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culebrón sobre la dictadura


‘El último general’ postula a fondos del CNTV y se emitiría por TVN el 2010. Alejandro Trejo encarna a un milico arrepentido en serie sobre derechos humanos.
[Gabriela García] Santiago, Chile. Un periodista de derechos humanos accede a escribir las memorias del último general vivo de la dictadura. La condición del reportero es que éste le entregue los paraderos de los detenidos desaparecidos. A pesar de que se trata de una ficción, la serie narrará once casos reales .
Marco Antonio Quezada es el último general vivo de la dictadura. Carcomido por la culpa y por un cáncer terminal, decide confesarse con el periodista Pablo Larrondo. Autor de espantosas torturas y desapariciones, contará su verdad bajo dos condiciones: que el reportero escriba íntegramente su testimonio y que éste sea volcado en un libro que sólo podrá ser publicado después de su deceso.
"Lo que no sabe Larrondo (el papel lo interpreta Álvaro Espinoza) es que el militar es el asesino de su padre y que de alguna forma lo está preparando para el perdón", advierte Carlos Espinoza (30), dueño de la idea original y productor ejecutivo de un proyecto que actualmente postula a los fondos del Consejo Nacional de Televisión para ser emitido por TVN durante el bicentenario.
Aunque se trata de una ficción, el realizador audiovisual confía en que "éste será un programa histórico para el país" ya que será la primera vez que se hable tan descarnadamente de las violaciones de los derechos humanos en la pantalla chica. Con la venia de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, "El último general" narra y recrea, además, once casos reales de ejecutados políticos, entre los que figuran el campeón nacional de ciclismo Sergio Torment y el del militante Luis Guajardo.
"Hoy los detenidos desaparecidos no son más que un concepto. No están en los medios de comunicación ni en las campañas políticas. No están en ninguna parte. Nos hemos hecho los ciegos, sordos y mudos con una deuda que es histórica", reconoce Espinoza sobre una serie que constará de doce capítulos de cincuenta minutos y que se le ocurrió luego de una debacle personal. "Tengo dos amigos radicalmente opuestos y un día se me ocurrió juntarlos. Al hablar de política quedó la crema. Se apasionaron, se perdió la objetividad y jamás se volvieron a dirigir la palabra. Me pregunté qué es lo que tiene que pasar para que las dos mitades de Chile se puedan sentar en la misma mesa y esto es lo que se me ocurrió", confiesa el realizador de Marfil Studios.

Dónde Están
"Lo que hace notable al programa es que nos permite hacernos cargo de un tema que el sistema judicial sólo ha abordado a medias tintas", complementa Alejandro Trejo, actor que encarna al milico arrepentido y que por estos días vuelve a la dirección de ‘El desvarío’, obra de Jorge Díaz que ya presentó en el 2001 y que volverá a los escenarios de la Universidad Finis Terrae.
"Las violaciones a los derechos humanos sigue siendo un tema empantanado y parece no ser agradable para ningún político actual. Mi personaje representa esa impunidad. Vive en una jaula de oro, con alarma y guardia de seguridad, pero con la paranoia de que lo vayan asesinar. Enfermo y con sólo tres meses de vida, lo que busca es redimirse. Sabe que es la única posibilidad de verdad que le queda al país y a este periodista", adelanta sobre el general de bigote y bastón que ya se puede ver en un trailer de Youtube.
"El diálogo entre el periodista y el general pone de manifiesto un contexto y un cúmulo de desconfianzas que subyacen entre dos marcadísimos polos del país", agrega Trejo. Un debate necesario donde el espectador se enfrentará a las motivaciones de ambos personajes y sacará sus propias conclusiones. "La idea es influenciar lo menos posible al público", advierte Carlos Espinoza, quien para llevar a cabo el proyecto se rodeó de personas de distintos colores políticos. "Fue un parto conciliar visiones, pero un parto necesario, porque lo que queremos es mostrar cómo era la cotidianidad de los detenidos desaparecidos, cómo les decían sus vecinos, qué les gustaba comer, convertirlos en carne", admite.
Su sueño además es que la serie sea discutida en todas las sobremesas de Chile. "Para construir un país mejor, la dictadura tiene que dejar de ser un tabú. Investigando encuestamos a jóvenes de entre 15 y 18 años que no tenían idea de lo que había pasado. Eso es impresentable y sólo se cambia creando instancias de conversación", expresa convencido.
Por otra parte, ‘El último general’ contempla la edición de un libro y de un DVD. Y así como lo hizo el exitoso programa ‘Los 80’, quiere mostrar el pasado y el presente de un país que aún se lame las heridas de la dictadura. "La serie está llena de simbolismos. No sólo Larrondo y el general representan generaciones e ideologías distintas, sino que también vemos los contrastes de un país que es muy distinto al de ayer. Los supermercados, las rejas y las alarmas nos robaron el almacén de la esquina o la pichanga de barrio", dice Espinoza sobre el programa con el que quiere remover conciencias. "Mi fantasía es que uno de los tantos militares que conviven con nosotros la vea y diga, ‘yo sé donde están’", remata.

