chile

chile debe derogar decreto de amnistía

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ONU solicita a Chile que derogue Ley de Amnistía. Además, se hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas de reparación a las víctimas.

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Naciones Unidas/Chile. El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas recomendó hoy a Chile derogar la Ley de Amnistía, ya que puede influir de forma negativa en las sentencias de los graves crímenes cometidos durante el gobierno militar.
"El Comité considera que el hecho de que el DecretoLey continúe vigente deja todavía al arbitrio de las cortes internas la aplicación o no de la amnistía", reza el informe sobre Chile del Comité, cuya cuadragésima segunda sesión acabó hoy.
El Comité explicita que es consciente que los tribunales chilenos han ido declarando en sus fallos la no aplicación del DecretoLey de Amnistía que veda el castigo a individuos responsables de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Pero dada la posibilidad de que su aplicación actúe contra los principios de los derechos humanos, el Comité insta a Chile a que derogue el Decreto Ley de Amnistía.
"El Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición de la tortura".
Por otra parte, recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean realizadas exhaustivamente, con prontitud y de manera imparcial.
Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas de reparación a las víctimas.
"El Comité insta al Estado a que reabra la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o a que establezca con prontitud otro organismo que retome el mandato de dicha Comisión para poder satisfacer la exigencia de reparación de las víctimas de tortura bajo la dictadura".
Especialmente, el organismo de Naciones Unidas pide que se difunda la existencia de dicha Comisión sobre todo entre los chilenos que viven en el exterior por culpa del exilio.
El Comité recomienda que introduzca reformas legislativas en relación al control de las fuerzas policiales "lo antes posible con miras a garantizar que ningún acto de éstas contrario a la Convención contra la Tortura permanezca impune y que las investigaciones correspondientes sean efectivas y transparentes".
En relación a los indígenas, al Comité "le preocupan las numerosas denuncias recibidas que apuntan a una persistencia de actuaciones abusivas por parte de los agentes policiales contra integrantes de pueblos indígenas".
Además, lamenta que se haya aplicado la ley Antiterrorista contra integrantes de los pueblos indígenas en relación con diversos actos de protesta social.

15 de mayo de 2009
©la tercera 

habrá más de 120 diputados

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Comisión aprobó proyecto que elimina de la Constitución la alusión al número de diputados.

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Valparaíso, Chile. De esta manera, la iniciativa que fue aprobada por la Comisión de Constitución, se relaciona con el compromiso de la presidenta Bachelet de modificar el sistema binominal, para asegurar un sistema electoral que garantice competitividad, representatividad y gobernabilidad.
El texto propone modificar el artículo 47 de la Constitución, que señala que "el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país", sin establecer el número de senadores. Lo anterior, se considera desigual con lo dispuesto en el mismo artículo en relación a la Cámara de Diputados, ya que se determina que ésta estará compuesta de 120 miembros.
De esta forma, se argumenta que con el establecimiento de un número fijo en la Constitución de diputados, se entorpece el diseño que el legislador puede hacer de un sistema electoral más representativo. Cambiar esta situación significa un aumento de la cifra que la Constitución establece, haciendo inviable una modificación meramente legal que no fuera acompañada de una reforma a la Constitución.
Lo anterior significa que cualquier reforma legal, supone alterar esa norma constitucional. Por eso, es inevitable eliminar ese número y dejar, igual que para los senadores, abierta esta materia, para que el legislador la defina.
La diputada PPD y presidenta de la Comisión, Laura Soto, señaló que "finalmente aprobamos este proyecto que elimina la obligatoriedad de los 120 diputados, que es el requisito esencial para hablar del cambio de sistema binominal. Teníamos que sacarlo rápidamente, sobre todo porque ya habíamos hecho el debate de fondo sobre el tema".
Asimismo, la parlamentaria entregó su opinión respeto al cambio del sistema binominal y del aporte que hace la aprobación de este proyecto al respecto. En este sentido, señaló que "la democracia es perfectible cuando más personas participan y la sociedad tiene un mayor abanico de personas para elegir y no solamente dos, además, en el sentido binominal que hoy día se da, ocurre la cosa extraña de que 33 vale lo mismo que 66 y eso atenta naturalmente a la democracia".
El texto legal (boletín 6512) será informado en la Sala por el diputado PPD, Guillermo Ceroni.

