chile

procesarán a asesinos de frei

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Familia Frei pedirá procesamientos por intervención de terceros en muerte del ex mandatario.

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Santiago, Chile. El abogado Álvaro Varela manifestó que están a la espera del término de las últimas diligencias para solicitar los encauzamientos por homicidio calificado.
La familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva pedirá al ministro Alejandro Madrid los procesamientos de quienes habrían intervenido en la muerte del ex mandatario el 22 de enero de 1982.
La información fue confirmada por el abogado Álvaro Varela quien aseguró que la indagatoria del ministro Madrid ya acreditaría que Frei fue envenenado y que los implicados está identificados.
"Estoy a la espera del término de algunas diligencias al cabo de las cuales requeriré los primeros procesamientos, eso espero que sea dentro de un breve plazo de tiempo" manifestó el profesional a radio Biobío.

26 de julio de 2009
©la tercera

el caso de boris weisfeiler

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Gobierno buscará aclarar caso de Boris Weisfeiler. Familiares contaron que la Presidenta comunicó a EEUU su preocupación. En una carta dirigida al vicepresidente norteamericano, Michelle Bachelet señaló que esta indagatoria ha sido compleja y que el Consejo de Defensa del Estado ha atendido a la hermana del matemático cada vez que ella lo ha requerido.

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Santiago, Chile. La presidenta Michelle Bachelet informó al gobierno de Estados Unidos que su administración se encuentra "preocupada" por esclarecer la desaparición en 1985 del ciudadano ruso nacionalizado estadounidense Boris Weisfeiler, según informaron familiares de la víctima.
Weisfeiler era un matemático de origen judío que ingresó legalmente a Chile con pasaporte estadounidense y desapareció el 4 de enero de 1985 en la precordillera de la Región del Maule, ubicada a unos 420 kilómetros de Santiago.
La mandataria expresó, en una carta dirigida al vicepresidente norteamericano, Joseph Biden, que el caso es "complejo y difícil", pero que además de la labor que está desarrollando el juez de la causa, Jorge Zepeda y la Policía de Investigaciones (PDI), se "ha recibido la asistencia del FBI".
En la carta, Bachelet recordó al vicepresidente estadounidense que el estado chileno se hizo parte en el proceso judicial el 16 de junio de 2006, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que es el "organismo que se encarga de la defensa y representación del Estado".
Asimismo, la presidenta comunicó que el CDE "ha atendido todas las peticiones de audiencia requeridas por la hermana del señor Weisfeiler" y agregó que "esta misma disposición la tiene y seguirá teniendo este organismo, como cualquier otra entidad pública cuyo propósito sea contribuir al esclarecimiento de este complejo y difícil caso".

Réplicas de la Hermana
En tanto, la hermana del matemático desaparecido, Olga Weisfeiler, durante su octava visita a Santiago, dijo a la agencia EFE que esta vez no fue recibida por las autoridades del CDE. "A partir de 2008 el gobierno chileno adoptó una posición de no compromiso con el caso", dijo la hermana de Weisfeiler.
Esto último, luego que el 14 de abril de 2008, el Ejecutivo le enviara una carta para informarle que la investigación por la muerte de su hermano no tenía, de manera oficial, la calidad de causa por violaciones de los derechos humanos debido a la falta de antecedentes existente en el proceso.
Por su parte, la mujer califica la conducta de las autoridades chilenas como "contradictoria" y aseguró no entender "por qué el CDE se hizo parte en el proceso si el gobierno dice que no se trata de una violación de los derechos humanos".
"Mi hermano ingresó a Chile legalmente, no para que lo mataran. Por ello, el responsable de su desaparición es el Estado de Chile, específicamente la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)", expresó la mujer a agencia EFE.

26 de julio de 2009
©la nación

dictadura libró a candidato de la cárcel

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Ministra de Pinochet logró libertad de Piñera en los ‘80. A instancias de su hermano José Piñera, también ministro de la dictadura. En conversación con un canal de San Antonio, Mónica Madariaga admitió haber intervenido "indebidamente" en el Poder Judical de la época en que dirigió el Ministerio de Justicia.

