Blogia
mQh

chile

identifican a asesinos de víctor jara


Dos ex conscriptos están detenidos en la Cárcel de Alta Seguridad. Identifican a presuntos autores del homicidio de Víctor Jara. José Adolfo Paredes Márquez (54) y Francisco Quiroz Quiroz (54) están incomunicados desde el viernes en la Cárcel de Alta Seguridad. El juez Juan Fuentes Belmar decide hoy si los procesa o los deja en libertad.
[Luis Narváez] Santiago, Chile. ¿Qué habrá pensado Víctor Jara cuando apenas, entre la penumbra de sus ojos hinchados de dolor y huesos machacados, pudo ver los rostros de jóvenes conscriptos descargando la furiosa munición?
Ráfagas interminables. 44 gruesas balas, disparadas por un pelotón de fusilamiento, acabaron por atravesar su cuerpo. Nadie supo quiénes eran ni quién los comandaba. Hasta hoy no tenían rostro.
Pasaron exactamente 35 años y 8 meses para que se comenzara a develar uno de los secretos mejor guardados de la dictadura: los autores del crimen de Víctor Jara, ocurrido el 15 de septiembre de 1973.
El viernes último, mientras medio Chile gozaba el día sandwich que dejó el feriado del 21 de mayo, dos personas fueron llevadas en horas de la tarde ante la presencia del ministro de fuero Juan Fuentes Belmar en el Palacio de Tribunales.
Ambos poseían dos cosas en común: para el golpe militar tenían 18 años y los dos cumplían servicio militar obligatorio.
Hasta ahora nadie conocía sus nombres, porque no pertenecían a ninguna de las dotaciones militares que se había chequeado y que participaron en las detenciones ilegales de alumnos y académicos de la Universidad Técnica del Estado (UTE) y en la custodia de los prisioneros en el Estadio Chile.
Tras varias horas de interrogatorio, José Adolfo Paredes Márquez (54) y Francisco Quiroz Quiroz (54) quedaron detenidos y el juez Fuentes Belmar ordenó que fueran trasladados hasta un recinto penitenciario.
Los libros de ingreso de detenidos de la entidad carcelaria registran la llegada de ambos a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), en calidad de incomunicados.
Como es una investigación que se instruye bajo el antiguo sistema procesal penal, el magistrado tiene plazo hasta hoy para resolver si los somete a proceso, en calidad de autores, cómplices o encubridores, o si los deja en libertad por falta de méritos.
Al detectar estos nombres en los libros de registros, con el rol de la causa por la muerte de Víctor Jara, La Nación indagó respecto a sus vinculaciones.
Algunas fuentes los ubicaron dentro del contingente militar que pertenecía a la Guarnición de Santiago, encargada de la seguridad de la capital tras el golpe de Estado.
Dentro de las mismas indagaciones, trascendió que existe una lista de no más de seis personas investigadas que son buscadas por la PDI.
Todos ellos estarían siendo investigados a partir de la identificación de los efectivos militares que escoltaron al entonces coronel Pedro Espinoza Bravo en su recorrido por Santiago, durante las horas en que ocurre el crimen del artista.
Uno de los detenidos estaría confeso de su participación en el fusilamiento del cantante y colaboró con la descripción del trágico episodio que terminó con la vida de Víctor Jara.
Hasta ahora, se identificó a un oficial que estuvo a cargo del destacamento.
Los detenidos han sido sometidos, en las últimas horas, a intensos careos para zanjar sus contradicciones respecto al grado de participación en el hecho.

