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chacal pinochetista recibe nueva condena


Caso Tejas Verdes: Manuel Contreras suma nueva condena por secuestro. Esta es la tercera sentencia que dicta Solís en la investigación de una serie de delitos contra opositores a la dictadura cometidos en el recinto militar de Tejas Verdes. Con esta nueva condena, Contreras suma más de 60 años por violaciones a los derechos humanos.
Santiago, Chile. El general (r) Manuel Contreras, ex jefe de la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), sumó este viernes una nueva condena por violaciones a los derechos humanos, tras ser sentenciado a 15 años de presidio por el secuestro calificado de un opositor.
En su resolución el magistrado Alejandro Solís condenó también a cinco años de cárcel a los ex coroneles del Ejército Raúl Quintana y David Miranda. La misma condena recibieron el coronel (r) Klaudio Kossiel, el médico militar y coronel (r) Vittorio Orvietto y Nelson Valdés, ex prefecto de la Policía de Investigaciones.
El juez Solís concluyó la participación de los condenados en el secuestro calificado del militante socialista José Orellana, ocurrido a partir del 22 de enero de 1974 en la localidad de Tejas Verdes, comuna de San Antonio, 100 kilómetros al oeste de Santiago.
Orellana, de 35 años de edad, era casado, tenía un hijo y se desempeñaba como rondín del Hospital Barros Luco Trudeau, en Santiago.
Esta es la tercera sentencia que dicta Solís en la investigación de una serie de delitos contra opositores a la dictadura cometidos en el recinto militar de Tejas Verdes. Con esta nueva condena, Contreras suma más de 60 años por violaciones a los derechos humanos.

6 de septiembre de 2008
©la nación 
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quieren reformar justicia militar


Principios para reformar la justicia militar, según los expone el ministro de Defensa de Chile.
[José Goñi Carrasco, Ministro de Defensa] Santiago, Chile. La Defensa Nacional está viviendo la mayor modernización del sector de los últimos 100 años. Por primera vez, Chile tiene la oportunidad de organizar su Defensa con un diseño largamente elaborado y abierto al debate democrático en el Congreso y con la participación de las FF.AA.
Ejemplo de ello es el proyecto que reforma orgánicamente este ministerio. Su estructuración administrativa será otra; la apropiada para enfrentar los desafíos de este siglo.
Otro cambio lo constituye la reforma integral al Código de Justicia Militar. La antigüedad de la normativa vigente es conocida. Data de 1925, pero muchas de sus disposiciones provienen de la época colonial. Este vetusto andamiaje jurídico presenta una desconexión histórica entre las figuras penales y la forma en la que se desarrollan los conflictos. Otro tanto ocurre con el proceso penal al que se ven sometidos, actualmente, militares y civiles. Un proceso inquisitivo, con un derecho de defensa muchas veces relativizado en su efectividad y con jueces cuya imparcialidad e independencia han sido cuestionadas por organismos internacionales.
Recordemos que pesan sobre nuestro país dos sentencias de la Corte Interamericana de DD.HH., que obligan a Chile a ajustar su jurisdicción militar al estándar definido en el Pacto San José de Costa Rica.
