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ministro pide cambiar binominal


Pérez Yoma propone cambio de sistema electoral binominal. En el contexto del debate acerca de la reforma y modernización del Estado chileno.
Santiago, Chile. El jefe de gabinete postuló que es imprescindible enmendar el sistema y facilitar los gobiernos de mayoría. Sebastián Piñera demandó fortalecer la Contraloría y crear agencia de calidad de las políticas públicas.
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dio ayer un nuevo paso en su cruzada de reforma del Estado y postuló la urgencia de introducir enmiendas políticas que sustenten gobiernos de mayoría. Durante un seminario organizado por el think tank ProyectAmérica, vinculado a la Concertación, el jefe de gabinete subrayó que "debemos reconocer que la modernización experimentada por el país no ha alcanzado a la política de los partidos". A su juicio, en éstos falta transparencia y democracia interna.
Pérez Yoma señaló, no obstante, que el nudo institucional principal radica en el régimen electoral. "Quiero ser insistente y majadero en esto: no estoy por cambiar el sistema binominal por cambiarlo, sino por uno proporcional, uno uninominal o cualquier otro que asegure la formación de gobiernos de mayoría".
Según Pérez Yoma, los países necesitan la "certeza" de un gobierno mayoritario y el binominalismo, por causa del empate eterno que genera, ha conducido a que una administración mayoritaria vea limitada la facultad de desarrollar su programa y empujada constantes concesiones a una minoría "erigida en cogobernante". El ministro indicó que el sistema electoral incluso está empujando al país "a una progresiva crisis política de impredecibles proyecciones".
En su discurso, Pérez Yoma criticó a la derecha y, en particular, recordó que el presidenciable de RN, Sebastián Piñera, en principio se manifestó favorable a cambiar el binominalismo, pero luego, "presionado por su partido", echó pie atrás y Renovación terminó haciendo una oferta que mantiene "incólume" la regla binominal.
Aunque Pérez Yoma, en la práctica, advirtió al aliancismo -que si llega al gobierno también se encontrara con un Congreso en virtual empate-, Piñera cuestionó la existencia de "cuoteo" y de "operadores" de la Concertación que tienen "capturado" el Estado, agregando que eliminar esta situación requiere sólo de la "voluntad" de la Presidenta.
Piñera explicó que además hay que fortalecer la Contraloría -ayer antes del seminario se entrevistó con el contralor Ramiro Mendoza- y crear una agencia que supervise la calidad de las políticas públicas.
Al paso de Piñera salió el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, que refutó los argumentos del accionista de Lan. Con la premisa de que el Estado y las reformas políticas están "capturadas" también por los agentes privados y el financiamiento "oscuro" de los partidos, el recién nombrado director del FMI para el Hemisferio Occidental subrayó que el poder estatal en Chile es pequeño comparado con el resto del mundo y que falta incluso mayor injerencia del Estado en ámbitos como la educación.
"Comparemos peras con peras y no peras-manzanas con uvas", subrayó Eyzaguirre al explicar, por ejemplo, el nivel de la carga impositiva del país y la mala distribución de la riqueza que, argumentó, procede de la Colonia, cuando se asentaron las familias poderosas que aún perduran en el poder.
"Las reformas no son aditivas", sostuvo Eyzaguirre, para precisar luego que cambios parciales no modifican un escenario que debe, añadió, experimentar una transformación profunda, agrandando la incidencia del Estado en la única herramienta que, según destacó, garantiza movilidad social: la calidad de la enseñanza.
En el foro también intervino el senador UDI Pablo Longueira, que si bien valoró a la clase política chilena, indicó que cada día es más difícil "reclutar" dirigentes. Según Longueira, el riesgo de la Concertación de perder el poder puede hacerla más flexible para reformar el Estado en la línea de prepararse para ser oposición. Aprovechó también el parlamentario de reivindicar el pacto que alcanzó en 2003 con el gobierno Lagos para un conjunto de cambios que, sin embargo, no han sido a posteriori bien evaluados por su propio sector, porque habrían salvado al entonces presidente y prefigurado el triunfo de Michelle Bachelet.