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Santiago, Chile. Una desconocida protagonista surgió en el episodio en que el entonces ministro Luis Correa Bulo declaró reo al candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos, recogido en abril por La Nación Domingo.
El nuevo personaje fue la ministra de Justicia de Augusto Pinochet: Mónica Madariaga.
La hoy directora de la Escuela de Derecho de Uniacc, reveló ayer -en conversación con Luis Valderas y Patricio Tombolini en el programa cámara abierta del canal 2 de San Antonio- que había intercedido "indebidamente" para que se dejara sin efecto la orden de detención que pesaba entonces contra el inversionista.
Llama la atención que la confesión de la otrora secretaria de Estado no surgió a raíz de una pregunta de los panelistas, sino que en medio de la defensa de la independencia de los tribunales de justicia.
Aunque sólo se sabe que Piñera estuvo prófugo de la justicia por 24 días, período en el que sus abogados tramitaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol 22954, presentado el 3 de septiembre de 1982 y que fue acogido 17 días más tarde por la Corte de Apelaciones, Madariaga asegura que el inversionista estuvo preso.

El Diálogo
La entrevista se realizó en una oficina de Uniacc en Santiago, donde Madariaga destacó la labor académica que hoy desarrolla y recordó algunos pasajes de su trabajo durante la dictadura.
En ese contexto, entregamos la transcripción del diálogo.

Mónica Madariaga (MD): Qué diga algún magistrado que les pedí algo. Una sola (vez) pedí: la libertad de Tatán Piñera, cuando estaba preso como presidente del Banco de Talca por el caput económico del año ‘83 y me dio las gracias en un avión.
Valderas y Tombolini (V y T): ¿Estuvo preso Piñera?

MD: Estaba preso.

(V y T): Sebastián Piñera, el actual candidato...

MD: "Sí, Sebastián Piñera, el actual candidato y yo llamé al juez que tenía la causa y le dije: "Mira, vino aquí llegó el Pepe chico (José Piñera), que era mi colega de gabinete. Era ministro del Trabajo y fue ministro de Minería. Ocurre que el Pepe llegó y me dijo ‘Moniquita, el Tatán está preso’ (...).
"Ocurre que se lo pedí al magistrado que llevaba la causa y el magistrado me dijo ‘mira están todos los antecedentes disponibles como para que yo dé esta libertad’.
"Es la única vez, en el único caso en que yo he intervenido indebidamente, porque eso fue indebido, en la juricatura. Y le puedes preguntar a la gente que queda de esos años si alguna vez ellos tuvieron si quiera la insinuación de cómo debían comportarse".

A renglón seguido y consultada sobre la inacción de los jueces frente a las denuncias de violaciones de los derechos humanos, la ex ministra de Justicia recordó que escribió un capítulo del libro "La verdad y la honestidad se pagan caro", en el que también escribió la fallecida líder comunista Gladys Marín.
Tras la confesión, la conversación abordó otros aspectos de su gestión durante la dictadura como el período en que fue embajadora ante la OEA.

La Estrategia de Piñera
Tras el reportaje de La Nación Domingo, el abanderado aliancista decidió defender su inocencia ante cada emplazamiento que recibió por el tema.
"En primer lugar, en ese caso (Banco de Talca), que ocurrió hace casi 30 años, la Corte Suprema decretó en forma unánime mi total y absoluta inocencia, en segundo lugar, tampoco he tenido nunca ningún problema con uso de información privilegiada".

Una Nueva Piedra en el Camino
Aunque el candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, ha intentado dejar atrás el proceso judicial por fraude e infracciones a la Ley General de Bancos, cuando era gerente general del Banco de Talca, nuevos antecedentes reabren el polémico caso y dejan en evidencia que la historia no está cerrada.
Las declaraciones de la ex ministra de Justicia del dictador Augusto Pinochet, Mónica Madariaga, acentúan la estela de dudas que hay sobre el inversionista, cuya estrategia en el tema ha consistido en asegurar que no cometió ilícitos en el caso.
El mismo argumento ha empleado respecto de la compra de acciones de Lan. En julio de 2007, la Superintendencia de Valores y Seguros sancionó a Piñera con 19.470 UF (más de 300 millones de pesos), debido a que -según el organismo- compró acciones de Lan conociendo de antemano detalles financieros de la compañía.

24 de julio de 2009
©la nación

rebajan penas a ratas de cni

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Corte rebaja penas a ex agentes de la CNI que participaron en crimen de mirista.