El gobierno de la Presidenta Bachelet decidió dar un nuevo rumbo en este aspecto. Para ello se convocó a una comisión de expertos civiles y militares, que actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de reforma integral al Código de Justicia Militar.
Uno de los principios de la gestión del Ministerio de Defensa Nacional es avanzar en la transparencia con la que presenta su actuar a los ciudadanos. Por esto, hace pocos días se presentó a la comunidad nacional el documento que recoge 27 principios que fijan el "rayado de cancha" para una nueva justicia militar, especialmente en la protección de los derechos humanos.
La idea de establecer un documento de principios es una experiencia inédita en la región y en el derecho comparado. Aunque la ONU ha redactado principios referidos a la administración de justicia por tribunales militares, éstos aún no son aprobados por la Asamblea General.
La justicia militar no puede ser mejor ni peor que la justicia ordinaria. Debe satisfacer un estándar de igualdad de derechos para los ciudadanos que visten de uniforme. Hablamos de una judicatura que juzga delitos militares, cometidos por militares. Esta premisa tiene importantes consecuencias.
Significa, en primer término, que esta parcela del ordenamiento jurídico se refiere a cuestiones estrictamente castrenses. Un buen ejemplo de ello supone dotar de reglas claras al ejercicio de la fuerza en defensa del Estado Constitucional. La adopción de los principios rectores del Derecho Internacional Humanitario constituye, en consecuencia, un mínimo común denominador a partir del cual se permite desarrollar el conflicto armado, respetando la dignidad de la persona humana, dando un trato adecuado a los civiles que se ven envueltos en estos conflictos y garantizando el resguardo de los derechos de los prisioneros de guerra. Estas disposiciones también se aplican a los casos de las operaciones de paz, donde nuestras tropas requieren de un sistema jurídico idóneo que los juzgue conforme a reglas uniformes preestablecidas.
Un segundo aspecto consiste en asegurar el debido proceso penal para los uniformados. En Chile, los militares sujetos a un proceso penal deben tener aseguradas las garantías mínimas de defensa jurídica. Este documento actualiza estos derechos básicos para el sector, adoptando un modelo de equidad entre el fiscal y el defensor. De esta forma, los tribunales militares pasarán a integrar en plenitud el Poder Judicial, permitiendo que sus jueces resuelvan con completa independencia.
En tercer lugar, los civiles dejan de estar sujetos a la jurisdicción penal militar. El resguardo de la disciplina, el orden y la jerarquía de las Fuerzas Armadas justifica que una magistratura especializada resuelva los casos que afectan a este sector. Pero dicho fundamento no alcanza para extender la competencia de estos tribunales a los casos donde se vean involucrados civiles.
A partir de los principios esbozados, muchos podrán desarrollar una retrospectiva crítica. Sin embargo, lo esencial es que este nivel de compromiso con valores tan esenciales como los que se recogen en este documento permite tener una perspectiva optimista para el futuro. Se trata de un punto de inflexión en la historia del sector de la Defensa.
Las distintas perspectivas que enriquezcan aún más este debate podrán ser expuestas en las sucesivas discusiones que se han de realizar con la participación de todos los sectores interesados en dar curso a una reforma necesaria de la justicia militar.