Orden Público
El grupo parlamentario también aprobó el proyecto de ley (boletín 4832) que introduce modificaciones al Código Penal, a la Ley sobre Seguridad del Estado, y a la Ley sobre Violencia en los Estadios en materia de orden público.
De esta manera, se elimina la posibilidad que los particulares puedan ejercer la acción penal por los delitos contra la seguridad exterior, soberanía del Estado, seguridad interior del Estado y atentados y desacatos contra la autoridad.
Asimismo, se propone una modificación del Código de Penal, destinada a sancionar más severamente a quien cometa delitos de desórdenes graves y que cubra su rostro para este propósito. En dicho caso, se agrega a la pena de presidio establecida en el artículo 269 del Código Penal, una pena pecuniaria de 4 unidades tributarias mensuales (de $36.792 a $147.168).
El proyecto también obliga a los organizadores de los campeonatos de fútbol profesional a establecer, en las bases y reglamentos de los respectivos campeonatos, un sistema de pérdida de puntaje para aquellos equipos que actúen como local, cuando con ocasión de un espectáculo deportivo en que participen, se cometan alguno de los delitos contemplados en dicha ley.
Sobre la aprobación de esta iniciativa, la diputada Soto dijo que "casi hubo un asentimiento unánime en el tema de los convocantes en las manifestaciones públicas, porque es una cuestión recurrente y escuchamos siempre en la calle que la gente se siente desprotegida porque viene gente que irrumpe su seguridad a rostro cubierto".
Sin embargo, manifestó su desacuerdo con establecer una agravante en el caso de los encapuchados, ya que "puede prestarse para malas interpretaciones porque a veces en invierno, sobre todo los estudiantes secundarios andan con un pasamontañas".
El mensaje será informado a la Sala por el diputado RN, Nicolás Monckeberg.

14 de mayo de 2009
©diario de la cámara 

ley contra el maltrato animal

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Nuevo proyecto funde anteriores y pone fin a confusión.

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Valparaíso, Chile. Acuerdan nueva propuesta legislativa sobre maltrato animal y Ejecutivo se compromete a darle tramitación urgente. Comisión de Medio Ambiente redactó un texto que refunde los dos proyectos relativos al bienestar animal y el que sanciona los actos de crueldad y maltrato.
Tras una larga tramitación, la Comisión de Medio Ambiente, que preside el senador Pablo Longueira acordó junto al Ejecutivo elaborar un solo texto que refunde los proyectos relativos al bienestar animal y el que sanciona los actos de crueldad y maltrato.
Cabe recordar que, la primera de las iniciativas, que establece una Ley General de Bienestar Animal se originó en una moción parlamentaria que contempla la creación de un Consejo de Bioética, regula los espectáculos con animales y establece garantías para ellos en todas las interrelaciones que tienen con humanos.
Dicho proyecto no logró en la Cámara de Diputados el quórum suficiente para definir las sanciones que tendrían los actos de crueldad y maltrato de animales, con lo cual se derogó la Ley vigente que sanciona con multas e incluso la pérdida de libertad a las personas que sean sorprendidas cometiendo actos de crueldad con los animales.
De este modo, se produjo una situación compleja: existía un marco legal para asegurar el bienestar animal pero sin sanciones. Por ello, un grupo de senadores presentó otra moción que repone en el Código Penal las sanciones correspondientes para el maltrato y los actos de crueldad con penas de cárcel que van entre 61 días a 3 años de cárcel y multas de hasta diez ingresos mínimos mensuales.
Al respecto, el senador Pablo Longueira, indicó que "acordamos con el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo redactar un solo texto legal y el Ejecutivo se comprometió a darle un ‘fast track’ legislativo al ingresarlo nuevamente por la Cámara con urgencia de discusión inmediata, mientras que nosotros congelamos la tramitación de los dos proyectos antes mencionados".
Puntualizó que "tal como estaban los proyectos hacía casi inviable e impresentable seguir tramitándolos por separado porque habría que publicar estos dos proyectos al mismo tiempo, de lo contrario no tendrían sentido".
En ese sentido, se mostró esperanzado de lograr un acuerdo político con la Cámara de Diputados para destrabar la tramitación de esta iniciativa con un nuevo texto legal que contenga tanto las disposiciones sobre bienestar animal como también las sanciones contra quienes ejerzan maltrato animal.
Sostuvo que esta normativa es fundamental para regular la tenencia de animales en los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición. Además los laboratorios de diagnóstico veterinario; los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, deberán contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud.

