Juan Pablo II -añadió- no pudo hacer otra cosa que aguantar al lado de Pinochet "y cuando se despidió de él -subrayó Tucci- le fulminó con la mirada".
El cardenal Tucci recordó también cuando Juan Pablo II se empeñó en rezar ante la tumba del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en San Salvador, sin atender a la exigencia de las autoridades salvadoreñas que habían puesto como condición para la visita papal que no fuese a la catedral.
Cuando el Papa llegó a la catedral, ésta estaba cerrada a cal y canto, pero Juan Pablo II dijo que de allí no se iba sin rezar ante la tumba de un obispo asesinado mientras celebraba misa. Al final lo consiguió, tras un tira y afloja con las autoridades.
Tucci recordó también la visita de Juan Pablo II a Cuba, en 1998 y destacó "la gran disponibilidad de las autoridades (comunistas) cubanas a dejar libre al Papa para hacer lo que deseara".

Recuerdos
Como organizador de los viajes papales desde 1982, Tucci también recordó cuando Juan Pablo II fue obligado a colocarse un chaleco antibalas para poder viajar a Sarajevo en 1994 y el viaje que no pudo realizar a Hong Kong ese mismo año, por la oposición china.
"Otra desilusión" del Papa Wojtyla fue no poder visitar Irak tras la guerra del Golfo, al no garantizar las autoridades iraquíes su seguridad, señaló Tucci.
El cardenal también añadió a las "desilusiones" el fallido encuentro de Wojtyla con el patriarca ortodoxo Alexis II en Austria, tras la negativa del poderoso jefe de la Iglesia Rusa de encontrarse con el polaco, al acusar a la Iglesia Católica de proselitismo en territorios que consideraba de su tradicional influencia.

22 de diciembre de 2009
©mercurio de antofagasta
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suprema aplica prescripción


Desazón en familia de joven mapuche asesinado en dictadura. Asimismo, el máximo tribunal aplicó la prescripción de la acción reparatoria denegando el pago de $200 millones que había establecido la Corte de Apelaciones de Temuco por concepto de daño moral. Su madre y hermanos recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[Leslie Ayala] Chile. Desazón en familia de joven mapuche asesinado en dictadura. Nelson Curiñir era un destacado estudiante de Construcción Civil cuando fue detenido en octubre de 1973 por organismos de represión por haber militado en las Juventudes Comunistas.
"Era la segunda semana de octubre de 1973 cuando Zoila Lincoqueo acudió hasta el Regimiento Tucapel donde funcionaba la Fiscalía Militar de Temuco, a cargo de Alfonso Podlech. La mujer buscaba desesperadamente a su hijo Nelson Curiñir Lincoqueo (22), que había sido secuestrado tras el golpe de Estado.
Ante la pregunta de cuál fue la razón para que detuvieran al estudiante de Construcción Civil, el abogado Podlech inquirió: ¿A qué partido pertenece la persona buscada? La mujer respondió que era militante del PC. En ese mismo instante el encuentro terminó violentamente luego que el fiscal militar exclamara ¡Qué bien muerto está!".
Este es parte del relato que esta familia mapuche tiene como registro de las acciones que emprendieron durante aquellos años con el objetivo de encontrar al joven, quien -según se estableció en investigaciones judiciales- fue asesinado y hecho desaparecer por integrantes de la Base Aérea Maquehue en Temuco.
Ahora toda esta información cobra un sinsentido luego que la Corte Suprema decidiera hace algunos días rebajar la condena a Heriberto Pereira Rojas, único encausado en este crimen, asignándole la pena de tres años remitidos por el delito de homicidio calificado. El máximo tribunal además, por voto mayoritario, prescribió la acción civil, revocando la indemnización de $200 millones a los que la Corte de Apelaciones de Temuco había condenado al fisco por concepto de daño moral y en la que eran beneficiarios sus familiares entre ellos Zoila Lincoqueo que aún sigue dando la lucha por hacer justicia para su hijo.