4 de septiembre de 2008
©el mercurio
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ratifican fallo por secuestro


Corte ratifica fallo en causa de derechos humanos por secuestro de María Vásquez Fredes.
Concepción, Chile. La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó el fallo  de primera instancia dictado por el secuestro calificado de María Edith Vásquez Fredes, ocurrido a partir del 23 de octubre de 1973 en la comuna de Curanilahue, Región del Bío Bío.
Los  magistrados de manera unánime mantuvieron las penas dictadas por el ministro en visita Carlos Aldana que, el 14 de julio de 2007.
Así se fija una pena de cinco años y un día para Guillermo Cofré Silva y se declaró libre de cargo a  Luis Hernán Zúñiga Guzmán,  José Arnoldo Bustos Vivanco y  René Orlando Rodríguez Salgado.
El condenado deberá cancelar la suma de cincuenta millones de pesos a los hermanos de la víctima: Isabel del Carmen, Iván Heriberto, Jazmín Marlene, Juan Manuel, Francisco Boris y Jaime Isaac Vásquez Fredes.

4 de septiembre de 2008
©la nación 
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carabineros insultan y maltratan


Reclaman por maltrato de carabineros. Detenciones arbitrarias, maltratos y torturas caracterizan actuación de carabineros en todo el país.
Puerto Montt, Chile. A la fiscalía militar recurrió un matrimonio para reclamar por el maltrato propinado por dos funcionarios de carabineros de la Primera Comisaría a sus dos hijos, quienes fueron detenidos, "vulnerando todos sus derechos", de acuerdo a lo señalado por los preocupados padres.
Así lo dieron a conocer Ricardo Macías Soto y su esposa María Isabel Núñez, quienes explicaron que sus hijos Ricardo y José Macías Núñez, de 19 y 16 años respectivamente, se encontraban el martes en el acceso a un supermercado ubicado en calle Del Salvador en Puerto Varas, cuando fueron fiscalizados por los carabineros de apellidos Pérez y Lorca, quienes le pidieron sus documentos de identificación para un control de identidad.
"Sin embargo, explica el padre de ambos jóvenes, mis hijos fueron llevados a la comisaría, siendo insultados y maltratados. Incluso ellos constataron lesiones, cuyo informe indica que presentan contusiones leves. Además, mis hijos no son delincuentes, ellos no tienen antecedentes penales, y así lo pudo comprobar Carabineros cuando estaban en la unidad", explicó.
Por su parte, su hijo Ricardo Macías explicó que la alteración de los carabineros "parece que se debió, porque mi hermano menor estaba sin carnet y porque les dije que nos estaban haciendo pasar vergüenza".
"Yo también les dije que nosotros no éramos delincuentes, pero igual nos trataron mal, con insultos y golpes. Uno de ellos me dice que viene de Santiago y que sabe como nos tenían que tratar", agrega el joven.
Finalmente, el preocupado padre expresó que incluso "mis hijos le señalaron a los dos funcionarios que nosotros somos vecinos de un suboficial de la SIP, pero ni siquiera tomó en cuenta ello, porque nos conocen, somos gente humilde, pero de trabajo, y es por ello que lo hacemos público para que no le vuelva a ocurrir a otras personas", concluyó.

4 de septiembre de 2008
©el llanquihue 
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enigma de víctor jara


A 76 años de su nacimiento, orígenes de Víctor Jara siguen siendo un enigma.
Chillán, Chile. Ni registros, ni papeles ni testigos. Nada de rastros. Su fugaz paso por estas tierras no dejó ningún indicio para asegurar que Víctor Jara nació en algún lugar de Ñuble. Por años se ha sostenido que probablemente nació en Quiriquina (Chillán Viejo), El Carmen o Pueblo Seco. Sin embargo, la inscripción del Registro Civil da cuenta de Portales, una oficina de la entidad con domicilio en Santiago.
El hecho llama profundamente la atención porque la inscripción de Víctor Jara se realizó el 14 de octubre de 1932, a tan sólo 16 días luego de su supuesto nacimiento en Ñuble. En la década de los ‘30, un viaje a Santiago no se hacía en horas como ocurre en la actualidad, por eso algunos escépticos han pensado en la posibilidad cierta de que Víctor Jara haya nacido en las cercanías de la capital.
Quienes han estudiado la vida del folclorista y actor, han concordado en que su niñez la vivió en Lonquén. De hecho, en el libro ‘Víctor Jara, un Canto Inconcluso’, escrito por su viuda, Joan Turner, se describe con detalle cada pasaje del tiempo en que el cantante permaneció en aquella localidad producto del trabajo de sus padres.
Durante su última visita a nuestra ciudad, hace unos meses, Joan Turner expresó que no conoce el lugar exacto en el que nació Jara. "No me preguntes eso porque confieso que no sé. Siempre demostró un cariño tremendo con esta zona y cuando veníamos por la carretera, siempre me indicaba El Carmen, pero nunca fuimos. Yo sé que cualquier persona le preguntaría a su marido dónde nació, pero se nos pasó. Sé donde pasó su infancia, en Lonquén, por eso el libro empieza ahí", declaró en la oportunidad.
Lo cierto es que con el paso de los años, el mito comenzó a correr en esta zona y hoy es declarado como hijo de Ñuble en casi todos los documentos que hablan de su vida. . En 1944 dejó Lonquén para radicarse junto a su familia en Santiago. Estudió Contabilidad, estuvo en el Seminario Orden de los Redentores de San Bernardo y realizó su servicio militar. Más tarde vendrían sus estudios de teatro.

El Mito
El lugar de nacimiento del cantante ha develado varios lugares en donde posiblemente habría nacido. Uno de ellos es Quiriquina, con pertenencia a la comuna de Chillán Viejo. El encargado de Cultura de la municipalidad chillanvejana, Fabián Irribarra, indica que no hay nada que asegure que esto sucedió así. "Nosotros hemos investigado la posibilidad, pero no tenemos nada, ni siquiera testigos que nos digan que nació en Quiriquina. Ni siquiera su viuda sabe dónde nació, entonces será difícil establecer el lugar".
La misma respuesta entregan los encargados de El Carmen.