Horas Finales
Todo fue muy confuso ese 11 de septiembre de 1973. Víctor tenía agendado un acto en la Universidad Técnica del Estado. La idea: luchar contra la guerra civil en Chile.
De pronto, ese martes cambió de rumbo. Por la radio se escuchó sobre el ataque a La Moneda y el levantamiento de los militares. Allende estaba pronunciando su discurso histórico cuando Víctor decidió salir a la calle.
"Era un día extraño, con los relatos de la radio, y todo hacía que fuera un día especial, pero nadie pensó que la situación llegaría a tal extremo. Nadie pensó que chilenos terminarían matando chilenos", recordó la hija de Víctor, Amanda Jara, en una entrevista con LND.
Ese día, Víctor salió de la casa rumbo a la UTE.
Las últimas horas de vida de Víctor Jara fueron relatadas por un pequeño grupo de prisioneros que estuvieron con él durante todo el tiempo que duró el cautiverio, al interior del improvisado campo de prisioneros.
Una vez que fue identificado por un soldado que custodiaba al grupo fue separado del grupo, brutalmente golpeado y sometido a largas sesiones de tortura.
Tras tres días en el lugar, llegó la orden de trasladar a todos los prisioneros al Estadio Nacional.
Cubierto de sangre y desfigurado por los hematomas, algunos de sus amigos lograron sacarlo del rincón donde estaba tirado. Lo limpiaron e intentaron disfrazar para que ya no fuera identificado.
Sin embargo, a pocos metros del camión que los llevaría al recinto de Ñuñoa, fue separado de la fila junto al director de Prisiones, Litre Quiroga, y otras tres personas.
Aquí comienza la laguna que se mantuvo durante estos 36 años. La actual indagación indica que los prisioneros segregados del grupo fueron llevados nuevamente al interior del Estadio Chile y fueron fusilados en ese lugar, uno a uno.
Constatadas sus muertes, fueron subidos a un camión y llevados a un costado del Cementerio Metropolitano, donde fueron arrojados semidesnudos.

El Mito del Príncipe
Durante años se tejió el mito de que un personaje apodado ‘el Príncipe’ era el responsable de la muerte de Víctor Jara. Los prisioneros lo apodaron de esa forma por sus ojos azules, su estatura, el pelo rubio y porque él también se autodenominada de esa forma. Un reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy recuerda el testimonio de los prisioneros.
Era el único de los oficiales que no necesitaba usar micrófono: "¿Me escucha la cloaca marxista? ¿Me oyen los comemierda? ¡Ahora se acabaron los discursos, chuchas de su madre! Ahora van a tener que trabajar. Los que se nieguen a trabajar, los fusilaremos. ¿Me escuchan los vendepatria?... ¡Tengo voz de Príncipe!", exclamaba.
El 23 de mayo de 2006, un grupo de personas subió hasta el piso 14 de la Superintendencia de AFP para gritarle en su cara que era un asesino. En su oficina de la calle Huérfanos con Teatinos, Edwin Dimter Bianchi -que en ese entonces se desempeñaba como jefe del departamento de control de instituciones- respondió agresivo la acusación de los manifestantes que habían llegado a "funarlo".
La denuncia era clara: Dimter era, según los protestantes, "el asesino del Estadio Chile" y respondía a un alias: "el Príncipe".
Dimter no es el único que ha sido sindicado como el sangriento oficial del estadio. El mito del Príncipe se vio acrecentado luego que se develara que el secuestro del coronel Carlos Carreño, ocurrido en septiembre de 1987, tenía como primer objetivo al coronel Gerardo Ramírez Chovar, que formaba parte de la escolta de Pinochet.
El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, autor del plagio, sindicó al comandante como el autor del homicidio de Jara. La tesis hoy pone en duda la existencia de este personaje.