Hijos de la Adversidad
Tras conocerse esta resolución, el historiador Hernán Curiñir Lincoqueo relata la desazón que siente la familia al haber quedado con la sensación de injusticia. "Nosotros lo tomamos desde un punto de vista muy particular. Entendemos que como somos una familia mapuche, somos hijos de la adversidad y creemos que nuestra sociedad es de mentira y que no existe igualdad de derecho para todos los ciudadanos de nuestro país", señaló el profesional que fue detenido junto a su hermano el 6 de octubre de 1973, luego que ambos militaran en las Juventudes Comunistas.
Asimismo, criticó el actuar de la Suprema en esta causa en la que a su juicio se vulneran los tratados internacionales que explicitan que estos crímenes no pueden ser amnistiables, ni imprescriptibles de ninguna forma. "Ahora los secuestradores, torturadores y asesinos de mi hermano caminan libremente por la zona (…) Me temo que con esta actitud que ha tomado sistemáticamente la justicia, el máximo tribunal da carta abierta para que en el futuro estos deleznables hechos vuelvan a ocurrir, total los criminales ya tienen asegurada la impunidad", sostuvo Curiñir.
Consultado si cree que influyó en el proceso que fueran mapuches, el historiador asintió señalando que en ningún momento la Suprema se hizo cargo del Convenio 169 que el país suscribió en septiembre pasado y que llama a la protección de los pueblos originarios. "Nelson es parte de los casi 200 mapuches a los que la dictadura secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer", expuso.
Luego que la familia encontrara en 1990 el cuerpo de Nelson Curiñir, registrado como N.N. en el cementerio de Nueva Imperial, la lucha de la familia se centró en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Ante el inapelable fallo de la Suprema su familia se apronta a una nueva batalla: recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que este organismo corrija "la impunidad con la que este organismo actuó y nos saque de esta indefensión en la que quedamos tras este largo proceso judicial".

22 de diciembre de 2009
©la nación 
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suprema revisa amparos


En caso Frei Montalva.
Santiago, Chile. La Corte Suprema revisará hoy por primera vez los procesamientos que dictó el ministro Alejandro Madrid, en el caso del homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Su muerte se produjo en enero de 1982 por la inoculación paulatina de talio y gas mostaza en el cuerpo del ex mandatario, mientras estuvo internado en la Clínica Santa María.
En el 4º lugar de la tabla de la Sala Penal del máximo tribunal del país se encuentra fijada la audiencia por los recursos de amparo a favor del ex chofer de Frei, Luis Becerra Arancibia, y del ex agente de la DINA y CNI, Raúl Lillo Gutiérrez.
Becerra Arancibia se encuentra inculpado como autor del homicidio, debido a que fue reclutado por la CNI para entregar información sobre el ex mandatario.
El amparo a su favor fue rechazado la semana pasada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la misma que el viernes acogió similar recurso, favoreciendo a los doctores Patricio Silva Garín y Pedro Valdivia Soto.
No obstante a este cuestionamiento, el abogado y miembro del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Quintana, se manifestó seguro en revertir los amparos acogidos y mantener el procesamiento de Becerra.

Privados de Libertad
De los seis procesados por el homicidio de Frei Montalva, sólo dos se encuentran privados de libertad: el ex chofer Luis Becerra y el ex agente Raúl Lillo Gutiérrez. Este último también recurrió a la Suprema por el amparo que le rechazó el tribunal de alzada capitalino.
Junto a ellos fueron procesados los médicos militares Patricio Silva Garín y Pedro Valdivia Soto, este último ex agente DINA, CNI y DINE, y los médicos de la Universidad Católica que realizaron la misteriosa autopsia, Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardieri.
El jueves pasado, la Corte de Apelaciones acogió los recursos de amparo de los doctores Silva Garín y Valdivia Soto, con lo cual anuló sus procesamientos. En tanto, Rosenberg y González se encuentran en libertad bajo fianza desde el día de los encausamientos, el 7 de diciembre pasado.
El juez Madrid se encuentra suspendido de la causa desde el miércoles último, mientras se estudia una recusación en su contra.

22 de diciembre de 2009
©la nación 
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