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traspaso de bienes de desaparecidos


Aprueban sin discusión proyecto que regula traspaso de bienes de desaparecidos.
Valparaíso, Chile. Por 75 votos a favor, 3 en contra y 18 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes el informe de comisión mixta sobre el proyecto de ley (Boletín 5971) que crea la figura legal de "declaración de ausencia por desaparición forzada de personas", para contribuir a regular aspectos patrimoniales de personas detenidas-desaparecidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La mixta se formó luego de que en el Senado el proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite, no alcanzara el quórum constitucional requerido. Se necesitaba contar con el voto favorable de 22 senadores y el resultado fueron 19 afirmativos, uno en contra y 8 abstenciones.
Los diputados acogieron la recomendación de la comisión mixta de aprobar el mismo texto respaldado por la Cámara en primer trámite constitucional.

Definición
El proyecto considera como desaparición forzada "el arresto, la detención, el secuestro o cualquiera otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, ocurrida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990".
Conforme al procedimiento que señala la iniciativa legal, la sentencia judicial que reconoce la desaparición de una persona transfiere los bienes del desaparecido, y en su caso, disuelve el matrimonio.

Transferencia de bienes
Una vez ejecutoriada la sentencia, se transferirán los bienes del desaparecido de acuerdo a las siguientes reglas, señala el proyecto de ley:
"a) Si hubiere hijos, todos los bienes serán transferidos a éstos y al cónyuge, si lo hubiere. Si sólo hubiere un hijo, la transferencia de los bienes del desaparecido, se hará en partes iguales a éste y al cónyuge. Si hubiere más de un hijo, el patrimonio del desaparecido será repartido entre estos y el cónyuge de modo tal que al cónyuge no le corresponda menos que la cuarta parte del patrimonio del desaparecido. Asegurándose lo anterior, al cónyuge le corresponderá la transferencia del doble de lo que le corresponda a cada hijo.
"b) Si no hubiere cónyuge, todos los bienes se transferirán en partes iguales entre los hijos.
"c) Si no hubiere hijos, los bienes se transferirán al cónyuge y a los ascendientes de grado más próximo, dividiendo el patrimonio en tres partes, dos para el cónyuge y una para los ascendientes.
"d) Si no hubiere hijos ni cónyuge, los bienes se trasferirán a los ascendientes en partes iguales. Los ascendientes de grado más próximo excluirán a los demás.
"e) Si no hubiere hijos, cónyuge, ni ascendientes, los bienes se transferirán a los colaterales en partes iguales hasta el sexto grado inclusive. Los colaterales de grado más próximo excluirán a los demás. En el caso de los hermanos, los carnales tendrán derecho a que se les transfiera el doble respecto de los maternos o paternos. En el caso de los colaterales, los de doble conjunción tendrán derecho al doble de lo que les corresponda a los de simple conjunción.
"f) Los hijos y hermanos de la persona desaparecida concurrirán a la transferencia personalmente o representados por sus descendientes, por estirpe.
"Si el desaparecido hubiese dejado testamento, se aplicarán las reglas sobre sucesión testada en la parte del patrimonio afectada por éste".

Disolución de Matrimonio
La sentencia ejecutoriada que declare la ausencia por desaparición forzada producirá, sólo en el caso en que el cónyuge no desaparecido lo haya solicitado, la disolución del matrimonio. No obstante, aun cuando la sentencia estuviere ejecutoriada, el cónyuge no desaparecido podrá solicitar, ante el mismo tribunal que la hubiere dictado, la ampliación de la sentencia en el sentido de ordenar la disolución del matrimonio.
Respecto de los bienes inmuebles, los beneficiarios de la transferencia se entenderán poseedores desde la inscripción del acto de transferencia en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Respecto de los bienes muebles, se aplicarán las reglas generales sobre posesión y dominio.
Los solicitantes de la declaración de ausencia por desaparición forzada, así como los beneficiarios de las trasferencias, gozarán de privilegio de pobreza. Las transferencias realizadas en virtud de la futura ley, estarán exentas de todo impuesto.
La declaración de ausencia por desaparición forzada no podrá ser considerada para la prescripción penal, ni para ningún otro efecto civil o penal que no sean los regulados en esta ley.

