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ley para familiares de dddd


Habrá ley que creará un procedimiento para regular las consecuencias de la desaparición forzada de personas.
Valparaíso, Chile. En la Cuenta de la sesión de Sala de este miércoles, el Senado comunicó que, en cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional (TC), aprobó, con excepción de un artículo, la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto sobre "declaración de ausencia por desaparición forzada de personas" (Boletín 5971).
Cabe recordar que el 12 de junio el Senado había rechazado el informe de la mixta, por no contar con el quórum con que estaba calificado el proyecto (en la Sala del Senado el texto había registrado 21 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones).
El TC determinó que el quórum para aprobar las disposiciones era de ley simple, con lo cual fue salvado el escollo y, en definitiva, habrá ley en esta materia.
La normativa regula las consecuencias familiares y patrimoniales de la desaparición forzada de personas, creando creaba la figura legal de "declaración de ausencia por desaparición forzada de personas", para solucionar aspectos patrimoniales de personas detenidas-desaparecidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
El único artículo que no fue aprobado, el 2°, señalaba:

"Artículo 2°.- Será competente para dictar la declaración de ausencia por desaparición forzada, el juez de letras del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Esta declaración sólo se efectuará a petición de las personas legitimadas para ello conforme el artículo siguiente".

Procedimiento
La futura ley señala el siguiente procedimiento para transferir los bienes del desaparecido y disolver el matrimonio:

"a) Si hubiere hijos, todos los bienes serán transferidos a éstos y al cónyuge, si lo hubiere. Si sólo hubiere un hijo, la transferencia de los bienes del desaparecido, se hará en partes iguales a éste y al cónyuge. Si hubiere más de un hijo, el patrimonio del desaparecido será repartido entre estos y el cónyuge de modo tal que al cónyuge no le corresponda menos que la cuarta parte del patrimonio del desaparecido. Asegurándose lo anterior, al cónyuge le corresponderá la transferencia del doble de lo que le corresponda a cada hijo.

"b) Si no hubiere cónyuge, todos los bienes se transferirán en partes iguales entre los hijos.

"c) Si no hubiere hijos, los bienes se transferirán al cónyuge y a los ascendientes de grado más próximo, dividiendo el patrimonio en tres partes, dos para el cónyuge y una para los ascendientes.

"d) Si no hubiere hijos ni cónyuge, los bienes se trasferirán a los ascendientes en partes iguales. Los ascendientes de grado más próximo excluirán a los demás.

"e) Si no hubiere hijos, cónyuge, ni ascendientes, los bienes se transferirán a los colaterales en partes iguales hasta el sexto grado inclusive. Los colaterales de grado más próximo excluirán a los demás. En el caso de los hermanos, los carnales tendrán derecho a que se les transfiera el doble respecto de los maternos o paternos. En el caso de los colaterales, los de doble conjunción tendrán derecho al doble de lo que les corresponda a los de simple conjunción.

"f) Los hijos y hermanos de la persona desaparecida concurrirán a la transferencia personalmente o representados por sus descendientes, por estirpe.

"Si el desaparecido hubiese dejado testamento, se aplicarán las reglas sobre sucesión testada en la parte del patrimonio afectada por éste".

Disolución de Matrimonio
Al respecto, la futura ley indica que la sentencia ejecutoriada que declare la ausencia por desaparición forzada producirá, sólo en el caso en que el cónyuge no desaparecido lo haya solicitado, la disolución del matrimonio. No obstante, aun cuando la sentencia estuviere ejecutoriada, el cónyuge no desaparecido podrá solicitar, ante el mismo tribunal que la hubiere dictado, la ampliación de la sentencia en el sentido de ordenar la disolución del matrimonio.
Respecto de los bienes inmuebles, los beneficiarios de la transferencia se entenderán poseedores desde la inscripción del acto de transferencia en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Respecto de los bienes muebles, se aplicarán las reglas generales sobre posesión y dominio.
Los solicitantes de la declaración de ausencia por desaparición forzada, así como los beneficiarios de las trasferencias, gozarán de privilegio de pobreza. Las transferencias realizadas en virtud de la futura ley, estarán exentas de todo impuesto.
La declaración de ausencia por desaparición forzada no podrá ser considerada para la prescripción penal, ni para ningún otro efecto civil o penal que no sean los regulados en esta ley.