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Santiago, Chile. En fallo unánime, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rebajar las penas dictadas contra los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que participaron en el homicidio calificado del joven miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Fernando Iribarren González, ocurrido el 7 de febrero de 1983, en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.
Tanto el coronel (R) Aquiles González Cortés como el suboficial (R) Claudio Sanhueza Sanhueza sólo deberán cumplir cinco años de cárcel y no los 10 años que les había impuesto el ministro Carlos Gajardo, quien dirigió la investigación.
Lo anterior porque el tribunal de alzada estimó que "para los efectos de aminorar la responsabilidad penal que afecta a los encartados, no existe impedimento legal ni constitucional que obstaculice dar aplicación a la norma contenida en el artículo 103 del Código Penal, que consagra a favor de todo imputado, la prescripción gradual o media prescripción, en consideración al tiempo transcurrido desde la perpetración del hecho punible", reseña el dictamen.
La sala que falló el caso estuvo conformada por el ministro Cornelio Villarroel, la magistrada Rosa María Maggi y el abogado integrante Enrique Pérez. La jueza Maggi actualmente es miembro del máximo tribunal.

23 de julio de 2009
©la nación 

inconstitucional decisión del senado

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TC da duro golpe al Senado por proyecto de derechos humanos.

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[Leslie Ayala C.] Santiago, Chile. En fallo dividido, el Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inconstitucional el rechazo del Senado al proyecto de ley sobre "declaración de ausencia por desaparición forzada de personas".
Así, el organismo acogió el requerimiento presentado por 30 diputados, quienes manifestaron un irregular desempeño de la cámara alta en la tramitación de la iniciativa legal.
El proyecto buscaba regularizar la situación patrimonial de los parientes de detenidos desaparecidos para que éstos, luego de 30 años de desconocer el paradero de sus familiares, puedan administrar los bienes del hogar y disolver vínculos civiles.
La idea es que estos trámites se puedan realizar sin tener que reconocer la muerte de sus familiares antes de que la justicia aclare cuál fue su destino y la participación de agentes del Estado en la desaparición.
La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en dos ocasiones, el Senado rechazó esta ley amparándose en que no se tuvo el quórum requerido (4/7 de sus miembros en ejercicio).
Esta conducta fue calificada como inconstitucional por los diputados, pues -a su juicio- sólo se necesitaba mayoría simple para dar el vamos al proyecto.
Ayer, los ministros del TC, en un empate técnico que se dilucidó con el voto del presidente de la entidad Juan Colombo, señalaron que efectivamente el Senado había actuado fuera de la Constitución por rechazar el proyecto teniendo la votación.

Duro Revés
La diputada Laura Soto (PPD), una de los legisladores que presentaron el requerimiento, se mostró satisfecha con el fallo que anula el rechazo del Senado a este proyecto de ley.
Asimismo, manifestó que los diputados se sentían muy frustrados cuando el Senado actúa con arrogancia y rechaza este tipo de iniciativas sobre todo en materia de derechos humanos. Esto porque, a su juicio, en la cámara alta no existe el consenso que sí existe en la corporación respecto de avanzar en temas ligados a los crímenes de lesa humanidad.

22 de julio de 2009
©la nación 

fiscal será juzgado en italia

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Alfonso Podlech Michaud, de 83 años, es acusado de matanza, homicidio múltiple agravado y secuestro de personas, algunas de origen italiano.

