Blogia
mQh

chile

ley de protección del periodismo


Aprueban proyecto que penaliza con multa a quien impida el ejercicio de la actividad periodística.
Valparaíso, Chile. Si la obstrucción arbitraria e ilegal al ejercicio del periodismo se realiza con violencia, la multa irá de 50 a 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), señala la iniciativa legal despachada hoy al Senado a segundo trámite constitucional, con 71 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.
El proyecto de ley (Boletín 4822) modifica la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo para regular los derechos de los periodistas, dibujantes y reporteros gráficos sobre sus artículos, dibujos y demás producciones por las normas de la Ley sobre Propiedad Intelectual.

Seguro contra Accidentes
El texto obliga a los medios de comunicación a contratar un seguro de accidentes personales que proteja a los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos, que no se encuentren cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo regulado en la ley N° 16.744, ante siniestros ocurridos a consecuencia de la actividad profesional o informativa que desarrollen fuera de las dependencias de la empresa.
Para ello, la iniciativa delega en el Presidente de la República la facultad para dictar, en el plazo de 1 año, un decreto con fuerza de ley que regule el mencionado seguro.

Ejercicio Responsable
El proyecto impone al periodista el ejercicio responsable de su profesión, teniendo en consideración el destino de los mensajes e informaciones que elabora y transmite.
Además, sanciona con multa de hasta 100 UTM, unos 3,7 millones de pesos, al que obstruya, de manera arbitraria e ilegal, el ejercicio del periodismo.
Esta disposición fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara y luego por parte de diputados en la Sala, para añadir la calidad de arbitraria al ejercicio obstructivo.
Lo anterior, porque en la redacción del primer informe se proponía sancionar sólo al que con violencia obstruyera el ejercicio de la actividad periodística.
La modificación también protege la labor de las fuerzas de orden y seguridad, por cuanto el ejercicio de las funciones que les son propias no significan actos arbitrarios o ilegales, se destacó en el segundo informe de la Comisión.

Propiedad Intelectual
La iniciativa modifica la Ley sobre Propiedad Intelectual para disponer la actualización anual del Arancel del Colegio de Periodistas y ampliar de uno a tres años el plazo de prescripción para el cobro de los derechos que corresponden a los periodistas por la publicación de sus producciones en medios distintos de aquellos en los que prestan los servicios.

Moción Original
El proyecto original fue presentado por las diputadas Carolina Goic Boroevic y Clemira Pacheco Rivas, y los diputados Gonzalo Duarte Leiva, Maximiano Errázuriz Eguiguren, Álvaro Escobar Rufatt, Fernando Meza Moncada, Carlos Montes Cisternas, Felipe Salaberry Soto y Esteban Valenzuela van Treek.
Durante su tramitación en la Cámara, el texto fue acotado mediante una indicación del Ejecutivo, consensuada con los parlamentarios.
La moción original tenía los siguientes objetivos:

a)- robustecer la función pública de la prensa mediante el acrecentamiento de la eficacia del derecho de acceso a las fuentes informativas públicas y privadas y el aseguramiento de la independencia intelectual y moral del profesional periodista;

b)- precisar el universo de titulares de los derechos que el ordenamiento jurídico establece para asegurar la calidad, eficacia, continuidad y perdurabilidad de la función informativa,

c)- determinar los elementos peculiares y formativos del contrato de trabajo de los periodistas y de los alumnos de periodismo en práctica profesional.

31 de julio de 2009
©diario de la cámara
rss

aprueban instituto de ddhh


Instituto de DDHH aprobado en la Cámara: Desalojan a organizaciones. Con el desalojo de las tribunas que rechazaron con carteles y consignas la aprobación del proyecto, los diputados dieron luz verde a la creación del Instituto de Derechos Humanos, faltando ahora sólo la ratificación del Senado.
[Angélica Meneses] Valparaíso, Chile. Las organizaciones de derechos humanos no quedaron contentas con la creación del Instituto nacional especializado en la materia, el que quedó a un paso de convertirse en ley tras la aprobación del informe de comisión mixta en la Cámara de Diputados. 
Así lo hicieron sentir desde las tribunas, donde sacaron carteles y gritaron consignas contra la Concertación, reclamando que la creación del Instituto de Derechos Humanos es una forma de impunidad, lo que hizo que fueran desalojados al término de la votación.
Fueron 57 votos a favor, 11 en contra y 31 abstenciones, sumándose a la aprobación finalmente la gran mayoría de la Concertación, tras comprometer el gobierno un veto aditivo que corregirá los puntos en que planteó discrepancias las Naciones Unidas.
En el oficialismo, sólo los diputados PPD Jorge Insunza y Rodrigo González no se convencieron y optaron por rechazar, tal como lo hizo una parte de la derecha, mientras el resto de la oposición se abstuvo. 