11 de mayo de 2009
©la nación
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menores torturados piden reconocimiento


Agrupación de menores torturados pide reconocimiento en Ley de Reparación.
Valparaíso, Chile. En una intensa sesión de la Comisión de Derechos Humanos, representantes de la Agrupación de Menores de Valparaíso víctimas de torturas durante el Régimen Militar, solicitaron ser incluidos en las indemnizaciones que contempla la ley.
Viviana Fernández, Presidenta de la Agrupación, señaló ante los parlamentarios el desconocimiento que existe en el país sobre este tema y que se materializó en el Informe Valech, ya que en dicho documento sólo se incluyen a 188 menores, cifra que según ella es bastante menor a la real.
En este sentido, Fernández expresó que "hay una cantidad enorme de menores que quedó fuera del Informe porque no tenían la documentación que se pedía, porque nadie, en ningún recinto de las Fuerzas Armadas que estuviera detenido, le iban a dar un certificado que dijera que había pasado por ese lugar".
La petición fue acogida por los diputados miembros de la instancia y se acordó canalizar esta solicitud a través del Ministerio del Interior. El diputado DC Sergio Ojeda, presidente de la Comisión, dijo además que "sin duda que vamos a apoyar esto porque es una situación que se conoce poco en el país pero que ocurrió con absoluta crudeza".

Nueva Ley de Reparación
Posteriormente, la instancia parlamentaria recibió al Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, quienes informaron sobre las conversaciones que han tenido con el Gobierno, específicamente con la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Carolina Tohá, sobre la posibilidad de establecer una nueva Ley de Reparación.
Al respecto, Nelson Aramburú, Vocero del Comando, solicitó ante la Comisión que el Ejecutivo cumpla con su promesa al respecto y agregó que la actual legislación es "austera y simbólica y ha demostrado a través del tiempo que ha sido una ley pobre desde el punto de vista reparatorio, mientras que el informe de la Comisión Valech tampoco ha reparado el grave daño causado por la dictadura militar".
Sobre esta materia, el diputado Ojeda sostuvo que la instancia invitó a María Luisa Sepúlveda, encargada del departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y a la Ministra Tohá con el fin de plantearles estas inquietudes.

Proyecto de Reforma Procesal Civil
Por último, la Comisión recibió a Nelly Cárcamo, Presidenta de la Unión Nacional de Ex Prisioneros Políticos de Chile, quien entregó a los diputados una propuesta de Reforma Procesal Civil en base a una resolución de Naciones Unidas que obliga a establecer una justicia adecuada para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La invitada expresó al respecto que "este proyecto busca que las victimas puedan acceder a la justicia y obtener su indemnización que está establecida legalmente tanto en la Constitución chilena como en los tratados internacionales a través de la Convención Contra la Tortura, y que dice que todas las victimas de delitos de lesa humanidad deben ser reparadas de forma justa y adecuada".
Sobre este punto, la Comisión acordó solicitar un informe al Consejo de Defensa del Estado y se le realizarán algunas consultas al organismo sobre la factibilidad de dicho proyecto.