26 de mayo de 2009
©la nación 
rss

ejército rinde homenaje a general prats


Inauguran el Campo Militar del General Carlos Prats González. En la ceremonia, que se efectuará a las 11:20 horas del 5 de junio en San Bernardo, se reactivará también el Regimiento Tacna. El matrimonio fue asesinado por la DINA en 1974 en Buenos Aires.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La más grande muestra de reconocimiento al asesinado comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats González, rendirá la institución el viernes 5 de junio. A las 11:20 horas de ese día, en una ceremonia solemne, esta rama castrense reactivará oficialmente el Regimiento Nº 1 de Artillería Tacna e inaugurará el Campo Militar San Bernardo del General Carlos Prats González.
El acto, al que asistirán la familia del general Prats, sus invitados personales y la Presidenta Michelle Bachelet, se efectuará en la Avenida San José 0450, en la comuna de San Bernardo. La dirección corresponde al lugar de ingreso donde funcionará ahora el Tacna, compartiendo espacio junto al Regimiento Granaderos, conocido también como de Escolta Presidencial.
Ambas unidades conformarán el Campo Militar que llevará el nombre de quien fuera en dos ocasiones ministro (Interior y Defensa) del Presidente Salvador Allende.
El último mando de tropa que tuvo el general Prats con el grado de coronel a mediados de la década de los 60 fue precisamente el de comandante del Tacna.
Si bien la decisión del Ejército con su actual comandante en jefe, general Óscar Izurieta, estaba tomada desde hacía algún tiempo, ella no estuvo ajena a conflictos, no dentro de la institución, sino con la oficialidad en retiro que, en general, no comparte el gesto y permanece aún adscrita a la figura del dictador Augusto Pinochet.
El Ejército quiere con esta demostración "no dejar ninguna duda" de que la institución repudia el doble crimen del general Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cometido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires por agentes de la DINA, manifestó a La Nación una alta fuente militar.
Esta importante manifestación de reconocimiento a la persona del general Prats sucederá semanas antes de que la Sala Penal de la Corte Suprema se pronuncie acerca de las altas condenas a los nueve autores y cómplices del doble homicidio, dictadas primero por el ministro Alejandro Solís, y luego ratificadas en enero de 2009 por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Se presume que la Sala Penal no aplicaría esta vez su criterio "rebajista" de penas a militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura y, por tanto, se espera que mantenga las penas que incluyen presidio perpetuo y condenas de veinte y diez años.
En julio de 2008, días después de que el juez Solís pronunció la sentencia condenatoria, el general Izurieta había manifestado que "el Ejército realizará todos los gestos que amerite el caso", aclarando que ello no ocurriría antes de que la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada por la Corte Suprema.
En todo caso, la Sala Penal no resolvería la situación condenatoria en este juicio antes de fines de julio, por lo extenso del expediente que el relator de ese tribunal debe estudiar para exponer los hechos a los cinco magistrados de la instancia judicial.
Entre los invitados de honor está el nieto del general Prats e hijo de la actual embajadora en Grecia, Sofía Prats, Francisco Cuadrado, quien en diciembre de 2006 escupió el féretro de Pinochet en la Escuela Militar. Pero se sabe que la familia del general no tiene hoy conflictos con el actual Ejército, y el acto de repudio de Francisco Cuadrado fue a quien estuvo directamente vinculado al doble asesinato.

Los Primeros Gestos
El primer hito orientado a demostrar que con el transcurso del tiempo el Ejército comenzaba a admitir que la muerte del general Prats y su esposa fue un crimen de Estado cometido bajo el amparo del mando militar de aquel tiempo, sucedió en 2002 cuando se cumplieron 28 años del atentado.
Esa vez, el entonces comandante en jefe, general Juan Emilio Cheyre, encabezó una misa en su honor y el de su esposa en la Escuela Militar. El hecho fue ampliamente comentado en la prensa y la familia Prats-Cuthbert se sintió honrada, aunque sus hijas manifestaron que aún tenían "sentimientos encontrados", porque todavía en Chile no se hacía justicia por la trágica muerte de sus padres.
Antes, en 2001, el entonces jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, había realizado un primer acercamiento a la familia, invitando a las hijas, Sofía, Angélica y Cecilia, al lanzamiento de un libro sobre los comandantes en jefe de la institución.
Después, el 11 de marzo de 2002, la familia fue invitada al cambio de mando institucional cuando asumió el general Cheyre.
Al cumplirse los 30 años del atentado, en septiembre de 2004, Cheyre encabezó un acto litúrgico y una romería a la tumba de Prats y su esposa en el Cementerio General. LN

El Destierro y el Atentado
Horas después del golpe de Estado, Augusto Pinochet ordenó el destierro del general Prats a Argentina. Prats fue incluso conducido hasta la frontera el 15 de septiembre de 1973 en el propio helicóptero Puma de Pinochet por su piloto favorito, Antonio Palomo, quien días después sería uno de los pilotos de la Caravana de la Muerte.
En horas posteriores a la asonada militar, corrió el rumor de que el general Prats avanzaba desde el sur a la capital, con fuerzas leales al Gobierno de Allende para oponerse al golpe.
Instalado en Buenos Aires con su esposa, Prats comenzó a recibir amenazas cada vez más frecuentes, hasta que el 20 de septiembre de 1974, nueve días antes del doble crimen, una voz lo despertó a las cuatro de la madrugada en su departamento del barrio de Palermo, advirtiéndole que si no declaraba públicamente que no realizaba "actos en contra del Gobierno militar de Chile, usted va a morir".
El domingo 29 de septiembre, Prats y su esposa asistieron a un asado campestre en compañía del ex cónsul en esa ciudad, Eduardo Ormeño. Por la tarde, el matrimonio fue el cine junto al ex embajador de Allende, Ramón Huidobro, y su esposa. Después comieron en casa de Huidobro. "Cómo irá a ser esto, Ramón, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil", le dijo Prats. A las pocas horas, el día 30, los agentes Mariana Callejas y Michael Townley detonaron la bomba instalada bajo el auto del general.