Lazos con Ñuble
Además de folclorista, cantante y actor, Víctor Jara era un investigador de las tradiciones campesinas. Gozaba viajando a El Carmen junto a su amigo, el actor actualmente radicado en Canadá, Nelson Villagra, quien tenía familia en aquel sector.Así se internaba durante semanas en el sector rural de El Carmen para investigar las tradiciones campesinas que se daban en la zona. Joan Turner, incluso, asegura que Víctor Jara dejó una novia en aquellos lugares. "No sé quién es, ni cómo se llama, pero siempre supe de la existencia de ella, porque Víctor me habló de la relación", dijo Joan en su última visita.
La presidenta del Centro Cultural Víctor Jara que cada año organiza el Festival Todas las Artes que lleva el nombre del asesinado artista, Estrella Monrroy, cree en la tesis de su nacimiento en Quiriquina.
"Yo pensé que la inscripción la habrían hecho un par de años después de su nacimiento, pero no es así, lo que nos hace pensar que se trasladaron hasta Santiago y ahí realizaron la inscripción", señala.
Estrella puntualiza además, que hay un grupo de personas en Bulnes que se encuentra recopilando los datos necesarios para dar con el paradero del lugar exacto de su nacimiento, pero que no es un tema que les quite el sueño como agrupación. "Hay muchos antecedentes que confirman que Víctor es de esta tierra. Tú pones su nombre en la Enciclopedia Encarta y el resultado arroja que nació en Chillán. Entonces yo no veo la razón por la cual no pensar que esto es así".
La presidenta de la agrupación dijo estar realizando gestiones tendientes a esclarecer el enigma con familiares directos del cantante que falleció el 14 de septiembre de 1973 a manos de fuerzas militares que lo acribillaron. Su cuerpo apareció dos días después.

4 de septiembre de 2008
©la discusión 
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vuelven a proponer instituto de ddhh


Diputado Leal pide reponer proyecto de ley sobre Instituto de Derechos Humanos.
Valparaíso, Chile. Una reunión tendiente a solicitar la reposición del proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, tal como salió de la Cámara Baja, realizó el diputado PPD, Antonio Leal en compañía de su colega Tucapel Jiménez, quienes se reunieron para este motivo con el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal.
Para ambos legisladores, la actual iniciativa no reúne el consenso de todos los parlamentarios de la Concertación y de las organizaciones de derechos humanos, por lo cual Leal y Jiménez pidieron al Ejecutivo volver al texto aprobado en la Cámara de Diputados que contó con los votos de todos los diputados de la Concertación, de RN y con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos. "Esto se puede hacer si así lo decide la Presidenta a través de un veto o de un nuevo proyecto de ley para lo cual habría que rechazar el informe de la Comisión Mixta", dijo Leal.

Reparación
Junto a esto, ambos señalaron que es importante que este Instituto cuente con el apoyo de todos los actores de los derechos humanos y que pueda salir con un apoyo político transversal.
En tanto y aprovechando la reunión con el ministro, los legisladores plantearon al secretario de estado la necesidad de separar los temas de reparación del proyecto que se encuentra en el Parlamento, pidiendo el envío de una iniciativa especial que contemple las políticas de reparación hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entre ellas, las traspaso a becas de estudio por montos adecuados a carreras universitarias y la reapertura de la Comisión Valech.
Por su parte, el ministro Vidal se mostró de acuerdo con las propuestas hechas por los diputados y precisó que en un breve plazo el gobierno decidirá el camino a seguir desde el punto de vista legislativo sobre este tema.

3 de septiembre de 2008
©chañarcillo 
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enorme tasa de encarcelados


Chile exhibe una de las mayores tasas de personas encarceladas en proporción a su población. La afirmación la hizo el periodista Raúl Sohr en un seminario sobre seguridad ciudadana del Parlamento Andino (PA).
El encuentro, denominado ‘Hacia la construcción de una agenda común de seguridad ciudadana’, se desarrolló en Bogotá, Colombia, al término de la reunión del PA, celebrada entre el 19 y 22 de agosto, y a la que concurrieron los diputados Claudio Alvarado y Fernando Meza.