14 de mayo de 2009
©senado 

civiles interrogan a detenidos

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Abogados de DD.HH. presentan recurso de protección contra fiscal. La acción legal pretende defender los derechos de unos 15 detenidos en las marchas del Día del Trabajador, que fueron fotografiados e interrogados por un grupo de civiles no identificados.

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Santiago, Chile. Los abogados de derechos humanos Nelson Caucoto, Rubén Jerez y Hugo Gutiérrez presentaron hoy un recurso de protección en contra del fiscal Andrés Montes ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según fuentes judiciales, la acción legal pretende defender los derechos de unos 15 detenidos en las marchas conmemorativas del Día del Trabajador, del pasado 1 de mayo, que fueron fotografiados e interrogados por un grupo de civiles no identificados.
Estos interrogatorios se llevaron a cabo en la Tercera Comisaría de Carabineros y en la ocasión el comisario encargado del cuartel, Claudio Rojas, informó a los abogados querellantes que desconocía la identidad de los civiles que hicieron las preguntas.
Además, el uniformado aseguró que el procedimiento estaba a cargo del general Raúl Arellano Delgado, quien seguía órdenes directas del fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, Andrés Montes Cruz.
Estos hechos fueron considerados delitos graves por los abogados, ya que los interrogatorios se llevaron a cabo sin orden judicial y no se informó de las detenciones a ningún defensor público, tal como exige el nuevo proceso penal en Chile.
Asimismo, los abogados alegan que se violó el artículo 161-A del Código Penal que prohíbe fotografiar sin autorización del afectado "en recintos particulares que no sean de libre acceso al público".
Es por esto que el recurso se dirige en contra del fiscal Montes y los funcionarios de la policía uniformada que resulten responsables.
Los abogados también pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que se investigue la recurrente presencia de civiles no identificados realizando procedimientos ilegales al interior de cuarteles.

14 de mayo de 2009
©emol

recomendaciones sobre derechos humanos

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Llaman al gobierno a llevar a cabo recomendaciones sobre derechos humanos. Coalición Ciudadana de Monitoreo de los Derechos Humanos pidió una agenda pública para la implementación de observaciones hechas por la ONU, tras la presentación del informe hecho por Chile el viernes pasado.