Viera Gallo: Se Logró Avanzar
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, comprometió enviar a la brevedad el veto aditivo, señalando que allí se recogen los 4 aspectos cuestionados por Naciones Unidas. 
"Teniendo en cuenta las observaciones de Naciones Unidas, que van a ser válidas hoy, mañana y pasado mañana, cualquiera que sea el gobierno que asuma a partir de marzo próximo, el gobierno -en conversaciones con las bancadas de la Concertación e informando a las de la oposición- acordó enviar un veto aditivo", indicó.
Destacó que también "se logró avanzar en materia de beneficios para las víctimas y sus familiares, teniendo en cuenta además que este proyecto reabre las comisiones Rettig y Valech y va a permitir que en un plazo de 6 meses las personas que no lograron calificación puedan presentar antecedentes para que la obtengan". 
El ministro subrayó la importancia que tiene para el gobierno de Michelle Bachelet "dejar no sólo el legado de que Chile queda adscrito a todos los tratados internacionales de Derechos Humanos, sino que además tiene una institución permanente que se ocupe de este tema para hoy y para mañana". 

La Molestia de la Afdd
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que "lo que ha ocurrido es disfrazar con un veto la decisión política de terminar este gobierno lleno de símbolos, pero vacío finalmente en avanzar en verdad y justicia".
Recalcó que "el problema no es si queremos o no Instituto de Derechos Humanos, no queremos este instituto de la impunidad y sí queremos el nunca más".

30 de julio de 2009
©la nación
rss

mapuches ocupan fundo


Araucanía: Toman fundo donde murió Alex Lemún. Grupo mapuche ocupó predio Santa Elisa de Mininco. Otras comunidades protagonizan incidentes en Budi y Cunco.
Región de la Araucanía. Comuneros mapuche ocuparon en las últimas horas el fundo Santa Elisa, de Forestal Mininco, en donde en 2002, en medio de enfrentamientos con Carabineros murió abatido por un disparo policial el joven activista Alex Lemún Saavedra.
En el rebrotado conflicto por reivindicación de tierras ancestrales, de acuerdo a radio Bío Bío, además de la ocupación en el emblemático predio cerca de Ercilla, se registran incidentes en el sector de Chamichaco, en las cercanías de la Ruta 5 Sur.
En tanto, una comunidad mapuche de la zona de Ranquilco Bajo aseguró haber talado al menos una hectárea de bosque nativo de particulares dueños de terrenos que aseguran haber sido adquiridos ilegalmente.
Otras ocupaciones que intentan ser contenidas por efectivos de Fuerzas Especiales se registran en el sector de Budi, en Teodoro Schmidt, y en Los Laureles, cercano a Cunco, donde comuneros aseguran extender tomas en unas 4 mil hectáreas.
En el recrudecimiento de las acciones indígenas desde hace cerca de una semana, el hecho más grave se registró en la madrugada de este martes cuando un grupo de encapuchados atacó, entre otros vehículos, a un bus interprovincial que se dirigía con pasajeros desde Santiago a Puerto Montt.