Pauta de los Medios
El profesional chileno expuso sobre ‘Seguridad y la policialización de la agenda noticiosa’. En la oportunidad, Sohr recalcó que los medios de comunicación son claves en la fijación de la agenda, "y dada su mayoritaria proximidad a las posturas conservadoras, se inclinan a postular los temas que les resultan afines. La seguridad ciudadana figura alta en la lista".
El periodista resaltó el caso de Chile, que pese a las bajas tasas de criminalidad, está a la cabeza de los países latinoamericanos con el mayor número de personas encarceladas proporcionalmente a su población.
"Pese a que todas las estadísticas muestran que los riesgos, en vastos sectores de la población, de sufrir alguna agresión delincuencial son bajos, en relación a estándares regionales, existe una percepción que sitúa la inseguridad como uno de los dos temas que más preocupan a los chilenos (el otro es el empleo)", afirmó Raúl Sohr.
En ese sentido, hizo hincapié en que los medios de comunicación han jugado un rol esencial en la creación de esta percepción de inseguridad ciudadana.
"Las pautas informativas de todos los medios están volcadas a la crónica roja que bajo todo concepto es desmedida en relación a su importancia objetiva. Pero eso es lo que las audiencias piden. Y a la respuesta espontánea del público se suma el interés político de la elite conservadora en fijar, a través de los medios, aquello que conviene a su agenda política", dijo el profesional de la prensa.

Agenda Común
En la reunión del Parlamento Andino se firmó la Declaración de Bogotá, en que los países miembros resaltaron la importancia de establecer políticas públicas comunes en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a través de la cooperación en capacitación, intercambio de información y de experiencias, respetando la institucionalidad existente y evitando la superposición de esfuerzos y mayores gastos financieros.
El acuerdo delega al Centro de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana y al Instituto de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo Legislativo, para que realicen el seguimiento a las directrices y presenten una propuesta para la implementación de una política comunitaria en torno a la Seguridad Ciudadana en la Subregión. A la vez, se propone que lideren y promuevan proyectos y programas en temas de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

3 de septiembre de 2008
©diario de la cámara 
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los luchsinger, ladrones de tierras


El origen de las tierras en conflicto. Estudio devela el historial de los fundos de la familia Luchsinger.
[Claudio Leiva] Chile. Un trabajo del historiador Martín Correa señala que Adán Luchsinger Martí y sus hijos no sólo compraron terrenos que habían sido arrebatados a los mapuches en Vilcún. También acusa que corrieron deslindes y cobraron en suelos las deudas que los comuneros adquirían en la pulpería de los patrones.
Los fundos de la familia Luchsinger en Vilcún, cinco en total, se remontan a 1906, cuando el colono suizo Adán Luchsinger Martí compró 60 humildes hectáreas a un inmigrante alemán. Más de cien años después, las tierras del clan en esa zona suman 1.200 hectáreas, las que son reclamadas por las comunidades mapuches vecinas.
Son los mismos predios donde murió baleado el joven Matías Catrileo. Porque ni en los agitados años de la Unidad Popular esta familia había visto peligrar, como ahora, sus extensas propiedades. El último atentado al fundo Santa Rosa motivó que, por primera vez en cien años, un ministro del Interior visitara a este clan.
¿Cómo llegó esta familia a Chile? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Es cierto que usurpó las tierras, como reclaman las comunidades mapuches aledañas? El historiador Martín Correa Cabrera, investigador del Observatorio de los Derechos Indígenas, hoy Observatorio Ciudadano, publicó este año un estudio sobre los inicios de los Luchsinger en Chile y su relación con los mapuches.
Jorge Luchsinger, dueño del Santa Margarita, ha repetido una y otra vez que los campos de la familia están "saneados, oleados y sacramentados", y que ellos dan trabajo a los mapuches vecinos, con quienes no tendrían conflictos, porque los "agitadores son foráneos". En su investigación, Correa aporta antecedentes distintos.