13 de agosto de 2009
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no querían que berríos hablara


"Pinochet ordenó sacar a Berríos por el caso Letelier". Declaró el ex jefe de la DINE, general (R) Ramírez Rurange. En la audiencia probatoria reveló su diálogo con el dictador, cuando le pidió sacar al químico del país para que no declarara en el juicio por el crimen del canciller.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La confesión fue directa. "El comandante en jefe del Ejército, general Pinochet, me ordenó sacar a Eugenio Berríos de Chile para que no declarara en el juicio que se instruía por el caso de Letelier".
El ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Hernán Ramírez Rurange, agregó más detalles de la orden que le dio Pinochet: "Me dijo el comandante en jefe que, para ello, Berríos tomaría contacto con la DINE para que lo sacáramos [...] Fue la orden que yo recibí y así se cumplió con los medios que teníamos para eso".
Y aunque en la segunda audiencia de esta semana por el crimen de Berríos, Ramírez se defendió como gato de espalda intentando barnizar la operación como un simple "acompañamiento" de los agentes al químico en Montevideo "para que viviera su vida libremente", la cantidad de contradicciones en las que incurrió fueron tales, que terminó a veces enredado en sus falsedades. Sobre todo cuando tuvieron que recordarle sus propios dichos anteriores en el proceso.
Acusó el golpe cuando la abogada del CDE, Lupy Aguirre, le preguntó por qué el Ejército no avisó a la Corte Suprema que a Berríos lo tenían secuestrado en Montevideo, cuando la institución se enteró de que el juez Adolfo Bañados, integrante de ese tribunal e instructor del caso Letelier, dictó la orden de arresto en su contra para obligarlo a comparecer en el juicio.
"Cuando el ministro Bañados dictó la orden de arresto en contra de Berríos, no informamos a la Corte Suprema que lo teníamos en Uruguay porque al haberlo hecho habríamos quedado muy mal ante la justicia, pues justamente lo habíamos sacado para que no declarara", dijo Ramírez.
Según afirmó a La Nación el abogado querellante en la causa, Sergio Corvalán, la gran cantidad de antecedentes nuevos que han aparecido en la causa "nos permitirá solicitar a la Suprema que reabra el proceso por el crimen de Letelier, porque ahora sabemos que en él hubo muchos más implicados que los condenados en 1995, Manuel Contreras y Pedro Espinoza".
Corvalán representa en este juicio en calidad de querellante a la hermana del canciller, Fabiola Letelier.

Informe de Fiscalía
Una de las piezas que no forman parte del voluminoso expediente de 40 tomos del proceso Berríos que se rastrearían en el extranjero para adjuntarlo a esta causa, es un informe que en 1993 elaboró la fiscalía del distrito de Columbia en Washington.
En él se pedía al entonces gobierno de Bill Clinton que solicitara a Chile la extradición de Pinochet, para ser juzgado en ese país por el doble crimen de Letelier y Ronnie Moffitt.
El mencionado informe también lo requirió en su momento el fiscal italiano Giovanni Salvi, cuando en 1995 instruyó en Roma el atentado cometido por la DINA y la ultraderecha italiana en 1975, en contra del líder democratacristiano Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno.

12 de agosto de 2009
©la nación 
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berríos seguía juicio de letelier