2 de septiembre de 2008
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otra condena para rata de la dina


Contreras suma una nueva condena. Corte Suprema ratificó el dictamente de 10 años y un día para el ex director de la DINA por el asesinato del estudiante Carlos Alberto Cuevas Moya, en el marco del llamado ‘Plan Leopardo’.
Santiago, Chile. La Corte Suprema ratificó la condena de 10 años y un día en contra del ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), general (r) Manuel Contreras, por el homicidio calificado del estudiante Carlos Alberto Cuevas Moya.
Además de Contreras fueron condenados los ex agentes Marcelo Moren Brito y José  Fritz Esparza. Con este nuevo dictamen, ‘Mamo’ Contreras suma más de 50 años ejecutoriados por causas de Derechos Humanos.
Se espera que dentro de los próximos días el ministro Joaquín Billard dicte el cúmplase a la sentencia e informe a los tres sentenciados.
Cuevas Moya, quien era encargado del comité local del Partido Comunista, fue asesinado el 21 de diciembre de 1973. junto a otros cuatro miembros de la célula comunista del comité local Galo González, de la población La Legua.
Los ejecutados fueron acusados de idear y planear el llamado ‘Plan Leopardo’.

2 de septiembre de 2008
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balance de causas de derechos humanos


Suprema entrega balance de causas de DDHH en Santiago. El pleno revisó ayer el informe elaborado por el ministro Hugo Dolmestch sobre el avance de los procesos que se instruyen en la Corte de Apelaciones de la capital.
[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. Un balance sobre el estado de las causas de derechos humanos de Santiago entregó ayer al pleno de la Corte Suprema el ministro Hugo Dolmestch, visitador del tribunal de alzada de la capital. Según los antecedentes recabados por el magistrado, a la fecha hay 81 causas falladas pero existen 169 investigaciones abiertas con diligencias y peritajes en curso.
En el informe elaborado por el juez, se detalla el avance de 250 indagaciones por delitos de lesa humanidad instruidas por ocho ministros de la Corte de Apelaciones, quienes informaron causa por causa sobre el número de procesados, condenados y víctimas.
Así, el ministro Mario Carroza tiene tres procesos emblemáticos fallados: el caso Albania, José Carrasco y Jécar Neghme. Sólo tiene en etapa sumaria y con diligencias pendientes el crimen de Alejandro Pinochet Arenas, donde hay 35 procesados.
Por su parte, el magistrado Juan Fuentes Belmar ha dictado condenas en 13 causas pero le quedan 22 pendientes. Entre las causas que tiene asignadas hay 18 episodios del caso Comando Conjunto y 43 procesos provenientes del Quinto, Octavo y Noveno Juzgado del Crimen de la capital.
Entre las causas que instruye el juez Víctor Montiglio destacan la Caravana de la Muerte, Colombo, Operación Cóndor y Conferencia. Todas subdividas en episodios debido a su complejidad. El informe establece que -a la fecha- ha fallado dos casos y que aún le quedan pendientes 37, no obstante, es uno de los jueces que ha dictado más procesamientos por violaciones de los derechos humanos. La cifra bordea las mil 328 encargatorias. Otro ministro que tiene a su cargo voluminosas causas y de alta complejidad es Alejandro Madrid, quien dirige las investigaciones por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos y el del ex diplomático chileno-español, Carmelo Soria, por ejemplo. El magistrado tiene seis causas pendientes para fallo.
En el caso del juez Carlos Gajardo tiene asignadas 27 causas, de ellas ya dictó condenas en una y el resto continúan pendientes. Entre sus causas emblemáticas está el Patio 29, sin embargo, en ese proceso en particular su avance está condicionado a los resultados de los laboratorios extranjeros donde se enviaron las muestras de las víctimas.
El ministro Alejandro Solís llevó el caso Prats, todos los episodios de Villa Grimaldi y el caso Tejas Verdes, José Domingo Cañas, entre otros. Ha dictado sentencia en 25 causas de derechos humanos y tiene diligencias pendientes en 32 procesos. Es el magistrado que más fallos ha dictado a la fecha.
El juez Jorge Zepeda falló 12 causas y tiene 22 pendientes. Entre sus casos está Colonia Dignidad, el crimen del cura Llidó y Estadio Nacional. Mientras que el ministro Joaquín Billard dictó condenas en 21 causas y le restan 23 por cerrar. Entre los casos que indaga está Pisagua.