El Primer Luchsinger
El clan desciende de Adán Luchsinger Martí, quien nació el 22 de noviembre de 1868 en la ciudad de Engi, cantón suizo de Glarus. Llegó a Chile en 1883 y, antes de Vilcún, se asentó en Quechereguas, actual comuna de Traiguén, 70 kilómetros al norte de Temuco. El 10 de mayo de 1893 se casó con la inmigrante alemana Margaretha Rüff Studer.
Al igual que cientos de otros colonos italianos, franceses, suizos y alemanes, Adán Luchsinger fue ‘enganchado’ en Europa por la Agencia de Colonización. Arribó a Talcahuano, puerta de entrada a la ‘Mesopotamia’ de América del Sur. Con ese nombre se difundía en el viejo continente, en aquella época, a la recién pacificada Araucanía.
En Quechereguas, Adán Luchsinger recibió una concesión territorial de 60 hectáreas del fisco chileno, más una yunta de bueyes, una vaca parida, semillas y madera, entre otros bienes. En esta sencilla hijuela nacieron sus hijos Conrado, Enrique, Carlos y Melchor. En 1906, la familia Luchsinger se trasladó a Vilcún, a 20 kilómetros al oriente de Temuco.
Ese año, Adán compró 60 hectáreas al colono alemán Emilio Quepe y, según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco (CBRT), a partir de 1909 el patriarca del clan no paró de adquirir terrenos, hasta totalizar más de mil hectáreas. A su muerte, en 1936, la herencia se dividió entre los cuatro hijos.
De acuerdo al Registro de Propiedades del CBRT, en la actualidad los descendientes de estos cuatro vástagos tienen cinco predios: el mencionado fundo Santa Margarita, de Jorge Luchsinger Villiger; el fundo Santa Rosa Lote 1, de Rodolfo Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa Lote 2, de Enrique Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa, de Eduardo Luchsinger Schiferli, y otro fundo Santa Rosa, también a nombre de Enrique Luchsinger Schiferli.

Castigo a los Mapuches
También de 1908 y 1909 datan los títulos de merced concedidos a las diez comunidades mapuches de Vilcún que rodean los terrenos de los Luchsinger. Se trata de numerosas familias que han denunciado una historia de despojos y usurpaciones, primero de parte del gobierno chileno de esa época, y a manos de los Luchsinger después.
En efecto, tras la ‘pacificación’, el fisco consideró que los terrenos de los mapuches sin trabajar eran sitios baldíos y los requisó. Si las comunidades acreditaban la posesión de su tierra por el tiempo que la ley exigía, se podían quedar en la ‘reducción’ o ‘reserva’. En eso consistía el título de merced, en un terreno reducido y reservado para indígenas.
En cambio, a las familias de colonos europeos el Estado chileno les entregaba hijuelas de 70 cuadras, más otras 30 por cada hijo varón mayor de 10 años. También recibían los pasajes gratis hasta Chile, tablas, clavos, una yunta de bueyes, una vaca con cría, arado, carreta, máquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia médica por dos.
Aquí está la raíz del problema, según el historiador Martín Correa: "Mientras a los mapuches se les castiga y reduce por carecer de medios de trabajo, a los colonos el Estado chileno los apoya, subvenciona y les entrega medios de trabajo".
El problema, asegura, se agravó cuando los colonos demarcaron los terrenos con líneas rectas. Las posesiones mapuches explica Correa siempre se han deslindado a través de accidentes naturales, como ríos, quebradas y alturas máximas. En cambio, las líneas rectas dibujadas en un plano poco o nada tienen que ver con la ocupación real y efectiva de un terreno. De ahí, entonces, las denuncias que recogió el investigador acerca de deslindes corridos "a la mala".

Hora de Cobrar
El comunero Moisés Quidel entregó a Correa un relato que viene de sus abuelos: "Antes estaba Adán Luchsinger, Conrado después... La cosa es que antiguamente había poca gente y cerco no había; entonces, como ellos eran de plata hicieron cercos y marcaban donde se les antojaba no más, ¿Y qué iban a hacer los peñis, si no había medios? Y después que cercaron llegó la mensura, hicieron todos los documentos".
Quidel también le contó que Conrado Luchsinger "se instaló con una pulpería y los viejos decían que fue tanto el proceso de reducción, fue tan violento el proceso de poscolonización, que hubo gente que quedó totalmente empobrecida, quedó sin tierras, sin animales, les quitaron todos sus sembrados y ya no podían sembrar nada".
"Entonces, los peñis antiguos -prosigue el relato- iban a buscar harina para sobrevivir, trigo, sobre todo en las épocas de noviembre y diciembre, de grandes hambrunas. Mucha gente murió de hambre, y ahí Conrado Luchsinger abría libretas y la gente iba hipotecando sus corderos, sus animalitos y sus tierras. Y cuando llegaba la época [de cobrar] salía con carabineros, corría los cercos y así fue ampliando sus tierras, cobrando toda la plata de las deudas de la gente que compraba para sobrevivir. Al tiempo, él llegaba: ‘Tanto me debe usted, y como no tiene con qué pagarme, me paga en tierra’. Eso lo hacía en todas las comunidades".
Jorge Luchsinger, hijo de Conrado, contó en una entrevista a la revista ‘Qué Pasa’ que "nosotros teníamos una pulpería en el fundo. Cada sábado la gente pedía, se le anotaba en el libro y a fin de mes se le hacía la liquidación y se le pagaba el saldo. Empezaron a decir que cobrábamos mucho por la mercadería, que no eran productos de calidad. Después reclamaban que la comida que les dábamos era mala, que tenía gusanos. Tiraban los platos al piso. Fueron las primeras protestas".