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Santiago, Chile. La Coalición Ciudadana de Monitoreo de los Derechos Humanos, manifestó su satisfacción con las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al estado chileno, que el pasado viernes entregó su informe en Ginebra, las cuales recogieron las observaciones que durante años ha venido realizando la sociedad civil chilena sobre la materia.
La Coalición hizo un llamado al gobierno a presentar una agenda pública para la implementación de las recomendaciones -que incluya a todos los órganos del Estado- y anunció su disposición a participar en el seguimiento de la misma.
Así lo señalaron en conferencia de prensa realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales la abogada Helena Olea, de la Corporación Humanas; la periodista Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, y el académico Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la UDP, las tres organizaciones que junto al Comité de Defensa de Derechos del Pueblo (Codepu) estuvieron presentes en Ginebra.
El pasado viernes tuvo lugar en la sede de la ONU el examen periódico universal del Estado de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos, que formuló 71 recomendaciones.
El gobierno de Chile aceptó casi todas, excepto dos relativas a revisar la legislación sobre aborto para hacerla acorde a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y a ofrecer información adecuada sobre regulación de la fertilidad. Con respecto a la ratificación de la convención sobre mercenarios, la protección de la familia, la investigación sobre detención y expulsiones de periodistas y cineastas que trabajan sobre la situación del pueblo mapuche, y la aplicación de la legislación anti-terrorista a las comunidades indígenas, se pronunciará en la sesión de noviembre próximo.
Sobre las recomendaciones rechazadas y pendientes, la Coalación realizó un llamado a todos los candidatos presidenciales a pronunciarse al respecto.
"Hay una brecha entre lo que hace Chile a nivel internacional y la manera en que se presenta.  Por un lado, con una Presidenta que fue víctima del terrorismo de Estado, y por el otro, lo que hoy sucede en el país. Es muy importante que se siga con atención lo que va a pasar con las recomendaciones hechas en Ginebra. El objetivo debe ser cerrar la brecha para que Chile se atenga a una política de derechos humanos más fortalecida, para así poder liderar en el tema", sostuvo Jorge Contesse.
"Valoramos que los estados miembros reconozcan en sus recomendaciones estas situaciones negadas al interior del país, siendo sintomático que cerca de un tercio de ellas se refieran a la situación que afecta al pueblo mapuche, con especial mención a la realidad que enfrentan niños y mujeres, y al reconocimiento de su territorialidad y derechos", agregó Paulina Acevedo.
Helena Olea destacó que "el desarrollo económico, político y social que enorgullece a Chile no se ha repartido de manera igualitaria entre hombres y mujeres. El Plan Nacional de Derechos Humanos, la legislación, el gobierno, y las decisiones judiciales deben abordar la discriminación contra las mujeres como un tema prioritario. Los derechos humanos no sólo se refieren a las violaciones del pasado, son también una deuda pendiente y una obligación con el futuro".

14 de mayo de 2009
©la nación

ratifican condena contra schäffer

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Suprema ratifica nueva condena contra Paul Schäffer. La sentencia es de tres años de presidio por aplicar somníferos para experimentar con los colonos.

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Santiago, Chile. La Corte Suprema ratificó la condena en contra del otrora líder de la ex Colonia Dignidad, Paul Schäffer por aplicación de torturas a integrantes de la Villa Baviera.
Schäffer enfrenta una pena de tres años y un día por el delito de lesiones graves y menos graves en contra de ocho colonos alemanes a quienes se les suministró somníferos para poder experimentar con ellos.
De acuerdo a la sala penal del máximo tribunal, los ilícitos se efectuaron entre 1970 y 1980.
Los jueces votaron de manera dividida (tres contra dos) y esta sentencia se suma así a la pena de 20 años de presidio como autor de cinco violaciones y 21 casos de abusos sexuales contra menores al interior de la ex Colonia.
Schäffer enfrenta además una tercera investigación, esta vez por infringir la ley de armas al descubrirse un arsenal al interior de la Villa Baviera.

13 de mayo de 2009
©la nación

jueza maggi reconoce ddhh

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Jueza Maggi se planteó a favor de evolución de leyes sobre derechos humanos.