Los Condenados y Sus Penas
De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras; Pedro Espinoza y el ex jefe del departamento exterior del organismo, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.
Contreras fue condenado a dos presidios perpetuos y a 20 años de prisión como jefe de una asociación terrorista para cometer los dos homicidios. Espinoza fue sentenciado a tres castigos de 20 años cada uno, por los dos homicidios y como jefe de asociación terrorista.
Eduardo Iturriaga recibió dos condenas de 15 años por los crímenes y 541 días como miembro de asociación terrorista.
Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger (dos condenas de 10 años y un día por los dos homicidios y 541 días por asociación terrorista), los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado (ambos dos condenas de 10 años y un día por los dos homicidios y 541 días por asociación terrorista), el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón (dos condenas de 541 días por los dos crímenes en calidad de cómplice), y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley, que hizo estallar la bomba junto a Callejas, sentenciada a dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio) y Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Eduardo, que recibió dos penas de 5 años y un día como cómplice del doble homicidio.

Tacnazo
El 21 de octubre de 1969, penúltimo año del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, ocurrió el ‘Tacnazo’ en el cuartel cercano al Parque O’Higgins. Esa vez, el general Roberto Viaux Marambio, viniendo desde el norte, se hizo fuerte en el regimiento con algunos de sus seguidores militares, reclamando al Gobierno por mejoras para la institución; entre ellas, alzas en las remuneraciones.
El hecho fue interpretado como un intento de golpe de Estado, cuando ya se rumoreaban "ruidos de sables" ante la notable alza de la lucha social y política en el país durante la década de los 60. Entre ellos, la reforma agraria, el movimiento que reclamó a la Iglesia Católica cercanía a los pobres, duros enfrentamientos entre Carabineros y fuerzas sindicales y de izquierda, con varios muertos, y el fortalecimiento de los partidos y movimientos de izquierda que anunciaban ya lo que sería en 1970 el triunfo de Salvador Allende.
Producido el golpe de Estado, el Tacna, bajo el mando del coronel Joaquín Ramírez Pineda, fue el lugar al cual llevaron a los 25 detenidos de La Moneda. Entre ellos, ex integrantes de la guardia personal de Allende, como Domingo Blanco Tarrés ("Bruno", jefe del GAP) y asesores como Arsenio Poupin, George Klein y Claudio Jimeno. Todos fueron torturados y dos días después sacados hasta el campo de entrenamiento de Peldehue, donde son ejecutados y sus cuerpos escondidos. En 1978, sus cadáveres son desenterrados y lanzados al mar.
Según declaraciones judiciales en el proceso por los desaparecidos de La Moneda del entonces mayor y hoy ex jefe de seguridad del Senado, Enrique Cruz Laugier, el día del golpe el comandante Ramírez le entregó el mando del cuartel en su calidad de comandante del Grupo de Artillería del Tacna. Sostiene Cruz que sacó las piezas de artillería y las instaló frente a la parte posterior de La Moneda, procediendo a bombardear el palacio antes de que atacaran los aviones Hawker Hunter.

Campos Militares
El concepto de Campo Militar en el Ejército tiene por objetivo agrupar diversas unidades militares, incluyendo instancias de instrucción y doctrina, con el fin de economizar recursos en la parte de administración, y forma parte del plan de reestructuración y modernización de la institución.
Hoy existen el Campo Militar de Peldehue Justo Arteaga, que a comienzos de los años 90 integraba al Tacna y los regimientos Libertadores y Buin. El Campo Militar de La Reina del General René Schneider Chereau, inaugurado en 2001 y que integra, entre otras entidades, a las academia de Guerra y Politécnica y el Comando de Institutos y Doctrina.
Schneider siendo comandante en jefe fue asesinado en octubre de 1970 en un intento golpista de ultraderecha que intentaba impedir la asunción de Allende.
Otro es el Campo Militar de Peñalolén del General Óscar Izurieta Molina, padre del actual jefe del Ejército y que agrupa al Comando de Telecomunicaciones y el Batallón de Policía Militar, donde permanecen recluidos los militares (R) procesados por delitos de lesa humanidad.
El cuarto es el Campo Militar del General Alfonso Cañas Montalva, que agrupa a todas las unidades de la Región de Magallanes.