29 de julio de 2009
©la nación 
rss

quieren prohibir bolsas plásticas


Proyecto prohíbe el uso de bolsas plásticas.
Valparaíso, Chile. La iniciativa, que será estudiada por la Comisión de Recursos Naturales, busca prohibir la producción, importación, distribución gratuita u onerosa y venta de bolsas plásticas no degradables, y reemplazarlas por empaques biodegradables.
El proyecto (boletín 6585) fue presentado por los diputados Roberto Sepúlveda, Francisco Chahuán, Enrique Accorsi, Eugenio Bauer, Álvaro Escobar, Guido Girardi, Juan Lobos, Osvaldo Palma, Patricio Vallespín y Lily Pérez.
Los autores señalan que la contaminación por bolsas plásticas se está convirtiendo paso a paso en un problema ambiental de gran magnitud, afectando al mismo tiempo la biodiversidad, la salud humana, y los recursos naturales.
Añaden que los impactos del uso de bolsas plásticas se relacionan con el consumo de recursos y energía utilizados en su producción; las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el proceso de producción y distribución y la generación de grandes volúmenes de basura.
"En lo particular las bolsas plásticas se dispersan en campos y sembrados, en algunos lugares se han convertido en parte del paisaje; quedan atrapadas en las malezas, en riberas de ríos y afluentes. En las ciudades obstruyen desagües y canales, provocando desbordes, filtraciones y debilitando terrenos. Un porcentaje es incinerado expulsando gases tóxicos al aire", agregan los parlamentarios.
Señalan asimismo que la mayoría de los plásticos sintéticos no pueden ser degradados por el entorno, por lo que su eliminación representa un problema medioambiental.
"Las bolsas de plástico consumen grandes cantidades de energía para su fabricación y además están compuestas de sustancias derivadas del petróleo, que pueden tardar en degradarse más de medio siglo. Asimismo, las bolsas serigrafiadas pueden contener residuos metálicos tóxicos", indica el texto.

Reemplazo por Bolsas Biodegradables
De esta forma, el proyecto tiene por objeto promover el reemplazo de las bolsas plásticas no biodegradables por bolsas biodegradables, y fomentar la reducción de su cantidad en el ambiente, con la finalidad de contribuir a la minimización en la generación y disposición de residuos.
Adicionalmente, se prohíbe la producción, importación, distribución gratuita u onerosa y venta de bolsas plásticas no degradables.
La moción establece que un reglamento establecerá las normas técnicas que fijen las características que deberán tener las bolsas biodegradables. Dichas características no podrán en caso alguno ser inferiores a la norma internacional ASTM N° 6954-04, que considera la biodegradabilidad de las bolsas plásticas.
Asimismo dicho reglamento fijará, mediante colores, signos, texturas, u otras características, las señales mediante las cuales se puedan identificar claramente los componentes y biodegradabilidad de las bolsas plásticas.
Los productores, importadores, distribuidores y vendedores de bolsas biodegradables deberán someterse a un proceso de certificación para acreditar el cumplimiento de estas normas técnicas. Dicho procedimiento estará a cargo del Sistema Nacional de Acreditación.
Las bolsas biodegradables deberán contener en lugar visible una leyenda que indique que el productor, importador, distribuidor y/o vendedor ha obtenido la certificación correspondiente.
En tanto, quienes suministren como bolsas biodegradables productos que no se ajusten a las normas técnicas o no cuenten con la debida certificación, serán sancionados de acuerdo a un procedimiento llevado a cabo en el juzgado de policía local, y podrán recibir multas de 5 a 250 UTM ($185.000 a $9.220.000, aproximadamente), sin perjuicio de la facultad del juez para imponer, en caso de reincidencia, el doble de la multa.
El juez deberá decretar, en todo caso, el comiso de las especies incautadas, las que serán puestas a disposición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para los fines que ésta estime pertinente.
Finalmente, un artículo transitorio indica que la ley comenzará a regir el primero de enero del 2012. Sin embargo, tratándose de empresas de menor tamaño, estas podrán cumplir con lo prescrito en la ley el primero de junio de ese mismo año.

29 de julio de 2009
©diario de la cámara 
rss

alerta por agenda de derechos humanos


Declaración de ausencia por desaparición forzada de personas e indulto en carpeta. El Ejecutivo está a la espera de que el Senado informe el fallo del TC que revirtió el rechazo al proyecto sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas. Además, se negocian condiciones para aprobar Instituto de DDHH.
[C. Miranda/R. Miranda] Santiago, Chile. La agenda de derechos humanos preocupa al gobierno. Es que no sólo se vislumbra el debate y votación del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, sino que el Ejecutivo también está a la espera de que el Senado informe el fallo en que declara como inconstitucional el rechazo de esa instancia al proyecto de ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas.
El asunto fue analizado ayer por representantes de la bancada de diputados del PS y el ministro de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, a quien pidieron gestionar la promulgación y publicación de la iniciativa.
Es que, explicó el presidente del comité, Marcelo Díaz, el TC "nos ha dado la razón, en el sentido de que el Senado debió haber aprobado el proyecto, ya que la única norma que requería quórum era el artículo 2, que fue rechazado. El resto fue aprobado y debe ser promulgado".
"Nos declaramos satisfechos, porque ésta es una legislación que viene a complementar de manera relevante el conjunto de disposiciones protectoras de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico", aseveró el legislador que estuvo acompañado por los diputados Isabel Allende, Denisse Pascal y Sergio Aguiló.
Agregó que "el Senado tiene que acatar el fallo del TC y para eso tiene que enviarle el proyecto, comunicarle al Ejecutivo que el proyecto ha sido aprobado, salvo el artículo 2º, que es lo que dice explícitamente el fallo del TC para que el gobierno proceda a promulgarlo y a publicarlo".
La interpretación del gobierno, afirmó Allende, es coincidente con la expuesta por los legisladores, razón por lo que Viera-Gallo habría expresado su voluntad de promulgar y publicar la iniciativa, que -en la práctica- busca regularizar la situación patrimonial de los parientes de detenidos desaparecidos para que éstos, luego de 30 años de desconocer el paradero de sus familiares, puedan administrar los bienes del hogar y disolver vínculos civiles.
Así, estos trámites se podrían realizar sin tener que reconocer la muerte de sus familiares antes de que la justicia aclare cuál fue su destino.

