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pinochet financió fuga de berríos


Así lo declaró ayer, en la etapa de prueba de la causa, el general (R) Hernán Ramírez Rurange. El ex director de la DINE contó ante el juez Alejandro Madrid los detalles de la operación ordenada en 1991 por el fallecido dictador, que buscaba que el ex químico de la DINA no declarara en el caso Letelier.
[Leslie Ayala Castro] Santiago, Chile. La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Lupy Aguirre, le pide al ministro Alejandro Madrid que le pregunte al general (R) Hernán Ramírez Rurange -que está sentado en el estrado- con qué dinero se financió la operación alentada por el Ejército para sacar del país en 1991 al químico Eugenio Berríos Sagredo.
El testigo contesta que todo fue financiado con los fondos reservados que él recibía mientras se desempeñó como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE).
Esta determinante escena se vivió ayer en el extinto 12º Juzgado del Crimen de Santiago, en el segundo día del probatorio por el secuestro y asesinato del ex químico de la DINA, vinculado a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Con esta respuesta finalizó el interrogatorio público realizado ayer al oficial (R), quien dijo haber sacado del país al ex agente tras recibir la orden directa del entonces comandante en jefe de la institución Augusto Pinochet Ugarte, quien además administraba los gastos reservados de la institución castrense.
Quien fuera titular de la DINE explicó que todos los generales participaron de una reunión en la que el ex dictador le dijo que no era conveniente que Berríos declarara en el caso Letelier, pues "sus declaraciones no eran confiables".
En esa época, el ministro Adolfo Bañados instruía la indagatoria por el asesinato del canciller Orlando Letelier y había entregado a la Policía de Investigaciones una citación para el ex químico de la DINA.
Los efectivos no dieron con su paradero, pues el operativo fue exitoso y se había logrado sacar de Chile a Berríos por Punta Arenas hacia Argentina, para luego arribar a su último destino: Uruguay.
Años más tarde se perdería su pista, lo que coincide con la visita realizada en 1993 por Pinochet a esa nación. En abril de 1995, su cuerpo fue hallado boca abajo enterrado en la playa El Pinar.

La Viuda
El ex director de la DINE comentó que, tras la orden de Pinochet, instruyó al general (R) Manuel Provis, jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), para que alojara a Berríos por algún tiempo mientras se finiquitaba su escape.
En ese lugar, el químico conoció al teniente coronel (R) Víctor Poza, quien ayer relató que había escuchado que la mujer de Berríos lo fue a visitar al recinto.
Sin embargo, la viuda Gladys Schmeisser aseguró ayer al juez Madrid que no supo de la estadía de su esposo en ese lugar y que estampó una denuncia por presunta desgracia días después que éste desapareciera, la que dejó sin efecto cuando el científico la llamó desde Uruguay para enviarle pasajes aéreos.
La mujer relató cómo fueron los dos encuentros en Montevideo y aseguró que nunca pensó que su esposo estuviera secuestrado y que jamás se cuestionó nada respecto a su estadía en ese país ni cómo financiaba su vida sin trabajar.
Con la misma indiferencia manifestada para testimoniar sobre la muerte de su pareja, la mujer, quien vestía de negro, firmó su declaración y se retiró del tribunal.

Hoy Declara el Mayor (R) Arturo Silva
El desfile de hoy, en el tercer día de probatorio por el caso Berríos, estará marcado por la presencia en estrado del mayor (R) Arturo Silva Valdés, quien es sindicado como el autor del secuestro con homicidio del ex químico de la DINA y creador del gas sarín. Este oficial de inteligencia era un hombre de confianza de Pinochet y, según los testimonios del general (R) Ramírez Rurange y el civil Raúl Lillo, fue quien estuvo pendiente minuto a minuto del escape de Berríos y su posterior estadía en Uruguay.

6 de agosto de 2009
©la nación
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izquierda repudia a uribe