25 de mayo de 2009
©la nación
rss

congreso salda una deuda pendiente


Un país como Chile, donde hubo una política masiva y sistemática de violación de los derechos humanos, no podía continuar al margen de una institución como el TPI. Editorial de La Nación.
Santiago, Chile. La pasada semana las dos cámaras del Congreso aprobaron, en menos de 48 horas, la reforma constitucional a través de la cual el Estado acepta la jurisdicción subsidiaria del Tribunal Penal Internacional (TPI). La rapidez del despacho tiene algo de paradoja, ya que se ha tratado de un gesto a la Presidenta de la República. Ésta inicia hoy una visita a Holanda y tiene considerado visitar mañana la sede del TPI en ese país. Desde luego hubiese sido poco estético para la imagen nacional que la Mandataria realizara esta actividad sin que el Parlamento validara la existencia de la instancia de justicia supraterritorial.
Con todo, la premura y el amplio acuerdo en el Legislativo no deben soslayar lo difícil que ha sido ya para tres administraciones de la Concertación sacar adelante la ratificación de la corte, debido a la resistencia dominante en la derecha -expresada a través de distintas vías y formalismos- hasta hace muy poco tiempo. La incomodidad del bloque RN-UDI comenzó a manifestarse después del acto fundacional que creó el TPI por medio del Estatuto de Roma en 1998 y donde Chile fue uno de sus suscriptores más entusiastas. La razón invocada entonces por la oposición estuvo influida por la detención en octubre de ese año del general Augusto Pinochet, pero también por algo más profundo: su "aislacionismo" y la atávica desconfianza en los mecanismos multilaterales de cooperación.
La incomodidad de los herederos de la dictadura se plasmó en un recurso ante el Tribunal Constitucional, órgano que falló a su favor determinando que debía haber primero una reforma a la Carta Política para que el tratado internacional tuviera validez en Chile. Sin embargo, tras esta sentencia la oposición insistió en interponer nuevos obstáculos dilatorios. El cuadro de bloqueo sólo pudo ser superado luego de un pacto político que acogió buena parte de las prevenciones aliancistas. A pesar de esto, seis diputados y un senador de la UDI votaron contra la incorporación de Chile, aunque quien negoció el acuerdo fue el senador gremialista Hernán Larraín. Sintomáticamente, incluso el presidente de la UDI se abstuvo.
Estos antecedentes explican por qué para Chile la CPI tendrá un carácter acotado, controlado y claramente subsidiario de la justicia nacional y sólo podría asumir casos de violaciones de los derechos humanos cometidas después de la entrada en vigencia del tratado, cuestión que se producirá luego de una ley general que regule la aplicación local del acuerdo internacional.
Si bien grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia, China e India, no son signatarias del pacto -debido a sus propias concepciones geopolíticas-, éste constituye hoy un marco imprescindible de convivencia para los estados, donde éstos ceden parte de su soberanía jurisdiccional en función de la protección de las garantías inalienables de la persona. Un país como el nuestro, donde hubo una política tan masiva y sistemática de violación de los derechos humanos, no podía continuar al margen de una institución como el TPI. El Congreso -en particular, la derecha- han reparado esa asignatura pendiente desde hace más de una década.