9 de mayo de 2009
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piden señal contra tortura


Piden a Chile "señal fuerte" contra tortura.
Santiago, Chile. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy a Chile una "señal fuerte" contra la tortura, denunció la creciente tendencia de "rebajar de manera excesiva" las penas a los acusados de crímenes de lesa humanidad y cuestionó casos actuales que se atribuyen a policías y en cárceles.
La FIDH desde París (Francia), y su organización miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), instó además al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas a recomendar al país a que reforme su Constitución.
En Chile persiste una "institucionalidad política y social, heredada del régimen de Pinochet", que perpetró las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente del país, recordaron.
Con esta solicitud se pretende que la Carta Magna chilena establezca "un sistema electoral más democrático" e incorpore los derechos humanos "en su plena dimensión", incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Ambas organizaciones destacaron en un comunicado que la definición legal de la tortura en la legislación nacional chilena sigue sin ajustarse a la Convención de las Naciones Unidas.
La competencia de los tribunales militares para juzgar casos de violencia policial, así como la no abrogación del Decreto-Ley de Amnistía 1978 y del principio de obediencia del Código Militar, todavía vigentes, son otras de las "preocupaciones" de este órgano.
Además, la labor incompleta de las comisiones de la verdad, que dejaron fuera a miles de víctimas y la aplicación de la legislación antiterrorista en contra de la población indígena mapuche, son elementos sobre los que las dos organizaciones pretenden que se siga trabajando.
La FIDH lamentó los malos tratos, en algunos casos constitutivos de tortura, que se cometen en la actualidad por parte de las fuerzas de seguridad policial y gendarmería del Estado, en la mayoría de las veces contra grupos vulnerables.
En Chile persiste una "institucionalidad política y social, heredada del régimen de Pinochet", que perpetró las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente del país, recordaron.
Además, señalaron que algunos tratados internacionales de "suma importancia" todavía no han sido ratificados por Chile, como la Convención Americana Sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

7 de mayo de 2009
©la nación 
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aprueban ley contra genocidio


Aprueban ley que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Valparaíso, Chile. La futura ley, originada en moción de senadores y aprobada por la Cámara con 93 votos afirmativos, define como crímenes de lesa humanidad a los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, como una política del Estado o de sus agentes, de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos.
Respecto del genocidio, la normativa señala que comete este delito el que, con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en su calidad de tal, realice cualquiera de los siguientes actos:

- Matar a uno o más miembros del grupo;
    - Causar a uno o más miembros del grupo un menoscabo grave en su salud física o mental;
    - Someter al grupo a condiciones de existencia capaces de causar su destrucción física, total o parcial tales como la privación del acceso a alimentos o medicinas;
    - Aplique medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, o
    - Traslade por fuerza a menores de 18 años del grupo a otro grupo, o se les impida regresar a aquél.

    El proyecto de ley (Boletín 6406) quedó en condiciones de ser remitido al Gobierno para su promulgación.

Lesa Humanidad
En tanto, la moción de diputados (Boletín 6422) que declara imprescriptibles y no susceptibles de ser amnistiados los delitos contra los derechos humanos, fue aprobada por 61 votos a favor, 31 en contra y 4 abstenciones.
El proyecto fue remitido al Senado a segundo trámite, aunque algunos diputados de oposición anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional por cuanto el texto ingresó por la Cámara y fue aprobado con quórum de ley simple y no con el que correspondería, de quórum constitucional.
La moción dispone que no se podrán aplicar las normas sobre amnistía o prescripción cuando, según las reglas del derecho internacional, se refiera a hechos que configuren delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad o de guerra.
De esta manera se entienden comprendidos los tratados ratificados por Chile que se encuentran vigentes, así como las reglas en tratados o convenciones que englobe las obligaciones internacionales del Estado Chileno (por ejemplo; Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y el Pacto de San José de Costa Rica). Asimismo, comprende los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
Por otro lado, la norma interpretativa dispone la inaplicabilidad de la denominada prescripción gradual de la pena o media prescripción establecida en el art. 103 del Código Penal, porque el Estado no puede ocupar en su propio beneficio estas garantías, cuando se trata de sancionar crímenes perpetrados por sus agentes o particulares que actúan a nombre de éste, pues significaría una ampliación de sus actuaciones arbitrarias (delictivas), lo que es contrario al Estado de Derecho y el Derecho Internacional, señala en sus fundamentos el proyecto de ley que se votará en primer trámite constitucional.