Berríos seguía por radio en Uruguay juicio de Letelier. Lo reveló suboficial (R) Nelson Román, uno de sus custodios de la DINE en Montevideo. Según una fuente calificada, Pinochet no quería que el químico declarara en el proceso por el crimen del ex canciller en Chile.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. , porque temía ser extraditado a EEUU, como lo había solicitado la fiscalía del distrito de Columbia, en Washington.
El químico de la DINA, asesinado por la inteligencia militar chilena y uruguaya, Eugenio Berríos, escuchaba diariamente desde Uruguay en una radio de onda corta los acontecimientos que, a comienzos de los años 90, se desarrollaban en Chile en el juicio por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.
Berríos, mantenido secuestrado desde fines de 1991 en un departamento de Montevideo por una unidad de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno (DINE) con la colaboración de militares uruguayos, instalaba para ello una antena en el balcón del departamento para potenciar la audición de su radio.
La última vez que el juez Adolfo Bañados, que en Santiago instruía el juicio por el crimen de Letelier lo citó a declarar, fue el 2 de octubre de 1991.
A las dos citaciones anteriores el químico no concurrió. Y a esta última tampoco. Veinticuatro días después la DINE lo sacó clandestino de Chile por orden del dictador Augusto Pinochet.
La operación ocurrió a tiempo, porque el 8 de noviembre de ese año el juez Bañados dictó una orden de arresto en su contra.
Antes que terminara 1992, Berríos le confesó a su custodio en Montevideo, el suboficial DINE Nelson Román Vargas, su verdadera identidad.
Allá vivía con el nombre falso de Tulio Orellana. Le dijo, además, que él estaba ahí por el caso Letelier y que, por ello, seguía el juicio por radio. El químico ya meditaba volver a Chile a declarar lo que sabía.
El antecedente que confirma que Berríos fue sacado de Chile para impedir que declarara en ese proceso, lo relató ayer en la audiencia probatoria por el crimen del químico, en palabras simples pero directas, su ex custodio Román Vargas.
Es una de las menciones más claras que existe en el proceso de que a Berríos lo secuestraron y lo mataron para evitar que hablara sobre el atentado a Letelier.
Pero, ¿por qué a Pinochet le interesaba que Berríos no declarara por este crimen? Hasta la fecha no existe esa información en los 40 tomos del expediente por el homicidio del químico.
Sin embargo, una fuente calificada dijo a La Nación que lo que Pinochet temía era que el gobierno de Estados Unidos pidiera su extradición a ese país para ser juzgado en Washington en el juicio por el crimen de Letelier, proceso que hasta hoy sigue abierto.
Precisamente, coincidente con la fecha en que Berríos fue sacado de Chile a Uruguay la Fiscalía del distrito de Columbia, en Washington, elaboró un documento en el que se pedía al gobierno de Estados Unidos solicitar a Chile la extradición del dictador. El documento fue tenido a la vista, en ese país, por la fuente que lo relató a nuestro diario.
Pero consultada entonces la embajada estadounidense en Santiago, ésta habría recomendado no hacer el requerimiento, pues ello "podría desestabilizar el naciente proceso de transición a la democracia en Chile".
Cuando el juez español Baltasar Garzón dictó la orden de captura internacional en contra de Pinochet, éste habría viajado a EEUU a consultar el referido informe de la fiscalía de Columbia.
De acuerdo a la fuente, la temida petición de extradición del dictador pudo ser la causa principal para el secuestro y posterior asesinato de Eugenio Berríos.

12 de agosto de 2009
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cazador de dictadores


Habla Reed Brody, protagonista de ‘El cazador de dictadores’. Fue representante de Human Rights Watch en el proceso contra Augusto Pinochet en Londres. Y luego batalló siete años junto a las víctimas de Hissène Habré, el ex presidente de Chad acusado de matar a 40 mil personas en los ’80.
[Francia Fernández] "Si uno mata a una persona, va a la cárcel. Si mata a 40, termina en un manicomio. Pero si mata a 40 mil, acaba cómodamente exiliado y con cuenta bancaria en otro país". Eso dice en cámara Reed Brody, asesor jurídico y vocero de la ONG Human Rights Watch, al comienzo de ‘El cazador de dictadores’ (2007). Un documental de la holandesa Klaartje Quirijns, que lo sigue durante dos años, en su intento por llevar a la justicia a Hiss ne Habré, el ex presidente de Chad considerado uno de los dictadores más brutales del siglo XX.
A través de personajes como Souleymane Guengueng, un hombre que casi queda ciego y muere en una prisión chadiana, la cinta también revisita el encarcelamiento, la tortura y los crímenes perpetrados en esa ex colonia francesa durante el régimen (de 1982 a 1990) de Habré, apodado "el Pinochet africano".
El filme se estrena, paralelamente, el 13 de agosto, en el Centro Arte Alameda y Centro Cultural Palacio de La Moneda. También podrá verse en el Cine UC, a partir del 28, como parte del programa ’Documental del mes’. Una idea surgida en Cataluña, que se realiza en esas salas locales, con la exhibición de diez filmes europeos y dos chilenos.
"Espero que esta película, a pesar de las diferencias entre Chad y Chile, despierte alguna conexión con el público. Creo que hay un punto en el cual los chilenos pueden sentirse reflejados, en el sentido de que gobiernos como el suyo efectivamente pueden enfrentarse a líderes asesinos y juzgarlos", comenta Brody al teléfono desde Bruselas, quien fue representante de Human Rights Watch en el proceso contra Augusto Pinochet en Londres.
Fue precisamente el caso Pinochet el que sentó un precedente histórico en cuanto a jurisdicción internacional de crímenes, cuando en 1998, el juez español Baltasar Garzón ordenó el arresto del entonces senador vitalicio chileno. En esos días, militantes chadianos de derechos humanos se acercaron a Brody para que trabajara con las víctimas de Habré. Luego de siete años consiguió, gracias a una orden de detención internacional decretada por la justicia belga, que Senegal -país donde Habré estaba refugiado hace 15 años- se comprometiera a juzgarlo, ante graves denuncias de violaciones de los derechos humanos. (Éste sería responsable de 40 mil homicidios políticos y más de mil torturas, método utilizado sistemáticamente bajo su mandato).