25 de mayo de 2009
©la nación
rss

hay 369 causas judiciales por ddhh


El 65% de los casos de derechos humanos está en etapa de investigación.
[Ximena Pérez y Cinthya Carvajal] Santiago, Chile. A más de 11 años de la presentación de la primera querella contra el general (r) Augusto Pinochet, son 369 las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 que aún están en desarrollo, de las cuales un 65% todavía se encuentra en la etapa de sumario o investigación.
Así lo dio a conocer ayer el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, a quien el pleno del máximo tribunal le encargó el 8 de mayo pasado coordinar el trabajo de todos los magistrados en esta materia a nivel nacional.
En el marco de dicha labor, Muñoz se reunió el miércoles pasado con los 8 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que llevan causas de Derechos Humanos -Jorge Zepeda, Joaquín Billard, Alejandro Solís, Juan Eduardo Fuentes, Víctor Montiglio, Patricio Villarroel, Mario Carroza y Alejandro Madrid-, a quienes les solicitó un informe en el que le indiquen qué requieren para desarrollar sus respectivas investigaciones.
"(La idea fue) ver cómo se podía de alguna forma superar ciertas dificultades y darles mayores medios para las funciones que ellos están cumpliendo. En principio, lo que se les solicitó fue que me hicieran saber las herramientas con que podría apoyárseles en su gestión", explicó el magistrado Sergio Muñoz.
El supremo servirá de enlace entre organismos como el Servicio Médico Legal, el Registro Civil y las policías, para agilizar diligencias que requieran los jueces de estos casos.
También se coordinará con los otros magistrados que tienen causas en regiones, según explicó, por vía telefónica o a través del correo electrónico.
En tanto, el Comité Internacional de Expertos que asesora al Servicio Médico Legal (SML) en materia de derechos humanos terminó ayer su sexta visita a Santiago, concluyendo que la entidad superó la crisis por los errores en la identificación de cuerpos del Patio 29.
En la instancia, el médico forense español Francisco Echeverría declaró que los chilenos deben estar confiados en el SML, ya que "tiene todos los niveles internacionales que se pueden requerir y, por qué no decirlo, está por encima de muchos países, incluyendo el mío".

23 de mayo de 2009
©el mercurio
rss

absuelven a criminales pinochetistas


Corte confirmó absolución por desaparecidos de Parral. Si bien establece la existencia del delito de secuestro y posterior muerte, la sentencia destaca que no se puede configurar la participación de altos mandos uniformados de la época.
[Hernán Espinoza] Talca, Chile. En fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca ratificó un fallo absolutorio dictado en primera instancia por la ministra en visita para casos de violaciones a los derechos humanos, Juana Venegas, respecto a dos altos mandos uniformados de Parral que fueron investigados por secuestros calificados.
Se trata del gobernador y jefe de plaza de Parral tras el golpe militar de 1973, capitán de ejército Hugo Cardemil, y del jefe de la Tercera Comisaría de Carabineros de Parral, mayor Pablo Caulier. Las víctimas corresponden a Luis Yáñez y Gaspar Hernández, a quienes se les vio por última vez con vida en octubre de 1973.
La sentencia de la Corte, sobre la base de la investigación de la ministra Venegas, establece que –en ambos casos- se trata de personas que fueron sacadas desde sus domicilios por personal del ejército y de carabineros, para luego ser derivados hasta la Tercera Comisaría de Parral. Desde allí fueron sacados al día siguiente "en hora no precisada, perdiéndose todo rastro desde esa fecha".

"Contexto Histórico"
En dicho contexto, la Corte subraya que los hechos constituyen el delito de secuestro calificado, pero agrega que "del contexto histórico debería concluirse que a la desaparición debería haber seguido la muerte" de los afectados, agregando que ello habría sido "producto de una ejecución realizada al margen de la normativa legal vigente".
"Esto es, una ejecución extrajudicial que constituye un crimen de lesa humanidad, y en tal circunstancia, el Estado no se encuentra facultado para exculpar a quienes resulten responsables de tal violación a los derechos humanos", agrega.
En todo caso, subraya que en las pesquisas no se pudo establecer "la existencia de presunciones fundadas, que permitan determinar que en los delitos les haya cabido participación a Pablo Caulier Grant y Hugo Cardemil". A su vez la sentencia descarta condenar "en costas" a la parte querellante, por estimar que tuvo motivo para interponer la acción legal contra las personas absueltas.

22 de mayo de 2009
©el centro
rss

diputados despachan reforma


Diputados despachan reforma constitucional que reconoce jurisdicción de la CPI.
Valparaíso, Chile. Por 89 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados despachó a ley la reforma constitucional (Boletín 3491) que autoriza al Estado de Chile para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos en el Tratado aprobado en Roma, en 1998.
El texto, que introduce una disposición 24 transitoria nueva en la Constitución, reafirma el principio de la preferencia del Estado chileno de juzgar los crímenes de competencia de la Corte, la que sólo juzgará en forma subsidiaria, en los casos que el propio Tratado establece.
El proyecto somete a la legislación nacional todo lo relativo a la cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a que pudieren dar lugar.
Finalmente, señala que las normas del Tratado sólo podrán aplicarse a los crímenes cuyo principio de ejecución sean posteriores a la entrada en vigencia, para Chile, del Estatuto de Roma.
Texto de la reforma aprobada:
"Artículo único.- Introdúcese la siguiente disposición transitoria VIGÉSIMOCUARTA, nueva, en la Constitución Política de la República:
"VIGÉSIMOCUARTA. El Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de dicha Corte.
"Al efectuar ese reconocimiento, Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación con la jurisdicción de la Corte. Esta última será subsidiaria de la primera, en los términos previstos en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
"La cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales competentes y la Corte Penal Internacional, así como los procedimientos judiciales y administrativos a que hubiere lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley chilena.
"La jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en los términos previstos en su Estatuto, sólo se podrá ejercer respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma".