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Italia/Chile. El fiscal militar de Temuco durante la dictadura de Augusto Pinochet, Alfonso Podlech Michaud, de 83 años, acusado de matanza, homicidio múltiple agravado y secuestro de persona, será procesado en Italia a partir del 18 de noviembre.
Podlech, abogado y luego juez por cuenta del dictador chileno, es acusado de haber condenado a muerte a decenas de opositores, entre los cuales habían ciudadanos de origen italiano, hechos "’desaparecer" en las celdas de la policía militar.
El ex fiscal militar se encuentra detenido en la prisión romana de Rebbibia desde el 13 de agosto del año pasado, fecha en la que fue extraditado a Italia desde España, en donde fue detenido en julio de 2008.
Entre los casos emblemáticos que involucran a Podlech está la desaparición del ex sacerdote italiano-chileno Omar Venturelli Leonelli, en 1973.
El fiscal italiano Giancarlo Capaldo negó la petición de arresto domiciliario del acusado porque, a su juicio, éste podría hacer uso de sus influencias en Chile durante el juicio.
El caso de Venturelli se juzga en Italia separadamente al de otros casos de desaparecidos de origen italiano a manos de la dictadura de Pinochet.
María Paz Venturelli, hija del ex religioso, declaró que la decisión de la jueza Romina Incutti de emprender el proceso es "absolutamente positiva". Aseguró, además, que su familia tiene la esperanza de que el juicio termine "con una condena" de Podlech.
Fresia Cea Villalobos, esposa de Venturelli, que tambien se encontraba en la audiencia junto a su hija, expresó con palabras de Salvador Allende que "la justicia y nuestra lucha debe ser junto al pueblo y con el pueblo". Se mostró conmovida y explicó que hoy "se abre una esperanza de justicia no sólo para Omar, mi marido, sino que para decenas de personas desaparecidas, torturadas, muertas, hoy el mundo es más justo que ayer".
La viuda vive desde hace años en Bolonia, tras haber regresado a Chile y haber permanecido acá durante 15 años después de la caída de la dictadura.
"Esperaba un cambio, esperaba justicia de mi país pero cinco veces me la negaron. En Italia, con todos los problemas que existen, hay un estado de derecho", agregó.
La fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura militar, entre ellos el religioso cuyo paradero se perdió mientras permanecía en arresto político.
En julio de 2006, su familia presentó en Chile una querella contra Pinochet, fallecido en diciembre de ese mismo año, y contra el entonces fiscal militar de Temuco.
Venturelli, ex cura que había colgado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento Tucapel, en la capital de la Región de la Araucanía, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.
Entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se pierde su rastro. Un documento firmado por el hoy detenido señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero nunca más se supo de él.

21 de julio de 2009
©la nación

nueva condena contra dina

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Nueva condena contra cúpula de la DINA por causa de derechos humanos. Sala Penal de la Suprema aplicó penas de hasta 15 años de presidio a los ex agentes -entre ellos Manuel Contreras- por el secuestro de Jorge D’Orival Briceño, quien fue visto por última vez en octubre de 1974.

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Santiago, Chile. Suma y sigue condenas con los ex integrantes de la desaparecida DINA, esta vez la Corte Suprema ratificó la pena contra seis miembros por su rol en el secuestro calificado de Jorge D’Orival Briceño, ocurrido a partir del 31 de octubre de 1974 en Santiago.
La investigación forma parte del proceso conocido como ‘Episodio José Domingo Cañas’.
Para los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau, corresponde aplicar penas de presidio para los ex agentes. Así las sanciones son las siguientes:

- Manuel Contreras Sepúlveda: 15 años de presidio por su responsabilidad como autor.

- Marcelo Moren Brito: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

- Maximiliano Ferrer Lima: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

- Miguel Krasnoff Martchentko: 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor.

- Orlando Manzo Durán: 5 años de presidio por su responsabilidad como cómplice. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

- Basclay Zapata Reyes: 5 años de presidio por su responsabilidad como cómplice. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

- César Manríquez Bravo: absuelto por falta de participación.

El fallo no fue unánime y contó con el voto de minoría del Ballesteros estuvo por acoger la prescripción de la acción penal.

21 de julio de 2009
©la nación

el militar que fue indultado

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Los misterios del único militar indultado desde 1990. Bachelet rechazó incluir a militares en el indulto que prepara la Iglesia para el Bicentenario. El último beneficiario fue Manuel Contreras Donayre, en el gobierno de Lagos.

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Santiago, Chile. En el gobierno lo atribuyeron a un lapsus verbal. Nada más. El miércoles pasado, en una entrevista radial, la presidenta Michelle Bachelet se abrió a incluir casos de ex militares condenados por casos de derechos humanos en la propuesta de indultos que prepara la Iglesia con motivo del Bicentenario. Horas después, intentó aclarar sus palabras, al día siguiente le pidió a la vocera Carolina Tohá que retrocediera en forma más explícita y el viernes, enterró la iniciativa durante una visita a la comuna de Diego de Almagro, en la Tercera Región.
La presidenta había sido más dura en agosto de 2005, en plena campaña, cuando se enteró de la polémica decisión que había adoptado el ex presidente Ricardo Lagos: indultar al suboficial (R) Manuel Contreras Donayre, condenado por el asesinato al líder sindical Tucapel Jiménez. El beneficio a un militar era una medida inédita desde 1990: Patricio Aylwin lo había intentado sin resultados, al igual que  Eduardo Frei, quien, a través de la ley Figueroa-Otero, buscó restringir las investigaciones judiciales. Este caso, además, involucraba un crimen emblemático del régimen militar, que tardó 20 años en ser resuelto.
Casi cuatro años después, al reconstruir la historia, las versiones de los actores que participaron en la trama del indulto siguen siendo confusas y contradictorias.