31 de agosto de 2008
©la nación
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buscan tumba clandestina


Policía busca tumba clandestina de militante socialista en Puente Mapocho. Los antecedentes que posibilitaron esta búsqueda fueron aportados por dos ex agentes de la Brigada Lautaro de la DINA en el caso Calle Conferencia y el cuartel clandestino de Simón Bolívar.
[ Jorge Escalante] Santiago, Chile. La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones trabaja desde esta semana en un sector cercano al Puente Mapocho que se ubica en la ruta 68 camino a Valparaíso, zona conjunto habitacional Lomas de Lo Aguirre, con el fin de intentar dar con el lugar donde estaría sepultado clandestinamente el militante socialista Miguel Enrique Rodríguez Vergara.
La policía trabaja con dos antropólogos en calidad de peritos designados por el tribunal que investiga la desaparición de este detenido desaparecido. La causa está en manos del ministro Joaquín Billard.
Los antecedentes que posibilitaron esta búsqueda fueron aportados por dos ex agentes de la Brigada Lautaro de la DINA al ministro Víctor Montiglio en su indagatoria por el caso Calle Conferencia y el cuartel clandestino de Simón Bolívar, donde fueron exterminadas dos direcciones clandestinas del partido Comunista en 1976.
El comerciante socialista, padre de ocho hijos, fue detenido por dos agentes hombres y una mujer el 17 de noviembre de 1975 en su domicilio de calle San Pablo 5470, y conducido a Villa Grimaldi.
De acuerdo al relato de los dos agentes, Rodríguez se les murió en la tortura y recibieron la orden de sacar el cuerpo y sepultarlo clandestinamente en algún lugar, eligiendo según estos el sitio donde ahora se busca los restos. Esta vez el cuerpo no fue arrojado al mar, destino que tuvo la gran mayoría de los detenidos cuyos cuerpos desaparecieron para siempre en el fondo del mar.
En la búsqueda también participan abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

29 de agosto de 2008
©la nación
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juez guzmán denuncia montaje


Ex juez Guzmán acusó montaje policial en San Antonio. El otrora persecutor de Augusto Pinochet defiende a pescadores artesanales en juicio por desórdenes públicos.
[Rodrigo Ogalde] San Antonio, Chile. El ex juez Juan Guzmán dijo este jueves en San Antonio que en Chile estamos viviendo una época de montajes policiales.
Guzmán llegó hasta el Tribunal de Garantía de San Antonio, para hacerse parte en la defensa de un grupo de pescadores artesanales que, según él, fueron detenidos y acusados injustamente por Carabineros en medio de una protesta realizada en mayo pasado en la principal avenida sanantonina.
"Es insólito que en un país democrático como Chile exista represión policial, sobre todo en provincias", aseguró Guzmán a Digital FM.
En el caso particular de los pescadores que él defiende en San Antonio, el otrora persecutor de Augusto Pinochet dijo que su trabajo estará enfocado a demostrar que el procedimiento policial correspondió a un montaje policial.
Luego que la audiencia de preparación de juicio oral en que participaría fuera suspendida por la inasistencia de los testigos del Ministerio Público, Guzmán aprovechó de asistir a un acto de homenaje que se llevó a cabo frente al Memorial de los Derechos Humanos de esta ciudad.
En su visita a San Antonio, el ex juez Guzmán fue recibido por el abogado Pedro Piña y por el dirigente de los pescadores artesanales, Cosme Caracciolo.