19 de mayo de 2009
©diario de la cámara
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derecha impide reforma constitucional


Rechazado por falta de quórum proyecto que suprimía número de 120 diputados en la Constitución.
Valparaíso, Chile. La iniciativa legal del gobierno (Boletín 6512), que abría paso para modificar el sistema electoral binominal, pese a haber sido aprobada por 62 votos contra 42, fue rechazada este martes al no reunir el quórum constitucional requerido de 72 sufragios.
El proyecto suprimía el número de 120 diputados en la Constitución, modificando el artículo 47. En sus fundamentos señalaba que la Carta Fundamental no señala el número de senadores y que para cambiar el sistema electoral es necesario previamente modificar esta norma constitucional.
Añadía que el establecimiento de un número fijo de diputados en la Constitución se entorpece el diseño que el legislador puede hacer de un sistema electoral más representativo.
El texto fue aprobado por diputados de gobierno e independientes, en contra votaron legisladores de oposición.

19 de mayo de 2009
©diario de la cámara
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votarán uniones de hecho


Pastores piden asegurar estabilidad del matrimonio al legislar en proyecto que regula uniones de hecho.
Valparaíso, Chile. Representantes de las Iglesias Metodista Pentecostal y Anglicana expresaron ante la Comisión de Familia, su opinión sobre la iniciativa que busca reconocer este tipo de uniones y regular el patrimonio que la pareja obtenga mientras conviva en una unión de hecho.
Al respecto, el Reverendo Canónico de la Iglesia Anglicana en Chile, Alfred Cooper, señaló que "apreciamos la sensibilidad de reconocer estas convivencias y la necesidad de regularlas de alguna manera, sin embargo, enfatizamos que tal legislación sea cuidadosa y no disminuya el valor y la opción del matrimonio como hoy existe con posibilidades de divorcio".
Asimismo, el Pastor anglicano destacó que no es necesario formar y legalizar un nuevo vínculo, como el matrimonio de hecho, sino que mejorar la legislación relacionada con los derechos del individuo. "La idea es que se busque una legislación que no aminore el estado del matrimonio porque la naturaleza del amor requiere un compromiso a largo plazo", agregó el pastor Cooper.
En una misma línea, el Pastor Gobernante de la Catedral Evangélica de Santiago, Eduardo Durán Castro, señaló que "para nosotros la base fundamental de la sociedad es el matrimonio, sin embargo, no estamos en desacuerdo de que se trate de legislar sobre los derechos patrimoniales de las uniones de hecho, puesto que es una realidad que existe en la sociedad chilena. Lo que sí no queremos, es que este proyecto incentive a las nuevas generaciones a propender a esa unión de hecho".
En tanto, la diputada UDI y presidenta de la instancia parlamentaria, María Angélica Cristi, fue enfática en señalar que el proyecto, al regularizar los derechos patrimoniales de quienes conviven en uniones de hecho "genera un disfraz, porque en el momento en que estas legalizando las uniones de hecho, las estás convirtiendo en uniones de derecho y bajo el paraguas de reconocer los bienes se crea una institución paralela al matrimonio, que es mucho más simple y menos comprometida".
Sin embargo, la parlamentaria también expresó que "seríamos muy miopes si no nos diéramos cuenta que hay una realidad que existe, pero cuando se determina esta unión se pueden formar varias uniones paralelas, porque es una forma libre de estar con otra persona. En todo caso, hay que proteger a la mujer y a los hijos y eso se hace con el reconocimiento de los derechos patrimoniales, para lo cual están las leyes comunes, lo que pasa es que estas leyes hay que aplicarlas a los hechos y eso no siempre es fácil".
Por otro lado, la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, defendió el propósito del texto legal y sostuvo que "nos parece que las uniones de hecho son una realidad en Chile, ya que cerca del 60% de los niños nacen fuera del matrimonio, por lo que a nosotros nos preocupa la situación patrimonial en la que quedan las personas que viven en uniones de hecho".
Además, la Ministra hizo un llamado para que el Parlamento no se cierre a esta discusión y agregó que "las familias en Chile somos todos, aquí no hay un modelo de familia que tenga que ser el único respetado, hay modelos de familias que se componen sólo de mujeres con sus hijos, hijos y sus abuelos, etcétera, y a nosotros como organismo de Estado nos queda respetarlas y potenciarlas en todas las dimensiones en las que estas existen".