Comando de Arrate y Izquierda repudia visita de Uribe a Chile.
Santiago, Chile. La visita del presidente colombiano Álvaro Uribe ha gatillado fuertes muestras de rechazo desde la izquierda, tanto del comando de Jorge Arrate como del presidenciable del MAS, Alejandro Navarro. 
Uribe llegó esta mañana al país en una visita que tiene como única actividad una entrevista con la presidenta Michelle Bachelet. Antes de su arribo a La Moneda, el comando de Arrate entregó una carta en Palacio pidiendo declararlo persona non grata, mientras el senador ex PS convocó a los militantes del MAS a un acto en la Plaza de la Constitución para repudiar su presencia. 
Para Navarro, "Uribe viene como vocero militar de Estados Unidos", apuntando al motivo de la gira regional del mandatario colombiano, quien busca explicar a sus pares sudamericanos los alcances del eventual acuerdo para la instalación de bases militares del gobierno de Washington. 
El presidenciable del MAS dijo que "así como se ha exigido con fuerza el respeto a la democracia en Honduras rechazando el golpismo, también debemos rechazar la presencia e injerencia militar extranjera en los territorios de nuestros países, violentando su libre determinación". 
Por eso, apostó a que la Presidenta Michelle Bachelet "sepa expresar claramente la preocupación de la mayoría de los chilenos y de los latinoamericanos respecto de esta fuerte señal de belicosidad injustificada". 

Comando Arrate
En tanto, Juan Andrés Lagos, jefe del comando de Arrate, y el director ejecutivo de la campaña, Esteban Silva, entregaron una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet planteando que Uribe es "persona non grata para el pueblo chileno". 
Junto con cuestionar la política uribista de asociación militar con EEUU,  recuerdan el caso de los e mails de las FARC, que explotó en Chile la derecha: "Uribe no es bienvenido en nuestro país, pues ha interferido también de manera inaceptable en los asuntos internos y soberanos de Chile al entregar en el 2008,  al candidato de la derecha Sebastián Piñera y al senador Alberto Espina una falsa y manipulada información elaborada por sus servicios de inteligencia con el objeto de involucrar a organizaciones sociales y políticas y de la izquierda chilena con las FARC". 
En el comando de Arrate también pidieron que Bachelet en su calidad de actual presidenta pro tempore de Unasur plantee que el tema de las bases militares "sea analizado por los Presidentes y Jefes de Estado el próximo 10 de agosto en Quito", fecha en que se entregará la presidencia pro témpore al mandatario de Ecuador, Rafael Correa.

6 de agosto de 2009
©la nación
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juez guzmán lanza candidatura


Ex juez Guzmán lanzó su candidatura a senador por la V Costa.
[Rodrigo Ogalde Cofré] Santiago, Chile. Le salió gente al camino a los candidatos a senador de la Quinta Costa, luego que este martes el ex juez Juan Guzmán Tapia lanzara oficialmente su postulación independiente a la Cámara Alta por esta circunscripción.
El ex magistrado del caso Pinochet, que a la postre fue el primer juez en procesar al fallecido dictador chileno, competirá por un escaño teniendo como compañeros de lista a dos candidatos a diputado, entre ellos el dirigente de la pesca artesanal, Cosme Caracciolo, y a la ex concejala de El Quisco, Rosa María Leal.
El flamante candidato dijo representar a los pescadores, a los trabajadores portuarios y a los sectores excluidos de la sociedad chilena. "Va a ser duro luchar con las dos derechas, con la derecha tradicional y la derecha disfrazada. Obviamente estamos nosotros como una tercera fuerza y va a ser una lucha que hay que dar", expresó ayer Guzmán a Digital FM.
De esta manera, Guzmán competirá junto a Joaquín Lavín, Francisco Chahuán, Ricardo Lagos Weber y Hernán Pinto, quienes ya han iniciado una intensa campaña para lograr el apoyo de los electores.
Añadió que sus propuestas tienen relación con la necesidad de realizar "un cambio total de la Constitución a través de una asamblea constituyente". También espera que se renacionalice el cobre, que no se privatice el mar y que los puertos vuelvan a ser estatales.
Asimismo, Juan Guzmán recalcó que Chile debe ser capaz de tener una previsión social digna, ofrecer acceso igualitario a la salud y brindar educación pública de calidad.
Guzmán va por un cupo senatorial en forma independiente, aunque sus cercanos señalan que tiene el respaldo de adherentes del candidato presidencial, Alejandro Navarro, a quien él admitió que le dará su respaldo en los comicios de diciembre.
El lanzamiento de estas candidaturas se llevó a cabo ayer en el restaurante La Aduana, ubicado en la esquina de Alan Macowan y Sanfuentes.

