chile

condena en caso de ddhh

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Condenan a ex carabinero por secuestro calificado en caso Lonquén.

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Santiago, Chile. El ex funcionario policial fue condenado a diez años y un día de presidio por la desaparición de dos personas ocurrida tres días después del golpe de Estado.
La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke, dictó condena en la investigación por los secuestros calificados de Juan de Dios Salinas Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, ocurridos el 14 de septiembre de 1973 en la localidad de Lonquén, Región Metropolitana.
La magistrado sentenció al ex carabinero Marcelo Iván Castro Mendoza a la pena de diez años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado de las dos personas antes mencionadas.
Asimismo, rechazó por "incompetencia del tribunal", la demanda indemnizatoria presentada por los familiares de las víctimas en contra del condenado y del fisco nacional.
Esta es la tercera condena que dicta la ministra Hantke en los ocho procesos por violaciones a los derechos humanos que tramita.

22 de agosto de 2008
©la tercera

penas implican impunidad

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Concedió libertad vigilada a asesinos del alcalde de Chillán Ricardo Lagos y su familia en 1973. Dura crítica a juez Billard por bajas penas en triple crimen.

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[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El abogado querellante Eduardo Contreras manifestó que apelará de la sentencia porque "esto no es hacer justicia". El abogado Hugo Gutiérrez calificó la resolución del ministro como "vergonzosa y aberrante".
Abogados de derechos humanos formularon duras críticas al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard, quien ayer dictó bajas penas y concedió el beneficio de la "libertad vigilada" a quienes el 16 de septiembre de 1973 asesinaron al alcalde socialista de Chillán, Ricardo Lagos Reyes, a su esposa Alba Ojeda Grandón -embarazada de siete meses- y a su hijo de 19 años Carlos Lagos Salinas.
En una resolución -calificada por el abogado Hugo Gutiérrez de "vergonzosa y aberrante" y que el querellante en la causa Eduardo Contreras consideró como "no hacer justicia y promover la impunidad"- Billard condenó al coronel (R) de Carabineros Luis Gajardo Arenas a la pena de cinco años de presidio en calidad de autor por el triple homicidio, concediéndole cumplir la condena en el régimen de "libertad vigilada" por su "intachable conducta".
El juez también sentenció a tres años de presidio -como encubridor- al teniente coronel (R) de Carabineros Patricio Jeldres Rodríguez, otorgándole el mismo beneficio anterior.
Los abogados consideraron también una "aberración jurídica" la absolución dictada por Billard a quienes aparecen, según el querellante Contreras, como autores materiales del triple crimen, los suboficiales de Carabineros (R) Juan Opazo Guerrero, Pedro Loyola Osorio y Arturo Alarcón Navarrete.
Eduardo Contreras declaró a La Nación que "por cierto apelaremos de esta sentencia de primera instancia porque la consideramos injusta y porque con estos fallos no se hace justicia a las víctimas y sus familiares".
La apelación deberá ser vista por una sala de la Corte de Santiago que tiene la facultad para modificar el dictamen de Billard. Luego el asunto llegará a la Sala Penal de la Corte Suprema, la que también se ha destacado en los últimos dos años por rebajar sustancialmente las condenas y otorgar beneficios por "intachable conducta" a los militares que cometieron los crímenes durante la pasada dictadura.
Al mediodía del domingo 16 de septiembre de 1973 unos 30 efectivos de Carabineros y Ejército ingresaron a la casa del alcalde Lagos en Chillán, llevándolo junto a su esposa y su hijo al patio posterior de la casa donde los mataron con múltiples disparos a pesar de las peticiones del alcalde para que no mataran a su mujer por el estado de embarazo avanzado que presentaba.
Dos trabajadores que casualmente se encontraban en la casa porque habían llevado mercadería encargada por el edil, fueron encerrados por los militares en una bodega y declararon en el proceso respecto de las súplicas de Lagos Reyes para que no mataran a su esposa y su hijo.
También fueron testigos de la crueldad con que los autores trataron a la familia y las burlas ante los ruegos del alcalde.
Posteriormente el jefe de zona en estado de emergencia de Chillán, coronel de Ejército Juan Guillermo Toro Dávila, disfrazó el asesinato de "enfrentamiento".
El abogado Contreras, quien entonces era diputado comunista por Chillán, extendió sus críticas a Billard "porque dejó también impune a Toro Dávila que claramente tiene plena responsabilidad penal por este triple crimen".
El alcalde era padre de Ricardo Lagos Salinas, miembro del Comité Central del PS que se encuentra desaparecido.

21 de agosto de 2008
©la nación

libertad vigilada para chacales

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Dictan sentencias por crimen de Ricardo Lagos Reyes.