Contenido del Proyecto
El proyecto (boletín 4153) regula la unión de hecho, definiéndola como aquella formada por un hombre y una mujer que de manera libre, han decidido tener una vida en común, con un carácter de estabilidad y continuidad, con el objetivo de constituir una familia y cumpliendo los demás requisitos establecidos en la ley.
Esta unión se formalizará, en forma verbal o escrita, ante un notario y presentando dos testigos de que no hay impedimento para ella. Durante la vigencia de una unión de hecho, existirá una comunidad respecto de los bienes comprados.

19 de mayo de 2009
©diario de la cámara
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memorial con 99 nombres


Noventa y nueve nombres tiene el recién inaugurado Memorial de Detenidos Desaparecidos.
Antofagasta, Chile. Los nombres de 99 personas víctimas del régimen militar, grabadas en igual número de placas, contiene el recién inaugurado Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Antofagasta.
"Este es un momento histórico para la región, ya que gracias al esfuerzo y la lucha de los familiares hoy entregamos a la comunidad este primer piso del gran edificio que queremos construir por la recuperación de la memoria histórica", dijo Doris Navarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobre el memorial ubicado en calle Iquique, en las inmediaciones de la Vega. Su costo fue de $ 50 millones.

18 de mayo de 2009
©mercurio de antofagasta
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nunca supimos nada de mónica


Cónsul uruguaya no oyó hablar nunca de Mónica Benaroyo Pencu, que fue decapitada a patadas por militares chilenos.
[César Rozas] Arica, Chile. La cónsul de Uruguay en Arica, Rosario Soto Camps, confesó que pese a estar 19 años en el cargo, nunca oyó hablar de la ciudadana uruguaya políglota, hija de diplomático, Mónica Benaroyo Pencu, quien fue hallada enterrada y sin cabeza, a mediados del año pasado, en un recinto militar, ubicado a la salida sur de Arica, tras desaparecer el año 1973.
"La sorpresa, después de tantos años, es que no teníamos un conocimiento que esta ciudadana había pasado por Arica. Nunca supimos nada de Mónica", dijo.
Sostuvo que el examen de las huellas que aplicó el 2008 la PDI para confirmar su identidad, no es reconocido por la ley de su país y que por tanto esperan los resultados de un doble examen de ADN, practicado a una hermana de la fallecida en Estados Unidos, tanto por Chile como por Uruguay.
Sin embargo, aclaró que extraoficialmente, su país no tiene dudas que se trata de la misma persona.
"El gobierno uruguayo no acepta como prueba la huella digital, como Chile, porque normalmente se borra. Ahora, acá, en Arica, por el clima y por circunstancias que nadie desconoce, se conservan las huellas digitales. Así que efectivamente, por la huella digital, estamos ciertos de que es esta señora, que es Mónica. Ahora, desde un punto de vista legal la prueba que se acepta es lo que se llama el protocolo de ADN", puntualizó.
En cuanto a la hermana de la uruguaya (Fernanda Benaroyo), que según las instituciones chilenas involucradas en la investigación, vive en Estados Unidos, y que se prestó el año pasado para las muestras sanguíneas que permitirían la comparación del ADN familiar, dijo que "nunca me ha contactado".
No obstante, precisó que en el caso de la Embajada de Uruguay "hubo una comunicación, seguramente privada con el embajador, que digamos… soy cónsul, entonces esa parte ya no la podría saber, en qué otra esfera se están comunicando", dijo.
En todo caso, explicó que este tema es "absolutamente prioritario" para su gobierno, confirmando que efectivamente existe un ambiente poco proclive en este momento de investigación judicial, a filtrar información relevante hacia los medios de comunicación.
Por otro lado, comentó que desde que el cuerpo fue hallado (julio de 2008, pampa Chaca) hasta hoy (periodo en el que se ha desarrollado también la investigación del caso), nunca ha recibido a la policía, o a algún informante queriendo aportar mayores antecedentes al caso.

"Estamos Ahí"
Sobre el tiempo que resta para conocer los resultados de los estudios que confirmarían la identidad del cadáver -y que en el testimonio de la cónsul son practicados tanto por el Servicio Médico Legal como por Montevideo- aseguró que "estamos ahí, o sea, no crea que va a demorar mucho. Esto ya está prácticamente listo".
Y puntualizó que una vez que ocurra "el embajador hará un comunicado oficial, agradeciendo y haciendo, sobre todo, hincapié al gobierno chileno en el interés que ha puesto en este caso y cómo se han tratado todas las diligencias".