¿Qué pasó con Senegal?
No ha pasado nada. El chileno Claudio Grossman, presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), que obliga a los países firmantes a perseguir crímenes de tortura perpetrados fuera de sus fronteras, se ha encargado de recordarle a Senegal que debe juzgar a Habré. De hecho, viajó allí recientemente con esa misión.

Según el documental, ser ‘cazador de dictadores’ ha tenido costos para ti. ¿Es algo que esperas hacer toda tu vida?
He sido un ‘cazador de dictadores’ y soy un activista pro derechos humanos. Estudié leyes en la Universidad de Columbia, porque me interesaba cambiar el mundo. Tengo compañeros forrados en dinero, pero éste es el camino que yo elegí. Es lo que hago y lo que continuaré haciendo.

¿A quién persigues, en estos días?
Tengo muchas tareas dentro de Human Rights Watch. Ahora estamos preparando un informe en que hablamos de la responsabilidad de oficiales estadounidenses en los crímenes de Guantánamo.

¿Es algo que el gobierno de Obama está dispuesto a tratar?
Para Washington es una batalla enorme rendir cuentas sobre el tema. No creo que sea algo en lo que el gobierno actual quiera profundizar. Su idea es mirar al futuro. Lamentablemente, para avanzar no se puede dar vuelta la hoja y ya. Hay que revisar y cerrar las cosas, y luego pensar en seguir adelante.

En ese sentido, ¿qué te parece que las víctimas de Pinochet lo hayan visto morir sin que pagara por sus crímenes?
Es una vergüenza que Pinochet no enfrentara a la justicia en un tribunal. Pero que la gente lo viera morir bajo arresto domiciliario, con un montón de causas contra él y enfrentado al escándalo de cuentas millonarias en bancos estadounidenses, es una imagen muy distinta de la del hombre poderoso que fue arrestado en Londres, en 1998. Creo que esto cambió, de alguna forma, el curso de la historia en Chile.

9 de agosto de 2009
©la nación 
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juez guzmán pide asamblea constituyente


Juan Guzmán planteó que la presidenta llame a una consulta para que se avance hacia una reforma total de la actual Constitución.
Santiago, Chile. "Yo le pediría a la presidenta, doña Michelle Bachelet Jeria, que llame a consulta sobre la posibilidad de llamar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución". Ese fue el llamado del juez Juan Guzmán a la Mandataria, argumentando la necesidad "imperiosa" de reformar la Constitución actual.
Según el ministro que procesó a Augusto Pinochet por el caso Caravana de la Muerte, la carta fundamental heredada de la dictadura es "la chaqueta de fuerza contra la democracia", y "el que ella (la Presidenta) llame a consulta popular para saber si la ciudadanía quiere o no una nueva Constitución, la consolidaría aún más en la historia".
En tanto, el presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), Felipe Hasbún, afirmó que "debería hacerse un plebiscito y una consulta pública a la brevedad, para no seguir manteniendo esta Constitución de Pinochet que, lamentablemente, ha tenido las firmas de los presidentes de la Concertación".
Para Hasbún, la Constitución es "antidemocrática" y "con reformas más, reformas menos, el articulado, la estructura ideológica que vela esta norma fundamental, demuestra que Chile es un país que no refleja la integración de todos sus habitantes y que excluye a un sector importante de ellos".