6 de mayo de 2009
©diario de la cámara
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informe chileno ante consejo de ddhh


En informe a la ONU se reivindican iniciativas en materia de derechos humanos y civiles. El texto será presentado a fines de semana por José Antonio Viera-Gallo en Ginebra y releva la Ley de Transparencia, avances en tema indígena, proyecto de cambio del binominal, esfuerzos por aprobación en el Senado del Tribunal Penal Internacional.
[Lorena Ferraro L.] Chile. Una recapitulación de las tareas a las que se han abocado los gobiernos de la Concertación para intentar reparar a las víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura militar; el detalle de los instrumentos ratificados por Chile recientemente en materia de derechos humanos, el esfuerzo del Ejecutivo por modificar el sistema binominal, la ampliación de derechos indígenas y la Ley de Transparencia son algunos de los aspectos trascendentes que aborda el informe que Chile presentará este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al que tuvo acceso La Nación.
El documento, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la Presidencia, será presentado en Ginebra, Suiza, por el titular de esta última cartera, José Antonio Viera-Gallo y aborda en su marco normativo el compromiso del Gobierno para acabar con el sistema electoral actual, para lo cual, según anunció Viera-Gallo esta semana, se repondrá tras un año de su rechazo el proyecto que busca reformar el binominal.
"Está pendiente la reforma presentada por el Gobierno destinada a modificar el sistema binominal de elecciones, el cual excluye la representación política a las fuerzas minoritarias que no pertenecen a las grandes coaliciones. Realizar este cambio es un compromiso en que el Gobierno (de la Presidenta Michelle Bachelet) seguirá insistiendo", consigna el documento.
Entre las metas fijadas por la actual administración figuran la creación de Instituto Nacional de Derechos Humanos y la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que será terminado este año según establece el Gobierno en el material que presentará en Ginebra.
Un lugar relevante del informe -que corresponde al examen periódico universal de Naciones Unidas en materia de derechos humanos- lo tiene la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de la cual el Ejecutivo ejemplifica cómo el Gobierno "ha dado al cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los órganos interamericanos de derechos humanos".
En esa misma línea, sobre la determinación de Chile de someterse a la legislación internacional en lo relativo a los derechos fundamentales, el Gobierno realza instrumentos que ha ratificado recientemente, como el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo relativo a la abolición de la pena de muerte, entre otros.
Un capítulo propio del informe está dedicado a las Medidas Relativas a las Violaciones de Derechos Humanos en el Ordenamiento Jurídico Interno -según la designación en el documento-, donde junto con detallar el avance de mecanismos como las comisiones Retting, Valech; se desglosan los gastos en que han incurrido los gobiernos oficialistas en conceptos de reparación de 1996 a la fecha; se establece las trabas judiciales sentadas por la Ley de Amnistía; se nombra el caso del ex jefe de la DINA Manuel Contreras y se detalla la trascendencia de "medidas de reparación simbólica" la construcción del museo de la memoria.
En el informe se habla la "reparación simbólica" que busca el Estado y la creación en ese marco del Museo de la Memoria.

Avances Concretos en Materia Indígena
"Con la reinstauración de los gobiernos democráticos se dio por superada la política de división de las comunidades y su asimilación de los pueblos indígenas comenzó una nueva etapa basada en el respeto, reconocimiento, participación y desarrollo de los mismos".
Con esas palabras introduce el informe del Gobierno el acápite denominado "Derechos de los Pueblos Indígenas" donde se destaca la formación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) y la realización del Congreso Nacional de Pueblos Indígenas.
En el apartado se resalta además la creación en 2001 de la Defensoría Penal Mapuche en Temuco, junto a otros órganos a nivel nacional, y se establece "entre los logros de la política indígena la restitución de tierras a las comunidades indígenas", en el cual el Gobierno, consigna, seguirá avanzando.
En cuanto a las medidas legislativas se informa de la ratificación y promulgación del Convenio Nº 169 de la OIT y la promulgación de la ley que crea el Espacio Marino Costero de los Pueblos Originarios.