21 de mayo de 2009
©diario de la cámara
rss

igualdad salarial


Cámara aprueba por unanimidad y despacha a ley proyecto sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Valparaíso, Chile. La Cámara aprobó por 90 votos los cambios introducidos por el Senado a la moción de diputados que establece expresamente el derecho a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones. El texto quedó en condiciones de ser remitido al Gobierno para su promulgación como ley.
El proyecto de ley (Boletín 4356) se originó en moción de los diputados Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Eduardo Díaz, Jaime Mulet, Sergio Ojeda, Carlos Olivares, Jorge Sabag, Mario Venegas y Patricio Walker.
La iniciativa legal modifica el Código del Trabajo para señalar que "el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad".
Añade que las denuncias que se realicen sobre este tema se sustanciarán una vez que se encuentre concluido el procedimiento de reclamación previsto para estos efectos en el reglamento interno de la empresa.
El Senado señaló la exigencia, en el caso de empresas de doscientos trabajadores o más, de tener un registro que consigne los diversos cargos o funciones de la empresa y sus características técnicas esenciales.
Asimismo, respecto de los reclamos y respuestas, especificó que "deberán constar por escrito y estar debidamente fundados. La respuesta del empleador deberá ser entregada dentro de un plazo no mayor a 30 días de efectuado el reclamo por parte del trabajador".
La iniciativa original señala que "los empleadores que no presenten diferencias arbitrarias de remuneraciones entre trabajadores que desempeñen cargos y responsabilidades similares, podrán solicitar la rebaja del 10% de las multas adicionalmente a lo que se resuelva por aplicación de los incisos precedentes, en tanto las multas cursadas no se funden en prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales".

Trabajadores a Contrata
El proyecto de ley también alcanza a estos trabajadores, señalándose expresamente que "en los empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo y, en consecuencia, les corresponderá el sueldo y demás remuneraciones de ese grado, excluyendo toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres".

21 de mayo de 2009
©diario de la cámara 
rss

aprueban ley que reconoce tpi


Aprueban ley que reconoce Corte Penal Internacional. Tras su aprobación en el Senado la iniciativa quedó en condición de cumplir su segundo trámite en la Cámara Baja.
Valparaíso, Chile. El Senado aprobó hoy, luego de siete años de tramitación, la reforma constitucional que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, paso previo para ratificar dicho tratado.
La reforma fue aprobada con 34 votos a favor, 1 en contra del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y ex jefe de la Armada, Jorge Arancibia, y una abstención del también senador UDI, Juan Antonio Coloma.
La iniciativa, aceptada luego de un acuerdo del oficialismo y la oposición -que se negó antes a su aprobación-, quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, y con el acuerdo de todos los jefes de bancada, citó para mañana a una sesión especial con el objeto de lograr la ratificación de la reforma sobre la adhesión al Estatuto de Roma y al Tribunal Penal Internacional, respaldada hoy por el Senado.
Junto con responder a la solicitud realizada por el titular de la Segpres, José Antonio VieraGallo, el diputado Alvarez explicó que "por la importancia de un proyecto de esta magnitud y ante la inminente visita de la Presidenta Michelle Bachelet a la Corte Internacional de La Haya era imprescindible hacer un esfuerzo para buscar la aprobación de este tratado".
Además de la revisión del TPI, el titular de la Cámara Baja también determinó que en la sesión especial se revisen las indicaciones que el Senado aplique al paquete de reformas pro empleo enviado la semana pasada por el Gobierno, esto último con la finalidad de que se pueda dar cuenta de su aprobación el próximo 21 de mayo.

20 de mayo de 2009
©la tercera
rss