29 de agosto de 2008
©líder de san antonio
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acusan pusilanimidad oficial en ddhh


Con una marcha por el centro de la capital, en la que expresarán su molestia con la clase política, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) conmemora oficialmente este sábado, por segundo año, el ‘Día Nacional del Detenido Desaparecido’.
Santiago, Chile. La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro Sierra, dijo que en esta ocasión la actividad - denominada ‘Marcha por la Justicia’- servirá para que junto a otras entidades pro defensa de los Derechos Humanos se exprese el descontento que existe en algunos sectores de que a 35 años del Golpe Militar de 1973, "sigamos viviendo en el país en impunidad para los violadores a los Derechos Humanos".
"Vemos con desazón como tras 17 años de dictadura, y como tras 18 años de transición democrática, aún no existe la voluntad política para enfrentar como Estado la responsabilidad que les cabe en relación a hacer justicia, encontrar la verdad, no hay una memoria histórica, no se repara a las víctimas y al país de manera integral", declaró la dirigente a agencia UPI.
Pizarro (PC) dijo que la caminata de este sábado comprende un recorrido que a las 12:00 horas comenzará en Plaza Italia, Alameda hasta la Plaza de La Ciudadanía, donde habrá un acto central en que participará el conjunto de la AFDD y el Grupo Illapu.
Como ejemplo de los reproches a la pasividad que le atribuye al Estado chileno en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto, "vemos que nuevamente la comunidad internacional a través del caso del sacerdote Omar Venturelli demuestra que la gravedad de los crímenes son una preocupación mundial y un deber de la humanidad entera. Chile y sus autoridades fueron testigos de cómo el ex fiscal militar chileno Alfonso Podlech, fue detenido en España a raíz de un requerimiento de la justicia italiana para acusarlo de crímenes contra la humanidad".
Agregó la titular de la AFDD que "por segundo año consecutivo, este 30 de agosto se conmemora el Día Nacional del Detenido Desaparecido, en homenaje a quienes fueron detenidos, secuestrados, llevados a recintos clandestinos de la dictadura y luego hechos desaparecer, no importando su edad ni sexo. Este es un día de nuestros seres que fueron victimas de la represión, de ciudadanos chilenos, que aún anhelan la verdad y justicia".

28 de agosto de 2008
©la nación
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oea constata maltratos en cárceles


Relator de la OEA de visita de inspección en Chile constató maltrato a presos.
[Ricardo Downey] Santiago, Chile. Las condiciones insalubres y de hacinamiento de ciertos penales, así como los malos tratos que sufren los reclusos en las cárceles, constató el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Florentín Meléndez.
Invitado por el gobierno, el abogado salvadoreño llegó el viernes pasado a Santiago y, tras recorrer los nuevos penales concesionados, la ex Penitenciaría, la cárcel de mujeres y el centro de internación de menores de San Bernardo, y recintos de Rancagua y de Valdivia, adelantó las principales conclusiones y recomendaciones de su informe, el que será hecho público hoy.
Meléndez señaló que la Comisión Interamericana de DD.HH. conocía las denuncias que distintos organismos han hecho de la situación carcelaria chilena, incluida la de la Universidad Diego Portales y el reciente informe de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.
Así, dijo, pudo verificar esa información en terreno y comprobar que persisten malos tratos reiterados y uso desproporcionado de la fuerza, por lo cual el gobierno de Chile tiene que tomar medidas para que estas situaciones, "que no llegan tampoco a la tortura", cesen de inmediato.
También calificó de "inaceptables" las condiciones de insalubridad que observó en módulos de algunos recintos, como la ex Penitenciaría, la cárcel de mujeres y el centro de internación para menores del Sename, en San Bernardo.
Según el relator, estas condiciones debieran ser resueltas de inmediato por las autoridades, pues se corre el riesgo de tener una emergencia sanitaria.
También expresó su preocupación por la permanencia de enfermos mentales en las cárceles, ya que claramente no deberían estar allí.
En cuanto al hacinamiento, Meléndez dijo que si bien la justicia penal se ha modernizado, advierte un uso excesivo de las prisiones preventivas, lo que contribuye a mantener una sobrepoblación que afecta las condiciones de vida de los presos, especialmente en cárceles más antiguas con precaria infraestructura.
Reconoció que esta situación no se advierte en los nuevos penales concesionados, que registran importantes avances en sus condiciones sanitarias, en seguridad, en evitar conflictos entre los presos y en talleres de rehabilitación y trabajo implementados por el sector privado.
"Esos cambios van en el camino correcto. Lo importante es que un país con el grado de desarrollo que tiene Chile tenga cárceles más humanas", indicó el relator.
Entre las recomendaciones de su informe están fortalecer la Defensoría Penal y lograr su autonomía, y que el Poder Judicial monitoree más de cerca la situación en las cárceles.