Ministro en Visita
En tanto, las circunstancias y responsabilidades de esta desaparición, asociada a un caso desconocido de Derechos Humanos, son materia de investigación del ministro en visita, Javier Moya Cuadra, designado por la Corte de Apelaciones en septiembre del año pasado.
Hasta donde se conoce la autoridad recibe colaboración de personal con dedicación exclusiva de la Brigada de Homicidios de la PDI de Arica.
Por otra parte, investigaciones de la prensa uruguaya señalaron que Mónica llegó a Chile para hacer escala durante un viaje hacia La Habana, Cuba, y que circunstancias adversas la obligaron a trabajar en la empresa fabricante de envases de aluminio de Arica, Condensa, la que aún existe y mantendría trabajadores del tiempo de Benaroyo.
Hija de un ex embajador de Irán (Persia) en Rumania y militante del Partido Comunista uruguayo desde 1971, era licenciada en Filosofía y dominaba siete idiomas.

17 de mayo de 2009
©estrella de arica 
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exhuman cuerpo de ejecutado


Son parte de los pasajes de la historia reciente del país que aún no han escrito sus últimas líneas. Así quedó de manifiesto con la exhumación realizada en el Cementerio Municipal de San Nicolás en el marco de la investigación que se encuentra en curso por la muerte de Carlos Sepúlveda Palavecino en septiembre de 1973 en Ninhue.

[San Nicolás, Chile] Las diligencias, que comenzaron el día jueves, fueron encabezadas por la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, considerando que este caso lleva cerca de 2 años siendo investigado.
"En relación a esa investigación se ordenó por parte del tribunal esta diligencia de exhumación. Son parte importante de las diligencias que realiza la brigada para complementar el informe propiamente tal", precisó el subcomisario Óscar Garrido, integrante de dicha brigada. De hecho, esta acción fue motivada por una orden del juez de Letras y Familia de San Carlos y un exhorto emanado del Juzgado de Letras de Quirihue.
Durante el proceso de exhumación participaron además funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Concepción y peritos del Servicio Médico Legal de Santiago. Esto, ya que el objetivo primordial de dicha diligencia es precisar con exactitud las causas de la muerte de Carlos Sepúlveda. "Una vez concluida esta diligencia, que se tenga toda la información, ellos la remitirán de forma oportuna al tribunal que corresponda", agregó el subcomisario Garrido.

Anhelo de Justicia
En el portal www.memoriaviva.com, archivo digital sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se señala, de acuerdo a los antecedentes recabados por el Informe Rettig, que Carlos Alberto Sepúlveda Palavecinos fue asesinado el 14 de septiembre de 1973 por efectivos policiales de Quirihue.
"El afectado fue ultimado en su propio domicilio por los carabineros. No se entregó ninguna explicación sobre los motivos que los agentes de la autoridad tuvieron para proceder de esa manera.
El certificado del Cementerio de San Nicolás señala como causa de la muerte: "enfrentamiento militar". Las autoridades policiales ordenaron sepultarlo de inmediato", menciona el informe.
En ese momento Carlos Palvecinos tenía 33 años, era profesor, subdelegado de la comuna de Ninhue y militante del Partido Comunista. De acuerdo al informe no hay antecedentes que sustenten la explicación de enfrentamiento, además de precisar que en la ocasión se negó el auxilio médico correspondiente. Esto permite concluir al informe "que Carlos Sepúlveda fue ejecutado por agentes del Estado, lo que constituye una violación de los derechos humanos".
Por ello, su familia ha llevado adelante las acciones necesarias que permitan esclarecer estos hechos. "Para encontrar la verdad, la justicia por un hombre que lo asesinaron para el 73’ como asesinaron a tantas personas. Estamos buscando la verdad, como todos los familiares de los desaparecidos y ejecutados políticos, como fue en el caso de mi papá. Que se haga justicia por estas muertes que fueron tan injustas", señala Carla Sepúlveda, su hija, quien entabló la querella por su muerte.
"Yo tenía ocho meses cuando mataron a mi papá y la ausencia de él siempre se va a sentir. Todo el dolor que pasó mi madre, quien hace cinco meses falleció. Fue un sufrimiento grande para toda la familia", recuerda. Por ello, esta mirada al pasado tiene un sentido de futuro. "Establecer la verdad de los hechos, de lo que pasó y que la muerte de mi papá no quede impune", precisa Carla.