8 de agosto de 2009
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pinochet y la muerte de berríos


Pinochet preguntó tras conocer crimen de Berríos "¿Tenemos responsabilidad nosotros?" General (R) Eugenio Covarrubias aseguró, en su declaración ante el juez Alejandro Madrid, que al conocer el deceso del químico, el gobernante de facto preguntó por el grado de culpabilidad en la muerte del agente de la DINA.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. En la sala de audiencia se hizo hoy un largo silencio. Todos esperaban la respuesta del ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Eugenio Covarrubias. El juez Alejandro Madrid no le quitó la vista. Afuera se escucharon campanas. Pero Covarrubias, con las manos temblorosas, bajó la vista y contestó con voz débil "para no pecar de mentiroso, no recuerdo señor ministro".
El juez que instruye el proceso por el crimen en 1995 del químico de la DINA Eugenio Berríos, le había preguntado a Covarrubias por la respuesta que el dictador Augusto Pinochet le había dado cuando él le informó que, en abril de 1995 en Uruguay, había aparecido el cuerpo del químico y que había resultado muerto, a pesar de que la DINE lo mantenía bajo vigilancia permanente en un departamento en Montevideo.
Todos, querellantes y defensores, esperaban en la sala conocer "la primicia", puesto que en el expediente de 40 tomos el dato no estaba registrado hasta ahora.
Lo que sí pudieron saber, también "en exclusiva", porque tampoco se conocía en el juicio, fue que cuando Covarrubias le informó a Pinochet del aparecimiento del cadáver en la playa El Pinar, cerca de Montevideo, éste le preguntó: "¿Tenemos alguna responsabilidad nosotros?". Covarrubias dijo que le respondió "ninguna, mi general".
La pregunta del dictador no era nueva, porque diecinueve años antes, en 1976 se la había hecho al jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, por el crimen de Orlando Letelier en Washington. Y Contreras le contestó lo mismo: ninguna.
Pero los temblores de su cuerpo no terminarían allí para Covarrubias. Un tanto acorralado, contestó al juez que nunca informó del aparecimiento del cuerpo del químico al Ministerio de Interior, en una reunión de la comunidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, con el entonces subsecretario Belisario Velasco.
El juez le consultó entonces por qué no lo hizo, si ya le había informado a Pinochet. Además, minutos antes, el mismo Covarrubias había declarado que en 1995 la DINE le había aportado antecedentes de Berríos a la inteligencia uruguaya, para ayudar al reconocimiento del cuerpo hallado escondido en la playa, dato que también resultaba nuevo para el proceso. La contradicción resultaba obvia.
Pero la respuesta timorata del general fue "es que yo me enteré del crimen de Berríos recién por la prensa".

El Episodio de Silva
En la audiencia probatoria y pública del juicio que recién terminará el próximo viernes, declaró también hoy el mayor (R) Arturo Silva Valdés, quien produjo un curioso episodio.
"Yo nunca conocí al señor Berríos", le dijo con voz marcada al juez. Era extraño, porque Silva es sindicado como uno de los dos autores materiales de los tres balazos en la cabeza que terminaron con la vida de "Hermes", chapa de Berríos como agente de la DINA.
Ahí saltó el abogado Álvaro Varela, parte querellante en el proceso por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, para recordarle a Silva que apenas el día anterior había dicho algo distinto en la audiencia.
El magistrado dijo entonces "pero Señor Silva, usted declaró en el proceso que en 1991 esperó a Berríos en Buenos Aires cuando fue sacado de Chile clandestinamente y con identidad falsa, y lo condujo por barco a la ciudad uruguaya de Colonia y desde allí en bus a Montevideo. ¿Cómo que no lo conoció?"
Por primera vez bajando el volumen de su altanera conducta, Silva contestó "es que yo sólo lo conocí unos días antes, cuando lo tenían en Santiago en el Batallón de Inteligencia del Ejército".
Terminadas las audiencias probatorias, el próximo paso del juez Madrid será la dictación de la sentencia de primera instancia.
La fase probatoria es la etapa del juicio en el sistema procesal penal antiguo, en la que las partes presentan a sus testigos, sean acusados o no, para que ratifiquen, aclaren, o agreguen nuevos antecedentes en la causa.
En la investigación judicial está debidamente acreditado que el químico fue sacado de Chile clandestinamente por orden del dictador Pinochet, con dinero de los fondos reservados de la comandancia en jefe.
También que el objetivo fue impedir que Berríos declarara en la investigación que en 1991 instruía el juez Adolfo Bañados por el crimen en Washington del canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier.
El químico, finalmente, fue asesinado en complicidad con la inteligencia uruguaya, cuando el agente decidió regresar a Chile para declarar lo que sabía sobre ese crimen y de otros cometidos después del golpe militar de 1973.