Devolución de Tierras
Con estas "primeras protestas", el hijo de Conrado Luchsinger se refería a los años de Eduardo Frei Montalva y la reforma agraria, entre 1964 y 1970. Si bien a ninguno de los Luchsinger se les expropiaron terrenos, Jorge devolvió "voluntariamente" algunas tierras a los mapuches. Éstos dicen que fueron pedazos de cuatro o seis hectáreas, nada importante.
Sin embargo, las demandas territoriales tuvieron un gran auge en el gobierno de Salvador Allende. En 1971, después de cuatro juicios, Jorge Luchsinger debió restituir 56 hectáreas a las comunidades Pedro Tori, Juan Cuyanao, Antonio Canío y Santos Marihueque.
Después del golpe de 1973, muchos latifundistas aprovecharon de ‘pasar la cuenta’ a los activistas de sus fundos, aunque en esos convulsionados años las demandas mapuches no eran de raza. Hay detenidos desaparecidos de ese pueblo, pero las familias de las víctimas no hicieron gestiones judiciales o de otro tipo. Según el Informe Rettig, las causas de esta pasividad pueden haber sido el temor, el desconocimiento de cómo proceder, y una fundamental desconfianza en las instituciones del Estado.
Como sea, la familia Luchsinger estuvo tranquila hasta 1999, cuando la organización Ayjarewe Wenteche, de Truf Truf, sector ubicado al sur del fundo Santa Margarita, protagonizó la primera ocupación permanente de ese predio. Luego, en 2000, vinieron los atentados incendiarios, y a partir de 2005, el predio cuenta con vigilancia permanente de carabineros.

Demanda en Conadi
La investigación de Martín Correa también estableció que sí hay una reclamación por las tierras de los Luchsinger. Ellos insistían en que no había una demanda territorial. Sin embargo, en un catastro de la Conadi (www.conadi.cl/documentos_fondotierras/en%20proceso%20060507.pdf) aparece la comunidad Antonio Caniu en proceso de reclamación del fundo Santa Margarita.
El informe de Correa termina con otro mentís a la supuesta buena relación de los Luchsinger con sus vecinos mapuches. Se trata de un canal de tres metros de ancho por tres de profundidad que Jorge Luchsinger construyó en parte del perímetro de su predio. Tiene casi cinco kilómetros de largo y, según el agricultor, lo hizo para defenderse, porque "no me quedó otra alternativa".
Los mapuches están indignados. "Hizo un tremendo canal con máquina, ¿y qué no se muere ahí? Vacunos, un caballo se nos cayó, conejos, todo cae ahí. Y la veta de agua la rompió en la parte de arriba, nos dejó secos, y en esta parte de acá nos inunda (...)", señalan los comuneros que colindan con el fundo Santa Margarita.
"Es un tremendo daño agregan , echó abajo todo el bosque nativo, había como dos mil hualles grandes, arrasó con todo; así que ése sí que es un gran destructor. En ese canal se llega a caer uno en tiempo de invierno, lleno de agua, hasta ahí no más llega. Pa’l 18 [de septiembre] se cayó uno, Antonio Namuncura, murió ese hombre (...) No vamos a decir que es un gringo buena persona (...) Además, eso que dice de que da trabajo, más de cinco trabajadores no tendrá. ¿Y cuánto les paga? Una miseria. Entonces, él en la televisión lo cuenta bonito, en la prensa, pero no es así".

2 de septiembre de 2008
©la nación
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