16 de mayo de 2009
©la discusión
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ai sospecha de gobierno


Anmistía Internacional calificó de "brutal" detención de estudiantes en protesta. La entidad pidió que se investiguen estos hechos.
Santiago, Chile. Amnistía Internacional (AI) expresó hoy su "indignación" por la actuación de la policía chilena al detener de manera "brutal, injustificada y desproporcionada" a dos estudiantes, uno de ellos menor de edad, durante la manifestación que se desarrolló este miércoles en Santiago.
Latercera.com, a través de 3TV publicó un video en el que muestra cómo Carabineros detuvo a un menor de edad y, posteriormente, a un estudiante que manifestó su descontento con la acción, sin llegar a insultarlos.
Unos 2 mil estudiantes, entre universitarios y secundarios marcharon el pasado miércoles por el centro de la capital, para protestar por la situación de la educación pública, argumentando, entre otras causas, que algunos centros educativos están al borde de la desaparición.
"La información filmada muestra un procedimiento brutal, injustificado y desproporcionado donde varios funcionarios de Carabineros aprehenden, agreden y arrastran hacia un vehículo policial al menos a dos estudiantes", denuncia AI en un comunicado.
La organización de defensa de los derechos humanos subraya que "cada vez con más frecuencia se apela a la fuerza desproporcionada por parte de Carabineros de Chile para la represión de manifestaciones públicas".
"Al identificarse un patrón de hechos similares recurrentes, ello podría hacer pensar que dicha práctica está sostenida en la autorización política para reprimir la libertad de reunión y expresión", dice esta entidad.
AI pide que se investiguen estos actos de represión y se ponga a sus responsables a disposición de la justicia, y se entrene a la policía en el respeto al "Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", de Naciones Unidas.

15 de mayo de 2009
©la tercera 
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setenta recomendaciones de la onu


Gobierno mantiene cinco recomendaciones de la ONU en suspenso tras examen sobre DDHH. Ministro Viera-Gallo informó que se aceptaron 70 recomendaciones.
Santiago, Chile. El ministro de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, informó este viernes que el gobierno aceptó 70 recomendaciones hechas por los países que participaron durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado la semana pasada a Chile por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Además especificó que se rechazaron las recomendaciones hechas por Finlandia y Suecia para que se legalice el aborto, aludiendo que "es una materia que no está en el programa de la Presidenta y por tanto, no entra en consonancia con lo que es la labor del gobierno".
Entre las que quedaron en suspenso para realizar un análisis en mayor profundidad se encuentran las acotaciones de Ubekistán, que pide ratificar la Convención en contra de los mercenarios y adecuar la definición de tortura del Código chileno a la Convención respectiva.
Ante la primera recomendación, el ministro detalló que el tema debe ser abordado por la Cancillería y sobre el concepto de tortura "nosotros sostenemos que hay plena sintonía, entonces tenemos que analizar bien en qué sentido podría ser".
Bangladesh pidió proteger los derechos de la familia que se funda en un matrimonio entre un hombre y una mujer. "Esto no es que estemos en contra, pero tenemos que estudiar bien, porque también nuestra legislación considera las familias monoparentales", detalló Viera-Gallo.
Azerbaiyán exigió que no se deporte a periodistas y ni a directores de cine que trabajan sobre el problema mapuche. "Nosotros nunca hemos deportado ni a periodistas ni a directores de cine o documentalistas en materia de trabajo con el pueblo mapuche, la dejamos pendiente, porque no sabemos a qué se refiere", aclaró el ministro.
República Checa dijo que se debe revisar la ley antiterrorista. "Hemos aprobado sobre esa materia otras tres recomendaciones de otros países, que nos parecen muy adecuadas su redacción, donde dice que Chile no aplique la ley antiterrorista frente a legítimas protestas pacíficas de los pueblos indígenas. Nosotros nunca vamos a aplicar la ley antiterroristas ante protestas pacíficas", agregó.
El ministro además detalló que dentro de las recomendaciones que se han aceptado están acotar mejor la competencia de la Justicia Militar; continuar luchando contra la discriminación en contra de los pueblos indígenas y las mujeres; lograr un trato cada vez más adecuados de los menores que delinquen; mejorar el sistema carcelario; establecer un Instituto de Derechos Humanos; crear el defensor de las personas (Ombudsman); fortalecer el ritmo de avance de los juicios sobre Derechos Humanos y la ratificación de la Corte Penal Internacional (CPI).

15 de mayo de 2009
©la tercera
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