8 de agosto de 2009
©la nación
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juez resiste amenazas


Juez Madrid asegura que no se dejará amedrentar. Magistrado reconoció que la protección policial comenzó el martes cuando se supo que una persona tomó fotografías de su casa. Juez instruye en estos días el plenario del caso por la muerte del químico Eugenio Berríos.
Santiago, Chile. Junto con reconocer las amenazas que ha recibido en los últimos días, el ministro Alejandro Madrid indicó que no se dejará amedrentar y seguirá adelante con sus pesquisas que incluyen las investigaciones por la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos y las sospechas en torno a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
Desde el martes pasado el juez se encuentra con protección policial luego de que se avistara a un desconocido fotografiando la fachada de su casa y recibiera extraños llamados telefónicos.
Al respecto, el magistrado reconoció que "es efectivo que la semana pasada afuera de mi domicilio, se sorprendió a una persona tomando fotografías de la casa, situación que fue comunicada por una vecina. Llamé a las personas que correspondían y se tomaron los datos".
Agregó que este tipo de hechos "no me amedrentan en lo personal. Yo cumplo con mi trabajo, estoy muy claro en eso, pero sí encuentro que es lamentable que, en el marco de un estado de derecho, y una situación de un país que se rige por normas jurídicas, esten ciertas personas atribuyéndose algún poder o facultad para intimidar a los miembros de los poderes públicos, lo que encuentro absolutamente inadecuado".
Según indicó "a los jueces no se les puede amedrentar. Cuando uno asume estos cargos sabe los riesgos que tiene esta profesión y, por lo demás, no podemos ser sujetos de presiones de ningún tipo porque estamos cumpliendo con nuestro deber", expresó.
Añadió que "si queremos ser garantía para la ciudadanía no podemos dejarnos amedrentar por situaciones de este tipo, las que hay que combatir y repeler absolutamente", dijo, ante lo cual reconoció que siempre en las indagatorias de carácter complejos "hay personas que les molesta este tipo de investigaciones".
El  magistrado ha encabezado esta semana la etapa de plenario del juicio por la muerte del químico Berríos, instancia en que los procesados, así como testigos son requeridos en público por el juez del caso. Luego de esta etapa el magistrado estará en condiciones de dictar las condenas de primera instancia.

8 de agosto de 2009
©la nación 
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pinochetistas amenazan a juez


Juez de casos Berríos y Frei con protección policial. Magistrado Alejandro Madrid estaría a días de dictar sentencia por el homicidio del químico de la DINA y de resolver si el ex Mandatario fue asesinado en enero de 1982 mientras se encontraba internado en la Clínica Santa María a raíz de una hernia.
Santiago, Chile. Extrañas llamadas telefónicas, sospechosos autos detenidos al frente de su domicilio y algunos seguimientos desde hace un mes preocuparon al juez que lleva los casos de la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva y el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, Alejandro Madrid, y a su familia, por lo que pidió protección policial a la PDI.
La medida comenzó a regir a partir del martes 5 de agosto con dos funcionarios que acompañan al magistrado en todo momento, desde el domicilia hasta su oficina en los Juzgados del Crimen de Santiago.
El juez Madrid se encuentra a días de resolver si el presidente Frei Montalva fue asesinado en enero de 1982, cuando se encontraba internado en la Clínica Santa María a raíz de una hernia. Además, se presume que dictará algunos procesamientos por esta causa.
También, el magistrado se apresta a dictar sentencia en el homicidio de Eugenio Berríos, químico de la DINA que estaría implicado en la muerte del mandatario y que fue asesinado en Montevideo, Uruguay, por miembros de la inteligencia militar chilena y uruguaya.
Madrid no ha querido referirse al tema del hostigamiento del que es afectado, como tampoco de la protección que reciben su esposa y sus tres hijos por parte de Carabineros.

Abogado Familia: Es Preocupante
El abogado Álvaro Varela, que representa a la familia Frei, manifestó que la situación que afecta al magistrado Madrid es alarmante, ya que podría entorpecer algunas de las diligencias que está realizando a días que dicte resolución por la muerte del ex presidente y sentencia por el caso Berríos.
"Es muy preocupante, dado que el ministro está haciendo una labor muy importante y su investigación ha tenido en los últimos meses tremendo avances", manifestó a radio Cooperativa.
Varela agregó que "el hecho que el juez Madrid este sufriendo acciones de esta naturaleza, en este periodo precisamente en que se ha conocido informaciones públicas acerca del estado de avance del proceso y los posibles procesamientos, no me cabe la menor duda que son acciones que tienen que derivar de aquellas personas que han tenido responsabilidad en los hechos y no que no desean que ello sea conocido".

7 de agosto de 2009
©la nación
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