6 de mayo de 2009
©la nación
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carabineros mataron a su hermano


Luis Acuña Pacheco, hermano de un detenido-desaparecido. "Mi padre murió, sin saber dónde estaba mi hermano". Hace 35 años carabineros asesinaron a su hermano.
Los Ángeles, Chile. Luis Acuña Pacheco, es testigo clave de dos casos de detenidos-desaparecidos de Los Ángeles. Recientemente entregó al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana un croquis que detalla la cronología de los hechos, y sitúa el lugar de las detenciones, debido a que, donde hace más de 30 años se emplazaba un conjunto habitacional, ahora existe una plaza de juegos infantiles.
Luis Acuña Pacheco, con voz pausada dice que para su familia los años se quedaron estancados en aquel 16 de septiembre de 1973, cuando vio a su hermano, Egidio por última vez, cuando era sacado a viva fuerza por Carabineros, que llegaron hasta su hogar en la casa cinco de la Villa Hermosa, y de paso, era llevado otro vecino, Heriberto Rivera Barra, también detenido-desaparecido.
Acuña Pacheco define estos 36 años como muy difíciles. "Pasan los años, me pongo más viejo y sensible. No quiero que pasen los años y no se haga justicia" reflexiona, al tiempo que precisa confiar en las labores investigativas que realiza el ministro Carlos Aldana, quien a mediados de abril, realizó la reconstitución de escena por la muerte de cinco personas, entre ellas, Egidio Roespier Acuña Pacheco, quien tenía 24 años a la fecha de su detención.
Comentó que la reconstitución de escena, la única de la investigación, lo llevó a rememorar episodios muy fuertes para él y su familia, encontrándose además, a metros de quienes en esos años fueron hasta su hogar a buscar a su hermano, y se lo llevaron en una camioneta de color verde, perteneciente al Servicio Agrícola y Ganadero.
"Esa mañana hacía mucho frío. Mi hermano, que estaba en pijama al ser día domingo, alcanzó a cambiarse ropa, no así, nuestro vecino que prácticamente salió en pijama. No había explicación alguna que justificara la detención de Egidio, así como de tantas personas que luchamos día a día por encontrarlos, o saber qué pasó con ellos". "Vi salir de la casa a mi hermano tratando de darme tranquilidad. En esos tiempos, yo era un adolescente de 14 años, pero no he olvidado ni el más mínimo detalle de los hechos que marcaron para siempre nuestras vidas".

Investigación
Puntualiza que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana ha sido riguroso en la investigación, pero al igual que todos los familiares de detenidos-desaparecidos, quieren saber qué ocurrió con sus seres queridos.
"Encontrar tal vez algún indicio, que nos permita darles sepultura. Llevarles flores, irlos a ver a algún cementerio" manifiesta, mientras recapitula los episodios posteriores a la llegada de los uniformados que tocaron la puerta de su casa en la Villa Hermosa.
Recordó que en el lugar donde actualmente se ubica la plaza Silva Arriagada en los años 70 había un conjunto habitacional. "Una treintena de casas, una de esas era la de nuestros padres, desde donde fue sacado Egidio".
Según informes de Derechos Humanos, Egidio Roespier Acuña fue sacado violentamente de su hogar por seis funcionarios policiales que allanaron su domicilio. Desde la vivienda, fue llevado a un lugar indeterminado a bordo de una camioneta color verde oscuro, tipo furgón, perteneciente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
También se responsabiliza a los mismos funcionarios de detener el mismo día 16 de septiembre a Heriberto Rivera Barra, a Juan Chamorro Arévalo, José ‘Tito’ Villagrán Villagrán y a Juan Heredia Olivares, cuyos familiares desde hace más de tres décadas recuerdan los episodios vividos desde el momento de su detención, y que revivieron al momento de entregar sus testimonios al ministro que investiga esta situación.
El ministro Aldana fue designado por turno el año 2005 para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región entre septiembre de 1973 y 1978, período en que rigió la Ley de Amnistía.

En Tratamiento Psicológico
Luis Acuña expresa que recibe atención de médicos especialistas del PRAIS, y que anhela se haga justicia y se establezcan responsabilidades en los casos de violaciones a los derechos humanos. "Mi padre murió hace 10 años. Tenía 79 años, y siempre se preguntaba qué ocurrió con Egidio". "Dónde estará mi hijo, era una de sus constantes interrogantes, y murió preguntándoselo, sin saber nada" reflexiona Luis Acuña.
Agrega que actualmente permanecen atentos a las novedades que pudiesen surgir en cuanto a las diligencias investigativas que mantiene el ministro Carlos Aldana.