Lista Corta
El indulto al Contreras Donayre  se filtró la segunda quincena de agosto de 2005. A esa altura, en una villa de La Florida, el especialista en inteligencia (con más de  20 años de experiencia en contraespionaje y una misión en las Islas Malvinas para detectar la infiltración de espías argentinos, en 1982) llevaba tres semanas resguardando su identidad ante sus vecinos: sólo salía a la calle para comprar alimentos y buscar a sus hijas a la escuela.
La decisión de Lagos no fue comunicada a los partidos ni a la familia de Jiménez, que reaccionó con fuerte malestar al enterarse: Contreras Donayre jamás había confesado el crimen y nunca colaboró para que se esclareciera. El ex presidente, sin embargo, no improvisaba al otorgar la libertad vigilada al suboficial (R) 28 meses antes de que cumpliera su condena de ocho años.
Un alto ex colaborador de Lagos sostiene que el beneficio fue el término de reservadas conversaciones que encabezó el vocero Osvaldo Puccio -en representación de Lagos- con el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
Lagos había comenzado a pensar en la idea de otorgar un indulto en mayo de ese año, convencido de que debía hacer un potente gesto a Cheyre, que se jugó por separar al Ejército de la figura de Pinochet, reconoció la responsabilidad de la institución en violaciones a los DD.HH. y colaboró para resolver los crímenes del régimen militar. El ex presidente, además, deseaba dejar despejados o al menos encausados los temas pendientes de una larga época del país, que se inició el 11 de septiembre de 1973.
Así, de acuerdo con esa misma versión, Puccio le pidió a Cheyre una lista corta de militares -tres o cuatro- que fueran potenciales beneficiarios de indulto. Las condiciones eran tres: que el implicado fuera un subalterno, que no hubiese participado en la planificación del crimen y que hubiera cumplido buena parte de su condena. Cheyre, de acuerdo con las mismas fuentes, escogió el caso de Tucapel Jiménez, que calzaba con esos criterios. Y Contreras Donayre fue el primero de la lista.
En el Ejército y entre los cercanos a Cheyre, sin embargo, niegan haber pedido el indulto del suboficial. Y señalan que el indulto de Contreras Donayre era una suerte de punta de lanza de Lagos, que buscaba medir qué oportunidad había de beneficiar a otros militares.
Contreras Donayre no ha despejado el misterio: hasta hoy ha guardado total silencio.

El Indulto Fallido
En el gobierno existieron fuertes contradicciones para explicar el indulto. El entonces ministro del Interior, Francisco Vidal, sostuvo que la decisión presidencial había sigo un "gesto planificado". Puccio, en cambio, atribuyó la medida a una definición del Ministerio de Justicia y negó que se tratara de un indulto. En privado, el gobierno argumentaba razones de salud de Contreras Donayre. Pero en Gendarmería lo descartaban.
Un ministro de la época contó en esos días que uno de los problemas del gobierno fue de carácter comunicacional. "No supimos explicarlo".
Otro personero del gobierno de Lagos, que conoció de cerca el proceso señala que tras el indulto a Contreras Donayre venía el de Carlos Herrera Jiménez, autor material del crimen. El mayor (R), señala, también había cumplido parte de la condena.
Y, a diferencia del suboficial, había colaborado para esclarecer el asesinato, por lo que otorgarle el beneficio también constituía un estímulo para otros militares.
El indulto a Herrera Jiménez, sin embargo, se frenó luego de hacerse público el beneficio a Contreras Donayre y el diputado Tucapel Jiménez, hijo del fallecido líder sindical, protestó con dureza. Jiménez, de hecho, rechazó una invitación de Lagos a conversar a La Moneda tras un tenso diálogo telefónico.

20 de julio de 2009
©la tercera