©líder de san antonio
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quieren reponer pena de muerte


Diputados UDI presentan proyecto sobre la pena de muerte.
Valparaíso, Chile. Parlamentarios de la Alianza presentaron un proyecto de ley para reponer en el país la pena de muerte. Los diputados Marcelo Forni, Alejandro García Huidobro y María Angélica Cristi, todos de la UDI, señalaron que es necesario establecer esta penalidad en la legislación chilena, considerando el asesinato de la niña Francisca Silva (5), en Valparaíso.
En el momento de presentar la iniciativa dijeron que no se trata de un retroceso en nuestra legislación, sino de reponer una penalidad que sólo debe aplicarse en casos excepcionales para detener este tipo de crímenes.
Forni aseguró que "casos como el de violación y muerte de la pequeña Francisca Silva Benavides de 5 años que fue violada, asesinada y posteriormente lanzada al mar en unos roqueríos en Valparaíso, no puede dejar indiferentes a aquellos que tienen a su cargo la grave responsabilidad de velar por la seguridad de las personas".
Agregó que "en su minuto nosotros como UDI fuimos el único partido que se opuso a la iniciativa (de derogarla), pues consideró que luego de una década de aumento sostenido de la delincuencia una señal de esta naturaleza, lejos de solucionar el problema, lo agravaría", finalizando que "el caso de la pequeña Francisca y otros conocidos por la sociedad nos han dado la razón".
La diputada Cristi manifestó que "se ha sostenido que, por compromisos internacionales contraídos por Chile, la pena capital ya no podría reimplantarse en nuestro ordenamiento jurídico. El Pacto de San José de Costa Rica, suscrito y ratificado por nuestro país, señala en su artículo IV Nº 3 que ’no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido’. Eso dejaría imposibilitado a Chile de restablecer dicha pena en los casos para los que estaba prevista".
García Huidobro añadió que "sin embargo, un análisis detallado de la norma citada demuestra que Chile no se encuentra impedido de establecer la pena de muerte, dado que ella no ha sido abolida. Esto porque el tratado internacional ya señalado pone como requisito la abolición dentro de la legislación de cada país, ello se desprende claramente del sentido literal de la norma. La abolición de una pena implica que ella sea eliminada en forma expresa y total del ordenamiento jurídico".
La iniciativa fue ingresada en la oficina de partes de la Cámara de Diputados y los parlamentarios esperan una rápida tramitación de este proyecto de ley.
El tema del restablecimiento de la pena capital fue puesto en el tapete ayer por la diputada PPD, Laura Soto, a raíz del asesinato de Francisca Silva, al declarar que "creo que es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte, y si bien siento grandes contradicciones en mi interior porque he sido históricamente luchadora en contra de ella, hoy día pienso que no podemos permitir que niños inocentes sigan muriendo en manos de monstruos".

6 de agosto de 2009
©la nación 
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procesan a militares por malversación


En indagación por pago de comisiones ilegales a civiles y militares. El ex director de Famae y general (R) del Ejército Luis Iraçabal se quedó con US$298 mil tras concretarse la compra de 202 tanques Leopard a Holanda en 1998. La misma suma fue depositada en una cuenta del ex gerente comercial de la institución, brigadier general (R) Gustavo Latorre.
[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. Detenidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén quedaron ayer el general (R) Luis Iraçabal Lobos y el también retirado brigadier de Ejército Gustavo Latorre Vásquez, luego que el ministro Manuel Valderrama los procesara por malversación de caudales públicos en la investigación que dirige por el pago de comisiones ilegales en la compra de 202 tanques Leopard que Chile hizo a Holanda en 1998. En total, el perjuicio al fisco se estima en US$596.310,88.
La orden de aprehensión fue dictada por el magistrado en la misma encargatoria. A primera hora, el equipo de detectives de la Brigada de Derechos Humanos (BAE) llegó a los domicilios de los encausados, quienes estuvieron hasta cerca de las 11 horas en la unidad policial ubicada en calle Independencia. Posteriormente, fueron trasladados al recinto militar.
Al ser notificados de la resolución judicial, el general y brigadier en retiro designaron a los abogados Cristián Muga y Leonardo Battaglia como sus defensores. Los profesionales pertenecen al estudio Puga & Ortiz y pedirán hoy la libertad de sus representados.
Según el fallo, en esa época Iraçabal ocupaba el cargo de director de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae) mientras que Latorre era el gerente comercial institución castrense, razón por la cual les correspondió "un rol fundamental en las negociaciones para la adquisición" de los tanques pues, justamente, a través de Famae se cerró en 1998 la operación comercial con la empresa holandesa Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) Tecnology.
El dictamen agrega que ambos eran funcionarios "que tenían a su cargo caudales o efectos públicos ( ) sustrajeron cada uno la suma de US$298.150,94 dinero que deriva directamente o que no puede sino provenir del precio solucionado por Chile por la compra (de los tanques) traspasando dichos fondos públicos al ámbito de su disponibilidad personal".
Ello porque -en la investigación- está acreditado que Iraçabal y Latorre recibieron respectivamente, en sus cuentas bancarias, desde Eastview Finances esas sumas de dinero que provenían a su vez de la sociedad Cornwall Overseas Corp., que había obtenido con antelación un depósito por US$600 mil de RDM Holding, dueña de RDM Technology.
Cornwall y Eastview fueron creadas en 1991 y 1993 por encargo de Óscar Aitken, el ex albacea de Augusto Pinochet, según los antecedentes contenidos en el expediente del caso Riggs.