Señal Política
Aunque el 14 de julio se le quitó la urgencia, se prevé que mañana la sala de la Cámara de Diputados debata la creación del Instituto de Derechos Humanos.
Si bien la iniciativa ha recibido reparos desde el Alto Comisionado de la ONU para DDHH y del mundo de los derechos humanos al artículo que señala que el instituto podrá "deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia", en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos señalan que es imprescindible que se establezca claramente que el instituto podrá iniciar querellas y hacerse parte en juicios en marcha.
Esa posición es compartida por legisladores como los PS Marcelo Díaz y Sergio Aguiló o el PPD Ramón Farías.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Ojeda (DC), explicó que en esta etapa del trámite no se puede hacer indicaciones, por lo que la iniciativa se aprueba o se rechazada.
Consciente de que la decisión de La Moneda es la iniciativa se apruebe, Ojeda advirtió que es fundamental que el gobierno dé señales concretas de que perfeccionará la iniciativa a posteriori con un nuevo proyecto.
Ese análisis es el que hoy se realiza con el gobierno.
De lo contrario, existe la posibilidad de que la emblemática iniciativa no vea la luz.

Propuesta de Indulto en Agosto
A la espera del planteamiento que realizará la Iglesia Católica en materia de indulto bicentenario está La Moneda. En palacio se espera recibir la propuesta antes del 20 de agosto.
En este contexto, el diputado PS Fulvio Rossi anunció su irrestricto apoyo a la iniciativa que elabora la Iglesia Católica para conceder indultos a determinados reclusos en el marco del bicentenario.
Además, rechazó las críticas que se han generado en este tema, pues "entender un indulto de estas características como un gesto de impunidad es improcedente. Cuando lo plantea la Conferencia Episcopal, es un acto de compasión y de misericordia de la sociedad chilena, que lleva a engrandecer el alma nacional y favorece el reencuentro entre los chilenos a través de la solidaridad y el perdón".
Respecto del rechazo que ha generado la aplicación del beneficio a quienes cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, Rossi dijo que "hay que analizar cuáles serán los requisitos, pero hay que tener cuidado porque ver caso a caso, lo puede hacer la presidenta con su facultad. Estamos hablando de un gesto país".