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[Angélica Meneses] La carta de la presidenta Bachelet para la Corte Suprema expuso ante la comisión de Constitución del Senado y se manifestó favorable a la evolución de las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Naranjo (PS) de declaró en estado de "reflexión", mientras la derecha ratificó su apoyo.
Los temas de derechos humanos fueron centrales en la exposición de la jueza Rosa María Maggi ante la comisión de Constitución del Senado, en una cita previa a la votación de la sala para aceptar o rechazar su nominación como miembro de la Corte Suprema.
La jueza que rechazó desaforar a Augusto Pinochet por los crímenes de las operaciones Cóndor y Colombo, en 2004 y 2005, se manifestó a favor de la evolución de las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
"He tenido casos en que por determinadas circunstancias he aplicado la prescripción y hay otros casos en que no la he aplicado últimamente. La jurisprudencia va cambiando, las leyes van cambiando, la reforma constitucional de 2005 estableció una vigorización de los tratados internacionales en nuestro derecho, sobre todo los relativos a derechos humanos, que permiten una interpretación más amplia que la que había antes de 2005", indicó.
Y enfatizó que son muchos los factores que influyen en un fallo, pero "lo cierto es que las cosas  van cambiando, las leyes van cambiando, los  tratados internacionales van adquiriendo otra categoría en nuestro derecho y estamos en proceso de evolución".
Uno de los más críticos de la nominación, Jaime Naranjo (PS), se declaró en estado de "reflexión" después de la presentación de la jueza, abriendo espacio a la posibilidad de respaldar la carta presidencial que viene a buscar respaldo en el Senado después del rechazo de Alfredo Pfeiffer.
"No son comparables las situaciones de Pfeiffer y la jueza Maggi. Yo entro en un proceso de reflexión porque ¿corresponde castigar a un juez que reconoce que por circunstancias o situaciones que le tocó vivir o por determinadas circunstancias del derecho en ese momento actuó de una manera, pero que hoy actuaría en forma distinta? Es una pregunta que uno debe reflexionar para contestársela", manifestó Naranjo.
Alberto Espina (RN) dijo que la jueza "esclareció sus puntos de vista sobre derechos humanos, señalando que la jurisprudencia en Chile ha ido perfeccionándose y creo que dio plena respuesta y en ese sentido los jueces son libres de fallar de acuerdo a su real saber y entender, porque el día que el parlamento empiece a elegir a los jueces por como votaron cada ley este sistema se derrumba".
Recalcó que Maggi "es partidaria del respeto a las normas del derecho internacional, de la protección irrestricta a los derechos humanos, de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y genocidio y el respeto de las normas que se han ido incorporando a nuestra legislación para proteger los derechos de las personas".

12 de mayo de 2009
© la nación 

chile y los crímenes de lesa humanidad

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Derecha legisla sobre derechos humanos y aprueba impunidad.

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[Paulina Acevedo Menanteau] Por 93 votos a favor y ninguno en contra la Cámara de Diputados aprobó y evacuó para su promulgación como ley el proyecto que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra en nuestro ordenamiento interno. Un paso histórico de cara a la apropiada tipificación de crímenes de esta magnitud y de los cuales Chile tiene memoria reciente. Pero con deudas a su adecuada sanción y ante la impunidad que con ello se cierne.
En primer lugar, porque pese a la oposición de ocho diputados, se aprobó el artículo 44, donde se establece que "los hechos de que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento". Es decir, sólo son sancionables aquellos cuya "ejecución sea posterior a su entrada en vigencia". Y, en segundo término, porque precisamente frente a la misma materia, 31 parlamentarios -todos ellos de la Alianza- votaron en contra del proyecto (Boletín 6.422) que establece una ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, calificando a estos crímenes como imprescriptibles y no susceptibles de amnistía. Siendo del todo incongruente calificar, por una parte, de modo especial estos delitos por su gravedad y, por la otra, no impedir que éstos queden en la impunidad al prescribir los plazos legales para su persecución o porque sean amnistiados.
Peor aún, algunos de los parlamentarios que objetaron el proyecto pretenden insistir en su propósito, y amenazaron con enviar el caso al Tribunal Constitucional por requerir la votación, de acuerdo a su postura, de quórum constitucional. Ya que el proyecto -pese a sus rechazos- fue aprobado por 61 votos a favor, incluido entre ellos el de la diputada de RN Karla Rubilar.
El viernes 8 de mayo el Estado chileno rindió su examen periódico universal en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -del cual Chile es parte- e informó sobre su cumplimiento de los distintos tratados y convenciones ratificados y vigentes en el país, haciendo anuncio de este logro. Pero omitió referirse a que no está incluida la sanción de hechos de esta naturaleza ocurridos en el pasado, y que aún sigue entreabierta la puerta a la impunidad de las amnistías y del paso del tiempo.

La autora es periodista comunicadora en DDHH. Observatorio Ciudadano (www.observatorio.cl).

12 de mayo de 2009
©la nación