5 de mayo de 2009
©la tribuna 
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confirman procesamiento de general


Corte de Apelaciones confirma procesamiento de general (r) Gonzalo Santelices. Fallo de la Corte de Apelaciones surge tras recurso presentado por el abogado Marco Romero.
Santiago, Chile. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, confirmó este lunes el procesamiento como encubridor en contra del general (r) Gonzalo Santelices, el cual fue dictado por el ministro en visita Víctor Montiglio, en el marco de la indagación por la llamada ‘Caravana de la muerte’ en el episodio de Antofagasta.
El fallo de los magistrados del tribunal de alzada capitalino surge tras la apelación presentada por el abogado Marco Romero, patrocinante del otrora alto mando, luego de conocer la resolución del ministro Montiglio.
Al respecto, el jurista declaró que solicitará "nuevas diligencias en torno a solicitar la revocación del auto de procesamiento para que nuevamente tenga que conocer el ministro de la instancia, toda vez que seguimos convencidos de que hay una errática calificación jurídica de su participación (de Santelices)".
El retirado militar se encuentra encausado por su presunta participación en el llamado episodio Antofagasta, en el cual fallecieron 14 personas en la Quebrada del Way, en dicha localidad, el 19 de octubre de 1973.

4 de mayo de 2009
©la tercera
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se oponen a reforma constitucional


Derecha se opone a nuevo intento para cambiar binominal. Desde la Alianza contestaron con un tajante no al ministro Viera Gallo, quien insistirá esta semana con cambios al sistema electoral para romper la exclusión. Vocera Tohá les pidió "cumplir los compromisos", mientras timonel DC comentó que de nuevo "la derecha está tirando para la cola".
Santiago, Chile. Una inmediata negativa dio la derecha a la idea del gobierno de esta semana con un cambio constitucional que elimine el número de 120 diputados con el fin de abrir espacio a la elección de algunos cupos al margen del binominal.
Para los timoneles de los partidos aliancistas, el gobierno debería abordar cómo enfrentar los costos de la crisis económica antes que emprender reformas de profundización democrática. "Chile debería concentrarse en cómo tener mas empleo, cómo generar un ingreso ético mensual, por lo que el gobierno esté planteando como prioridad aumentar el número de diputados me parece un absoluto error", dijo el presidente UDI, Juan Antonio Coloma, ante el planteamiento formulado desde París por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo. 
En su tono irónico, el timonel RN Carlos Larraín aludió al destino de Viera Gallo, señalándole que mientras el ministro fija la agenda "desde la "Ciudad Luz", nosotros "desde las orillas del Mapocho, estamos preocupados de la cesantía, de la mala marcha de la economía, de la incapacidad del gobierno". 
En el plano más político, el senador RN Alberto Espina tildó esta iniciativa como una  "jugarreta electoral" del gobierno. Pidió al ministro Viera Gallo "que no nos meta el dedo en la boca", por cuanto -según la derecha-  "no corresponde en estos momentos avanzar en perfeccionar sistemas electorales a 8 meses de una elección porque eso no es serio ni habla bien del propósito de querer tener una agenda legislativa concordada en un año electoral". 
Viera Gallo anunció que el Ejecutivo repondrá esta semana la reforma constitucional que ya fue rechazada una vez. La idea sería la misma, buscando eliminar de la Constitución el número que fija en 120 los miembros de la Cámara de Diputados, dejando abierta la puerta a un aumento de escaños. El debate anterior sugería que se asegurara representación en 3 cupos a los partidos que obtuvieran el 5% de los votos. 

Derecha "Tirando para la Cola"
En La Moneda, la ministra vocera Carolina Tohá dijo que esta iniciativa adelantada por Viera Gallo corresponde simplemente al cumplimiento de un compromiso por parte del gobierno. "Dijimos que íbamos a impulsar un proyecto en cuanto los plazos lo permitieran", recordó, justificando de paso esta iniciativa al señalar que busca la "integración de todos los sectores representativos".
"Y esa práctica de cumplir los compromisos debiera animar a todos los sectores", dijo la ministra, recordando así las promesas hechas por RN de respaldar estas iniciativas de perfeccionamiento democrático. 
Ante la reacción negativa de la Alianza, ya hubo respuesta de la Concertación. "La derecha está tirando para la cola", comentó el presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre.

4 de mayo de 2009
©la nación 
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