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Chillán, Chile. El ministro de fuero Joaquín Billard Acuña dictó sentencia en la investigación por los homicidios calificados de Ricardo Lagos Reyes (ex alcalde de Chillán), su esposa Alba Ojeda Grandón y su hijo Carlos Lagos Salinas, ocurridos el 16 de septiembre de 1973, en los primeros días de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
En esta nueva sentencia por violaciones a los derechos humanos, el magistrado decidió condenar a cinco años a Luis Gajardo Arenas y a 3 años y un día a Patricio Jeldres Rodríguez. No obstante, concedió a ambos el beneficio de la libertad vigilada.
En tanto, Pedro Loyola Osorio y Arturo Alarcón Navarrete quedaron absueltos, debido a que no pudo acreditar su participación en estos hechos.
Billard además determinó que los dos condenados y el Fisco de Chile deben pagar una indemnización de $ 30.000.000 a Patricia Paredes Parra, querellante en la causa.

21 de agosto de 2008
©la nación

museo de la memoria en santiago

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Difunden Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

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Santiago, Chile. Las encargadas del proyecto presidencial Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Marcia Scantlebury y Carmen Garretón, respectivamente, se reunieron con la intendenta Viviana Ireland, para informarle sobre el proyecto e incentivar la contribución de la región a esta iniciativa presidencial.
La idea es que el material acumulado durante la dictadura y que testimonia las violaciones a los derechos humanos en nuestro país encuentre su espacio en esta institución. Para ello, las gestoras del proyecto se encuentran trabajando en la definición del marco conceptual del museo y en la selección de los contenidos, cuyo objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre 1973 y 1990.
El museo estará emplazado en Santiago, en calle Matucana esquina Catedral, sector aledaño al metro Quinta Normal y tendrá una superficie cercana a los 5 mil 300 metros cuadrados. Su entrega está programada para noviembre de 2009 y en su oportunidad será anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet.

21 de agosto de 2008
©diario de atacama

cidh visitará cárceles chilenas

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CIDH visitará cárceles de tres ciudades del país.

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Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó ayerque visitará Chile entre el 21 y el 25 de este mes para observar la situación de los derechos humanos en distintos centros de detención del país.
La Relatoría de la CIDH visitará centros carcelarios de la Región Metropolitana de Santiago, de Valparaíso y de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, y sostendrá reuniones con autoridades del Estado y representantes de la sociedad civil.

20 de agosto de 2008
©renacer de arauco

aprueban protocolo contra la tortura

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Comisión del senado aprobó protocolo contra la tortura. Un avance significativo para la promoción de los derechos humanos es la ratificación de esta convención internacional. Jaime Gazmuri. Senador resaltó la importancia de suscribir este instrumento de la ONU.

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Valparaíso, Chile. La comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que preside el senador Jaime Gazmuri, aprobó en forma unánime el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002.
Gazmuri calificó como un avance significativo para la promoción de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas en todo el mundo y en nuestra nación la ratificación de esta convención internacional.
"Chile una vez más responde a su compromiso internacional en esta materia. Resulta particularmente significativa la aprobación en forma unánime porque ello augura, además, la aprobación cuando el tema sea llevado a la Sala", dijo el parlamentario.

Artículos
Los antecedentes del documento aprobado son: el Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Tal como lo expresa el mensaje enviado por el Gobierno, el legislador sostuvo que la ratificación de este protocolo resulta "coherente con la postura asumida por Chile durante los largos años de su negociación, período en el cual nuestro país asumió una posición activa que concluyó con su voto favorable en la aprobación del Protocolo en Naciones Unidas, y su posterior suscripción en junio de 2005".
Destacó que según el protocolo "las partes reconocen, entre otros aspectos, que los Estados Partes de la Convención contra la Tortura tienen la obligación expresa de tomar una serie de medidas para erradicar la tortura y otros malos tratos".
Gazmuri precisó también que el Artículo 1 fija el objetivo del Protocolo, cual es establecer un sistema de visitas periódicas a lugares de detención con el fin de evitar la posibilidad que personas privadas de libertad puedan ser sometidas a actos de tortura u otros malos tratos, las que estarán a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes.

20 de agosto de 2008
©la prensa

nueva denuncia de brutalidad policial

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Informe de Derechos Humanos cuestiona "brutalidad policial". Documento elaborado por la UDP aborda además el derecho a la salud, constatando que el Plan Auge no brinda la cobertura prometida, y las isapres discriminan a las mujeres.

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Santiago, Chile. El gobierno "mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento" a las movilizaciones sociales, según consigna el Informe Anual Sobre Derechos Humanos 2008 que elabora el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
En contraposición, el informe constata que la posición del gobierno es diametralmente opuesta cuando se trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después.
"Una república que se apresta a celebrar 200 años de existencia y una economía que busca incansablemente su asociación con la elite mundial, no parece condecirse con las prácticas de represión y hostigamiento a las movilizaciones sociales y la brutalidad policial como las que se registran en este informe", explicó el director del Centro de DD.HH. de la UDP, el académico Nicolás Espejo, al presentar el documento, que incluye expresamente un capítulo al tema de la protesta social y derecho a huelga.
En este último punto, y a pesar de diversas recomendaciones hechas al Estado por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Chile mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales.