Más Comisionistas
Si bien no eran empleados públicos a la fecha de la operación, Aitken obtuvo a través de Cornwall una comisión del 3% del total de la compra, cerca de US$1,6 millones.
Entonces era asesor a honorarios de Famae. Por su parte, quien actuó como intermediario de RDM, Guillermo Ibieta, recibió a su vez una comisión de un 14% sobre el total de la venta, correspondiente a cerca de US$7,5 millones.
Según el decreto del Ministerio de Defensa que autorizó los fondos para la operación, los tanques costaron a Chile US$63.052.133.
El querellante particular en la caso, Alfonso Insunza, anunció la solicitud de nuevas encargatorias, apuntando que aún estaba pendiente la situación de otros indagados. Es el caso de Aitken e Ibieta.

Reacciones
Preocupación de Izurieta: El comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, se refirió a la resolución judicial de manera escueta. Sólo comentó que "siempre es preocupante que ex integrantes de la institución sean sometidos a proceso". Pero declinó hacer más comentarios.

Molestia de Pérez Yoma
Tajante fue el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, quien fuera titular de Defensa en la época. Aseguró que si se hubiera enterado, habría denunciado los hechos a la justicia. Consideró "inaceptable" que uniformados hubieran recibido coimas.

La Defensa de Vidal
El ministro de Defensa Francisco Vidal pidió no confundir a uno o dos "sinvergüenzas" con los 43 mil hombres y mujeres que son miembros de la institución. También espera que la indagación judicial avance y tenga una pronta resolución.

4 de agosto de 2009
©la nación
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mapuches quieren mar para bolivia


Mapuches apoyan salida al mar para Bolivia. Dirigenta expresó posición a nombre del Consejo de Todas las Tierras.
Camiri, Bolivia. Representantes mapuches chilenos expresaron ayer su compromiso con el gobierno de Evo Morales en la demanda marítima de Bolivia mediante un acuerdo amistoso con Chile y en la puesta en marcha de las autonomías indígenas.
"Los mapuches de Chile tenemos un compromiso con el gobierno del presidente Evo Morales", proclamó la chilena María Teresa Huentequeo, en nombre del Consejo de Todas las Tierras y de la Escuela para el Autogobierno Mapuche.

Implementan Autonomías
Huentequeo, junto a líderes indígenas de varios países americanos, participó ayer en la localidad de Camiri (región oriental de Santa Cruz) en un acto que presidió Morales para celebrar la implementación de las autonomías indígenas de Bolivia, recogidas en la nueva Constitución del país.
"Este compromiso se orienta a dos dimensiones. Una, al apoyo que debemos brindar a un pronto acuerdo amistoso para la salida al mar entre Chile y Bolivia y en segundo lugar saludamos la implementación de autonomías indígenas porque restituye el derecho de los indígenas de tomar sus propias decisiones", dijo la dirigente mapuche.
Bolivia perdió su litoral en el Pacífico, unos 400 kilómetros de costa, en una guerra contra Chile a finales del siglo XIX.
En su intervención, Huentequeo destacó también que el proceso de autodeterminación de los pueblos indígenas está "lleno de dificultades" y recordó el caso de los mapuches que han sido, dijo, "objeto de una brutal represión por parte del Estado chileno".
Lamentó que los Gobiernos posteriores a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) hayan optado por "el capital transnacional", en lugar de defender los derechos de los pueblos indígenas. En los últimos días el conflicto mapuche en la región de La Araucanía se ha agravado con ocupaciones de tierras y enfrentamientos con Carabineros.