28 de julio de 2009
©la nación
rss

quieren procesar a asesinos de frei


Familia pedirá procesamientos por muerte de Frei Montalva. De acuerdo con las últimas pesquisas del ministro Madrid, un médico de la CNI habría intervenido directamente en la segunda operación que se le efectuó al ex Presidente el 6 de diciembre de 1981.
Santiago, Chile. La familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva pedirá al ministro Alejandro Madrid los procesamientos de quienes habrían intervenido en la muerte del ex mandatario, ocurrida el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.
La información fue confirmada ayer por el abogado de la familia, Álvaro Varela, quien aseguró que la indagatoria del ministro Madrid ya acreditaría que Frei fue envenenado y que los implicados están identificados.
"Estoy a la espera del término de algunas diligencias al cabo de las cuales requeriré los primeros procesamientos", manifestó el abogado.
De acuerdo con las últimas pesquisas del ministro Madrid, un médico de la CNI habría intervenido directamente en la segunda operación que se le efectuó al ex presidente el 6 de diciembre de 1981.
El nombre de este profesional es Rodrigo Vélez Fuenzalida, quien en esa época era cirujano de urgencia de la Clínica Santa María, además de médico de la desaparecida Central Nacional de Informaciones.
Los otros médicos que participaron en esta operación estaban relacionados con el Ejército. Se trata de Patricio Silva Garín (jefe del equipo médico y concuñado del ex ministro Patricio Rojas) y de Eduardo Weinstein, médico jefe de Cirugía del Hospital Militar.
Asimismo, una investigación periodística de Ciper Chile concluyó que Pedro Samuel Valdivia Soto -otro médico ligado a la CNI- también podría haber intervenido en el agravamiento del ex Mandatario.
Valdivia Soto se dedicaba a cuidar a los pacientes del postoperatorio durante toda la noche y tenía acceso a la habitación del ex Jefe de Estado cuando quisiera.
Frei Montalva ingresó a la clínica por primera vez el 18 de noviembre de 1981 para operarse de una hernia en el esófago. La intervención la realizó el doctor Augusto Larraín, la recuperación fue inmediata y retornó a su casa.
Sin embargo, a los diez días empezó a sentirse mal y el 6 de diciembre fue operado por segunda vez. Tras esta intervención, se le diagnosticó una infección en la cavidad abdominal, muriendo 47 días después.

28 de julio de 2009
©la nación
rss

lo mataron por la espalda


Víctor Jara fue asesinado por la espalda. Informe revela que sólo dos balas fueron encontradas entre sus restos. En los próximos días será entregado el documento que establece su causa de muerte. Trascendió que primeras conclusiones ratificarían versión de ex conscripto Paredes.
[Luis Narváez] Santiago, Chile. Sobre una mesa de trabajo, especialmente dispuesta en el Programa de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, para estos casos, se encuentra reconstituido lo que queda del cantante Víctor Jara.
Los más de 200 huesos yacen formando un esqueleto con evidencias claras de golpes, fracturas y disparos de bala. De todos éstos, la lesión que presenta el cráneo del cantante parece ya no dejar dudas sobre la forma en que fue asesinado.
Muy por sobre el parietal derecho, a Víctor se le desprende un trozo, clara señal de que recibió un disparo que vino por la espalda.
Así al menos piensan algunas fuentes consultadas por La Nación, ante la inminente entrega esta semana del informe de autopsia realizada al autor de ‘Plegaria de un labrador’, luego de que sus restos fueran exhumados, el 4 de junio, desde el Cementerio General.
Trascendió que los especialistas efectuaron un estudio de trayectoria de impactos que revelan la brutalidad a la que Víctor Jara fue sometido y que éstos, no sólo el de la cabeza, vienen desde la espalda.
La evidencia confirma de algún modo la versión del ex conscripto José Paredes Márquez, quien declaró que un subteniente, apodado "Loco" le disparó luego de jugar a la ruleta rusa con su revólver, la noche del 16 de septiembre de 1973, en uno de los camarines del Estadio Chile.
El 23 de junio, el SML entregó al ministro que investiga el caso, Juan Fuentes Belmar, un primer informe que consta de análisis arqueológicos, antropológicos y odontológicos.
Este documento revela detalles de los proyectiles encontrados entre los restos. Según las fuentes, sólo dos balas fueron encontradas. Ambas piezas se enviaron al Laboratorio de Criminalística de la PDI.
Lo que no concuerda con el protocolo de autopsia realizado en 1973 es que de las 32 heridas sin salida de proyectil que se mencionaba en ese informe, no hay rastros de los proyectiles.
El informe confirmaría el número de lesiones. Sin embargo, de las balas encontradas, una estaba alojada en el interior del cráneo de Víctor Jara y la otra fue hallada en la base del ataúd, pero en la zona de la cabeza.
Las mismas fuentes indican que se trataría de balas de plomo, munición característica de un revólver.

Armamento de Guerra
Asimismo, la ausencia de otros proyectiles también confirmaría el uso de armamento de guerra, de mayor potencia, utilizado para acribillar al cantante. Lo anterior se deduce, entre otros, de la trayectoria de uno de los disparos atraviesa varias piezas óseas antes de salir.
El director del SML, Patricio Bustos se excusó de comentar información al respecto aduciendo que es materia de una investigación que está bajo el secreto del sumario.
Sin embargo, confirmó que a la fecha sólo falta entregar el informe de causa de muerte y de "materiales culturales asociados" (vestimentas).
Consultado por lo que resta para saber si Víctor Jara murió asesinado por los disparos en la cabeza o producto de un fusilamiento, el facultativo aclaró que "es necesario realizar una interpretación integrada de los hallazgos y no es posible lograr este objetivo sin que los expertos hayan llegado a una etapa final de análisis".
La pericia para determinar la identidad de Víctor Jara será enviada al extranjero, barajándose dos posibilidades: la Universidad de Escocia o el Instituto de Texas (EEUU).