Otras Materias
El informe, además, por primera vez incluye un capítulo completo dedicado al tema al derecho a la salud, constatando que el Plan Auge no brinda la cobertura prometida, y el sistema privado (Isapres) por su parte, presenta una discriminación hacia las mujeres.
El informe además incluye temáticas como los derechos de niños, niñas y adolescentes, discapacitados, minorías sexuales y étnicas, de la mujer, medio ambiente, violaciones a los derechos humanos en el pasado, acceso a la justicia, y condiciones carcelarias.
Este último punto, constata las dificultades para comprender cómo el Estado de Chile "permite las humillantes condiciones en las que miles de adolescentes privados de libertad se encuentran en los centros de reclusión bajo su dependencia, o con las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se siguen registrando en diversas cárceles de Chile".

19 de agosto de 2008
©la nación

testigo acusa a podlech

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Testigo: Podlech "hacía y deshacía" con detenidos. Compañero de detención de Omar Venturelli recordó que desapareció cuando fue sacado rumbo a la Fiscalía Militar. Acusó estrechos vínculos con encargados de torturar a los presos políticos.

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Santiago, Chile. Dispuesto a prestar nuevamente declaración, como ya lo hizo en Buenos Aires por el mismo caso, se declaró uno de los ex compañeros de presidio de Omar Venturelli, ex sacerdote italo-chileno por cuya desaparición permanece detenido en Italia el ex fiscal militar de la dictadura de Augusto Pinochet, Alfonso Podlech.
Se trata de Víctor Maturana quien relató esta mañana que "un día, estando en la cárcel, Omar Venturelli es sacado por gendarmes que le dicen que va a la fiscalía", que en los hechos, recordó estaba a cargo de Podlech, pese a que figuraba sólo como asesor jurídico.
"Sale con destino a la fiscalía ese día a comienzos de octubre y Omar Venturelli no regresa jamás con nosotros, desde ese día no regresa jamás con nosotros", agregó el testigo a radio Cooperativa.
Sobre la responsabilidad del abogado extraditado desde Madrid a Roma, enfatizó que en la fiscalía Militar, que funcionaba en el regimiento Tucapel, "quien disponía los interrogatorios, las declaraciones y todas las gestiones propias de fiscalía era el señor Alfonso Podlech" que "hacía y deshacía".
Maturana recordó que luego de su detención, el 13 de septiembre de 1973, "cuando soy presentado en la fiscalía militar de Temuco es el señor Alfonso Podlech el que me atiende, vestido de uniforme, con su pistola al cinto, ejerciendo plena autoridad en la fiscalía".
"La relación que existía en Tucapel entre la fiscalía y el Servicio de Inteligencia Militar, que era el equipo operativo los torturadores era muy fluido, era una relación muy coordinada, así es que nadie, menos quien ejercía las funciones en los hechos de fiscal puede alegar ignorancia en lo que ocurría", enfatizó.
Destacó que con "confesiones arrancadas bajo tortura después nos pasaban a la fiscalía simplemente para firmar la declaración que ya estaba hecha, lo cual demuestra que había personal de la fiscalía presente en los interrogatorios de cada uno de nosotros".
Consultado respecto si le "le consta que el señor Podlech fue testigo o co partícipe de esos actos" respondió: "correcto, a mi me consta, por eso lo he declarado en otros procesos, lo estoy declarando ahora, de manera que lo digo responsablemente seriamente, lo sostengo, lo reafirmo".
Entre las torturas, se practicaron, dijo, "todas las conocidas, los submarinos, la corriente eléctrica, los simulacro de fusilamiento, la aplicación de pentotal, que fue en el caso mío en dos ocasiones, era la variada gama de torturas que se conoció a lo largo de todo el país".
El coordinador del Centro de Promoción e Información de los Derechos Humanos de Temuco, que prestó declaración ante un fiscal italiano en Buenos Aires, insistió en que "hoy día si es necesario reafirmar esa declaración o ampliar esa declaración y yo estoy absolutamente disponible para ello".
El jueves último, un día después de ser extraditado desde España, Podlech se declaró en contra de los cargos que lo implican en el caso. "No soy responsable de la desaparición de Omar Venturelli: en aquel período no desempeñaba el rol de juez militar, función que asumí sucesivamente", dijo ante el juez de investigaciones preliminares Sante Spinaci.
Venturelli, que formaba parte del movimiento Cristianos por el Socialismo, desapareció en octubre de 1973 de la cárcel de Temuco donde también se perdió el rastro de Dixson Retamal y Rubén Morales.

18 de agosto de 2008
©la nación