4 de agosto de 2009
©mercurio de valparaíso 
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absuelven a militares en caso jara


Por secuestro de militante PC y el asesinato de agente represor del comando conjunto. El ministro en visita Juan Fuentes Belmar aplicó a los miembros del Servicio de Inteligencia de las Fuerza Aérea de Chile (SIFA) la prescripción y falta de participación, liberando de cargos también al funcionario civil César Palma Rodríguez.
[Leslie Ayala Castro] Santiago, Chile. La cúpula del denominado Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) quedó liberada de cargos en el juicio que se seguía en su contra por el secuestro del ex militante del Partido Comunista (PC) Carol Flores Castillo y el asesinato del miembro del Comando Conjunto, Guillermo Bratti Cornejo.
Esto último luego de que el ministro en visita Juan Fuentes, el mismo que investiga el asesinato del cantautor Víctor Jara, desechara los cargos que pesaban contra los seis militares involucrados en estos crímenes además del funcionario civil César Palma Rodríguez.
Se trata de los generales (R) de la FACh Edgar Cevallo Jones, Roberto Serón Cárdenas, Juan Luis López López, Freddy Ruiz Bunguer, Juan Saavedra Loyola y Daniel Guimpert Corvalán.
A los tres primeros se los liberó porque el magistrado estimó que hubo falta de participación, mientras que al resto le aplicó la prescripción de la acción penal. Lo mismo decretó respecto del civil.
Este fallo dejó preocupados a varios organismos vinculados a los derechos humanos, sobre todo porque el criterio de caducidad de la acción penal fue aplicado por el juez que actualmente indaga el crimen de Víctor Jara así como otras indagatorias ligadas a delitos de lesa humanidad.
Fuentes de la causa indicaron que esta sentencia será apelada a la Corte para que se condene a los responsables.
El magistrado en la misma línea desestimó las demandas indemnizatorias para los familiares de las víctimas, acogiendo de la misma forma la prescripción de la acción civil para las familias de Flores y Bretti.

Los Agentes
Carol Flores Castillo fue militante del PC hasta 1974. Ese año fue detenido junto a sus hermanos y trasladado hasta la Academia de Guerra Aérea (AGA). En este recinto, ocupado por organismos represivos de la dictadura, habría sido brutalmente torturado y luego liberado.
Testigos, en el informe Rettig, declararon que tras este episodio Flores comenzó a colaborar con la SIFA delatando a compañeros del PC, lo que coincide con una serie de detenciones a militantes comunistas durante esta época. Sin embargo, en junio de 1976 desaparece.
El ex miembro de la FACh, Andrés Valenzuela Morales, declaró en el proceso que supo que miembros de la SIFA llevaron a Flores hasta el Cajón del Maipo y se deshicieron de su cuerpo.
Esto último pues se habrían enterado que éste le entregaba información a la DINA de lo que hacía el comando. Ello molestó profundamente a los encargados de la AGA.
La misma conducta, según este testigo, se le imputó al oficial Guillermo Bratti, víctima de este caso judicial. Ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Andrés Valenzuela señaló que tanto Flores como Bratti fueron ejecutados porque existía la "versión de que habían entregado información que poseíamos, a la DINA, la que efectuó operaciones perjudicando a nuestra agrupación (Comando Conjunto). La DINA, según los dichos de los agentes detenidos, les habría ofrecido más dinero, vehículo y casa".

1 de agosto de 2009
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arrate propone cuarta urna


Elecciones: Arrate propone "cuarta urna" para plebiscitar nueva Constitución. Candidato de izquierda avaló su propuesta en informe legal-constitucional que entregó al ministro Pérez Yoma.
Santiago, Chile. Hasta La Moneda llegó el candidato presidencial de izquierda, Jorge Arrate, para proponer al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, una iniciativa para instalar una "cuarta urna" en la próxima elección presidencial y parlamentaria, donde los ciudadanos voten sobre una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente.
"El ministro aún no se ha pronunciado. Va a estudiar el tema, pero fue muy receptivo a nuestro planteamiento", opinó el dirigente socialista allendista tras la reunión con el jefe de gabinete.
Si bien admitió que La Moneda no se comprometió con ninguna fecha, exhortó a resolver este tema con prontitud, "porque las elecciones son en un poco más de cuatro meses. Se trata de aprovechar el despliegue electoral para realizar esta consulta a la ciudadanía prácticamente con un costo mínimo".
Arrate justificó su propuesta desde el punto de vista legal, llevando al ministro un informe preparado por Héctor Vega.
"Sería un gesto muy positivo que la presidenta Michelle Bachelet -que al inicio de su gobierno mostró la voluntad de plebiscitar materias importantes para el desarrollo del país - antes de terminar su gobierno enviara un proyecto de reforma constitucional que habilitara la realización de este plebiscito o que convocara este plebiscito, según la interpretación legal", indicó.

31 de julio de 2009
©la nación 
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