Apoyo de Perito Español
El forense español Francisco Etxeberría encabeza el trabajo para identificar a las más de 130 mil víctimas de la dictadura de Francisco Franco. Entre otros, quiere identificar el cadáver de Federico García Lorca, en España. Por ello entiende la expectación para determinar la causa de muerte de Víctor Jara.
El doctor Patricio Bustos informó que "la pericia para determinar la causa de muerte está siendo realizada por nuestros profesionales y el apoyo de Francisco Etxeberría, también perito ad hoc del caso patio 29 y miembro del comité internacional de expertos que asesora al SML en identificación humana".

28 de julio de 2009
©la nación
rss

piden detenciones en caso soria


Caso Carmelo Soria: Piden detención de 7 ex DINA en España. Fiscalía española solicitó al juez Baltasar Garzón dictar una orden de detención contra el director Manuel Contreras, el capitán Juan Delmas, el general retirado Jaime Enrique Lepe, Jorge Remigio Ríos y los coroneles Guillermo Salinas, Pablo Belber y René Patricio Guilof Palma.
Madrid, España. La fiscalía de la Audiencia Nacional de España pidió al juez Baltasar Garzón que dicte una orden de detención internacional contra siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.
El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota hizo la solicitud a Garzón en un escrito en el que aprueba la admisión a trámite de una querella de la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares a los que relaciona con la muerte de Soria, ocurrida en 1976 en plena dictadura militar.
González Mota cree que, por el momento, la querella sólo debe ser admitida con respecto a siete de los querellados, entre los que destaca Manuel Contreras, ex director de la DINA, y al que el fiscal considera "la persona que indiciariamente ordenó el secuestro, detención y asesinato" de Soria.
El resto son ex integrantes de la brigada Mulchén de la DINA: el capitán Juan Delmas, el general retirado y ex secretario del Ejército chileno Jaime Enrique Lepe, Jorge Remigio Ríos y los coroneles Guillermo Salinas, Pablo Belber y René Patricio Guilof Palma.
El fiscal cree que hay indicios de la participación de estos en el asesinato de Soria y además no consta que se les haya procesado por estos hechos, por lo que pide a Garzón que lo haga.
Del resto de los querellados, entre los que figura el ex ministro de Defensa Hernán Julio Brady Roche, González Mota no aprecia suficientes pruebas, aunque no descarta actuar contra ellos si "apareciera acreditada" su intervención en el crimen.
"Los hechos referidos a la tortura y muerte" de Carmelo Soria, según recuerda González Mota en su escrito, forman parte del sumario en el que Garzón investiga posibles crímenes contra la humanidad en las dictaduras chilena y argentina.
En el auto de procesamiento dictado en 1998 contra responsables de la dictadura chilena, entre ellos el ya fallecido Augusto Pinochet, Garzón explicaba que el asesinato de Soria "forma parte de la agresión sistemática constitutiva de delito" y lo atribuía a los integrantes de la brigada Mulchén.
Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (Cepal), fue asesinado por agentes de la DINA el 14 de julio de 1976 tras ser secuestrado.
En mayo de 2001, Garzón, quien en 1998 pidió la extradición de Pinochet, pidió la detención y dictó orden de extradición contra Brady Roche por estos hechos, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la resolución del magistrado, por lo que ésta quedó en suspenso hasta que el Tribunal Supremo se pronunció sobre este asunto.
El llamado caso Soria, se resolvió en marzo de 2004 cuando el alto tribunal acordó que los tribunales españoles tenían jurisdicción para conocer de los hechos objeto de la querella interpuesta contra el ex ministro de Defensa y que derivó en la petición de Garzón de que fuera detenido y entregado a España.
En Chile, el proceso por el asesinato de Soria fue archivado en 1996 por aplicación de la ley de amnistía y fueron denegadas sucesivas demandas de reapertura, por lo que la familia llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este organismo recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, dejar sin efecto la ley de amnistía de 1978 y el pago de una indemnización de 1,5 millones de dólares a la familia.

27 de julio de 2009
©la nación
rss