Ministro Responde
El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, dijo que la visión del relator corresponde a dos planos distintos. Una es la situación de cárceles con sobrepoblación, como la ex Penitenciaría, con muchos años de uso, donde se producen problemas de mantención que deben ser superados, pero cuando ve la realidad de los penales concesionados, admite que es de lo mejor en el continente y que el sistema debe ser imitado.
Para Maldonado, esa es la realidad actual de Chile, con penales antiguos y sobrepoblados que deben ir dando paso a los modernos concesionados. En cuanto a los malos tratos a los presos, señaló que no hay complejos en usar la fuerza para controlar a la población penal más refractaria a acatar el orden interno, pero cada vez que ocurre un abuso se investiga y se sanciona.

28 de agosto de 2008
©el mercurio
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tipifican delitos de lesa humanidad


Gobierno envía al Parlamento proyecto que tipifica delitos de lesa humanidad.
[Verónica Muñoz] Santiago, Chile. El Ejecutivo anunció hoy el envío al Congreso de una indicación sustitutiva al proyecto de ley que tipifica los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, en lo que constituye un primer paso para la adecuación de la legislación chilena al Estatuto de Roma y a la Corte Penal internacional.
La información fue entregada por el titular de la Segpres, José Antonio Viera Gallo, acompañado por el equipo que trabajó en esta materia integrado por el ex ministro de la Corte Suprema y profesor de derecho penal de la UC, Enrique Cury, la abogada de derechos humanos Pamela Pereira y el subsecretario de la cartera, Edgardo Riveros, además de asesores jurídicos de la Cancillería y el ministerio de Justicia.
Al cumplirse 60 años de la Declaración de Derechos Humanos, el Gobierno espera que Chile pueda adherir "en plenitud" a todos los convenios y tratados que en esta materia no se han ratificado aún. A juicio del ministro Viera Gallo se ha avanzado pues se aprobó en la Cámara de Diputados la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa de personas y existe "un buen ambiente" para que ocurra lo mismo en el Senado. Esto se une a la aprobación en la Cámara y en la comisión del Senado el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura.
"Ahora estamos presentando este proyecto de ley por la importancia que tiene, en el derecho interno, tipificar y sancionar estos gravísimos delitos, pero también como un primer paso para poder llegar y culminar con la plena adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional, ratificando el Tratado de Roma", explicó el ministro Viera gallo, quien señaló que si esto pudiera lograrse durante el mandato de la Presidenta Bachelet "parte importante de la agenda de derechos humanos estaría cumplida".
Junto con afirmar que la aprobación de esta iniciativa sólo puede lograrse "en la medida en que confluyan voluntades políticas para preservar y afianzar valores", Viera Gallo se mostró confiado en que ahora existe condiciones que posibilitan el visto bueno en el Congreso.
En tanto, Enrique Cury señaló que la Corte Penal Internacional "se atribuye una competencia subsidiaria", lo que significa que conoce de estos delitos en la medida en que no estén tipificados en el país donde se cometieron o que allí no hayan podido ser juzgados o sancionados. "Entonces, importa mucho que Chile tenga incorporada a su legislación estas figuras punibles, de tal manera que si llegara a ocurrir que en el futuro se da algún caso de comisión de este tipo de delitos, Chile pudiera ser el primero en reclamar competencia para decir yo voy a juzgar estos hechos de conformidad con mi legislación vigente que es precisamente la que se trata de aprobar ahora", explicó Cury.

27 de agosto de 2008
©la nación
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